Malo privado

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 18/3/16 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/malo-privado/

 

Este titular de El País prometía: “Los municipios protegen el agua frente a la privatización”. Y el texto después cumplía ampliamente con las expectativas. En efecto, los ayuntamientos habían lanzado con anterioridad “una oferta general de venta de los servicios de agua a empresas privadas para hacerse con dinero”, pero por suerte el cambio electoral ha conseguido que los nuevos políticos hayan “abierto la senda para que los grifos vuelvan o sigan en manos de los vecinos”. Dirá usted: esta metáfora es insuperable. Pues no sé, no sé. Gregorio García, que es presidente del comité de Aguas de Valladolid, afirmó que una sociedad municipal persigue el servicio al ciudadano, mientras que una empresa privada busca “el lucro a costa de lo que sea”. Lógicamente, se trata de “evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano”. José María Fernández, de Izquierda Unida, redondeó la visión progresista con este diagnóstico: “si hay beneficios se lo lleva la empresa y si hay pérdidas paga el ciudadano”.

Esta sucesión de disparates revela hasta qué punto el pensamiento único antiliberal está presente en nuestra sociedad. El primer periódico de España cree seriamente que lo privado es algo malo frente a lo cual debemos ser protegidos. Supongo que no defenderá su propia nacionalización. Dirá usted: no vale, porque el agua es más importante que la prensa. No sé. La comida es más importante que la prensa, y nadie pide “protección” ante las empresas privadas del sector de alimentación. Dirá usted: el agua es un bien público, pero hay otros bienes públicos cuya provisión es privada y nadie lo objeta.

Parece que los redactores de la noticia no reflexionaron sobre los motivos por los cuales es tan mala la privatización del agua. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto, de entrada, que nunca hubo planteada privatización alguna: el agua seguiría siendo pública, exactamente igual que la famosa “privatización de la sanidad” nunca significó tal cosa, sino sólo la transferencia de la gestión a empresas privadas, pero el dinero siempre salía del bolsillo del contribuyente. Aquí pasa lo mismo, y tampoco profundiza el diario en esa idea de que la pseudoprivatización se hace para conseguir dinero, pero que si se impide el proceso, entonces “los grifos” siguen en manos de los vecinos. Obviamente no es así: el agua sólo estaría en manos de los vecinos si fueran sus propietarios y pagara cada cual su parte.

La demonización del lucro es asimismo infundada, puesto que nada indica que la ambición en ausencia del mercado resulte más atenuada o más honrada que en condiciones de competencia. Y eso de que como el agua es un “derecho humano” entonces no puede haber participación privada es absurdo, incluso dentro de la hipertrofiada y distorsionada retórica de los llamados derechos sociales, varios de los cuales dan entrada en todo el mundo a empresas privadas.

Por fin, lo del señor Fernández es análogamente desatinado, porque nunca una privatización genuina desemboca en que los ciudadanos hagan frente a las pérdidas. Eso sucede, en cambio, precisamente cuando no hay privatización.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

El “neoliberalismo” de los ’90 en el debate político:

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 24/7/13 en http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2013/07/24/el-neoliberalismo-de-los-90-en-el-debate-politico/

El ámbito político Argentino está convencido que la década del ’90 estuvo definida por políticas llamadas “neoliberales.” La crisis del 2001 no fue fruto de irresponsabilidad fiscal y alto endeudamento, fue el resultado injusto e inevitable de aplicar la “receta neoliberal”, que es a su vez asociada a políticas de libre mercado. Tanto el oficialismo como gran parte de la oposición coinciden en este diagnóstico. Es difícil decir a secas si Argentina fue o no neoliberal en los ’90, dado que la palabra ‘neoliberal’ carece de significado concreto, al menos en la arena política donde es frecuentemente mencionada. Es que la palabra neoliberal se suele utilizar como comodín de crítica para eludir la tarea de tener que acompañar los cuestionamientos con verdaderos argumentos.

El término neoliberal suele asociarse al Consenso de Washington (¿qué más oportuno para los críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, capital del “Imperio Capitalista”?) El Consenso de Washington se resumen en los siguientes diez puntos:

1. Discplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;
2. Redireccionamiento del gasto público, desde subsidios (indiscriminados) hacia la provisión en áreas clave para el crecimiento y sectores de bajos ingresos (educación, salud, infraestructura, etcétera);
3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;
5. Tipo de cambio competitivo;
6. Liberalización del comercio (externo): liberalizar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;
8. Privatización de empresas estatales;
9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan al entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con
justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;
10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendrían que haberse aplicado todos, o una clara mayoría, de estos diez puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

El primer punto de estabilidad fiscal fue un ingrediente claramente ausente en una década marcada por déficits fiscales. Esta ausencia, vale aclarar, fue acompañada con el visto bueno de varios acreedores internacionales. De haberse aplicado el punto de disciplina fiscal, la abultada deuda pública no hubiese culminado en un default del cual aún hoy no se termina de salir. Los déficits fiscales no fueron accidentales, el gasto público creció un 90.7% entre 1991 y el 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional pasó del 35.6% en 1991 a un 56.9% en el 2001. No se puede afirmar que Argentina haya cumplido con el primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica. El equilibrio fiscal no es una actitud de derecha ni de izquierda, ni de liberales ni de socialistas, es una medida de sentido común económico.

La política de “tipo de cambio competitivo” no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Esta es una política con buena llegada en varios sectores del país. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones económicas y las presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Esto genera rentabilidades ficticias, no reales, que tarde o temprano hay que afrontar. Hacer uso de un tipo de cambio devaluado para beneficiar el sector exportador a expensas del importador ciertamente no califica como una actitud de libre mercado.

Desde el punto de vista del gobierno (especialmente del banco central), un tipo de cambio devaluado ayuda a acumular divisas
provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la
economía de los ’90 (especialmente en los últimos años) es el del atraso cambiario, que significa lo opuesto a tipo de cambio
competitivo. El tipo de cambio competitivo no sólo estuvo ausente en los ’90, sino que es una política defendida por más de un “crítico de las políticas neoliberales”.

La apertura comercial, otro punto fuertemente asociado a la década del ’90, también presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. El Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado no deben confundirse.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que a veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de diferencias con el recetario neoliberal. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados.

En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de privatización, en tal caso ya no se puede asociar al término “neoliberalismo” con el de “libre mercado”.

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJP. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector por parte del gobierno forzaron a las
AFJP a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJP estaban
destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJP hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida. Las AFJP no colapsaron por sí mismas, sino que fueron arrastradas por la
irresponsabilidad fiscal de los ’90.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave en el mercado no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un claro proceso de desregulación durante los ’90.

Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rúa acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington presente durante la década del ’90.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener que sustentar su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los ’90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona el supuesto neoliberalismo del ’90 que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.) La dirigencia política que está a cargo del destino futuro del país se debe un análisis más cuidadoso y racional, y menos pasional e ideologizado sobre las políticas pasadas.

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los ’90 no es en sí una defensa de la política económica de los ’90 ni de la receta neoliberal. Simplemente se señala la inconsistencia de asociar el neoliberalismo (y por añadidura al liberalismo) a una época en la que no se aplicó. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Definir el futuro del país en base a un período mal analizado difícilmente lleve a buen puerto. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo más grados de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y profesor universitario.

Patoterismo populista: ahora con YPF:

Por Pablo Guido: Publicado el 17/4/12 en: http://chh.ufm.edu/blogchh/

Ayer, la presidente argentina anunció que el Estado expropiaría el 51% de las acciones de YPF, la empresa petrolera insignia del país. Solo para ponerlo en contexto: la empresa YPF fue privatizada en la década del 90 porque las pérdidas eran tan grandes que no había manera de mantener la exploración, producción y refinación del petróleo suficiente para abastecer al mercado. El mismo partido gobernante y casi los mismos políticos que aplaudieron a rabiar la privatización hace poco más de 10 años ayer aplaudieron a rabiar la estatización, por ahora parcial de la misma empresa. En segundo lugar, como en otros mercados la intervención estatal ha generado escasez de productos como consecuencia de la falta de inversiones. Desde el año 1998 no sólo ha bajado la producción de petróleo sino también las reservas petroleras (lo que se estima con cierta probabilidad que existe debajo de al superficie por las exploraciones realizadas). Además, la refinación de petróleo también está muy limitada. Algunos números: en el año 2006 las exportaciones del rubro combustibles y energía llegaban a 7,800 millones de dólares y las importaciones del mismo rubro a 1.700 millones, alcanzando un superávit comercial energético de 6.000 millones aproximadamente. En el año 2011 las exportaciones energéticas fueron de 6.500 millones y las importaciones de 9.400 millones, haciendo un déficit energético de casi 3.000 millones de dólares. Claro que esta situación de desabastecimiento fue anunciada hace más de dos años en un informe redactado por 8 ex secretarios de energía de la nación. Obviamente que fueron calificados por el gobierno poco menos como traidores a la patria. 

La pregunta es: ¿por qué no se invierte en la Argentina en el rubro energético? La respuesta es de manual: por los controles de precios, que hacen no rentable dichas inversiones. Pero como el gobierno argentino ha generado esta política populista de “combustible y energía barata para todos” y ahora llega el momento donde la escasez energética provoca una sangría de recursos para pagar importaciones fenomenal, entonces ahora se preocupa y desesperadamente estatiza YPF. Como podemos observar en el gráfico, desde que los rumores de la estatización comenzaron a arreciar a principios de año el precio de la acción se desplomó un 50%: en 3 o 4 meses la caída fue de los $40 a los $20 dólares. Ayer, después del anuncio de la estatización parcial las transacciones de la acción de YPF, tanto en la bolsa de New York como de Buenos Aires, tuvo que ser suspendida por la caída estrepitosa que se venía en el precio de la misma.   

Según los datos oficiales, el valor de mercado de la empresa llega a unos 8 mil millones de dólares, muchísimo menos que los 18 mil que valía hace un par de meses, antes que comenzara su andanada de rumores estatizadores. De todas maneras, el presidente de Repsol dice que reclamará un pago de unos 10 mil millones de dólares. Y a partir de ahí tendría que comenzar a invertir miles de millones de dólares anuales para recomponer no sólo el nivel de reservas perdidas en la última década sino también la producción y refinación de petróleo. Esto, según los expertos, no llevaría menos de 3 o 4 años, si se comenzara ya el proceso de inversiones. Pregunta obvia: ¿quién invertirá en la Argentina, prestándole al gobierno argentino, miles de millones de dólares en el sector petrolero después de lo que ha pasado ayer?

 Mañana seguimos contando esta medida que forma parte de una novela populista de bajo calibre, apoyada por la mayoría del electorado argentino.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.