Por Alberto Benegas Lynch. Publicado el 26/4/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7769
A raíz de mi exposición en el congreso con motivo de los 25 años de la Fundación Libertad en Rosario (Argentina), a principios del corriente mes de abril, en la que sugerí distintas medidas para revertir la difícil situación por la que atraviesan muchos países, algunas personas allí presentes me solicitaron que me explayara sobre uno de mis puntos que aludió al endeudamiento público, lo cual hice sumariamente en esa ocasión y me propongo hacer ahora en forma algo más detenida, aunque he desarrollado el tema extensamente en dos de mis libros.
En 1798, Thomas Jefferson, en carta dirigida a John Taylor relata la impresión que en su momento tuvo al leer la flamante Constitución estadounidense cuando era embajador en París: “Desearía que fuera posible introducir un enmienda a nuestra Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella para la reducción de la administración de nuestro gobierno en base a los principios genuinos de la Constitución: quiero decir, un artículo adicional por el que se saque del gobierno federal el poder de endeudarse”.
Es de interesante detenerse a considerar esta preocupación circunscripta principalmente al gobierno central debido a la atención primordial que los Padres Fundadores le atribuían al federalismo (por ello muchos de ellos insistían en limitarse a revisar los Artículos de la Confederación y no elaborar una Constitución nueva y de donde parió el fértil y sonado debate entre federalistas y antifederalistas), pero el tema se extiende también a la deuda de los estados miembros de la unión.
El asunto es bifronte, por un lado, se apuntaba a minimizar el poder forzando a que se financiaran con el producto de los recursos presentes, es decir, los impuestos y, en el límite, cuando los gobiernos se extralimitan y abusan del poder que les fue conferido, alentar la rebelión fiscal tan consubstanciada con la Revolución Norteamericana, comenzando con los impuestos al té en Boston. Pero, por otra parte, mostrar que la deuda gubernamental es incompatible con la democracia en el sentido de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes que contrajeron la deuda.
Se podrá argüir que, como contrapartida, las futuras generaciones podrán gozar de los beneficios de las obras que se construyeron con los recursos provenientes de la deuda. Esto debe analizarse desde varios ángulos. En primer lugar, no puede concluirse que existen beneficios cuando el procedimiento fue realizado compulsivamente con los recursos detraídos del fruto del trabajo de otros. Diferente es cuando el proceso es voluntario asumiendo los riesgos con patrimonio propio, en ese caso los resultados podrán criticarse por futuras generaciones pero no puede objetarse la legitimidad de usar y disponer de lo propio que no comprometen bienes pertenecientes a terceros.
Por otra parte, hay aquí una cuestión de finanzas públicas que debe ser considerado. Por definición, una inversión es realizada voluntariamente sopesando la preferencia temporal en el sentido de evaluar las ventajas de consumir en el presente o ahorrar e invertir al efecto de conjeturar que el beneficio será mayor en el futuro. Por ello es que “ahorro forzoso” constituye una contradicción el los términos. Del mismo modo, tal como nos enseña Rothbard en su tratado de economía, la clasificación de “inversión pública” (o estatal) carece por completo de rigor en economía, puesto que siempre se trata de un gasto. La noción de inversión no parte de una idea caprichosa y arbitraria, como si fuera simplemente lo que genera un bien durable puesto que las pirámides egipcias son por cierto durables pero difícilmente puedan catalogarse seriamente como inversiones. En otros términos, la inversión no está escindida del mercado y es del todo ajena a las imposiciones políticas.
En el caso que nos ocupa, no es procedente intrapolar lo que ocurre en una empresa privada a la administración pública en cuanto a la evaluación de proyectos referida al pago al contado frente al pago diferido al contraer una deuda, del mismo modo que en la visión convencional del gobierno no es pertinente calcular el retorno sobre la inversión de la Justicia.
Las llamadas obras públicas deben privatizarse con lo que las formas de pago se derivan de la situación de mercado en cuyo contexto cada cual asume los riesgos correspondientes. Por otra parte, la historia muestra el testimonio de obras colosales realizadas por el sector privado se traten de represas, telefonía, electricidad y autopistas (en mi libro Las oligarquías reinantes. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999 -que prologó mi querido amigo J. F. Revel- me detengo en este último punto desde los peajes en los ríos navegables hasta las modernas carreteras y calles y los diferentes sistemas aplicados en zonas residenciales, industriales y centros comerciales).
Por otra parte, son precisamente las obras públicas la fuente más potente de corrupción en todos los gobiernos. Sin duda que al referirnos a la deuda gubernamental, no estamos diferenciando entre la externa y la interna puesto que la naturaleza del problema es la misma en ambos casos (también en este contexto debe tenerse en cuenta que no habría lugar para programas tales como la mal llamada “seguridad social” que, además de constituir un estafa a los más necesitados, significa la confiscación de los ingresos de todos).
En situaciones extremas, se ha sugerido tercerizar el servicio correspondiente con pagos al contado que signifiquen beneficios al tercerizado que compensen el descuento. En este panorama general, de más está decir que resulta indispensable cerrar los grifos posibles para la inflación monetaria a través de la liquidación de la banca central al efecto de que la gente pueda elegir los activos monetarios que estime convenientes, tal como lo han propuesto autores de renombre como Hayek , Gary Becker, Buchanan y en la última versión monetaria de Friedman, siempre en un cuadro de situación en el que queda abolida la manipulación política de los encajes bancarios (sea a través del free-banking o de la reserva total para cuentas corrientes según prospere este muy jugoso debate).
Hoy vivimos la crisis de las deudas elefantiásicas como consecuencia de astronómicos incrementos en los gastos del Leviatán, fomentados por instituciones inauditas como el Fondo Monetario Internacional que, como han expresado Anna Schwartz, Peter Bauer, Karl Brunner, Melvyn Krauss, James Bovard y tantos otros, ha servido y sirve para financiar y consolidar -con recursos detraídos a los contribuyentes de diversos países -absurdas políticas que demuelen instituciones clave como la propiedad privada, la moneda sana, la razonabilidad tributaria y la prudencia en el gasto y en la referida deuda estatal (hay gobiernos como el actual argentino que se separan del FMI al solo efecto de evitar auditorias de organismos oficiales que fabrican cifras falsas, y ha reemplazado con creces su deuda con ese organismo vía endeudamiento interno).
En línea equivalente a lo expresado, el antes mencionado premio Nobel en Economía James Buchanan arriba a varias conclusiones sobre la deuda gubernamental. Primero, subraya lo que denomina la peligrosa “ilusión fiscal” que genera ese tipo de deuda que permite que se gaste en el presente con recursos que se demandarán en el futuro (en “Public Debt, Cost Theory and Fiscal Illusion”, Public Debt and Future Generations, J. M. Ferguson, ed., University of North Carolina Press). Segundo, sostiene que “es inmoral que una generación imponga el pago a otra para el beneficio de la primera” (en “Budgetary Bias in Post-Keynesian Politics: The Erosion and Potential Replacement of Fiscal Norms”, Deficits, J. M. Buchanan, C. K. Rowley y R. Tollison eds., Basil Blackwell). Tercero, enfatiza que la generación que se hace cargo “no tuvo derecho a participar en la decisión” (en “The Ethics of Debt Default”, también en Deficit, op.cit.). Y finalmente, para rematar la situación, Buchanan sostiene que, por ejemplo, “el gobierno de los Estados Unidos ha incurrido repetidamente, de hecho, en default de la deuda a través de la inflación” (en “Bugetary…op. cit.).
La vida se traduce en trade-offs puesto que no es posible realizar todo al mismo tiempo. La vida es una constante elección de prioridades. En el caso de la deuda gubernamental, deben sopesarse las ventajas circunstanciales del endeudamiento con los peligros manifiestos del Leviatán desbocado y, para recurrir a una expresión futbolística, abstenerse de “patear la pelota para adelante” y jugar lo que se debe jugar en el momento sin endosar los problemas al futuro que, en el caso que nos ocupa, además significa hacer de cuenta que se disponen de más recursos de los que en verdad existen para ganar elecciones sin importar la carga de la herencia que se trasmite.
Por supuesto que se han sugerido otras limitaciones constitucionales para embretar a los aparatos estatales con el propósito de que se circunscriban a lo que en esta instancia del proceso de evolución cultural se estima son las misiones específicas en un gobierno republicano. Algunas de ellas son el establecimiento de topes para el gasto en relación al producto (siempre atentos a la trampa de que incrementos en ese guarismo justifican aumentos en el gasto), pero la prohibición de incurrir en déficit fiscal no tendría sentido puesto que se tornaría irrelevante y superflua la iniciativa si se presta atención a lo que aquí dejamos consignados puesto que no resultaría posible endeudarse ni falsificar moneda.
En Estados Unidos, durante parte de la administración de Reagan, se introdujo una política conocida como starve the beast aconsejada por personalidades como quien había sido hace tiempo Secretario del Tesoro, el formidable William E. Simon. La idea consistía en bloquear la posibilidad de elevar tributos y la emisión monetaria para que el gobierno se vea impelido a reducir el gasto. Pues bien, el resultado fue una acelerada elevación de la deuda pública y el gasto trepó a niveles inusitados, lo cual se complicó con compromisos parlamentarios incumplidos. Si esto ocurrió en la administración de quien insistía a los cuatro vientos hasta el final de su mandato que “el gobierno no es la solución, es el problema”, podemos imaginar la política de otros países. Aquella política estadounidense bienintencionada es lo que hizo que renunciara David Stockman, una de las cabezas del equipo económico, relato que se encuentra consignado en su libro bajo el sugestivo título de The Triunph of Politics. The Inside Story of the Reagan Revolution (episodios también revelados en la obra de Edwin Meese, ex Procurdor General de Reagan, titulada With Reagan).
La deuda estatal no solo afecta el mercado de capitales en cuanto a que sustrae parte de los siempre escasos factores productivos, sino que afecta la tasa de interés con lo que se modifica artificialmente la relación consumo presente-consumo futuro (además de la ingerencia gubernamental directa en este delicado precio). En la actualidad, como no resulta suficiente succionar ahorros locales e incluso ahorros del exterior en gran escala se permite que entre departamentos del mismo gobierno se pueda emitir y adquirir deuda, es decir, monetizarla, lo cual no solo compromete patrimonios futuros sino que grava con inflación el presente distorsionando los precios relativos con el consecuente consumo de capital y reducción de ingresos y salarios en términos reales.
Si estamos interesados en preservar espacios de libertad y proteger así las autonomías individuales, debemos atender las causas del avance de los gobiernos sobre las vidas y las haciendas de las personas y no meramente quejarnos por las consecuencias del atropello. Como bien ha puesto Cervantes en boca del Quijote: “La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.
Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.
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