El mercado, el peor “enemigo” de los políticos

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 2/10/17 en: https://www.eldiarioexterior.com/default.asp?v=normal

 

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping ha promovido la noción de “soberanía de Internet”, por la que Beijing puede dictar a sus ciudadanos lo que no pueden ver y publicar en la red.

 

“No queremos escuelas funcionales a las necesidades del mercado”, rezaba la pancarta de una estudiante izquierdista durante una manifestación en Buenos Aires. Pobre chica, la han engañado al punto de llevar ese cartel que, realmente, dice “no queremos escuelas funcionales a mí, a mi familia y a mis amigos”.

Los políticos le han hecho creer que el mercado son empresarios que manejan la economía pensando en sus ganancias, porque de este modo pueden justificar la necesidad de que los gobiernos (ellos) intervengan en la economía y hagan grandes negocios, corrupción de por medio. Irónicamente, muchos ricos suelen apoyar esta idea, porque necesitan de los políticos para armar negocios suculentos, como cuando piden controles aduaneros que impiden la competencia del exterior.

Así, estos empresarios hacen enormes ganancias empobreciendo a las personas comunes (el mercado real), lo que retroalimenta la idea de que “el mercado” es solo un abuso de los ricos, cuando es todo lo contrario: es la persona común que se relaciona pacíficamente con otras en pos del beneficio económico de ambos.

El corolario es que no existe, por un lado, la libertad económica y, por el otro, la libertad política o física. No existe distintas libertades, existe solo una indivisible salvo en la mente de los políticos que quieren justificar cuando coartan la libertad en su propio beneficio. Quizás, el caso más sintomático sea el de China, que libera al mercado -a las personas- parcialmente pero no termina de desembarazarse del comunismo y sigue coartando la libertad en buena medida, con lo que deja de crecer todo lo que podría.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping ha promovido la noción de “soberanía de Internet”, por la que Beijing puede dictar a sus ciudadanos lo que no pueden ver y publicar en la red. Está prohibida Instagram, Snapchat y Twitter porque el gobierno estaba nervioso por el papel que jugaron en la Primavera Árabe y la Revolución Verde de 2009 en Irán. Gmail -y Youtube- es uno de los muchos servicios de Google que está restringido por los reguladores chinos, salvo en Hong Kong que mantiene un mayor grado de libertad lo que redunda en un mayor desarrollo económico.

La censura china llega a la ridiculez de bloquear transferencias de dinero con números que coinciden con fechas sensibles, como la represión contra los manifestantes de la Plaza Tiananmen el 4 de junio de 1989. Lo que viene a demostrar que no existe realmente una línea divisoria entre libertad económica, política, física o de difusión de ideas. Críticas sobre derechos humanos, Tíbet o el Partido Comunista están prohibidas. Por cierto, y quizás esta sea la clave de todo, se prohíbe informar sobre la riqueza de los funcionarios chinos.

Periodistas extranjeros, diplomáticos o activistas locales encuentran en la aplicación Whatsapp uno de los pocos reductos en los que escapar de la férrea censura china. Sin embargo, desde hace pocos días, los usuarios han visto cómo incluso este servicio de mensajería se bloquea y tiene numerosos problemas. Es un momento muy sensible ya que el próximo 18 de octubre, Pekín acogerá el XIX Congreso del Partido Comunista, que se celebra cada cinco años y en el que se da por hecho que Xi Jinping renovará su cargo como presidente, aunque existe incertidumbre sobre quienes lo acompañarán en el Comité Permanente del Politburó, el órgano de mayor rango del partido.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Sobre el empleo en negro y la economía sumergida

Por Iván Carrino. Publicado el 19/11/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-solucion-al-empleo-en-negro-y-la-economia-sumergida/

 

La economía sumergida*

*Extracto del capítulo 5 de mi libro “Estrangulados: cómo el estado asfixia tu economía”

Mohamed Bouazizi era un joven de 26 años que se dedicaba a la venta minorista de frutas y vegetales en las calles de Sidi Bouzid, en Túnez.

Todos los días, Mohamed pasaba por el mercado a comprar frutas y verduras que luego vendía en un espacio específicamente seleccionado frente a la oficina municipal. A temprana edad, este joven tunecino tenía que alimentar a su familia, compuesta por su madre, su tío y sus hermanos.

Como muchos otros pequeños empresarios de la región, Bouazizi era parte de lo que llamamos la economía informal, ya que no estaba legalmente registrado, ni pagaba impuestos por sus ventas ni aportaba a algún régimen jubilatorio estatal.

En este mundo, el joven comerciante sobrevivía con 73 dólares mensuales, pero además tenía que cargar con el acoso permanente de las autoridades locales, quienes aprovechándose de su situación de “ilegal”, solían confiscarle sus bienes o bien tomarlos sin permiso como si fueran suyos sin entregarle nada a cambio. Obviamente, también le exigían coimas que detestaba pagar.

El 17 de diciembre de 2010, Bouazizi fue acusado de cometer una infracción, motivo por el cual entró en una disputa con los inspectores locales, quienes decidieron confiscarle toda su propiedad: unas bananas, unas manzanas y una balanza electrónica, todo valuado en 225 dólares. Para colmo de males, una policía le propinó un golpe en el rostro. Finalmente, y luego de reclamar por una hora la devolución de su propiedad, la desesperación de Mohamed lo llevó a rociarse con Thinner y prenderse fuego.

Durante los siguientes sesenta días, al menos 63 hombres y mujeres en condiciones similares a las de Bouazizi procedieron de la misma forma en Algeria, Egipto, Marruecos, Arabia Saudita y Siria. Solamente 26 lograron sobrevivir. Mohamed Bouazizi no fue uno de ellos.

Los hechos que siguieron a estas acciones desesperadas se conocieron como La Primavera Árabe, un movimiento masivo a favor de una mayor democracia y libertad en los países ubicados, principalmente, en el norte de África y en la península arábiga.

La historia del origen de la Primavera Árabe es contada por el investigador peruano Hernando de Soto[1], quien considera que lo que sucedió en Túnez es el resultado de un sistema legal que, sobrecargado de regulaciones y trabas, margina y humilla a los pobres que tienen voluntad de emprender. Así, las barreras de entrada a la economía formal terminan generando que la única alternativa para amplios sectores de la población sea la economía sumergida, donde darle la espalda al sistema legal vigente tiene beneficios, pero también costos, como la falta de protección efectiva a los derechos de propiedad, algo de lo que fue víctima el joven comerciante tunecino.

Respecto de la economía sumergida, a menudo se mencionan como problemas que ésta no paga impuestos y que eso reduce la recaudación tributaria. Además, también se argumenta que, dado que algunos comerciantes operan en ese marco de ilegalidad, representan una competencia desleal frente a quienes pagan todos sus impuestos en tiempo y forma y cumplen con todas las reglamentaciones.

Sin embargo, aquí no radica la problemática de la economía en negro.

De hecho, la informalidad es un punto de llegada, y no uno de partida. Hernando de Soto afirma en sus dos libros al respecto que la informalidad es la consecuencia de un sistema legal que se vuelve demasiado oneroso para que los sectores menos favorecidos de la población puedan integrarse.

En “El Otro Sendero”, una investigación sobre “los informales” de Perú, publicado en el año 1986, muestra que para registrar un taller textil se necesitaban 289 días y un gasto total de USD 1.231, lo que representaba, en su momento, 32 veces el sueldo mínimo de ese país[2].

En “El Misterio del Capital”, del año 2001, muestra que los pobres son altamente capaces de generar riqueza, pero que una mala asignación de derechos de propiedad hace que no puedan transformar sus bienes (como viviendas o pequeños negocios), en un capital formal que les permita crecer tomando créditos y mejorando su capacidad de inversión, tal como sucede en el mundo desarrollado[3].

En nuestro país, y según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, un 33,1% del empleo no está legalmente registrado. Por otro lado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa afirma que el comercio en negro generó más de $ 50.000 millones de facturación en 2015, representando el 10,2% de las ventas registradas en el sector formal.

Como respuesta a esta situación, hace un tiempo se presentó una extraña propuesta. Federico Sturzenneger, ahora presidente del Banco Central, propuso que, frente al elevado contexto inflacionario que vivimos, no solo no deberían emitirse billetes de mayor denominación que el de $ 100, sino que incluso estos deberían ser eliminados.

El argumento era el siguiente:

“…el efectivo facilita enormemente las transacciones de la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cual sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente eso.”

Lo primero que uno piensa cuando lee esto es en la historia de Mohamed Bouazizi. Es decir, no estamos hablando de complicarles la vida a delincuentes peligrosos, secuestradores o terroristas cuando hablamos de no “mejorar la eficiencia de la informalidad”, sino de complicarles la vida a quienes no tienen otra mejor alternativa que acudir a la economía informal para conseguir aunque sea una forma digna de vivir.

Como explica Mario Vargas Llosa:

“La informalidad es una réplica de las mayorías contra ese sistema que las ha hecho tradicionalmente víctimas de una suerte de apartheid económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas aspiraciones básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en muchos sentidos irreal e injusta? Renunciaron, más bien, a la legalidad”

En Argentina se pagan 96 impuestos diferentes, la presión tributaria es asfixiante, y constituir una empresa legalmente toma 25 días, 14 procedimientos burocráticos y cuesta el 9,7% del PBI per cápita. En Nueva Zelandia, la presión tributaria es menor, abrir una empresa toma medio día, un procedimiento burocrático y cuesta el 0,3% del PBI per cápita[4].

Es evidente que si se busca una mayor formalización de la economía, la receta no es dificultarle la vida a los informales, sino facilitárselas, reduciendo las barreras de entrada a la formalidad como lo hace Nueva Zelanda.


[1] Véase al respecto: De Soto, Hernando: “The Real Mohamed Bouazizi”. Foreign Policy, 16 de diciembre de 2011 y De Soto, Hernando: “The Secret to Reviving the Arab Spring’s Promise: Property Rights”. Wall Street Journal, 26 de febrero de 2013.

[2] De Soto, Hernando: “El Otro Sendero”. Editorial El Barranco, Perú, 1986.

[3] De Soto, Hernando: “El Misterio del Capital”. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

[4] Si se ordena el Índice Doing Business de acuerdo a la facilidad para crear una empresa, Nueza Zelanda se ubica en el primer puesto, mientras que Argentina recién figura en el 157.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Cambiando la camiseta

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 11/1/16 en: http://www.panamaamerica.com.pa/opinion/cambiando-la-camiseta-1008456

 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe caerán, por tercer año consecutivo, este año 14%, según el BID, por la baja de los precios …

 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe caerán, por tercer año consecutivo, este año 14%, según el BID, por la baja de los precios de bienes exportados y la débil demanda china. Lideran los descensos Venezuela (-49%), Colombia (-35%), Bolivia (-32%) y Ecuador (-28%). Según el Centro de Desarrollo de la Ocde, la Cepal y CAF, los flujos comerciales con China se multiplicaron por veintidós desde el 2000, frente a un incremento mundial del triple. Los créditos concedidos por Beijing a América Latina desde 2010 alcanzaron los $94 mil millones.

Así las cosas, según el FMI, el PIB de la región caerá -0.3% en 2015 y crecerá levemente, 0.8%, en 2016. Los que más caerán serán Venezuela (-10%), Brasil (-3%) y Argentina y Ecuador “alrededor de cero”. En cuanto a la Argentina, a pesar del cambio de gobierno, caería en -0.7% en 2016 contra un crecimiento del 2.8% para Colombia, 2.5% Chile, 3.3% Perú, 2.2% Uruguay y 3.8% Paraguay.

Los gobiernos están cayendo en descrédito, sobre todo los “populistas” que requieren crecientes recursos para sus “políticas sociales”. Perdió el kirchnerismo, luego el chavismo, Dilma está acorralada, Bachelet se desprestigia, pareciera que Rafael Correa no se presentará a la reelección y la derechista Keiko Fujimori ganaría en Perú en segunda vuelta por 11 puntos.

China salva a Ortega y a Morales. La construcción del canal nicaragüense incrementaría el PIB del país hasta los $20,800 millones en 2025 -11,800 millones sin el proyecto- creciendo al 9% anual, frente al 4.5% sin el canal. A Morales, Beijing le concederá un crédito de $7,000 millones y, eventualmente, otro por $10,000 millones.

Ahora, la división entre populismo y antipopulismo es solo cambio de camiseta, de lenguaje y de amistades, porque las políticas son casi las mismas. La derecha suele recortar gastos en “políticas sociales” que compensa aumentando militares y “políticas de desarrollo empresario”. La gobernadora Vidal, principal aliada de Macri, acaba de anunciar un aumento del gasto del 42%. La oposición al chavismo, el MUD, no tiene un programa coherente, es solo oposición.

Michelle Bachelet insiste en que logrará la educación gratuita en Chile. Macri quiere aumentar el gasto en educación “pública y gratuita”. Pura demagogia, nada es gratuito. Esta “educación”, supuestamente, es solventada por empresas y ricos que pagan impuestos. Pero las empresas los derivan hacia abajo vía precios o baja de salarios. Así, pagan los pobres y estudian los ricos. Según diversos relevamientos, solo 5% del quintil más pobre accede a la educación superior, y 75% del mayor quintil. En las universidades “gratuitas”, solo 2% de los alumnos pertenece al quintil más bajo, 10% al más alto y el resto está en el medio.

El mundo progresa por evolución, nunca por revoluciones y menos las violentas. El muro de Berlín cayó gracias a acciones pacíficas en las que el papa Juan Pablo II tuvo que ver, mientras que la “primavera árabe” que se caracterizó por los bombardeos de la Otan terminó empeorando las cosas. De modo que populismo y antipopulismo -izquierda o derecha- no implican un cambio real de políticas de fondo que son, básicamente, comprender que como la violencia -coacción- destruye, el crecimiento de un país es proporcional al levantamiento de políticas coactivas, sean de izquierda o derecha.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.