Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: otro salvavidas de plomo

Por Pablo Guido. Publicado el 5/1/20 en: https://www.rionegro.com.ar/ley-de-solidaridad-social-y-reactivacion-productiva-otro-salvavidas-de-plomo-1218417/

 

Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria, menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

En las últimas semanas, el Gobierno dispuso varias medidas para intentar reactivar la economía.

No es necesario buscar datos desde mediados del siglo XX para registrar el proceso de decadencia que sufrimos.

Analicemos lo que sucedió en la última década en nuestro país. La economía argentina hace 35 trimestres que está estancada en el mismo nivel de actividad (IV trimestre 2010-III trimestre 2019). En dicho lapso la población creció aproximadamente un 10%, por lo que nuestro PIB per cápita cayó en esa magnitud en los últimos 9 años.

En las dos últimas gestiones presidenciales la inflación acumuló un incremento por encima del 1.000%, promediando un aumento anual del 35%. El empleo privado, en el mismo período, cayó en 65.000 puestos de trabajo y el empleo público aumentó en 650.000 personas). Inclusive los trabajadores autónomos se redujeron en 16.000.

La cantidad total de empleo registrado, público y privado, pasó de 10,9 millones a 12,1 millones (+10,8%). Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA los pobres en el país aumentaron, entre 2010 y 2019 del 28% al 40%.

¿Cuál es una de las explicaciones de este fracaso en términos de crecimiento, creación de empleo genuino y mejores condiciones de vida?

Recordemos que para que los ingresos de las personas se incrementen tiene que haber mayores niveles de producción per cápita, que a su vez son posibles mediante una mayor inversión por persona. En otras palabras, para generar un proceso de crecimiento es necesario que se inviertan más recursos por habitante.

¿Qué sucedió en la última década en nuestro país? Si lo medimos en dólares la inversión total ha disminuido un 21%: en el tercer trimestre del 2010 la “formación bruta de capital fijo”, según el INDEC, fue de U$S 70.000 millones (anualizada) y en el tercer trimestre de este año de U$S 55.000 millones. Dado que la población empleada, tanto en el sector público como privado, aumento casi 11%, podemos concluir que la inversión per cápita se desplomó en los últimos 10 años casi 30%.

Datos clave

1.5%
es el ahorro fiscal (en relación al PBI) que estima el gobierno con la aplicación de la ley de Emergencia.
2.000
son los millones de dólares que prevén recaudar con el aumento de las retenciones.

Conclusión: como cada uno de los trabajadores tenemos dos tercios de equipos y máquinas con los que contábamos hace 10 años entonces nuestros niveles de productividad son significativamente menores. Por lo tanto, los ingresos por trabajador son menores.

Ahora la pregunta clave: ¿por qué los niveles de inversión por trabajador se redujeron casi 30% en los últimos diez años?

Nadie que esté proyectando perder dinero invierte. Invierten los que tienen expectativas de generar una ganancia. Y en la Argentina esas expectativas son cada vez menores: la mayor presión tributaria, los altos costos laborales, las altas tasas de interés que hacen que el costo de financiamiento sea sideral, una economía cerrada que no permite adquirir bienes y servicios a precios internacionales, el entramado regulatorio que hace casi imposible el esfuerzo emprendedor, y niveles inflacionarios desorbitantes, son algunas de los principales factores que provocan la falta de inversiones.

Es en este contexto que el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado envió al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (que ya es Ley), que no hace más que profundizar el problema. Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional para los próximos cuatro años lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria (acompañada en simultáneo con una reducción del gasto público para no aumentar el déficit fiscal), menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

¿Cuáles son los principales puntos de la ley recientemente aprobada el pasado 20 de diciembre en el Congreso?:

1) La declaración de la emergencia en nueve áreas (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), permitiéndole al gobierno no tener que recurrir al Congreso para aprobar cambios en dichos sectores.

2) Impuesto del 30% a la compra de pasajes al exterior y de gastos con tarjetas en otros países.

3) Ratificación del cepo cambiario e impuesto para la compra de dólares para atesorar.

4) Suspensión de aumentos tarifarios durante seis meses.

5) Suspensión del mecanismo de actualización de jubilaciones y pensiones por 6 meses, reemplazándose por aumentos trimestrales por decreto.

6) Pago de un bono de suma fija en diciembre y enero para jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de la AUH.

7) Aumento de las cargas patronales.

8) Suspensión de la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.

9) Aumento de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, permitiendo la aplicación de tasas hasta un 100% mayor para bienes registrados en el exterior. Además se congela el valor del mínimo no imponible.

10) Faculta al gobierno a incrementar las retenciones a las exportaciones y a disponer que el sector privado realice un incremento salarial (ya se publicaron los decretos presidenciales aumentando retenciones y obligando a las empresas a incrementar salarios).

11) Disponer la compra por parte al Banco Central de letras en dólares emitidos por la tesorería nacional, por un valor de U$S 4.500 millones.

12) Se incrementa la tasa de estadística para las importaciones.

13) Se aumenta el impuesto sobre los automóviles.

El ministro Guzmán busca equilibrar los indicadores macroeconómicos.

Como podemos observar la ley recientemente aprobada en el Congreso tiene como objetivos aumentar los ingresos y reducir los gastos, para mejorar la posición del resultado fiscal primario. Por el lado de los ingresos vía un aumento de la carga tributaria, continuar con el control de cambios. Por el lado del gasto público:

1) se supone que la suspensión del mecanismo de actualización de las erogaciones previsionales se hizo con el objetivo de reducir dicho gasto (45% del presupuesto nacional), si bien no se conoce cómo será el nuevo criterio de ajuste ni sobre quiénes recaerá el mismo;

2) incremento del gasto vía el pago del bono a jubilados, AUH y empleados públicos;

3) no está claro si la suspensión de aumentos tarifarios de los servicios públicos significará un aumento de subsidios a las empresas o serán estas las que financiaran la medida. Además le impone al sector privado mayores costos a través de un aumento de las cargas patronales y un incremento (vía decreto) de los salarios. Los aspectos positivos de la nueva ley son la supuesta mejora en el resultado primario de las cuentas públicas y la moratoria tributaria para las pymes.

Vale agregar que adicionalmente nos vamos a encontrar con un incremento de la carga tributaria a nivel provincial, dado que se suspendió el cronograma de rebajas de impuestos provinciales que se había acordado en el Consenso Fiscal 2017. Por lo tanto, las legislaturas provinciales estarán habilitadas para realizar aumentos en las alícuotas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. En Neuquén dicho incremento en las alícuotas ya fue aprobado por la Legislatura provincial el 20 de diciembre.

Como podemos ver, el paquete de medidas económicas que por ahora lanzó el gobierno nacional no mejora la competitividad de las empresas argentinas, castiga al ahorro y las exportaciones, genera menores incentivos a contratar empleados en blanco, y ajusta los haberes reales de los jubilados que cobran por encima del mínimo (en principio). Así, la salida de este contexto económico de estancamiento y falta de creación de empleo, que ya lleva diez años, sigue siendo un escenario de muy baja probabilidad.

 

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

 

Las jubilaciones vienen con mar de fondo

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  en: https://alejandrotagliavini.com/2017/12/20/las-jubilaciones-vienen-con-mar-de-fondo/

 

La imagen que dio el lunes Argentina fue dura. El diario El País de Madrid -el más leído en habla hispana- en lugar destacado afirmó que: “los choques de la policía con miles de manifestantes… fueron aún más graves… con cacerolazos por toda la ciudad y un ambiente de protesta masiva y fuerte violencia que no se vivía desde 2001, cuando la crisis del corralito acabó con 38 muertos y el presidente… abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Con esa imagen… Macri dio un gesto de autoridad y mostró… (que) controla el país”.

Pero veamos rápidamente el tema previsional. Antes que nada, vale destacar que el estatismo, necesariamente, supone confrontación. En la actividad privada, en el mercado, dos actores se ponen de acuerdo, o no, voluntariamente, por ejemplo, en la venta de un auto según el precio convenga o no. Pero cuando el Estado impone coactivamente leyes, los afectados necesariamente confrontarán desde que no pueden abstraerse y, por tanto, buscarán beneficiarse lo más posible. Y esto ocurre ahora que el Estado coacciona un sistema previsional.

En cuanto a la actual reforma, en primer lugar, cambia la fórmula de movilidad que abarca a unos 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. El ajuste semestral, basado 50% en la evolución de los salarios y 50% en la recaudación, se reemplaza por otro formado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% por la variación del RIPTE que es un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales.

Luego, en lugar del aumento semestral, se actualizará cada trimestre lo que llevará a que, en marzo de 2018, en lugar del aumento semestral de julio-diciembre que llegaría al 12%, el incremento será de acuerdo a la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, y llegaría al 5,7%. Es decir, que al principio se producirá una caída en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste. Así, ya se están preparando acciones judiciales por “inconstitucionalidad” dada la “aplicación retroactiva”. Para compensar esto y el mal humor general, el Gobierno publicaría hoy [MIÉRCOLES 20] en el Boletín Oficial un decreto para otorgar el pago de un bono compensatorio para jubilados y beneficiarios de la AUH.

Así las cosas, para 2018 estiman que el Estado se ahorrará unos $ 100.000 millones. Y quizás esta sea la clave de todo: recortar el gasto estatal, lo que no está mal, pero ¿había que empezar perjudicando a los más débiles? ¿No se podía, por ejemplo, retrasar la obra pública que sí puede esperar?

En cuanto a la garantía del 82% móvil, esta se aplicará a quienes al momento de la jubilación tengan 30 años de aportes. Hoy esa relación en rigor es del 81,8%, desde que el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. De modo que, toda vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, Anses ajustará los haberes de los alcanzados por la garantía. Es decir, ya en enero tendrán un aumento que no tienen con la ley actual de $ 543.

Garantía de la que quedan ahora excluidos quienes se jubilaron por moratoria y a los que no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal. De aquí se deduce que quedan sin esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores activos y las pensiones por fallecimiento de trabajadores en actividad que no se calculan en base a la PBU.

Finalmente, los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, sin que hasta entonces los empleadores puedan intimarlos a iniciar el trámite jubilatorio, quedando excluidos los estatales. Mientras que las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Con el nuevo proyecto podrán jubilarse entre los 60 y 70 y los varones entre los 65 y los 70 años.

Para terminar, como dice el politicólogo Rosendo Fraga, preocupan más los cacerolazos que se produjeron el lunes por la noche que las corridas frente al Congreso. Es que, dejando la violencia que es injustificable venga de donde venga, es obvio que existe un mar de fondo creado por el gobierno. Sucede que después de dos años de gobierno, con una presión fiscal en aumento y un Estado que no deja de asfixiar al sector privado, la pobreza, la desocupación y la miseria parecieran no ceder. De hecho, según una reciente encuesta de Poliarquía, el 41% de los argentinos cree que su situación económica personal empeoró, desde que asumió Macri, el 37% que se mantuvo igual y solo el 21% dice que mejoró.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.