Elecciones, motivaciones y socialdemocracia

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/01/elecciones-motivaciones-y.html

 

Si bien el factor económico -se dice- es un móvil muy importante y muy frecuente por el cual el ciudadano decide su voto, no es el único. Las elecciones económicas (las que incluyen el voto a candidatos políticos -agregan quienes así argumentan-) están influenciadas por las emociones humanas.

Desde el punto de vista praxeológico la opinión expresada arriba puede ser objeto de varias objeciones.

Comencemos diciendo que, para la praxeología, economizar es optar, elegir entre diferentes alternativas. Y como toda acción implica una opción toda acción es económica, en la que se descartan unas alternativas por otras. En nuestro tema, esto incluye al voto político, también llamado sufragio. Al votar por un pretendiente al cargo, automáticamente estoy descartando a los restantes. Se trata, praxeologicamente, de una acción económica.[1]

Aun cuando se acepte que una decisión este influida -en mucho o en poco- por elementos emocionales, la acción final que se emprenda será económica en el sentido apuntado.

Ahora bien, las motivaciones por las cuales un votante elige al aspirante “A” en lugar del “B”, también son, en última instancia, económicas.

Vivimos en un mundo estatista, donde esta tan aceptado que los gobiernos intervengan, manipulen o dirijan por completo la economía, que tenemos en cuenta este último componente a la hora de concurrir a emitir el sufragio. La gente está convencida que sus destinos económicos están y seguirán estando -sino enteramente- si en una proporción muy importante. en manos del partido de quien resulte el postulante electo. En consecuencia, su voto se orientará hacia aquel que promete más bienestar económico a corto o mediano plazo.

Las llamadas motivaciones “no-económicas”, como -por ejemplo- la educación, la salud, la previsión social, la seguridad personal y jurídica, la corrupción, etc. son todas, en última instancia, también económicas por todo lo que llevamos dicho. Lo sepa la gente o no, todas esas actividades solo pueden sustentarse y desarrollarse contando con los respectivos fondos que, en el imaginario colectivo, han de ser adelantados por los gobiernos, cuando sabemos -desde la más pura ciencia económica- que esto nunca ha sido así, ni puede ser así. Nada que el gobierno gaste no ha sido sino previamente detraído del bolsillo de alguno o de todos nosotros mediante impuestos u otros artilugios “legales”.

Entonces, a la hora de votar, evaluamos como fue la gestión económica del mandato (si pretende ser reelecto) o como suponemos que lo será en caso de que no hubiera aun ejercido el cargo. Y comparamos todo ello con nuestra personal situación económica. Esto es más acusado en aquellos lugares donde los gobiernos son más intrusivos en la vida ciudadana que en aquellos otros donde lo son menos.

Claro que, también en nuestras elecciones entran a jugar otros constituyentes, ya más de índole personal como, por ejemplo, el carisma del candidato, su liderazgo, sus actitudes personales, familiares, etc. Pero, más bien, cumplen un lugar secundario en relación a las motivaciones económicas, salvo casos excepcionales.

La cultura media del elector es otro ingrediente decisivo. No solamente cuenta su formación cívica, sino su nivel total de educación es relevante, porque de acuerdo a ellos será la opinión que se haga de los candidatos y lo que determine su voto.

Nos parece que -en promedio- las motivaciones económicas (según se las entiende popularmente) ocupan un 50% de la intención de voto, y el otro 50% lo representan las llamadas (o percibidas por el ciudadano como) no-económicas (educación, salud, seguridad, justicia, previsión social, etc.). El político que ofrezca mejorar estas cosas respetando esas prioridades del votante será quien finalmente se alce con el triunfo.

La visión socialdemócrata del electorado para la cual el gobierno-estado es una especie de Santa Claus o Robin Hood moderno, terminará votando al candidato que mejor prometa hacerle cumplir con dichos roles. La socialdemocracia -a la cual nos hemos referido en muchísimas oportunidades anteriores- representa un grado por encima al más básico del saber económico. Este nivel ultra elemental de “conocimiento” económico es el que ofrece el marxismo. Y radica en la pura intuición de lo que parece “evidente” a los ojos de cualquier persona sin discernimiento de economía: que hay gente que posee cosas que otros no tienen. De allí a concluir que lo que ostentan unos se debe a que no lo poseen otros hay un paso tan simple como es el que terminan dando la mayoría de las personas.

Es a esto a lo que se refería Friedrich A. von Hayek cuando insistía que la economía es una ciencia contraintuitiva. Sus verdades no son evidentes por sí mismas. Y es por esto que no ha existido jamás en la historia ningún gobierno liberal, ni democrático ni antidemocrático.

Aquel razonamiento errado marxista es matizado por el no menos equivocado socialdemócrata, en el sentido de que el estado-nación debe cumplir con la mal llamada “justicia social”, es decir, quitarles a unos lo que les pertenece para darles a otro lo que nos les pertenece, lo que -en esencia- no tiene demasiada diferencia con la fórmula marxista que proponía lo mismo por medio de la fuerza bruta revolucionaria. La única discrepancia con la socialdemocracia es que esta persigue idéntico fin, pero a través de los votos. Por eso, antes se usaba una expresión más clara, como la de socialismo democrático, y luego se la abrevió para disimular mejor, y quedó como socialdemocracia.

Lo que no parece aceptarse de ningún modo -al tiempo de hoy- es que el gobierno se abstenga de intervenir en la economía, fruto de esa ideología socialdemócrata que se impone mundialmente, y en la cual se enrolan la generalidad de los partidos políticos internacionales con mayores o menores variantes, pero todos encolumnados detrás de la “filosofía” socialdemócrata. Por supuesto, si esto se les dice a algunas de estas personas lo negarán enfáticamente. En su lugar, dirán “No. Yo soy de izquierda”, o “de derecha” o “de centro”, pero pocos admitirán ser socialdemócratas. Es que la gente prefiere manejarse con expresiones estereotipadas y ordinarias, corrientemente términos que divulga el periodismo, que es la fuente principal de información y, lamentablemente, hasta de formación de numerosas personas.

[1] véase Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/12/gobierno-economia-y-educacion.html

 

Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe un consenso generalizado en cuanto a este aspecto. La función de educar se piensa esencialmente tarea a cargo del “estado” y sólo subsidiariamente de los particulares. Es posible que esta convicción resida en el hecho de que la educación se cree una actividad “no económica”. Es bastante discutible este último aserto si lo observamos desde el ángulo de que quien se educa lo hace principalmente con el objeto de adquirir conocimientos que le den competencia en el campo laboral y le permitan no sólo subsistir financiando sus necesidades cotidianas, sino además darle mayores oportunidades de progreso que -necesariamente- se van a reflejar en lo económico. Por supuesto que, la educación no solamente sirve para conseguir buenas colocaciones laborales, sino también para obtener satisfacciones intelectuales y hasta espirituales. Pero una cosa no excluye la otra, y resulta -a nuestro juicio- apresurado descartar sin más los resultados económicos de la educación desde el punto de vista individual.

Lo mismo cabe decir -desde un enfoque praxeológico- de la “medicina, previsión social, arte, ciencia” etc. Sin embargo, hay autores que defienden la propiedad privada y que hacen esas distinciones. Citamos al respecto el siguiente párrafo:

“Propiedad privada. El éxito en educación, medicina, previsión social, arte, ciencia y otras actividades no económicas, se basa en los mismos dos principios anteriores. Por eso la propiedad privada, sostén y garantía de todas las libertades, debe ser respetada por todos, gobernantes y gobernados, no sólo en economía y finanzas, sino también en enseñanza y cultura, salud y deportes, cajas de jubilaciones y pensiones; y en los ámbitos de familias, partidos, iglesias y demás instituciones privadas.”[1]

Debemos recordar que la propiedad privada es una institución fundamentalmente económica, que nace de un hecho natural como es el de la escasez de bienes y servicios. Si bien los valores últimos perseguidos por los seres humanos no son siempre ni completamente económicos, resulta innegables que los medios indispensables para concretar esos valores si lo son, mal que les pese a quienes discurran que la economía sólo se trata de una ciencia de números, gráficos y ecuaciones.
Iglesias, partidos y familias (“y demás instituciones privadas”) necesitan de la economía para poder sostenerse y continuar creciendo, y más aún si pretenden desarrollarse. No se trata de un enfoque materialista el que hacemos, sino que reconocemos a la economía una función instrumental como medio idóneo para que el ser humano pueda desplegar sus facultades, tanto físicas, intelectuales, como espirituales. Es decir, la economía es el medio que permite al ser humano perseguir aquellos valores no económicos. No obstante, todas las actividades (y siempre desde el enfoque praxeológico) son económicas.

Pero si incluimos un análisis cataláctico, podemos preguntarnos: si los costos, tanto monetarios como de oportunidad para educarse, sea que los afronten los padres del estudiante o el estudiante mismo, no son económicos ¿Qué tipo de costos son? ¿Cómo podría -en tal caso- considerarse la educación fuera del mundo económico?

“Los Gobiernos han usurpado funciones para las cuales sus rasgos esenciales son disfuncionales. ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo comenzaron? 1) Empezaron en el s. XVIII con la educación, asumiendo que los padres no enviarían a sus hijos a la escuela si no fuesen forzados a hacerlo; que la educación estatal sería “gratuita”; y además “neutral” en materia religiosa. El primer supuesto es históricamente falso: por siglos los padres han enviado a sus hijos a la escuela sin ser obligados. La gratuidad no es tal, es financiamiento con impuestos. La neutralidad tampoco: Es catequización en la religión del Humanismo secular iluminista, evolucionista, idólatra y políticamente estatista. Además, la calidad de la educación estatal ha sido y es muy pobre en todos los países: los niños de primaria no salen bien en las pruebas de lectoescritura y comprensión, ni de aritmética elemental. Tampoco los bachilleres en las de ciencia y cultura general. Y la formación profesional de los universitarios es harto defectuosa.”[2]

Compartimos completamente los conceptos que se vuelcan en el párrafo citado, y lo conectamos con nuestros comentarios previos en cuanto a las funciones e implicaciones económicas de la educación. ¿Por qué los gobiernos se comportaron -y aun lo hacen- como indica el autor en comentario? Pensamos que porque los gobiernos han comprendido que manejando la educación podían (y efectivamente pueden) manipular los recursos económicos de la gente que es gobernada. Sólo mediante la educación estatal logra convencerse al futuro ciudadano de la bondad y “necesidad” de -por ejemplo- pagar puntualmente los impuestos como si estos fueran una “necesidad social” o peor aún, una “obligación moral”, señalando a quien los evade como el máximo de los delincuentes sociales. Es en las escuelas y universidades estatales donde se enseñan las bondades del mal llamado “estado benefactor” o “de bienestar” (verdadera contradicción en términos al decir del profesor Alberto Benegas Lynch (h) acertadamente); donde se instruye que la solidaridad sólo puede ser pública (o sea, estatal) y desafortunados conceptos por el estilo, que hoy en día casi nadie cuestiona o se lo hace en muy escasa medida.

¿Cuál es, pues, el objeto de los gobiernos al tomar (por si o por otros) las instituciones educativas e inculcar estas perniciosas doctrinas si no es el convencer a la gente de que entregue de buena gana el fruto de sus esfuerzos laborales al fisco a efectos de alimentar sus voraces arcas, siempre ávidas de fagocitar más y más recursos? ¿no es acaso económico? Creemos que sí. Y es en esto en que basamos nuestro convencimiento de la economicidad de la educación o si se quiere la de sus fines económicos.

Claro que la educación estatal no presenta ni expone tales fines de los gobiernos de la manera descripta en el párrafo anterior. En su lugar, hablará de “justicia social” solidarismo, confraternidad, conciencia social, y completará todo sustantivo posible con el adjetivo “social” que, como dice el fenomenal Friedrich A. von Hayek, no es sino la palabra comadreja que, como ese animal hace con el huevo lo vacía de contenido sin siquiera romper la cascara.

[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009, pág. 40

[2] Mansueti A. ibidem. P. 89

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.