Su economía es un paciente muy delicado que necesita medidas urgentes para evitar un escenario que nadie desea.
El Obelisco de Buenos Aires. (Jesus Alexander Reyes Sánchez – Flickr).
1. Política fiscal y gasto público
Urge una regla fiscal que evite que el gasto público aumente por arriba de la presión tributaria, especialmente ante el escenario electoral que se avecina. Si bien el nivel de gasto público se ha licuado entre 2020-21, corremos el riesgo de volver a niveles de gasto y déficit insostenibles, una vez que el Gobierno comience a ceder ante las presiones sindicales y gremiales.
2. Política tributaria
Urge eliminar 160 impuestos, dejando sólo aquellos 11 que hoy nos permiten cubrir el 90 % del total de recaudación. La medida sería un shock positivo sobre la actividad, lo que permitirá incrementar la base imponible, y con la recaudación adicional de esos 11 impuestos podría compensarse totalmente la caída por los otros 160 eliminados. El recuento de estos 171 impuestos surge de un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) a nivel nacional, provincial y municipal.
3. Superávit fiscal
Urge alcanzar un superávit fiscal para poder asumir el pago de los compromisos de deuda. En el caso argentino no alcanza con equilibrio fiscal, primero por su coyuntura, pero también para avanzar en una reducción de la presión tributaria y una quita gradual de retenciones, además de en una reforma previsional indispensable. En 2023 Argentina corre el riesgo de ir a un nuevo default y es necesario dar tranquilidad a los acreedores de que está haciendo lo posible para reconocer sus obligaciones.
4. Política cambiaria
Urge levantar el cepo cambiario. Debemos reconocer la cotización real del dólar frente a una moneda que hemos destruido y seguimos destruyendo año a año. Se deben terminar los privilegios en el reparto de los escasos dólares a un grupo de importadores oficiales y acreditados.
5. Desregulación
Se deben terminar los controles de precios sobre toda la economía, para que pueda normalizarse el funcionamiento bajo incentivos adecuados a la producción. La infraestructura energética sufre hoy la falta de inversiones, y esto representa un cuello de botella para recuperar tasas altas de crecimiento económico. Como en otros episodios históricos de nuestro país, los servicios públicos pueden atraer inversiones que contribuyan a reactivar la economía.
6. Política monetaria
Urge dolarizar la economía, aceptando lo que espontáneamente ya viene ocurriendo desde las PASO de 2019. El remanente de pesos que circula debe ser reemplazado por dólares que el Gobierno logre captar con nueva deuda, y los otros pasivos del Banco Central deben ser reemplazados por deuda del Tesoro. Una nueva convertibilidad con un tipo de cambio real alto (tras levantar el cepo) puede ser una alternativa, pero nos inclinamos en favor de la dolarización para reducir el costo de salida y eliminar el riesgo de devaluación, lo que es indispensable para tener bajas tasas de interés, tanto nominales como reales.
7. Apertura económica
Urge abrir la economía, recuperando el acuerdo con la Unión Europea, pero buscando también otros acuerdos con Nafta, Asia, Africa y Oceanía. El Mercosur podría ser el bloque a partir del cual se encaren las negociaciones, pero si no lo fuera Argentina debería abandonarlo. En esta materia tenemos mucho que aprender de los acuerdos bilaterales de Chile con distintos bloques económicos, incluyendo el Mercosur. Esta apertura requerirá de una eliminación total de los aranceles, lo que también requiere un tipo de cambio real alto como punto de partida, que se obtendrá al levantar el cepo y con la reforma monetaria de dolarización mencionada. Que los bienes transables adquieran dentro de Argentina precios internacionales bajos y competitivos reducirá el costo de la canasta básica para los consumidores, lo cual puede contribuir a bajar la pobreza, y a una pronunciada mejora de la competitividad.
8. Legislación laboral
Urge flexibilizar la legislación laboral, para que aquellos que necesitan contratar personal tengan incentivos para hacerlo. En el mismo plan de integración y retorno al mundo, Argentina necesita de esta reforma para mejorar su competitividad. La medida contribuye también a un necesario cambio estructural de empleo público a privado. Es un mito que esta medida provoque precarización laboral. La legislación laboral actual está provocando más excluidos que nunca, niveles alarmantes de informalidad y altas tasas de subempleo.
9. Cielos abiertos
Urge recuperar una política de cielos abiertos, sea con Aerolíneas Argentinas en manos públicas o privadas o directamente cerrada, pero recuperando la competencia de compañías que ofrezcan mejor calidad y precios a los consumidores, como ya ha ocurrido en Europa o en Estados Unidos. La medida daría a la Argentina mayor dinamismo, lo que también contribuye a mejorar la productividad.
10. Petróleo
Urge privatizar la explotación de petróleo, reconociendo que el Gobierno argentino ha sido siempre un mal empresario y que no tiene los recursos ni el conocimiento para abastecer al mercado local. La explotación de Vaca Muerta puede fundamentar shocks de inversión que Argentina necesita para salir de esta coyuntura. No sólo es indispensable que Argentina se autoabastezca de combustible, además puede generar ingreso de divisas por exportación.
Por supuesto que quedan otros frentes por encarar, como un Presupuesto base cero que permita replantear la estructura del gasto público, con menos ministerios, secretarías y sub-secretarías, que a la vez permita reducir la burocracia y la corrupción. Nueva Zelanda nos ofrece una experiencia en esta materia. Pero los 10 puntos mencionados arriba grafican una reforma integral y urgente que debería estar en la agenda del oficialismo y la oposición para alcanzar consensos que puedan ayudarnos a evitar otra crisis económica de magnitudes alarmantes.
Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.
Si no se hacen las reformas estructurales que se necesitan para resolver los males de fondo que tiene la economía, luego de esta reactivación, habrá una nueva crisis y la historia de profundización del empobrecimiento de los argentinos continuará
La Argentina tuvo una fuerte recuperación económica desde mediados de 2020. No solamente porque a cada vez más empresas y gente la dejaron volver a trabajar, sino porque el escenario mundial se volvió sumamente favorable para el país. Los bancos centrales de los países desarrollados emitieron muchísimo para tratar de sostener sus economías ante el impacto negativo de la pandemia. Sin embargo, esto implicó que sus monedas se depreciaran, al igual que sucede en Argentina cuando nuestro Banco Central (BCRA) le da a la “maquinita”. Pero, con mucho menos pérdida de valor de sus monedas; porque son confiables y sus ciudadanos las demandan, mientras al peso nadie lo quiere. En definitiva, la caída del poder adquisitivo del dólar se reflejó en una suba de los bienes exportables, que se miden contra esa moneda, en particular en el valor de los productos argentinos. También, la abundancia de liquidez mundial ayudó a financiar el incremento de la demanda internacional. Todo esto implicó un aumento de los montos exportados, más allá de que estamos lejos de alcanzar las cantidades vendidas al exterior de 2019; aunque hubo alguna recuperación con respecto a 2020. Además, tanto financiamiento disponible en los mercados llevó a ínfimos rendimientos en los países seguros y a los inversores a buscar incrementar sus ganancias asumiendo más riesgo en países emergentes que pagan más. Sin duda, no están viniendo a la Argentina, ya que es un país del que los capitales se fugan; pero si desincentiva la salida de ahorros e inversiones, mermando el desfinanciamiento de nuestra economía. Así que la recuperación ha sido particularmente fuerte, pero los argentinos continúan empobreciéndose.
Es cierto que los datos de empleo dejan ver que la reactivación vino acompañada de una mayor cantidad de argentinos trabajando. Sin embargo, la mayoría lo volvió a hacer con menores ingresos, en actividades de menor productividad o más precarias, informales o de tiempo parcial. Esto no debería extrañarnos, ¿quién va a invertir y generar empleo productivo cuando el gobierno continuamente toma decisiones en contra de los productores haciéndolos perder plata? Además, imaginémonos un empresario que ve que su demanda aumenta con la reactivación y podría tomar un trabajador más. Difícilmente lo hará cuando sabe que las mejoras siempre fueron seguidas de nuevas crisis y está prohibido despedir o, de última, tendrá que pagar doble indemnización por echar a quien contrató, si algo sale mal.
Por otro lado, el Índice de Pobreza de los Trabajadores ha estado mostrando una desmejora hasta principios de este año. Este indicador se basa en el índice de salarios y la Canasta Básica Total que realiza el Indec y lo que refleja es cuánto más cerca o lejos están los trabajadores de ser pobres. O sea, en Argentina, aún aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo se han estado acercando a la línea de la pobreza con sus ingresos y cada vez son más los que caen por debajo de ella. Esto no es raro, en 2020, el BCRA estuvo emitiendo a tasas que llegaron a superar el 90% interanual, para financiar al gobierno. Todos sabemos que lo que produce son papelitos pintados que no valen casi nada; por lo que para transferirle capacidad de gasto al Estado se la saca a los tenedores de moneda local, emitiendo y haciendo bajar su poder adquisitivo. Así el gobierno puede aumentar sus erogaciones cobrándonos el impuesto inflacionario y empobreciéndonos a los argentinos. Pues, la pérdida de valor del peso que gestaron el año pasado, todavía está reflejándose en los precios de los bienes y servicios. Es lo que justifica que la inflación acumulada del último trimestre de 2020 haya superado el 11% y, la del primer trimestre de este año, rondara el 12%.
El perseverante empobrecimiento de los trabajadores que muestra este indicador es en sí una mala noticia; pero no la peor de ellas. Hace décadas que son coyunturales las mejoras en el nivel de bienestar de los argentinos cada vez que se sale de las crisis o se recibe el beneficio de excepcionales escenarios internacionales favorables; pero luego se desvanecen cuando las condiciones externas se normalizan. La realidad es que la tendencia de largo plazo es al empobrecimiento; porque para poder mejorar las posibilidades de progreso de los trabajadores hay que incentivar la inversión que permite el crecimiento de la producción y la productividad en el largo plazo. La Argentina ha sido un fracaso en ese sentido; pero ha tenido gran éxito “combatiendo al capital”.
¿Quién va a querer producir en una Argentina que se encuentra entre los países del mundo que más exprimen con impuestos a sus empresas y siguen incrementándoles la presión tributaria? O, cuando la legislación laboral y los gravámenes al trabajo hacen más conveniente usar capital más caro y escaso para sustituir empleo, habiendo alta desocupación. O cuando existen más de 67.000 regulaciones que asfixian a los que intentan hacer negocios, en particular a las Pymes.
Es posible que la recuperación de la economía continúe; mientras la “segunda ola” de la pandemia no golpee demasiado fuerte, fruto de la mala gestión que se hizo de la misma. Sin embargo, en la medida que no se resuelvan todos los graves problemas que aquejan al país, algunos de los cuales comentamos en el párrafo anterior, no se habrá salido de la crisis de credibilidad preexistente al COVID-19. Nadie cree que la Argentina tenga capacidad de tener un crecimiento importante y sostenido o la capacidad de recrear su credibilidad, por ende, su crédito. Por ello vemos que los que compran y venden los bonos entregados en el canje de 2020 lo hacen a precios que señalan que creen que el país volverá a reestructurarlo en el mediano plazo.
Lamentablemente, si no se hacen las reformas estructurales que se necesitan para resolver los males de fondo que tiene la economía, luego de esta reactivación, habrá una nueva crisis y la historia de profundización del empobrecimiento de los argentinos continuará.
Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .Sigue a @AbramAldo
Todos los bancos centrales han perjudicado el signo monetario, por eso debemos pensar cómo salir del marasmo. No se trata de contar con reguladores y manipuladores buenos, se trata de desprendernos de ellos tal como lo han sugerido premios Nobel en economía como Friedrich Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan, George Stigler y Vernon Smith.
Friedrich August von Hayek
Todavía hay quienes sostienen que la inflación es un proceso multicausal sin percatarse que procede solamente de un fenómeno monetario exógeno al mercado, es decir, por razones políticas. Manteniendo los demás factores constantes, a más moneda emitida menor su valor.
Lo anterior no significa que la moneda no puede modificar su valor por razones endógenas al mercado. Al efecto de ilustrar el tema, supongamos que nos retrotraemos en la historia monetaria y todavía estamos en los inicios del cambio indirecto luego de haber abandonado el directo (trueque) con el uso de la sal y el hierro (como originalmente era en África), con las sedas (como era en Persia), el cobre (como era en Egipto), el cacao (como era en Centroamérica), el ganado (como era en Grecia), el tabaco (como era en la Virginia colonial) o luego de percatarse de las mayores ventajas del oro y la plata debido a su fraccionabilidad, homogeneidad y durabilidad.
Supongamos esta situación decimos, lo cual en modo alguno quiere decir que la gente mantenga inalterable su valorización de la unidad monetaria cosa que no significa que haya inflación o deflación según valorice en menos o en más. Esto naturalmente se traduce en cambios en la demanda de dinero, lo cual reiteramos son modificaciones en las apreciaciones endógenas de la gente que nada tienen que ver con la inflación. Incluso si hay un terremoto devastador que destruye buena parte de los bienes en una comunidad o disminuciones abruptas en el régimen de lluvias, los precios se elevarán pero solo ponen de manifiesto lo que ocurre debido a causas naturales o endógenas pero no es inflación, que siempre se debe a causas artificiales o exógenas, es decir a manipulaciones políticas, extrañas al mercado. Por su parte, como una nota al pie subrayamos que la deflación consiste en el fenómeno inverso, esto es la contracción exógena en la base monetaria con todos los problemas señalados debido a la manipulación monetaria.
Para comprender bien este fenómeno conviene ahondar en las raíces de la inflación. Se suele decir que es “el aumento general de precios” lo cual es constituye un error mayúsculo por dos motivos. Primero, si los precios aumentaran todos no habría problema con este fenómeno ya que no habrían distorsiones entre ingresos y precios ya que el salario es un precio. No habría problema en que los precios y los salarios se incrementaran al cincuenta por ciento anual, mensual o diario. Eventualmente habría que transportar el dinero en carretillas, habría que modificar las columnas en los libros de contabilidad y los dígitos en las calculadoras pero como decimos no habrían desequilibrios entre precios e ingresos.
En segundo lugar la inflación no está referida al movimiento de precios es la expansión monetaria por causas exógenas su causa y su efecto es la distorsión en lo precios relativos, lo cual causa las tremendas angustias debido a los desequilibrios entre precios y salarios. La expansión monetaria (o la contracción) debido a causas exógenas van tocando distintos sectores en distintos momentos lo que altera los precios relativos y, como es sabido, los precios constituyen los únicos indicadores para saber cómo operar en el mercado por lo que su distorsión indefectiblemente conduce a consumo de capital y como las tasas de capitalización son a su vez la causa del aumento de salarios e ingresos en términos reales, estos inevitablemente se contraen, en otros términos, la inflación conducen a la pobreza.
También es frecuente en la parla convencional afirmar que la inflación se genera por expectativas, por subas en los costos o por el incremento en el precio de algún bien estratégico. Pues ninguna de estas tres conclusiones es acertada. Si hay quienes suben precios debido a expectativas de inflación pero que no es convalidada por expansiones exógenas de dinero, deberán bajar esos precios si quieren evitar una contracción en las ventas. Si suben costos de ciertas mercancías no por ello pueden trasladarse a los precios sin que mermen las ventas. Siempre el comerciante venderá al precio más alto que pueda (igual que los que obtienen salarios pedirán lo más que las circunstancias permitan), lo cual no significa que le sea posible cobrar el precio que desea, es el que le permite el mercado. Por último, si sube el precio de un bien (por más que se considere estratégico) habrá dos posibilidades: si la gente desea consumir la misma cantidad del bien en cuestión tendrán que bajar los precios de otras mercancías, de lo contrario se prefiere consumir lo mismo de los otros bienes disminuirá la venta del producto que elevó su precio.
Es de una enorme trascendencia tener presente que en un mercado abierto de dinero como el que plantearemos más abajo, no se traduce en que la cantidad de moneda sea constante. La cantidad dependerá de la utilidad marginal de la unidad monetaria, igual que con otros bienes y servicios. Y cuando la gente valora más el dinero y consecuentemente su oferta aumenta nada tiene que ver con la inflación puesto que se trata de expansión endógena. No es una alteración del sistema sino que se expresa los gustos y preferencias de la gente.
Ahora vamos al tema de fondo. En vista que todas las llamadas autoridades monetarias y todas las épocas han perjudicado el signo monetario, debemos pensar como salir del marasmo. No se trata de contar con reguladores y manipuladores buenos, se trata de desprendernos de ellos tal como lo han sugerido premios Nobel en economía como Friedrich Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan, George Stigler y Vernon Smith.
El asunto consiste en percatarse que todo banquero central está embretado entre tres posibilidades: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar la base monetaria inalterada. Pues a través de cualquiera de los tres canales elegidos se estará distorsionando lo precios relativos respecto de la situación en la que la gente hubiera podido elegir. Y si suponemos que en la banca central está la bola de cristal y consecuentemente se procede según lo que la gente hubiera preferido no hay razón alguna que justifique la intromisión con ahorros en gastos administrativos, pero por otra parte la única manera de saber qué es lo que la gente hubiera preferido respecto a los activos monetarios es dejarla actuar.
Tal vez el mayor fetichismo del momento sea la supuesta necesidad de manipuladores monetarios, incluyendo la sandez de referirse a la soberanía monetaria que no se diferencia de una supuesta “soberanía de la zanahoria”. Todo está montado para que los aparatos estatales succionen el fruto del trabajo ajeno junto con la presión tributaria y el endeudamiento gubernamental. El espíritu conservador en el peor sentido de la expresión no permite despejar telarañas mentales y salir de la prisión del statu quo.
Si se preguntara qué cantidad de moneda debe haber es igual a preguntarse qué cantidad de papas debe haber. La elección de la moneda no será de un bien cuya existencia sea demasiado abundante pues no resulta cómodo pagar el medio de transporte con mil millones de algo y tampoco será un bien cuya escasez sea muy marcada pues no es expeditivo pagar con varios ceros antes de la coma que ubica los respectivos decimales.
Como queda dicho la historia monetaria finalmente luego de un período de selección prefirió el oro y la plata. No puede anticipar cuál será la moneda del futuro y tampoco es necesario. No sabemos si será una canasta de monedas, si será esta o aquella mercancía o si será digital (a pesar de lo controvertido de esto último debido a su incompatibilidad con el teorema de la regresión monetaria). Lo que sí se puede anticipar es que la eliminación de curso forzoso y la banca central permitirá elecciones que tiendan a proteger ahorros y que el saqueo sistemático no tendrá lugar.
En todo caso tengamos en cuenta que la tendencia a indexar como una medida que supuestamente corrige los males de la inflación no es relevante pues sube los precios de modo uniforme según un índice como si los precios fueran afectados de la misma manera, lo cual hace que se ubiquen a niveles más altos en valores absolutos pero la distorsión naturalmente se mantiene.
Ha sido frecuente la receta de emitir a un ritmo constante según el crecimiento de la economía “para que los operadores sepan a qué atenerse y la expansión se sustente en la tasa que revele el producto bruto interno”. Esta apreciación es equivocada por dos razones. En primer lugar los operadores no sabrán a que atenerse pues, como hemos reiterado, los precios no se mueven al mismo ritmo. En segundo término, si la expansión se sustenta en el indicador del producto esto hará, por ejemplo, que se anule el crecimiento de las exportaciones debido a la disminución de precios debido al mayor crecimiento, se contraigan las importaciones y una serie de cambios que no se sucederán debido a que la expansión los anuló.
En parte esta última receta se aplicó con los Acuerdos de Génova y Bruselas de los años 20 que ya creados muchos de los bancos centrales se decidió de facto sustituir el patrón oro por una entelequia denominada “patrón oro cambio” que significaba sustituir el metal aurífero por el dólar y la libra (este último signo monetario fue posteriormente eliminado) lo cual permitió que Estados Unidos expandiera su moneda (también con contracciones erráticas) una reserva para otros países que también expandieron sus respectivos signos monetario lo cual desembocó en la crisis del 29 que se prolongó debido a las políticas de F.D. Roosevelt que fueron canceladas a regañadientes por Truman, lo cual permitió corregir desvíos en la economía real como la liberación de precios y las trabas en el mercado laboral que condujeron a desempleo masivo mientras caía la tasa de capitalización. De todos modos, más tarde, en 1971, Nixon dio el golpe final a la disciplina monetaria imponiendo lo que denominó “el acuerdo más importante de la historia” que consistió en eliminar de jure el oro del esquema monetario y establecer tipos de cambio fijos que duraron hasta la estrepitosa corrida de 1973 que hubo abandonar esta última política que severamente encorsetaba el comercio internacional.
Por otro lado, estimamos que no es en esta nota periodística la oportunidad de encarar otro debate que viene arrastrándose desde hace un siglo y promete otro tanto, cuál es el sistema bancario. Lo que sí puede concluirse es que desaparecerá por manifiestamente perjudicial el sistema fraccionario para ser reemplazado por la reserva total o el llamado free banking con lo que la producción secundaria de dinero de origen exógeno quedará sin efecto y los bancos, financieras y equivalentes deberán enfrentar toda la responsabilidad de su gestión en relación a sus clientes sin el bochornoso apoyo de banqueros centrales y las consecuentes regulaciones absurdas.
Para cerrar este texto subrayamos que en la literatura económica tradicional “convertibilidad” quiere decir canje entre una mercancía y un recibo denominado billete bancario pero no se refiere al intercambio de un papel de un color por otro papel de otro color, en todo caso esto último -cuando un signo monetario está anclado en términos de otro- se trata de tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva. En un mercado libre en materia monetaria se da lugar a tipo de cambio libre sin tal cosa como política monetaria (a diferencia de lo que viene ocurriendo en la mayor parte de los casos donde impera un tipo de cambio controlado con política monetaria activa).
Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h
Adrián Ravier señala que el milagro económico de la recuperación de EE.UU. posterior a la Segunda Guerra Mundial se dio con una política fiscal fuertemente contractiva: el gasto público como porcentaje del PIB pasó de 44% del PIB a 9% en tan solo dos años.
Ante el COVID-19, surgido en un pueblo de China y extendido en pocos meses a cada rincón del mundo, los gobiernos decidieron aplicar una política de “cuarentena universal”. Con escasas excepciones, los gobiernos no distinguieron rangos de edad, ni tampoco aquellas ciudades o pueblos con menos densidad poblacional y menos exposición a los contagios. Fue la decisión política de aplicar una cuarentena universal, y no la existencia del COVID-19, lo que estranguló a la economía, destruyendo empresas y empleo.
Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentaron esta situación con medidas fiscales y monetarias fuertemente expansivas, tratando de sostener la actividad y el empleo, pero, al mismo tiempo, agravando los desequilibrios fiscales y tomando preocupantes niveles de deuda. Si las medidas de cuarentena se suspenden hacia el cierre de este 2020, observaremos un 2021 con rebote de actividad económica y generación de empleo. Entonces tendremos que distinguir entre economías que rebotan lo suficiente para recuperar el potencial de producción y el pleno empleo y otras economías que quedarán más rezagadas, teniendo que esperar más tiempo para alcanzar nuevamente el potencial de producción precuarentena.
Al respecto, me parece oportuno recordar dos casos históricos que resumen estrategias de política fiscal bien diferentes. De un lado, el EE.UU. de posguerra; del otro lado, la Argentina del 2001.
El milagro de posguerra de EE.UU. con una política fiscal contractiva
David Henderson estudió en un artículo el milagro económico de posguerra en EE.UU. El gráfico #1 muestra que después de incrementar el gasto del gobierno federal del 6 al 44% del PIB durante la segunda guerra mundial (1939-1945), la política fiscal fue fuertemente contractiva volviendo a un nivel apenas superior al de preguerra. EE.UU. fue capaz de contraer el gasto del 44 al 9%, lo que significa una contracción de 35 puntos del PIB en tan solo dos años.
Figura #1: Gasto del gobierno federal como % del PBI, 1929-1950
Fuente: David Henderson, The U.S. postwar miracle.
Henderson explica que esto contribuyó al despegue de la economía americana a través de la fuerte creación de empleo, lo que logró captar a todos los soldados que volvían de la guerra e introducirlos en la estructura productiva.
La recuperación económica argentina tras su crisis del 2002 con una política fiscal expansiva
El caso exactamente contrario es el que ocurrió en Argentina tras su crisis del 2001-02. Tras abandonar la convertibilidad y devaluar casi un 300% su moneda, pesificando depósitos y rompiendo contratos, la economía cayó más de 10% del PIB en 2002. La pobreza llegó al 50% y el desempleo superaba el 20%. La manera en que se enfrentó la situación fue con un fuerte gasto público, que pasó del 25% de promedio que existió entre 1961 y 2002 al 44% existente en el 2013. Se crearon programas y planes sociales que permitieron pasar de 2 a 8 millones de beneficiarios. Las provincias crearon empleo público absorbiendo a los desocupados y subocupados, lo que permitió en 2008 mostrar tasas bajas de desempleo. La pobreza se redujo a la mitad.
Figura No. 2: Gasto público argentino como % del PBI, 1961-2013
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.
La situación, sin embargo, era algo distinta de lo que los datos mostraban. Lo cierto es que la política fiscal expansiva contribuyó a “ocupar” a los desocupados, pero el aparato productivo no pudo reactivarse para absorber a aquellos que no encontraban empleo. De hecho, tras recuperar el nivel de actividad de la década anterior, la economía no pudo crecer. Esto se explica en el gasto exorbitante que dejó ese gobierno, la presión tributaria récord, la alta inflación y un alto nivel de deuda interna. En esos años, incluso se estatizó el sistema de pensiones y se volcaron miles de millones de dólares al mercado en forma de gasto público.
Cuando Mauricio Macri dejó su Gobierno en el 2019, Argentina todavía tenía serios problemas para revertir este incremento del gasto público, chocando cualquier intento de austeridad con los derechos adquiridos por los necesitados.
El éxito en la recuperación económica 2021 dependerá de revertir la política fiscal 2020
Existe un factor común entre lo que hizo EE.UU. en el marco de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el Gobierno argentino ante la depresión del 2002 y lo que hoy hacen los gobiernos ante la situación actual de pandemia global: en los tres casos, ante la situación social compleja, los gobiernos decidieron aplicar políticas fiscales expansivas.
La diferencia, sin embargo, entre el caso americano y el argentino se dio en el momento en que tuvieron que optar por un camino de recuperación. Estados Unidos retornó al nivel de gasto preguerra y dejó en manos del mercado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. La economía americana emergió con un milagro económico sin precedentes que la colocó en un lugar privilegiado del orden económico mundial. Argentina, por el contrario, jamás pudo volver al gasto precrisis y dejó en manos del Estado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. Se consumió el capital, se achicó el mercado y la presión tributaria aumentó junto a la deuda y la emisión. Incluso antes de la pandemia, en diciembre del 2019, Argentina aún no podía superar el nivel de actividad de 1998, cuando el gasto era más limitado.
Los gobiernos tendrán que elegir entre estos dos caminos. Quienes logren reducir el gasto público al nivel prepandemia, estarán dejando en manos de las empresas privadas la recuperación de la actividad y el empleo. Los gobiernos que fracasen en hacerlo y sigan el camino argentino con un mayor tamaño del Estado y una fuerte generación de empleo público, consumirán el capital y verán reducidos sus niveles de productividad, lo que impactará sobre ingresos y consumo.
Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.Publica como @AdrianRavier
Días pasados hubo una muy auspiciosa conversación pública entre dos personas de larga y fructífera trayectoria en la política argentina. Ambos de probada vocación de republicanismo, uno ex gobernador de Mendoza que dio un ejemplo en cuanto a la concreta reducción del gasto público que resulta ser el parámetro decisivo en cuanto a poner en brete a pretendidos avances del Leviatán y que en su momento apoyó a su colega en el intercambio a que nos referimos como candidato a la presidencia. El otro proveniente de la tradición de pensamiento liberal, ex ministro y conocido impulsor de proyectos que tienden a dar la batalla cultural pero preocupado y ocupado por el establecimiento de una fuerza política que ponga coto a los abusos de aparatos estatales ilimitados que en las instancias que corren revelan ansias por deglutir derechos individuales. En esto, estos dos personajes coinciden ampliamente.
Alfredo Cornejo y Ricardo López Murphy constituyen esperanzas para la ciudadanía alarmada con los permanentes intentos de avasallar la Justicia, establecer un grado superlativo de impunidad, al tiempo que apunta a avanzar contra la propiedad de empresas en este caso afortunadamente por el momento frenadas por oportunos fallos judiciales. En este contexto se constatan nuevas incorporaciones a la burocracia ya de por si desmedida con el consiguiente engrosamiento del gasto gubernamental en un cuadro de situación donde la presión tributaria se trona insoportable, la deuda es astronómica, la expansión monetaria de una envergadura colosal y regulaciones cada vez más asfixiantes, todo lo cual se hace imprescindible revertir si los argentinos no queremos repetir la tragedia venezolana.
Lamentablemente la gestión anterior desperdició la oportunidad de adoptar las medidas indispensables para abandonar siete décadas de populismo y encaminarse hacia los principios y valores alberdianos que hicieron de la Argentina uno de los países más prósperos del planeta. El inicio de aquella administración no fue nada auspicioso con un bailecito en la Casa Rosada con la banda presidencial y tampoco inaugurarse con el nada republicano intento de designar dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto y la expansión de nuevos ministerios. En todo caso se agregó volumen al ya de por si sobredimensionada estructura burocrática financiada con una deuda monumental y un pésimo manejo monetario y cambiario que condujo a lo que todos sabemos y es de público conocimiento.
Afortunadamente la población frente a una alternativa electoral que se presentaba como tenebrosa, en una desesperada defensa de valores esenciales como la libertad de prensa y lo que queda en pie de la Justicia votó en las últimas elecciones para preservar esos principios y en su gran mayoría no como una muestra de apoyo a gobernantes fracasados que pudieron tener buenas intenciones y muchos decentes pero incapaces de traducir esas condiciones a la gestión en cuyo contexto algunos hicieron lo que pudieron para encaminar el rumbo sin éxito en el balance neto que es el relevante porque por más que se haya pretendido abrirnos al mundo, para que tenga efecto es menester adoptar medidas conducentes a la competitividad lo cual no se logra con palos en la rueda ni con declaraciones altisonantes.
En todo caso, la antedicha oposición logró contar con una cantidad muy apreciable de representantes en ambas Cámaras del Congreso lo cual debe ser aprovechado para encauzarlos hacia preceptos republicanos que nos alejen de los estatismos trasnochados y empobrecedores. En este sentido, hay posibilidades que varios de los más encumbrados referentes del radicalismo afirmen sus inclinaciones a los fundamentos de la sociedad libre y el consiguiente federalismo, la división de poderes y la transparencia de los actos de gobierno e incluso se aparten de lo ocurrido a partir de la Declaración de Avellaneda de 1945 del radicalismo y se encaminen hacia las sólidas propuestas de Leandro Alem, uno de los más brillantes exponentes de la política argentina de todos los tiempos.
En esta línea argumental, aunque la batalla cultural por el momento no permite un discurso tan directo en el plano político, es del caso citar algunos pasajes que ilustran el pensamiento de Alem. En el debate sobre la Federalización de Buenos Aires, en 1880, expresó: “Más el poder es fuerte, más la corrupción es fácil. Para asegurar el poder legítimo, es necesario impedir a todo trance que él exagere sus facultades, y es indispensable buscarle el contrapeso que prevenga lo arbitrario” y “en economía como en política, estrechamente ligadas, porque no hay progreso económico si no hay buena política, una política liberal que deje el vuelo necesario a todas las fuerzas y a todas las actividades” y concluía al afirmar que “gobernad lo menos posible porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad, más gobierno propio tiene y más fortalece su iniciativa y se desenvuelve su actividad”.
A contracorriente de la sandez de “vivir con lo nuestro”, Alem patrocinaba la completa apertura de las fronteras al comercio en “El Argentino”, en 1894, en un texto titulado “El proteccionismo y el pueblo” y en 1891 en el “Manifiesto Radical” se refiere a los peligros de la inflación monetaria que firma Alem como presidente y lo secundan Joaquín Castellanos, Carlos Estrada, Daniel Tedín y Abel Pardo. Allí se lee que “Es un axioma ante la conciencia argentina que el mal se ha producido por exceso de oficialismo y que los bancos oficiales han sido el agente activo de la ruina de la fortuna pública y privada y de la depresión del carácter nacional. El banco oficial constituye un peligro permanente porque siempre será un medio político sujeto a la influencia de las pasiones partidistas. Trabajar, entonces, contra este género de establecimientos es hacer obra de cordura y de patriotismo”.
Como he puesto de manifiesto públicamente en varias oportunidades, la situación argentina actual es de tal peligrosidad que estimo deben unirse las fuerzas opositoras a la que ya existe sin pretender dividirla y fraccionarla con nuevos emprendimientos para no hacerle el juego conciente inconcientemente a las fauces autoritarias que se revelan con ímpetu descomunal en nuestra tierra.
Desde nuestra perspectiva liberal es necesario comprender que lo primero viene primero, que no es posible saltearse etapas y poner la carreta delante de los caballos. Lamentablemente no es el momento de un partido de raigambre enteramente liberal puesto que, como queda dicho, estamos muy atrasados en la indispensable batalla cultural. Como he puesto de manifiesto antes es equivalente a que una persona que se expresa en idioma sueco pretenda dirigirse a una audiencia hispanoparlante en esa lengua. Si quiere lograr ese cometido, es inexorable que primero se asegure que sus destinatarios hayan aprendido sueco, de lo contrario el mensaje quedará flotando en la estratósfera. A muchos buenos amigos que se desempeñan con la mejor buena voluntad en estas lides les he trasmitido mi opinión.
Entre paréntesis y como una nota al pie digo que no estoy seguro ni siquiera que convenga recurrir a la expresión liberal para aplicar a un partido político. Recuerdo el consejo de mi querido Ezequiel Gallo cuando en una ocasión se pronunció en contra de esta etiqueta en ese plano pues concluyó que al muy poco tiempo dado que la política exige acuerdos y adaptar el mensaje a lo que es al momento digerible por la opinión pública se preguntará “¿usted es liberal del liberalismo o liberal del partido liberal?”, por lo que comienzan las confusiones exactamente igual que ocurre, por ejemplo, en Colombia con al Partido Liberal y en Corrientes en nuestro país. Otra cosa bien distinta desde luego es el deseo noble que el espíritu liberal flote en la mayor cantidad de partidos posible.
Para no decir nada del libertarianismo, una palabreja que se ha debido utilizar en Estados Unidos donde el liberalismo fue expropiado por las izquierdas pero que en nuestra región no es necesario mutar de palabra para identificarnos y hacerles el juego a los que pretenden dejarnos incomunicados pues el liberalismo en nuestra región conserva su acepción original en cuya tradición se incorporan todos los nuevos descubrimientos necesarios puesto que por definición el liberalismo está siempre en ebullición. Adhiero a la insistencia de los grandes maestros como Mises, Hayek y Friedman en la inexcusable necesidad de mantener el empleo de la expresión tan representativa de liberal, aun frente a posibles intentos de tergiversarla. En nuestro medio la cobardía moral que no se atreve a enfrentar al liberalismo recurre a una designación absurda y vacía de contenido con la que ningún intelectual serio de nuestra época se siente identificado: “Neoliberalismo”.
Lo dicho también va para otros proyectos en carpeta de crear un nuevo espacio político opositor. Es de esperar que ninguno de estos ensayos prospere y que la actual oposición tenga la inteligencia y la templanza para incorporar a personas como mi amigo López Murphy a sus filas con cargos expectantes y a otros amigos dispuestos a navegar en la política a diferencia del que esto escribe y otros colegas que estimamos indispensable dedicar todo nuestro tiempo disponible a trabajar en el terreno educativo, en el dictado de clases y la publicación de libros, ensayos y artículos lo cual marcará el discurso de los políticos como ha sucedido en todos lados y en todas las circunstancias históricas.
Felicitamos a las instituciones que patrocinaron el encuentro de marras, muy bien conducido por Alejandro Bongiovanni, y esperamos que en el futuro se intensifiquen para bien de la Argentina en un clima en el que las ideas de la libertad se están trabajando a través de ideas de fondo en fundaciones y entidades muy meritorias que reúnen grupos de jóvenes muy bien preparados. No estamos para jugar con fuego, el tiempo apremia y necesitamos de una oposición unida por la supervivencia de la República. El banderazo en varias ciudades en defensa de las instituciones republicanas refuerza la esperanza.
Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h
El político argentino, en general, piensa más en aumentar la presión tributaria que en preocuparse por la eficiencia del gasto público
El Gobierno ha decidido aplicar mayor carga tributaria sobre los sectores que trabajan en blanco y tienen propiedades con el argumento de que ahora se aplicará la solidaridad en vez de la meritocracia. Más específicamente, el Presidente afirmó: “A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo». En otras palabras, se intenta imponer un discurso en el cual el que protesta por la mayor carga tributaria pasaría a ser alguien que no tiene solidaridad.
Por empezar, la solidaridad es un acto voluntario. Alguien hace solidaridad con el fruto de su trabajo, con su tiempo, es decir con algo que le pertenece para ayudar a otro. Ahora, hacer solidaridad con el dinero de otros, lejos está de ser un acto de desprendimiento voluntario.
La dirigencia política trata de hacernos creer que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y el resto de los habitantes somos personas con malos sentimientos que solo podemos ser solidarios por la fuerza. Es decir, el Estado cobrándonos más impuestos para repartir entre quienes los políticos consideran que deben recibir el fruto de nuestro trabajo, son solidarios y el resto somos un montón de malas personas.
El primer dato a tener en cuenta es que, en todo caso, la misma dirigencia política podría haber mostrado solidaridad bajando el gasto de la política para distribuir entre los que menos tienen. Se dice que el gasto destinado a la política, es decir el que se asigna a la administración del país, es muy poco y no se solucionaría nada si se los bajara.
El gráfico muestra la evolución del gasto público consolidado destinado a administración general, justicia, defensa y seguridad por parte de la Nación, las provincias y los municipios, y que en 1984, el primer año completo de la vuelta a la democracia, representaba 3,9% del PBI.
Mientras que los gastos de la administración general aumentaron 1,52 puntos del PBI, Justicia incrementó sus gastos en 0,92 puntos del producto y seguridad y defensa se elevó 1,05 puntos del PBI.
Solo con hacer un esfuerzo de austeridad en los tres niveles de gobierno, se podrían haber bajado, mínimo, 2 puntos del PBI y aliviar el impuestazo que se le está aplicando a la gente que produce. Pero además, todo indica que cuánto más gasta el Estado en lo que se denomina gasto social, hay más pobreza, desocupación y problemas de educación.
Nuevamente, en 1984, el gobierno nacional gastaba 7,4% del PBI en lo que se llama Gasto Público Social. En 2018 llegó al 17% del PBI. Es decir, el Estado nacional gasta 10 puntos más del PBI en el rubro social, pero en educación las pruebas PISA dan cada vez peor; los jubilados están en las diez de última y crece la pobreza. Y atención que el llamado gasto social no se dio solo en el período de Cambiemos, también crece en los 90 y a partir del 2008 fundamentalmente.
Si tomamos el gasto público social consolidado, pasó de 13% del PBI en 1984 a 30,6% del PBI en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, es decir, 17,7 puntos más, con lo cual el gasto público social consolidado más que se duplicó.
Los rubros que más aumentaron fueron: jubilaciones, salud y educación básica. Luego el gasto público social se reparte en otros rubros como vivienda, promoción y asistencia social, trabajo, etc. En definitiva, los datos muestran que a más gasto público social, más problemas sociales, con lo cual es obvio que no es por este camino.
Dos formas de obtener ganancias
Pero, ¿qué tiene de malo el mérito? Hay dos formas de obtener utilidades: 1) ganándose el favor del burócrata de turno y 2) ganándose el favor del consumidor. Obtener ganancias ganándose el favor del burócrata de turno no tiene ningún mérito, es un simple negociado entre el que usa el poder en forma arbitraria y “empresarios” que logran obtener ganancias gracias al proteccionismo, subsidios y demás tipo de privilegios. O sea, obtienen utilidades castigando al consumidor con productos de menor calidad y a precios más altos de los que podría obtener en un mercado competitivo.
Siguiendo a la Real Academia Española, la palabra meritocracia está mal utilizada por el Presidente, porque la RAE la define como: “sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”. Pero suponiendo que Alberto Fernández quiso usar la palabra mérito, en mi opinión, aquél que obtiene utilidades gracias a su mérito como emprendedor, es una persona que debería tener todo nuestro respeto por lo que le aporta a la sociedad.
El empresario emprendedor que obtiene sus beneficios por mérito, es aquél que gana dinero gracias a que produce lo que la gente necesita logrando la combinación de precios y calidad que la gente demanda. En otras palabras, obtiene sus utilidades porque satisface las necesidades de la gente y le es útil a ella. Además, al obtener utilidades y crecer, crea puestos de trabajo, remunera a sus empleados compitiendo con otros empresarios para captar a los mejores y pagarles más, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, etc.
Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas
El empresario emprendedor ayuda más a la sociedad que el burócrata que reparte el fruto del trabajo ajeno estimulando la cultura de la dádiva, cultura que denigra al ser humano. El empresario que da trabajo por el mérito de ser un buen emprendedor es alguien que respeta a la gente. El burócrata repartidor de dinero ajeno, castiga al que crea trabajo y denigra a las personas acostumbrándolas a vivir de lo ajeno y no tener espíritu de progreso. De mejorar. De tener la dignidad de mantener a su familia con el fruto de su trabajo.
Algunos pueden pensar que ese tipo de empresarios no existe en Argentina. En realidad los hay, pero abunda más los que son cortesanos del poder que buscan obtener utilidades de privilegios, que tampoco merecen ser llamados empresarios. Por eso somos un país decadente.
La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios entre “empresarios” que no podrían sobrevivir en un mercado competitivo.
"La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios" (Adrian Escandar)
El que obtiene utilidades gracias al mérito, ya sea por ser trabajador, empresario, profesional o cualquier otra actividad, no debería ser despreciado y menos castigado impositivamente. Al contrario debería ser respetado, porque seguramente hace más por la gente humilde ofreciéndoles la posibilidad de trabajar y progresar que el burócrata que reparte dinero ajeno. En definitiva, ganar dinero gracias al mérito es bueno para la sociedad.
Ser solidario con la plata propia es bueno dependiendo de los valores de cada uno y de cómo se haga solidaridad. Ahora, cuando los políticos reparten el dinero ajeno castigando a los que crean trabajo en nombre de la solidaridad, ni la hacen ni permiten que la economía pueda crecer para que la gente pueda vivir del su propio trabajo y progresar. Se castiga de tal manera a la gente productiva, se espantan las inversiones, se reducen los puestos de trabajo, baja la productividad de la economía y se genera más pobreza y desocupación.
Tal vez el Gobierno debería rever las reglas de juego que deberían imperar para salir de nuestra larga decadencia e invertir la ecuación premiando al empresario emprendedor en vez de castigarlo con mayor carga tributaria en nombre de algo que nunca va a ser solidaridad en manos del estado por más que se fuercen el sentido de las palabras. Repartir lo ajeno no se llama solidaridad. Se llama populismo.
Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky
Por Aldo Abram: Publicado el 28/1/19 en: https://www.ambito.com/abram-el-fmi-es-la-ultima-alcancia-despues-viene-el-abismo-n5012863
1| ¿Por qué estamos como estamos?
El Gobierno recibió un Estado al borde de la quiebra debido al enorme incremento del gasto público durante la gestión “K”. Sin embargo, si uno toma el total de erogaciones estatales respecto de la producción argentina de 2017 es mayor al de 2015. El Gobierno nacional argumenta que ellos sí bajaron el gasto primario (sin contar intereses), pero si uno compara las erogaciones netas de transferencias para subsidiar tarifas de servicios respecto del PBI, también se incrementó en 2017 respecto de 2015. Es decir, que ni siquiera ahorraron todo el ajuste que nos hicieron hacer a nosotros con los aumentos de tarifas. Además, Cambiemos recibió un Banco Central (BCRA) al borde del abismo. Lograron salir pronta y exitosamente del cepo que aseguraba una pronta debacle. Contra la mayoría de los pronósticos, el dólar libre bajó respecto de sus niveles previos, demostrando las ganas de confiar que tenía la gente. Sin embargo, esa credibilidad inicial se perdió cuando, en vez de priorizar defender el valor del peso, el BCRA se dedicó a emitir para: a) financiar el exceso de Estado; b) aumentar el crédito y bajar la tasa porque el Estado se absorbía la mayor parte para cubrir su déficit; y c) al inicio para comprar los dólares de deuda que traían la Nación y algunas provincias porque con el financiamiento interno no les alcanzaba. Como la suba de precios se aceleraba, el BCRA decidió comprar esas divisas, endeudándose carísimo con las tristemente célebres Lebac. Conclusión: 2018 nos encontró habiendo usado el abundante crédito externo para mantener el exceso de Estado y no para resolverlo. Además, con un BCRA que había perdido solvencia y la credibilidad en términos de defender el valor del peso, lo que explica por qué no hubo otros países de la región que tuvieran una crisis cambiaria a la primera leve turbulencia internacional. De hecho, en marzo del año pasado Brasil estaba política y fiscalmente peor que la Argentina pero tenía un banco central que defendía el valor de la moneda, 2018 terminó con menos de 4% de inflación ANUAL. Por eso, no se desbarrancó como lo hizo nuestro país.
2| El gobierno dice que tuvo mala suerte
Mala suerte es que te haga trastabillar algo que era inesperado. A finales de 2017 la gran mayoría de los analistas pronosticaban un 2018 complicado y quizás hasta más de lo que en realidad fue. Y respecto de que no podían hacer más. Cada año desde “Libertad y Progreso” presentamos a funcionarios del Gobierno los proyectos de reformas estructurales que elaboramos y que demostraban que sí eran viables avanzar en ellos. De hecho, continúan disponibles en nuestro sitio para todos los que les interese. Por ejemplo, se pudo aprovechar la legislación vigente para encarar una reforma del Estado para que le sirva a la gente, y no a la política como hoy, llevándolo a un tamaño pagable por los argentinos. Es cierto que habrá gente se quedará sin un cargo, ya que muchos no son útiles a la sociedad o le inventaron un sello que nos complica la vida para justificar su escritorio. Sin embargo no es verdad que tengan que quedarse sin un ingreso. Para eso, están previstos mecanismos conocidos como la jubilación anticipada o los retiros voluntarios. Además, la ley de empleo público permite poner en disponibilidad, seguirle pagando sin que trabaje, durante un año a quien se quede sin un cargo y nosotros proponemos extenderlo a dos. Durante ese tiempo hay que capacitarlo y subsidiar al sector privado para que lo tome. Esto implicaba tiempo y dinero, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera implementado desde el inicio de 2016 usando el enorme endeudamiento que estuvieron tomando? A principios de 2018 hubiéramos tenido gran parte de la deuda actual, pero el problema resuelto. En cambio llegamos con la deuda y el problema, lo que explica por qué la crisis cambiaria llevó a un cierre del financiamiento para el Gobierno y a evitar un default con un acuerdo con el FMI. Ahora, ¿qué haremos con esa plata? ¿resolver o mantener el problema? ¡Ojo que ésta es la última alcancía que nos queda! Después, el abismo.
3| ¿Hay voluntad política para resolver los problemas?
No es lo que se vio en la discusión del Presupuesto 2019, nadie quiso hacerse cargo del ajuste del Estado, así que se lo transfirieron en un 80% a la gente. ¿Y nos extraña que el sector privado productivo sienta el apretón? Perdieron de vista que le piden que ajuste al que genera la riqueza para pagar los sueldos de sus empleados y el de los del Estado. ¿Y pretenden que crezca para licuar el gasto y la deuda pública? Imposible, es un mito que más ajuste del Estado llevaba a más recesión. Es al revés. ¿Quién va a querer invertir en un país que está en el lugar 21, entre 190, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas? En 2017 nuestros políticos prometieron bajarnos la presión tributaria y sancionaron dos leyes en ese sentido. Para cerrar el Presupuesto 2019 la volvieron a aumentar. ¡Una locura! Pensemos, ¿qué hubiera pasado si la mayor parte del ajuste lo hubiera hecho el Estado sin suba de gravámenes? Quizás hoy alguien tendría alguna esperanza de que algo cambie en la Argentina. Es vital que se asuma que el problema no es el déficit fiscal, es sólo una de las consecuencias de la verdadera enfermedad que nos está matando, el exceso de Estado. Por eso, si no la curamos, aunque logremos eliminar el desequilibrio fiscal, lo mejor que nos espera es crecer muy lento. Así que en la Argentina los salarios y el empleo aumentarán poco y la pobreza se reducirá lentamente. En el peor de los casos, sin una producción creciendo rápido, la deuda pública en términos del PBI será demasiado pesada y podemos volver a tener un default. En definitiva, las crisis son la forma en la que históricamente resolvimos estos problemas los argentinos. No sería mala idea que “cambiemos”, ¿no?
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4|¿Usted también pronostica un default?
Bueno, lamentablemente no es baja la probabilidad que vayamos a una crisis debido a un default. Sin embargo, en el corto plazo, me preocupa más que no entremos en cesación de pagos culpa de una crisis (risas). Como le dije, la pata más floja de 2018 fue el BCRA y en la actualidad sigue siéndolo. Es cierto que, al ponerse un techo de emisión y cumplirlo, la actual administración logró una cierta estabilidad monetaria. Nos garantiza que no serán ellos los que nos llevarán a una debacle, como sí lo hicieron los anteriores. El problema es que es probable que haya una elección presidencial complicada, lo que podría llevar a una fuga de capitales, un derrumbe de la demanda y valor del peso, con el tipo de cambio buscando rápidamente el techo de la banda. Para que no se vuelva una nueva crisis cambiaria, el BCRA deberá lograr defender el techo con éxito. Si no, será la debacle monetaria la que lleve a una económica y a un default. Por eso, me parece auspicioso el anuncio de que van a revisar la forma de intervención en el techo de la banda y recomendaría que, por lo menos, puedan usar de una sola vez todas las reservas que compraron defendiendo el piso y las que le compraron “excepcionalmente” al Tesoro a fines de 2018. Así podrían intentar quitar todo el excedente de pesos del mercado y evitar que siga depreciándose e incentivando la corrida y fuga de capitales. Además, al Gobierno le sugeriría que trate de seguir ahorrando los casi u$s10.000 millones que hoy tiene de saldo inicial de caja. Es cierto que eso no es gratis, pero es posible que lo necesite como el agua en el desierto en el segundo semestre. No solamente para venderlos y ayudar al BCRA a contener la corrida. Si no, porque cuanto mayor sea la fuga de capitales y la corrida, será más difícil renovar los vencimientos de deuda. Por eso, también deberían pagar más tasa de interés para reducir al mínimo la cantidad de vencimientos durante el período electoral estirándolos para que caigan en 2020.
Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .
Por Adrián Ravier: Publicado el 20/7/17 en: https://www.elcato.org/consensos-para-bajar-la-presion-tributaria-la-curva-de-laffer-irlanda-y-reagan
Adrián Ravier estima que el gobierno de Mauricio Macri podría simplificar el sistema tributario y reducir la presión tributaria sin necesariamente mermar la recaudación tributaria.
La herencia del gobierno anterior ha sido bastante compleja de desarticular. Ha habido avances en algunos frentes como el monetario y el cambiario, pero han sido claramente insuficientes en el frente fiscal. El gobierno parte de un diagnóstico adecuado. Acepta que la presión tributaria es excesiva para sus pretensiones de recuperar la inversión privada, a la vez que admite el elevado déficit fiscal, que lo mantiene acorralado en su intención de reforma tributaria. El ministro Nicolás Dujovne se ha propuesto para los próximos meses lanzar una reforma tributaria, pero los analistas temen que ésta sólo busque resolver el laberinto fiscal, sin reducir al mismo tiempo la presión tributaria.
Argentina tiene más de 100 impuestos en los tres niveles de gobierno, y las recomendaciones de los especialistas de finanzas públicas sugieren no tener más de 10. Está claro que la simplificación tributaria es necesaria, pero olvidarse de la presión tributaria constituye un error. No debemos buscar reemplazar algunos impuestos con otros nuevos, o elevando las alícuotas de los existentes. Argentina debe eliminar impuestos para alcanzar así el doble objetivo de simplificar el laberinto fiscal y, a la vez, reducir la presión tributaria.
El temor por la recaudación
El gobierno teme que hacerlo pueda implicar una reducción en la recaudación, lo que perjudicaría aun más las metas de acotar el déficit fiscal. Este temor, sin embargo, está infundado. El argumento principal para mostrar el punto no es otro que el conocido modelo de la Curva de Laffer.
La recaudación tributaria surge de multiplicar la “presión tributaria” por una cierta “base imponible”. Si el gobierno estuviera realmente convencido de que la presión tributaria actual inhibe la inversión, entonces debe comprender que desmantelar la mayoría de los impuestos podría impulsar fuertemente la actividad económica y el empleo, lo que incrementaría la base imponible y con ello aumentaría la recaudación. En términos de la Curva de Laffer, parece haber consenso entre los economistas de que la Argentina se encuentra por encima del óptimo.
Otro efecto secundario a la reducción de la carga tributaria es el consecuente impulso en la actividad económica y el empleo, lo que abre soluciones de mercado para muchos de los problemas que hoy el Estado busca resolver por la vía pública. Si reducimos la presión tributaria drásticamente y se crean nuevos puestos de trabajo, entonces el Estado puede reducir el gasto social, porque se reduce el número de necesitados. El efecto es benéfico económica y socialmente.
El consenso sobre la baja en la presión tributaria es tan amplio en economía que hasta ortodoxos y heterodoxos se darían la mano. Los ortodoxos no desconocen que el déficit fiscal es un problema real, pero aplauden desde luego reducir la órbita del Estado para dar lugar al mercado. Los heterodoxos, por su parte, comprenden que reducir la carga tributaria incrementa el ingreso disponible y con ello el gasto en consumo, lo que también da impulso a la demanda agregada en un momento en que la economía real todavía está en una situación delicada.
Irlanda, Reagan y Europa del Este
La evidencia empírica es enorme en esta materia. Quizás el caso más reciente es el de Irlanda, que bajando la presión tributaria logró atraer a numerosas empresas que querían escapar del fisco europeo. El impulso en la actividad económica desarrolló lo que hoy la literatura conoce como “el milagro del Tigre Celta”, básicamente por ser una isla de baja presión tributaria en un océano de Estado Benefactor.
Otro caso digno de mención es el de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien bajó la tasa marginal más alta desde el 70 al 28%. En 8 años de gestión, Reagan consiguió reducir la inflación, acelerar el crecimiento económico y mantener prácticamente el mismo nivel de recaudación en relación con el PIB que el que existía cuando llegó al gobierno. Un claro ejemplo del mensaje de la Curva de Laffer.
Si el gobierno además se animara a dejar a un lado el gradualismo, entonces podríamos mirar otros casos emblemáticos en los países del Este de Europa, que emprendieron una transición desde el socialismo hacia las economías de mercado, no dudando en generar un cambio profundo en el frente fiscal para obtener una transformación real de sus economías.
Mauricio Macri está a tiempo de transformar la Argentina, como lo hizo la generación del 37 en tiempos pasados. Pero sin convicción, esta transformación será efímera. La reforma tributaria de Dujovne generará seguramente un impulso positivo en la actividad económica, pero su magnitud dependerá directamente de su convicción para simplificar el laberinto fiscal y también para reducir la presión tributaria.
Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.
Por Gabriel Boragina Publicado el 30/4/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/04/problemas-que-genera-el-gasto-publico.html
El gasto público ocasiona problemas de distinta índole, entre ellos uno de los más importantes es que produce el incremento de lo que en lenguaje keynesiano se suele denominar como la demanda «global» o «agregada». En buen romance, con estas últimas denominaciones se quiere aludir a aquella demanda de bienes y servicios efectuada por el gobierno. Se le llama «agregada» porque esta nueva demanda estatal, en rigor, se suma a la demanda que particulares y empresas privadas hacen en el mercado. Ergo, a esta última demanda. se suma de que el gobierno lleva a cabo en el mercado. Al resultado de estas dos demandas sumadas (privada y estatal) se le llama «demanda global (siempre en terminología keynesiana).
Sobre esto, hay varias observaciones para hacer, pero solo tendremos tiempo para dos. En rigor de verdad no hay «dos demandas» diferentes sino una sola. Porque, si tenemos en cuenta que los fondos que el gobierno utiliza para demandar bienes y servicios en el mercado, son–en última instancia- provenientes de impuestos o empréstitos, caemos en la cuenta que tales dineros derivan de los particulares y empresas privadas, con lo cual lo que cambia es el sujeto demandante (de los particulares al gobierno) pero no la propiedad de los fondos con los que se demanda (ya que estos son siempre de origen privado). Teniendo en cuenta este último aspecto es que decimos que hay una sola demanda que se hace siempre con dinero privado. De donde se concluye que no hay tal cosa como demanda «global» ni demanda «agregada». Solo hay una simple y llana demanda.
El segundo aspecto a considerar es que toda demanda, -a una oferta constante- implicará inexorablemente un aumento de precios en el mercado. Si la demanda privada –ceteris paribus– eleva los precios, mayor será ese aumento si a aquella demanda se le suma la estatal. El gasto (sea público o privado) siempre supone una previa demanda, ya que no hay gasto sin demanda. El gasto público implica que el gobierno está gastando (demandando) en bienes y servicios que no son aquellos sobre los cuales el sector privado dirige su demanda. En este sentido, si cabe hablar de dos demandas diferentes (teniendo en cuenta al sujeto demandante). El aumento del gasto eleva los precios, lo que hace que la oferta se incremente. A su turno, también ceteris paribus, la demanda debería tender a bajar. Sin embargo, donde el gasto público es alto, o incluso exorbitante, la única demanda que decrece -en ese estadio- es la privada, por la sencilla razón de que el sector privado solo puede obtener sus ingresos de la producción que pueda vender en el mercado. Limitación esta con la que ningún gobierno cuenta. Ya que estos gastos jamás se financian ni con recursos propios ni con producción propia, sino que siempre lo hacen con recursos derivados de producción privada. No hay tal cosa como «producción estatal». Estos no son los únicos inconvenientes ocasionados por el gasto público sino que hay otros, si se quiere de orden más técnico. Por ejemplo:
«…los datos gubernamentales no miden adecuadamente los desembolsos estatales porque los registros de déficit subestiman sistemáticamente las variaciones de la deuda pública, es decir, la información oficial no considera como “gasto” la emisión de nueva deuda del gobierno para cancelar demandas judiciales en su contra. Si el gasto se “corrige” anualmente para dar cuenta de la diferencia entre déficit consolidados y variación de deuda, el gasto público en el período 1991-2001 creció cerca del 97 por ciento; en términos del dólar, esa cifra se ubica a más de 40 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PBI ajustado por la evolución de los precios de los productos comercializados con el resto del mundo. Una política claramente expansiva del gasto público, financiada en gran parte con préstamos del exterior, contribuyó a la sobrevaloración del tipo real de cambio. En realidad, el gasto gubernamental en la Argentina se comportó como si los precios de exportación excepcionalmente favorables del intervalo 1996-1997 se hubiesen podido mantener durante todo el período. Su colapso posterior expuso la fragilidad de la política fiscal argentina.»[1]
Si bien la cita es en el contexto de la crisis de principios de siglo, vale de todos modos para nuestra actualidad. Es bastante frecuente que cuando la presión tributaria se hace insostenible comience a operar sus efectos la conceda «Curva de Laffer». En este supuesto, a mayor presión menor recaudación. Si el gobierno no ceja en sus propósitos de mantener en un mismo nivel o aumentar el gasto público, entonces la consecuencia inevitable en este caso será un crecente déficit fiscal. En lugar de poner en funcionamiento la única solución correcta (esto es baja el gasto público) por el contrario, los gobiernos no sólo no optan por este camino, sino que acostumbran recurrir a un nefasto mecanismo, que no es otro que la emisión de deuda.
Y tal como señala con acierto la cita, no estilan los burócratas contabilizar los empréstitos así obtenido como «gasto». Esto, como resulta obvio, dificulta notablemente calcular con certeza el gasto, no aproximadamente al monto al que asciende tal gasto. Por lo que, cabe inferir que a las cifras oficiales hay que agregar también este y otros renglones que suelen ser omitidos en las estadísticas oficiales, con el indudable propósito de disimular hasta donde les sea posible hacerlo el verdadero monto del gasto. El problema se agrava en un contexto de tipo de cambio fijo como el que tuvo la Argentina en la década del 90:
«Por último, la falta de flexibilidad más notoria se dio en el gasto público. Una devaluación exitosa debería reducir tanto los costos laborales como la carga del Estado sobre las actividades comercializables. Ante la falta de flexibilidad en el tipo de cambio, la situación exigió flexibilidad descendente en el gasto gubernamental o un límite estricto en el crecimiento del Estado. No obstante, las rigideces en el gasto se extendieron hasta bien entrada la crisis, lo que puso de manifiesto la magnitud del problema».[2]
[1] Ricardo López Murphy, Daniel Artana Y Fernando Navajas. Capítulo 1 «La Crisis Económica Argentina». Pág. 23-24 en Daniel Artana y James A. Dorn. Compiladores. Crisis financieras internacionales: ¿qué rol le corresponde al gobierno? – 1ª. ed. – Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004t. Pág. 24-25
[2] Ricardo López Murphy, Daniel Artana Y Fernando Navajas. Capítulo 1 «La Crisis….ob. cit. 27
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero
Por Iván Carrino. Publicado el 21/4/17 en: http://www.ivancarrino.com/no-no-tenemos-que-financiar-el-cine-nacional/
La crisis en el INCAA abrió el debate sobre la necesidad de cobrar impuestos para subsidiar la producción de cine nacional. En esta nota, explico por qué dichos impuestos deberían eliminarse.
Argentina es un infierno fiscal. Pagamos 96 impuestos diferentes y la presión tributaria subió nada menos que 16 puntos del PBI en los últimos 14 años. Toda esta gigantesca y pesada maraña tributaria responde a un gasto público desmadrado que apunta no solo a pagar salud, educación y seguridad, sino todo tipo de subsidios y una administración pública ineficiente.
El infierno fiscal que es Argentina debe ser desterrado. El país necesita menos impuestos para crecer y volverse competitivo. Sin embargo, toda vez que aparece una propuesta en este sentido, los grupos de interés beneficiados por los impuestos y los subsidios hacen lobby para que no avance.
El último ejemplo es el del INCAA. A raíz de la desvinculación del ahora ex director Alejandro Cacetta, se puso en discusión la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Según trascendidos, una propuesta elevada por FIEL a las autoridades sugeriría eliminar el impuesto del 10% a las entradas de cine que, dado que es “de asignación específica”, se cobra con el objetivo de financiar las actividades del Instituto.
A raíz de esta situación, muchos actores y miembros de la industria del “cine nacional” se pusieron en campaña para defender la existencia del INCAA, prevenir una eventual reducción de su financiamiento y discutir la idea de que se trate de un fondo que viva de los impuestos.
Costos dispersos, beneficios concentrados
La reacción de los involucrados no debería sorprendernos. Ya la escuela de la Elección Pública nos alertaba sobre el fenómeno de los “costos dispersos” y los “beneficios concentrados” de los impuestos y los subsidios. Dado que el gasto total presupuestado del INCAA es de $ 2.855 millones, se trata de una suma casi insignificante cuando la dividimos por el total de la población. $ 71,4 por año no genera ningún incentivo para que la gente se movilice y pida la reducción del impuesto particular. Sin embargo, recibir $ 2.855 millones al año sí genera incentivos para que la minoría beneficiada con este dinero haga lobby y campañas para no perder su tajada.
Los costos de financiar el “cine nacional” están dispersos entre la población. Los beneficios están concentrados en el INCAA y sus artistas favorecidos.
El dinero del INCAA sí sale de los impuestos
El argumento que utilizan quienes no quieren “desfinanciar el cine nacional” es que el INCAA no es financiado con impuestos. Un mensaje que se viralizó en internet llevaba por título esta misma frase y sostenía que “el dinero [del INCAA] no sale de los impuestos de la gente”.
El dato es falso y puede corroborarse al mirar el presupuesto del propio instituto. Entre sus recursos, se encuentran: el “Impuesto AFSCA”, el “Impuesto CINE”, el “Impuesto Video”, el “Impuesto INTERNET” y los “Aranceles sobre Copias de Películas Extranjeras”. Entre todos estos impuestos, se acumula un monto total de $ 1.570 millones, 55% del presupuesto. Para completar el total, aparecen aportes de las provincias, de la administración central y también del Tesoro. Es decir, más impuestos, solo que no son de asignación específica.
No existe ninguna partida de recursos que indique siquiera remotamente la financiación con “Aportes Privados”. En conclusión, el INCAA sí se financia con los impuestos que paga la gente.
Desfinanciar al cine es financiar otros consumos
Por otro lado, la consigna de “desfinanciar al cine” frente a la eventual eliminación del impuesto a las entradas esconde que la existencia actual del impuesto está “desfinanciando” otros consumos. Dado que el gobierno toma dinero coactivamente del bolsillo de la gente para fomentar producciones de origen nacional, esto resta recursos para asignar a aquello que los ciudadanos libremente hubieran elegido consumir. Son $ 71,4 por persona que los argentinos podríamos elegir cómo gastar pero que el gobierno decide gastar por nosotros en el INCAA. Recordemos: si “desfinanciar el cine” implica bajar impuestos, entonces se “financiará” otro consumo, pero con la diferencia que éste será elegido libremente por el consumidor.
Una última cuestión en relación al fomento de la industria de local es la siguiente: ¿Por qué tenemos, siquiera, que subsidiarla? ¿Acaso subsidiamos a los shoppings, acaso subsidiamos a los contadores, los odontólogos o los productores de maíz? Por lo general, las actividades productivas funcionan en un entorno de mercado y si son deseadas por el público consumidor, subsisten y generan ganancias: ¿cuál es la excepción a esta regla que tiene el cine nacional? Como bien se preguntaba José Luis Espert en su cuenta de Twitter, “¿No hay nadie en este país que no pueda hacer nada sin apoyo del Estado?”.
Financiemos, pero de manera voluntaria
A esta pregunta le agrego que de ninguna manera es cierto que no pueda haber producciones nacionales sin apoyo del estado. Pero si ese fuera el caso, que así sea. La alternativa es violentar la voluntad de consumidores y productores en favor de una casta privilegiada que se esconde bajo la bandera de la “industria cinematográfica nacional”.
Para terminar, vuelvo al título de la nota. Los argentinos sí tenemos que fomentar el “cine nacional”, pero de manera voluntaria y en la medida que lo que éste tenga para ofrecer cumpla con nuestros gustos y preferencias.
Si la única forma que esta industria tiene para sobrevivir es el gasto público financiado con impuestos, entonces tenemos que repensar si es necesario siquiera que exista.
Por Iván Carrino. Publicado el 12/4/17 en:Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.
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