El Estado presente hunde a la población en la pobreza

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 11/8/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/08/11/el-estado-presente-hunde-a-la-poblacion-en-la-pobreza/

Pese al crecimiento del gasto público social, organismos internacionales y estudios privados estimaron un fuerte aumento de la pobreza (EFE)

Pese al crecimiento del gasto público social, organismos internacionales y estudios privados estimaron un fuerte aumento de la pobreza (EFE)

Cuando se analiza la composición del gasto público tomando los datos de lo ejecutado hasta el 7 de agosto último se puede ver en primer término, claramente, que lo que se llama gasto social representa 67,5% del total, lo más alejado de un Estado liberal y lo más cercano a un estado “progresista”.

En segundo lugar, por importancia del gasto, está lo que se denominan servicios económicos, recursos que básicamente están destinados a tener tarifas de los servicios públicos artificialmente baratas para la población.

Y en tercer orden aparecen los intereses pagados de la deuda pública. Más allá de que no es bueno que el Estado tome deuda para financiar su gasto corriente, lo cierto es que Argentina no está colapsada por exceso de endeudamiento sino por el populismo que domina la economía que lleva a destruir la calidad institucional y condenarla al fracaso si no se cambia ese rumbo.

Dentro del rubro servicios sociales, el grueso corresponden a las jubilaciones y pensiones, donde la mayoría de los 7 millones de jubilados cobran la mínima; el gasto en salud no se refleja en el estado de los hospitales o en lo que se le paga a un médico y al resto del personal de la sanidad; el sistema educativo muestra los peores resultados; y la promoción y asistencia social se ha transformado en un gran clientelismo político, más que una situación transitoria para la reinserción laboral.

La mayoría de los argentinos creyeron que los políticos tenían el monopolio de la solidaridad y que, con ellos cuidando a la población todos tendrían una jubilación digna, salud, educación de calidad para sus hijos, etc. Es decir, con su infinita bondad iban a brindarle a la población la mejor condición de vida jamás vista.

Este perverso sistema del Estado presente, por el cual muchas veces se pretendió inculcar que los políticos tienen el monopolio de la solidaridad, ha transformado al Estado en algo inmanejable que destruyó las instituciones básicas del país, entendiendo como tales las reglas, normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones de las personas entre sí y de las personas con el Estado.

Por un lado, Argentina dejó la cultura del trabajo y creó la cultura de la dádiva, dando lugar al clientelismo político por el cual los que reciben las dádivas se acostumbraron a vivir del trabajo ajeno. Empleo público y planes sociales de todo tipo suman millones de votos cautivos destruyendo el concepto de república.

Por ejemplo, a mayo pasado, había 5,8 millones de empleados privados en blanco en relación de dependencia y 3,2 millones de ocupados en la administración empleados estatales, es decir, los empleados públicos solos (nacionales, provinciales y municipales), representaban el 55% de los empleados privados.

La primera ruptura institucional viene por el lado del gasto. Gente que se acostumbra y se considera con derecho a ser mantenida por otros. Los políticos “solidarios” le vendieron a la gente el argumento de que ellos tienen derecho a vivir del fruto del trabajo ajeno. A que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Perseguir al que progresa porque invierte, trabaja y se esfuerza. Esta escalada de clientelismo político, sustentada en el resentimiento social, llevó el gasto público a niveles del 47% del PBI, en el agregado nación, provincias y municipios.Algunos políticos creen que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como proponen los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner (NA)Algunos políticos creen que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como proponen los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner (NA)

Todo ese aumento del gasto público condujo a buscar la forma de financiarlo. Y aquí se produce el segundo destrozo institucional. El Estado avanzando sobre los derechos individuales para apropiarse del trabajo ajeno y repartirlo.

La presión impositiva alcanzó niveles tan asfixiantes para las empresas y trabajadores que terminaron espantando inversiones y generando problemas de desocupación. Esta falta de trabajo condujo a un nuevo aumento del gasto público vía planes sociales para mantener a los que no tienen empleo remunerado, o bien nombrarlos en la administración pública para encubrir el desempleo real. Lo concreto es que hasta la Ley de Procedimiento Fiscal viola los derechos más elementales de los contribuyentes.

Así fue que para financiar la mala calidad institucional del gasto público en que se basa el populismo, derivó en más fuentes discrecionales. Llevó a niveles insospechados la carga tributaria en que casi la mitad del año hay que trabajar para pagar impuestos y, en el caso de las empresas, al punto que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, Argentina es el país que más presión impositiva aplica sobre las empresas luego de Comoros, una isla frente a África.

No conforme con eso, el Estado vivió pidiendo prestado en el mercado internacional para financiar su déficit fiscal, creando el problema de la deuda externa, pero con la característica que luego consideran que los que quieren cobrar sus deudas son buitres; y de ese modo se transformó en un defaulteador serial.

También el Estado se cansó de confiscar ahorros internos. Plan Bonex 1989, corralito, corralón, pesificación asimétrica, fines de 2001 y principios de 2002; y confiscación de los ahorros en las AFJP a fines de 2009, que hicieron que el sistema financiero quedara reducido a la más mínima expresión y, para peor, el Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público. De ahí que la gente no quiera ahorrar en el sistema financiero argentino.

Finalmente, el Estado abusó de la emisión monetaria como forma de financiar el gasto público destruyendo 5 signos monetarios, teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Hasta julio pasado, la emisión monetaria para financiar el gasto público representó el 66% de los ingresos tributarios del Sector Público Nacional.El Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público (Reuters)El Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público (Reuters)

Es decir, se destruyeron las reglas de juego de la cultura del trabajo y fueron reemplazadas por la cultura de la dádiva y el clientelismo político llevando el gasto a niveles insospechados y de pésima calidad. Y, por otro lado, se destruyó la seguridad jurídica con políticas tributarias expropiatorias, defaulteando la deuda tomada, confiscando depósitos y destruyendo una moneda detrás de otra.

Hará falta que varios gobiernos y la mayoría de la dirigencia política muestre un mínimo de seriedad en el manejo de la cosa pública como para recuperar la confianza para atraer inversiones y empezar a crecer. Y cuánto más se tarde en llegar la seriedad, más larga será la agonía argentina, porque más difícil será bajar los índices de pobreza.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

“¿Saldrá Argentina del default con la expresidente vice candidata?”

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 20/5/19 en: http://correopuntadeleste.com/columna-de-opinion-saldra-argentina-del-default-con-la-expresidente-vice-candidata-por-alejandro-tagliavini/?fbclid=IwAR2jssIZFsY9eQNwF3-oXURpAmxCoafko6W_6qYIqwirrzawGtZRvYQXjyA

 

Como señalaba un destacado encuestador, el anuncio de la ex presidente sobre su postulación a la vicepresidencia es inesperado y, por tanto, prematuro analizar cómo responderá la opinión pública, habrá que esperar con cautela a ver cómo se digiere. Además, durante las próximas cinco semanas puede modificarse, podría ser este solo un anuncio para “marcar la cancha” y seguir negociando.
Entretanto el mercado -el dinero- actuará como siempre: frío y calculador, le hablan con el corazón y responde con el bolsillo.
Según intelectuales del nivel de Alberto Benegas Lynch (h), P. Bauer, D. Bandow, R. Barro, K. Brunner, R. Vauvel y R. Mickesell el FMI -iniciativa keynesiana- financia fracasadas políticas estatistas. Es incoherente que un banco estatal sea promercado cuando vive de fondos extraídos, impositivamente, contra la voluntad del mercado.
Ineptos gobiernos acordaron con este organismo más de 30 veces, financiándose hasta llegar a donde estamos. Según el BM, Argentina desde 1950 -creció 2,7% contra 3,7% promedio de la región- es el país que pasó más tiempo -32%- en recesión, detrás del Congo.
Ahora este último acuerdo con el FMI pospuso el default al que se dirigía el gobierno, que está fuera del mercado internacional de deuda voluntaria que percibe que no existe capacidad de pago. El riesgo país supera los 920 pb.
La presión tributaria, tasas e inflación estratosféricas provocan la caída del PBI y, por ende, la capacidad de pago, a presión impositiva constante. Por eso el FMI pide mayor presión tributaria, y mayor control estatal, para que se reintegren sus préstamos.
El Gobierno celebra el superávit fiscal primario, ya que el acuerdo stand by obliga a un superávit en esa cuenta -con el fin de pagar el acelerado endeudamiento- y deja deliberadamente de lado el pago de los intereses porque incluye los del FMI.
En el primer cuatrimestre el resultado primario tuvo un superávit de 0,1% pero se dio un déficit financiero 0,9%, del PBI, porque el pago de intereses se incrementó 101% solo en abril. Según el IARAF los gastos de los intereses tuvieron un incremento real fuerte -34,7%- en lo que va de 2019.
La recaudación va muy por debajo de lo esperado dada la fuerte caída del PBI. Contra una inflación superior al 50%, los recursos tributarios crecieron 45,4% sobresaliendo los Derechos de Exportación (313,4%), seguidos lejos por el Impuesto a las Ganancias (52,6%).
Evidenciando su improvisación, el FMI le preguntó a la Rural cuánta soja queda por liquidar porque no está siendo lo que esperaban. Solo falta solo que pregunten al kiosquero cuántos chupetines vendió para ver si el consumo avanza.
Por la bajada de precios, la BCR restó US$ 1.400 M a su proyección -de principios de 2019- de ingresos por parte del complejo sojero y la ubicó en US$ 14.000 M, solo 18% más respecto a 2018. De modo naif, los dirigentes rurales pidieron que rebajen las retenciones y el FMI se lavó las manos diciendo que nada pueden hacer cuando probablemente presionarán para un aumento dada la caída del PBI.
El sector manufacturero aceleró su caída en marzo, retrocediendo el 13,6% i.a. y 6,3% respecto de febrero, la mayor caída desde el inicio de la recesión, según la UIA. Y la utilización de la capacidad instalada bajó al 57,7% en relación con el 66,8% de marzo de 2018.
Entretanto, según Morgan Stanley, Brasil lidera la sobre exposición de activos locales en fondos de inversión globales con un 2,3% por encima del benchmark seguido de Argentina -un 2,1%- que realizo las emisiones más grandes comparada con los países de la región.
Y los fondos empiezan a vender. Según la consultora 1816, la semana pasada se dio la mayor salida semanal de fondos -unos US$ 6000 M- de emergentes desde junio 2018. Y, cuando no descargan posiciones, se protegen con los CDS (seguros contra default) que ya rondan -el argentino a 5 años- los 1.200 pb.
Y la fuga hacia el dólar acelera. Las suscripciones de fondos en dólares y activos en el exterior crecen, y los fondos T+0 -en pesos de menor duración- venían sumando 30% en 2019 y 148% en los últimos 12 meses contrastando con los T+1 -activos de corto plazo en pesos- que pierden 16% en 2019 y 63% en los últimos 12 meses. Según la BCC, la dolarización de portfolios se inició casi dos años antes de la votación de octubre y ya suma US$ 36.600 M.
La aversión al riesgo global crece y los inversores se vuelcan a los bonos de países desarrollados. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. está en su mínimo de la era Trump -a 2,391% cerró el viernes- mientras que el español llegó a su mínimo histórico perforando el 0,88% -50% menos desde máximos de 2018- aunque el viernes cerró a 0,883%. El de España -con mejores datos macro que gran parte de la UE- es una buena opción en Europa, ofrece menos riesgo que Italia y una rentabilidad aceptable respecto a Alemania o Francia.
En fin, entre lo poco serio que hizo el gobierno -como deudor responsable- es vender propiedades, pero por solo US$ 1.131 M durante todo 2019. Insignificante.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Consumo: serán medidas contra el mercado

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 15/4/19 en:  https://www.ambito.com/consumo-seran-medidas-contra-el-mercado-n5026353

 

Consumo: serán medidas contra el mercado

En su soberbia los políticos creen que pueden potenciar, manejar el mercado, el sector privado, las personas. Pero al no tener el Estado la exigencia y el aliciente de la competencia -ya que con su monopolio de la violencia impone leyes y regulaciones a conveniencia- es ineficiente. Así, en tanto absorba recursos del sector privado y competitivo -eficiente- la economía caerá.

El Gobierno, y muchos gurús de la City, aseguran que el peso del Estado en la economía bajó con Macri porque lo estiman erróneamente: el Presupuesto sobre el PBI. Pero el peso del Estado no es ese, sino lo que retira del sector privado por vía de impuestos, inflación y endeudamiento/tasas altas -ítems que subieron mucho- y las regulaciones que impiden su libre expansión.

Por ejemplo, el consumo de combustibles, si en febrero subió 0,78% ia, probablemente debido al campo, venía registrando cinco meses consecutivos de caída del 5% promedio. En cualquier caso, disminuyó 5,5% respecto de enero. El Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) mejoró 1% en enero respecto de diciembre, pero bajó 4% ia -menor demanda de gas, electricidad y agua- y van 9 meses seguidos de bajón, mientras que el transporte de pasajeros cayó 0,7% registrando caídas desde agosto.

Así, el Gobierno anunciará este miércoles medidas para “reactivar el consumo” que serán contrarias al mercado desde que, dado el marco del “modelo” macrista, implican directa o indirectamente un aumento del peso del Estado: lanzamiento de nuevos créditos de Anses y el “reforzamiento” de los “Precios Cuidados”.

Confunden inflación con suba de precios. La variación de precios es un indicador básico de la economía que transmite información para que el mercado funcione: cuando las personas demandan celulares, sube el precio para que los fabricantes se vean tentados a fabricar más.

La inflación es la depreciación de la moneda -que cumple con la curva de OD como cualquier producto- por un exceso de oferta sobre la demanda, en tiempo real. Obviamente, nada tiene que ver con la “reputación o credibilidad” del BCRA, en tanto que la “dolarización” -que ya fracasó, por razones políticas, y que en Ecuador no ha catapultado a la economía- es sólo un parche que no va al fondo de la cuestión.

Según un dirigente de la UIA, los tres drivers de “la inflación” de los costos empresariales son: los salarios, el tipo de cambio y el aumento de las tarifas. Además de la tasa de interés tan alta, que trasladan a los precios. De aquí surge que el dólar no provoca inflación -en todo caso, pass through- y las tasas sí, porque son generalizadas para toda la economía.

La tasa de plazos fijos de los depósitos mayoristas, en el último mes, aumentó 11 pp, de 37% a 48%. Entretanto, la que cobran los bancos por adelantos en c.c. -la financiación más usada por las empresas- pasó del 53,7% al 68,5%, a lo que hay que sumar gastos administrativos, ingresos brutos y otros costos internos llegando el CFT a más de 95%. Así es cómo el crédito a privados apenas alcanza al 14% del PBI.

Si se dolarizan portafolios, vendiendo bonos y acciones -que están en mínimos de la gestión Macri, y van para peor- haciendo subir el riesgo país -los CDS ya marcan una posibilidad de default de 50% en cinco años- se debe a que la economía del peso tiene rentabilidad negativa.

El pass through puede provocar la suba de precios directa o indirectamente relacionados con el exterior, pero es falso que la suba del dólar de más de 100% en 2018 haya dejado arrastre inflacionario para 2019. Ahora, el Gobierno intenta mantener el dólar “calmo” empeorando la situación al impedir que los precios en el mercado se acomoden naturalmente.

Según el Stand By Agreement (SBA) con el FMI, que delimita la zona de no intervención (ZNI), la autoridad monetaria vende cuando la supera y compra en la inversa. En el BCRA creían que el dólar iba a estar en la parte baja de la ZNI, como fue durante el verano permitiéndoles una buena emisión para comprar dólares cuando la demanda de pesos caía brutalmente.

El BCRA pretende controlar al dólar con las subastas que arrancan hoy -u$s 60 M diarios- y la oferta del agro. Escribió el presidente de la CRA que habrá una cosecha récord, “a pesar de la sequía del año anterior, las altas tasas de interés y la presión impositiva”. Pero aclara que es el exportador el que liquida divisas y no el productor que hoy está muy ahogado y vende rápido. En cambio, “el exportador tiene 9 años y medio para liquidar, un spread incomprensible” se queja la CRA aireando una desavenencia entre quienes deberían ser socios dejando explícita una crisis.

Finalmente, a cambio de tanto peso, el Estado debería mejorar la infraestructura, se queja la CRA, cosa que al contrario del discurso oficialista no ocurrió: “Donde antes salían 3 camiones hoy salen 20… (ese es) el esfuerzo del productor, pero se encuentra con los mismos caminos y en peor estado”.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El descomunal costo del negocio de la política en Argentina y por qué EEUU es casi 4 veces más eficiente

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 5/3/19 en:  http://economiaparatodos.net/el-descomunal-costo-del-negocio-de-la-politica-en-argentina-y-por-que-eeuu-es-casi-4-veces-mas-eficiente/

 

Es producto de una democracia que ha degenerado en una competencia populista en donde hay oferta y demanda de populismo

Muchos de mis colegas economistas, en particular los que se llaman liberales, insisten permanentemente en que hay que bajar el gasto público y la presión impositiva. No puedo dejar de estar de acuerdo con esa propuesta y firmo junto a ellos, sin embargo, creo que se quedan en el tema económico y no se plantean algo más profundo todavía que tiene que ver con lo institucional. ¿Por qué razón tenemos este desmadre de gasto público consolidado y, como contracara, la correspondiente presión impositiva que hace inviable cualquier idea de crecimiento?

Mi primera respuesta es que tenemos este nivel de gasto público porque la democracia ha degenerado en una competencia populista en donde hay oferta de populismo y demanda de populismo. Esa competencia populista, en gran medida hay dejado de ser ideológica y ser transformó en una competencia por un negocio que es la política. Puesto en otros términos, la política es un negocio para buena parte de la dirigencia política. El sobredimensionamiento del estado en todos sus niveles y el despilfarro en asesores y empleados públicos es alarmante.

El gasto en planes sociales y empleo público lo justifican porque dicen que si se lo baja estalla el país, pero la realidad es que cada tanto estalla el país porque sistemáticamente la dirigencia política se niega a reducir ese gasto. Es la forma de conseguir votos. Desde planes a los piqueteros, pasando por pensiones por invalidez a personas que pueden trabajar, empleo público, etc.

Por otro lado, el apoyo de punteros en las campañas políticas luego se retribuye con cargos políticos o empleo público, con lo cual el estado se transformó en un monstruo que devora la riqueza que genera el sector privado.

Un primer dato muestra el grado de ineficiencia por sobredimensionamiento del estado. Argentina tiene 23 provincias y con CABA, digamos 24 distritos contra los 50 que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de 326 millones de habitantes, con lo cual cada unidad administrativa a nivel estadual de Estados Unidos atiende a 6,5 millones personas y en Argentina, el equivalente en provincias atiende a 1,8 millones. En Estados Unidos, cada unidad administrativa estatal atiende a 3,6 veces más personas que una provincia argentina.

En Estados Unidos hay 3143 condados, que son los equivalentes a nuestros municipios. El promedio da 62 condados por estado. En Argentina hay 2.300 municipios para 23 provincias, es decir, hay un promedio de 100 municipios por provincia. Nuevamente tenemos más municipios por unidad provincial que Estados Unidos. Esto significa tener más intendentes, concejales, empleados municipales, jueces de infracciones, etc.

Tomemos la siguiente relación de carga burocrática. Estados Unidos tiene 3.143 condados y una población de 326 millones de habitantes, eso quiere decir que cada condado atiende las necesidades de 103.700 habitantes. En Argentina hay 44 millones de personas y 2.300 municipios, con lo cual cada municipio atiende las necesidades de 19.130 personas. Los datos anteriores son en promedio, esto quiere decir que el costo de cada unidad administrativa recae sobre mucho menos personas en Argentina que en Estados Unidos, con lo cual, la carga del costo burocrático por persona es más alto en Argentina que en Estados Unidos. Es una simple comparación de costos fijos por unidad producida, en este caso la unidad producida es el contribuyente y el costo fijo el estado.

Tomemos ahora el costo por legislador nacional. Aquí la comparación la hago con España porque tiene casi la misma población que Argentina. España tiene 47 millones de habitantes contra los 44 millones nuestros. Veamos.

La Cámara de Diputados de Argentina tiene un presupuesto anual de 208 millones de euros (tomo el tipo de cambio de $ 45 por euro) y 257 diputados, el costo promedio por diputado es de 67.400 euros mensuales. No digo que ese sea su sueldo, sino el costo de su sueldo, sus empleados, teléfonos, secretarias, movilidad, etc.

La Cámara de Diputados de España tiene 350 diputados. Su presupuesto es de 91 millones de euros y el costo promedio por diputado es de 21.700 euros mensuales. Nuevamente ese no es el sueldo del diputado español, sino todos sus costos operativos incluyendo su sueldo. Es decir, el costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el diputado español.

La Cámara de Senadores de Argentina tiene un presupuesto anual de 204 millones de euros. Con 72 senadores el costo promedio por senador es de 236.000 euros mensuales.

La Cámara de Senadores de España tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros, con 266 senadores. El costo promedio mensual de cada senador español es de 17.540 euros. En otras palabras, el costo de cada senador argentino es 13,5 veces mayor que el costo promedio de un senador español.

El ingreso per capita de Argentina es de U$S 14.400 y el de España de U$S 28.156 en dólares corrientes. Es decir, nosotros que somos más pobres nos damos el “lujo” de tener estructuras legislativas muchísimo más caras que España, que no es justamente un país que se caracterice por tener un estado de bajo costo.

Por cierto, que la política se transformó en un negocio queda también en evidencia en la cantidad de personal que tiene, por ejemplo cada senador.

El cuadro 1 muestra la cantidad de empleados tanto de planta permanente como de planta transitoria que tiene cada senador. El récord lo tiene el senador Basualdo de la Alianza Cambiemos San Juan con 60 empleados entre planta permanente y planta transitoria. Le sigue Naidenoff con 48 empleados. Ambos son verdaderas PYMES, pero PYMES importantes.

En total en el senado hay 1765 empleados repartidos específicamente entre los 72 senadores, aunque cabe resaltar que hay otros 3.987 empleados asignados al senado que solo Dios sabe qué funciones cumplen. Ahora bien, en promedio cada senador tiene 24,5 empleados, que surge de dividir los 1765 por los 72 senadores.

Es obvio que cada senador tiene una PYME en promedio, algunos son PYMES más grandes que otras, y otras parecen ser PYMES familiares. Por ejemplo, el senador Fernando Pino Solanas tiene 35 empleados y dice que tiene que legislar cosas muy importantes. Necesita un equipo de asesores importante con la curiosidad que dos tienen su apellido. Damian Solanas, economista y Victoria Eva Solanas que desconozco su preparación para asesorar en temas tan delicados e importantes. No quiero pensar que don Pino Solanas tenga una PYME familiar a costa del contribuyente. No digo eso. Pero llama la atención.

Lo cierto es que si cada senador va a necesitar una legión de asesores, quiere decir que no están muy preparados para desempeñar su cargo. En otros países, como por ejemplo Chile, los legisladores recurren a fundaciones  para que los asesoren. Acá el contribuyente vota a un senador y le paga el sueldo para que legisle, tampoco tiene que legislar tanto porque ahoga las libertades individuales, y los senadores terminan nombrando asesores cuyos sueldos también están a cargo del contribuyente.

En definitiva, cuando uno ve estos datos, y hay muchos más para mostrar nuestro sobredimensionamiento burocrático, se pregunta: ¿hay realmente interés de la dirigencia política de reducir el peso del estado sobre el sector privado o la política se ha transformado en un negocio personal que en forma compulsiva tiene que financiar el sufrido contribuyente?

Mi impresión es que el sobredimensionamiento del estado dejó de ser un problema ideológico y se transformó en un problema de negocio de unos pocos, aunque cada vez son más en relación a los pocos que quedamos en el sector privado generando riqueza.

Como contrapartida de ese negocio, los políticos reparten subsidios entre diferentes sectores de la sociedad para mantenerla tranquila. En definitiva, cuando digo que hay 21 millones de personas que pasan todos los meses por la ventanilla del estado para cobrar un cheque y que en el sector privado somos solo 6,5 millones que mantenemos a esos 21 millones, lo que estoy diciendo es que 6,5 millones tenemos que mantener todo el negocio que armó la política para obtener su renta y repartir subsidios a diestra y siniestra.

Definitivamente nuestro problema no es un problema ideológico. Ahora tenemos que pensar como desarmar un negocio que se inventaron los dirigentes políticos a partir de desvirtuar la democracia y transformarla en una competencia populista.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE 

La imagen pública de Trump se deteriora

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 20/12/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2204245-la-imagen-publica-trump-se-deteriora

 

La aprobación popular norteamericana a la gestión presidencial en curso de Donald Trump es más bien baja: tan sólo un 39% de los entrevistados lo aplaude, según una nueva encuesta de la cadena televisiva CNN. Pese a que, con la desregulación y la baja significativa de la presión impositiva, Trump ha generado un clima de bonanza que impulsa la actividad económica.
A su vez, sólo un 29% de los norteamericanos confía en lo que sostiene y argumenta el presidente Trump respecto de la investigación en marcha con la que se procura desentrañar la verdad sobre si el actual presidente de los EE.UU. violó o no la ley en sus conversaciones y contactos indirectos con los rusos durante la reciente campaña electoral. En este tema, menos de la tercera parte de sus conciudadanos dice creerle.
Asombrosamente pocos.
Más aún, la mitad de los norteamericanos se inclina a pensar que la antedicha investigación, que está a cargo del fiscal especial Robert S. Muller, en algún momento complicará seriamente al Presidente. Y un 44% de ellos califica a su conducta en esta cuestión de poco ética. Mientras otro 26% la tilda, en cambio, de poco inteligente.
Pero hay ciertamente más, desde que un 59% de los norteamericanos cree que todo lo sucedido durante la campaña electoral entre Donald Trump y Rusia debe ser investigado a fondo, para así poder llegar a conocer la verdad de lo acontecido en un tema particularmente espinoso.
Un sólido 43% de los norteamericanos entrevistados sostiene, además, que el fiscal actuante está haciendo un buen trabajo. Quizás precisamente por esto, el presidente Trump ha resistido, al menos hasta ahora, a la tentación y a las sugerencias de despedirlo.
Por su parte, los fiscales actuantes parecen estar hoy convencidos de que Donald Trump condujo y dirigió personalmente lo sucedido en el capítulo de sus contactos con los rusos, en lo que hoy luce como una arriesgada procura de construir una de sus enormes torres en Moscú, la capital de Rusia, a lo que se sumaría -según algunos- un aparente esfuerzo presidencial por tratar de obstruir la acción de la Justicia de su país en este tema.
La opinión pública norteamericana cree que la investigación en marcha debe proseguir y que en el pasado, directa o indirectamente, el presidente Trump de alguna manera pudo haber mentido sobre este delicado tema.
Una serie de nuevos remezones parece haber ahora inundado al entorno de Donald Trump, lo que transmite la sensación de un peligro no inminente, que está creciendo y que podría alimentar en sus opositores en su ansia por poner en marcha el proceso constitucional que puede conducir al presidente del país del norte hacia su eventual destitución.
En este tema, el pantano político que aparece en torno a Donald Trump no se ha secado.
Para nada. Por el contrario, cuando culmina el año crece la sensación de que parecería seguir expandiéndose, lentamente, lo que es lo contrario a proyectar tranquilidad.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y fue Vice Presidente de ESEADE.

La tragedia y las farsas: los ciclos económicos Kirchner/Macri, Perón/Perón/Videla y Yrigoyen/Uriburu/Justo comparados

Por Carlos Newland:

 

En su muy conocida enumeración de Carlos Marx implica que algunos eventos históricos se repiten dos veces. La primera vez se generaba lo que denominó una “tragedia”: una situación dramática ocurrida  en un contexto determinado. La segunda y posterior, que caratuló como “farsa” era parecida en algunas de sus características a la primera pero con aspectos caricaturescos, por su reiteración[1]. Algo similar ha expresado recientemente Loris Zanatta: “La historia no es magistra vitae: la mayoría de las veces nos revela lo que haremos de nuevo, una vez, cien o mil veces más. Es aterrador, pero es así”[2]. El título de una de las obras más importantes sobre la evolución económica argentina también hace referencia a un cierto comportamiento cíclico, con períodos que transitan de la ilusión al desencanto[3].  Ciertamente la historia económica parece cumplir esta regularidad: se reiteran situaciones de populismo que incluyen gasto público exacerbado, inflación, aumento de deuda y revaluación de la moneda, seguidas por crisis en el sector externo, en la actividad productiva y de empeoramiento de los salarios reales. Dentro de cada ciclo también se produce una repetición: el nuevo gobierno que busca solucionar el desequilibrio generado por  su predecesor repite luego de un tiempo las mismas conductas y políticas. La apreciación en 1933 de Luis Roque Gondra sobre la política económica del General Uriburu  parece poder aplicarse a muchos otros periodos: “Como otros cómicos, seguíase representando la misma comedia demagógica momentáneamente interrumpida por (el cambio de gobierno)”[4]. Aquí analizamos tres transiciones políticas que, aunque separadas entre ellas por casi medio siglo, muestran la persistencia de las mismas situaciones a lo largo del tiempo. La primera abarca al segundo  gobierno  del radical Hipólito Yrigoyen (1928-1930), que fue derribado por un golpe militar-civil liderado por el General José Uriburu (1930-1932) y luego seguido por la presidencia fraudulenta, pero de cierta práctica democrático-institucional  del General Agustín P. Justo (1932-1938)[5]. El segundo caso descripto es la transición del gobierno de Juan Domingo Perón e Isabel Perón (1973-1976), con el gobierno militar golpista de Jorge Rafael Videla (1976-1981). El tercer caso es el de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que fue sucedida por el actual gobierno (esta vez democrático) de Mauricio Macri. Las semejanzas de las tres situaciones históricas en el terreno de la economía son notables.

El origen: Bonanza previa y populismo

El gobierno del radical Marcelo T. De Alvear (1922-1928) se desarrolló en años prósperos sustentados en un elevado nivel de exportaciones, las que llegaron a su máximo histórico en 1928. El aumento del gasto público en esos años fue acompañado por un incremento en los ingresos fiscales generados por esta bonanza.  Cuando Hipólito Yrigoyen inició su segunda presidencia a fines 1928, se detonó un ciclo claramente populista que implicó un aumento notable en las  erogaciones estatales.  Raul Prebish, un testigo privilegiado y actor de la época, escribiendo en enero de 1931 indicaba enfáticamente  «los gastos públicos …crecieron en estos últimos años en forma extraordinaria»[6].  En una época de estabilidad monetaria (seguida por deflación) el gasto público nominal pasaría de 696 millones de pesos en 1928 a 844 en 1929 , y a 907 en 1930[7]. La cantidad de empleados estatales, por su parte,  aumentó un 8% entre 1927 y 1929 [8]. Al mismo tiempo existió un crecimiento elevadísimo de las erogaciones en pensiones de funcionarios estatales (otorgados sin contraprestación): el monto asignado al rubro tendría un incremento de 67% entre 1928 y 1929[9]. Durante 1929 todavía existía una situación de prosperidad que conllevaba una razonable recaudación impositiva, pero en 1930 comenzó a impactar el inicio de la Gran Depresión, con su efecto depresivo sobre los ingresos estatales, en particular los aduaneros. Para el país había sido perjudicial la caída entre 1928 y 1930 de un 21% de los precios de los productos exportados.  La recaudación fiscal se redujo de 748 millones de pesos en 1929 a 663 en 1930[10]. La consecuencia del aumento de gasto, con una concomitante caída de ingresos, fue un incremento del déficit que de ser 180 millones de pesos en 1928 pasó a 240 millones en 1929 y a 429 millones en 1930.[11] El golpe militar-civil contra Yrigoyen fue en parte auto justificado por el desorden fiscal: Uriburu en su manifiesto de setiembre de 1930 indicaba que su intención era modificar la situación de politiquería, despilfarro económico y corrupción administrativa reinante en el gobierno depuesto[12].

Los gobiernos de tinte populista de Juan e Isabel Perón (1973-1976) se iniciaron en un contexto internacional muy favorable, ya que en 1973 los precios de exportación para Argentina llegaban a un alto nivel, lo que se tradujo en un significativo superávit comercial. En ese marco se experimentó un crecimiento del PBI de 4,5% en 1973 y de 6,7% en 1974[13]. Para 1974 el país comenzó a verse afectado por el aumento en los precios de petróleo, las restricciones europeas aplicadas a las importaciones de carne argentina y un empeoramiento general en los términos de intercambio.  Al mismo tiempo crecía notablemente el gasto  público, que pasó del 22% del PBI en 1972, a rondar el 30% en 1975.[14] El resultado fue un desequilibro fiscal creciente, y el déficit estatal  llegó a representar un brutal 16% del PBI en 1975, en medio de una inflación que superó el 50% mensual (a principios de 1976).También en este caso el gobierno resultante del golpe militar se justificó en el desorden fiscal y económico imperante. El general Jorge Rafael Videla (1976-1981) anunciaría en su primer discurso: “Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia en una marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia”[15].

No muy distinto fue el caso de Cristina Kirchner. Su presidencia (2007-2015) se desarrolló dentro de un marco internacional favorable en cuanto a los  precios de exportación. Los valores de la soja a los que se le aplicaban y aplican retenciones, fueron mejorando desde el año 2005 hasta llegar a su máximo en septiembre de 2012. Por otra parte, el importante socio comercial de Argentina, Brasil, fue no sólo beneficiado por los aumentos de precio de los granos que exportaba, sino también de sus minerales, como el hierro, un insumo industrial muy demandado por China. En este contexto el gasto público consolidado se incrementó notablemente pasando de 32,6% del PBI en 2007 al 47,1% en 2015[16]. Este salto se generó debido a un incremento gigantesco de la cantidad de jubilados y pensionados (alrededor de 3 millones adicionales) y empleados públicos (mas de un millón adicionales), y por  subsidios a la energía y de tipo social. La situación fiscal comenzó a desequilibrarse dramáticamente en 2012, cuando el valor de la soja inició su descenso afectando las retenciones que abonaba. Para mayo de 2015 su precio llegó a su mínimo, lo que representaba una caída de 50% respecto al máximo alcanzado. Los menores ingresos fiscales, con el constante aumento del gasto, conllevaron a que el déficit fuera creciendo desde un valor casi nulo en 2007 al 6% del PBI en 2015. A diferencia de los Generales Uriburu y Videla, Mauricio Macri no enfatizaría en su campaña ni en sus discursos iniciales el pesado desequilibrio fiscal heredado[17]. Para su equipo económico la situación aparentemente no era demasiado grave y sería subsanable mediante un programa gradualista y el crecimiento económico propulsado por inversiones externas.

El mantenimiento del gasto público

Pese a autoproclamarse adalides de  la austeridad  fiscal los gobiernos de Uriburu y Justo mantuvieron el gasto público elevado en términos nominales y más aún en términos reales (por la deflación). Mientras que el presupuesto de 1929 marcaba un gasto de 704 millones de pesos, para 1933 este había subido a 775 millones de pesos. El pago de los servicios de la deuda estatal implicaron una fuerte carga sobre el presupuesto público, absorbiendo el 15.1 % del gasto en 1929 y el 29.2% en 1932[18].  Aunque algunos rubros presupuestarios bajaron, como los fondos destinados a la administración general, otros se incrementaron, como las erogaciones  en defensa, que pasaron de 113 millones de pesos en 1929 a 121 millones en 1934.

 

Durante el gobierno de Videla se produjo inicialmente una reducción del déficit fiscal, que pasó del 16%  del PBI en 1975 al 14% en 1976 y al 8% en 1977.  Esta última cifra, de todas maneras muy elevada, no pudo seguir reduciéndose en el futuro, quedando en ese nivel o en uno superior entre 1978 y 1980. Aunque el gobierno de facto redujo algunos rubros del presupuesto, otros fueron aumentados, como los gastos militares, trasferencias financieras y el pago de servicios de la deuda. Es verdad que la cantidad de empleados públicos tuvo alguna caída, pero esta baja fue compensada por mayores niveles salariales aplicados al sector. Por otra parte el esquema  conocido como “cuenta  de regulación monetaria” implicó una trasferencia creciente del fondos públicos al sector financiero. Todo ello hizo que durante el gobierno militar el gasto público terminara aumentando significativamente en términos reales, al tiempo que también se incrementaba la presión impositiva.[19]

 

El gobierno de Macri no  propuso en su campaña política no aplicó una reducción drástica de las erogaciones publicas. Por ello no sorprende que el gasto se mantuviera en su nivel y en 2017 el déficit siguiera representado un 6-7% del PBI, una magnitud similar que en 2015. La baja de  subsidios energéticos aplicada por el gobierno sería compensada por un aumento del peso de los intereses de la creciente deuda pública. La proyección del déficit para 2018 se mantiene en la misma magnitud.

 

La financiación del gasto

 

Para cubrir el déficit el gobierno de Yrigoyen (y luego el de Uriburu) comenzó a aumentar desesperadamente sus requerimientos de fondos en el mercado financiero local. La deuda estatal de corto plazo fue creciendo de 472 millones de pesos en 1928 a 556 en 1929, a 684 en 1930 y a 797 millones en 1931. Yrigoyen también recurrió al crédito externo para cubrir sus erogaciones a principios de 1930 por 175 millones de pesos (con bancos británicos y norteamericanos), pero esta fuente de recursos se esfumaría rápidamente al retraerse la oferta internacional de capitales con la Depresión. Entre los prestamistas de corto plazo al gobierno  destacaba en primer lugar el  Banco Nación, quien de transferir al gobierno 96 millones de pesos en 1928, pasó a 180 millones en 1929, a 258 millones en 1930 y a 273 millones en 1931[20].  Al mismo tiempo el Estado se endeudaría con la banca privada (por 202 millones de pesos en 1930), con compañías aseguradoras, con los funcionarios públicos (a los que les comenzó a retrasar el pago de haberes) y con sus proveedores.   Según Raul Prebish, si el Banco Nación (y muchos Bancos Privados) hubiesen sido independientes del sistema político jamás hubieran permitido que sus préstamos al Gobierno llegaran a una dimensión que finalmente puso en riesgo al sistema financiero[21]. Por otra parte, también se recurrió a la emisión monetaria. La primera gran emisión se produjo en  1931 cuando se requirió a la Caja de Conversión generar 360 millones de pesos que fueron entregados al Banco Nación.  La otra se produciría en 1932, por 170 millones de pesos entregados por la Caja de Conversión al Gobierno para abonar salarios y a proveedores impagos. Para 1932 casi un tercio de la moneda en curso tuvo su origen en estas dos emisiones[22]. Finalmente, estos gobiernos aumentaron la carga impositiva. Así fueron incrementando o creando  nuevos tributos, como las tarifas aduaneras, los impuestos a las transacciones y a los combustibles (en 1931), a los ingresos (1932), y el denominado fondo de cambios (1933), entre otros. El resultado fue que los ingresos impositivos no sólo no cayeron, sino que aumentaron en términos nominales y reales entre 1929 y 1933.

Los gobiernos de Juan e Isabel Perón recurrieron claramente a la emisión monetaria para la financiación del déficit fiscal. El circulante se duplicó en 1973 y siguió aumentando en los años siguientes. Para 1975 la inflación rondaba el 190%[23]. Durante el gobierno del General Videla, el elevado gasto público fue cubierto mediante emisión monetaria, mayor presión impositiva (con la generalización del IVA, por ejemplo) y un creciente endeudamiento internacional[24].  La deuda externa estatal se duplicó entre 1976 y 1980. Hacia el final de su gobierno el pago de sus servicios absorbía cada vez más recursos fiscales.

En el caso del gobierno de Cristina Kirchner el creciente déficit fiscal fue cubierto en buena medida con mayor presión impositiva y  emisión monetaria. La recaudación fiscal nacional pasó de representar el 21% del PBI en 2007 a 35% en 2016. Ya a fines 2007 su gobierno benefició por un aumento de las retenciones de los granos exportados que, según el producto, podían ir de un 25% a un 40%.  Por otra parte, en 2008 se recurrió a la estatización de los fondos de pensión, que brindaron al Estado recursos adicionales para cubrir los nuevos desembolsos. Asimismo, al no actualizarse las bases imponibles, la inflación generó mayores ingresos del Impuesto a las Ganancias. Finalmente las crecientes necesidades fiscales se cubrieron también con el financiamiento inflacionario. El incremento del circulante se tradujo en un creciente aumento de precios, que supero el 25 % en los últimos años kirchneristas.

 

Al llegar al gobierno Macri redujo algunos impuestos, como parte de los tributos aplicados a las exportaciones. Al mismo tiempo la legalización  de capitales externos no declarados conllevó un fuerte ingreso fiscal en 2017, lo que dejó la presión impositiva total relativamente estable.  Por otra parte su gobierno continuó recurriendo a la emisión monetaria para financiarse, a través de un mecanismo indirecto. El Tesoro emite bonos externos, cuyos ingresos de divisas son adquiridos (emisión mediante) por el Banco Central.  A su vez este emite bonos (LEBAC) para neutralizar (parte) del impacto del aumento monetario.  La deuda externa era de 167 mil millones de dólares en diciembre de 2015 acercándose posiblemente a fines de 2018 a 300 mil millones de dólares. Por otra parte el incremento de la moneda  circulante rondaría  hacia 2018 el 30% anual.

 

Tipo de cambio sobrevaluado

 

En 1929 el gobierno radical abandonó  el Patrón Oro dejando flotar libremente la moneda, lo que generó una importante devaluación. Pero en 1931 esta situación se contrarrestó parcialmente con el establecimiento un tipo de cambio fijo que implicó en la práctica una revaluación del peso, sobrevaloración que puede intuirse estuvo en el orden del 15% .   Una de las razones de esta medida fue la de permitir al gobierno adquirir divisas a un menor costo para así honrar más fácilmente los pagos de la deuda externa. Este tipo de cambio perjudicaba al sector exportador y a  su vez afectaba a la industria al abaratar la el precio de las manufacturas importadas. Que el tipo de cambio estaba desequilibrado se hizo manifiesto en los continuos excesos de la demanda de divisas (que fueron racionadas) por sobre su oferta.

 

Al fracasar el intento de bajar la inflación por no reducir la emisión monetaria, a partir de 1979 el gobierno del General Videla aplicó una política de fijación  del tipo de cambio que generó una gradual apreciación de la moneda, al superar la inflación la escala programada para los valores de las divisas. El objetivo era contener las expectativas inflacionarias,  pero la consecuencia fue dificultar la situación del sector exportador y alentar al turismo externo y a las importaciones perjudicando a la industria. A fines de 1978 y principios de 1980 la revaluación de la moneda argentina se agudizó: mientras que los mayoristas se triplicaron, el tipo de cambio aumentó únicamente  129%[25]. Un esquema parecido se aplicó a las tarifas de las empresas estatales: en este caso la consecuencia fue que crecieran sus perdidas, que parcialmente fueron financiadas con endeudamiento externo[26]. Otra vez, las divisas ingresantes tendían a elevar el valor de la moneda local. En 1980, después de años de ser positiva, la balanza comercial se volvió negativa.

 

En el caso del gobierno de Macri, y luego de una fuerte devaluación inicial de un 40%  (entre fines de 2015 y principios de 2016), lo que movió el tipo de cambio a un nivel más equilibrado, la moneda argentina comenzó un lento proceso de revaluación por el ingreso de divisas causado por el endeudamiento externo. Para fines  de  2017 un informe del FMI consideraba que la moneda argentina podría estar sobrevaluada en hasta un 25% respecto a su nivel de equilibrio de mediano plazo[27].  El resultado fue que la exportaciones tendieron a volverse  menos competitivas  y se alentaron los gastos en el exterior, en particular el turismo.  Para 2017 se verificó un déficit comercial cercano al 5% del PBI, magnitud que se estima se matendrá durante 2018.

Elevada tasa de interés

La negativa del Ministro de Hacienda del General Justo, Alberto Hueyo de renegociar la deuda pública, junto con el elevado gasto estatal causó a que el que el gobierno mantuviera constantes sus demandas de fondos internos y con ello se elevara dramáticamente la tasa de interés.  La brecha entre la rentabilidad empresaria y los costos financieros fue en aumento hasta hacerse máxima en 1933. La más importante organización empresaria de la época, la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, lo expresaba enfáticamente: “Todos los empresarios de Ia producción, comercio e industria tratan de  conseguir, por los menos, una rentabilidad igual al de los títulos oficiales, dado los riesgos que existen y que no encuentran en la inversión en títulos. Si no consiguen ese retorno, se desaniman como es natural, tratan de liquidar sus empresas, si es que lo pueden, para colocar su capital en títulos públicos, y este procedimiento al generalizarse determina un agravamiento de la situación general, especialmente de la desocupación obrera. La rentabilidad que hoy se obtiene de la producción es sumamente baja, muy inferior a la tasa oficial».[28]

 

La reforma financiera encarada durante el gobierno de Videla implicó una liberalización del sector financiero y una de las consecuencias fue la aparición de fondos prestables a elevadas tasas. Dada la sobrevaluación creciente de la moneda por la política cambiaria aplicada ello generó durante 1979 y 1980 alta rentabilidad para fondos externos ingresantes de corto plazo, un factor que a su vez tendería a revaluar más la moneda.

 

La política monetaria restrictiva del Banco Central durante el gobierno de Macri y la continua demanda pública de fondos internos causó elevadas tasas de interés. En dólares, durante 2016 la tasa fue de 8% anual, una de las más altas del mundo[29]. Dado el atraso cambiario el esquema fue muy atractivo para el ingreso de fondos especulativos de corto plazo.  El elevado costo financiero implicó que para todos los sectores fuera cada vez más difícil y caro obtener crédito, afectando la cadena de pagos[30]. A fines de 2017 un informe del FMI alertaba sobre el efecto de crowding out de inversión privada que era consecuencia del creciente endeudamiento público.

 

La razón de las repeticiones cíclicas

 

En todos los casos analizados destaca la permanencia del elevado gasto público, junto con su consecuencia, el déficit fiscal y la inflación. Algunos gobiernos incrementan las erogaciones públicas dramáticamente y otros gobiernos, que los reemplazan, buscan solucionar el desequilibrio generado. Pero lo intentan de una manera que eventualmente no reduce (o inclusive aumenta) las erogaciones en la medida requerida. Dado que el gasto debe financiarse de alguna manera siempre se recurre a un incremento de la presión impositiva, la deuda o a la emisión monetaria, o a todos a la vez.  La requerida baja de las erogaciones es algo detestado e impopular y los gobernantes buscan instintivamente cualquier alternativa a su disminución drástica:  relata el Ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz que en 1978 presentó a la Junta Militar dos alternativas para dominar la inflación: la primera era bajar la emisión, lo que claramente implicaba  un recorte del gasto. La segunda era “pisar” el tipo de cambio, lo que traccionaría a la baja  las expectativas de aumentos de precios. La segunda medida claramente no solucionaba estructuralmente el tema y sólo podía tener efectos de corto plazo. La opción de la Junta Militar en favor de la segunda opción fue “contundente”[31]. Por otra parte Ricardo López Murphy cuando como Ministro de Economía en 2001 aconsejó al Presidente Fernando de la Rua un recorte del gasto, una propuesta que sería (considerando lo que ocurrió posteriormente) bastante modesta. Pero el presidente decidió reemplazarlo por Domingo Cavallo quien parecía ofrecer una salida más indolora a la crisis. Los gobernantes, piensa López Murphy, tienen una propensión  en casos de crisis a escuchar diagnósticos y propuestas optimistas, que por otra parte estiman les permiten no perder su popularidad.[32]

 

Dado que estas situaciones se repiten debe quizás buscarse en causas culturales/psicológicas más profundas el sustrato de este comportamiento reiterativo.  El filósofo José Ortega y Gasset, cuando visitó a el país en las primeras décadas del siglo 20 (en 1916 y en 1929) destacó que los argentinos tenían incorporada en su cultura la idea de un Estado grande, excesivo. Por otra parte no vivían conectados con su contexto y realidad, sino más bien proyectados en un futuro idealizado e ilusorio[33].  A su vez, el economista Emilio Coni, comentando en 1930 sobre lo afirmado por Ortega y Gasset aclaraba que el argentino era ya entonces un gran  creyente en el “Estado-Providencia”, una entidad que el ciudadano creía le solucionaría sus problemas laborales ofreciéndole empleo sin pedirle mucho a cambio[34]. Esta valoración del Estado, unido a un cierto irrealismo, parece ofrecer las condiciones ideales para prácticas populistas de incremento de las erogaciones sin una evaluación de su impacto en el largo plazo.  Otras interpretaciones más recientes marcan que los argentinos podrían sufrir de  lo que Sigmund Freud describía como una compulsión a la repetición: las situaciones penosas se reiterarían siempre olvidando su origen, bajo la creencia  de que eran situaciones nuevas. Psicólogos han marcado que el argentino está signado por un «pensamiento mágico» que inevitablemente lo lleva a la decepción, frustración, ira y la búsqueda de responsables externos.[35] Todo lo antedicho tiene mucha relevancia a la hora de explicar el porqué en los contextos de gasto o déficit fiscal crítico se implementan planes económicos  optimistas pero condenados al fracaso por los desequilibrios que causan: típicos han sido los esquemas que terminan generando una dañina revaluación de la moneda. Por otra parte todo intento de reforma, de «achicar el gasto» sólo perdura en las primeros momentos de los gobiernos: pronto las demandas políticas aplastan las intenciones de recorte o frugalidad.   Si esta cultura, mezcla de estatismo, junto con una dosis de irrealidad sobre el futuro y descuido del financiamiento público a largo plazo es una característica persistente de la cultura argentina, todo intento de mejora en las condiciones que permitan un crecimiento sostenido parecen difíciles de lograr. El bajo puesto logrado por el país recientemente en el ranking mundial  de ideología pro capitalista o pro mercado parece confirmar la existencia de una  «dotación de mentalidad» adversa a generar instituciones y políticas conducentes un desarrollo duradero[36].

 

[1] EN El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

[2] https://www.lanacion.com.ar/2130452-creencias-revolucionarias

[3] Llach, Lucas y Gerchunoff, Pablo (2018) El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos Aires.

[4] Gondra, Luis Roque (1933), Elementos de Economía Política, Buenos Aires, Librería La Facultad, p. 292 .

[5] En este caso sólo abarcamos el periodo hasta 1934, que hemos estudiado con máyor detenimiento.

[6] Revista Económica (Enero 1931) 4:1, p. 1.

[7] Lascano, Marcelo, Presupuestos y Dinero, Buenos Aires, 1972, p. 93.

[8] Persello, Ana Virginia (2000) “Administración y política en los gobiernos radicales, 1916-1930”, Sociohistórica, nº 8,  p.137.

[9] Potash, Robert (1982), El Ejercito y la politica en la Argentina 1928-1945, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 55.

[10] Lascano, Marcelo (1972), Presupuestos y Dinero, Buenos Aires, p. 93.

[11] Ortiz Batalla, Javier (2001)  «Finanzas Públicas, Moneda y Bancos (1914-1945)» en Academia Nacional de la Historia, Nueva Historia de la Nacion Argentina, Buenos Aires, vol VIII, pp. 525-549.  p. 536

[12] https://es.scribd.com/document/212888063/Manifiesto-de-Uriburu-Del-6-de-Septiembre-de-1930

[13] Llach, Lucas y Gerchunoff, Pablo (2018) El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos Aires, pp. 392, 398, 401

[14] Cavallo, Domingo Felipe y Cavallo, Sonia (2018) Historia Económica de la Argentina, Buenos Aires, Editorial el Ateneo, p. 250.

[15] http://www.ruinasdigitales.com/revistas/dictadura/Dictadura%20-%20Discursos%20de%20Videla%20-%201976.pdf

[16] https://www.minhacienda.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/gasto-publico-consolidado/

[17] El gigantesco desequilibrio fiscal heredado no es mencionado en el primer discurso de Macri en el congreso, el 10 de diciembre de 2015: https://www.lanacion.com.ar/1852996-transcripcion-completa-del-discurso-de-mauricio-macri. Tampoco lo había hecho en el acto de cierre de su campaña el 22 de octubre de 2015: http://pro.com.ar/blog/2015/10/22/discurso-de-mauricio-macri-en-el-acto-de-cierre-de-campana/

[18] Díaz Fuentes, Daniel (1993), Las políticas fiscales latinoamericana frente a la Gran Depresión, Madrid, p. 52

[19] De Pablo, Juan Carlos De Pablo (2005), La Economía Argentina en la Segunda Mitad del Siglo XX, Buenos Aires, La ley, I. pp. 1058-1059.

[20] Poder Ejecutivo Nacional (1938), Obra de Gobierno 1932-1938, s.p.,

[21] Prebish, Raul (1991) Obras  1919-1948,  Vol.  II,  Buenos  Aires,  p.  45.

[22] Sin embargo, la cantidad total de moneda en circulación no se incrementó notablemente ya que parte había quedado esterilizada al retirarse oro de la Caja de Conversion para el pago de la deuda externa.

[23] Cavallo, Domingo Felipe y Cavallo, Sonia (2018) Historia Económica de la Argentina, Buenos Aires, Editorial el Ateneo, p. 251.

[24] Cavallo, Domingo Felipe y Cavallo, Sonia (2018) Historia Económica de la Argentina, Buenos Aires, Editorial el Ateneo, pp. 256-257.

[25] De Pablo, Juan Carlos (2005), La Economía Argentina en la Segunda Mitad del Siglo XX, Buenos Aires, La Ley, I. p. 979.

[26] Bonelli, Marcelo (2004), Un país en Deuda, Buenos Aires, Planeta, p. 35.

[27] https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/29/Argentina-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45530, p. 44.

[28] C.A.C.I.P., Tres sugestiones para aliviar la crisis, Buenos Aires, 1933, p.8

[29] https://www.infobae.com/economia/2018/04/02/argentina-es-el-pais-con-las-tasas-de-interes-mas-altas-del-mundo/

[30] https://www.lanacion.com.ar/2129921-advierten-por-el-impacto-en-la-actividad-economica

[31] Martínez de Hoz, José A. (1991), 15 años después, Buenos Aires, Emece, p. 197.

[32] Manifestado por Ricardo Lopez Murphy al autor de este trabajo en una charla personal.

[33] Sobre la visión de Ortega y Gasset sobre los argentinos ver Campomar, Marta (2009), Ortega y Gasset en la curva histórica de la Institución Cultural Española, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, pp. 547-593.

[34] Coni, Emilio (1930) El hombre a la ofensiva, Buenos Aires, p. 6.

[35] Sobre esta temática trata el artículo de Giselle Rumeau en el Cronista Comercial (11/5/2018): https://www.cronista.com/3dias/Argentina-y-el-eterno-retorno-una-mirada-psicologica-sobre-las-crisis-ciclicas-20180511-0002.html

[36] Ver el índice en: Newland, Carlos (2018) “Is Support for Capitalism Declining in the World? A Free-Market Mentality Index (FMMI) 1990-2012, Independent Review, 22, 4: 569-583. Argentina aparece en el lugar 51, de los 58 países computados, en su aprobación de la economía de mercado. (p. 581)

 

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

Los números fiscales indican que hay que acelerar el gradualismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 23/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/23/los-numeros-fiscales-indican-que-hay-que-acelerar-el-gradualismo/

 

La semana pasada el ministro Nicolás Dujovne presentó las cifras de diciembre y de todo 2017

 

Como era de esperar, Hacienda presentó un panorama fiscal alentador donde muestra un sobrecumplimiento de la meta de reducción del déficit fiscal primario, que en vez de ser 4,2% de PBI terminó siendo 3,9% de PBI en vez del 4,2% que se había puesto como meta.

En 2016 el déficit fiscal primario, es decir, sin considerar los intereses de la deuda pública, fue del 4,3% del PBI, con lo cual la reducción del déficit fiscal fue de 0,4% del PBI.

El problema es que el gradualismo requiere de financiamiento del déficit fiscal mientras el Gobierno se toma su tiempo para bajarlo. Es decir, hay un costo financiero por escapar al shock que son los intereses de la deuda pública que hay que pagar mientras se llega al equilibrio fiscal.

En 2016, los intereses de la deuda pública (sin considerar los intereses de la gasto cuasifiscal que genera el Banco Central) fueron 1,6% del PBI y en 2017 subió a 2,2% del PBI. Es decir, el gasto financiero aumentó 0,6 puntos del PBI contra una baja del déficit primario de 0,4 puntos del PBI.

En otras palabras, el rojo fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde, fue del 5,9% de PBI y del 6,1% del PBI, lo que significa que el modelo gradualista, tal cual está planteado, no converge hacia el equilibrio.

El debate ya deja de ser cuánto tiempo nos financian desde afuera para ir bajando gradualmente el déficit fiscal, sino que, de acuerdo a los datos de 2017, hay que preguntarse si nos van a financiar un desequilibrio fiscal creciente.

Y por favor que no me vengan con la historia de que los intereses se refinancian. Ya tuvimos varias experiencias al respecto para saber que no nos financian cualquier nivel de déficit fiscal.

Insisto, aquí el problema del ritmo de gradualismo que aplica el Gobierno conduce a un aumento del déficit fiscal y no a una baja. Aclaro lo del ritmo de gradualismo porque es obvio que no todos los cambios se pueden hacer de un día para otro, pero tener un rumbo de cambio es fundamental y, lamentablemente, no se observa ese rumbo de cambio en materia fiscal, y si lo hay es muy leve donde el peso del ajuste recae por completo sobre el sector privado lo cual impide tener tasas de crecimiento económico sostenidas.

Veamos un par de números

El gasto en subsidios económicos (tarifas de luz, agua, gas, etc.) se redujo en $65.466 millones en 2017 respecto a 2016. Esto es producto del incremento de las tarifas de los servicios públicos, pero el gasto en subsidios sociales como AUH, Argentina Trabaja, Pensiones no contributivas, etc. aumentó $82.267 millones. Todo lo que se ahorró de gasto y que salió del bolsillo del consumidor fue a parar a más subsidios sociales, incluso un 26% más, cuando en rigor debería haber disminuido la presión impositiva. Es importante aclarar que en ese incremento no se incluyen las mayores erogaciones por jubilaciones y pensiones.

En otras palabras, la gente paga más por la luz, el gas, el transporte, etc. pero la idea debería ser que el menor gasto por la reducción de subsidios económicos se tradujera en menor carga impositiva o por lo menos en una reducción final del déficit fiscal.

(Adrián Escandar)

(Adrián Escandar)

Vale la pena aclarar que si el Gobierno destina cada vez más dinero a planes sociales, lejos estamos de transitar una política económica exitosa, entendiendo por exitosa una política económica que cada vez más gente se mantiene gracias al fruto de su trabajo y no de subsidios sociales.

Suele argumentarse que no se puede ir más rápido porque si se recortaran los planes sociales o se redujera el número de empleados públicos habría un estallido social y se perdería gobernabilidad. Uno nunca sabe si este es un argumento para continuar con cierto grado de populismo que permita seguir ganando elecciones o si realmente hay temor a adoptar esas medidas.

Sí podemos afirmar que no va a haber financiamiento indefinido para esta política fiscal populista. Puesto de otra forma, es cierto que el Gobierno quitó el cepo cambiario, eliminó los controles de precios y se respira un aire de menores regulaciones, pero en lo fiscal no se observan cambios contundentes. Por otro lado, como siempre sostengo, es preferible endeudarse para bajar el gasto público, mejorar rápidamente el flanco fiscal y despejar el horizonte de dudas que hay respecto a ese punto, que continuar endeudándose para cubrir el déficit fiscal.

Considerando que los números fiscales no tienden a cerrar, el argumento que si se hace otra cosa los opositores le prenden fuego al país es ridículo, porque uno podría decir que es cambiar un incendio de la oposición por el incendio que puede producirse si se corta el financiamiento externo para cubrir unas cuentas públicas que no tienden a cerrar sino que tienden a ampliar la brecha fiscal.

Justamente, el presidente Mauricio Macri acaba de iniciar un viaje para, entre otras cosas, tratar de captar inversiones. Pasamos de la lluvia de inversiones a la danza de la lluvia de Les Luthiers. La realidad es que no hace falta hacer ningún viaje. Los inversores en el exterior saben muy bien la situación económica y política del país. Afuera también hay internet y se sabe que las cuentas fiscales no cierran.

El inversor externo y el local saben que ya no existen las locuras de Moreno, las torpezas de Kicillof o las arbitrariedades de Cristina Fernández. Pero esas son condiciones necesarias pero no suficientes para invertir en Argentina. Porque los inversores miran y saben que la presión impositiva es la misma, la legislación laboral es similar y la inconsistencia fiscal sigue estando presente.

En síntesis, nadie pide cambiar 70 años de decadencia en dos años de gobierno de Cambiemos. Lo que se pide es que el Gobierno tome conciencia que este ritmo de gradualismo no lleva a buen puerto.

 Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MACRI

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 3/12/17 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2017/12/carta-abierta-al-presidente-macri.html

 

Al Sr. Presidente de la Nación,

Ing. Mauricio Macri:

Sé que en este momento tiene temas más urgentes que el que le voy a plantear. El submarino y el problema de los Mapuches son temas que demandan su atención ya, sin dilación, y no quisiera yo distraerlo de su concentración. Por eso, por suerte para usted, lo más probable es que esta carta, despachada a la nueva y aleatoria nube que nos rodea, nunca le llegue. Pero, si así sucediera, le aseguro que no es mi intención molestarlo.

Yo voté por usted sin mayores expectativas, sabiendo que iba a seguir la Argentina de siempre, excepto por la salida de los psicópatas del poder más peligrosos con los que se enfrentó la Argentina en toda su historia. Lo único que yo esperaba, usted lo hizo: sacarnos del camino a Venezuela. Por ende, gracias. No espero nada más.

Pero no esperar no es igual a no deber. Y debo decir ante usted y ante todos que, por favor, nos escuche.

Los liberales hemos recibido todo tipo de epítetos a lo largo de la historia argentina. Bueno, en realidad habría que ver quiénes son los liberales. Al menos yo, un liberal clásico, partidario de la democracia constitucional anglosajona y la economía de mercado fundada en la Escuela Austríaca (y, para colmo, católico) he recibido todo tipo de elogios. Fascista, demente, utópico, esquizofrénico, neoliberal y, el último que se ha puesto de moda, también: liberalote.

Usted, Señor Presidente, no confía en nosotros. Le asiste algo de razón: contrariamente a lo que piensan muchos, nunca hemos sido gobierno. La primera y última vez fue con la Constitución de 1853. Luego, hubo de todo, desde lo parecido hasta lo grotesco: conservadores, antiperonistas, autoritarios, menemistas, y se me acabaron los adjetivos. Así que tiene razón: ¿qué esperar de quienes nunca se embarraron las manos en la política concreta? La única respuesta a eso puede ser la esperanza de lo nuevo. Como dice un famoso título de un famoso autor: ¿por qué no probar la libertad?

Señor presidente, escúchenos. Sé que sus asesores más cercanos le dirán que no lo haga, pero, finalmente, uno de los dramas del poder es que usted, finalmente, está solo. Solo con su conciencia. Finalmente, es esta última la que tiene que escuchar.

Usted juega el papel, aunque no lo haya buscado, de ser una esperanza. Eso no es raro en una Argentina bipolar que siempre cae tan bajo. El autoritarismo de los conservadores. El golpe del 30, casi nazi. El ascenso del Mussolini argentino. El peronismo sin Perón del 56 en adelante. El golpe del 66, con toda su rudeza. Las guerrillas que ya se estaban preparando. La guerra de los 70, con la corrupción, bajeza y banalidad del gobierno de Isabelita. El golpe del 76. La guerra sucia. Su tristísimo final. Pero ahora, escuche más: el Alfonsín cuya economía no le deja terminar su mandato. El Menem que sigue con el gasto público, la deuda pública y la presión impositiva. Su enorme corrupción. Y de vuelta, la esperanza democrática. El gobierno de la Alianza. Que sigue, sin embargo, con lo mismo. La explosión de la deuda pública y la deuda externa. El default. Otra vez, el tristísimo final, y lo que sigue es tan sencillamente horroroso que no quiero, ni hace falta, que se lo recuerde.

Usted tiene ahora dos alternativas. O dentro de algunos años es uno más en esta lista de fracasos, o pasa a la historia como el estadista que quiere ser.

Yo, Señor Presidente, no soy nadie como para explicarle de política concreta. Yo jamás podría haber hecho lo que usted hizo: vencer al kirchnerismo en las elecciones. Jamás. Soy sólo un profesor de filosofía, pero me atrevo a seguir porque sé distinguir entre el corto y el largo plazo.

A corto plazo está haciendo lo que puede y lo que pudo. Pero permítame hablarle del largo. Si, sé que es un largo camino, pero es usted el presidente.

Usted sabe perfectamente que el gasto no puede seguir como está. Lo sabe en su conciencia, aunque mucho no lo pueda decir. Usted sabe que no puede emitir moneda para financiarlo. Usted sabe que no puede elevar más la presión impositiva. Y usted sabe que, según fuentes serias, la deuda pública llega en estos momentos a 293.789,3 (¿importa que sea 790) millones de dólares.

Usted no confía en nosotros porque lo han convencido de que somos unos locos e insensibles que en lo único que pensamos es en echar a todo el mundo a la calle. No. No es verdad, aunque injusto es que los argentinos en general miren bien a los que engañan sumando al estado la desocupación real de la economía en subdesarrollo. Pero no se trata de echar gente y que luego le incendien la Casa Rosada. Aunque, recuerde, a De la Rúa se le incendió. Nunca lo olvide.

Por favor le pido que piense en las funciones del estado. Usted tiene más o menos unos 35 organismos, entre ministerios y secretarías, sin contar las sub, sub y sub y etc. Tiene todo ello porque cree que todo ello es necesario. Ha sacado a los corruptos y ha puesto a gente honesta, pero cree que todo ello es necesario. No. Si usted sabe cómo funciona una economía de mercado y una sociedad libre, y creo que lo sabe, usted puede quedarse con una Secretaría de Hacienda y un Ministerio de Relaciones Exteriores. No mucho más.

Todo lo demás, usted lo puede eliminar. Y al mismo tiempo, eliminar todas las legislaciones y reglamentaciones que esos organismos se encargan de controlar. Piense en todo el gasto que se reduciría ipso facto. Piense en todos los impuestos que podría bajar y eliminar, comenzando con el de la renta. ¿Y qué sucedería? Que todos los emprendedores de los que usted siempre habla, quedarían libres para emprender todas esas funciones, que burócratas detrás de sus escritorios creen que pueden ejercer cuando, claro, no tienen nada que perder.

Al mismo tiempo, formalizaría ipso facto a todos esos sectores carenciados que no pueden pasar a la economía formal porque esas reglamentaciones y organismos se lo impiden.

Así sí, a mediano plazo, las cuentas públicas podrían comenzar a reordenarse. ¿Y los empleados públicos? Mantenga a todos los de planta, aunque no vayan a ejercer funciones. Déjelos si es necesario tres años cobrando sus sueldos, mientras amortiza las cuentas públicas con el ahorro que implica todo el conjunto de medidas anteriores. Las cuentas dan. Reúnase con los directores de la Fundación Libertad y Progreso (Agustín Etchebarne, Aldo Abram, Manuel Solanet) y haga las cuentas. Dan. Porque no es sólo cuestión de calculadora, sino de concepción del estado.

¿Y las provincias? Olvídese de la coparticipación. Prepare una reforma de mediano plazo. Las provincias no deben depender más de Nación. Pero no todas las provincias son económicamente auto-sustentables. Divida al país en 6, no muchas más, regiones administrativas autosustentables, que comiencen a financiarse solas, y suspenda toda relación económica entre Nación y Provincias. El estudio fue hecho por Roberto Dania y Constanza Mazzina en el 2008. Será la primera vez, además, que habrá un federalismo genuino, con gobernadores realmente autónomos del poder ejecutivo nacional.

Y el estado no tiene por qué dejarse de ocupar de salud, educación y seguridad social. Sencillamente, una vez hecha esta transformación, delegue todo ello en las seis regiones mencionadas. No tiene por qué ponerles un nombre, son sólo regiones administrativas. Y desregule totalmente al sector privado en materia de salud, educación y seguridad social. O sea, des-monopolice, quite las regulaciones nacionales, abra al país a la diversidad, tan nombrada, y tan poco practicada en un país monopólico y unitario.

Y hable con la CGT. Usted sabe cómo, yo no. Pero explique ante la opinión pública que nuestro sistema sindical es el de la Italia Fascista de Mussolini. La gente no lo sabe. Vaya, dígalo, explíquelo. Y elimine el sindicato único por actividad.

¿Le parece mucho? Creo que es poco, pero si no, usted sabe cuál es la alternativa. Usted puede seguir con todo como está, y puede ser que los organismos internacionales le sigan prestando. Como si la escasez no existiera. Pero usted sabe, en conciencia, en esa conciencia a la que estoy apelando –jamás podría apelar, por ejemplo, a la de una nueva senadora muy conocida- que ello no es posible. Si usted no hace estas reformas estructurales de fondo, va camino al default. Tal vez no ahora, pero sí dentro de unos años. Lo sabe, lo sabe perfectamente. No hay salida. Se le acabarán los dólares, terminará en el control de cambios, será como Kicillof pero le terminarán diciendo Macrillof. ¿Quiere usted eso? ¿No? ¿Y entonces?

Señor presidente, hay una diferencia entre un simple político y un estadista. El político sigue a la opinión pública, el estadista, en cambio, la cura. Le hace una especie de terapia social, y eso sólo se logra con auténtico liderazgo moral e intelectual. Mandela, Gandhi, educaron a su pueblo. No fueron demagogos, ni siguieron lo que todos pedían, ni engañaron: tenían un norte, sabían a donde iban, tenían un sólido fundamento moral y lo supieron decir. Su decir fue resultado de su ser, y no al revés, como le recomiendan algunos. Señor presidente, sea estadista. Mire para adelante, mire al largo plazo, y entonces sabrá AHORA qué hacer y cómo decirlo.

La verdad, no creo, en mi interior, que nada de esto suceda, pero sí creo que tenía que decirlo. Mientras tanto, no estoy desilusionado, porque yo no me ilusioné con usted. Seguiré con mi docencia, en la Argentina de siempre, con sus males de siempre, si es que un piquete no me mata antes o algún otro joven idealista no me pone otra bomba. Pero qué hermoso sería que me sorprendiera. No por mí: sorpresas, casi todas buenas, me dan mis alumnos. Pienso en la extrema pobreza, en las zonas más subdesarrolladas, en los niños desnutridos del Chaco y de 3 km a mi redonda. Contrariamente a la mayoría de los argentinos, sé que el mercado, para ellos, no es lo que sobra, sino lo que les falta. Vamos. En Venezuela ya no estamos. Gente honesta ya tenemos. Vamos. Sólo falta visión. La suya. La argentina sigue siendo presidencialista.

No hay otra salida.

Su liberalote amigo

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

La cultura del saqueo como fuente de nuestra decadencia económica

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 26/9/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/09/26/la-cultura-del-saqueo-como-fuente-de-nuestra-decadencia-economica-2/

 

Con este esquema el país no puede crecer a largo plazo, en base a inversiones, porque nadie invierte para ser saqueado.

La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.
La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.

Si se confirman los pronósticos que dan ganador al oficialismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en los distritos electorales con mayor peso electoral, el presidente Mauricio Macri no tendrá la mayoría en ambas cámaras pero habrá acumulado un capital político nada despreciable, que le otorgará un margen de maniobra más amplio, para llevar adelante reformas estructurales que nos permitan entrar en una senda de crecimiento de largo plazo.

Que hoy varios indicadores económicos estén dando bien no quiere decir que sean sostenibles en el tiempo. A modo de ejemplo, y salvando las distancias, Cristina Fernández logró mostrar durante un tiempo un fuerte aumento del consumo, pero basado en artificios económicos que hacían que ese aumento no fuera sustentable en el tiempo. Es la famosa herencia recibida.

Esperemos, entonces, que con ese mayor capital político, Macri comience a cambiar el discurso y, sobre todo, el rumbo económico. Lo que sirve para ganar las elecciones no necesariamente sirve para crecer en el largo plazo.

Mi visión es que la economía argentina tiene por delante dos grandes problemas. Uno, el de solucionar la cuestión estrictamente económica. Déficit fiscal, inflación, distorsión de precios relativos, tipo de cambio real, etcétera. El otro es la política económica de largo plazo. Cambiar por completo la política económica apuntando a crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, incrementar la productividad de la economía, generar más demanda de trabajo y así comenzar un ciclo de crecimiento de largo plazo.

Pero claro, esas condiciones necesarias para atraer inversiones requieren de algo que vengo repitiendo hasta el hartazgo: calidad institucional. Me refiero a las reglas de juego, códigos, leyes, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y de estos con el Estado.

Lo que hoy tenemos es un sistema de saqueo generalizado. El Estado es el gran saqueador que luego decide a quien le da parte del botín. Es el que a su antojo reparte el botín del saqueo. Pero ojo, esto no es nuevo en Argentina. Nuestra larga decadencia tiene como germen esta «cultura»por la cual todos pretenden vivir a costa del trabajo ajeno y usan el  monopolio de la fuerza del Estado para que saquee a otros y luego les transfiera a ellos parte del botín. El kirchnerismo ha llevado hasta niveles insospechados esta cultura del saqueo y, a mi entender, el gran desafío de Macri consiste en empezar a desandar ese nefasto camino que se ha traducido en un gigantesco gasto público con la correspondiente presión impositiva, que ya nadie puede negar que está destruyendo la economía argentina.

¿Qué quiero decir con cultura del saqueo? No me refiero solamente a la legión de gente que recibe los llamados planes sociales y se sienten con derecho a ser mantenidos por el resto de la sociedad o a la legión de ñoquis que permanecen en el estado, sino también a que buena parte de la dirigencia empresarial local (de capitales argentinos y extranjeros) pretenden parte del botín pidiendo proteccionismo, créditos subsidiados y otros privilegios que les evite competir. Quieren un mercado cautivo para vender productos de mala calidad y a precios que no podrían cobrar en condiciones de una economía abierta para obtener utilidades extraordinarias.

Además hay sectores profesionales que actúan como corporacionesdirigentes políticos, sindicales, etcétera, que pretenden también vivir de ese saqueo generalizado.

La política económica que impera en nuestro país se basa en esta regla por la cual diferentes sectores recurren al Estado para que este, utilizando el monopolio de la fuerza, le quite a otro para darles a ellos.

Es todos contra todos. Una sociedad que vive en permanente conflicto social porque el que es saqueado por el Estado pide algo a cambio y, entonces, el Estado saquea a un tercero para conformarlo y ese tercero protesta y el Estado saquea a un cuarto sector para conformar al tercero y así sucesivamente. Obviamente que los que menos poder de lobby tienen son los perdedores de este modelo de saqueo generalizado.

Con este esquema el país no puede crecer en base a inversiones porque nadie invierte para ser saqueado. En todo caso hace un simulacro de inversión para luego saquear a otro. Pero inversiones en serio, aquellas que tratan de conseguir el favor del consumidor son mínimas con estas reglas. Es más, casi tienden a cero.

En consecuencia, no tenemos un sistema de cooperación voluntaria y pacífica por el cual un sector solo puede progresar si hace progresar a sus semejantes produciendo algún bien que la gente necesite y vendiéndolo en el mercado a precio y calidad competitivos. Por el contrario, tenemos un sistema de destrucción de riqueza. De destrozo del sistema productivo. Y eso se traduce en menos bienes para ser saqueados y repartidos. Cuanto más saquee el Estado, menos se produce, menor es el botín a repartir y mayor la conflictividad social.

Las recurrentes crisis económicas argentinas son el fruto de esta cultura del saqueo. Cuando se acaba el botín viene la crisis y empezamos de nuevo, pero no cambiamos la cultura de fondo.

El mayor problema que tenemos que enfrentar es cambiar esta cultura del saqueo por la cultura del trabajo, de la competencia, de la innovación. No es cierto que el país no esté en condiciones de cambiar esta cultura decadente. Que sea imposible llevar a cabo un cambio de estas nefastas reglas de juego sin evitar una crisis social. Eso es lo que venden los políticos que prefieren seguir teniendo el poder de saquear porque saqueando pueden retener poder político. Saqueo a unos pocos y reparto entre muchos y así gano votos, es decir, kirchnerismo en estado químicamente puro.

Podremos discutir hasta el hartazgo si gradualismo fiscal o baja del gasto público. Si hacemos una reforma impositiva que atraiga inversiones o continuamos con la cantinela de que primero hay que recaudar más para luego bajar los impuestos y delirios de ese tipo.

Ahora, lo que seriamente tenemos que plantearnos es si vamos a seguir usando al Estado para robarnos unos a otros (el robo legalizado, como lo llamaba Bastiat) o le ponemos un límite en que el monopolio de la fuerza que le delegamos es para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas y no para que lo use para saquear en nombre de la solidaridad social. Verso también inventado por los políticos para decir que tienen el monopolio de la benevolencia y así seguir saqueando a los sectores productivos para repartir el fruto del saqueo y ganar votos.

En síntesis, terminar con esta competencia populista en que se ha transformado la democracia en Argentina y volver a una democracia republicana.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Por Martín Krause. Publicada el 26/6/17 en: http://bazar.ufm.edu/se-puede-controlar-la-bestia-indomable-del-gasto-publico-dos-ideas-otras-limites-al-deficit-fiscal-al-gasto/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.