Mitos sociopolíticos

Por Gabriel Boragina. Publicado en:  http://www.accionhumana.com/2019/12/mitos-sociopoliticos.html

 

A veces resulta interesante pararse a reflexionar sobre los mitos que anidan en la cabeza de los electores argentinos. Dicho análisis, especialmente cuando se conversa con personas comunes, revela significativamente el porqué de la desgracia de ciertos países como en el caso puntual que tratamos ahora: el de la Argentina. Por eso, me propongo reproducir (lo más textual posible) el diálogo con una persona que intentó controvertir mi análisis de la situación política que vive el país.

Todo comenzó cuando expuse que:

-En un país como Argentina, no es cuestión de culpar a los políticos exclusivamente ya que, como tantas veces hemos dicho, ellos son parte y resultado de la sociedad de la cual emergen, son un subproducto cultural de la misma-.

En ese punto, alguien del público intentó cuestionar mi afirmación diciendo lo siguiente:

-Es relativo. Los políticos manejan la educación, mantienen bruta a la gente para manipularla, sumirla en la pobreza y lavarle el cerebro para que los vuelvan a votar. Y encima esa gente se reproduce a alta tasa, en pocas décadas, te definen el futuro de un país-

Si bien la crítica estaba bien orientada, sin embargo, no llegaba al fondo del asunto y no resultaba del todo exacta.

Con el propósito de hacerle ver más profundamente el tema y no caer en lo que hubiera sido una conclusión absurda a la que llegaría lo que esa persona acababa de decir, le formulé la siguiente pregunta para observar si por si misma reconocía lo defectuoso de lo que estaba diciendo:

– ¿Y quién manejó la educación de los que después llegaron a ser políticos? –

Pero la persona en materia no captó su propio superficial razonamiento y se quedó encerrada en su inconsistente afirmación, lo que muestra su respuesta a mi pregunta:

-Otros políticos. Por eso, es relativo. –

Traté entonces de ser más explícito en mi intento de ayudarla a que se diera cuenta de lo ligero de lo que estaba diciendo y sobre todo de la manera falaz en la que trataba de razonar y le manifesté:

-Pero si los políticos manejaron la educación de los otros políticos estos nunca podrían haber llegado a ser políticos porque hubieran sido brutos, manipulados, pobres y con el cerebro lavado, es decir, nunca hubieran podido haber llegado a ser políticos, y -además- se hubieran reproducido a altas tasas en pocas décadas y hoy seriamos todos políticos. …siguiendo tu razonamiento claro. –

Al contestarme reveló otra falacia e ignorancia generalizada de cómo se maneja la educación en la Argentina. Veamos lo que respondió:

-Los políticos no van a escuelas públicas, perdón, me equivoqué. Lo que pasa es que ser político es fácil y cómodo, los que llegan acomodan a sus familiares y se perpetúan en el poder. –

Mas allá de la mezcolanza que hacía semejante respuesta revelaba no sólo una mentalidad al extremo prejuiciosa sino también muy ignorante. Aun así, intenté ayudar a dicha persona a razonar y de paso ilustrarla en ciertos puntos y le dije:

-Soy profesor. Te cuento que los contenidos y programas de las instituciones educativas públicas y privadas tienen que ser aprobados por el ministerio de educación que es del «estado». Así que en el fondo son lo mismo. No todos los políticos *llegan* como decís. La mayoría no llega. Té aclaro: no soy político-

No hubo más respuestas de mi interlocutora.

No consideré necesario abundar en cuanto a que muchos de los políticos (contrariamente a lo que ella sostenía) si habían concurrido a las escuelas «públicas», por lo que decidí hacerle advertir el trasfondo del punto, que era que -en definitiva- toda la educación en Argentina es estatal (mal llamada «pública») porque lo que en aquellas se enseña (y no se enseña) esta digitado por el gobierno a través de los ministerios o secretarías (según el caso) de educación que, en realidad, son de deseducación.

El coloquio, de todos modos, fue significativo por cuanto confirma que los mitos socio-políticos de antaño siguen tan vigentes entre la gente común como nunca, pese a la gran difusión que han tenido quienes procuraron deshacerlos, entre los cuales he tratado de aportar mi pequeño granito de arena.

Y entre esos mitos que revela el intercambio reproducido se encuentra el que sigue creyéndose que hay una educación «pública» a la cual sólo asisten los pobres e ignorantes y no los ricos. Se sigue entendiendo que la educación se limita a la escuela primaria (mi oponente no cuenta como educación ni el colegio secundario ni la universidad, ámbitos donde también el estado-nación extiende sus tentáculos).

Aclaré a mi interlocutora que no soy político porque evidentemente desconocía toda mi obra, y pensaba que mi afirmación quería constituir una defensa a la clase política cuando lejos estaba y estoy de ello.

También el breve intercambio sirvió para poner de manifiesto que el común de la gente se considera víctima de los políticos y a estos sus victimarios. Este pensar podría quizás tener algún justificativo en regímenes dictatoriales, pero no cabe la menor duda que no conserva ninguna validez en lugares donde al menos formalmente (como en la Argentina) cada cuatro o dos años se vota para presidente, gobernadores y legisladores respectivamente.

En todo caso, resulta medio extraño -en el argumento de mi opositora- que las víctimas voten a sus victimarios sin que les quepa ningún grado de culpa en lo que están haciendo. No corresponde sostener, después de cierto tiempo y cierta regularidad votando en las urnas, que la consecuencia de absolutamente todas las elecciones se deba a un estado de ignorancia permanente e irreversible (como daba a sugerir aquella) ya que no es en modo alguno así. Si, en cambio, puede decirse que las secuelas de la gran mayoría de las elecciones políticas en Argentina son fruto de errores y, muchas veces, graves de los votantes, pero no se puede confundir ligeramente error con ignorancia pese a que tengan -en muchos casos- las mismas consecuencias.

La educación sigue siendo la clave del problema, pero no se agota en la educación formal sino también alcanza a la informal. Se parcializa mucho el análisis si -como sucede popularmente- por «educación» se considera exclusivamente la primaria y de las escuelas mal llamadas públicas.[1]

[1] Ver nuestra obra la educación

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Colectivismo y «bien común»:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 7/2/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/02/colectivismo-y-bien-comun.html

 

La regla que impera en una sociedad de bienes colectivos es precisamente esa misma: que los bienes son colectivos. Es decir, son «de todos». A esto, Garret Hardin lo llamó «La tragedia de los comunes» que se sintetiza en la fórmula por la cual «lo que es de todos no es de nadie». Entonces, «todos» están habilitados a tomar «su parte» de esos bienes colectivos. El problema consiste en que, al no haber propiedad privada, cualquier parte (o el todo) de esos bienes le «correspondería» a cualquiera. Y es aquí cuando empiezan las verdaderas dificultades. Fue la vigencia de la propiedad colectiva la que determinó que la sociedad tribal desapareciera (más que cualquier otra causa). Esto lo explica muy bien F. A. von Hayek. Y, necesariamente, los intentos por reflotar la propiedad colectiva tribal (pero ahora a gran escala) ocasionaron la caída de la URSS y sus países satélites. No es que la gente sea «intrínsecamente ladrona», sino que son las instituciones (en el caso, la propiedad colectiva) la que la vuelve ladrona. Aunque el ejemplo del ladrón se aplica -en rigor- a sociedades no colectivistas y no a las que lo son.
Efectivamente, en el colectivismo impera el derecho del primer ocupante, que en el caso de la URSS, sus países satélites, Cuba, Corea, etc., ese primer ocupante no es otro que el mismo estado o gobierno. En la sociedad tribal, ese lugar era el del Jefe o Cacique. Hoy lo es el estado-nación. Las «reglas» las impone el Jefe, Cacique, Presidente, Führer, Duce, César, etc.
Ahora bien, no hay que perder de vista que tanto el individualismo como el colectivismo son -en última instancia- un producto cultural, y que su «imposición» desde una cúpula de poder sería imposible si no existiera en esa sociedad un substrato cultural que la hiciera posible. En realidad, el procedimiento es el inverso, una vez dadas las condiciones culturales necesarias como para que uno u otro sistema se imponga, lo demás se da por añadidura.
Lo que produce pues que nuestra sociedad actual sea -en su mayor parte- colectivista es indispensablemente este factor, por encima de cualquier otro.
La aceptación irreflexiva de nociones etéreas y vacías de contenido, tales como «el bien o interés público» o «interés o bienestar general» y expresiones análogas, como opuestas al bien particular o individual, es la que ocasiona que la sociedad actual se haya volcado al colectivismo, en la convicción de que existiría un «conflicto irreconciliable» entre los intereses individuales y «los colectivos», sin percibir que resulta imposible la objetividad de cosa tal como «intereses colectivos» excepto que como la mera suma de los individuales, con lo que el supuesto «conflicto» no es más que una pura invención de quienes explotan tales creencias en su provecho personal, por ejemplo los políticos, cuyos discursos rebosan de apelaciones a favor del «bien público», el «interés general», «del pueblo», de «la gente», etc.
No hay, en este esquema, oposición alguna entre intereses individuales reales y un «interés colectivo» irreal por imposible existencia de este último.
Invocar la fórmula vaga del «bien común» no sirve de nada, en tanto y en cuanto no se precise qué se quiere significar con la misma, ya que es imprescindible que quien recurra a ella clarifique -para empezar- «común a qué grupo de referencia» sería el «bien» que se califica como «común». En efecto, «la sociedad» no es un todo homogéneo, monolítico y univoco. Ni siquiera se trata de un ente corpóreo, con el cual se pudiera conversar, escuchar o ver. Consiste, en última instancia, de una construcción mental, que cada uno de nosotros se representa de diferente manera, esencialmente por estas mismas razones.
Lo anterior implica que «la sociedad» o «comunidad» no es un único y exclusivo grupo, sino que -en rigor- se trata de un conjunto de subgrupos, que -a su vez- se dividen en conjuntos menores y así sucesivamente, hasta llegar al individuo, núcleo básico de lo que se llama «sociedad».
Ahora bien, de todo esto se deriva que el interés individual de una persona puede ocasionalmente oponerse al interés individual de otra persona, o de más de una persona, pero no infinitamente, sino hasta un pequeño número limitado de estas, pero nunca puede entrar en conflicto con un imprecisable «interés social» o «común» que no se define a priori, y que -en principio- abarcaría un número incalculable de personas, que, para el sujeto en cuestión, no sólo actualmente no conoce, sino que sería imposible conocer, geográfica y temporalmente.
Por análogas consideraciones, nadie puede «enfrentarse» a los «intereses» de «la patria», de «la nación», del «estado», del «pueblo», de «los negros», de «los judíos», de «los cristianos», de «los rusos», de «los americanos», etc. Nadie puede oponerse a «intereses colectivos», porque estos no existen, son imaginarios, habida cuenta que no pueden ser identificados, ni personalizados en seres de existencia física concreta.
En sentido inverso, los «representantes» de supuestos «intereses colectivos», autoproclamados defensores del «bien común», ejemplo típico de ellos los gobernantes, si pueden atacar a los intereses individuales, y de ordinario es lo que hacen. No sólo se enfrentan sino que, en la mayoría de los casos, dedican mucho empeño en desplazarlos, y -en última instancia- en destruirlos, en la medida en que desafíen al interés personal del poderoso.
La diferencia entre un gobernante y el resto de las personas fuera del gobierno, es el poder del primero y la indefensión de las últimas. A primera vista, podría decirse que en este supuesto, el interés particular del gobernante conseguiría contraponerse al «interés común» de los gobernados. Pero sería caer en la misma trampa que opera en el sentido contrario (que es en el que maniobran los ideólogos políticos que manipulan la «respetable» noción de «interés común»). No se trata más que de un caso en el que el interés particular del gobernante esta en contraposición a un determinado número de intereses individuales de quienes están en el llano, fuera del gobierno, es decir, excluidos de la posición de poder que el detentar el gobierno de un territorio otorga a quien lo esgrime.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.