Peronismo y elecciones

Por Gabriel Boragina. Publicado en:

 

Las masivas marchas en apoyo al presidente Macri llaman la atención sobre la altísima probabilidad de la existencia de un fraude fenomenal en las últimas elecciones celebradas en Argentina denominadas por sus siglas PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias).  El fraude electoral no es nuevo en este país, salvo raras ocasiones se ha venido practicando en distintos grados desde el mismo comienzo de la vida electoral argentina. Sin embargo, no debe creerse tampoco que el fraude explica totalmente el resultado adverso del oficialismo en aquellas elecciones que no tienen vinculación legal alguna con el resultado que arrojen las votaciones definitivas próximas.
Hemos insistido desde antes que las fuerzas en pugna -ahora “Juntos por el Cambio” (Macri) y el “Frente de Todos” (Fernández)- representan en su conjunto el pensar político de la población en su más amplio espectro.
Hemos expuesto en ocasiones anteriores que -a nuestro juicio- la sociedad argentina se divide políticamente en tres extensos sectores que denominamos “P” (peronistas), “AP” (antiperonistas) y “NP” (no peronistas). Es decir, el eje de pensamiento político argentino depende (en buena medida) de cuál sea la posición del elector frente a este desgraciado fenómeno que se ha dado en llamar peronismo en Argentina.
Sostuve también en aquella ocasión que, estos -a grandes rasgos- tres sectores conformaban (cada uno de ellos) aproximadamente un tercio del electorado total. También dedicamos muchos trabajos a explicar que el peronismo (P) es ideológicamente autoritario y con tendencias totalitarias para lo cual, le es indiferente adoptar políticas “de izquierda” o “de derecha”, si es que se quieren entender estos inapropiados términos como socialistas o nazis fascistas. Dado que pensamos y estamos convencidos que el nazi fascismo no es más que un producto del socialismo, para nosotros es fútil hablar de “izquierdas” o “derechas”, porque -en última instancia- no se está aludiendo sino de la misma cosa.
El tercio NP que es el más híbrido -nos parece- ideológicamente de los dos restantes, es el que define todas, absolutamente todas, las elecciones políticas. Dentro de este grupo encontramos a los famosos “indecisos”, gente que dice que no profesa “ninguna” ideología política ni partidaria, ni sigue a ningún candidato en particular: son los que pueden tanto votar en blanco, no votar, abstenerse, como votar hoy a un peronista y mañana a un antiperonista si las circunstancias (según su particular punto de vista) lo justifica. En este grupo están los que presumen de ser “hombres prácticos” o pragmáticos, y manejarse conforme a los dictados de la coyuntura del momento. Pero aquí también se albergan socialistas y nacionalistas (tanto de los de extrema izquierda como de extrema derecha, según la nomenclatura típica en la jerga periodística) que -para su gusto- el peronismo representa un movimiento “moderado” a la par que ven a los AP como “fascistas”.
Este es, por consiguiente, el grupo electoralmente  tanto más peligroso como el más beneficioso de los tres, no sólo por su heterogeneidad sino por cuanto -en el primer caso- son los que, por negligencia, ignorancia, fanatismo, odio, temor, o cualquier otro motivo por el estilo pueden darle la victoria a un sector como el peronismo que nació de un golpe de estado y utilizó métodos similares a los de Hitler para alzarse con el poder, sobre todo conforme enseña la historia de los dos primeros gobiernos de Juan D. Perón.
En el segundo caso, dado que también forman parte de este conjunto elementos no radicalizados sino “neutros” (si es posible tal cosa, lo que dificultamos) en materia de posturas políticas (a sí mismos se llaman “moderados” o también “apolíticos”, “a partidarios”, etc.) pueden votar candidatos AP tanto como NP, y aun P si fuera necesario según ellos.
El tercio NP se puede aún dividir en dos: en el que “tiene las ideas prendidas con alfileres” como se dice en la jerga habitual, por un lado, y minorías exacerbadas como las extremas izquierdas y derechas, por el otro. En tanto, los AP tienen perfectamente en claro que el peronismo es un movimiento autoritario y pro-totalitario. Pero, atención, entre estos últimos también podrían existir individuos que prefieran dictaduras de otro tipo.
Fueron circunstancias puramente históricas -ajenas a la voluntad del peronismo- las que determinaron que este no se convirtiera en un régimen idéntico al de Hitler y Mussolini.
Hoy, el candidato peronista Alberto Fernández y su compañera de fórmula tienen (y han demostrado en el pasado) un discurso por completo favorable a los regímenes más autocráticos que existen en el mundo, como son los de Cuba, Venezuela en América, Irán y demás países del Medio Oriente que cobijan grupos terroristas con gran peso en el poder político de sus naciones, o bien gobiernos dictatoriales de distinto signo (inclusive religioso). Pero no nos cabe ninguna duda que, si hoy en dia existieran todavía países con gobiernos nazis o fascistas como los habidos en el siglo XX, adherirían con gran beneplácito a los mismos y los mostrarían como modelos a seguir.
El ejemplo más alarmante actual en América lo tenemos en Venezuela donde impera una tiranía militar comunista con pretensiones de pseudodemocracia por la sola circunstancia de haber accedido al poder a través de elecciones por completo fraudulentas.  Pero aun así las elecciones venezolanas hubieran sido legitimas nada justifica que un gobierno elegido en votaciones limpias se transforme -más tarde o más temprano- en una dictadura, como lo es la imperante en Venezuela.
Evidentemente, este sería el destino que la espera a la Argentina de resultar victorioso el mal llamado “Frente de Todos” que no es más que el frente de algunos, es decir de los que tal conocemos y que durante una larga década sometieron al país a una de las dictaduras más solapadas, pero no menos destructiva que las dictaduras que formalmente se declaran y se reconocen como tales.
En lo económico está más que demostrado, tanto por la teoría como la práctica, que regímenes como el peronista -en cualquiera de sus versiones (extremas o edulcoradas)- generan pobreza y miseria por doquier, lo cual es una consecuencia lógica de un sistema económico dirigista y centralizado por y en el aparato estatal como es el que ha caracterizado a todos los gobiernos peronistas a nivel nacional y provincial.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Argentina: Una muestra más de que el gasto público no genera progreso

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 29/2/16 en: http://es.panampost.com/carlos-salguero/2016/02/29/argentina-una-muestra-mas-de-que-el-gasto-publico-no-genera-progreso/

 

Aunque a priori impopulares, es imperativo que el presidente Macri tome las medidas necesarias para la futura creación de riqueza, sin estancarse en el keynesianismo

 

Murray N. Rothbard escribió en America’s Great Depression que sostener posiciones inestables pospone la liquidación y agrava la inseguridad del sistema. La mirada de este autor, sin embargo, un ícono del pensamiento libertario, en nada coincide con la política económica implementada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien ha sido adoctrinado en los estándares del intervencionismo.

He aquí las aguas que dividen el pensamiento económico en Argentina de hoy: por un lado, los economistas que se oponen a seguir incrementando el gasto público y proponen un shock de ajuste fiscal; por el otro, los seguidores de John Maynard Keynes (en sus múltiples vertientes), la principal autoridad de la corriente intervencionista durante el siglo XX, quienes recomiendan, de hecho, persistir en el déficit público como una vía para salir de la crisis (aunque ello implique una reducción gradual de los desequilibrios), justamente, incurriendo en las mismas recetas que introdujeron el problema.

Bajo el presente contexto, un incremento del gasto público —en términos absolutos— no produce ningún efecto expansivo de relevancia en el nivel de renta de equilibrio, sino, simplemente, una subida del tipo de interés. Dada la baja correlación entre la demanda de dinero y el tipo de interés, la curva de equilibrio en el mercado de dinero, a corto plazo, expresa un comportamiento inelástico y solo existe un nivel de renta en el que hay equilibrio en dicho mercado.

El aumento de los tipos de interés, a su vez, reduce el gasto agregado y, por lo tanto, amortigua los efectos pretendidamente expansivos de la política fiscal. Incluso, en ocasiones, los anula totalmente. Además de atenuar los efectos expansivos de la política fiscal, las variaciones de los tipos de interés producen efectos adicionales, porque la composición de la demanda agregada, entre el gasto de consumo y el de inversión, depende de ellos.

El crecimiento de los tipos de interés desalienta la demanda agregada al reducir la inversión; en este punto, existe la influyente opinión de expertos de que no debería utilizarse la política fiscal como instrumento para influir en la demanda, porque el incremento del gasto público se lleva a cabo a costa de la inversión privada.

Los hechos dan cuenta de que el incremento del gasto público provocó únicamente aumentos del tipo de interés durante la administración kirchnerista, especialmente en la última etapa, donde un muy abultado déficit tuvo lugar a costa de la fuerte reducción de inversión privada (la tasa de capitalización de la economía y la legislación vigente hicieron que el sector privado en lugar de absorber mano de obra se comportara como expulsor del factor trabajo).

Asimismo, desde la administración central se buscó compensar la contracción del sector privado mediante políticas de mayor gasto público. La producción permaneció inalterable, pero el gasto público más elevado implicó necesariamente una disminución del sector privado. En rigor de verdad, el efecto denominado “desplazamiento” o la reducción del gasto privado (concretamente de inversión) asociado al incremento de los tipos de interés fue originado en el gasto público asfixiante. En este caso, una política fiscal expansiva —tal como lo ilustra el caso clásico— produjo, por consiguiente, un efecto desplazamiento pleno o completo.

Según el informe N° 350 del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Iaraf, “el hecho que el gasto público nacional crezca impulsado fundamentalmente por erogaciones de alta rigidez impone un piso en la evolución del peso relativo del gasto público nacional, lo que constituye a futuro una restricción de política económica”. Todo lo cual ha llevado a que la participación del Gobierno, en el consolidado nacional, prácticamente se duplicara durante la última década.

A largo plazo, sin embargo, todo bien de capital se consume, incluso aquellos que no suelen calificarse de perecederos. Circunstancia que opera ya sea por el desgaste provocado en los procesos productivos o porque algún acontecimiento lo priva de interés económico. Por lo tanto, no es cierto que el capital per se genere beneficio. Es fruto necesario de una acción deliberada y puede malograrse si los cálculos en los que se fundamente carecen de pericia, virtud o adecuadas estimaciones de las condiciones futuras.

Frente a tamaño desafío, el presidente Macri no debe vacilar y tomar las medidas necesarias, aunque a priori impopulares, para la futura creación de riqueza. Solo las medidas que incentiven el ahorro, el primer paso obligado para cualquier alargamiento del período de producción, conducirán hacia un mayor bienestar material, ya que preserva los stocks necesarios para subsistencia ulterior, y constituye la condición sine qua non para cualquier posterior progreso.

 

El autor es Doctor en Economía y máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.