La revancha autocrática

Por Constanza Mazzina. Publicado el 7/6/21 en: https://www.demoamlat.com/la-revancha-autocratica/

La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republicanismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de amigo-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró ​​por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

Sobre las “redes” sociales

Por Gabriel Boragina Publicado  el 26/2/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/02/sobre-las-redes-sociales.html

 

Leo y escucho muy a menudo sobre el “enorme poder de las redes sociales”, y relativo a su supuesta superioridad referente a los medios masivos y tradicionales de comunicaciones. Parece que se quiere transmitir la idea de que la gente -a través de las “redes”- está por encima de los medios (TV, radio, periódicos) y que ejercería una especie de control y hasta de influencia sobre los contenidos de tales medios superpuesto al accionar de los políticos y de la política en general.

Mi propia experiencia en las “redes” sociales me permite atestiguar exactamente lo contrario. Se exagera notablemente su importancia.

Comencemos con una aclaración de orden terminológico y de no menor relevancia.

En la jerga habitual, se suele diferenciar entre “redes” y “medios”. Donde los “medios” vendrían a ser la TV, la radio y los periódicos, en tanto las “redes” serian sitios como Twitter, Facebook, LinkedIn, instagram, etc.

La diferenciación pretendida nos parece del todo absurda, porque -en última instancia- todos ellos son medios de comunicación, ya que en todos, sin excepción, la gente se comunica una con otra.

Luego, si me detengo a analizar los contenidos de las “redes” en las que habitualmente interactúo (Twitter, LinkedIn y Facebook, en este mismo orden) puedo observar que más del 80% de las intervenciones (tweets, mensajes, comentarios, etc.) giran en torno al material proveniente de los medios tradicionales de información (TV, radio, periódicos). Es decir, la gente que normalmente participa en las “redes”, sigue dependiendo -como antes- de lo que se muestra por TV, se escucha en la radio o se publica en los diarios. Básicamente, este es el material que se difunde y circula por las “redes”. Suficiente como para demostrarme la falsedad del supuesto “dominio” o “poder” de las “redes” por arriba de los medios tradicionales (TV, radio, periódicos).

Entonces, ¿qué se comenta en las “redes” sociales? ¡Lo que aparece en TV, radio y diarios! ¿Dónde le parece al lector que se encuentra el poder real?

La gente -en las “redes”- difunde (y depende de) lo que se publica en tales medios, y toda su “originalidad” se limita a aprobar o censurar lo que un personaje de la farándula, la política, el deporte, etc. dijo o hizo por TV, radio, o declaró ante un periodista de algún matutino o vespertino de gran circulación.

Basta echar una somera ojeada a los famosos TT (trending topics) para ver que los temas que dominan son los de los programas televisivos de mayor televidencia, preponderantemente las transmisiones de deportes, noticias, política, policiales, entretenimientos o espectáculos, donde el común denominador es que todos ellos se transmiten por TV, previa o simultáneamente a su comentario en las “redes”.

Poco importa que los programas de TV puedan verse por Internet. El punto es que el poder sigue estando en la TV y no en las “redes” como se arguye con tanto ruido y tan livianamente.

La única novedad que aportan las “redes” -desde mi humilde punto de vista- es que, antes de su aparición, uno se quejaba o celebraba en privado, (con la familia, los amigos, o en su lugar de trabajo, o de estudios) lo que veía o escuchaba en la TV, radio o leía en los periódicos. La irrupción de las “redes” sólo ha extendido ese círculo hacia personas que están mucho más allá de esos límites.

Gentes que no nos conocen ni conocemos personalmente pueden leer, ver o escuchar a distancia lo que decimos concerniente a ciertos temas. Pero el punto de la cuestión es ese tan cacareado y pretendido “poder” de las “redes” “por encima” de los medios masivos y tradicionales de comunicación y en relación a sus contenidos. El que, en mi opinión, es no otra cosa que un mito. Es muy cierto que las “redes” amplían considerablemente el ámbito de la queja o la aprobación de la gente, pero (y este es el núcleo central de mi tesis) la fuente de información de la gente que interactúa en las “redes” siguen siendo la TV, la radio y los diarios. Esto no fue cambiado (como tanto se afirma) por la irrupción de las “redes”. Ergo, no hay tal “fenómeno”, ni -mucho menos- “revolución” como arriesgadamente se ha llegado a decir. Simplemente, hoy en día, la información corre más rápido y llega a más gente. Eso es todo. La mentalidad de esa gente sigue siendo la misma, y no veo que haya sido modificada por ninguna “revolución” de las “redes”.

Volviendo al tema del poder y control político que hipotéticamente las “redes” tendrían superpuesto a medios y gobiernos (como con insistencia se ha llegado a aseverar), por idénticas razones no se trata más que de otro mito. La información es más veloz gracias a las “redes”, pero también es mas heterogénea, lo que impide que las “redes” -en sí mismas- constituyan una fuente o bloque de poder unidireccional y desmitifica su supuesta condición de “quinto poder” por sobrepuesto de los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo, judicial y prensa). En el mejor de los casos, formarían parte de ese “cuarto poder”, pero -por el momento- se mantienen claramente independientes del mismo y lejos de constituir un “poder”.

La presencia de los medios tradicionales y políticos en esas mismas “redes” relativiza el supuesto “poder popular” que anidaría en estas. Y contribuye a una mayor heterogeneidad de contenidos.

En tanto, el material de baja calidad es abundante (y responde a los valores convencionales de la comunidad de que se trate) mientras que el de alta es más bien escaso.

En general, y hasta aquí, de acuerdo a lo observado, las “redes” son un excelente medio para el pataleo y exhibicionismo individual, y hacerlo conocer a un público que mayoritariamente se desconoce. Esto, al menos, en cuanto a su aspecto “social” (no comercial o de negocios).

Del lado positivo, las “redes” -en cambio- son oportunidades para el mundo de los negocios y el comercio en general, y en este sentido, son bienvenidas, y pueden llegar a ser muy provechosas, precisamente por su masividad a nivel comercial y empresarial. Aunque no todas las “redes” apuntan en este sentido. Las hay más profesionales y empresariales -como LinkedIn- y otras más populares y mas masivas (los casos de Twitter, Facebook, etc.) que son poco útiles en este último cometido.

Lamentablemente, en general, el potencial en materia de negocios de las “redes” está muy poco y pobremente explotado aun hoy día.

En los demás, y en especial en el campo de las interacciones sociales, la fuente primaria de información masiva y -lamentablemente- en muchos casos de “formación” siguen siendo los mass media (TV, radio y periódicos). No parece vislumbrarse cercana la época en que sea diferente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gobiernos en campaña permanente

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 9/4/13 en http://www.lanacion.com.ar/1570810-gobiernos-en-campana-permanente

Desde hace tres décadas, la estrategia de las llamadas “campañas permanentes” se ha afincado en el mundo de la política. Supone unificar constantemente la acción de gobierno con la propaganda y las acciones publicitarias que hasta no hace mucho eran propias de las campañas políticas propiamente dichas. Como si ambas cosas fueran absolutamente inseparables con el propósito obvio de procurar mantener vigente la popularidad de los gobernantes electos.

Cabe recordar que esta modalidad de acción política se originó en los Estados Unidos. Conceptualmente, es hija de uno de los estrategas de Jimmy Carter, Patrick Cadell. La racionalizó luego el periodista Sidney Blumenthal. Pero su utilización devino durante la presidencia de Bill Clinton, que la trasformó en prioridad permanente.

Por su parte, el presidente Barack Obama la acaba de profundizar al crear -pese a que naturalmente no persigue una reelección, prohibida por la Constitución de su país- el grupo privado denominado “Organizados para la Acción”. Con ese grupo que actúa formalmente desde “fuera” de su administración, apuntalará ante la opinión pública las acciones de su gobierno y de su partido, con el apoyo de muchos de aquellos donantes que ayer aportaron los fondos utilizados en la campaña presidencial. No con fondos públicos, sin embargo, y la diferencia no es menor.

Tony Blair y Silvio Berlusconi, en sus respectivas gestiones, recurrieron a la “campaña permanente”. Sin descanso. Lo mismo hicieron Hugo Chávez, desde 1998, y Rafael Correa, en los últimos años. Así como algunos de nuestros gobernantes, a partir de Carlos Menem. Tanto es así, que Néstor Kirchner afirmó, en julio de 2005, suelto de cuerpo: “Sí, estoy en campaña permanente”.

Las “campañas permanentes” suponen -por definición- que los encuestadores y expertos en comunicaciones estén operando constantemente junto con los líderes políticos, de modo de modelar sin descanso sus actitudes, sus mensajes y sus conductas, para que impacten positivamente en la opinión pública. Esto es, para exagerar sus logros y ensalzar sus imágenes. Y lograr que sus desaciertos no se adviertan o se disimulen. De alguna manera, parecería que interesa más “cómo” se comunica la acción de gobierno que cuál es su sustancia. La forma por encima del fondo.

Todo parece así subordinarse a la búsqueda de popularidad, sin descanso ni límites, como se hace evidente en las democracias frágiles y de valores relativos donde se llega incluso al sacrificio de la verdad con la manipulación de cifras, de circunstancias y hasta de la historia.

La acción de gobierno se transforma en un persistente plebiscito. Por ello, las técnicas de comunicación, las encuestas y el escrutinio constante de lo que piensan los llamados focus groups se entrelazan profundamente con el andar de los gobiernos, en inédita simbiosis. La escenografía y el espectáculo se apoderan de las reuniones y de los eventos. El ruido ahoga al discurso. Y la presencia de los gobernantes de turno se adueña monopólicamente de los escenarios. En ese ambiente, el uso de las “cadenas nacionales” se multiplica, en actitudes que hasta generan hastío.

En algunas partes el tema es aún más complejo. Porque, como consecuencia de las “campañas permanentes”, se da un paso agresivo más. Las críticas a la oposición devienen permanentes y despiadadas. La retórica se adueña de los mensajes de manera agresiva y casi sin límites. Hasta el insulto se instala en lo que debe ser un diálogo normal. Y la intimidación se transforma en instrumento de la lucha política, degradando el clima de convivencia y lastimando a la sociedad a la que se procura polarizar.

Lamentablemente, todo esto se hace con los dineros públicos, a los que se tiene como una suerte de combustible inagotable, lo que inclina el tablero a favor de quienes circunstancialmente están en el poder. El ambiente de la política se puebla de ataques y demonizaciones que procuran dividir, desprestigiar, denigrar y difamar a todo aquel que pueda hacer sombra a quienes (insaciablemente sedientos, como acaba de señalar el papa Francisco) buscan acumular poder y mantenerlo el mayor tiempo posible.

Los medios de comunicación independientes -esto es, aquellos que no se prestan a acompañar los requerimientos y las exigencias de las “campañas permanentes”- se transforman en enemigos intolerables, simplemente porque no contribuyen al discurso que se impulsa desde el poder. Por ende, pronto son blancos a destruir y silenciar. Por esta razón seguramente, la libertad de expresión e información de pronto parece incomodar a tantos en nuestra región. Y, por esto también, aparecen las acusaciones difusas contra las “corporaciones” o los “poderes fácticos” que, en rigor de verdad, son todos aquellos quienes -por las razones que fueren- no se someten al poder de turno.

Por todo esto las sociedades pierden la civilidad y se dividen y enfrentan. Lastimadas por las confrontaciones continuas, resultan presas fáciles de las convulsiones provocadas por un lenguaje de guerra. El disenso se califica de “reaccionario” o “destituyente”. La tolerancia y el respeto recíproco no importan. Es más, molestan.

De este modo, la calidad de la democracia se deteriora como resultado de los intentos constantes de dominar a todas las instituciones desde el Poder Ejecutivo, empeñado en la tarea de concentrar el poder en sus manos. Los equilibrios y contrapesos -esenciales en las democracias- perturban a los gobernantes; razón por la cual se procura eliminarlos o desnaturalizarlos de mil distintas maneras. En las democracias frágiles, la técnica de la “campaña permanente” puede, queda visto, tener efectos sociales y políticos bien serios.

Ante el fenómeno descripto, los límites a las reelecciones no son sólo importantes, sino también esenciales. Y la alternancia en el poder, también; así como la urgencia de establecer límites verificables al uso de los dineros públicos para financiar las “campañas permanentes”. Porque éstas, al dañar la textura de las sociedades, imposibilitan el camino de la unidad e impiden la generación de los consensos mínimos para una visión común del destino de las sociedades. Lamentablemente, hasta la libertad misma puede de repente quedar amenazada cuando las técnicas de las “campañas permanentes” tiñen indeleblemente la acción cotidiana de los gobiernos.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.