El escritorio de una Pyme y las tres mochilas que la asfixian

Por Gustavo Lazzari. Publicado el 6/2/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/El-escritorio-de-una-Pyme-y-las-tres-mochilas-que-la-asfixian-20190206-0062.html

 

Para obtener ganancias el empresario debe procurar que los consumidores ofrezcan sus pesos en forma voluntaria. Eso es mercado. Por tanto, no tiene otra alternativa que satisfacer una necesidad ofreciendo un producto o servicio cuya utilidad sea mayor a la de los pesos que tiene en su bolsillo. Si el consumidor valora más el producto o servicio que sus pesos entonces
realizará la compra.

Es decir, la única forma que tiene el empresario de obtener el voto silencioso y diario de los consumidores es satisfaciendo sus necesidades. Es lo atractivo de hacer negocios. En el escritorio de una pyme o una gran empresa debería haber papeles o elementos que ayuden al empresario a tomar la decisión más sabia a fin de acertar los gustos, preferencias y presupuestos de los consumidores.
Los consumidores cambian, la tecnología vuela, los competidores juegan. ¿Qué produzco?, ¿cómo produzco? ¿con qué precio
salgo?, ¿a qué calidad?, ¿cómo debe ser el pack?, ¿cuál mercado priorizo? ¿cómo lo transporto? Son miles las preguntas que hay
que resolver. De esas respuestas depende el éxito de un negocio, la inversión, el empleo y el crecimiento.
En las pymes, y en particular las familiares, se agregan otros términos a la ecuación. No son pocas las veces que una empresa
sigue viva sólo porque los hijos “vinieron a jugar de pequeños”. Un político nunca comprenderá que un torno, una embutidora, un
horno, un compresor o cualquier máquina puedan ser parte de la familia.

Sin embargo, en los últimos años, los escritorios de las pymes han cambiado. Los temas importantes del día ya no son las decisiones de mercado sino la relación con el Estado nacional.
Podemos dividir el escritorio de una pyme en tres partes. Un tercio dedicado a la mochila fiscal, otro a la laboral no salarial y otro a la regulatoria. Un empresario debe estar atento a los 106 impuestos que los 2200 municipios, las 24 provincias y el estado nacional han legislado a lo largo de la historia. La única política de Estado en la Argentina es el impuesto.
Los impuestos no sólo son muchos sino que son complejos. La complejidad tiene solamente un motivo. Generar más multas.
Ingresos brutos es el ejemplo perfecto de una complejidad especialmente diseñada por políticos para aprisionar al sector privado. Demás está decir que IIBB representa el 9% del precio de un alimento, lo cual ya sería motivo suficiente para al menos estudiar su reforma. IIBB es complejo, hostil y sin dudas uno de los sepultureros de empresas. Resulta muy difícil de liquidar.
La mochila laboral ocupa otro tercio del escritorio. En el intento de proteger al trabajador se diseñó una hipertutela que ha impedido el normal desarrollo del mercado de trabajo. Incorporar y despedir a un trabajador se ha tornado burocrático y riesgoso. Si el costo de salida es elevado, el incentivo al ingreso es nulo. Eso explica buena parte del desempleo

Por último, las regulaciones nacionales, provinciales y municipales han terminado por tapar el escritorio de una pyme. En el rubro cárnico antes que un camión inicie el reparto necesitará 22 documentos al día, además de los 4 permisos electrónicos previos al despacho.
Hasta el 2015 para que una familia pueda acceder a una pechuga de pollo la industria debió cumplimentar 164 trámites en dependencias de todos los niveles de gobierno. Luego de quejas empresarias actualmente ese número se redujo a poco más de 120.
A este delirio se le suma las encuestas compulsivas de los organismos de estadística (so pena de multas por incumplimiento), los registros impositivos, las inscripciones y reinscripciones varias, pues muchos organismos cambian sus sistemas o terminan “perdiendo los papeles”.
Para peor, muchos servicios por los cuales el Estado cobra impuestos, establece registros y regulaciones, son ofrecidos en calidad deficiente. Por tal motivo las empresas deben pagar nuevamente “el gasto público” contratando custodias privadas, servicios de recolección privados, seguridad e higiene privada, etc. Multiplicando costos e ineficiencias.
Cada una de estas regulaciones tiene motivos y justificaciones. Cada una de ellas es impecable. Todas juntas es una mochila insalvable. Una verdadera religión estatal.
La sumatoria del peso de las tres mochilas que ocupan el 100% del escritorio de una pyme son más pesadas que la espalda. Por lo tanto asfixia a las empresas, desenfoca la atención y anula sueños y creatividad. La mochila estatal destruye empresas. No hay país posible si los empresarios en lugar de recorrer mercados, recorren ministerios, si en lugar de analizar qué producir solo atinan a preguntar “qué impuesto vence hoy”.

 

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía, (UCA), Fue Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y fue investigador del Proyecto de Políticas Públicas de ESEADE entre 1991-92, y profesor de Principios de Economía de 1993 a 1998 y en 2002. Es empresario.

Más sobre el cisne negro

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 18/4/18 en: http://economiaparatodos.net/mas-sobre-el-cisne-negro/

 

En realidad el problema central de las sociedades consiste básicamente en el deseo irrefrenable de gobernantes por manejar vidas y haciendas ajenas.

Por introspección sabemos lo que queremos y, sobre todo, somos también concientes de los cambios que operan en nuestro interior y en el medio que nos rodea. No somos la misma persona hoy que la  que fuimos ayer ni seremos la misma mañana debido a que incorporamos otros conocimientos, otras perspectivas y otras preferencias. Seguimos manteniendo la misma identidad pero nuestros horizontes no son los mismos si hemos aprovechado el proceso de prueba y error en nuestras vidas. Las circunstancias y situaciones son permanentemente cambiantes, lo cual nos hace modificar decisiones previas. Esto es lo que precisamente no toman en cuanta lo burócratas que pretenden administrar lo que concierne a otros.

La interacción libre y voluntaria entre las partes permite un proceso de win-win en el contexto del óptimo Pareto, esto es que cada uno de los participantes en una sociedad abierta mejora su posición respecto a la que tenía antes de la transacción. Esto es lo que no entienden llamados líderes del mundo libre como hoy Donald Trump que ha iniciado una “guerra comercial” en verdad un oxímoron puesto que, como queda dicho, por definición, el comercio apunta a la obtención de ganancias para todas las partes involucradas. Nadie interviene en una actividad comercial si no es con la idea de ganar. La terminología de las así denominadas “guerras comerciales” no figura en los diccionarios fuera de los aparatos estatales que ponen palos en las ruedas.

Y como también se ha apuntado, en el  contexto del mercado el sistema de precios basado en la propiedad privada trasmite información sobre que hacer y que no hacer. En esta situación los empresarios están incentivados para satisfacer al prójimo al efecto de incrementar su patrimonio, de lo  contrario incurre en quebrantos.

Si los aparatos estatales se inmiscuyen en el mercado se distorsionan los precios y, por lo tanto, la contabilidad y la evaluación de proyectos también quedan desdibujados con lo que la asignación de los siempre escasos recursos se dirigen a áreas distintas de las que se hubieran aplicado si no hubiera habido la antedicha intromisión, cosa que se traduce en derroche de capital que, a su vez, implica una contracción en los salarios  e ingresos en términos reales.

En otros términos, la intervención gubernamental en los negocios privados no solo bloquea la referida información sino que concentra ignorancia en los así llamados planificadores estatales, en lugar de abrir cauce al aprovechamiento del conocimiento siempre disperso y fraccionado. Como ha apuntado Michael Polanyi, cada uno en el spot tiene sus habilidades, a veces “conocimiento tácito” cuando no lo puede explicitar pero en todo caso ninguno de los operadores en el mercado tiene la visión de conjunto. Como también se ha subrayado desde la Escuela Escocesa en adelante, este proceso produce un resultado que no ha sido previsto por ninguno de los participantes. Solo en las mentes afiebradas de los megalómanos cabe la posibilidad de improvisar perspectivas omnicomprensivas que intentan manejar con los resultados catastróficos por todos conocidos.

Antes he escrito sobre lo que a continuación expongo, pero estimo que es del caso reiterar aspectos de lo dicho. De tanto en tanto aparecen libros cuyos autores revelan gran creatividad que significan verdaderos desafíos para el pensamiento. Son obras que se apartan de los moldes convencionales, se deslizan por avenidas poco exploradas y, por ende, nada tienen que ver con estereotipos y lugares comunes tanto en el fondo como en la forma en que son presentadas las respuestas a los mas variados enigmas intelectuales.

Este es el caso del libro de Nassim Nicholas Taleb titulado El cisne negro, publicado por Paidós en Barcelona (el cual me fue recomendado en su momento por mi amigo y ex alumno Enrique Pochat). El eje central del trabajo de marras gira en trono al problema de la inducción tratado por autores como Hume y Popper, es decir, la manía de extrapolar los casos conocidos del pasado al futuro como si la vida fuera algo inexorablemente lineal. Lo que se estima como poco probable -ilustrado en este libro con la figura del cisne negro- al fin y al cabo ocurre con frecuencia.

Ilustra la idea con un ejemplo adaptado de Bertrand Russell: los pavos que son generosamente alimentados día tras día. Se acostumbran a esa rutina la que dan por sentada, entran en confianza con la mano que les da de comer hasta que llega el Día de Acción de Gracias en el que los pavos son engullidos y cambia abruptamente la tendencia.

Taleb nos muestra como en cada esquina de las calles del futuro nos deparan las más diversas sorpresas. Nos muestra como en realidad todos los grandes acontecimientos de la historia no fueron previstos por los “expertos” y los “futurólogos” (salvo algunos escritores de ciencia ficción). Nos invita a que nos detengamos a mirar “lo que se ve y lo que no se ve” siguiendo la clásica fórmula del decimonónico Frédéric Bastiat. Por ejemplo, nos aconseja liberarnos de la mala costumbre de encandilarnos con algunas de las cosas que realizan los gobiernos sin considerar lo que se hubiera realizado si no hubiera sido por la intromisión gubernamental que succiona recursos que los titulares les hubieran dado otro destino.

Uno de los apartados del libro se titula “Suguimos ingnorando a Hayek” para aludir a las contribuciones de aquel premio Nobel en Economía y destacar que la coordinación social no surge del decreto del aparato estatal sino, como queda dicho, a través de millones de arreglos contractuales libres y voluntarios que conforman la organización social espontánea y que las ciencias de la acción humana no pueden recurrir a la misma metodología de las ciencias naturales donde no hay propósito deliberado sino que hay reacción mecánica a determinados estímulos.

La obra constituye un canto a la humildad y una embestida contra quienes asumen que saben más de lo que conocen (y de lo que es posible conocer), un alegato contra la soberbia gubernamental que pretende manejar administrar el fruto del trabajo ajeno en lugar de dejar en paz a la gente y abstenerse de proceder como si fueran los dueños de los países que gobiernan. En un campo más amplio, la obra está dirigida a todos los que posan de sabios poseedores de conocimientos preclaros del futuro. Y no se trata de memoria insuficiente para almacenar datos, como ha puntualizado Thomas Sowell el problema medular radica en que la información no está disponible antes de haberse llevado a cabo la acción correspondiente.

Por su parte Teleb pone en evidencia los problemas graves que se suscitan al subestimar la ignorancia y pontificar sobre aquello que no está al alcance de los mortales. Es que como escribe “la historia no gatea: da saltos” y lo improbable -fruto de contrafácticos y escenarios alternativos- no suele tomarse en cuenta, lo cual produce reiterados y extendidos “cementerios” ocultos tras ostentosos y aparatosos modelitos matemáticos y campanas de Gauss que resultan ser fraudes conscientes o inconscientes de diversa magnitud, al tiempo que no permite el desembarazarse del cemento mental que oprime e inflexibiliza la estructura cortical. Precisamente, el autor marca que Henri Poincaré ha dedicado mucho tiempo a refutar predicciones basadas en la lineaidad construidas sobre la base de lo habitual a pesar de que “los sucesos casi siempre son estrafalarios”.

Explica también el rol de la suerte, incluso en los grandes descubrimientos de la medicina como el de Alexander Fleming en el caso de la penicilina, aunque, como ha apuntado Pasteur, la suerte favorece a los que trabajan con ahínco y están alertas. Después de todo, como también nos recuerda el autor, “lo empírico” proviene de Sextus Empiricus que inauguró, en Roma, doscientos años antes de Cristo, una escuela en medicina que no aceptaba teorías y para el tratamiento se basaba únicamente en la experiencia, lo cual, claro está, no abría cauces para lo nuevo.

El positivismo ha hecho mucho daño a la ciencia al sostener que no hay verdad si no es verificable a lo que, por una parte, Morris Cohen responde que esa proposición no es verificable y, por otra, Karl Popper ha demostrado que nada en la ciencia es verificable es solo corroborable provisoriamente que debe estar abierta a posibles refutaciones.

Los intereses creados de los pronosticadores dificultan posiciones modestas y razonables y son a veces como aquel agente fúnebre que decía: “yo no le deseo mal a nadie pero tampoco me quiero quedar sin trabajo”. Este tipo de conclusiones aplicadas a los planificadores de sociedades terminan haciendo que la gente se alimente igual que lo hacen los caballos de ajedrez (salteado). Estos resultados se repiten machaconamente y, sin embargo, debido a la demagogia, aceptar las advertencias se torna tan difícil como venderle hielo a un esquimal.

En definitiva, nos explica Taleb que el aprendizaje y los consiguientes andamiajes teóricos se lleva a cabo a través de la prueba y el error y que deben establecerse sistemas que abran las máximas posibilidades para que este proceso tenga lugar. Podemos coincidir o no con todo lo que nos propone el autor, como que después de un tiempo no es infrecuente que también discrepamos con ciertos párrafos que nosotros mismos hemos escrito, pero, en todo caso, el prestar atención al “impacto de lo altamente improbable” resulta de gran fertilidad…al fin y al cabo, tal como concluye Taleb, cada uno de nosotros somos “cisnes negros” debido a la muy baja probabilidad de que hayamos nacido.

Por último y en tren de no desperdiciar el tiempo, para actualizar nuestras potencialidades en busca del bien y en lo posible evitar sorpresas de nuevos cisnes negros debemos bucear en nuestros propios interiores. En este sentido consignamos al margen que también resulta de interés prestar atención a tantos autores que conjeturan sobre lo que ocurre mientras dormimos en cuanto al significado de los sueños puesto que no es menor el hecho de que durante una tercera parte de nuestra vida no estamos despiertos, por lo que una persona de 75 años ha dormido 25 años. Un tiempo tan prolongado que no justifica desentenderse de lo que allí sucede.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Salir del populismo con buenos modales

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 5/4/17 en http://www.cronista.com/columnistas/Salir-del-populismo-con-buenos-modales-20170405-0051.html

 

Es por cierto muy difícil unificar una interpretación que corresponde a cientos de miles de personas que naturalmente tienen sus propias visiones con diferentes énfasis y preferencias. De todos modos puede encontrase un denominador común en la valorización de las instituciones republicanas y, por ende, en ahuyentar la figura del helicóptero tan estimulada y ponderada por energúmenos de variado calibre.

En todo caso nos parece que esta marcha del 1 de abril abre una nueva oportunidad al gobierno para salir del marasmo de populismo con buenos modales y revertir la situación. Milton Friedman ha escrito que para lograr cambios en la buena dirección es imprescindible llevarlos a cabo en el período de la luna de miel y no demorarse y desgastarse para que la oposición junte fuerzas.

Esperemos entonces que esta marcha abra nuevamente un paréntesis de esperanza para hacer lo que es razonable hacer dadas las características de la opinión pública y de los propios gobernantes del momento. Nos referimos esencialmente al voluminoso gasto público que es indispensable reducir, de lo cual depende la colosal presión tributaria, el déficit fiscal, el endeudamiento, las regulaciones absurdas y dificulta la trifulca contra la inflación.

Recordemos unos pocos ejemplos: este gobierno comenzó su gestión aumentando ministerios, elevando el gasto estatal y al tiempo que ponderaba el respeto a las instituciones pretendió designar por decreto a dos miembros de la Corte y subrayar la división de poderes cuando operaba en la Justicia un amigo del presidente, maniobras que afortunadamente se interrumpieron merced a la denuncia pública de una diputada integrante del gobierno. También se intentó muy ingenuamente comprar a piqueteros entregándole la friolera de $ 30 mil millones y otras sandeces como la de pretender chantajes liberando el sector externo para las áreas donde se incrementan precios. Abrirse al mundo no es un trámite administrativo sino para mostrar algo distinto del estatismo. Debe hacerse honor a la expresión cambiemos’ y no repetir errores superlativos aunque sean sin corrupción.

Días pasados no puede contener la carcajada cuando escuché en la radio a un funcionario público que se ufanaba con que las cosas mejorarán cuando la ‘inversión’ en obras públicas se concretaran a través de ‘picos y palas´. Sobre esto último tengo una mejor idea: que se cave con las uñas para mejorar el empleo según esta receta bastante estúpida por cierto con la que se desmoronará todo lo que queda en pie.

En segundo lugar no hay tal cosa como ‘inversión pública’. La inversión es un concepto subjetivo en el que se conjetura que el valor futuro es mayor que el presente. Si le arrancara la billetera a uno de mis lectores y le digo que es para invertir el fruto de su trabajo, seguramente el despojado se percatará que para él es un derroche puesto que si hubiera podido disponer de sus recursos lo hubiera llevado a cabo en otra dirección. Es lo mismo que en la época alfonsinista cuando se decretó el ‘ahorro forzoso’ cuando por idénticas razones no hay tal. En el presupuesto gubernamental el rubro correspondiente debe contabilizarse como gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes, pero no como inversión pública.

En resumen, interpretamos que en la marcha en cuestión se espera que cambiemos cambie antes de que resulte tarde.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La excusa de la discriminación

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 21/9/16 en: http://www.infobae.com/opinion/2016/09/21/la-excusa-de-la-discriminacion/

 

Con el tiempo, la palabra ‘discriminación’ ha tomado más corrientemente la acepción negativa del término. Sin embargo, debemos considerar que la discriminación está presente en toda acción y propósito deliberado. Estas facultades exclusivamente humanas implican elecciones, manifestaciones de preferencias o cursos de acción cuya realización, necesaria e ineludiblemente, excluye otras opciones.

El lector no dejará de apuntar que no es lo mismo elegir entre jugar al tenis y pasear el perro que cuando dichas elecciones involucran personas. Pero tengamos en cuenta también que, cuando elegimos un amigo, un proveedor de tomates, un empleado para trabajar en nuestra empresa, un dentista o una línea aérea, estamos discriminando personas. Discriminamos personas por su experiencia, sus valores y otras características que creemos que se ajustan al perfil que pretendemos encontrar en un amigo, un jardinero o un asesor de inversiones.

A nuestro juicio, la discriminación condenable es aquella que no considera a la igualdad ante la ley como un valor esencial e inherente a la naturaleza del hombre. El principio fundamental para que una sociedad se considere civilizada es reconocerle a cada individuo, y a todos por igual, el respeto irrestricto a su vida, a su libertad y su propiedad.

Sin embargo —y este es un punto central—, de este principio no se desprende que el individuo tenga derecho a la vida, la libertad y la propiedad de otros. Cuando, por ejemplo, un gobierno obliga a una universidad a mantener cupos mínimos de ingreso para latinos, no le está otorgando derechos a los latinos, sino afectando el derecho a los titulares de la universidad de disponer de su propiedad. En el mismo sentido, creo igualmente criticable cuando el monopolio de la fuerza presiona a un club exclusivo de hombres a aceptar mujeres como socias, o que obliguen a un club de mujeres a aceptar hombres como asociados. Aquellos fines que se propongan las asociaciones libres entre individuos, mientras no tengan por objeto lesionar derechos de otros, deben ser respetados a ultranza.

La empresa que se autoimpone un aumento en la proporción de mujeres en su plantilla de empleados supone que la dirección considera que la empresa está desatendiendo el talento y los valores que las mujeres pueden aportar a la institución para mejorar su cuadro de resultados. Esto es legítimo, pero, si la práctica fuera originada por una imposición legislativa, sería impropio, inadmisible y una clara corrosión institucional en donde la ley se convierte en un canal válido para disponer de la propiedad de otros y hacer prevalecer nuestros gustos y necesidades.

Fue muy comentado en los medios un episodio que protagonizaron dos chicas en un conocido bar de la zona de la Recoleta, cuyo comportamiento no fue acode a la conducta que pretenden los dueños del lugar. A veces se confunde el espacio público con un espacio privado que, por fines comerciales, está abierto al público. Un restaurant, un teatro, un parque de diversiones o un local de ropa no pierden el carácter privado por ser abiertos al público. En consecuencia, son los dueños los que deberían tener la supremacía y la potestad sobre su propiedad y las normas o las pautas de orden que ellos crean convenientes para atender a los clientes que quieran convocar. Esto incluye la decisión acerca de si los hombres deben vestir con saco y corbata para su ingreso, si se puede fumar o no, si se determinará una edad mínima de ingreso, si aceptarán mascotas. En aquellos que son locales gastronómicos, si habrá menú light o no, si pondrán o no sal en la mesa, el tamaño del vaso en que se sirven bebidas colas, etcétera.

En el caso del restaurant de Buenos Aires que comentamos, días después del episodio se organizó un “besazo”, que consistió en convocar a homosexuales en la puerta del local para hacer las mismas demostraciones que habían originado el episodio. Algunos fueron más allá con la provocación e ingresaron al local para besarse. El absurdo más acabado de toda esta prepotencia fue la intervención de la autoridad porteña para informar que el Gobierno decidió someter a los empelados del restaurant a un curso sobre la convivencia en la diversidad.

Son irrelevantes las apreciaciones que personas ajenas a la propiedad de un comercio determinado puedan hacer sobre sus normas. Así como nadie nos debe obligar a concurrir a locales que no son de nuestro agrado o cuyas normas de inclusión nos resulten antipáticas, no tenemos el derecho de imponer nuestras preferencias a sus dueños como si se tratara de nuestra propiedad.

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Presentes griegos en materia fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Pubicado el 24/7/15 en: http://economiaparatodos.net/presentes-griegos-en-materia-fiscal/

Homero en la Odisea y varios siglos más tarde Virgilio en Eneida nos relatan la estratagema de invadir militarmente vía el regalo del Caballo de Troya, de ahí “el presente griego” que no solo puede aplicarse a la situación de Grecia hoy con su colosal endeudamiento presentado como una ayuda que hunde a los griegos, sino que puede aplicarse a toda política que aparentemente beneficia pero que en definitiva arruina como es el caso del estatismo en general. 

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de “presentes griegos”: la inexistencia de la traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, una mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la “inversión pública”, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en si mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevaran, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso cualquier costo adicional) sencillamente los traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de “la traslación”.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son “al consumo” sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo- se concluye que ese impuesto es “al consumo” sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aun, el contribuyente de jure al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal, donde la curva aparece en forma de u acostada con el “vértice” haca la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico debe aplicarse la progresividad en el impuesto ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo cual no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. Al efecto de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales donde la doble imposición es generalmente la norma y donde el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos a su vez tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un gobierno centralizado y, en el extremo, un gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de “inversión pública” cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso” como efectivamente ha intentado imponer algún gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros debieran ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no “inversiones” por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Public Choice levanta el velo: no tiene sentido asumir al Estado como ‘dictador benevolente’

Por Martín Krause. Publicado el 8/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/public-choice-levanta-el-velo-no-tiene-sentido-asumir-al-estado-como-dictador-benevolente/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos los capítulos 4 y 5 sobre el supuesto de “dictador benevolente”. Algunos párrafos:

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas . Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común” ? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

Pero no son los incentivos el único problema que se presenta en el supuesto del dictador benevolente. También está el problema de la información, similar al planteado por Mises y Hayek en relación con la planificación económica, aunque originalmente presente en un autor anterior .

Estos dos cuestionamientos plantean entonces dos principales problemas al funcionamiento de la política, como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente: un problema de información, relacionado con la formación de las preferencias y su “revelamiento”, y los medios y procedimientos para satisfacerlas; y un problema de incentivos, por los que las acciones de los representantes deben dirigirse a ese objetivo.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La recurrente manía del igualitarismo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/1/13 en  http://www.lanacion.com.ar/1653078-la-recurrente-mania-del-igualitarismo

 

Más allá de las buenas intenciones, en las sociedades abiertas redistribuir ingresos es contraproducente, incluso para los más necesitados, dice el autor. Lo importante es maximizar los incentivos.

Con la mejor de las intenciones, seguramente, se machaca sobre la necesidad de contar con sociedades más igualitarias desde el punto de vista de ingresos y patrimonios. Pero esta visión, tan generalizada, es en verdad del todo contraproducente, y de modo especial para los más débiles y necesitados.

La manía del igualitarismo lleva a los aparatos estatales a ocuparse de “redistribuir ingresos”. Robert Nozick ha escrito que le resulta difícil comprender cómo es que la gente vota diariamente en el supermercado sobre la base de sus preferencias sobre los bienes y servicios que más le agradan y, luego, los políticos se empeñan en redistribuir aquellas votaciones, lo cual significa contradecir las previas decisiones de los consumidores. Esto, a su vez, se traduce en un desperdicio de los siempre escasos factores productivos y, por consiguiente, en una reducción de salarios e ingresos en términos reales.

En una sociedad abierta es absolutamente irrelevante el delta o el diferencial entre los patrimonios de los diversos actores económicos, puesto que, como queda dicho, las diferencias corresponden a las preferencias de la gente puestas de manifiesto en el plebiscito diario con sus compras y abstenciones de comprar. Lo importante es maximizar los incentivos para que todos mejoren, y la forma de hacerlo es, precisamente, respetando los derechos de propiedad de cada cual.

Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y son escasos, en el proceso de mercado (que es lo mismo que decir en el contexto de los arreglos contractuales entre millones de personas) la propiedad se va asignando y reasignando según sea la calidad de lo que se ofrece: los comerciantes que aciertan en los gustos del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Es obvio que esto no ocurre si los operadores están blindados con privilegios de diversa naturaleza, ya que, de ese modo, se convierten en explotadores de los demás y succionan el fruto de sus trabajos. Estamos hablando de mercados abiertos y competitivos, lo que desafortunadamente es muy poco usual en nuestros días.

La riqueza no es un proceso estático de suma cero, en el sentido que lo que uno gana lo pierde otro. Es un proceso dinámico de creación de valor, puesto que en las transacciones libres ambas partes ganan, lo que explica el motivo de la transacción. La denominada justicia social sólo puede tener dos significados: o se trata de una grosera redundancia, puesto que la justicia no es vegetal, mineral o animal, o significa quitarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece, lo cual contradice abiertamente la definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”. Es lo que el decimonónico Frédéric Bastiat, ajustadamente, llama “robo legal”.

Para combatir la pobreza se requieren marcos institucionales civilizados que aseguren respeto recíproco en las vidas, libertades y propiedades. Ésa es la diferencia entre Angola y Canadá. Si un pintor de brocha gorda se muda de Bolivia a Alemania, multiplicará varias veces su salario. No es que el alemán sea más generoso que el boliviano, sino que Alemania tiene tasas de capitalización más elevadas, es decir, mayores y mejores equipos, herramientas y conocimientos pertinentes que hacen de apoyo al trabajo para elevar su rendimiento. Y tampoco es que el alemán sea más trabajador y realice esfuerzos mayores que sus congéneres. Al contrario, los esfuerzos son mucho menores y en jornadas más reducidas respecto de colegas de un país pobre, que llevan a cabo faenas agotadoras en jornadas más largas.

Si no somos racistas y si nos damos cuenta de que nada tiene que ver el clima ni los recursos naturales (África es el continente más rico en ellos y Japón es una isla cuyo territorio es habitable sólo en el 20%), debemos percatarnos de la trascendencia de las antedichas tasas de inversión, si es que en verdad nos preocupan las personas que con más peso sufren la pobreza.

Sobre la base de la antedicha “redistribución de ingresos” se agudiza el desmoronamiento del esqueleto jurídico, puesto que la igualdad ante la ley se convierte en la igualdad mediante la ley, con lo que el eje central de la sociedad abierta queda gravemente dañado. Thomas Sowell sugiere que los economistas dejemos de hablar de distribuir y redistribuir ingresos, “puesto que los ingresos no se distribuyen, se ganan”, para lo cual es menester abolir todos los privilegios de los seudoempresarios que se apoderan de recursos, cosa que nada tiene que ver con la adecuada atención a las necesidades del prójimo.

Anthony de Jasay apunta que la metáfora, tomada del deporte, que dice que todos deberían partir de la misma línea de largada en la carrera por la vida, sin ventajas de herencia, es autodestructiva. Esto es así porque el que se esforzó por llegar primero y ganar la carrera percibirá que en la próxima largada habrá que nivelar nuevamente, con lo que el esfuerzo realizado resultó inútil.

Del mismo modo, John Rawls, Ronald Dworkin y Lester Thurow, al insistir en principios de compensación a los menos dotados en cuanto a los talentos naturales, están, en definitiva, perjudicando a los que menos tienen. En primer lugar, los talentos adquiridos son consecuencia de los naturales en la formación de la personalidad, con lo que no resulta posible escindirlos. En segundo término, nadie sabe -ni siquiera el propio titular- cuál es su stock de talentos mientras no se presente la oportunidad de revelarlos, y esas oportunidades serán menores en la medida en que los gobiernos “compensen”, con lo que inexorablemente distorsionan los precios relativos. Por último, cada uno tendrá habilidades diferentes para usar la compensación otorgada por los aparatos estatales; en consecuencia, habría que compensar la compensación y así sucesivamente.

Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles desde el punto de vista anatómico, bioquímico y, sobre todo, psicológico. El igualitarismo tiende a que se desmorone la división del trabajo y, por ende, la cooperación social. Son indispensables las diferentes tareas. Por otra parte, el tedio sería insoportable en una sociedad igualitaria; la misma conversación con otro sería similar a hablar con el espejo. También es importante destacar que la guillotina horizontal exige un gobierno totalitario, ya que no bien alguien se sale de la marca impuesta hay que recurrir a la fuerza para igualar.

En estos contextos, es de interés subrayar la inconveniencia de la cantinela del impuesto progresivo. Como es sabido, hay básicamente dos tipos de impuestos: el proporcional, en el que, como su nombre lo indica, la alícuota es proporcional al objeto imponible, y el progresivo, en el que la tasa crece cuando aumenta el objeto imponible. El último gravamen constituye un privilegio para los más ricos, ya que su instalación en el vértice de la pirámide patrimonial antes del establecimiento de la progresividad les otorga una gran ventaja respecto a los que dificultosamente vienen ascendiendo en la pirámide, lo cual bloquea la movilidad social. Además, el tributo progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas, a diferencia del impuesto proporcional, que las mantiene intactas; es decir, no desfigura los resultados de las mencionadas votaciones de la gente. Además, la progresividad se transforma en regresividad, ya que los contribuyentes de jure con mayores posibilidades de inversión al dejar de invertir afectan los salarios de los de menor poder adquisitivo. Tengamos en cuenta que el 20% de los puntos del célebre decálogo de Marx y Engels se refieren a la conveniencia de la progresividad y que, entre nosotros, Alberdi y, en Estados Unidos, los Padres Fundadores, se oponían férreamente al impuesto progresivo por los motivos antes apuntados.

En estos contextos, se recurre a la expresión desafortunada de “darwinismo social”, mediante la que se lleva a cabo una ilegítima extrapolación del campo biológico al campo de las relaciones sociales. En este último terreno, los más fuertes económicamente, como una consecuencia no buscada, trasmiten su fortaleza a los relativamente más débiles, vía las referidas tasas de capitalización y, en este caso, no se seleccionan especies sino normas. Darwin tomó la idea del evolucionismo de Mandeville, pero con un sentido sustancialmente distinto.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.