La igualdad en la historia

Por Gabriel Boragina: Publicado el 23/12/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/01/la-igualdad-en-la-historia.html#!/2017/01/la-igualdad-en-la-historia.html

 

La declamación política de la igualdad jurídica –por una parte- y su manifestación contraria en el campo de los hechos –por la opuesta- no es, en verdad, algo novedoso, ni privativo de los tiempos modernos. Por el contrario, es asunto que se remonta muy atrás en la historia. Comencemos con el antiguo Egipto:

“Según Sánchez Viamonte, al dividir la historia política de Egipto, considera en el tercer período (del 3400 a 2200 a. C.), especialmente al final del mismo, el apogeo de la monarquía y en ella la consolidación de un principio igualitario en el derecho público, sosteniendo que “ante la ley, todos los egipcios son iguales en derecho, No hay nobles ni esclavos, aunque el Estado utiliza los prisioneros de guerra para la construcción de carreteras, o para trabajar en los dominios de la corona”. “La familia -sigue diciendo-reposa sobre la igualdad jurídica de los cónyuges”[1]

Esa supuesta “consolidación” debió darse en el terreno de la letra de la ley, tal como ocurre en nuestros días también, en donde prácticamente todas las constituciones políticas del mundo proclaman la “consolidación” del mismo principio, en tanto que simultánea o posteriormente, se dictan una pléyade de leyes que consagran privilegios, prebendas y prerrogativas regias a determinado grupos o personas individuales, al tiempo que se les niega a otros. Así, bastaba el simple expediente de decidir quién era egipcio o quien no lo era, para estar incluido o excluido de plano en dicho hipotético régimen “igualitario”, al igual que hoy, ciertos regímenes legales, como –por ejemplo- las leyes laborales, determinan quién merece o no merece ser calificado de “trabajador” para gozar o no de sus “beneficios”, excluyendo de ellos a quienes -según esas mismas leyes- no disfrutan de “créditos” suficientes como para ser meritorios de tal etiqueta.

“Pero lentamente la monarquía se va caracterizando por un fuerte absolutismo, apoyado por la clase sacerdotal que se convierte por último en una oligarquía privilegiada, e integrada también por grandes funcionarios administrativos -visires- especie de nobleza que va acaparando beneficios y privilegios e inmunidades. “En adelante, la población se compondrá de nobles privilegiados y de vasallos que dependen de su dueño o señor a título perpetuo, y que se transforman en siervos”. “La inmunidad fiscal de que gozaban los nobles hizo recaer todo el peso del impuesto sobre los pequeños poseedores, los cuales arruinados y endeudados, se ven en la necesidad de vender sus tierras a los grandes propietarios, cuando no son despojados de ellas” (9).”[2]

Dado que el poder tiende a concentrarse en el corto, mediano o largo plazo, el fenómeno no puede llamar la atención de nadie que no esté atento a lo que acontezca su alrededor. Porque, salvando las diferencias históricas y contextuales del caso, el esquema corriente de nuestros días es -en esencia- similar: el poder político indefectiblemente tiende a crecer y absorber al económico, y la explotación que el estado-nación moderno ejerce sobre sus súbditos contribuyentes al exprimirlos con impuestos, sólo en las formas y modos difiere a la que se describe como sucedida en el antiguo Egipto. La pretérita nobleza se esconde actualmente entre los partidos políticos que normalmente acceden al poder o se turnan en el mismo. A los otrora vasallos ahora se les llama “contribuyentes” que si lo son, es únicamente por la fuerza de la ley, pero no por la razón de ella. Ya que la ley injusta no es propiamente ley, aunque técnicamente se la designe así.

“Siguiendo con la evolución política y social de Egipto, entre los años 2360 y 2180 a. C. corre un período de verdadera revolución social, documentada por algunas piezas arqueológicas halladas, que demuestran un grado de subversión tal en la organización social y política del pueblo egipcio, que da la impresión que todo se hubiera transformado y pervertido. A ese descalabro sigue el advenimiento de la monarquía tebana que organiza un gobierno centralista, apoyado por una clase formada por funcionarios y togados, impulsándose la actividad comercial como base de la expansión y del progreso, aflorando también principios místicos en el culto al Dios Osiris, que trae una igualdad de los hombres ante el Dios, y un sentimiento piadoso que impulsa hacia las grandes peregrinaciones al célebre templo de Osiris en Abydos.”[3]

Este párrafo es bien curioso. Parece que el autor opone a la supuesta transformación y perversión en la “organización social y política del pueblo egipcio” “el advenimiento de la monarquía tebana que organiza un gobierno centralista”. Da la impresión que la alusión al gobierno centralista como “solución” a tal hipotético “descalabro” implicaría que este último estaría representado por algún movimiento federalista (o parecido) en el seno de la sociedad egipcia. Si así fuera, llama la atención las connotaciones que el autor en examen le estaría otorgando a la supuesta revolución federalista (la que tilda con los epítetos de subversión, perversión, descalabro). Hay un claro tufillo estatista en el comentario citado. Los términos elogiosos, el autor los dedica a la monarquía centralista, a funcionarios y togados. Es decir, a elementos políticos, no civiles. Lo único positivo del comentario estaría representado por el impulso a “la actividad comercial como base de la expansión y del progreso”, pero nos quedará la duda de a quien o quienes beneficiaba ese comercio, si exclusivamente a los nobles o (lo más difícil) al resto del pueblo. Es frecuente aludir en la historia al “progreso” en general, pero cuando se indaga más a fondo, con esta palabra se quiere -en realidad- significar a menudo la construcción de obras monumentales, ministerios fastuosos, de templos o ídolos, o palacios, o fortalezas descomunales y bien armadas, flotas provistas para el combate naval, (o, mas modernamente, aéreo), obas de ingeniería militar, o a ridículas competencias inter-estados como la tristemente célebre “carrera espacial” otrora llevada entre los EEUU y la URSS, “emprendimientos” estales de los mas inútiles, costosos en millones de dólares y llevados a cabo sólo para masajear el ego de los burócratas encaramados en el poder de esos y otros tantos países. Hay gente que se refiere a todo esto como “progreso” lo que nada tiene que ver con nuestra idea de tal cosa.

[1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz “igualdad”.

[2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”.

[3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

HAY MENOS CIUDADANOS QUE VOTANTES

Por Sergio Sinay: Publicado el 19/8/15 en: http://sergiosinay.blogspot.com.ar/2015/08/hay-menos-ciudadanos-que-votantes-por.html

 

La ciudadanía es una construcción que va más allá del simple hecho de votar y que requiere responsabilidad y conciencia, tanto en la sociedad como en sus gobernantes y candidatos

La inyección de dinero, en forma de subsidios, planes y prebendas clientelistas no remplaza al desarrollo social y personal. Tampoco respeta la condición de ciudadanos de aquellos sobre quienes se derrama. El sociólogo británico Thomas Humphrey Marshall (1893-1982),    reconocido estudioso de la cuestión de la ciudadanía, sostenía que se alcanza esta condición cuando a las libertades legales formales se le agrega el cumplimiento efectivo (y no sólo declamado) de derechos sociales como la salud, la educación, la vivienda y un ingreso mínimo digno. Sólo esto hace de un individuo un miembro real de la sociedad en la que vive, decía. Marshall abundó en esta cuestión en su célebre ensayo Ciudadanía y clase social, publicado en 1949. La filósofa política Debra Satz recoge estas nociones en su reciente y sustancioso trabajo Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Recuerda allí que el derecho al voto, aun cuando se ejerza, tiene importancia relativa si una proporción significativa de votantes no recibió la educación suficiente como para leer en las boletas algo más que los nombres y para entender lo que se juega en un acto eleccionario.

Si tanto Satz como Marshall vivieran hoy en la Argentina observarían que tampoco alcanza la educación formal (un buen nivel de instrucción) o una plausible comodidad económica para hacer del voto una verdadera herramienta democrática cualitativa y no sólo cuantitativa. Habría que incluir el aprendizaje y puesta en práctica de ciertos valores morales, la percepción de que no hay bienestar o salvación individual en medio de un naufragio colectivo, la comprensión de lo que significan el bien común y el destino comunitario además del interés propio. Sin esto, el egoísmo, la hipocresía, la indiferencia   ante el futuro y la miopía existencial se tornan “democráticas” (es decir, se distribuyen profusamente entre diferentes sectores y capas económicas, sociales y culturales). Y eso se nota de manera dramática y socialmente patológica a la hora de elegir gobernantes.  Una sociedad de votantes y de consumidores (en este consumen productos de marketing envasados como candidatos) no es, necesariamente, una sociedad de ciudadanos.

La ciudadanía no se regala. Se construye. Y es una construcción colectiva. Requiere voluntades integradas, vectores que confluyan en el diseño de un porvenir comunitario alentador, en el cual el sentido de las vidas individuales pueda despuntar en un contexto estimulante y dejar huella en el presente y futuro de otras vidas. Construir ciudadanía exige buena fe, reclama respeto por la diversidad (y no la utilización oportunista de minorías postergadas o discriminadas), convoca al diálogo, y no a la suma de monólogos, ante los inevitables desacuerdos de la vida colectiva. Sólo es posible construir ciudadanía en donde hay un ejercicio responsable del poder. Es decir en donde se lo pone al servicio de la sociedad representada y en donde se da cuenta a los mandantes (deber inexcusable de toda mandatario) acerca de las decisiones tomadas y de sus consecuencias.

 

Todos estos aspectos y requisitos parecen lejanos y extraños cuando se avecinan elecciones con candidatos que dan muestras de una irresponsabilidad, una ineficiencia y una capacidad de genuflexión tan inocultables como el oficialista, o de un oportunismo, una volubilidad o una superficialidad tan descorazonadoras como las de sus principales            adversarios. Así será mientras quienes aspiren a ser ciudadanos (personas con derechos y deberes reales y activos, que conviven en un escenario de respeto actuando con responsabilidad y compromiso en la construcción de riquezas comunes) actúen como simples votantes que solo especulan con el plazo corto e individual.

 

Sergio Sinay es periodista y escritor, columnista de los diarios La Nación y Perfil. Se ha enfocado en temas relacionados con los vínculos humanos y con la ética y la moral. Entre sus libros se cuentan “La falta de respeto”, “¿Para qué trabajamos?”, “El apagón moral”, “La sociedad de los hijos huérfanos”, “En busca de la libertad” y “La masculinidad tóxica”. Es docente de cursos de extensión en ESEADE. 

La injusta “justicia social”

Por Gabriel Boragina: Publicado el 21/7/13 en http://www.accionhumana.com/2013/07/la-injusta-justicia-social.html#!/2013/07/la-injusta-justicia-social.html

Quienes levantan las banderas de la “justicia social”, sin saberlo están haciendo un llamado a un mundo cada vez más y más injusto. El lector se preguntará sorprendido ¿cómo es posible esto? Por empezar, digamos que quienes defienden la “justicia social” no saben en rigor de qué es lo que están hablando. Primeramente hagamos unas consideraciones semánticas, para luego introducirnos en algunas cuestiones más de fondo.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica:

“El premio Nobel en Economía Friedrich A. Hayek se ha referido extensamente a Comte y a sus seguidores (1952/1979: 321 y ss.) pero, en su última obra, debido a todos los malos entendidos y galimatías utilizados principalmente por la corriente de pensamiento marxista en torno a la palabra “sociedad”, este autor la sustituye por la expresión “orden extendido” (1988: 6 y 113) y, además, agrega que el adjetivo “social” a continuación de cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo (ib.: 114-119). Dejando de lado las buenas intenciones con que muchas veces se han acuñado ciertas expresiones y las sanas tradiciones en las que aparecieron, piénsese en la expresión “justicia social” que, en el mejor de los casos, constituye un pleonasmo mayúsculo puesto que la justicia no es vegetal, mineral ni animal y, en el peor, contradice la clásica definición de Ulpiano de “dar a cada uno lo suyo” para transformarse en sacar a unos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece.”[1]

A esto se refería Frédéric Bastiat cuando utilizaba la frase expoliación legal, con lo que podemos completar la idea, diciendo que la “justicia social” es el nombre con el cual se consuma la expoliación legal, la que asimismo se transforma en su resultado inmediato. La “justicia social” es la antítesis de la justicia misma, ya que faculta a los gobiernos a despojar impunemente a unos lo que en justicia les pertenece, para darles a otros lo que en justicia no les pertenece. Agreguemos que no obstante, este es el sistema que impera en la mayor parte del mundo.

El mismo Hayek citado por el Dr. A. Benegas Lynch (h) dice en otra parte:

“La interpretación errónea del orden del mercado, como una economía que puede y debe satisfacer necesidades diversas en un cierto orden de prioridad, aparece especialmente en los esfuerzos de las políticas destinadas a corregir los precios e ingresos, en función de lo que se denomina “justicia social”. Cualquiera sea el significado que los filósofos sociales hayan atribuido a este concepto, en la práctica de la política económica éste ha implicado siempre la protección de ciertos grupos, para evitar que éstos desciendan necesariamente de la posición material absoluta o relativa que han disfrutado durante cierto tiempo. No obstante, éste no es un principio sobre cuya base se puede actuar en forma general, sin destruir con ello los fundamentos del orden del mercado. No sólo el incremento continuo, sino que en ciertas circunstancias aun la mera mantención del nivel existente de ingresos, depende de la adaptación a ciertos cambios imprevisibles. Esto implica necesariamente que la cuota relativa y, quizás también la absoluta, de algunos deberá reducirse, aunque éstos no sean responsables en manera alguna de su reducción.”[2]

La “justicia social” -nos dice aquí Friedrich A. von Hayek- es un instrumento del proteccionismo económico (no el único, desde luego), ya sea que la protección se dirija a unos grupos o a otros. Pueden englobarse entre estos mecanismos diversos instrumentos, tales como los subsidios, transferencias directas y otras prebendas. Ora destinados a personas particulares –por ejemplo, empresarios- ora a organizaciones, sean estas sindicatos, empresas, asociaciones, sociedades, etc.  Y añade que, intentar sostener la “justicia social” demolerá -a la larga o a la corta- el orden del mercado. Señalando que, tanto el incremento como el mantenimiento del nivel de ingresos han de depender, necesariamente, de los cambios propios que se dan dentro del ámbito del orden de mercado.

Si introducimos el nefasto “principio” de la “justicia social”, impedimos no sólo el crecimiento de los ingresos, sino incluso su mantención en el punto en el que se encuentran a la fecha de la aplicación de ese eslogan mal llamado de “justicia”.

Y agrega, seguidamente, como la “justicia social” empeorará las condiciones laborales de las personas que trabajan o desean hacerlo:

“Una de las paradojas del mundo actual es que los países comunistas están probablemente más libres de la pesadilla de la “justicia social” y, a la vez, más dispuestos que los países capitalistas a dejar recaer el peso en aquellos para quienes el desarrollo ha sido desfavorable. Para ciertos países occidentales, al menos, la situación no parece tener remedio, precisamente, porque la ideología que domina sus políticas hace imposibles los cambios que son necesarios para que la condición de la clase trabajadora se eleve lo suficientemente rápido como para provocar la desaparición de esta ideología.”[3]

La “justicia social” es una formidable excusa que tienen los populismos y sus megalómanos cabecillas para embaucar a la gente de buena fe y engañar a incautos de todo tipo. Pero, al mismo tiempo y desde un punto de vista económico, simboliza la antítesis de lo que los mal llamados “progresistas” (que no son sino los representantes del verdadero atraso y pobreza mayúsculas de todos los pueblos donde gobiernan) intentan “defender” cuando se llenan la boca con dicha fórmula “bonita” y se hacen pasar por “justicieros sociales” cuando no son más que fenomenales farsantes y simples asaltantes encaramados desde el poder del estado-nación, detrás del cual se escudan para cometer sus fechorías impunemente.

Donde impera a “justicia social” observamos que campea la corrupción, el latrocinio, la venalidad, la pobreza y la miseria más indignante para cualquier persona de bien.


[1]Alberto Benegas Lynch (h). “Una refutación al materialismo filosófico y al determinismo físico”. Revista de Economía y Derecho. Lima, 6(22), Otoño 2009. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. pág. 3

[2] Friedrich A. von Hayek. “La competencia como proceso de descubrimiento”. pág. 10

[3] Friedrich A. von Hayek “La competencia…” op. cit. pág. 11

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

EL DISCURSO MARXISTA DE LA PRESIDENTE

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 9/12/12 en http://www.gzanotti.blogspot.com.ar/

Hay una objeción muy obvia al discurso que la Presidente ha dado esta noche. Ella piensa que la voluntad de las cámaras legislativas tienen que estar por encima del poder judicial, lo cual es desconocer lo elemental del sistema republicano donde el poder ejecutivo y el legislativo tienen un límite precisamente en el poder judicial.

Pero la Presidente y todos los que piensan como ella -esto es, la mayoría de los argentinos, y no es una cuestión de “corrupción”- van a decir que un típico liberal como yo se olvida o no le importa “el poder de las corporaciones” y que es a éstas a las cuales hay que poner un límite. Pero, ¿de dónde sale “el poder de las corporaciones”? Para Marx, de la dinámica misma del sistema capitalista, que tiende a la concentración monopólica. Por lo tanto, el deber de un gobernante que se preocupa por el pueblo es frenar el poder de los monopolios capitalistas, que son capaces de controlar al poder judicial.
La cuestión es que no es la dinámica del sistema “capitalista” la que produce los monopolios: son las intervenciones del estado. Si no se entiende el funcionamiento de la economía de mercado, si no se entiende que la concentración monopólica es fruto de privilegios y prebendas por parte del estado -papel prensa es uno de ellos, por supuesto-, esto es, si no se entiende a la escuela Austríaca de Economía, difícil será NO pensar como la presidente. Puede ser que se disienta con sus métodos, con su retórica, pero, de igual modo que los “genios” del golpe del 55 -excepto, estrictamente, dos o tres- intentaron un “peronismo sin Perón”, la mayor parte de los argentinos honestos quieren ahora un “kirchnerismo sin kirchner”: y terminarán desconfiando de un poder judicial que falla a favor de un “grupo económico”; seguirán pidiendo una “buena” ley de medios, que impida la concentración monopólica de los mismos, y no terminarán de entender en qué consiste la libertad de expresión: pedirán la intervención del estado para garantizar “la democratización de los medios”, cuando la des-monopolización de todo bien y servicio es un fruto exclusivo de una economía de mercado como Mises la describe en su parte cuarta de su tratado de economía. Mises, a quien sobre todo mis colegas filósofos insisten en ignorar, leyendo a Marx y jamás a Mises, para luego dar letra a los Kirchner, a los Correa, los Chávez, etc., contra los cuales pueden diferir en sus métodos pero cuya ideología marxista comparten absolutamente.
La única esperanza de que acabe el kirchnerismo es, como los grandes paradigmas, su propia crisis. Pero el pensamiento marxista es parte del horizonte cultural argentino y allí seguirá, amenazando siempre todo intento de renacimiento de la república.

Gabriel J. Zanotti es Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA).  Es profesor full time de la Universidad Austral y en ESEADE es Es Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.

 

Los privilegios de las empresas estatales

Por Pablo Guido. Publicado el 5/11/12 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

Las empresas tienen varias alternativas para obtener ganancias. Una es la de ofrecer un mejor producto que su competencia, satisfaciendo a sus clientes de manera que todos los días la elijan. A esta acción se le denomina “búsqueda de ganancias”. La otra es bloquear, mediante privilegios, las operaciones de su competencia. En este último caso la empresa actúa como “buscadora de rentas”, es decir, obteniendo una patente legal que le permita ser la única en el mercado (monopolio legal) o lograr que el gobierno restrinja las operaciones de otras empresas que brindan productos sustitutos mediante regulaciones. O prohibiendo el ingreso de productos del exterior mediante la implementación de derechos de aduana (aranceles) para no tener que competir con empresas del exterior que quieran ofrecer sus productos en el mercado local. Hace unas semanas la empresa aerocomercial argentina, Aerolíneas Argentinas, pidió bloquear el uso del aeropuerto de la ciudad capital del país para el resto de las aerolíneas, como podemos observar en esta noticia. Lo agravante del caso es que dicha empresa es estatal, es decir, corre con el “caballo del comisario” como se dice de aquellas empresas que cuentan con el favor del gobierno. Y no sólo eso, sino que además es una empresa deficitaria y que cubre sus pérdidas con aportes permanentes del tesoro. Es decir, la ineficiencia e ineficacia de la empresa es financiada por contribuyentes argentinos que quizás nunca puedan utilizar los servicios de la misma.

 El hecho de ser una empresa estatal y tener cubiertos su déficit de manera coactiva (mediante tributos) genera incentivos en contra de la posibilidad de que los directivos y empleados de dicha empresa se esfuercen por revertir sus pérdidas. Si, además, intentan y logran bloquear a las empresas sustitutas mediante la prohibición de usar el mismo aeropuerto para los arribos y llegadas demuestra que el “campo de juego” está inclinado hacia la empresa estatal. Las reglas de juego no son iguales para todos, violando una condición del Estado de derecho que implica que la ley tiene que ser de igual aplicación para todos. En el mediano y largo plazo se reduce la posibilidad de que el servicio aerocomercial en Argentina mejore, ya que habrá menos inversiones en el sector.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.