Sobre un personaje mayor en la tradición liberal

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/8/2en: https://www.infobae.com/opinion/2021/08/14/sobre-un-personaje-mayor-en-la-tradicion-liberal/

Algernon Sindney escribió en 1681 sobre algunos principios básicos que luego profundizaron Locke y Montesquieu

Sobre un personaje mayor en la tradición liberal - Infobae
Algernon Sidney

A veces acontecimientos claves de la historia no son suficientemente ponderados. Como es sabido, el inicio del espíritu liberal puede situarse en el método socrático, pasando por las experiencias atenienses, romanas, los fueros españoles y sus “juicios de manifestación” antes del habeas corpus, la Carta Magna de 1215, el desarrollo del common law y la escolástica tardía. Si bien el salto cuantitativo original habitualmente se atribuye a John Locke con su tratado de 1689, resulta clave señalar que antes que eso y en la misma dirección y con argumentos de mayor peso Algernon Sindney escribió en 1681 su obra titulada Discourses Concerning Government que demoró en publicarse hasta 1698 debido a su criminal ejecución el 7 de noviembre de 1683 por orden de Carlos II.

El voluminoso trabajo de Sidney fue como respuesta muy extendida al libro de Robert Filmer en cuyo título se expone la tesis central, Patriarcha: A Defense of Natural Power of Kings Against the Unnatural Liberty of the People publicado en 1680. Era una defensa y ratificación de la noción muy generalizada de la época que los monarcas derivaban su poder de Dios y que, por tanto, no podía ser cuestionado independientemente del contenido de la respectiva resolución.

Sidney refutó esta absurda conclusión y se explayó en la naturaleza del gobierno y las limitaciones a su poder a los efectos de salvaguardar los derechos de las personas, a su juicio inherentes a la persona y más allá de la legislación del momento. Esto no solo como un fundamento moral sino para asegurar el mayor bienestar de la gente basado en que esos derechos son naturales al ser humano y anteriores y superiores a la constitución del monopolio de la fuerza. Estas disquisiciones se oponían no sólo al poder político sino también al poder de las religiones oficiales. La frase que resume su pensamiento es la ironía de comentar que en los sistemas entonces vigentes “algunos nacen con una corona sobre sus cabezas y todos los demás con monturas sobre sus espaldas.”

La referida obra de seiscientas páginas en la edición que tengo en mis manos, está dividida en tres grandes capítulos que contienen noventa y ocho secciones. Comienza diciendo que es perfectamente excusable el error cometido por ignorancia, pero personas leídas e informadas no tienen justificación de engañar a la gente con supuestos inauditos como que el poder de los reyes es un mandato divino al efecto de respaldar sus fechorías. Como queda dicho, en verdad el autor explica que los derechos individuales provienen de la naturaleza de la condición humana para poder desarrollar sus potencialidades y el gobierno está teóricamente constituido para proteger y garantizar esos derechos. Es lamentable -continúa Sidney- que muchas autoridades religiosas se hayan plegado a la idea de la infalibilidad de la corona cuando su misión es la de velar por la integridad de los miembros de la comunidad y no estos reverenciar y otorgar facultades ilimitadas a quienes están supuestos de proteger las autonomías de los gobernados, quienes deben tener la posibilidad de remover a quienes los asaltan.

A continuación subraya el desatino de insistir en que el pueblo no debe interferir en los misterios del poder solo reservados a los que lo detentan puesto que ese razonamiento constituye un insulto a la inteligencia. Los hombres que asumen el poder no son diferentes al resto de los mortales, solo que se le ha confiado la misión de proteger las condiciones para que cada uno pueda desarrollar sus facultades dignas de la condición humana.

Constituye una ofensa a Dios el endosarle la responsabilidad por los martirios que sufre la gente. Los que tienen las inclinaciones delictivas de Nerón deben ser tratados como tales. La prudencia y el acierto en las decisiones gubernamentales no surgen automáticamente “no crecen como los hongos” son fruto de meditaciones y asesoramientos calificados y serios. La gente no debe dejarse atropellar y eventualmente permitir que los decapiten en sentido figurado o en sentido literal en nombre de una alegada facultad inexistente. No tiene el menor sentido reclamar que se dé al César lo que pertenece al Cesar cuando lo que se pide es el poder absoluto como atributo indiscutible del Cesar lo cual desconoce la naturaleza del gobernante y los atributos de la gente, todo como un pretexto para atropellar los derechos de todos los que no gobiernan.

La sección quinta del primer capítulo lleva el muy sugestivo título de “Depender de la voluntad de un hombre es la esclavitud” donde alude a la esencia de la tiranía que consiste en que la gente se encuentre a merced del monarca ya que la libertad es la ausencia de coacción por parte de otros ya que “son esclavos quienes no puede disponer de su persona ni de sus bienes y todo depende de lo que resuelva su amo; no hay tal cosa como la naturaleza del esclavo” puesto que la esclavitud contradice la naturaleza de las cosas, en esta línea argumental los gobernantes deben ajustarse a la ley entendida como el resguardo de los derechos de todos y no simplemente una disposición emanada de la autoridad. Imputar a Dios la conducta de los Calígula es una falta de respeto mayúscula.

En la sección décima de ese mismo capítulo, se elabora detenidamente sobre el concepto de que “ninguna violencia o fraude puede crear un derecho” y “la diferencia entre un buen y un mal gobierno dependen del ejercicio del poder” pero “en esclavitud el conocimiento no brinda posibilidades ya que todo depende de la voluntad de los lords por más malvados, crueles y dementes que resulten”. Y más adelante en la sección siguiente y en las cuatro finales de ese capítulo explica detenidamente que un acto injusto no muta en justo por el hecho de ser adorado con boato, rituales, frases vacías y poder hereditario. La justicia de dar a cada uno lo suyo implica el respeto a la propiedad de lo que pertenece a cada cual.

En el segundo capítulo Sidney en el contexto de opiniones de diferentes autores, desarrolla las nociones de democracia referida al consenso de la administración de la cosa pública en beneficio de todos que hoy podemos resumir en el respeto recíproco, la aristocracia como el gobierno de algunos considerados virtuosos y la monarquía como el gobierno de uno, lo cual con el tiempo fue transformado en monarquía parlamentaria o constitucional con la idea de establecer límites al poder. Y en la sección cuarta del tercer capítulo subraya que ningún monarca debe contar con la facultad de vulnerar derechos del mismo modo que debe prevenir que otros lesionen derechos del prójimo.

En la sección onceava del último capítulo, el autor extiende su argumentación sobre el significado de la ley que debe ser compatible con el derecho y no fruto de una mera resolución gubernamental y que una ley injusta no debe ser obedecida en línea con la tradición escolástica (la sección se titula “La ley injusta no es ley y aquello que no es ley no debe obedecerse”). Enfatiza que la ley no deriva de la dignidad del legislador sino exclusivamente de su justicia que debe ser universal.

Esta deriva tan sustanciosa sobre lo que significa la igualdad ante la ley y su inseparable noción de la Justicia y la relevancia de los magistrados que imparten justicia es a contracorriente del llamado positivismo jurídico que no reconoce mojones y puntos de referencia extramuros de la norma positiva. En la sección catorce recuerda que los gobiernos fueron establecidos para hacer que se cumpla la justicia, un contrapoder de gran peso en las sociedades libres en cuyo contexto esboza que el derecho no es consecuencia del invento de jueces sino el resultado de procesos evolutivos de descubrimiento de valores preexistentes.

Luego de todas estas disquisiciones sumamente sustanciosas y muy pertinentes para la actualidad, este notable pensador en las dos últimas secciones se refiere a la importantísima misión del Parlamento o Poder Legislativo y apunta que “la Magna Charta que comprende nuestras leyes antiguas y las legislaciones subsecuentes no son fueron enviados de los cielos sino de acuerdo a la voluntad de los hombres” en dirección a la limitación al poder. En este sentido agrega que en una sociedad libre no puede otorgarse poder al Parlamento a los magistrados judiciales ni al rey que no sean para salvaguardar derechos y en el primer caso las deliberaciones deben dirigirse a poner orden, es decir, a lo que modernamente diríamos el Estado de Derecho donde ese Poder Legislativo “debe ser confiado solo en las manos de quienes son capaces de obedecer la Ley” en el sentido antes definido y vinculado a los escritos de Richard Hooker que Sidney cita en concordancia también con otros autores respecto al iusnaturalismo.

Estas notables contribuciones fueron desarrolladas primero por Locke y luego perfeccionadas por Montesquieu. En el primer caso, se muestra que “Cuando los legisladores quitan y destruyen la propiedad de la gente o los reducen a la esclavitud por medio del poder arbitrario, se colocan en un estado de guerra con el pueblo que queda eximido de seguir obedeciendo.” Y el segundo autor además de haber afinado la imprescindible división de poderes, escribe en su trabajo más conocido de 1748 que “nos ha enseñado la experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación […] Para que no se abuse del poder, es necesario que se le ponga límites”. Calcado en la misma argumentación, contemporáneamente Bertrand de Jouvenel concluye en el poder que “es una experiencia eterna el que todo hombre que tenga poder se ve impulsado a abusar del mismo”.

Benjamin Constant en “Sobre el espíritu de conquista y de usurpación en sus relaciones con la civilización europea” consignó la célebre distinción entre “la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos”, la primera “se componía más bien de la participación activa del poder colectivo que del disfrute pacífico de la independencia individual […] Muy otra cosa ocurre en los estados modernos, su extensión, mucho más vasta que las repúblicas de la antigüedad […] Los clásicos hallaban más deleite en su existencia pública y tenían menos en su existencia privada. Casi todos los deleites modernos se hayan en la existencia privada”. Hoy desafortunadamente pude decirse que en gran medida hay una reversión del tema: se pretende circunscribir la participación de la gente en el voto (con todas las artimañas del caso) pero excluirlo de lo relevante, cual es la protección y el consiguiente respeto a sus derechos individuales tan proclamados por el propio Constant.

Tal como he consignado antes, a mi juicio el cuarteto de obras de ficción que mejor desnudan el poder son La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa que se refiere a Trujillo, Yo el supremo de Roa Bastos que se refiere al doctor Francia, Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias que se refiere a Estrada Cabrera y La silla del águila de Carlos Fuentes que se refiere en general al poder en México donde se leen las siguientes confesiones imaginadas (¿imaginadas?) de políticos que ilustran sobre algunos pasillos de los aparatos estatales: “para mi todo es política, incluso el sexo”, “el poder es mi vocación”, “te lo digo a boca de jarro, todo político tiene que ser hipócrita. Para ascender, todo vale. Pero hay que ser no sólo falso, sino astuto” y “la fortuna política es un largo orgasmo”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Obligación e igualdad fiscal

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/obligacion-e-igualdad-fiscal.html

«c) La obligación que tienen los ciudadanos de pagar impuestos radica en el hecho de formar parte de una comunidad política organizada: la obligación afecta no sólo a los «nacionales», sino a los «extranjeros», aunque con diversa intensidad, los nacionales son miembros «permanentes» de la comunidad: su obligación es «integral» y «constante», es decir: obligación de pagar «todos» los impuestos y durante «todo» el tiempo que conserven el vínculo de nacionalidad; los extranjeros son miembros «accidentales» de la comunidad, ya por residir su «persona» en el territorio nacional, ya por radicar en él sus «bienes»: su obligación es «temporal» y «parcial», o sea: sólo durante el periodo de residencia o con respecto a los bienes nacionalizados. La tasa carece de estos atributos políticos.»[1]

Excepto aquellos que hubieran prestado su previo y libre consentimiento, nadie forma parte de ninguna comunidad de manera forzada, o sea, sin que se viole su libertad de asociación al obligárselo al ingreso forzoso a una comunidad a la que no se le ha consultado sobre sus deseos de pertenecer a ella y -para peor- se lo compele a financiar a aquellos que se dicen sus «titulares» o «representantes».

En consecuencia, el punto c) de la cita anterior no nos brinda «fundamento» alguno, ya que deja sin base esa falsa «obligación».

Esta conclusión se hace extensiva a los extranjeros, excepto que hubieran dado (como en el caso de los locales) su previa aceptación a contribuir económicamente con el gobierno al ingresar al pais. En caso contrario, tampoco deberían ser forzados a pagar nada, porque el elemento coactivo carece de base legal y si se argumenta -desde el positivismo jurídico– que la tiene, nosotros -desde nuestra postura iusnaturalista– lo negaremos, y agregaremos que, aunque se la acepte desde el positivismo, no hay desde la moral y la ética ningún respaldo de este tipo para sostener esa actitud.

El fundamento de nuestra posición ya fue dado: la mayoría no puede obligar a la minoría so pretexto de «democracia» a ser sujeto pasivo de actos inmorales como es el de dejarse robar por quienes alegan «representar» a un mítico «estado», «pais», «gobierno», «nación» o, en su caso, rey, monarca, déspota, jefe de estado, director supremo o el título que quiera auto arrogarse. Bien dijo Herbert Spencer que el derecho divino de los reyes devino en el derecho divino de los parlamentos, pero los liberales creyentes no reconocemos más derecho divino que el de Dios mismo. Ningún derecho creado por el hombre puede reclamar para si divinidad alguna. El derecho humano es solo una improvisada herramienta de convivencia y nada más. Allí se agota su función. Si no la cumple, no sirve para nada.

No existe ninguna obligación moral de pagar tributos, impuestos, tasas, contribuciones o el nombre ficticio que se le quieran dar. No es moral violar la libertad de las personas, ni siquiera en nombre de esa falsa «divinidad» que llaman «estado».

«1. La noción de la igualdad. Hay algunos rasgos esenciales del impuesto que la doctrina ha recogido para convertir en verdaderas reglas. Así, el carácter de la Igualdad en la aplicación y distribución del impuesto. En su amplia exposición sobre materia de impuestos, John Stuart Mili se pregunta: «¿Por qué motivo la igualdad debe ser la regla en materia de impuesto?» Y agrega que la respuesta debe ser que ella debe constituir la regla en todas las materias de gobierno. Como un gobierno no debe establecer distinciones de personas y de clases, y debe reconocer un derecho a todos a sus servicios, los sacrificios que él reclama se deben hacer gravitar, poco más o menos, del mismo modo sobre todos los habitantes, siendo de subrayar que de esta manera se reclama el menor sacrificio de los interesados. Si alguno no soporta su parte de la carga común, hay alguien que soporta más que su parte, y todas las cosas iguales por otra parte, la exoneración de uno no es igual a la sobrecarga que pesa sobre el otro. Entonces, cuando se dice en política, igualdad en materia de impuestos, esto significa, igualdad de sacrificio: vale decir, que la parte en la cual cada uno contribuye a los gastos del gobierno, debe ser reglada de modo que una persona no sufra más que otra, de la obligación de contribuir a sus gastos. Este ideal, como todos los otros, no puede ser realizado completamente; pero lo que es necesario buscar, ante todo, en toda discusión práctica, es determinar en qué consiste la perfección.»[2]

Antes que preguntarse por qué «la igualdad debe ser la regla en materia de impuestos», la pregunta fundamental debería ser ¿Por qué los impuestos? Pero ciertamente las respuestas que recibiríamos serían las que ya examinamos: nos hablarían de la «necesidad» de un mítico «estado” lo que nos han enseñado a todos en la escuela, si, a todos, incluyendo a quien esto escribe. La diferencia es que, una amplia mayoría se ha conformado con esa respuesta, la ha admitido sin mayor análisis ni examen crítico. En cambio, otros, como nosotros, han pretendido ir más allá, al fondo del asunto. Y cuando se llega al fondo del asunto la conclusión no puede ser otra: los impuestos no tienen razón de ser.

Pero si la mayoría (como sucede) ha aceptado la existencia de los impuestos ¿no deberían ser estos iguales para todos?

La respuesta es simple: no. Porque si la mayoría impone impuestos en contra de una minoría (que no los admite) aquella mayoría no tiene ningún derecho para someter a la minoría a algo que afecta a su derecho de propiedad. Este es el punto central del debate que está casi ausente en toda la discusión sobre los impuestos: la importancia de la propiedad y su carácter de derecho. Nos dicen que es uno de los casos donde la propiedad «debe ceder». ¿Qué argumento es este? Y ¿por qué «debería ceder» en materia de impuestos y no en otros casos? Simplemente porque los impuestos son el alimento de la burocracia que es la que detenta el poder real. Y todo lo demás que se diga es puro palabrerío vacuo.


[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Derecho a la seguridad jurídica

Por Gabriel Boragina Publicado el 12/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/derecho-la-seguridad-juridica.html

 

“Las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica podrían englobarse en dos exigencias básicas: Corrección estructural, en cuanto garantía de disposición y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico; y corrección funcional; que comporta la garantía del cumplimiento del derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación. Se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad por parte de los poderes públicos (principio de legalidad) y también de los ciudadanos.” (Pérez Luño A.)»[1]

Este es un concepto formal, que no nos dice nada del aspecto sustancial o del contenido del orden jurídico. Nótese que estas condiciones podrían cumplirse en cualquier estado totalitario como lo fueron la Alemania nazi, el socialista soviético, o el cubano, donde permanentemente y bajo su régimen jurídico formal se han quebrantado y se siguen violando -en el caso cubano- los derechos más elementales. Los tiranizados en regímenes opresivos también tienen la certeza (seguridad) de que se dictarán normas por parte de los organismos «legalmente» facultados para ello que vulnerarán sus derechos individuales. El mal de nuestro tiempo es la plena identificación que se hace entra la norma y la justicia de la norma, cuando no necesariamente ambas han de coincidir.

Por caso, si la norma no respeta el derecho de propiedad del individuo habrá seguridad jurídica respecto de que ese derecho no será reconocido, o será transgredido por medio de una norma. La ley y el Derecho van por caminos separados. El objetivo de toda sociedad es (o debería serlo) unirlos e integrarlos.

Pero la seguridad jurídica no siempre va de la mano con la seguridad personal, y cuando se disocian hay que elegir entre una o la otra.

Si hay «seguridad jurídica» de que la norma legal infringe o atropellará el derecho individual, entonces no existe seguridad individual, porque la primera se contrapone (y ataca) a la segunda. En tal caso, el orden moral impone la prevalencia de la personal por sobre la jurídica. Si el orden jurídico amenaza la seguridad personal debe primar está por sobre aquel.

La siguiente otra definición de seguridad jurídica tampoco arroja demasiada luz sobre el problema que estamos intentando analizar:

«La seguridad jurídica, en un caso concreto, es un valor de la conducta en su alteridad. La seguridad como valor está presente en situaciones ciertas, firmes, y tranquilas, de modo tal que la certidumbre, la firmeza y la tranquilidad en la conducta certifican su polo positivo.»»[2]

Si la primera definición citada es de orden formal, la actual daría la impresión de ser algo más sustancial, ya que alude a la conducta en su alteridad. Pero no aclara a la conducta de quien lo hace, si a la del legislador a la del legislado. Parece que lo más apropiado -a esta altura- es diferenciar estabilidad jurídica de seguridad jurídica, porque el grado de ambigüedad de la primera expresión es muchísimo menor al de la última.

Decimos esto basados en las definiciones que nos da la Real Academia Española:

estabilidad

Del lat. stabilĭtas, -ātis.

  1. f.Cualidad de estable. Estabilidad atmosférica, económica, de un coche.

estable

Del lat. stabĭlis.

  1. adj. Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Temperatura, economía estable.
  2. adj. Que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Inquilino estable.
  3. adj. Que mantiene o recupera el equilibrio. Un coche muy estable.

seguridad jurídica

  1. f. Cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.

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Con todo, se nota que estable y seguro son casi sinónimos. Pero el vocablo estable(como surge de las definiciones transcriptas) da un cierto sentido de prolongación en el tiempo, que el término seguridad no denota tan marcadamente. De tal suerte que, algo puede ser seguro y estable, o no estable.

Volviendo a los ejemplos históricos ya dados, en los regímenes nazi-fascistas-comunistas sus normas eran ciertas y previsibles de ser aplicadas. De hecho, lo fueron. Como vemos, cumplen con las condiciones necesarias que definen la seguridad jurídica.

«Si se comprende que los derechos de las personas son consubstanciales a la dignidad del ser humano, no tiene sentido sostener que pueden violarse siempre y cuando otro necesite mucho lo que pertenece a un tercero. De este modo se desmorona el respeto a la propiedad, lo cual constituye el aspecto medular del marco institucional que sirve, precisamente, para maximizar tasas de capitalización que, a su vez, permiten aumentar salarios e ingresos en términos reales. La inseguridad jurídica que se crea con la introducción de figuras como la comentada, constituyen el medio más potente para extender los estados de extrema necesidad y de extrema desesperación.»[3]

El problema real es cuando la doctrina jurídica que campea en los corazones de la gente es la del positivismo jurídico, que considera que el Derecho es idéntico a la ley, y que la ley es exclusivamente todo aquello que emane del organismo legislativo. En el caso, tendremos la seguridad jurídica que el sistema es positivista, lo que -a su turno- nos garantiza que no estaremos viviendo en un marco de estabilidad jurídica. Los «derechos» -en tal encuadre-se limitan a aquellos que el legislador determine que lo son, excluyendo a los que -según su arbitrio- no lo son o no deben serlos. El derecho fundamental es el de propiedad, que implica el derecho al propio cuerpo, del que se deriva el derecho a la libertad para usar y disponer de lo que es propio. En otras palabras, lo que es inherente a la persona misma, y lo que esa persona produce con su trabajo. En la cita, la inseguridadalude a la falta de certeza o estado de duda sobre la legitimidad o no del derecho de propiedad. Es decir, presupone la previa existencia de tal derecho en el ordenamiento jurídico que se analice, y la posibilidad (actual o futura) que el mismo sea disminuido o desaparezca por obra y gracia del legislador.

[1] http://www.dicciobibliografia.com/Diccionario/Definition.asp?Word=DERECHO%20A%20LA%20SEGURIDAD%20JURIDICA

[2] Ver voz «Derecho a la seguridad jurídica» artículo de los Dres. Miguel Herrera Figueroa y Zulema Julia Escobar. Enciclopedia jurídica OMEBA, Tomo 21 letra O, Grupo 5

[3] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág.237

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Resulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

 

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

 

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

 

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

 

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer  no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

 

En otra oportunidad nos hemos referido al significado del derecho y ahora parcialmente lo reiteramos. Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no los gane y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado etc.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado como veremos más abajo.

 

Hay cinco canales que son los más frecuentes para demoler el derecho. Telegráficamente considerados, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben en las acciones cotidianas del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

En el caso argentino, aquellas figuras fueron incorporadas al Código Civil en el gobierno de facto del general Onganía y sus defectos pueden subsumirse en la primera de ellas. La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

Por su parte, la confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo (el peligro del “gobierno de los jueces”) constituye un abuso que vulnera la división de poderes. En definitiva, ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si no hay el respeto a la palabra empeñada” que constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho, el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas.

 

Por último, el centro de la actividad económica radica en el mercado que como bien se ha dicho no es un lugar sino un proceso del cual participan todos. Los economistas hemos incurrido en el error de sobresimplificar el concepto al hacerlo aparecer como un antroporfismo: “el mercado dice”, “el mercado prefiere” etc. como si se tratara de un fulano en lugar de puntualizar que se trata de un proceso en el que millones y millones de personas que interactúan entre si todos los días y en todos los lugares (y donde las autoridades no las dejan operar buscan refugio en el mercado negro). En este sentido,  el mercado somos todos.

 

La institución clave del mercado es la propiedad privada por la que se asignan los siempre escasos recursos de acuerdo a las votaciones diarias de la gente al poner de manifiesto sus preferencias y rechazos. No son posiciones irrevocables, se acrecienta o se disminuye la propiedad de cada cual en la medida en que se sepa satisfacer las necesidades del prójimo. El único modo de enriquecerse en una sociedad abierta es sirviendo al prójimo y el peor enemigo del mercado es el llamado empresario que se alía con el poder político para usufructuar de privilegios que siempre perjudican gravemente a la gente.

 

La redistribución de ingresos que realizan gobiernos a través de legislaciones que destruyen los antes mencionados pilares del derecho, inexorablemente consumen capital que, a su vez, disminuyen salarios e ingresos en términos reales puesto que el único factor que permite su elevación son las tasas de capitalización. La redistribución a través de los aparatos estatales necesariamente opera a contramano de la distribución original y voluntaria que llevó a cabo la gente en los supermercados y afines.

 

Al efecto de ilustrar lo puntualizado en esta nota periodística y hablando de antropomorfismos, menciono al pasar que un abogado y destacado representante de uno de los partidos que integran la alianza gobernante hoy en Argentina ha dicho textualmente en público y sin ruborizarse que “el Estado es la inteligencia de la sociedad” (será por eso que estamos como estamos los argentinos).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Los derechos del niño son una chiquilinada:

Por Gabriel Gasave. Publicado el 20/11/12 en http://independent.typepad.com/elindependent/2012/11/los-derechos-del-ni%C3%B1o-son-una-chiquilinada.html#more

Hoy 20 de noviembre se celebra en gran parte del mundo el Día Universal del Niño con motivo de un nuevo aniversario de la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, cuyos principios desde entonces han ido incorporándose al derecho positivo de un vasto número de naciones.

Dejaremos para otra ocasión el debate respecto de si en verdad, tiene sentido que exista tal cosa como las Naciones Unidas, organización que a nuestro juicio consiste en una Babel burocrática cuyos miembros realizan las mismas actividades perniciosas que venían llevando a cabo en sus países de origen, solo que con distinto clima; para concentrar nuestras reflexiones en los aspectos que entendemos más jugosos de la Declaración de la ONU.

El documento en cuestión parte del mismo error que cometen casi la totalidad de nuestras legislaciones: creer que porque algo aparezca escrito en un papel, necesariamente va a ocurrir de esa manera, sin tomar en cuenta que a la realidad no le interesa lo que un grupo de individuos pueda decidir en una asamblea, por más numerosa y solemne que la misma sea.

El establecer que “el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado………, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”; que debe crecer “en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Preámbulo); que el niño debe tener acceso a la información y al material que tengan por finalidad “promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental” para lo cual los Estados Partes, entre otras cosas “alentarán la producción y difusión de libros para niños” (Art.17); que se reconoce “el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” debiéndose hacer efectivos dichos derechos mediante “asistencia material y programas de apoyo, particularmente respecto de la nutrición, el vestuario y la vivienda” (Art.27); etc.; es meramente formular un largo y tedioso decálogo de pseudo-derechos, que en muchos casos ni siquiera nos atreveríamos a calificar de buenas intenciones, por la inmoralidad de sus implicancias y connotaciones.

Es conveniente destacar que el ser titular o no de derechos no es algo que dependa de cuantas velitas uno apaga el día de su cumpleaños. Los seres humanos tenemos derechos por nuestra condición de tales, y no por encontrarnos más cerca o más lejos del momento en que vinimos al mundo. En verdad, no existen los “derechos del niño”, como no existen los derechos de los de la mediana edad o de los ancianos. Lo mismo puede decirse de los supuestos «derechos del enfermo», ficción jurídica que dejaría supeditada la titularidad o no de derechos a lo que marque el mercurio del termómetro clínico.

Los niños tienen exactamente los mismos derechos que los adultos: a la vida, a la propiedad , a la libertad, y a la búsqueda de la felicidad; derechos que son inherentes a la naturaleza humana y anteriores a toda actividad del legislador, nacional o supranacional. Lo único que cambia es que el ejercicio de los mismos estará tutelado por sus progenitores hasta tanto alcancen la mayoría de edad.

También es importante recordar que todo derecho genera como contrapartida una obligación para el resto de la sociedad, y que esa obligación sólo debería ser de índole negativa: la abstención de violar los derechos de nuestros semejantes. A lo único que deberíamos estar obligados en una sociedad es a no lesionar derechos de terceros, y a resguardar esto es a lo que debería avocarse exclusivamente un gobierno. Ahora bien, reconocer en algunas personas la titularidad de pseudo-derechos, como lo hace la Declaración de la ONU, implica gravar nuestras vidas con una hipoteca en favor de los demás, convirtiéndonos en proveedores de los medios que permitan a otros la consecución de sus fines. En definitiva, nos convierte en el combustible que hará posible que otros transiten por la vida.

Es de esperar que algún día, quienes tienen a su cargo la función legislativa, antes de sancionar una norma observen cual es la naturaleza de un ser humano y cual es su rol dentro de una sociedad, y que se percaten de que los derechos individuales no son un juego.

Gabriel Gasave es investigador para el  Center on Global Prosperity del The Independent Institute. Se graduó de Abogado en la Universidad de Buenos Aires, estudió Ciencias Políticas en Lock Haven State College en Pennsylvania, Y realizó una maestría en Economía y Administración en ESEADE. Ha sido secretario académico  de ESEADE.

Las “revoluciones” solo son literatura

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 20/7/12 en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/Las-revoluciones-solo-son-literatura

Egipto sigue manejado por la misma élite militar financiada y armada por Washington.

Edmund Burke, aunque nacido en Dublín, es considerado el padre del conservadurismo liberal británico, y uno de los principales críticos de la epopeya gala cuyo nuevo aniversario se festejó este 14 de julio.

En 1790, se publicaron sus “Reflexiones sobre la Revolución francesa”, con la que inaugura su denominada ‘epistemología de la política’ (un sistema de empirismo político), donde critica en duros términos el escaso respeto por la tradición del “common law”, en los nuevos principios “revolucionarios” que le parecían demasiado abstractos y contrarios a la libertad de los individuos.

Esta “revolución”, homicida como pocas, fracasó como toda violencia en sus objetivos declarados. Cambió una monarquía absolutista por un régimen más violento e impuso la tradición del “código civil”, o sea, la planificación estatal central, contra la tradición del derecho común creado a través de los tiempos por los usos y costumbres de las personas. E instaló la “democracia” como dictadura de las mayorías, ya que los usos y costumbres dejaban de tener valor frente a la capacidad racionalista del Estado central planificador, manejado por las mayorías, a través del voto “democrático” (el mismo que llevó a Hitler al poder).

Dejemos de lado la comparación de las sangrientas “revoluciones libertadoras” de América con los procesos que llevaron la independencia, sin derramamiento de sangre, a países como India y Canadá, y dejemos de lado la “revolución” castrista que instaló uno de los gobiernos literalmente más conservadores (todavía dirigido por los mismos gerontes), y analicemos las árabes que tanto entusiasmo dieron a muchos, al punto que la OTAN promovió una matanza contraproducente, como toda violencia. 

Caído el tirano Mubarak, desde el 30 de junio, Egipto tiene a su primer presidente “electo democráticamente”, Mohammed Morsi, líder de la Hermandad Musulmana, el partido madre del Hamas palestino y la mayor fuerza nacionalista islámica, que siempre ha sido socialmente conservadora, teocrática y opositora a Estados Unidos e Israel. Movimientos similares han terminado siendo los beneficiados de las “revoluciones” en Libia y Túnez.

Morsi dice que respetará los acuerdos internacionales (incluido el que acepta a Israel) aunque está bajo la presión de sus bases y su doctrina integrista mahometana. Sucede que no fue investido ante el parlamento sino ante el Tribunal Supremo Constitucional, controlado por el Consejo Supremo de las FF AA, el mismo que respaldaba a Mubarak y que ha impuesto que no se acepte instaurar el parlamento electo donde los nacionalistas musulmanes son mayoría. Es decir que Egipto sigue manejado por la misma élite militar que se ha beneficiado con la billonaria ayuda (¿soborno?), financiera y bélica, de Washington.

Siria parece la próxima de estas “revoluciones” que, por cierto, son siempre destructivas porque los “cambios radicales” necesariamente tienen que ser violentos ya que, espontáneamente, no se dan en la naturaleza donde todo se desarrolla y crece por maduración. Por el contrario, los problemas se solucionan con más paz y libertad. Para empezar, habría que levantar toda restricción a la libre circulación, con Siria, de personas, bienes y servicios financieros y de todo tipo, lo que permitiría una mayor integración del pueblo con el mundo y un mayor beneficio a la espera de que, tarde o temprano, la tiranía caiga por su propio peso.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

¿Cuál desigualdad?

Por Alberto Benegas Lynch (h) . Publicado el 21/6/12 en http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7331

En nuestro mundo moderno se producen paradojas superlativas respecto al tema de la igualdad o desigualdad. Me referiré a dos igualdades y a dos desigualdades de modo muy esquemático y resumido. Hay una igualdad  a la que se le atribuye gran importancia y a la que los políticos en mayor o menor medida apuntan a lograr, otra igualdad que rechazan, una desigualdad que deploran y una segunda desigualdad que alientan. Sin embargo, la igualdad que aprecian resulta inconveniente y la que repudian es esencial para la vida en sociedad, mientras que la desigualdad que combaten es absolutamente clave para el progreso y la que aplauden presenta un problema de grandes proporciones. En otros términos, todo al revés de lo que indica un juicioso análisis jurídico, económico y social.
 
Vamos por partes pero de entrada digamos que las desigualdades anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y, sobre todo, psicológicas no solo constituyen un hecho entre los humanos sino que la sociedad civilizada se desplomaría si a todos nos gustara la misma mujer y si todos tuviéramos las mismas habilidades e inclinaciones. Más aun, esta igualdad convertiría las relaciones interindividuales en un espantoso e intolerable tedio, puesto que la conversación misma se asimilaría a una conversación con el espejo, sin posibilidad de contrastar ideas y, por ende, desperdiciando las posibilidades de saltos cuánticos en el conocimiento (además de lo ya dicho en cuanto a la parálisis en el progreso material puesto que el sostén de incentivos para la división del trabajo de desplomaría).
 
Empecemos por el final. Por la desigualdad que en esta instancia suele alentarse. Charles Murray en su último libro (Coming Apart) apunta a una desigualdad que, a su juicio, está despedazando las entrañas de Estados Unidos (lo cual es aplicable al resto de mundo) y se refiere al abandono de los valores y principios de la sociedad abierta suscripta por los Padres Fundadores y por todos los pensadores del liberalismo clásico del orbe. Esto es una desigualdad moral que constituye la explicación clave para entender la decadencia de nuestro mundo de hoy. Desafortunadamente Murray correlaciona las distintas posiciones fundamentalmente con niveles de ingresos, cosa que a nuestro juicio, esta generalización, nada tiene que ver con el fenómeno descripto. Además, por razones que no se especifican su estudio está centrado en los blancos en Estados Unidos, situación que tampoco nos parece tenga ninguna relación con lo dicho. Es que las generalizaciones de grupos humanos siempre conducen a callejones sin salida que se pretenden sortear con aquello de que “la excepción confirma la regla”. Distinta es la generalización por roles al sostener que quienes ocupan posiciones dirigenciales, para bien o para mal, suelen trasmitir ejemplos. En todo caso, esta desigualdad moral no solo es desestimada por muchos en cuanto al peligro que representa para la supervivencia de la sociedad abierta, sino que es alentada debido a la convicción socialista de sus propulsores.
 
En el mismo orden inverso que hemos planteado, viene luego la más corriente de las posiciones: la repulsa a las desigualdades de ingresos y patrimonios sobre lo que hemos escrito en otras oportunidades pero ahora basta con decir que en libertad las manifestaciones de los consumidores con sus compras y abstenciones de comprar establecen esos deltas y, por ende, las propuestas políticas de nivelación significan contradecir aquellas previas manifestaciones. La asignación de recursos en el mercado libre permite maximizar las tasas de capitalización que son el único factor que permite elevar salarios en ingresos en términos reales. Por supuesto que no nos estamos refiriendo a patrimonios obtenidos fruto del privilegio y la dádiva otorgada  a favor de los amigos del poder, lo cual constituye un latrocinio.
 
A continuación la igualdad que se desconoce a diario y que produce consecuencias malsanas para la cooperación social. Se trata de la igualdad ante la ley que en la práctica es desconocida debido a que se pretende la igualdad mediante la ley al efecto de lograr la redistribución a la que nos referimos en el punto anterior. Igualdad ante la ley se traduce en igualdad de derechos de todos por parte de la justicia que se ilustra con los ojos vendados precisamente para destacar la referida igualdad sin que se espíen las condiciones de cada cual. Esta es la única igualdad en una sociedad libre y que resulta crucial para la convivencia civilizada, para la paz social y el progreso de todos los habitantes de la comunidad. En este contexto la ley es sinónimo de derecho y antónimo a disposiciones legislativas e ingenierías sociales que desconocen los puntos de referencia extramuros de la norma positiva, mojones que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno.
 
Por último la tan alabada igualdad de oportunidades que es siempre incompatible con la igualdad ante la ley puesto que para otorgar esa mentada igualdad necesariamente deben vulnerarse derechos. En la sociedad abierta de lo que se trata es abrir las posibilidades para que todos cuenten con mayores oportunidades, pero, por las razones apuntadas, no pueden ser iguales sin desmoronar el tejido social que, como decimos, se basa en la igualdad ante la ley.
 
Estos desconceptos son consecuencia necesaria del abandono de principios y valores que constituyen los cimientos de la civilización. Salvo honrosas excepciones, en las facultades de derecho hacen estragos las teorías positivistas. Como hemos apuntado antes, en verdad no egresan abogados (defensores del derecho) sino estudiantes de legislaciones que eventualmente conocen por su número, inciso y párrafo respectivo pero desconocen los basamentos de la norma. En buena parte de las facultades de ciencias económicas, se insiste en la enseñanza de absurdos modelos de “competencia perfecta” que implican la ausencia de competencia y asignaturas que apuntan a la planificación de haciendas ajenas.
 
El debido tratamiento de estos cuatro temas vitales: dos igualdades y dos desigualdades, resulta de gran trascendencia para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos, muy especialmente de quienes se encuentran en situaciones de pobreza extrema. La preocupación por la condición del prójimo es en lo que consiste el amor, el resto es puro narcisismo o frivolidad manifiesta. Como nos explica Nathaniel Branden, los sentimientos son expresiones de escalas valorativas decididas en el consciente y archivadas en el subconsciente. “Amar el amor” ha escrito George Steiner refiriéndose a la autobiografía de Paul Feyerabend, lo cual está íntimamente vinculado al intelecto ya que significa alimentar y alimentarse el alma que es lo más preciado que tenemos (no hay amor entre los animales).
 
Pero ya que nos hemos zambullido en el tema del amor debe aclararse que todo se hace por interés personal (en realidad es una perogrullada puesto que toda acción se lleva a cabo porque le interesa al sujeto actuante, ya se trate de un acto sublime o uno ruin). En nuestro caso, quien ama es porque obtiene satisfacción de proceder de ese modo, el que se odia a si mismo es incapaz de amar. La mención del narcisista alude a quien no atina a nada más que mirarse el ombligo. Como queda dicho, la debida comprensión de los temas de las igualdades y desigualdades considerados en estas líneas constituyen aspectos medulares para el progreso moral y material del prójimo y de nosotros mismos. No es posible que se siga con la cantinela de políticas que alegan “amor a los pobres” cuando los arruinan de modo inmisericorde.
 
Concluyo estas líneas con una anécdota que ilustra otra de las desigualdades, tal vez la más sublime: la nobleza. En una oportunidad, el deportista por antonomasia Roberto De Vicenzo, después de un torneo de golf, fue abordado en la playa de estacionamiento por una señora que manifestó que tenía un hijo que se estaba muriendo y necesitaba desesperadamente ayuda monetaria. Después de un breve intercambio, el golfista decidió escribirle y entregarle un cheque por la suma requerida. Inmediatamente después de retirada la solicitante dos de los directivos del club le explicaron a De Vicenzo que se trataba de una embustera que ya había procedido de igual manera con otros incautos y que lo acababan de ver al referido hijo que gozaba de buena salud. El deportista preguntó “¿es cierto que el hijo se encuentra bien de salud?” a lo que los interlocutores reconfirmaron la respuesta con la afirmativa, entonces Roberto De Vicenzo exclamó “¡que suerte!” con lo que se despidió y marchó de las instalaciones.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.