La economía atacada por leyes antieconómicas

Por Gabriel Boragina. Publicado en:

 

Generalmente, se culpa al gobierno de turno por los fracasos económicos que acaecen durante su gestión. No cabe duda que un gobierno puede cometer torpezas económicas y -de hecho- la mayoría de ellos (sino todos) lo hacen cada vez que tienen la oportunidad.
Nuestra mirada cortoplacista nos hace pensar que la culpa completa de los desastres económicos (grandes o pequeños) son del gobierno al mando del momento. Sin embargo, suele pasarse por alto que cuando un partido llega al poder, pesarán sobre sus espaldas y maniatarán su campo de maniobra de acción todo el peso de las leyes que le precedieron, y que en el país rigen desde décadas atrás.
En el caso argentino -al menos- la gran mayoría de estas leyes no sólo son inconstitucionales, sino que también son antieconómicas, y el partido gobernante (a menos que desee y pueda convertirse en una tiranía al estilo de la Venezuela chavista) está obligado a respetar todas y cada una de esas leyes, siendo el poder ejecutivo, meramente, el encargado de su aplicación.
Además de esto, también se soslaya que, no sólo gobierna el poder ejecutivo, y que este debe limitarse a rol de aplicar las leyes que ya existían y existen antes de la llegada del partido gobernante, sino que también gobierna el poder legislativo, que no para de sancionar leyes que, por lo general, también son cada vez más inconstitucionales y -por consiguiente- más antieconómicas. A pesar del tiempo transcurrido, creo que quien mejor expuso esto, que aquí simplemente delineamos, fue el prócer argentino Juan Bautista Alberdi en su maravillosa obra Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.
Alberdi fue el inspirador más importante de la Constitución de la Nación Argentina, la que pese a las graves mutilaciones sufridas con la reforma del 1994 todavía conserva parte del espíritu de aquella Constitución Fundadora. En la obra señalada antes, el insigne Alberdi detalla cual es el verdadero espíritu de esa Constitución, y que puede resumirse en una sola palabra: libertad.
Podemos decir que, un país es lo que sus leyes expresan y no lo que sus accidentales gobiernos -en suma, pasajeros- dicen que es o quieren demostrar que es.
Es cierto que en el caso argentino la gran mayoría de los gobiernos han querido (y seguramente seguirán queriendo) estar por encima de las leyes (Constitución Nacional incluida) y a veces consiguen ejecutar actos que circunstancialmente les permiten estarlo. Pero hay todo un entramado o tejido social subterráneo al gobierno y que este -por muy grande y poderoso que sea- no puede controlar, y que está construido por la burocracia, las leyes administrativas y un gran armazón de enmarañada y compleja red de reglamentaciones, resoluciones y disposiciones que no hacen más que entorpecer la vida de los usuarios y ciudadanos comunes que son, en definitiva, quienes configuran el motor económico de una nación.
Porque la economía no la hacen los gobiernos ni las leyes, sino los seres humanos que son los únicos que pueden producir o impedírseles de hacerlo, y para esto último están precisamente las leyes, dado que para producir el hombre no necesita de ninguna ley, sino sólo de su esfuerzo y voluntad de trabajar y ofrecer un servicio o bien con el cual será retribuido por alguien que esté dispuesto a pagar por él.
Las leyes -sobre todo cuando son excesivas como en el caso argentino- sólo pueden obstruir e impedir el desenvolvimiento económico y productivo de la nación, jamás al revés. Porque aún sin leyes, el hombre tuvo que descubrir -después de salido de las cavernas- que la única manera de prosperar pacíficamente era intercambiando con sus semejantes bienes o servicios que otros necesitaban para obtener lo que él quería.
Y fue Adam Smith el que reveló que, gracias al egoísmo de los hombres las sociedades salen a flote, aun cuando esos seres egoístas no lo desearan. Simplemente, están naturalmente compelidos a colaborar con la sociedad -aun involuntariamente- proveyéndola de bienes y de servicios como condición sine qua non para poder llevar a su casa lo que él y su familia necesitan para subsistir y progresar. El egoísmo es el motor humano -como dirían los economistas clásicos- que no necesita de ninguna ley del parlamento para que la sociedad adelante por sí misma.
La hiperinflación legislativa es un fenómeno típico del intervencionismo más extremo, creando el síndrome que dimos en llamar de legalitis o legismanía, que podría definirse como pasión por las leyes o por legislar todo lo legislable y también lo no legislable.
Esto no quiere decir que no deberían existir las leyes -lo que sería un contrasentido, más proviniendo de una persona que ejerce la profesión de abogado- sino que, como todas las cosas de la vida, lo que debe evitarse es su exceso, ya que todos los extremos son peligrosos, y no debe haber ni déficit ni superávit de leyes, porque la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, que es que allí donde se quiebre la convivencia -por cualquier motivo que sea- debe existir una ley que permita restablecerla y punto. La ley no debe cumplir otro rol que el indicado: ser un correctivo para normalizar una situación anormal, si es que esta no puede solucionarse por sí misma o -mejor dicho- por los interesados e involucrados en la controversia. Y, por supuesto, deben existir las leyes penales, sólo para evitar la justicia por mano propia y no por otras razones más sofisticadas.
Ahora bien, todo lo que exceda lo anterior, sobra, y termina siendo nocivo para la sociedad, porque lejos de aventar los conflictos, los atrae, genera y retroalimenta. Máxime como sucede hoy en día, donde hay -prácticamente- leyes para todos los gustos, grupos y personas, y donde la velocidad con la que el congreso las expide hace que todos quieran tener “su” ley, hecha a su medida e intereses, o para su colectivo preferido, sindical, empresarial, laboral, religioso, docente, LGTB, feminista, abortista, etc. Lo que crea no pocos enfrentamientos entre estos diversos conjuntos y otros no nombrados aquí, que como queda visto demuestran que la proliferación de leyes lejos de traer paz social trae inquietud y tensión social.
En rigor, basta una sola ley. Aquella que simplemente dice: “la propiedad es inviolable”.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina ‏ 

Ladrones errantes y ladrones estables

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 20/3/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/03/20/martes-ladrones-errantes-y-ladrones-estables/

 

El argumento que suelen usar los más fanáticos defensores de la política gradualista del gobierno, suele consistir en decir que si aceleran las reformas, se produciría una crisis social, caería el gobierno y vendría el peronismo que explotaría más al contribuyente con más gasto público. Algo así como: aguanten mi explotación que si no vienen otros y va a ser peor.

Este argumento me hizo recordar un pasaje del libro Poder y Prosperidad, de Mancur Olson, en el que analiza la situación de un pueblo chino en la década de 1920 que es constantemente sometido al saqueo de bandas de ladrones errantes. Los ladrones errantes son aquellos grupos de delincuentes que entran en el pueblo y como no piensan quedarse a vivir en él, le roban a la población todo lo que tiene. Esa población vive en la mayor de la pobreza porque tienen pocos estímulos para producir y mejorar dado que saben que, en cualquier momento, aparecerá la banda de ladrones errantes a robar para luego irse a otro pueblo a seguir robando. ¿Para qué producir si todo el fruto del trabajo es robado sin piedad por los ladrones errantes?

Esto sucede hasta que un día aparece el ladrón estable, que es aquél que entra en el pueblo con su banda de delincuentes con el objetivo de quedarse a vivir allí. Ahora bien, el ladrón estable les ofrece a los habitantes defenderlos de los ladrones errantes a cambio de una parte de los bienes que producen. Es evidente que, en términos relativos, los habitantes de ese pueblo van a estar en mejores condiciones bajo la opresión del ladrón estable que sometidos a los constantes ataques de los ladrones errantes. El ladrón estable sabe que, para diferenciarse del ladrón errante, tiene que robar un poco menos que éste, porque si no el habitante del pueblo va a estar en un punto de indiferencia. Además, el ladrón estable tiene que darle algún estímulo al habitante del pueblo para que siga produciendo y le transfiera parte de sus bienes a él. Si el ladrón estable actuara de la misma forma que el ladrón errante, el habitante del pueblo no tendría estímulos para producir y no podría mantener al ladrón estable y, justamente, lo que éste quiere es que la gente lo mantenga en base a la amenaza que él puede infligirles por medio de la fuerza bruta.

Es obvio que, como decía antes, la población de ese pueblo estará mejor, en términos relativos, bajo el dominio del ladrón estable que acosado permanentemente por el ladrón errante. Sin embargo, esa población no está en su óptimo. Su óptimo es no ser víctima ni del ladrón errante, ni del estable. Su óptimo es tener asegurado su derecho de propiedad de manera de tener estímulos para producir y progresar.

Planteado el razonamiento de Mancur Olson, me apuro a aclarar que si uno traslada ese ejemplo al caso argentino, no digo que este gobierno le robe a la gente, me refiero a la carga impositiva que sigue aplicándole a una parte de la población. El argumento es que no se pueden bajar más los impuestos porque no se puede bajar más el gasto público a riesgo de tener una crisis social. Dicho en otras palabras, es como si nos dijeran: si bajamos más el gasto público, vuelven los ladrones errantes y vas a estar peor, así que aguantá esta presión impositiva que no es tu óptimo pero es el mal menor. En rigor, considerando que la carga impositiva no es solo de la nación, sino también de las provincias y de los municipios, lo que ha ocurrido, al menos en la provincia de Buenos Aires que tiene un gobierno del mismo signo del gobierno nacional, es que la nación ha bajado marginalmente los impuestos y la provincia los ha aumentado brutalmente. Me refiero, por ejemplo, al impuesto inmobiliario.

El argumento del gradualismo es el preferido de algunos legisladores de Cambiemos, sin embargo no parecen estar muy inclinados a bajar el gasto gradualmente ni a hacer grandes sacrificios de austeridad.

Gráfico 1

El gráfico 1 muestra la evolución del gasto del Poder Legislativo Nacional en dólares corrientes (para 2018 utilicé un tipo de cambio de $ 20). Cómo puede verse, entre 2007 y 2018 el gasto del Poder Legislativo se habrá multiplicado por 5 y si lo analizamos en pesos constantes de 2018 se multiplica por 2 usando el IPC.

Gráfico 2

Resulta difícil imaginar que vaya a producirse un estallido social si el Poder Legislativo reduce su gasto, finalmente, no es solo responsabilidad del Ejecutivo poner en orden las cuentas fiscales, sino del conjunto de la dirigencia política. Los gráficos 1 y 2 hacen dudar de la real voluntad de disminuir el gasto público cuando legisladores oficialistas insisten con el estallido social. ¿Es miedo a estallido social o miedo a perder el negocio de la política? Esta misma pregunta podemos formularla para el caso de los planes sociales, ¿es miedo al estallido social o se pierde parte del clientelismo político?

La estrategia del gobierno está centrada en no bajar el gasto público en términos absolutos. Por el contrario, piensa aumentarlo al ritmo de la inflación apostando a que el PBI va a crecer y el gasto sobre el PBI se va a ir licuando. No habría tanto una reforma del estado sino un país con mayor ingreso que le permitiría, con un esfuerzo razonable, dilapidar en un estado sobredimensionado.

El punto a considerar es si, al igual que en el caso de los ladrones errantes y ladrones estables, estamos en una situación de ladrones estables que nos dejan trabajar pero nos confiscan buena parte de nuestros ingresos con lo cual no estamos en el óptimo y no podemos crecer. Nuestro crecimiento está limitado a lo que nos confisque el ladrón estable. Insisto una vez más, no estoy diciendo que el gobierno está compuesto por ladrones, solo uso la metáfora que utiliza Mancur Olson en Poder y Prosperidad para mostrar que no se trata de reemplazar a un ladrón errante por uno estable para crecer, sino que los países crecen cuando tienen gobiernos limitados que respetan el derecho de propiedad. Si el estado nos va a seguir confiscando el fruto de nuestro trabajo para financiar más de 50 planes sociales, empleados públicos y el negocio de la política, entonces no va a haber estímulos para invertir e incrementar la riqueza. Dicho en otras palabras, no habrá estímulos para crecer en forma sostenida y, de ahí, mis dudas que el gasto público termine licuándose sobre un PBI más grandes. Normalmente, estos ensayos terminaron en que el que quedó licuado no fue el sector público sino que fue licuado el sector privado. Justamente el generador de riqueza.

Ya pasaron algo más de dos años y sigue sin aparecer la lluvia de inversiones. La evidencia muestra que el sector privado no está dispuesto a invertir bajo estas condiciones de presión tributaria, legislación laboral y precariedad fiscal. Tal vez sea hora de ensayar otro camino.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Nicolás Maduro desangra a Venezuela

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 22/6/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2035925-nicolas-maduro-desangra-a-venezuela

 

Desde el 6 de abril, hace más de dos meses, los enfrentamientos callejeros venezolanos entre quienes protestan contra el gobierno y las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro se han sucedido ininterrumpidamente y generado nada menos que 75 muertos. La enorme mayoría de esas muertes han sido atribuidas a efectivos de la llamada Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las distintas policías regionales o de los “colectivos” (esto es, de los “grupos de choque” -armados e irregulares- de Nicolás Maduro). Todos ellos actúan en un marco de gran impunidad. Hay, además, unas 15.000 personas heridas, en lo que luce como una larga batalla campal.

Ocurre que las fuerzas de seguridad que responden a Nicolás Maduro han desatado una ola de dura represión con la que Maduro procura sobrevivir a las constantes repulsas de su sufrido pueblo. Como consecuencia de ella, a los aludidos muertos cabe asimismo sumar más de 1300 heridos.

A lo que también se agrega que 3106 venezolanos han sido detenidos por disentir o protestar públicamente y que centenares de personas están siendo ahora juzgados en los tribunales militares. Y todos recordamos aquello de que la justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música. Más del 80% de los detenidos son jóvenes; el 60% son estudiantes; el 23% mujeres; y el 14,5% menores de edad.

Todo ello conforma un cuadro realmente patético, que refleja la desoladora realidad venezolana. Que aparentemente no tiene visos de cambiar en el corto plazo, sino más bien de profundizarse.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sintetiza -dolorosamente- lo que ocurre en Venezuela como “una guerra civil de fuerzas represivas del Estado, ejecutada contra personas desarmadas”.

¿Cuál es la respuesta política de Nicolás Maduro a las permanentes protestas populares? La de convocar a una Asamblea Constituyente, que será dominada por sus correligionarios, para estructurar así una nueva Constitución para Venezuela. A su medida. Con una estructura no democrática, edificada sobre las llamadas “comunas”, como forma de evitar que las urnas decidan el camino a seguir.

Con lo que pretende legalizar, a su entero gusto y paladar, su reconocido autoritarismo. Para siempre, cree. Así como poder eternizarse en el poder. Como sucede en Cuba. La mañosa elección de los “constituyentes” será, a estar a los anuncios, el próximo 30 de julio.

El texto de la nueva Carta Magna ya se está elaborando, con asesoramiento cubano. De esa manera, según Maduro, se “restablecerá la paz” en Venezuela.

Lo cierto es que ese texto es, en todo caso, el perverso diseño de la prisión en la que Nicolás Maduro pretende encerrar a sus conciudadanos, despojándolos de la libertad. De allí la continuidad e intensificación de las protestas populares, como respuesta.

Por esto aparentemente la oposición podría llamar a sus integrantes a no participar en la referida elección de constituyentes, lo que sería un error que permitiría a Nicolás Maduro salirse con la suya, formalmente al menos. Parecido al cometido en el 2005, cuando una abstención similar en las elecciones parlamentarias venezolanas, de pronto permitió a Hugo Chávez hacerse del control absoluto del Poder Legislativo.

Si el presidente venezolano logra hacer aprobar una nueva Constitución, podrá desligarse de algunos de sus propios funcionarios que, como sucede con la Fiscal de Estado, Luisa Ortega Díaz, ya han tomado distancia de su gobierno y están impugnando judicialmente (de nulidad) a la reforma constitucional que se procura consumar. Lo que obviamente es una suerte de loca utopía, desde que la justicia venezolana, y muy particularmente sus más altos tribunales, no son independientes, sino meros agentes lamentablemente adictos a Maduro.

Ex jueces y ex fiscales, acompañados por líderes políticos de la oposición, intentaron sumarse a la mencionada acción de nulidad. Pero no pudieron hacerlo, porque el Tribunal Supremo de Justicia cerró físicamente sus puertas y solicitó un cinturón militar de protección para de ese modo impedir el acceso de quienes tenían esa pretensión. Para luego, rápidamente, denegarla.

Una encuesta reciente muestra que un 85% de los venezolanos se oponen abiertamente a la reforma constitucional que busca Nicolás Maduro. Cabe además recordar que, en la última elección libre (en el 2015) el oficialismo sufrió una apabullante derrota, razón por la cual la oposición hoy domina ampliamente la Asamblea Nacional, lo que de alguna manera restringe el autoritarismo con el que Nicolás Maduro procura contar. En la reforma constitucional anunciada por Nicolás Maduro uno de los objetivos es -precisamente- el de vaciar de poder a la Asamblea Nacional o eliminarla.

Las próximas elecciones presidenciales venezolanas tendrán lugar el año que viene y la intención de voto a favor del oficialismo hoy no llega al 20%. Poco y nada, entonces. Por ello el gobierno de Maduro apuesta a poder cambiar drásticamente las reglas de juego. Porque sabe que con las normas actuales, se arriesga a perder el poder y tendría que alejarse del gobierno. Para Venezuela ello sería una bendición que le permitiría comenzar a salir de la postración a la que lo ha llevado la receta bolivariana, la del colectivismo.

Mientras tanto, para las protestas de su pueblo Nicolás Maduro tiene una sola respuesta, la de los palos. Esta es la dura y afligente realidad. Por eso monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos conmueve al decir que el chavismo tiene un proyecto: “Se llama el Plan de la Patria, que está en marcha con la constituyente y el peligro es que Venezuela sea comunista y perder lo poco de democracia que nos queda”.

Para los venezolanos, la realidad material cotidiana es cada vez más dura. En lo que va del año el dólar subió un 130% en el mercado negro. En la última semana trepó un 14%.

Colombia informa que cada día unos 5000 visitantes venezolanos se quedan en el país. Y Brasil ya ha conferido el carácter de refugiados a unos 6000 venezolanos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Estados Unidos ha tomado un rumbo preocupante

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/5/17 en http://www.lanacion.com.ar/2019476-estados-unidos-ha-tomado-un-rumbo-preocupante

 

Contra los valores que lo hicieron grande, el país que preside Trump parece optar por el nacionalismo y el conflicto

 

Para todos los que admiramos la tradición estadounidense como el baluarte de la libertad, resulta triste y preocupante el rumbo que ha tomado de un tiempo a esta parte ese país, a contracorriente de los valores y principios sustentados por los Padres Fundadores.

Donald Trump ha comenzado su gestión insultando a periodistas con los que no coincide y bloqueando la entrada a conferencias de prensa en la Casa Blanca como si fuera el dueño del lugar. En vez de señalar sus desacuerdos opta por decir que son deshonestos; en lugar de velar por la sacrosanta libertad de expresión que es base de una república, se inclina por la agresión.

En dos oportunidades consecutivas, al ser rechazadas por la justicia sendas resoluciones xenófobas respecto a los inmigrantes, enfrentó esos rechazos con exabruptos completamente opuestos a la necesaria actitud responsable del Poder Ejecutivo para con la división de poderes. Actuó del mismo modo intempestivo con representantes del Poder Legislativo al no ser aprobada su propuesta respecto al sistema de salud vigente que, en definitiva, pretendió sustituir por un proyecto con iguales inconvenientes centrales.

Trump inició entonces su administración con reiterados choques contra instituciones básicas, a lo que agregó reducciones de impuestos que contrastaron con anuncios de incrementos siderales en el gasto público, lo cual es lo mejor para provocar una crisis fiscal mayúscula (aún mayor que la ya latente, si se toma en cuenta el significado del nivel colosal de endeudamiento que hoy supera al ciento por ciento del PBI).

Con este inicio muy poco favorable, con alta imagen negativa en la opinión pública y en la mayor parte de la prensa de prestigio, de modo inconsulto y sin la aprobación del Congreso, dio la orden de bombardear Siria en un todavía no aclarado hecho con gas venenoso y letal del que -como destaca, entre otros, el tres veces candidato a la presidencia norteamericana Ron Paul- aún no se sabe a ciencia cierta si fue producido por los rebeldes contra el tirano Basha al-Assad o por él mismo. Y luego “la madre de todas las bombas” sobre Afganistán, lo que ha intensificado el revuelo en esas zonas y entre sus aliados, y ha ayudado a resucitar el espíritu nacionalista que ya caracterizaba al nuevo gobierno de Estados Unidos, en línea con los desmadres electorales en Europa: en Francia, el Frente Electoral; en Alemania, el Partido Alternativa para Alemania; en Dinamarca, el Partido del Pueblo Danés; en Suecia, los Demócratas Suecos; en España, Podemos; en Austria, el Partido de la Libertad; en Italia, la Liga del Norte; en Hungría, el Partido por una Hungría Mejor, y en Inglaterra, el costado nacionalista del Brexit.

En cualquier caso, el punto consiste en discutir el rol de Estados Unidos como policía del mundo. Para esto nada mejor que tomar en primer lugar el pensamiento del general Washington y también el de John Quincy Adams. El primero escribió: “Mi ardiente deseo es, y siempre ha sido, cumplir estrictamente con todos nuestros compromisos en el exterior y en lo doméstico, pero mantener a Estados Unidos fuera de toda conexión política con otros países”.

Y por su parte -préstese especial atención-, Adams consignó que “América [del Norte] no va al extranjero en busca de monstruos para destruir […] Desea la libertad y la independencia de todos. Recomienda esa causa general por el contenido de su voz y por la simpatía benigna de su ejemplo. Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que no son la suya se involucrará más allá de la posibilidad de salir de problemas […] Podrá ser la directriz del mundo pero ya no será más la directriz de su propio espíritu”.

Recordemos los fenomenales fiascos estadounidenses en el siglo XX en Vietnam, Somalia, Bosnia, Corea, Serbia-Kosovo, Irán, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, República Dominicana, la reciente patraña de “las armas de destrucción masiva” en Irak y la consecuente “guerra preventiva” . Ives Eland explica en detalle el caso de Filipinas y concluye que “las fuerzas de Estados Unidos incendiaron pueblos, destrozaron cosechas y ganado, torturaron y ejecutaron prisioneros y liquidaron a civiles inocentes”. Recordemos también que el general Eisenhower, en su discurso presidencial de despedida, advirtió que “el peligro mayor para las libertades del pueblo americano [norteamericano] es el complejo militar-industrial”.

Niall Ferguson, uno de los pioneros de la historia contrafáctica, pone en tela de juicio incluso la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra debido a que, si bien eliminaron al asesino serial de Hitler, le entregaron en Yalta a Hitler II (Stalin) una parte sustancial de Europa. Claro que mirar el tema con el diario del día después, alejados del momento y del contexto, puede no ser lo más conveniente.

El presidente Truman hizo su mea culpa quince años después de haber creado la CIA, en 1945, como sustituto de la Oficina de Asuntos Estratégicos (creada durante la Segunda Guerra Mundial) al manifestar que nunca pensó que aquella novel repartición “serviría para preparar asesinatos, conspiraciones contra gobiernos, torturas, operaciones paramilitares clandestinas reñidas con la ética más elemental, y espionajes”.

Hay sin duda muchos canallas al frente de muy diversos gobiernos, pero el extraordinario esplendor de Estados Unidos -incluidos sus desvíos- fue, entre otras cosas, el resultado de tomar con seriedad los valores que hemos ilustrado con citas de peso en su historia. Por otro lado, no parecen prudentes las acciones bélicas desplegadas por Estados Unidos, especialmente por las consecuencias que estas iniciativas puedan acarrear en el llamado mundo libre. Sobre todo cuando la situación ha cambiado en mucho respecto a las libertades individuales. Con pretextos varios , hoy se interfieren secretos bancarios, se multiplican las escuchas telefónicas, se abandona en repetidos casos el debido proceso, todo en medio de regulaciones asfixiantes, gravámenes crecientes, procedimientos inmorales como los denominados “salvatajes” por los que los que trabajan y no tienen poder de lobby debieron sufragar a empresarios ineptos, irresponsables o las dos cosas al mismo tiempo, y la pretensión de endosar compromisos financieros al futuro en una seguidilla sin término para renovar los techos normativos del endeudamiento.

No debe descartarse que los marcos institucionales de ese país y sus reservas morales finalmente se impongan y puedan poner límites a tanto sobresalto, aunque a juzgar por lo ocurrido en las últimas elecciones ambos partidos tradicionales revelan una llamativa decadencia. Está en juego el futuro de todos los que desean vivir en un clima de paz, por más que el planeta deba convivir con sátrapas de diverso color y se abandonen valores clave en pos de otros que apuntan al renacimiento de los nacionalismos que tanto daño han hecho.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Democracia, républica y el edificio de los políticos

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 21/8/13 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2013/08/21/democracia-republica-y-el-edificio-de-los-politicos/

La crisis institucional que aqueja a la Argentina es profunda. En los hechos hace ya tiempo que la Argentina dejó de ser una república. Tan ausente, o superficial, se encuentra este problema entre la mayoría de la dirigencia política que pareciera ser que hay un olvido de qué significa tener una forma de gobierno genuinamente republicana. El argumento del 54% del que tanta gala hace el kirchnerismo es una muestra palpable de que el oficialismo no distingue, o no le interesa hacerlo, entre “democracia” y “república”. ¿Por qué es tan importante el concepto de república?

Supongamos que los 40 millones de habitantes que viven en Argentina lo hacen en un gran edificio de departamentos donde cada familia es dueña de su propiedad. Este edificio necesita que los servicios públicos (electricidad, agua, etcétera) funcionen así como seguridad para que no haya agresiones de terceros (defensa exterior) ni entre vecinos (policía). Este edificio puede administrarse tanto como un reinado, o bien bajo un sistema republicano.

Dado lo costoso y complicado de que los 40 millones de habitantes se pongan de acuerdo sobre cada tema a tratar, es más fácil que se elija un representante por piso.Si bien estos representantes pueden tener su propia opinión, su trabajo es representar de manera fiel a sus representados, no llevar a adelante su propia agenda. De este modo, los 40 millones de habitantes se ponen de acuerdo a través de sus representantes en cuántos recursos poner en una bolsa común y en qué van a ser gastados. Pero este acuerdo requiere de un administrador de consorcio que se encargue de que el edificio funcione correctamente y se lleven a cabo las mejoras acordadas por los dueños a través de sus representantes. El administrador podrá hacer sugerencias (por ejemplo, diagramar una propuesta inicial de presupuesto), pero no es su rol decidir sobre el destino de los fondos dado que no son de su propiedad. La analogía debería ser clara, los dueños que actúan como representantes son el Poder Legislativo, y el administrador de consorcio es el Poder Ejecutivo.

Si bien toda analogía es limitada, este ejemplo permite extraer algunas conclusiones importantes:

  • El Poder Ejecutivo no está por encima del Poder Legislativo. Como su nombre lo indica, su rol es ejecutar las decisiones de los habitantes, no decidir por ellos.
  • Ninguno de estos poderes se encuentra por encima del pueblo. No es tarea de estos poderes planificar, controlar ni dirigir la vida de sus representados.
  • El rol del diputado y senador es representar a los habitantes y provincias respectivamente, no al Poder Ejecutivo ni al partido en el que se encuentran afiliados. Si en los partidos políticos hubiese genuina coincidencia de principio, no haría falta “bajar línea” sobre cómo votar las distintas leyes.
  • Por qué es potestad del Congreso (diputados) legislar sobre temas impositivos.Es el pueblo (a través de sus representantes) quien decide 1) cuánto contribuir impositivamente, 2) cómo utilizar esos recursos y 3) es la razón por la cual el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Congreso sobre la ejecución del presupuesto.
  • Así como una administración de consorcio eficiente es la que mantiene las expensas bajas, un Estado eficiente es el que logra mantener el nivel de gasto en el menor nivel posible. El gobierno que debe constantemente aumentar la presión impositiva sin claros ejemplo, claramente no está haciendo bien su trabajo.
  • Tampoco es necesario que el Congreso sesione todos los días. El Congreso eficiente no es aquel que legisla las 24 horas intentando batir récords de leyes tratadas y aprobadas, sino aquel que se reúne las veces necesarias y legisla lo menos posible, preferiblemente eliminando regulaciones innecesarias en lugar de intentar taparlas con nuevos parches. ¿Que opinión merecería un consorcio que se junta todos los días buscando emitir nuevas regulaciones en lugar de hacerlo unas pocas veces al año cuando es realmente necesario? Legislar bien no es sinónimo de legislar mucho.
  • Así como el administrador de consorcio no es dueño del edificio, el Poder Ejecutivo no es dueño de los recursos en el Tesoro Nacional ni de los bienes del Estado.

¿Cuál es, entonces, el rol de la democracia? La democracia es un método de elección, pero no es en sí una forma de gobierno. En un presidencialismo, por ejemplo, lo dueños eligen democráticamente a los representantes de cada piso y al administrador de consorcio. En un esquema parlamentario, los dueños eligen a los representantes de cada piso quienes a su vez eligen al administrador de consorcio. En ambos casos hay democracia, pero la forma de gobierno es distinta. Si los límites impuestos por una república se respetan, entonces es claro que la cantidad de votos recibidos no es una medida de qué tan holgados van a ser los límites al poder, sino es que es un reflejo de la confianza recibida el día de la elección. Confianza recibida no es lo mismo que poder delegado. El presidente que gana las elecciones con un 99% de votos no tiene más ni menos poder que el que las gana con un 51%.Abandonar las instituciones republicanas es lo que lleva de una democracia limitada a una democracia ilimitada, que no es otra cosa que un autoritarismo bajo una falsa ilusión de legitimidad. Es de preocupante falta de institucionalismo cuando se da a entender que un 54% de votos permite avanzar sobre los derechos, propiedad y libertad de las minorías. El 46% no tiene menos derechos que el 54%.

¿Qué rol le compete entonces al Poder Judicial? Tiene por lo menos tres funciones fundamentales. En primer lugar, de haber un desacuerdo entre propietarios, ser el tercero imparcial que de fin al conflicto. En segundo lugar, proteger a las minorías de las mayorías. Es decir, el Poder Judicial evita que la mayoría legisle en contra de la minoría. El voto no hace justo lo que es injusto. En tercer lugar, el Poder Judicial protege la constitución, que son las normas básicas de convivencia y los derechos y obligaciones de cada habitante. Cuando el Poder Judicial observa de manera inmutable transgresiones a los derechos de la minoría y violaciones constitucionales está fallando a su rol y no es menos cómplice del deterioro institucional que un Poder Legislativo falta a su rol institucional siendo en los hechos una escribanía del Poder Ejecutivo.

¿Está usted dispuesto a vivir en un edificio donde dónde su representante no lo representa y el administrador de consorcio se cree dueño del edificio, y por poco también de su vida? ¿Está usted dispuesto a confiarle a este tipo de personas su futuro y el de sus hijos?

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

EL DISCURSO MARXISTA DE LA PRESIDENTE

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 9/12/12 en http://www.gzanotti.blogspot.com.ar/

Hay una objeción muy obvia al discurso que la Presidente ha dado esta noche. Ella piensa que la voluntad de las cámaras legislativas tienen que estar por encima del poder judicial, lo cual es desconocer lo elemental del sistema republicano donde el poder ejecutivo y el legislativo tienen un límite precisamente en el poder judicial.

Pero la Presidente y todos los que piensan como ella -esto es, la mayoría de los argentinos, y no es una cuestión de “corrupción”- van a decir que un típico liberal como yo se olvida o no le importa “el poder de las corporaciones” y que es a éstas a las cuales hay que poner un límite. Pero, ¿de dónde sale “el poder de las corporaciones”? Para Marx, de la dinámica misma del sistema capitalista, que tiende a la concentración monopólica. Por lo tanto, el deber de un gobernante que se preocupa por el pueblo es frenar el poder de los monopolios capitalistas, que son capaces de controlar al poder judicial.
La cuestión es que no es la dinámica del sistema “capitalista” la que produce los monopolios: son las intervenciones del estado. Si no se entiende el funcionamiento de la economía de mercado, si no se entiende que la concentración monopólica es fruto de privilegios y prebendas por parte del estado -papel prensa es uno de ellos, por supuesto-, esto es, si no se entiende a la escuela Austríaca de Economía, difícil será NO pensar como la presidente. Puede ser que se disienta con sus métodos, con su retórica, pero, de igual modo que los “genios” del golpe del 55 -excepto, estrictamente, dos o tres- intentaron un “peronismo sin Perón”, la mayor parte de los argentinos honestos quieren ahora un “kirchnerismo sin kirchner”: y terminarán desconfiando de un poder judicial que falla a favor de un “grupo económico”; seguirán pidiendo una “buena” ley de medios, que impida la concentración monopólica de los mismos, y no terminarán de entender en qué consiste la libertad de expresión: pedirán la intervención del estado para garantizar “la democratización de los medios”, cuando la des-monopolización de todo bien y servicio es un fruto exclusivo de una economía de mercado como Mises la describe en su parte cuarta de su tratado de economía. Mises, a quien sobre todo mis colegas filósofos insisten en ignorar, leyendo a Marx y jamás a Mises, para luego dar letra a los Kirchner, a los Correa, los Chávez, etc., contra los cuales pueden diferir en sus métodos pero cuya ideología marxista comparten absolutamente.
La única esperanza de que acabe el kirchnerismo es, como los grandes paradigmas, su propia crisis. Pero el pensamiento marxista es parte del horizonte cultural argentino y allí seguirá, amenazando siempre todo intento de renacimiento de la república.

Gabriel J. Zanotti es Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA).  Es profesor full time de la Universidad Austral y en ESEADE es Es Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.