La obsesión electoral

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 8/5/19 en: https://www.cronista.com/amp/columnistas/La-obsesion-electoral-20190507-0083.html

 

Me he referido antes al peligro de estar empantanados en temas económicos coyunturales y no darnos espacio para debatir ideas de fondo al efecto, precisamente, de contar con coyunturas favorables en el futuro. Estar permanentemente apagando incendios no nos permite abrir horizontes.

Ahora aplico la idea a otro aspecto crucial cual es el proceso electoral para no estar en círculos histéricos como perros tratando de morderse la cola, encajados solo en acaloradas discusiones sobre el candidato menos malo. Por ejemplo, ahora en nuestro país donde cada capitoste de la grieta de hecho hace de jefe de campaña para el de la vereda de enfrente debido a los respectivos errores.

Esto no solo ocurre en estas latitudes donde nos debatimos entre el abismo y la inoperancia, en la práctica están sucediendo acontecimientos graves incluso en Europa y en Estados Unidos donde avanzan a paso redoblado los nacionalismos y las xenofobias.

Lo peligroso del asunto es que este cuadro de situación tiene lugar en nombre de la democracia cuando en verdad los procedimientos del caso contradicen abiertamente los postulados de esa forma de gobierno. Más bien hay cleptocracias.

Entonces antes de correr el riesgo de que el planeta se convierta en un inmenso Gulag en nombre de la democracia, es indispensable usar las neuronas para imaginar límites al Leviatán. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando la próxima elección.

Sugiero cuatro caminos para comenzar a debatir que apuntan a cambiar radicalmente los incentivos, lo cual no significa que necesariamente se adopte lo que sigue. El asunto es derribar telarañas mentales y eventualmente sugerir otras políticas, pero no ser un espectador apático de la debacle.

Primero, que los miembros del Poder Legislativo sean ad honorem como fue inaugurado en las repúblicas de Venecia y Florencia, situación en la que la ley sea compatible con el derecho para evitar conflictos de intereses.

Segundo, aplicado al Ejecutivo seguir el consejo de Montesquieu quien escribe que “el sufragio por sorteo está en la índole de la democracia”, lo cual incentivará a que en lugar de prestar atención a las personas se concentre en los resguardos institucionales a los que Karl Popper atribuía tanta importancia “para que los gobiernos hagan el menor daño posible”.

Tercero, que el Ejecutivo esté conformado por un Triunvirato de acuerdo a los argumentos esgrimidos detalladamente en la Asamblea Constituyente estadounidense.

Y cuarto, que en el Poder Judicial -como lo propone Bruno Leoni- tengan lugar todos los arbitrajes privados que las partes soliciten sin traba.

Mientras estas ideas se consideran, continúan los debates en medios académicos sobre el dilema del prisionero, la asimetría de la información, los bienes públicos, los free-riders, las externalidades, el equilibrio Nash y los llamados balances sociales. El asunto es despertar del letargo y pensar en defensas sólidas para sostener el sistema democrático al estilo de lo expuesto por los Giovanni Sartori de nuestra época.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¡Encarcelen al sistema!

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 9/5/16 en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/encarcelen-al-sistema/16586568

 

Por muchos políticos que encarcelen, no se detendrá la corrupción ni se devolverá lo robado.

Entiendo la ira de las personas con los políticos corruptos, pero la historia demuestra que, por muchos que se encarcelen, no se detendrá la corrupción ni se devolverá lo robado. Si hasta me parece contraproducente. Pareciera que estas campañas sirven para distraer a la opinión pública y para esconder el problema de fondo de la corrupción: el sistema estatista, que es al que debiera ‘encarcelarse’.

La situación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó y ahora la Fiscalía de ese país pide investigar al expresidente Lula da Silva, a tres ministros y a otros 27 políticos por los escándalos en Petrobras. Rousseff puede ser separada de su cargo si el Senado brasileño abre un juicio político, mientras el procurador general asegura que “en el ámbito” del gobernante Partido de los Trabajadores hay elementos que prueban la existencia de una “organización criminal”.

Entretanto, la justicia argentina empezó a investigar a la expresidenta Cristina Kirchner. Desde que Macri asumió la presidencia, y mientras tiene problemas serios, el Poder Judicial argentino ha acelerado las causas por corrupción durante el gobierno anterior y, de hecho, ya hay encarcelados. Por cierto, es llamativo que los mismos jueces que no sospechaban de los anteriores gobernantes cuando estaban en el poder, hoy encuentren que son culpables.

Y estos son solo dos ejemplos de los muchos que hay. La corrupción está generalizada porque es intrínseca al Estado moderno, que es el monopolio de la violencia con el cual gobierna: impone sus leyes con la fuerza policial. Y ya decían los griegos que la violencia es aquello que corrompe a la naturaleza. A diferencia del mercado -las personas-, donde las transacciones se realizan tras un natural acuerdo mutuo, el Estado impone coactivamente leyes, dejando el poder de decisión en burócratas susceptibles de ser sobornados.

Si comparamos el índice de corrupción de Transparency International con el de Libertad Económica de la Heritage Foundation, más allá de los errores lógicos en estas mediciones vemos que los más corruptos son los menos libres, aquellos donde el Estado tiene más peso y sus burócratas mayor poder de decisión.

Entre los menos corruptos aparecen Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, luego EE. UU. (16), y más abajo Uruguay (21), Chile (23), Colombia (83), y ya entre los más corruptos: Yemen (154), Haití y Venezuela (158) y finalmente Corea del Norte y Somalia (167).

Y los más libres serían Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Chile, Irlanda, Estonia, Reino Unido, EE. UU., Dinamarca y luego estarían Colombia (puesto 33), Uruguay (41), Perú (49), Costa Rica (50), México (62), Panamá (66), Guatemala (82), Nicaragua (109), Honduras (113), Brasil (122), Ecuador (159), Bolivia (160), Argentina (169), Venezuela (176), Cuba (177) y Corea del Norte (178).

En fin, para terminar, un caso real que muestra que la corrupción es intrínseca al estatismo. Para presentarse a las licitaciones de obra pública, los gobiernos exigen una serie de condiciones. Un ministro, al fin de cuentas, decide quiénes pueden o no presentarse, y los elegidos se cartelizan y reparten las obras que se realizarán con grandes sobreprecios. El ministro no es sobornado, pero cuando se retira del gobierno, el ganador de la obra pública lo nombra director de otra empresa de su grupo, con una remuneración elevadísima. Todo legal.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El liberalismo, la libertad de expresión y de culto:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 17/1/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/01/el-liberalismo-la-libertad-de-expresion.html

 

Es muy frecuente que la gente caiga en el error de suponer que el liberalismo propugna un sistema social sin límites, donde cualquiera haga y diga lo que se le dé la gana siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier costo. Nada más lejos de la verdad. Los que así opinan y creen, no saben absolutamente nada de la esencia de la sociedad libre (a veces también llamada sociedad abierta, liberal o expresiones equivalentes que nosotros usamos de manera indistinta por considerarlas a todas ellas sinónimas).
La libertad pregonada por el liberalismo es la libertad responsable, y no hay otra manera en que el liberalismo entienda la palabra libertad más que esta. En el sistema liberal, libertad y responsabilidad son solamente dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas, nunca separadas.
El liberalismo implica que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, y el límite de una y de otra libertad -en una sociedad libre- siempre viene dado por el contrato o por la ley. Ya sea de manera contractual o de manera legal (en rigor lo convenido esta subsumido en lo legal) la sociedad liberal determina los límites y la esfera dentro de la cual las personas han de ejercer sus respectivas libertades.
Implícito al liberalismo es el marco institucional donde, desde la Constitución hasta el contrato es a lo que todo el mundo ha de sujetarse. En su sistema, todos somos iguales ante la ley.
Esto incluye tanto la libertad de acción como la de expresión. Sólo podemos proceder y expresarnos libremente en tanto y en cuanto, tal acción o manifestación no implique (ya sea a sabiendas o presumiblemente) un perjuicio a otro (u otros). Pero -en última instancia, y en caso de conflicto al respecto- quien establece en una sociedad liberal si existe o no un daño, es el poder judicial que, por la propia definición del liberalismo, ha de estar separado y ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Y ello siempre a instancia de quien se considerare personalmente agraviado y no en ningún otro caso.
Lo contrario a esto sería lo opuesto al liberalismo, configuraría la sociedad autoritaria o la dictadura, en la que unos se arrogan el derecho a decidir e imponer a los demás “qué es” y lo “qué no es” la “libertad” y hasta donde se puede ejercer. Que -en este caso- ya no sería “libertad”, sino algo menos que eso, una especie de semi-libertad o una caricatura de ella, dado que quien debería definirla seria el dictador de turno (cargo al que muchos -si bien inconfesablemente- aspirarían).
En el liberalismo, nadie, ni gobernantes ni gobernados están autorizados a imponer por la fuerza sus creencias, convicciones, credos o acciones -o ausencia de ellas- en tal sentido contra ninguna otra persona, sea una o muchas. La sociedad abierta es la sociedad del respeto integral al otro, lo que implica el respeto absoluto a su conciencia, a sus ideas, de sus dichos y de sus acciones, siempre y cuando -reiteramos porque a veces no se entiende- ninguna de esas ideas, dichos, acciones, manifestaciones, etc. ocasionen un menoscabo a un tercero.
Esto alcanza obviamente también a la libertad religiosa y de conciencia. El respeto liberal incluye no burlarse agresiva, reiterativa, desafiante y provocativamente de las creencias (religiosas o anti-religiosas) que otros abriguen, aunque sean por completo contrarias a las nuestras. Pero, nuevamente, será el contrato, la ley o la sentencia de un juez (siguiendo todas las instancias que la misma ley establezca) quien fijará si existe o no la “ofensa” que se alega, y se actuará en consecuencia. Es así y de este modo cómo se mueven las sociedades liberales.
En las sociedades autoritarias, por el contrario, impera el pensamiento único, la justicia por mano propia, el atropello, la fuerza y la violencia, la imposición y la cárcel, ya vengan desde la cúpula del poder o desde el llano. Esto es lo que desean los antiliberales.
En suma, en el liberalismo no existe un “derecho a blasfemar o a ofender” como algunos -ya sea por ignorancia o por error, lo mismo da- anhelan ellos mismos creer y -(lo que es peor) intentan hacer creer a los demás. Mal podría la filosofía de la suma consideración al prójimo (la liberal) alegar semejante barrabasada. Porque el liberalismo es la antítesis del libertinaje y no su símil. La sociedad abierta es la sociedad del orden y de la deferencia estricta al otro. En todo caso, quien se considere damnificado por otro, deberá acudir ante los tribunales para hacer valer su derecho y obtener el pertinente reconocimiento judicial al que se siente acreedor. Y si aquel logra sentencia favorable, la misma deberá ser cumplida y respetada por quien hubiere perdido el pleito. Así actúa una genuina sociedad liberal.
Dado que lo que es muy gracioso para uno puede ser terriblemente ofensivo para otro (y viceversa), el límite entre el chiste y el agravio se traza a través del acuerdo voluntario entre las partes implicadas. Y cuando tal arreglo contractual se viola, por cualquiera de ellas o por ambas, es ante la justicia donde se dirime la cuestión en el derecho liberal.
Para ello a tal efecto, en los códigos penales liberales existen las figuras típicas de los delitos de calumnias e injurias, y una rica jurisprudencia prescribe -en cada caso concreto- el alcance que estos tipos penales tienen y qué hechos son los que los conforman e incluyen.
El liberalismo es un orden, y como tal, contrario al caos y a la desorganización. Se desenvuelve dentro de las instituciones que el mismo orden liberal establece. Estas son: una Constitución republicana, con estricta y férrea limitación del poder político; división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) cada uno con su propio imperio en su específica esfera, armonía y paz social por excelencia, en donde las libertades se ejercen dentro del marco del contrato y de la ley, lo que también se ha llamado la sociedad contractual en oposición a la sociedad hegemónica que quieren los antiliberales (por definición autoritarios y pro-dictadores).
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La política “farandular”:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 15/11/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/11/la-politica-farandular.html

 

Resulta de interés destacar -una vez más- la notable similitud (habría que hablar, en realidad, de total identidad) entre la farándula y la política. Hasta el mismo diccionario de la Real Academia Española lo reconoce en su definición. Veamos lo que dice:

farándula.

(Del prov. farandoulo).

  1. f. Profesión y ambiente de los actores.
  2. f. Antigua compañía ambulante de teatro, especialmente de comedias.
  3. f. despect. Arg., Cuba, El Salv., Ur. y Ven. Mundillo de la vida nocturna formado por figuras de los negocios, el deporte, la política y el espectáculo.[1]

Tal como vemos, la tercera acepción del diccionario recoge la expresión farándula identificándola y relacionándola expresamente con el mundo de la política. Y es que, verdaderamente -al menos en la Argentina- la mayoría de la gente vive, recepta, “analiza” y comenta las noticias políticas de la misma manera en que lo hace con las del mundo del espectáculo.

Tampoco es casual -a mi modo de ver- que no sean pocos los artistas (en el sentido de actores y actrices del “arte escénico”) que a menudo saltan del escenario televisivo, cinematográfico o teatral a la palestra política, y aparecen postulándose para los más diversos cargos, ya sean estos en el poder legislativo o el ejecutivo. La sola excepción -por ahora- parecería ser la del poder judicial, aunque -al paso que van las cosas y en vista de la profunda degradación moral, cultural, educativa y -por supuesto- económica en la que se desbarranca Argentina- pronto no nos sorprendamos también de enterarnos del brinco de personajes de la farándula que traten de infiltrarse dentro de las filas del poder judicial.

Es que efectivamente, el argentino promedio se posiciona frente a la política y a los políticos como quien ve una representación en la TV, en el cine o en el teatro, y en verdad piensa que todo eso que observa, es algo en lo que él o ella es sólo un simple y mero espectador, que nada puede hacer por modificar la trama de la historia, ni el guion de la película. Sólo se considera a sí mismo un espectador pasivo, inerme para cambiar los roles de los protagonistas en la escena, incapaz incluso de permutar a los actores de reparto (en este caso los políticos mismos).

Es más, cree que no es a él al que le corresponde reemplazar ni a los actores de reparto, ni a la función que está observando, sino que esa acción sólo le cabe al director de la obra, sin siquiera asumir que el director de la obra política siempre es el ciudadano que vota -es decir el mismo- y no un “tercero”.

Esta visión farandúlica de la política se extiende también a la mayor parte del denominado periodismo político. Si se observa atentamente el diseño de la difusión, comentarios y análisis político se puede advertir de inmediato que tiene idéntica estructura que la difusión, comentarios y análisis del mundo de la farándula.

De la misma manera que un periodista de cine, televisión o teatro “analiza” si la actriz fulanita se divorció o “se juntó” con el actor menganito, de semejante modo muchos “analistas” políticos describen la “alianza” del político “Juan” con el político “Pedro” ; la “traición” del candidato B al partido C ; el “coqueteo” del candidato X con el “presidenciable” Z ; etc. etc. etc..

Es por ello que, en general, el político argentino está más preocupado por ser un buen actor, que obtenga la mejor posición posible en el “rating”, que en qué es lo que “podrá” hacer, “piensa” hacer, o posiblemente “haría” en el caso de resultar electo. Este último aspecto es el menos importante para él.

El argentino promedio “vive” la política como un drama o una comedia, pero dicha “vivencia” siempre le es ajena en su auto-atribuida calidad de espectador, condición esta última a la que raramente renunciará. Y se lamenta y se regocija frente a los sucesos políticos de la equivalente forma en que se divierte mientras disfruta de una comedia televisiva o cinematográfica, o se entristece ante la pantalla o la butaca de una obra trágica. Y observa y habla de los políticos de parecida manera en que lo hace de los actores y actrices del mundo de la escena.

Incluso la mayoría de los comentarios familiares o con amigos de los hechos y protagonistas del mundo político, también tienen semejanzas notables con los que se ven o escuchan en los muy célebres programas televisivos o radiales de “chimentos del ambiente”. Esto anima a muchos conductores de programas de chimentos de la farándula a exponer en esos mismos programas hechos o actos políticos, no siendo tampoco extraño ver en esos programas televisivos de chismes del espectáculo a notables figuras de la política.

Esto explica -siempre en mi opinión- la razón por la cual la corrupción, la violación de la ley, el latrocinio estatal, el peculado y la rapacidad burocrática, etc. se ha hecho algo cotidiano entre los argentinos. El promedio de ellos está convencido de que la corrupción es meramente un fenómeno político que no tiene nada que ver con nadie que no actúe en el plano ni en el ámbito de la política. Es “algo” que “sólo se ve por TV”, o “se lee en los diarios”. “Algo” que hacen “otras” personas que, a la sazón, reciben el nombre de “políticos”.

El espectador se posiciona frente al espectáculo como “algo” que es ajeno a él, sobre lo que tiene ningún otro control más que cambiar el canal o la frecuencia de la emisora que está escuchando. Y esta misma actitud la extiende al mundo político, como algo que pasa “fuera de él” y como en una dimensión lejana, que ni siquiera lo roza. Piensa que “el director” de la obra tiene que divertirlo o entretenerlo siempre, y dejarle un mensaje positivo. Y opera mentalmente de la misma manera ante los acontecimientos de la política nacional.

Esto permite a la clase política dominar la escena y -a la vez que dan su espectáculo- esquilmar a los bolsillos de sus espectadores (los ciudadanos).

[1] Diccionario de la Lengua Española – Vigésima segunda edición –

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿HAY OPOSICIÓN EN LA ARGENTINA?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Siempre es difícil generalizar, recuerdo haber leído la respuesta muy significativa de Chesterton cuando le preguntaron que opinaba de los franceses: “No sé porque no los conozco a todos”.

De cualquier manera, salvo muy honrosas excepciones de aquellos que por el momento no tienen posibilidad de estar bien posicionados en una carrera electoral, en última instancia, la llamada oposición no es tal.

 

Decimos esto porque en las reiteradas declaraciones los supuestos opositores revelan su disgusto por los modales, la arrogancia y el espíritu confrontativo del actual gobierno pero, en la práctica, adhieren con entusiasmo al eje central de las medidas adoptadas. Esto se ha mostrado una y otra vez en muy diversas circunstancias.

 

Estimo que esto puede ilustrarse con lo sucedido la noche anterior a la redacción de la presente nota. No quiero hacer nombres propios puesto que la batalla cultural debe debatirse en el plano de las ideas y no en el plano personal. Fue en un programa televisivo de gran audiencia y el entrevistado era un político muy relevante de un partido tradicional.

 

El conductor abrió el programa preguntándole al personaje de marras que opinaba de lo que había dicho la titular del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que esperaba se preserve de su legado y enumeró algunas de sus medidas. El político entrevistado dijo con énfasis que la lista que detalló la mandataria le pareció corta y que podía alargar a ese racconto otras medidas “pero con la condición que sean bien administradas y no haya corrupción”.

 

Como este artículo no es solo para argentinos, ilustraré lo dicho con un solo ejemplo que será comprendido por todos y, además, si tuviera que analizar todos los puntos mencionados en esa entrevista necesitaría mucho más espacio del que brinda una nota periodística. El ejemplo alude a la estatización de Aerolíneas Argentinas como “línea de bandera” que actualmente arroja pérdidas diarias millonarias. A esto se refirió el entrevistado: sostuvo que le parecía muy bien la estatización de la empresa de aeronavegación puesto que el país no debía renunciar a la soberanía pero, como queda dicho, “bien administrada”.

 

Con esto queda claro que no se ha entendido nada de nada. En primer lugar, empresa estatal constituye una contradicción en términos. Una empresa no es un simulacro o un pasatiempo: o se asuenen riesgos con patrimonios propios y se gana o se pierde según se satisfaga o no las necesidades del prójimo, o se está ubicado en una entidad política que asigna recursos fuera de los rigores del mercado, es decir, según criterios de la burocracia del momento.

 

En segundo término, esa entidad política, mal llamada empresa estatal, inexorablemente significa en el momento de su constitución un derroche de capital, esto es, habrá utilizado los recursos en una forma distinta de lo que lo hubieran hecho sus titulares, lo cual, a su vez, se traduce en reducción de salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos dependen de las tasas de capitalización. Entonces, por la naturaleza misma de este burdo simulacro, no puede estar “bien administrada”…y a raíz de estas declaraciones grandilocuentes, recordemos al pasar que “entre lo sublime y lo ridículo hay solo un paso”.

 

Tercero,  si se sostiene que la entidad política de marras no hará daño porque “compite” con empresas de igual ramo, debe aclararse que no hay tal cosa ni puede haberlo. Esto es así porque la entidad política, por definición, cuenta con privilegios de muy diversa naturaleza y si se contra-argumenta que se prohibirán los privilegios y que, por tanto, habrá genuina competencia, debe responderse que, entonces, no tiene ningún sentido que dicha entidad opere en el ámbito político y que, para probar el punto de la real competencia el único modo es competir, es decir, zambullirse en el mercado con todos los antedichos rigores.

 

Cuarto, si se señala que esa entidad arroja ganancias y presta buenos servicios debe puntualizarse que -si los balances están bien confeccionados y no adolecen de la denominada “contabilidad creativa” llena de fraudes- y exhibe beneficios netos, la pregunta debe estar dirigida a indagar si las tarifas correspondientes no estarán demasiado altas. El único modo de conocer el nivel de tarifas reales es en el contexto del proceso de mercado. En esta misma línea argumental, por ello es que la proliferación de entidades políticas del tipo de las que venimos comentando necesariamente distorsionan precios. Y como los precios son los únicos indicadores en el mercado, su desfiguración redunda en contabilidades irreales, las cuales bloquean la posibilidad de cálculo económico.

 

En cuanto a que “el servicio es bueno”, la conclusión carece de base se sustentación ya que el tema central radica en visualizar cuales son los sectores que la gente hubiera preferido si no se hubieran esterilizado sus recursos en la prestación de un servicio o la producción de un bien que, dadas las circunstancias, no es prioritario a los ojos de los consumidores.

 

Quinto, el tan vapuleado tema sobre la conveniencia de constituir las entidades políticas bajo el disfraz de empresa debido a que se trata de sectores estratégicos o vitales es autodestructivo ya que cuanto más estratégico y vital el sector, mayores son las razones que funcionen bien. Es cierto que desafortunadamente en ciertos países avanzados existen algunas empresas estatales para mal de sus habitantes, pero ésta política se diluye entre muchas otras de corte civilizado. En nuestro caso, en cambio, se acumulan esperpentos.

 

Y, por último, sexto, como se ha señalado, la soberanía es aplicable solo a los individuos como indicación de sus derechos inalienables que son superiores y anteriores a la misma existencia del gobierno, aparato cuya misión en una sociedad abierta es velar por su protección y garantía. La “soberanía” de la zanahoria, de un avión, de un dique o de un trozo de tierra es tan estúpido que no resiste análisis serio. En realidad hay un estrecho correlato entre la lesión de derechos y la tan cacareada “soberanía” de las cosas y los artefactos.

 

Y, de más está decir, no se trata de insinuar que en el sector privado están los “buenos” y en el gubernamental los “malos”, muy lejos de ello, se trata nada más y nada menos que de los incentivos: la forma en que se enciende la luz y se toma café en una repartición estatal es muy distinta de lo que ocurre en una empresa privada.

 

¡Ah no! se exclama, aun admitiendo todo lo demás lo que quiere la oposición es una buena calidad institucional. Pero es que si se admite lo demás, no hay forma de contar con marcos institucionales civilizados ¿o es que cuentan con que el Poder Judicial dictará la inconstitucionalidad de todas las medidas estatistas “bien administradas” que suscriben?

 

Con esto no quiero cargar excesivamente las tintas contra la supuesta oposición, solo muestro la coincidencia con el eje central de lo que viene sucediendo descartando los modales, la soberbia y el espíritu confrontativo.

 

Tampoco quiero cargar las tintas por otro motivo más de fondo y es que los políticos fuera del gobierno tampoco pueden recurrir a un discurso que la opinión pública no puede digerir puesto que convengamos que propuestas alberdianas hoy en la Argentina (aludiendo al autor intelectual de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi) serían masivamente rechazadas y repudiadas.

 

Por esto, como resumen de esta nota, enfatizo una vez más en la imperiosa necesidad de preocuparse y ocuparse de la educación y el debate abierto de ideas como único camino para permitir que los políticos del futuro puedan articular un discurso compatible con la libertad. Un estatismo sin corrupción sigue generando todos los daños del estatismo aun sin caer en la indecencia y la desfachatez del robo desde las instancias encargadas de velar por los derechos de la gente.

 

Para terminar, lo voy a parafasear a mi estimadísmo James Buchanan en las últimas líneas de su libro (con Richard Wagner) dedicado a criticar las propuestas clave de Keynes: ¿estará próximo el día en que elijamos el sentido común del liberalismo y transitaremos “el camino menos frecuentado” que se consigna en los célebres versos de Robert Frost, o insistiremos en la senda más recorrida de la pobreza colectiva?

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

La justicia debe ponerse de pie

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 15/5/13 en: http://www.elimparcial.es//la-justicia-debe-ponerse-de-pie-122948.html

 Después de dos largos y difíciles años, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la cuantiosa multa que el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quizá el exponente más acabado de la arbitrariedad que caracteriza al gobierno de Cristina Kirchner, impusiera a una docena de consultoras privadas que difundieron sus respectivas estimaciones de inflación no coincidentes, por cierto, con los mentirosos guarismos oficiales.

Al imponer las citadas multas, con un fin intimidatorio y conculcando libertades y derechos básicos, Moreno se había amparado paradójicamente en el artículo 9 de la ley de lealtad comercial que prohíbe “la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos puedan inducir error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”.

La decisión de la Cámara debe verse como un hecho auspicioso, sobre todo en momentos en que está en juego la independencia del poder judicial y la continuidad de nuestra forma republicana de gobierno consagrada en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Sería deseable, por consiguiente, que el ejemplo cundiera y que así como esta Cámara, que se sabía cercana al gobierno, se animó a poner un límite otras tantos jueces hicieran lo propio en respuesta a la lluvia de amparos que se interpondrán no bien se promulgue la ley de reforma del Consejo de la Magistratura sancionada la semana pasada que, como hemos señalado en estas columnas, significa una verdadero tiro de gracia para lo que aun queda de seguridad jurídica en el país.

Minutos antes de escribir estas líneas había citado a un estudiante un párrafo de El Espíritu de las leyes donde Montesquieu afirma que, unido al poder legislativo, “el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario”, y que, unido al ejecutivo, “el juez podría tener la fuerza de un opresor”. Una mención oportuna en un contexto de enorme preocupación para la Argentina precisamente por la mezcla de desmesura, atropello y corrupción estructural que venimos padeciendo y que, con el transcurso de los días, no parece sino agravarse.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.

 

Argentina: la República ya es un despojo

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 7/3/13 en http://www.elimparcial.es/america/argentina-la-republica-ya-es-un-despojo–119733.html

 En su extenuante mensaje (de tres horas y media de duración) con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta argentina anunció lo que será su próximo paso en el proceso de destrucción paulatina de nuestro régimen republicano. La emprenderá ahora contra el Poder Judicial, último bastión que le queda por asaltar para hacer realidad una aspiración que ya resulta imposible de encubrir: la de encarnar, en su sola persona, la suma del poder público mediante la emancipación total de la autoridad ejecutiva.

Es la lógica propia de un gobierno que nos condena a vivir en estado de excepción al desbordar a diario los límites constitucionales. Lo había adelantado la Procuradora General de la Nación al afirmar, en el marco de una entrevista, que “la Justicia actual es ilegítima, corporativa oscurantista y de lobbies aceitados”. En verdad, tanto estas declaraciones como los dichos de la presidenta y su propuesta de “democratizar” la justicia mediante (entre otras cosas) la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura (órgano que propone y remueve a los magistrados), resultan cuando menos sorprendentes teniendo en cuenta que aproximadamente el sesenta por ciento de los jueces en actividad fueron designados durante una década de gobierno kirchnerista, empezando por los integrantes de la Corte Suprema, cuya composición actual es fruto de la determinación que en su momento tuviera Néstor Kirchner de poner fin a la “mayoría automática” que acompañara al ex presidente Menem.

¿Acaso quiere la presidenta recurrir de nuevo a artilugios prohijados en esos años noventa que ella tanto ha demonizado? ¿Quiere tal vez contar, ella también, con su propia “mayoría automática” en el máximo tribunal? ¿Avala la presidenta que se diga que la Justicia actual es “ilegítima”? Y si así fuera, ¿por qué no lo denunció antes? ¿Será porque recientemente tropezó con algunas sentencias que obstaculizaron sus planes hegemónicos? ¿Y qué decir de los jueces que, durante su gobierno, le fueron sumisos o cedieron a sus presiones para terminar desestimando serias denuncias de corrupción y grandes negociados.

Estos y otros interrogantes despierta el mentado proyecto de “democratizar” la justicia. A estas alturas, no deberíamos sorprendernos.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.