Colombia: ante las etapas finales del acuerdo de paz con las FARC

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 1/9/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1933579-colombia-ante-las-etapas-finales-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc

 

Después de 52 años de guerra civil y de cuatro años de muy difíciles negociaciones, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) han llegado felizmente a un acuerdo de paz que deberá ahora ser sometido -mediante un plebiscito- a la aprobación o el rechazo del pueblo colombiano, la principal víctima de medio siglo de un duro conflicto armado interno. Luego vendrá el necesario desarme integral de los insurgentes, en el que nuestro país está dispuesto a colaborar.

La región toda puede, como consecuencia de ello, haber cambiado. Mucho. No sólo ya no hay en nuestro hemisferio gobiernos militares, tampoco hay guerras civiles de alguna significación, aunque con la preocupante excepción de la actividad del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, grupo terrorista pequeño, que alguna vez tuvo vínculos con las FARC y que acaba de consumar un atentado con explosivos que lamentablemente dejó ocho soldados paraguayos sin vida.

En Colombia, la izquierda radical ha abandonado el camino de la violencia y presumiblemente lo reemplazará en más por el del diálogo; en Paraguay, en cambio, no es así.

Pero los países que dejan atrás los conflictos armados internos quedan lastimados y, por ende, sumergidos en la etapa de fragilidad, a veces larga, que generalmente sigue al desgraciado tiempo de la violencia en esos conflictos. Por eso los colombianos necesitan concentrarse en construir la paz y en hacerla duradera. Tarea prioritaria, que naturalmente la región toda debería apoyar.

Esa etapa, la del post-conflicto, es compleja. Pero es indispensable. Hay que atender y curar heridas profundas. Y dedicarse de lleno a la tarea de reconciliar. Lo que supone dejar atrás los odios y los resentimientos y afanarse -sinceramente- en construir el futuro, entre todos.

Lo que por cierto implica no quedarse empantanados en el pasado, sino tratar de modelar conjuntamente el futuro. La marcha es -con frecuencia- lenta, pero debe siempre ser firme. La paz no es una utopía. Es perfectamente posible. Es una realidad que, sabemos, se edifica y se alimenta desde el respeto, la verdad, la justicia y la tolerancia.

Las negociaciones del gobierno colombiano con las FARC, cabe señalar, no fueron consecuencia de una rendición incondicional de los insurgentes, sino de una oportunidad derivada esencialmente de la voluntad mutua de procurar vivir en paz. Lo que no puede perderse de vista.

No obstante, lo cierto es que el conflicto armado interno colombiano generó nada menos que unas 220.000 muertes y más de cinco millones de desplazados internos que en su momento escaparon penosamente a la violencia. Con las heridas y cicatrices consiguientes.

En Colombia, cabe apuntar, se aplicaron las Convenciones de Ginebra que, olímpicamente ignoradas en la Argentina, fueron allí tenidas honestamente en cuenta. Porque ellas disponen inequívocamente que, en los conflictos armados internos, los crímenes de lesa humanidad -de todas las partes de la contienda, por igual- deben ser reconocidos y juzgados.

Es posible que muchos piensen que el nivel de castigo pactado en el acuerdo de paz colombiano no sea ciertamente el que merecen los responsables de los aborrecibles crímenes cometidos por las FARC (como los de la masacre de 2002, en Bojayá) o por los llamados paramilitares y sientan, entonces, que el acuerdo de paz no hace justicia. Y que, por ello, de pronto se pronuncien en contra del mismo. Sin advertir que la paz, valor supremo para poder vivir civilizadamente, puede tener costos. Y que el acuerdo alcanzado también supone, entre otras cosas, discontinuar -en gran medida- una realidad muy terrible: la de tener que vivir en un país donde el narcotráfico está extendido y ha permeado en una buena parte de la sociedad colombiana, infectándola profundamente.

Eso explica quizás las inquietudes, las reservas y hasta las dudas de algunos. Como las del avezado José Miguel Vivanco, partidario ciertamente de poner fin a la violencia, quien cree que el acuerdo, por la falta de los castigos que -en justicia- pueden corresponder y que eran esperados por una sociedad malherida, puede haber debilitado la oportunidad de sumar voluntades para construir entre todos la ansiada paz sostenible. Pronto lo sabremos. Para Vivanco “castigar a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado”. Razón por la cual sostiene que “la comunidad internacional no debería hacer la vista gorda ante esa fachada de justicia en nombre de la paz”. Todo un tema, entonces.

Habrá que esperar al pronunciamiento concreto del pueblo colombiano, que en esto tendrá la última palabra, que se pronunciará el próximo 2 de octubre, fecha prevista para el plebiscito.

Antes, las FARC realizarán en San Vicente del Caguán su Conferencia Nacional. Allí se sabrá si todos sus contingentes y elementos refrendan, o no, lo ya acordado por sus líderes. Y si alguien queda eventualmente afuera, por las razones que fueren, cuál es su verdadera dimensión.

Luego de todo ello, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo cabecilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, firmarán solemnemente la paz tal como se han comprometido, con presencia internacional.

La enorme oportunidad de vivir en paz que se ha construido -paso a paso- en Colombia no puede dejarse pasar. El país está ahora frente a una disyuntiva histórica. Con sus más y con sus menos, ciertamente. Aunque lo cierto es que hoy, para Colombia, la paz aparece como una alternativa posible y, más aún, luce bastante cercana.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Gobiernos en campaña permanente

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 9/4/13 en http://www.lanacion.com.ar/1570810-gobiernos-en-campana-permanente

Desde hace tres décadas, la estrategia de las llamadas “campañas permanentes” se ha afincado en el mundo de la política. Supone unificar constantemente la acción de gobierno con la propaganda y las acciones publicitarias que hasta no hace mucho eran propias de las campañas políticas propiamente dichas. Como si ambas cosas fueran absolutamente inseparables con el propósito obvio de procurar mantener vigente la popularidad de los gobernantes electos.

Cabe recordar que esta modalidad de acción política se originó en los Estados Unidos. Conceptualmente, es hija de uno de los estrategas de Jimmy Carter, Patrick Cadell. La racionalizó luego el periodista Sidney Blumenthal. Pero su utilización devino durante la presidencia de Bill Clinton, que la trasformó en prioridad permanente.

Por su parte, el presidente Barack Obama la acaba de profundizar al crear -pese a que naturalmente no persigue una reelección, prohibida por la Constitución de su país- el grupo privado denominado “Organizados para la Acción”. Con ese grupo que actúa formalmente desde “fuera” de su administración, apuntalará ante la opinión pública las acciones de su gobierno y de su partido, con el apoyo de muchos de aquellos donantes que ayer aportaron los fondos utilizados en la campaña presidencial. No con fondos públicos, sin embargo, y la diferencia no es menor.

Tony Blair y Silvio Berlusconi, en sus respectivas gestiones, recurrieron a la “campaña permanente”. Sin descanso. Lo mismo hicieron Hugo Chávez, desde 1998, y Rafael Correa, en los últimos años. Así como algunos de nuestros gobernantes, a partir de Carlos Menem. Tanto es así, que Néstor Kirchner afirmó, en julio de 2005, suelto de cuerpo: “Sí, estoy en campaña permanente”.

Las “campañas permanentes” suponen -por definición- que los encuestadores y expertos en comunicaciones estén operando constantemente junto con los líderes políticos, de modo de modelar sin descanso sus actitudes, sus mensajes y sus conductas, para que impacten positivamente en la opinión pública. Esto es, para exagerar sus logros y ensalzar sus imágenes. Y lograr que sus desaciertos no se adviertan o se disimulen. De alguna manera, parecería que interesa más “cómo” se comunica la acción de gobierno que cuál es su sustancia. La forma por encima del fondo.

Todo parece así subordinarse a la búsqueda de popularidad, sin descanso ni límites, como se hace evidente en las democracias frágiles y de valores relativos donde se llega incluso al sacrificio de la verdad con la manipulación de cifras, de circunstancias y hasta de la historia.

La acción de gobierno se transforma en un persistente plebiscito. Por ello, las técnicas de comunicación, las encuestas y el escrutinio constante de lo que piensan los llamados focus groups se entrelazan profundamente con el andar de los gobiernos, en inédita simbiosis. La escenografía y el espectáculo se apoderan de las reuniones y de los eventos. El ruido ahoga al discurso. Y la presencia de los gobernantes de turno se adueña monopólicamente de los escenarios. En ese ambiente, el uso de las “cadenas nacionales” se multiplica, en actitudes que hasta generan hastío.

En algunas partes el tema es aún más complejo. Porque, como consecuencia de las “campañas permanentes”, se da un paso agresivo más. Las críticas a la oposición devienen permanentes y despiadadas. La retórica se adueña de los mensajes de manera agresiva y casi sin límites. Hasta el insulto se instala en lo que debe ser un diálogo normal. Y la intimidación se transforma en instrumento de la lucha política, degradando el clima de convivencia y lastimando a la sociedad a la que se procura polarizar.

Lamentablemente, todo esto se hace con los dineros públicos, a los que se tiene como una suerte de combustible inagotable, lo que inclina el tablero a favor de quienes circunstancialmente están en el poder. El ambiente de la política se puebla de ataques y demonizaciones que procuran dividir, desprestigiar, denigrar y difamar a todo aquel que pueda hacer sombra a quienes (insaciablemente sedientos, como acaba de señalar el papa Francisco) buscan acumular poder y mantenerlo el mayor tiempo posible.

Los medios de comunicación independientes -esto es, aquellos que no se prestan a acompañar los requerimientos y las exigencias de las “campañas permanentes”- se transforman en enemigos intolerables, simplemente porque no contribuyen al discurso que se impulsa desde el poder. Por ende, pronto son blancos a destruir y silenciar. Por esta razón seguramente, la libertad de expresión e información de pronto parece incomodar a tantos en nuestra región. Y, por esto también, aparecen las acusaciones difusas contra las “corporaciones” o los “poderes fácticos” que, en rigor de verdad, son todos aquellos quienes -por las razones que fueren- no se someten al poder de turno.

Por todo esto las sociedades pierden la civilidad y se dividen y enfrentan. Lastimadas por las confrontaciones continuas, resultan presas fáciles de las convulsiones provocadas por un lenguaje de guerra. El disenso se califica de “reaccionario” o “destituyente”. La tolerancia y el respeto recíproco no importan. Es más, molestan.

De este modo, la calidad de la democracia se deteriora como resultado de los intentos constantes de dominar a todas las instituciones desde el Poder Ejecutivo, empeñado en la tarea de concentrar el poder en sus manos. Los equilibrios y contrapesos -esenciales en las democracias- perturban a los gobernantes; razón por la cual se procura eliminarlos o desnaturalizarlos de mil distintas maneras. En las democracias frágiles, la técnica de la “campaña permanente” puede, queda visto, tener efectos sociales y políticos bien serios.

Ante el fenómeno descripto, los límites a las reelecciones no son sólo importantes, sino también esenciales. Y la alternancia en el poder, también; así como la urgencia de establecer límites verificables al uso de los dineros públicos para financiar las “campañas permanentes”. Porque éstas, al dañar la textura de las sociedades, imposibilitan el camino de la unidad e impiden la generación de los consensos mínimos para una visión común del destino de las sociedades. Lamentablemente, hasta la libertad misma puede de repente quedar amenazada cuando las técnicas de las “campañas permanentes” tiñen indeleblemente la acción cotidiana de los gobiernos.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.