La extorsión de los piqueteros

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 15/1/17 en: http://economiaparatodos.net/la-extorsion-de-los-piqueteros/

 

El gobierno actual ha pasado del protocolo antipiquetes a negociar con los piqueteros y darles obra sociales

Lo que debía ser un subsidio transitorio para los que quedaron desocupados con la crisis del 2002 se ha transformado en una política pública de largo plazo. La cantidad de “planes sociales” y subsidios que hoy reparte alegremente el estado ha crecido en forma exponencial. A tal punto se ha transformado en una forma de vida que el gobierno se enorgullece de tener más planes sociales que los que había otorgado el kirchnerismo. Eso muestra el fracaso de la política económica dado que si el estado tiene que entregar más subsidios quiere decir que no logra generar puestos de trabajo que le permitan a la gente vivir de su esfuerzo personal. Ni siquiera el gobierno dice que son subsidios transitorios, sino que son un derecho adquirido, como sostuvo en su momento Gabriela Michetti. Que otro tenga derecho a ser mantenido por el trabajo de un tercero es un disparate mayúsculo. Es absolutamente inmoral que el estado le quite compulsivamente el fruto de su trabajo a quienes producen decentemente para repartirlo a conveniencia del gobierno de turno.

Es más, el gobierno actual ha pasado del protocolo antipiquetes a negociar con los piqueteros y darles obra social, cuenta que obviamente paga el contribuyente dando una pésima señal para terminar con esta continua extorsión de grupos que pretenden vivir a costa del trabajo ajeno o no cumpliendo las normas mínimas de convivencia. La señal que dio el gobierno fue: si me hacen un piquete, “compro” la tranquilidad en la calle pagando con plata del contribuyente.

Al reiterar este comportamiento de los piqueteros exigiendo obras sociales gratis y subsidios, los manteros exigiendo un subsidio y un lugar dónde trabajar y los contratados del CONICET exigiendo que se les renueve un contrato que había terminado pero el gobierno accedió a renovarlo, queda en evidencia que cuantas más veces ceda el gobierno ante la extorsión de los diferentes grupos, más crecerá la oferta de extorsión o la demanda de más subsidios. Como el lector quiera verlo. En otras palabras, los contribuyentes tendremos que poner dinero para pagar la cuenta de la plata que entrega el gobierno frente a todas extorsiones.

Suele argumentarse que si el gobierno no negocia con estos extorsionadores se rompe la paz social y la situación sería peor. Con este argumento lo que nos están diciendo es que el estado prefiere utilizar el monopolio de la fuerza para “robarnos” el fruto de nuestro trabajo en nombre de la solidaridad social en vez que los piqueteros nos roben directamente. O, su Ud. prefiere, el estado nos dice: dejá que te robo yo en nombre de los piqueteros que soy más pacífico.

No queda exento también el argumento que sostiene que si el gobierno establece el orden puede haber malhumor social y dar lugar a la vuelta de los k. Este argumento es extorsionar con el negro período k y decir: o se bancan lo mío o vuelven los k. Que es lo mismo que decir, vamos a hacer populismo educado para que evitar que vuelva el populismo autoritario k.

La gente quedó con traumada con la dictadura k, pero ese trauma no tiene que llevarnos pensar que hay que hacer lo mismo pero en forma en educada.

El camino a transitar consiste en desactivar el arbitraje que hacen los piqueteros. ¿Por qué voy a ir a trabajar, dirá un piquetero, si el estado le roba a otro para que me mantengan? Solo optará por ir a trabajar si se pone un límite de tiempo en el subsidio que se otorga y si la diferencia entre el subsidio y el sueldo que puede recibir por un trabajo es lo suficientemente amplia como para incentivarlo a trabajar.

El primer punto, entonces, es ponerle un límite de tiempo a los planes “sociales” que se otorgan. En segundo lugar es ir licuando los planes sociales con la inflación para que quién hoy prefiere no trabajar vea la diferencia de ingreso del subsidio y de trabajar y cambie de opinión.

Obviamente que el sistema funcionaría mucho más aceitado y aceleradamente si hubiese un plan económico global consistente que atraiga las inversiones de manera que quienes hoy cobran un subsidio no tengan excusas para no trabajar.

Personalmente viajo muy seguido al interior del país, en especial a zonas agropecuarias, y mi pregunta siempre es la misma: ¿se consigue personal para trabajar? La respuesta es: ¿la gente solo acepta trabajar en negro porque si figura en blanco pierde el plan social? Eso quiere decir que el trabajo lo tienen como una changa y el subsidio como su ingreso principal.

Por eso, no basta con decir que hay que reestablecer la cultura del trabajo si al mismo tiempo negocian con las mafias que pretenden extorsionar al gobierno con disturbios si no les dan más subsidios. Eso es inmoral e incentiva la extorsión permanente. De esas “negociaciones” solo podemos esperar más planes sociales y más sometimiento impositivo para la gente decente que trabaja y paga impuestos.

Nadie está proponiendo correrlos a palos, solo establecer nuevas reglas para que este gran negocio de los planes sociales deje de serlo.

En todo caso si hay que usar la fuerza pública para reestablecer el orden deberá apelarse a ese instrumento, caso contrario no tendría sentido otorgarle el monopolio de la fuerza al estado, salvo para que esquilme a los contribuyentes.

La corrupción fue uno de los grandes males de la era k y hay que erradicarla de lleno y la política de extorsión es una forma de corrupción. Doce años de clientelismo político exigen un eliminarlo si es que queremos en serio reestablecer la cultura del trabajo y eso exige mucha firmeza a la hora de tomar decisiones al respecto.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

El asunto de los remedios para los jubilados

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 8/1/17 en: http://economiaparatodos.net/el-asunto-de-los-remedios-para-los-jubilados/

 

Es lamentable que un gobierno que venía a cambiar siga utilizando los mismos parámetros que usaba el kircherismo para establecer derechos

Un patético debate surgió durante el fin de semana cuando el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, salió a argumentar que los remedios que se entregan 100% gratis a los jubilados no correrá para aquellos que tengan yates, autos con menos de 10 años de antigüedad y no sé cuántas cosas más, además de decidir que todos los jubilados que tengan obra social privada no tendrán derecho a recibir remedios gratis.

Por empezar no hay tal cosa como un programa de remedios gratis, alguien lo paga y ese alguien es el contribuyente. En segundo lugar, el jubilado debería tener la libertad de poder elegir si quiere que le descuenten de la jubilación un porcentaje para el PAMI. El que quiere aporta al PAMI y recibe las prestaciones de esa institución y el que no quiere se paga los remedios de su bolsillo o bien contrata una obra social privada y se maneja con ella pero sin que le descuenten de su jubilación recursos para el PAMI.

La realidad es que a la Argentina la hundió los supuestos planes “sociales” del estado porque se han transformado en una fuente de corrupción, caja para la política o bien una forma de buscar clientelismo político. Bajo el argumento del estado solidario, algo que no existe porque el estado no tiene recursos propios sino que son recursos de los contribuyentes, hoy el estado no presta el servicio básico de seguridad pero se ocupa de implementar centenares de “planes sociales” que se reparten con criterio político y nadie controla qué se hace con esa plata. Son simples cajas para comprar voluntades políticas.

En todo caso si hoy hay que implementar un programa de remedios que se le entregan sin pagar a los jubilados porque no tienen dinero suficiente para pagarlos, es porque fuimos a una política populista de jubilaciones.

Ahora, lo que más molesta de la propuesta del gobierno de no otorgarle el beneficio de remedios sin cargo a quienes tienen una obra social privada es el criterio discriminatorio con fuerte contenido populista. Esa eterna historia de discriminar entre vos sos rico no tenés derecho. Aquél otro que es pobre tiene derecho a que otro le pague los remedios, la casa, las vacaciones y lo mantenga de por vida.

Pero el pecado original de todo este problema sobre si tiene que suspenderse el programa de remedios gratis para los jubilados que tienen obra social viene del nefasto sistema jubilatorio de reparto que ha hecho de las jubilaciones un agravio a la gente que trabajó toda su vida. Matemáticamente ningún sistema de reparto funciona en el mundo porque aumentó la esperanza de vida de las personas y cada vez hay menos trabajadores en actividad por cada pasivo que hay que financiar. Encima, en Argentina la fenomenal carga tributaria sobre la nómina salarial hace que el trabajo en negro sea gigantesco o desestimule la contratación de personal. Agreguemos a esto la cantidad de gente que vive de planes sociales sin trabajar lo cual disminuye los ingresos del sistema de reparto y tenemos un combo perfecto para que los jubilados cobren una miseria.

Como los jubilados cobran una miseria, entonces empiezan a inventar estos planes de remedios gratis, cuando en rigor cada uno debería ir armando su cobertura a lo largo de la vida para cuando se retire. Pero tantos años de populismo llevan a estos parches como el de remedios gratis que cuando pretenden emparcharlos, se cometen barbaridades como decir que el que tiene obra social privada no tiene los mismos derechos frente a la ley que el que no tiene obra social privado. Hay infinidad de casos en que los hijos les pagan la obra social a sus padres jubilados para que en caso de ser necesaria una internación puedan ir a un sanatorio digno y no a los destrozados hospitales públicos.

Esta propuesta es tan disparatada que es como si a quien tiene auto le vendieran la SUBE más cara que al que no tiene auto. O si tengo un matafuegos en mi casa, entonces los bomberos se encargan de apagar solo una parte del incendio. Llevado al extremo se ve la ridiculez en que acaban estas propuestas de romper con el principio de igualdad ante la ley. Si todos los jubilados están obligados a aportar al PAMI tienen que tener el mismo derecho ante la ley por más obra social que tengan.

En definitiva, dudo que la gran estafa haya estado en jubilados que fueron a buscar medicamente gratis siendo dueños de yates, autos último modelo y cosas por el estilo. Habrá habido casos, pero con un costo marginal menor dentro del agujero negro que es el gasto público.

La parte más patética es esto de seguir dividiendo a los argentinos entre los que tienen cierto ingreso o patrimonio y los que tienen menos para otorgar derechos. Es insistir con el discurso que hace pensar que los pobres son pobres porque el otro es rico. Una forma de enfrentar a la sociedad.

Francamente pensé que con Cambiemos, al menos esta parte tan nefasta del kirchnerismo iba a desaparecer. Es lamentable que un gobierno que venía a cambiar siga utilizando los mismos parámetros que usaba el kircherismo para establecer derechos. Así, con la sociedad dividida y tratando como ciudadano de segunda a quienes logran algún éxito económico en forma lícita, no van a cambiar los valores que hay que cambiar para poner a la Argentina en una senda de crecimiento de largo plazo.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Abal Medina: cómo vender humo con emergencia social

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 20/11/16 en: http://economiaparatodos.net/abal-medina-como-vender-humo-con-emergencia-social/

 

“Cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable” Séneca 

Abal Medina, actual senador que perteneció al gobierno más corrupto e inepto de la historia argentina, presentó un proyecto de ley que empieza de esta forma: “Artículo 2º. Instruyese al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón (1.000.000) de nuevos puestos de trabajo”. Al leer este artículo uno no puede menos que lamentarse de haber perdido 6 años estudiando economía cuando la cosa era tan fácil de solucionar. Se escribía en un papel: ordeno crear puestos de trabajo y listo.

Cuando uno ve este tipo de cosas, se da cuenta que estamos en manos de gente totalmente incapacitada para ejercer un cargo público, al menos incapacitada para ejercerlo sin hacerle daño a la población. O tal vez le hacen daño deliberadamente a la población para perjudicar al gobierno.

Sin duda que la economía argentina tiene que generar un verdadero tsunami de inversiones porque necesita resolver un problema de desocupación que consiste en darle salida laboral al flujo y al stock. ¿A qué me refiero con el flujo y el stock? El flujo es que cada año se incorporan al mercado laboral unos 250.000 jóvenes. Es decir, hay que tener inversiones eficientes que generen una demanda laboral de, al menos, 250.000 nuevos puestos de trabajo. Pero además hay que resolver el stock de no menos de 2 millones de empleados públicos (en los tres niveles de gobierno) que el kirchnerismo disfrazó de ocupados en cargos públicos que no producen nada útil para el contribuyente. Y, finalmente, hay que crear puestos de trabajo para los millones de personas que viven de planes sociales y se acostumbraron a no trabajar.

Claramente que semejante problema, que es realmente monumental, no se soluciona con el voluntarismo que pretende aplicar Abal Medina. Por otro lado, cuando uno lee detenidamente el proyecto de ley aprobado, no encuentra cómo piensa crear esos puestos de trabajo. En rigor, Abal Medina vende su ley como la idea de pasar de la cultura del subsidio a la cultura del trabajo, pero en rigor lo único concreto que pide Abal Medina en su proyecto de ley es un aumento de salarios con la creación del Salario Social Complementario y un incremento del 15% de los valores vigentes, en cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. Se manda un escrito de 10 páginas para, en definitiva, esconder un aumento de los llamados planes sociales y ni siquiera cuantifica ni el monto del gasto ni la forma de financiarlo. Sobre crear en serio trabajo, su proyecto se limita a vender humo.

Frente a este tipo de propuestas claramente demagógicas, tenemos a un gobierno paralizado por la competencia populista. Creyendo que la elección de medio término del próximo año solo puede ganarse con las mismas herramientas económicas que usó el kirchnerismo, Cambiemos sigue con un gasto público que asfixia al sector privado y una carga tributaria que paraliza cualquier proyecto de inversión y, por consiguiente, de nuevos puestos de trabajo.

Cambiemos apuesta a llegar a las elecciones de 2017 con una economía levemente en alza. Para ello espera que el blanqueo genere algún tipo de reactivación en el mercado inmobiliario, que la soja, el maíz y el trigo muevan la economía y que tomando deuda externa la obra pública estimule algo la actividad. Con eso se da por conforme para llegar a octubre de 2017 con un kirchnerismo que, posiblemente, termine desarticulado. Es difícil imaginar candidatos a diputados y senadores k presentables siendo que Cristina Fernández se rodeó de los peores elementos de la sociedad para gobernar. Su estilo autoritario la llevó a buscar a colaboradores dispuestos a cometer cualquier acción perversa con tal de agradar a su líder. El resultado es que CF no tiene candidatos potables para presentar. ¿A quién va a presentar como candidatos que le sean incondicionales? ¿A Boudou, D’Elía, Hebe de Bonafini o Aníbal Fernández? El peronismo no k irá por su lado, tal vez alineado con Massa o Urtubey, de manera que con llegar sin un desborde económico, Cambiemos puede tener buenas chances de ganar las elecciones del próximo año, aunque tampoco tiene tantas espadas ganadoras. En todo caso lo favorece el hecho de no tener a nadie de fuste enfrente.

Mientras tanto, Cambiemos se escuda en que solo mira para adelante y no busca revanchismos dejando intacta la cantidad de empleados públicos que no baja porque dicen que mientras no se creen puestos de trabajo en el sector privado no pueden reducir el plantel estatal. En rigor están enrollados. Si para reducir la cantidad de empleados públicos primero tiene que haber inversiones, eso exige que bajen los impuestos. Y para bajar los impuestos sin agrandar el déficit, tienen que bajar el gasto, pero como no quieren bajar el gasto imaginan una reactivación milagrosa que les evite hacer las reformas estructurales. Mientras tanto el sector privado sigue perdiendo puestos de trabajo. El ajuste lo sufre el sector privado y el sector público sigue gordo y pipón.

El argumento que utiliza el gobierno para sostener a los más de 2 millones de empleados públicos que fueron incorporados por el kirchnerismo de no buscar revancha es bastante endeble, porque ese exceso de personal tiene un costo. No es gratis. Alguien lo paga. Y lo paga el sector privado con impuestos y caída del ingreso. No hay argumento moralmente sostenible para mantener ese exceso de personal porque el sector privado sufre despidos y pérdida de poder adquisitivo.

En síntesis. De un lado de la política está la ignorancia típica del populismo que puede verse en el proyecto de ley presentado por Abal Medina y por otro lado, un Cambiemos que, por ahora, no está dispuesto a cambiar la política económica de fondo heredada del kirchnerismo dada las especulaciones políticas de cara a las elecciones de 2017.

Para terminar, el gobierno se la pasa hablando de hacer una buena gestión. Si no se sabe hacia dónde se va. Cuál es la visión global del país, el gobierno va a seguir navegando (gestionando) bien, pero sin rumbo. Como decía Séneca: “cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable”.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

La economía se arregla cambiando los valores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 8/9/16 en: http://economiaparatodos.net/la-economia-se-arregla-cambiando-los-valores/

 

Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye

Si uno tuviera que definir cuál es el desafío mayor para solucionar el problema económico heredado del kirchnerismo, un problema monumental por cierto, inevitablemente tiene que señalar el institucional, entendiendo por institucional las normas, reglas, códigos, leyes y costumbres que rigen en un país y regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado.

Ahora bien, esas reglas, normas, códigos, leyes y costumbres surgen, en última instancia, de los valores que predominan en una sociedad. Si en una sociedad todos quieren vivir a costa del trabajo ajeno, vamos a tener un orden institucional de saqueadores. Todos robándose a todos usando al estado como el gran ladrón. Es decir, el estado usando el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a un sector para dárselo a otro. Ese saqueo generalizado desestimula la cultura del trabajo, la inversión y, en definitiva, reduce la riqueza y lleva a la pobreza.

Cuando uno lee el comunicado de prensa del Ministerio de Economía que describe Aspectos Relevantes del Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional 2017 se encuentra con frases como esta: “Las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales”. Es decir, se insiste en generar planes sociales en vez de trabajo. Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye. No pretendo que de un día para otro se elimine la totalidad de los planes sociales, pero sí pretendo que no se sigan ampliando como una forma de vida. Insisto, una política económica exitosa logra reducir los llamados planes sociales, una política que fracasa en atraer inversiones y crecer, incrementa los planes sociales. En mi opinión es función de los gobernantes, particularmente de los estadistas, ir mostrando el camino de la dignidad del trabajo y lo denigrante de los planes sociales. Podrá argumentarse que el oficialismo necesita en 2017 ampliar su fuerza en el Congreso. Que necesita tener más poder político para poder frenar los embates del kirchnerismo. Ahora bien, si la única manera de ganar elecciones y frenar al peronismo es con sus mismas políticas, entonces estamos en un problema.

Insisto por enésima vez. No estoy diciendo que mañana hay que firmar un DNU anulando todos los planes sociales, solo estoy diciendo que corresponde a un buen gobernante actuar como guía en la cultura del trabajo. En los valores que deben imperar en una sociedad.

En última instancia todas las crisis monetarias, inflacionarias, cambiarias y corridas financieras tuvieron su origen en crisis fiscales, y las crisis fiscales se generaron a partir de un gasto público imposible de ser sostenido por el sector privado. Por otro lado, la enorme carga tributaria que pesa sobre la población que trabaja en blanco se origina en la necesidad de financiar ese gasto público desaforado que, por competencia populista, va aumentando de elección en elección para ganar votos ofreciendo más planes “sociales”, empleo público y subsidios de todo tipo.

Lo que quiero transmitir es que el gasto público y la presión tributaria, con las consecuentes crisis periódicas, no crecen  y se producen por generación espontánea. Hay una demanda de populismo y una oferta de populismo. La gente demanda más gasto público con la esperanza que otro pague la cuenta. Y como nadie quiere pagar la cuenta el estado cada vez asfixia más al sector privado formal para quitarle recursos y financiar el gasto.

Lo normal es que los impuestos nunca alcancen y se termine financiando el gasto con deuda que finalmente también se defaultea por el aumento del gasto que generan los impuestos que devenga y con emisión monetaria, hasta que la inflación destruye la popularidad del gobierno de turno. Es decir, siempre terminamos en una crisis por problemas fiscales derivados del aumento del gasto público. Pero nuevamente, ese aumento del gasto público es fruto de los valores que imperan en la sociedad. “Valores” como sentirse con derecho a que otro me mantenga, me pague la vivienda, me de protección a la competencia de las importaciones, me subsidie la producción. Todos piden gasto público, que pasa por el presupuesto o que no pasa por el presupuesto pero que en definitiva es costo fiscal o peso para el resto de los sectores de la sociedad.

Si aceptamos que los desbordes de gasto público derivan en crisis fiscales y que el aumento del gasto público es consecuencia de los valores que imperan en la sociedad, esas 17 páginas que leí sobre las características del proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso, no hacen más que consolidar esos valores que destruyeron la Argentina porque insisten en el subsidio, el asistencialismo estatal y el populismo en general.

No encontré en esas 17 páginas una sola frase en la que se diga que esos planes son transitorios, que el esfuerzo no lo hace el estado sino que lo hacen los sufridos contribuyentes y que el que recibe esos planes sociales tiene que estar agradecido con el contribuyente que lo mantiene mientras encuentra trabajo.

Para colmo, luego de 12 años de keynesianismo exacerbado, nos proponen reactivar la economía con más gasto público. Ni Keynes hubiese formulado semejante propuesta con esta tasa de inflación.

En definitiva, lo preocupante del texto del Ejecutivo sobre el presupuesto es que ni siquiera contiene un discurso que remarque la transitoriedad del asistencialismo populista. Diría que hasta contradice las declaraciones del mismo Macri cuando afirma que hay que generar inversiones y crear puestos de trabajo.

En síntesis, para cambiar en serio hay que comenzar a tener otro discurso. Un discurso que muestre como transitorio y excepcional el asistencialismo estatal y que no es el estado el que lo financia, sino el contribuyente. Personas de carne y hueso que están obligados a trabajar para mantener a su familia y a familias que no conocen.

Al menos empecemos por cambiar el relato de lo bueno que son los políticos con la plata ajena y dejemos en claro que estos no son recursos que caen del cielo como el maná, sino que es dinero que se le quita al contribuyente. No es un acto bondadoso del político, es un sacrificio que hace la gente que trabaja en blando. Ahí empezaremos a cambiar los valores que vienen destruyendo la Argentina desde hace 70 años.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Lineamientos de una propuesta económica para enfrentar la herencia k

Publicado el 11/9/16 en http://economiaparatodos.net/lineamientos-de-una-propuesta-economica-para-enfrentar-la-herencia-k/

 

El presente documento fue redactado por cuatro economistas: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky y Roberto Cachanosky

El objetivo del documento fue establecer los lineamientos  a seguir para dominar la herencia k y lograr la reactivación de la economía lo antes posible. La propuesta no busca el máximo de medidas posibles, sino el mínimo indispensable para evitar que la herencia que dejó el kirchnerismo le genere un alto costo político al nuevo gobierno y derive en una crisis social.

Este documento fue presentado el pasado 8 de septiembre en el auditorio de UCEMA organizado el evento por la Fundación Cívico Republicana, AMAGI, RELIAL y la Fundación Naumann. Presentación que en las próximas semanas será profundizada en 3 reuniones específicas.

Además, nos proponemos profundizar el análisis de algunas medidas y mantenerlo actualizado.

Deseamos aclarar que ninguno de los cuatro economistas que redactó este documento está buscando un cargo público. Solo pretendemos poner sobre la mesa el debate de temas que hoy no se tratan y son fundamentales para el crecimiento económico como la reforma tributaria, la reforma del estado, la incorporación de la economía al mundo, la reforma laboral, etc.

En definitiva, es solo un aporte a la comunidad de cuatro economistas preocupados por la marcha de la economía dada la herencia recibida.

EL DOCUMENTO

Si bien la economía argentina viene de un proceso de larga decadencia, tal vez el período kirchnerista (2003/2015) se haya caracterizado por llevar el populismo autoritario hasta niveles que pusieron en riesgo la existencia del sistema republicano de gobierno.

Consideramos que los países crecen cuando tienen instituciones sólidas que atraen inversiones competitivas, generan nuevos puestos de trabajo, y mejoran el ingreso real de la población. Es lo que habitualmente se denomina “Imperio de la Ley”, bajo la cual ningún sector económico posee privilegios institucionales. Como en las actividades deportivas, el rol del gobierno no debe ser administrar beneficios entre sectores sociales y económicos, sino ser un árbitro imparcial que facilite el desarrollo de sus ciudadanos.

Debido a que esas instituciones son las leyes, códigos, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y el estado, y entre los particulares entre sí, no puede separarse la relación entre crecimiento económico y calidad institucional. El marco institucional define el nivel de riqueza en el largo plazo de un país (la política económica produce oscilaciones en torno al nivel de riqueza.) El problema institucional argentino es más serio que sus problemas de política económica.

A su vez, las leyes, códigos, normas y costumbres que conforman las instituciones de un país son fruto de los valores que imperan en la sociedad. Si los valores que arraigan son los de vivir a costa del fruto del trabajo ajeno, se destruye el estímulo por invertir y producir, con lo cual la economía genera menos bienes y servicios cuyo resultado es mayor pobreza. Y esto irá más allá de las propias leyes, que están, pero no se cumplen (no hay Imperio de la Ley) o, aún peor, se instrumentan regulaciones que atentan contra la esencia de la libertad y el respeto individual. Impera, por decreto o por constitución, la ley de la selva.

Teniendo en cuenta la pesada herencia económica que dejó el kirchnerismo y las restricciones políticas que debe afrontar el nuevo gobierno, el presente documento tiene como objetivo plantear la necesidad de debatir de manera seria y profunda problemas económicos e institucionales que parecen seguir ausentes en la agenda política del nuevo gobierno que tanto ha prometido el Cambio en Argentina. Si Cambiemos quiere demostrar que no es “kirchnerismo de buenos modales” y que “sí, se puede”, entonces no debe evadir afrontar reformas como las aquí planteadas.

No pretendemos que las medidas necesarias puedan implementarse de un día para el otro, ni solucionar décadas de populismo en unos pocos meses. Pero sí es necesario fijar el rumbo. El gradualismo elegido por el gobierno de poco sirve si no está claro hacia dónde nos lleva dicho gradualismo.

El proyecto de chavización que el kirchnerismo propuso a la Argentina requirió un alto grado de populismo fiscal, es decir gasto público para financiar planes “sociales”, subsidios para las tarifas de los servicios públicos y más empleo público a nivel nacional, provincial y municipal. Obviamente que ese mayor nivel de gasto público exigió una creciente presión impositiva y más impuesto inflacionario y el endeudamiento público que se pudiera conseguir (o los activos públicos y privados que se pudieran dilapidar) para financiar el creciente déficit fiscal.

Los problemas más urgentes a enfrentar, herencia del kirchnerismo son los siguientes:

1)   Gasto público récord y altamente ineficiente ya que no proporciona los bienes básicos que debe brindar un gobierno republicano,

2)   Una presión impositiva récord que asfixia la actividad privada y llegando a niveles confiscatorios que ahuyenta las inversiones,

3)   A pesar de la asfixiante presión impositiva, se heredó un déficit fiscal del 7% del PBI, financiado con emisión monetaria

4)   Alta tasa de inflación fruto del financiamiento monetario del déficit fiscal

5)   Fuerte distorsión de los precios relativos, entre otras cosas, por las tarifas de los servicios públicos subsidiados y un nivel de salarios elevado en términos de tipo de cambio oficial

6)   Stock de capital en infraestructura virtualmente agotado o colapsando, como es el caso de las rutas y del sistema energético.

La herencia recibida obliga a asumir un doble desafío: por un, lado evitar que se produzca una crisis social al recalibrar los precios relativos de modo tal de que empiecen a dar las necesarias señales de escasez y poner orden fiscal. Por otro lado, iniciar un camino de largo plazo de crecimiento económico con profundas reformas estructurales que nos aparte definitivamente del populismo.

Las medidas para enfrentar la herencia k deben ser parte de un plan económico de largo plazo y multifacético.

En este sentido consideramos que es necesario entender que un sistema económico institucional con incentivos equivocados nunca va a transformarse en un sistema eficiente, por más que se intente administrarlo “eficientemente”. No es cuestión de administrar mejor un sistema ineficiente que crea las condiciones para que florezca la corrupción. La clave está en cambiar el sistema no en administrarlo mejor u “honestamente”.

El sistema o los ejes de la política económica

La política económica sólo puede brindarle a la población un nivel de vida material más elevado en la medida que genere una fuerte corriente de inversiones, en especial en actividades competitivas y, por lo tanto, sustentables.

Actividades competitivas significan que pueden competir con importaciones e, incluso, incrementar las exportaciones y que no requieren de subsidios o beneficios como políticas de sustitución de importaciones. Para lograr esa corriente inversora en actividades competitivas, la política económica debería tener tres grandes ejes

1)   Disciplina fiscal

2)   Disciplina monetaria

3)   Calidad institucional

Disciplina fiscal

La disciplina fiscal no se limita bajar el déficit fiscal solamente. No tiene sentido buscar un equilibrio fiscal con un gasto público del nivel del actual. Esto significaría consolidar un sector productivo raquítico y burócratas cada vez más ricos y corruptos.

Lo que se requiere es una profunda reforma del sector público con reducción del gasto y una reforma impositiva. Es imprescindible que la población tome conciencia de las funciones que quiere que preste el gobierno y esté dispuesta a solventarlas con sus impuestos. Se trata de un proceso sociológico profundo en una comunidad habituada a la gratuidad y a respaldarse en el Estado como si se tratara de un Rey Rico.

Tener un gasto público del 48% del PBI sin déficit fiscal imposibilita el crecimiento económico porque el estado termina aplastando al sector privado con impuestos. La dimensión del desequilibrio fiscal no se soluciona con retoques en el gasto público, sino que la dimensión del desequilibrio implica tener que replantearse cuál debe ser el rol del estado en Argentina.

Para reducir el gasto público consideramos que se puede disminuir la cantidad de personal en el Sector Público Nacional (y un paralelo en las jurisdicciones provinciales y municipales) mediante planes de retiro anticipado, el cierre de secretarías y reparticiones públicas en general pagando las indemnizaciones correspondientes.

Esta medida no implica incrementar la desocupación propiamente dicha.  Esas personas no están ocupadas actualmente, sino que cobran un disimulado seguro al desempleo mediante un cargo público al cual, muchas veces, no asisten personalmente. Se ha escondido la verdadera tasa de desempleo simulando puestos de trabajo en el sector público. Se confunde genuina generación de empleo (que genera valor económico) con un efecto estadístico al clasificar este disimulado subsidio al desempleo como “empleo”. Proponemos comenzar a sincerar esa situación, hablando con la verdad como insistentemente proclama el Presidente Macri, con la ventaja que, a menor burocracia menos entorpecimiento para que produzca eficientemente el sector privado. Cada empleado público que no contribuye a generar valor económico es un ladrillo más en la ya pesada mochila impositiva que carga el contribuyente.

Proponemos asimismo un proceso de re empadronamiento de todos aquellos que reciben planes sociales. El objetivo final es que se otorguen en casos especiales exclusivamente. No pueden ni deben constituir una forma de vida porque destruye la cultura del trabajo y es injusto e inmoral que unos vivan a costa de otros de manera permanente cuando es posible trabajar. A modo de ejemplo, el gobierno puede administrar una bolsa de trabajo ante la cual los beneficiarios de planes sociales no pueden rechazar una oferta de trabajo dentro de su especialidad y de un rango geográfico aceptable sin perder el plan social. El éxito de los planes sociales, como el de los medicamentos, se mide por qué tan rápido el mismo se vuelve innecesario y desaparece, no por qué tan rápido es necesario incrementar la dosis. La expansión de los planes sociales en Argentina sugiere que los mismos están mal diseñados y/o aplicados. Lo que proponemos no es dejar a sus beneficiarios a su suerte, sino revisar los planes sociales para que efectivamente cumplan con su cometido.

Otro punto sobre el que hay que trabajar es la recomposición de las tarifas de los servicios públicos congeladas durante casi 14 años, como paliativo para un desmadre económico que destruyó los ingresos reales de los menos favorecidos. El principio que debe regir es el de pagar por lo que se consume. Como cualquier otro bien o servicio; sin subsidio alguno. Pero no se le puede pedir a las familias y empresas que paguen la tarifa plena cuando, al mismo tiempo, ese precio final tiene incorporado una feroz carga tributaria. El consumidor debe hacer el esfuerzo de pagar por lo que consume, pero el estado debe hacer el esfuerzo de reducir la carga tributaria sobre el consumo de energía eléctrica, gas y demás servicios públicos, lo que tiene como contrapartida una reducción del gasto público para no quedar desbalanceado. Subir las tarifas de servicios públicos debe implicar bajar impuestos y, en consecuencia, reducir gasto público.

El proceso de reestructuración del estado llevará tiempo, pero es fundamental comenzar a recorrer el camino lo antes posible, transmitiendo con claridad, a la sociedad toda, los objetivos (parciales y totales) y los caminos para alcanzarlos. Este proceso debe ser a favor de la gente y debe hacerse explícita esa finalidad de modo tal de debilitar la resistencia de los intereses creados.

Política tributaria

El principio básico de la política tributaria debe ser que muchos paguen poco y los impuestos sean sencillos de liquidar. En vez de concentrar una enorme carga tributaria sobre un reducido sector de la población, se debe buscar aplicar alícuotas bajas y que todos paguen.

Suele argumentarse que hasta que no se reduzca la evasión impositiva no se pueden bajar los impuestos. Esto es un error. Para reducir la evasión impositiva primero hay que bajar los impuestos de manera tal que el premio por evadir sea tan bajo que el contribuyente tenga menores estímulos para evadir. El camino de reducir la tasa de evasión pasa por reducir las alícuotas de los impuestos. El camino inverso implica matar impositivamente al sector productivo e incentivar la evasión. No existe fuga de capitales a paraísos fiscales sin infiernos fiscales.

Como parte de la política impositiva sugerimos eliminar el impuesto a las ganancias y establecer un low flat tax que equipare a la recaudación de todos los impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Bienes Personales). Además, eliminar lo antes posible el impuesto al cheque o tomarlo a cuenta del low flat tax.

Disciplina monetaria

Volver a un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo es parte de la política de disciplina monetaria. Volver a la Carta Orgánica anterior es imprescindible. Desde su fundación en 1935 a la fecha, la inflación promedio anual en Argentina fue del 54%. Este pobre desempeño sugiere que el problema monetario en Argentina no se debe meramente a seleccionar una buena administración del BCRA, sino que el problema de fondo es institucional o de diseño. Una reforma seria y profunda que garantice la independencia del BCRA es necesaria para garantizar la estabilidad monetaria en el mediano y largo plazo en Argentina.

Debe establecerse una total libertad en el uso de las monedas, anulando el curso forzoso de la moneda nacional. Los agentes económicos podrán realizar las transacciones comerciales y todo tipo de operación económica en la moneda que las partes acuerden. El peso debe ser una moneda más que podrá utilizar la gente, pero al no existir el curso forzoso el BCRA estará obligado a preservar el valor de la moneda para que la gente la elija como reserva de valor o medio de intercambio. Sin curso forzoso, con libertad de monedas, la solidez de los mercados de capital y del sistema financiero locales será finalmente alcanzable.

La política cambiaria será de flotación limpia. Si el Banco Central preserva el valor de la moneda, el tipo de cambio tenderá a ser estable. De todas formas, con un frente fiscal sólido y consolidado, unido a un Banco Central patrimonialmente rico y profesionalizado, una política cambiaria activa transitoria, para neutralizar corrientes externas perturbadoras para un país chico y abierto, tendrá plena cabida.

El Banco Central tendrá que capitalizarse. El Tesoro le entregará letras transferibles en dólares a cambio de los U$S 48.000 millones de letras intransferibles del tesoro que actualmente tiene el Banco en su Activo. Asimismo, el BCRA dejará de incrementar la cartera de LEBACs, ya que desplaza al sector privado del mercado crediticio.

Calidad institucional

Recuperar la calidad institucional es lo que más tiempo llevará, dado que implica modificar los valores que hoy imperan en la sociedad.

De todas maneras, el conjunto de la política económica debe apuntar, en los hechos y en el discurso, a cambiar la cultura de la dádiva, los subsidios y el proteccionismo por la cultura del trabajo, la competencia y el desarrollo de la capacidad de innovación de la gente. El gobierno no debe ser un mero seguidor de encuestas, sino que debe ser un genuino líder social. En las últimas ediciones del índice de Libertad Económica del Fraser Institute, Argentina se ubica entre los 10 países con menos libertad económica del mundo. Argentina no necesita retoques de política económica. Argentina necesita un cambio fundamental en su concepción de cuáles deben ser los principios económicos imperantes.

Se debe revertir la perniciosa consigna que los planes sociales (que han destruido la cultura del trabajo) son un derecho de la gente. En todo caso, serán una ayuda extraordinaria en una circunstancia particular. Lo que debe cambiarse es la concepción de que el vivir del fruto de trabajo ajeno es un derecho adquirido.

Mención especial merece que, en lo inmediato, también debe el Ejecutivo impulsar una política de transparencia denunciando todos los casos de corrupción y los abusos de poder. Es imposible pensar en el crecimiento de largo plazo si quienes cometieron delitos contra la hacienda pública y abusaron del poder no son sancionados con la mayor severidad. Por lo cual, el paso siguiente será la celeridad, eficacia y ecuanimidad del Poder Judicial, quien no debe hacerse el distraído antes casos de abuso de poder, corrupción, y avance sobre las instituciones republicanas. El rol institucional del Poder Judicial es proteger las instituciones republicanas, tarea en la que este poder tiene mucho por corregir y sentar ejemplo. Caso contrario se estaría enviando el mensaje que se puede ser corrupto y abusar del poder sin sufrir las consecuencias, aún a pesar de cambio sustancial de signo político que la sociedad votó. Por poco margen, es cierto, pero más de la mitad de los votantes pidió un cambio en este sentido. No se cambian los valores dejando pasar por alto la corrupción y el abuso de poder y, por lo tanto, no se mejora la calidad institucional que es la que atraerá inversiones. Avanzar sobre la república es un problema institucional, no un problema de la política.

Insistimos, sancionar con severidad los casos de corrupción y abuso de poder deben ser considerados parte de la política económica, dado que ayudan a reconstruir la calidad institucional que es la llave para atraer inversiones.

Un giro constructivo del castigo a la corrupción es la pérdida de la propiedad de los bienes y dinero obtenido en ocasión de un acto corrupto. Del mismo modo que un simple ladrón debe devolver lo robado, si lo tiene en su poder y su propietario original lo reclama, los fondos provenientes de la corrupción deben volver a un Fideicomiso para fomentar actividades de alto impacto social. Ese ejemplo valdrá más que mil palabras.

El corto y el largo plazo

Considerando que la economía se mueve por tres factores, a saber: 1) el consumo interno, 2) la inversión y 3) las exportaciones netas, el camino menos doloroso para que la población supere la herencia recibida del kirchnerismo pasa por bajar la tasa de inflación, ir a una libre flotación y permitir que el tipo de cambio alcance el nivel de mercado.

Con un tipo de cambio real más alto las exportaciones actuarán como el primer motor que pondrá en funcionamiento la economía y la sacará del actual proceso recesivo. Un proceso acelerado de inversión externa neta (de cartera y/o inversión externa directa); es decir, un brusco aumento del ingreso de capitales por las mejores expectativas que el mediano plazo argentino promete frente a una región y un mundo emergente complicados, puede actuar como depresor de tipo de cambio real. Ello encarecerá nuestra producción, en relación con la resto del mundo. Para ello, una política inteligente del Banco Central evitando lo que se conoce como enfermedad holandesa, será crucial.

Solucionar el problema energético de Argentina es esencial para evitar un efecto de cuello de botella en la recuperación económica del país. Si no hay oferta suficiente de energía para aumentar la producción, la recuperación no será posible o la misma será muy lenta. El problema energético requiere, sin embargo, de fuertes inversiones de largo plazo;lo que hace más urgente, aún, las reformas económicas e institucionales que se discuten en este texto.

En lo que hace a la obra pública, en vez que el estado tome deuda externa para realizar las obras, resulta más conveniente que se llame a licitación para la ampliación, construcción y mantenimiento de rutas e infraestructura en general con aportes de capital privado. En este caso, habrá que desistir de la habitual práctica de garantizar (con respaldo del estado) los pasivos financieros de los contratistas. Los avales caídos a cargo del estado tienen una larga y triste historia en el país.

Un flujo de inversiones importante en este rubro permitirá reconstruir la infraestructura del país en el mediano plazo y, en el corto, movilizar rápidamente la actividad económica.

Reforzando lo dicho anteriormente respecto del riesgo de sobrevaluación de la moneda local, será clave que, si ingresan capitales para invertir tanto en obra pública como en otros sectores, la economía esté totalmente abierta al comercio internacional y a los flujos financieros en ambos sentidos.

Vemos también que una suba del tipo de cambio puede cambiar el flujo del turismo, logrando aumentar el turismo receptivo.

La inversión será el segundo motor en movilizar la economía, pero para ello se requiere un plan económico global consistente, con una política tributaria amigable hacia la inversión y un cambio profundo en la legislación y en la política laborales. Si se pretende reducir la tasa de desocupación como primer paso hacia la eliminación de la pobreza, es indispensable facilitar las contrataciones de personas con cualquier tipo de capacitación en el mercado laboral.

Con décadas de preminencia de la negociación salarial en las cúpulas (de empleados y de patrones), basamento de la partidocracia totalitaria, estas modificaciones sustanciales serán delicadas, largas y, si no se explican bien sus beneficios, resistidas en casi toda la población.

Sólo luego de iniciar el ciclo virtuoso del crecimiento es posible pensar en que el consumo sea vigoroso, mientras tanto lo que puede lograrse es evitar que el consumo siga cayendo fruto la presión impositiva, la falta de inversiones y la inflación como consecuencia del desequilibrio fiscal.

En síntesis, la visión de largo plazo de la política económica debe ser la de crecer con fuertes inversiones incorporando y abriendo la economía argentina al mundo, mediante todos los acuerdos de libre comercio que seamos capaces de firmar. Hay que ver el mundo como lo que es: una oportunidad; no una amenaza. La propuesta marketinera de hacer de Argentina el “supermercado” del Mundo (como superadora de ser “el granero del mundo”) tiene raíces profundas en este razonamiento. Argentina debe renunciar a la concepción tan arraigada de sustitución de importaciones y proteccionismo para incorporarse a un mundo globalizado y recibir los beneficios de la división internacional del trabajo.

La visión económica de largo plazo tiene que estar basada en que las empresas obtengan sus utilidades satisfaciendo las necesidades de los consumidores, dentro de reglas de juego que maximicen la competencia en todos los mercados, en vez del actual esquema que se basa en buscar el favor del funcionario de turno para no competir, aprisionando a los consumidores en un mercado cautivo.

El gobierno debe marcar el rumbo en el cual los subsidios no deben ser duraderos y que se debe volver a la cultura del trabajo. Un año 2017 con menos feriados inventados (puente, fechas corridas, conmemoraciones absurdas) será una señal poderosa.

En lo inmediato, es fundamental comenzar a poner orden fiscal bajando el gasto público mediante la reconfiguración estructural de las funciones del estado y su relación con los particulares y re-escribiendo el sistema tributario, empezando a incorporar el low flat tax en lugar de la intransitable y asfixiante maraña actual. Esta es la única manera de lograr disciplina fiscal para tener disciplina monetaria e ir bajando la tasa de inflación.

El anuncio de un plan económico global y el inicio de su aplicación atraerán las inversiones que junto con las exportaciones permitirán en una senda de crecimiento sostenido para ir bajando la desocupación y la pobreza, no con paliativos o soluciones que no emancipan a los menos favorecidos sino con trabajo formal, digno y bien remunerado. Objetivo que, en última instancia deber ser el fin de toda política económica: que todas las familias vivan mejor materialmente.

Firman: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky, Roberto Cachanosky

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Opinar diferente también es ayudar al Gobierno

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 28/8/16 en: http://economiaparatodos.net/opinar-diferente-tambien-es-ayudar-al-gobierno/

 

El debate franco siempre genera ganancias para las partes

Cada vez me sorprende más la cantidad de gente que quedó tan asustada con el kirchnerismo que a la más mínima diferencia que uno plantea con las medidas que toma el gobierno de Cambiemos, reaccionan tipo k, es decir con agresión o, los más educados, diciendo que hay que tener paciencia o bien argumentando que hay que apoyar al gobierno como sea.

Si uno descarta a los macristas que reaccionan como los k, se encuentra con un universo que, a mi juicio, lejo está de aportar algo positivo para reconstruir el país y evitar que vuelvan los k, regreso que, creo, es bastante poco probable. Tal vez podría volver el peronismo, pero bajo otro de los múltiples formatos que tienen para tratar de mantenerse en el poder.

Creo que es un grosero error otorgar un cheque en blanco al que se vota. Uno vota a una persona en un momento determinado para que administre la cosa pública, dentro de un gobierno limitado entendiendo por gobierno limitado un gobierno que no puede utilizar el monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales. La larga decadencia argentina es consecuencia de idealizar a personas como salvadoras de la patria, cuando en realidad son las instituciones las que salvan a un país. Las que lo hacen progresar. Y las personas son solo administradoras transitorias de la cosa pública dentro de ese marco institucional de un gobierno limitado.

Ahora bien, considero que descalificar o mirar con desconfianza al que opina diferente sobre cómo encarar la herencia recibida del kirchnerismo, no solo implica adoptar un comportamiento igual al del kirchnerismo que no tolera ninguna opinión diferente a la de la mandamás, sino que además no contribuye a lograr el éxito del gobierno diciéndole a Macri sí bwana a todo lo que hace. El apoyo constructivo es mostrar las diferencias cuando se las ve, y queda a decisión de Macri aceptar las opiniones diferentes o rechazarlas. Pero se equivocan quienes creen que no opinar diferente es ayudar al gobierno. Al contrario, de todo debate uno siempre sale fortalecido.

Si yo tengo una opinión sobre cómo encarar un tema y otra persona tiene una visión diferente, del debate pueden surgir dos opciones. Una opción es que la otra persona me convenza que estoy equivocado, en cuyo caso salgo ganando porque me saca del error. La otra opción es que la otra persona acepte que yo tengo razón, en cuyo caso, no gané la discusión, sino que gané confirmando mi teoría.

Insisto, acá no se trata de ganar la discusión, sino de encontrar soluciones a los problemas que dejaron los k. Y en esa búsqueda de soluciones hay diferentes opiniones que el debate franco siempre genera ganancias para las partes.

Pregunta para el debate: la ausencia de un plan económico global que el gobierno no quiere aplicar, ¿aleja o acerca la vuelta de la horda k? El plateo es válido porque si a la gente todo el tiempo la van limando con medidas que afectan su nivel de vida pero no le explican la herencia recibida, para qué se adoptan esas medidas y cuáles serán los resultados finales, la gente vive la transición sin esperanza porque no entiende para qué está haciendo el esfuerzo. Es como poner a dieta a una persona y no explicarle que al cabo de cierto tiempo va a bajar de peso.

Lo peor es que el PRO se esfuerza por mostrarse como un gobierno progresista al punto que tiene a un ministro de economía que viene del progresismo, pero la gente lo identifica como de derecha. Incluso los que los votaron lo ven como un partido de derecha a pesar de continuar con la misma política impositiva, los mismos planes sociales y el mismo nivel de gasto público y estado ineficiente que tenía el kirchnerismo. Así, el PRO paga todos los costos de una política que no asume cambios profundos y continúa con la estructura de la decadencia argentina, pero no cosecha los beneficios políticos del populismo.

Lo que pretendo transmitir es que la mejor contribución que uno puede hacer para que el kirchnerismo quede sepultado para siempre, es contribuir a implementar un plan económico consistente que la gente comprenda rápidamente sus beneficios, para entrar en una sólida senda de crecimiento que destierre el clientelismo político de los planes sociales.

Esa es la mayor objeción que hoy se le puede formular al gobierno. Por miedo a desarmar la estructura estatal que se fue construyendo a lo largo de décadas y explotó en envergadura con el kirchnerismo, el PRO mantiene esa legión de planes sociales y ñoquis entrando en una competencia populista con el peronismo en todos sus formatos.

Nadie pretende que de un día para otro se cancelen todos los planes sociales ni se echen a todos los millones de empleados públicos que hay en el estado, solo se busca iniciar un camino. Decir que el tamaño del estado va a seguir siendo éste pero bien administrado es no comprender el problema. La plata no alcanza para financiarlo y encima ese estado elefantiásico aplasta al sector privado que es el que lo sostiene con los impuestos confiscatorios que cobra el estado.

El gobierno habla que la salida es el crecimiento. ¿Cómo puede crecer el sector privado con un estado que lo aplasta? Y si no hay crecimiento basado en un plan económico consistente, la pobreza y el empleo público seguirán siendo el alimento del populismo y los aspirantes a autócratas.

En definitiva, si el gobierno quiere cambiar en serio este lago proceso de decadencia, quienes decimos lo “políticamente” incorrecto somos los que más contribuimos a cambiar el país, porque cumplimos la misión de decir las cosas que el gobierno, por corrección política, no puede decir. Todos sabemos que hay que bajar el gasto público. Si en el gobierno no se animan a decirlo por razones políticas, los “salvajes” liberales cumplimos una función de oro al decir lo que el gobierno no puede decir.

O sea, los que empujamos hacia el cambio y marcamos nuestra diferencia, somos más útiles que los que le dicen sí bwana a todo lo que dice el gobierno por miedo a que vuelvan los k.

Para salir de este populismo hace falta audacia, no timoratos temerosos de los k que no se animan a formular opiniones diferentes pero constructivas.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Subir tarifas pero en un plan económico global

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 31/7/16 en: http://economiaparatodos.net/subir-tarifas-pero-en-un-plan-economico-global/

 

El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global

Cada vez que uno propone una reforma estructural como cambiar el sistema impositivo, bajar el gasto público o establecer límites a los llamados planes sociales, siempre salta alguno diciendo que está de acuerdo, pero que es imposible porque la situación social no lo permite. Que habría una crisis social o algún tipo de estallido que haría imposible la gobernabilidad. En otras palabras, no se puede aplicar un shock de baja de impuestos o de gasto público porque la gente no podría soportarlo.

Sin embargo, para aplicar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos no hubo mucho gradualismo que digamos. En mi caso particular AYSA me mandó una factura que se multiplicó por 11 respecto al período en que no había subsidios. El m3 cúbico de gas me lo incrementaron 16 veces respecto al mismo bimestre de 2015. Algo parecido ocurrió con la luz y los ejemplos pueden seguir.

Del párrafo anterior no debe concluirse que estoy en contra de los ajustes de las tarifas de los servicios públicos. Hace rato que vengo diciendo que deben corregirse y no voy a cambiar de idea ahora que el PRO está en el gobierno. Es más, en la era k perdí un cliente por decir en una conferencia que esto terminaba en un rodrigazo. ¡Y vaya si tenemos un rodrigazo! Mi ex cliente consideró que lo mío era políticamente incorrecto y me canceló el contrato.

Pero dejando de lado mis historias personales, lo cierto es que resulta realmente inconsistente decir que no se puede bajar el gasto público por razones de crisis social o política y mandarse un tarifazo del 1.000% como si eso también no fuese a producir un impacto social. Mi propuesta al respecto es la misma de siempre. Que la gente pague la tarifa plena que tiene que pagar, que se eliminen los impuestos de las facturas de energía, gas, etc. que llegan a representar el 60% del importe que se paga por el consumo de energía y el cargo fijo. Esta reducción de impuestos y tasas municipales tiene que tener como contrapartida una reducción del gasto público para no desbalancear aún más las cuentas del sector público. En este punto saltan de nuevo los gradualistas en lo que hace a la baja del gasto público pero defensores del shock en materia de ajustar las tarifas de los servicios públicos y dicen que es inviable políticamente bajar el gasto estatal.

Desde el punto de vista del análisis económico están diciendo que el ajuste tiene que recaer sobre el sector privado y que el sector público es intocable por razones políticas. Dicho de otra manera, que si se ajusta al sector privado no hay crisis social o política y si se ajusta al sector público sí se producen esas crisis.

Si bien hoy el gobierno sigue teniendo un alto apoyo y buena imagen a diferencia de los que ocurría en 1975 con Isabelita, la forma en que se aplica el ajuste de las tarifas es similar. En 1975 las tarifas de los servicios públicos habían quedado deliberadamente atrasadas por Ber Gerlbard para mostrar una inflación artificialmente más baja. Celestino Rodrigo heredó ese lío económico de Gelbard y corrigió las tarifas en forma aislada. Sin incluir la corrección dentro de un plan económico global. Actualmente pasa lo mismo. El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global.

Lo que hay que tener en cuenta es que las políticas populistas recurren al mecanismo de beneficiar arbitrariamente a unos en detrimento de otros. En general, para conseguir votos, los populistas benefician artificialmente a muchos y perjudican a unos pocos. Claro que esos pocos tienen que bancar la fiesta que el gobierno les brinda a los muchos.

Cuando llega un nuevo gobierno y quiere poner orden, de entrada se sabe que para arreglar el problema hay que hacerle entender a los muchos que fueron engañados con una fiesta de consumo artificial que esa fiesta se acabó. Cambiar los precios relativos distorsionados es eso. Mostrar la realidad.

Mi punto es que en este caso, buena parte del costo que tiene que asumir la gente por la recomposición de los precios relativos es mediante una profunda reforma del sector público. Dicho de otra manera, a todos los que siguen viviendo del fruto del trabajo ajeno decirles que tienen que hacer lo que hace el común de los mortales: buscar trabajo.

Las fórmulas para bajar el gasto público son diferentes y nadie dice que de un día para otro se despida a 3 millones de empleados públicos, pero sí debe anunciarse una reestructuración del estado que lleve, a lo largo del tiempo, a una reducción de la burocracia estatal. Desde los retiros anticipados, al cierre de reparticiones hay un largo trecho para trabajar. Lo mismo con los planes sociales que no pueden ser para siempre.

El problema no es solo subir las tarifas de los servicios públicos que la demagogia k dejó inalteradas durante 12 años. El problema está en querer hacer solo eso sin una reforma del estado, del sistema tributario, de una mayor flexibilización laboral y un escenario de previsibilidad en las reglas de juego. Hoy sabemos que Macri no va a cometer locuras, pero no son previsibles las reglas de juego porque no se las conoce.

En síntesis, de lo que se trata es de hacer un plan económico global de aplicación simultánea para que la gente sufra menos las correcciones que hay que hacer para dominar la terrorífica herencia que dejó Cristina Fernández.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

El corrupto progresismo

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 20/6/16 en: http://economiaparatodos.net/el-corrupto-progresismo/

 

Si algo tenemos que aprender los argentinos de estos 12 oprobiosos años de kirchnerismo, es a desconfiar de todos aquellos que prometan utilizar el estado para implementar planes “sociales”

Seguramente los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández pasarán a la historia como uno de los más corruptos de la historia argentina. Es puro verso eso de que con Néstor hubiese sido diferente. Néstor Kirchner fue el que armó toda la arquitectura para transformar el aparato estatal en un sistema de represión y persecución de quienes pensaban diferentes, y también construyó un sistema de corrupción como nunca se había visto, al menos en la Argentina contemporánea.

Si algo tenemos que aprender los argentinos de estos 12 oprobiosos años de kirchnerismo, es a desconfiar de todos aquellos que prometan utilizar el estado para implementar planes “sociales”, y regular la economía en beneficio de la sociedad.

Tampoco es casualidad que el gasto público haya llegado a niveles récord. El gasto público fue la fuente de corrupción que permitió implementar el latrocinio más grande que pueda recordarse de la historia económica para que unos pocos jerarcas k engrosaran guarangamente sus bolsillos al tiempo que hundían a la población en uno de los períodos de pobreza más profundos.

Con el argumento de la solidaridad social se lograron varios objetivos simultáneamente: 1) manejar un monumental presupuesto “social” que dio lugar a los más variados actos de corrupción (sueños compartidos, Milagro Sala, etc.) 2) crear una gran base de clientelismo político para asegurarse un piso de votos. O me votás o perdés el subsidio. Como la democracia se transformó en una carrera populista, el reparto de subsidios sociales se transformó en una base electoral importante, 3) crear millones de puestos de “trabajo” a nivel nacional, provincial y municipal para tener otra base de votos cautivos. O me votas o perdés el trabajo y 4) una economía hiper regulada por la cual para poder realizar cualquier actividad el estado exige infinidad de formularios y aprobaciones de diferentes departamentos estatales. Estas regulaciones no tienen como función defender al consumidor como suele decirse, sino que el objetivo es poner barreras burocráticas a los que producen para forzarlos a pagar coimas para poder seguir avanzando produciendo. Un ejercicio al respecto lo hizo hace años Hernando de Soto, en Perú y se plasmó en el libro El Otro Sendero. La idea era ver cómo la burocracia peruana iba frenando toda iniciativa privada con el fin de coimear.

Manejar miles de millones de dólares en gasto público, encima manejarlos bajo la ley de emergencia económica que permite reasignar partidas presupuestarias por DNU sin que se discuta en el Congreso el uso de los fondos públicos, es el camino perfecto para disponer de abundantes fondos para el enriquecimiento ilícito.

La clave de todo el proceso de corrupción pasa, por un lado, por denostar la libre iniciativa privada y enaltecer a los “iluminados” políticos y burócratas que dicen saber elegir mejor que la misma gente qué le conviene a cada uno de nosotros. Ellos son seres superiores que tienen que decidir por nosotros.

Establecida esa supuesta superioridad del burócrata y del político en términos de qué, cuánto y a qué precios hay que producir y establecida la “superioridad” moral de los políticos sobre el resto de los humanos auto otorgándose el monopolio de la benevolencia, se arma el combo perfecto para regular la economía y coimear, llevar el gasto público con sentido progresista hasta niveles insospechados para construir el clientelismo político y la correspondiente caja y corrupción.

Quienes de buena fe dicen aplicar política progresistas no advierten que ese supuesto progresismo es el uso indiscriminado de fondos públicos que dan lugar a todo tipo de actos de corrupción. En el fondo es como si dijeran: no es malo el modelo kirchnerista, el problema no son las políticas sociales que aplicaron, que son buenas, sino que ellos son corruptos. Esto limita el debate a simplemente decir: el país no funciona porque los kirchneristas son corruptos y nosotros somos honestos.

Mi punto es que el debate no pasa por decir, ellos son malos y nosotros somos buenos, por lo tanto, haciendo lo mismo, nosotros vamos a tener éxito y ellos no porque nosotros somos honestos. El debate pasa por mostrar que el progresismo no solo es ineficiente como manera de administrar y construir un país, sino que además crea todas las condiciones necesarias para construir grandes bolsones de corrupción. El progresismo es el caldo de cultivo para la corrupción.

Por eso no me convence el argumento que el cambio viene con una mejor administración. Eso podría ocurrir si tuviésemos un estado que utiliza el monopolio de la fuerza solo para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En ese caso, solo habría que administrar unos pocos recursos para cumplir con las funciones básicas del estado.

Ahora si el estado va usar el monopolio de la fuerza para redistribuir compulsivamente los ingresos, para declarar arbitrariamente ganadores y perdedores en la economía y para manejar monumentales presupuestos, entonces caemos en el error de creer que alguien puede administrar eficientemente un sistema corrupto e ineficiente.

En síntesis, el verdadero cambio no consiste en administrar mejor un sistema ineficiente y corrupto. El verdadero cambio pasa por terminar con ese “progresismo” con sentido “social” que es corrupto por definición y ensayar con la libertad, que al limitar el poder del estado, limita el campo de corrupción en el que pueden incurrir los políticos. Además de ser superior en términos de crecimiento económico, distribución el ingreso y calidad de vida de la población.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Mientras haya déficit, habrá inflación

Por Martín Krause. Publicada el 23/5/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1901436-mientras-haya-deficit-habra-inflacion

 

Muchos argentinos decidieron dejar de lado el relato de los últimos doce años y cambiar. Con el regreso a la actividad política de la ex presidente, muchos se han preguntado de qué magnitud ha sido ese cambio y cómo es que algunos siguen atados a tal relato pese a las noticias, sobre todo judiciales, que leemos a diario.

En efecto, en algunos temas el relato estatista y populista sigue tan vivo como siempre, entre otras cosas porque presenta explicaciones simples que apelan más a las pasiones que a las razones. Esto se refleja en una cuestión tan acuciante como la inflación. Desde el escolástico de la Escuela de Salamanca Juan de Mariana o el escocés David Hume, la ciencia económica ha comprendido la relación que existe entre el crecimiento de la oferta de dinero más allá de su demanda y el aumento generalizado de los precios. Mariana observaba entonces el fenómeno debido al ingreso a España de metales provenientes de América.

El relato populista sostiene que la causa de la inflación no es la emisión monetaria, sino la “puja distributiva“: distintos sectores de la sociedad pujan por subir sus ingresos vía mejoras de sus precios y esto desata una espiral inflacionaria. Los empresarios aumentan sus precios, luego los sindicatos buscan aumentar los salarios y así sucesivamente. El Estado se ve forzado a convalidar esos nuevos precios con una mayor cantidad de moneda para que se realicen todas las transacciones y no caiga la actividad económica. A la luz de lo que ocurrió estos últimos meses, esta explicación pareciera tener cierto sentido.

Esta explicación cae como anillo al dedo a la visión estatista porque, según ella, el Estado no es el causante de la inflación. Es más: debe intervenir en ese proceso a través de una “política de ingresos” para intermediar en la puja o para aplacarla. Y le permite también echar la culpa de la inflación a otros. Y conviene echársela a los empresarios o, en particular, a los supermercados, ya que son pocos en comparación con los votos que pueden obtenerse de los asalariados y el conjunto de los consumidores.

Sin embargo, es falsa. Si cuando los empresarios suben sus precios el Estado no emitiera más moneda, los consumidores no tendrían con qué pagarlos y los precios bajarían. Es decir, aun si hubiera tal puja, sin emisión monetaria, si unos precios suben otros han de bajar: no hay moneda para todos. Otras cuestiones serían: ¿y en todos los países donde no hay inflación acaso no hay puja distributiva? O ¿qué es lo que tienen todos los bienes y servicios en común para que todos aumenten al mismo tiempo, en lugar de algo más normal, como que unos suban y otros bajen? Respuesta: la moneda; es ésta la que está perdiendo valor.

Los estatistas contraatacarían: “Vean Estados Unidos, han emitido grandes cantidades y no hay inflación”. Correcto. Pero es necesario afinar el análisis. No hay un vínculo directo entre la cantidad de moneda emitida y todos los precios. Por un lado, tenemos lademanda de dinero: puede haber situaciones donde la autoridad monetaria emita pero aumente la demanda de dinero, o aumente la producción de bienes y servicios cuyas transacciones requieren utilizar más dinero. Por otro lado, no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Lo que sucede en Estados Unidos es que ese aumento de la oferta monetaria ha terminado en un aumento de las reservas de los bancos, reacios a prestar luego de la crisis (es decir, aumento de la demanda de dinero) y, por otro, que el índice de precios al que normalmente suponemos mide la inflación no mide los precios de todos los bienes. Tal vez los que están en el índice no aumenten pero otros sí lo hagan (a esto le llamamos “burbujas”). O tal vez los precios deberían estar cayendo y la emisión monetaria genere inflación porque impide que caigan.

Lo cierto es que la inflación es claramente un fenómeno monetario. Y en el caso argentino su explicación es relativamente simple: el Estado gasta de más (aquí sí podemos hablar de puja o “piñata” distributiva, porque todos los sectores quieren más gastos, subsidios, etc.), luego emite para pagar sus gastos, ese dinero sale a la calle a través de los pagos que el Estado realiza y quienes los reciben salen a su vez a gastar o, tal vez, alguno ahorre o compre dólares.

Tan simple como eso, o no tanto. Los argentinos hemos vivido con grandes déficits fiscalesalta inflación y hasta hiperinflación durante décadas. La mayoría hemos nacido y vivido en tiempos inflacionarios. Y así y todo nos cuesta entenderlo. Hemos dicho “basta de dictaduras”, “basta de violaciones de derechos humanos”, pero no logramos comprender las causas para decir “basta de déficit fiscal” y, por ende, basta de inflación. No le saltamos a la yugular de un gobierno cuando tiene déficit de la misma forma en que lo haríamos si descubriéramos que es corrupto o que hace fraude.

Tan fuerte es nuestra creencia en la versión popular de la teoría de la puja distributiva que demandamos permanentemente que el gobierno haga algo para detener la suba de los precios. Hace poco, un funcionario era entrevistado en un programa de televisión y la periodista le preguntaba: “¿Están tomando alguna medida concreta para detener la suba de los precios?”. El funcionario comenzaba a argumentar que se buscaba arreglar el tema de los holdouts para poder tomar deuda y cubrir el déficit, así reducir la emisión monetaria y, por lo tanto… Y la periodista insistía: “Pero, dígame una medida concreta para hacer frente a la inflación”. Y así más de una vez.

Obviamente, o la periodista quiere reflejar la opinión popular al respecto o no sabe nada de la relación entre emisión monetaria y precios. Entonces, si tenemos votantes que compran la versión barata de la teoría (la culpa es del carnicero) y eventualmente pueden llegar a votar en consecuencia, el Gobierno responde a eso. Se vuelve supermercadista: vamos a crear unos 50 mercados que tendrán precios “cuidados”, no descuidados, confirmando entonces que la versión populista de la inflación ha de tener razón, o algo, aunque estén actuando desde la otra perspectiva. Vamos a multiplicar estos planes sociales, etc. ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso, teniendo en cuenta que el mismo gobierno ha señalado que hereda un déficit fiscal de más de 5 puntos del PBI? No niego la necesidad coyuntural de alguna de estas acciones, pero tampoco hay que negar que ese mayor gasto o se cubre con más emisión y, por ende, más inflación, o se cubre con más deuda.

La emisión monetaria y la deuda son dos cosas poco visibles para el votante. Éste observa los precios, que afectan directamente su presupuesto. La emisión y la deuda son cosas algo lejanas. Y los gobiernos argentinos oscilan entre una y otra cosa, llevándonos ya sea a la híper o al default, o moviéndonos en la dirección de uno o el otro.

Así seguiremos, en tanto no se derrumbe el mito del Estado paternalista al que le pedimos de todo, para luego desentendernos de cómo se paga. No me cobren impuestos porque no me gusta, pero adelante con la emisión o la deuda, que no noto que las pague a menos que genere una crisis. El populismo argentino ha alimentado las dos variantes.

Estamos saliendo de la versión inflacionista, ¿para reingresar en la versión deudora? ¿O será esto algo pasajero para salir del mal momento heredado? No hay límites institucionales, o legales, ni para uno ni para otro caso. En definitiva, dependerá de los argentinos y cuán dispuestos estemos a dejar atrás un relato que lleva ya varias décadas.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Estado violador en nombre de la solidaridad

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 10/4/16 en: http://economiaparatodos.net/estado-violador-en-nombre-de-la-solidaridad/

 

El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza

Con mucha habilidad, buena parte de la dirigencia política ha convencido a la población que son ellos los que tienen el monopolio de la solidaridad. El resto de los seres humanos que no pertenecemos al mundo de la política no tenemos ese don divino de ser solidarios y preocuparnos por el prójimo. Solo unos pocos elegidos, que son ellos, tienen esa sensibilidad especial de querer ayudar a la gente.

Vendido este argumento, el paso siguiente es que el estado, es decir la dirigencia política, tiene que tener a su cargo lo que se conoce como ayuda social que se traduce en los llamados planes sociales. Ellos decidirán, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, a quién corresponde “ayudar” y a quién no. Se ha montado, de esta manera, un gran aparato estatal repleto de reparticiones públicas con nombres que reflejan la solidaridad de los iluminados dirigentes políticos que administran miles de millones de dólares.

Bajo este concepto, la democracia se ha transformado en una gran competencia populista en la cual los políticos se esfuerzan por formular la mayor cantidad de promesas de repartir dinero ajeno. La idea de trabajo, esfuerzo, iniciativa individual, desarrollar la capacidad de innovación y todo lo que tenga que ver con la superación personal no existe en el vocabulario de la competencia electoral. Lo que predomina es el discurso que la gente tiene derecho a que otro le pague la vivienda, le otorgue un subsidio, lo proteja de la competencia de otros productores y cosas por el estilo. Obviamente, con esta oferta electoral y una demanda de populismo feroz por la pérdida de los valores que hicieron grande a la Argentina a fines del siglo XIX, la necesidad de un estado cada vez más grande es inevitable. Como también es inevitable que un estado cada vez más grande necesite de una creciente cantidad de recursos, me refiero a recursos impositivos. Si éstos no alcanzan se recurrirá al impuesto inflacionario.

Ahora bien, la carrera populista tiene como contrapartida una carrera por recaudar cada vez más impuestos. El primer paso para generar más ingresos tributarios consiste en incrementar las alícuotas de los mismos. Luego se procede a inventar nuevas gabelas. En general esos nuevos tributos tienen la característica de poder aplicarse solo violando los más elementales derechos individuales. Es decir, para poder recaudar los cada vez más complejos impuestos que se establecen, se violan derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, cualquiera que tenga una cuenta corriente bancaria podrá ver cómo el estado mete mano en nuestras cuentas, que es lo mismo que si metiera la mano en nuestro bolsillo para cobrar ingresos brutos, el IVA o lo que sea. Inclusive se ha creada la nefasta figura del agente de retención, con lo cual el banco, sin nuestra autorización, mete mano en nuestras cuentas para transferirle el dinero al estado. En nombre de la “solidaridad” social nos meten la mano en el bolsillo como si nada.

Veamos otro ejemplo. Hace rato que la AFIP exige que algunos contribuyentes emitamos facturas electrónicas, facturas que se emiten ingresando al sitio de la AFIP y registrando desde ese sitio la facturación correspondiente. En poco tiempo más todos tendrán que emitir facturas electrónicas, es decir hacerlo vía la AFIP.

Ahora bien, se sabe que una factura es correspondencia privada. Una persona le emite a otra una factura por la venta de algún producto o servicio. Son papeles privados. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Es decir, siendo que las facturas que emite cada uno son papeles privados, el estado no debería obligar a la gente a emitir facturas electrónicas usando el sitio de la AFIP porque el estado se estaría metiendo con los papeles privados, algo que está prohibido por la constitución. Sin embargo, aún aquellos que son más moderados en sus propuestas populistas y dicen defender el sistema republicano, aceptan este tipo de violaciones a los derechos individuales en nombre de la “santa” recaudación. Si por alguna razón una repartición del estado tuviera que ver los papeles privados de alguien, debería ser un juez, y con causa fundada, el que podría ordenar que una persona muestre sus papeles privados.

Al punto al que quiero llegar es que hemos aceptado que el estado, en nombre de la recaudación tributaria, pueda comportarse como un autócrata sin respetar la privacidad de las personas ni su propiedad. El fascismo ha calado tan hondo en los valores de la sociedad argentina que hasta se ve como natural que el estado tenga la potestad de violar la Constitución Nacional para poder recaudar y controlar más a la gente. La obsesión fascista por controlar a la gente justifica cualquier disparate. Insisto, hasta gente que uno considera bien intencionada, ven con toda normalidad que el estado no tenga que recurrir a un juez para pedir los papeles privados de una persona y se sienta con derecho a controlar a la gente online al más puro estilo nazi fascista.

No nos equivoquemos, el enemigo más peligroso de una persona no es el delincuente común, porque de ese delincuente una persona puede llegar a defenderse. El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza que se le delegó para defender los derechos individuales. No en vano Hayek tituló su famoso libro Camino de Servidumbre. El veía que el estado iba avanzando cada vez más sobre los derechos individuales hasta destruir una sociedad libre y transformar a los ciudadanos en siervos del gobierno.

En síntesis, en nombre de ese monopolio de la solidaridad que nos han vendido los políticos que solo ellos tienen, los derechos de las personas son violados por doble vía. Por un lado, se le dice a una parte de la sociedad que tiene la obligación de mantener a otra persona para que viva sin trabaja o que solo puede comprarle un producto de mala calidad y a un precio alto a determinados sectores protegidos por el estado. Y luego, para sostener ese aparato de redistribución y populismo el estado viola los derechos individuales instaurando un sistema fascista de control de la vida de las personas en nombre de la santa recaudación necesaria para “cumplir” con parte de las promesas formuladas durante la competencia populista en que se ha convertido la democracia.

A muchos los podrá parecer normal y justificable que el estado se meta así en nuestra vida. Personalmente creo que en esta violación a los más elementales derechos individuales puede encontrarse la decadencia económica argentina.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE