La obsesión de repetirse en el error

Por Andrés Scioscia:

La historia reciente de la Argentina se caracteriza por el fracaso sistemático de sus planes económicos implementados. A lo largo de los últimos casi 50 años, el país no ha encontrado un modelo sostenible de crecimiento y desarrollo de sus principales sectores. Han pasado por la Casa Rosada gobiernos militares, radicales, peronistas con visiones liberales o proteccionistas, alianzas, etc. Han gobernado entre crisis mundiales, épocas de bonanza medidas en términos de intercambio, en el marco de cambios de paradigmas económicos imperantes y diversos factores externos muy diferentes entre sí, pero siempre el resultado fue el mismo: crisis económica.

             Fueron públicas las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández acerca de su opinión sobre los planes económicos. Al margen de que todo gobierno siempre cuenta con uno, su estrategia de comunicación minimizando su relevancia, contribuye a un clima de incertidumbre, especulación, y de poca previsibilidad. Características que no son compatibles o sanas para el desarrollo y la proyección económica.

             En el presente trabajo, haré un breve análisis acerca de las características que compartieron los planes económicos desde 1975 hasta la actualidad. Éstos tienen como denominador común no solamente las crisis económicas a las que derivaron sino, además, causas o errores idénticos. Intentaré rescatar aquellas medidas que hayan proporcionado estabilidad y crecimiento para destacarlas en función de una posible aplicación al presente.

             En el año 1975 se produjo el famoso Rodrigazo. El paquete de medidas de Celestino Rodrigo sinceraba una situación económica con una devaluación del 100%, aumento de tarifas públicas en esa misma proporción y liberación de precios entre otras medidas. Abandonaba la rígida estructura del Pacto Social de Gelbard que arrastraba desequilibrios ya insostenibles para ese momento. Un mal diagnóstico de la inflación -Gelbard creía que no era producto de las expansiones monetarias que conducía el déficit fiscal, sino más bien por una incapacidad de la economía de alcanzar un equilibrio mutuamente aceptado entre ingresos del trabajador y los del capital-, una economía recalentada y un Pacto Social que congelaba precios y tarifas llevaron al estallido de 1975.

             El golpe militar de 1976, acompañado de un cambio de paradigma en el mundo de las ideas económicas, significó para Argentina el fin transitorio del régimen de sustitución de importaciones. Al igual que en el primer gobierno de Carlos Menem, la tendencia mundial era muy influyente. Tanto el fracaso de las políticas keynesianas que a fines de los años ’60 habían sumido a muchos países a lo que comenzó a denominarse como estanflación, como la caída del muro de Berlín, condujeron a estos gobiernos a implementar políticas de tipo librecambistas.

             El comienzo de todos los mandatos comparte prácticamente los mismos objetivos: la estabilidad de precios (combate a la inflación) y el crecimiento económico. El Pacto Social de Gelbard, la reforma financiera y la implementación de la tablita de la junta militar, el Plan Austral y Plan Primavera de Alfonsín, los controles de precios del kirchnerismo ni las metas de inflación de Macri tuvieron éxito en sus intenciones iniciales. La única excepción en el período comprendido fue la convertibilidad en su primera etapa.

             El análisis del crecimiento del PBI muestra que de 1976 a 1990 su incremento fue de solamente 0.7%. Algo similar sucede comparando el período 2011-2019. Es decir, en casi 25 años la economía argentina no se expandió y, por ende, su PBI per cápita cayó considerablemente teniendo en cuenta el aumento poblacional. Con el agravante de que, en esos lapsos de tiempo, el país sufrió altas tasas de inflación exponiendo el fracaso de los planes económicos implementados.

             Como si no aprendiera de sus errores, o si decidiera conscientemente volverlos a cometer, Argentina insiste con las mismas recetas hace muchas décadas. Un déficit fiscal cronificado y una inflación solamente pausada en la década del ’90 muestra cómo el país se repite en su error. Las políticas de estímulo a la demanda en procesos recesivos para incentivar el consumo, llevar la tasa natural de desempleo al pleno empleo en forma transitoria, o bajar artificialmente la tasa de interés para dinamizar los principales indicadores le significaron a la economía más problemas que soluciones en el mediano y largo plazo.

             El Plan Austral fue un intento de estabilización de una situación ya nuevamente desbordada. El cambio del signo monetario permitió una leve modificación en las expectativas. Durante 1985, mediante endeudamiento externo, el ahorro forzoso, la aplicación de retenciones a las exportaciones, entre otras medidas, Argentina logró bajar considerablemente su tasa de inflación y la brecha cambiaria. Pero el hecho de mantener intactas las causas estructurales del déficit fiscal hicieron que dicho plan tuviera que ser sustituido por otro a menos de dos años de su implementación. Un gasto público del 43% destinado al subsidio de la producción privada sumado al enorme déficit de las empresas públicas constituía un 10% del PBI. Sin ese Estado corrector de “ineficiencias de mercado”, la economía hubiese pasado a un superávit del 3%. Para financiar ese gasto público exacerbado, se aumentaban impuestos, se utilizaban fondos del sistema previsional, se aumentaba la emisión monetaria y el endeudamiento externo. Esa imagen es casi un calco del gobierno de Cristina Kirchner. Con el rebrote de la inflación se ensayó el Plan Primavera con los mismos objetivos, pero sin medidas tan profundas. Para 1989, la hiperinflación y la corrida bancaria llevaron a Alfonsín a adelantar las elecciones.

             La introducción de la Ley de Convertibilidad fue, quizás, el plan más exitoso en el combate a la inflación. Logró bajar una tasa anual de 5.000% a un dígito en dos años. Sumado a la reforma del Estado, la desregularización de la economía, la baja de aranceles e impuestos, y la quita de restricciones a las exportaciones, permitió un crecimiento económico sostenido en ese primer mandato y una caída del índice de pobreza. Al no haber podido desregular el mercado laboral, el desempleo aumentó como consecuencia de dos motivos: el sector privado no pudo absorber a los empleados públicos que la reforma del Estado había dejado sin trabajo, ni tampoco a aquellos que se incorporaban al mercado ofreciendo su fuerza de trabajo.

             El primer gobierno de Menem significó un camino a la estabilidad. Los cambios de hábitos de las personas posponiendo consumo presente por consumo futuro generó ahorro. Surgió un incipiente mercado de capitales a partir de las AFJP. Comenzaba a haber créditos a tasas accesibles para viviendas. En términos generales, la economía argentina mostraba rasgos de una economía más sana que tiempos pasados. Pero, evidentemente, este programa requería inexorablemente de ajustes y actualizaciones. Si bien, producto de una disciplina monetaria y cierta austeridad fiscal permitieron que la crisis del Efecto Tequila no afectara a la estructura de la convertibilidad, el déficit fiscal creciente se financiaba con endeudamiento externo.

             Pero no toda la década que abarca la convertibilidad tuvo los mismos resultados. Y esa desigualdad es la que deja de manifiesto las dificultades que ese plan tenía. Para 1997 ciertas alarmas comenzaban a sonar. Se presentaba un contexto externo desfavorable. La crisis asiática de ese año afectaba a principales socios comerciales de Argentina. En 1998 una crisis financiera golpeó a Rusia y para 1999 la devaluación del Real hacía a Brasil mucho más competitivo en relación a la Argentina que ya mostraba cierto atraso con su tipo de cambio fijo. La situación global contribuía a ciertas dificultades críticas que la economía argentina arrastraba desde los principios del menemismo. Un desequilibrio fiscal, aunque reducido, con una imposibilidad de expansión monetaria ligado a flujos de comercio exterior ahora afectados. Términos de intercambio que ya no eran los mismos, obligaron a financiar ese déficit fiscal (que a valores de hoy parece irrisorio) con endeudamiento externo. La convertibilidad comenzó a exponer su propia fragilidad.

             El hecho de no haber corregido ciertas variables que el plan ya demandaba -Fernando de la Rúa gana las elecciones prometiendo mantener el 1 a 1- derivó en la crisis del 2001. En ese marco se comenzaron a implementar las recetas que suele utilizar la política para hacer ajustes encubiertos. La pesificación asimétrica significó la salida de la convertibilidad, transformando cada dólar a un nuevo cambio de $1.40 perpetrando, de esta manera, una nueva estafa de la política hacia la ciudadanía. Este modus operandi de devaluar o utilizar a la inflación como mecanismo para licuar salarios reales y así ajustar las variables macroeconómicas fue aplicado durante muchas etapas de la historia argentina. Teniendo en cuenta el panorama actual, no parece muy descabellado que implementen esta metodología para reajustar los desequilibrios fiscales y monetarios que la economía presenta en la actualidad.

             Naturalmente, la economía luego de tocar fondo rebotó. Los años venideros posteriores a la crisis fueron acompañados por históricos términos de intercambio favorables. Argentina comenzó a crecer a tasas verdaderamente altas al igual que toda la región. Las tasas de interés mundiales, además, eran considerablemente bajas lo que permitió financiar la inversión privada. Las políticas implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández no hicieron más que repetir viejas recetas. El estímulo al consumo y al desempleo mediante expansiones monetarias comenzó a generar los primeros dígitos de inflación luego de muchos años de estabilidad.

             El crecimiento a tasas chinas de todo este período en base a exportaciones fue asignado no a la confección de un modelo eficiente de producción y desarrollo, sino a un aumento del tamaño del Estado que prácticamente se duplicó en términos de PBI en menos de diez años. El superávit fiscal y un considerable aumento de la presión impositiva generaba una recaudación récord que fue destinada al surgimiento, una vez más, del denominado Estado de Bienestar asistencialista e intervencionista. La creación de diversos planes sociales, el ingreso de millones de jubilados sin aportes previos a un régimen previsional que ya había absorbido a los aportes privados de las estatizadas AFJP, un aumento de la planta estatal en más de un millón y medio de nuevos empleados, y los programas y secretarías estatales varias terminaron aplastando a un sector privado cada vez más pequeño y asfixiado.

             La caída de los términos de intercambio llevó al segundo gobierno de Cristina Fernández a una estanflación que terminó forjando el cierre de ese período. La llegada de Macri implicaba, tal como sucedió con Menem, un mandato enfocado a la cuestión económica. Un gobierno débil que no supo, no pudo o no quiso implementar ningún tipo de política ortodoxa y que, como no podía ser de otra manera, fracasó en todas sus intenciones. Un déficit fiscal exorbitante, sin intenciones de ser combatido en la práctica, fue financiado con deuda externa. Una vez que los mercados fueron cerrándose, el gobierno de Macri no tuvo más remedio que acudir al Fondo Monetario Internacional para firmar el acuerdo número 28 que Argentina tuvo con esa institución en 60 años.

             Cuesta reconocer aciertos en los planes económicos implementados en el pasado que puedan replicarse en el presente. Considero que, más que buscar soluciones en la historia, es indispensable que Argentina deje de construir ficciones y sincere su realidad para comenzar a construir un modelo de desarrollo.

             En la actualidad, el país se enfrenta a uno de sus peores panoramas de la historia.  Si bien se puede tomar como punto de partida la exitosa renegociación de la deuda, el escenario que dejará la crisis mundial del coronavirus será catastrófico. De acuerdo a estimaciones, en 2020 la economía argentina se contraerá en, aproximadamente, 15%. Esto sumado a un déficit fiscal de 10% del PBI, una inflación contenida y estimulada por una caída de la demanda de dinero, una pobreza que superará a la mitad de la población y un desempleo de más de dos dígitos conforma la peor situación que ha sabido vivir la Argentina.

             Es por ello que es sumamente necesario no volver a implementar políticas que la evidencia empírica y nuestra propia experiencia muestran que solo contribuyeron a la construcción de una realidad ficticia en el corto plazo. No podemos esperar un nuevo milagro argentino que se fundamente en términos de intercambio favorables. Argentina requiere de profundas reformas estructurales que permitan readecuar el sistema productivo. El déficit fiscal no podrá financiarse tal y como se está haciendo hoy en día vía emisión monetaria (la base monetaria tocó su punto histórico al inyectar un billón de pesos), tampoco por medio de endeudamiento externo, ni mucho menos aumentando impuestos. Por ende, deberán recurrir a medidas más originales para bajar el gasto público. El actual gobierno cuenta con la espalda suficiente para poder tomar medidas que conlleven costos políticos grandes. Será necesaria una reforma laboral que permita, por lo menos en forma transitoria, cierta flexibilidad para contratar y despedir, de manera que, el desempleo post crisis pueda ser absorbido por el mercado laboral. A su vez, es indispensable transformar los planes sociales perpetuados en trabajo real. Tanto para los beneficiaros de dichas asignaciones como para aquellos empleados públicos sin funciones en la órbita estatal que deben ser removidos de sus puestos, una reforma educativa debería formarlos y capacitarlos para su posterior introducción al mercado de trabajo.

             De no implementar medidas nuevas que dinamicen a los principales actores de la economía argentina, nuevamente estaremos en presencia de una realidad ficticia que seguirá contribuyendo a la pobreza y el desempleo. La mala asignación de recursos genera improductividad y destrucción de capital. Argentina hoy no cuenta con herramientas ni recursos para seguir posponiendo las soluciones a sus problemas estructurales cronificados. Está claro que las políticas gradualistas no han tenido éxito y es vital la implementación de medidas ortodoxas que encaucen el aparato productivo.

Bibliografía:

Gerchunoff, P., Llach, L. (2018), El ciclo de la ilusión y el desencanto.

Rappoport, M. (2005), Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2003.

Andrés Scioscia es Licenciado en Administración (Universidad de Belgrano) y cursa la Maestría en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE).

12 años de kirchnerismo fue el costo por no bajar el gasto público

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 27/3/17 en: http://economiaparatodos.net/12-anos-de-kirchnerismo-fue-el-costo-por-no-bajar-el-gasto-publico/

 

Como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales en 2001 nos costó 12 años de kirchnerismo

Corría la década del 80 con Alfonsín presidente y el plan austral naufragando. Recuerdo que fui a un almuerzo en el que estaba invitado Trócolli como orador, el entonces ministro del Interior de Alfonsín, y en una parte de su exposición dijo: sabemos que el gasto público es alto, pero, ¿quién paga el costo político de bajarlo? Pasaron más de 30 años desde ese almuerzo y una y otra vez el argumento vuelve a repetirse. Es políticamente imposible bajar el gasto público.

Uno de los últimos ejemplos que vimos y terminó en una verdadera catástrofe fue el desplazamiento de Ricardo López Murphy del ministerios de Economía por querer bajar el gasto público. Los medios, los políticos y los sindicatos le saltaron a la yugular y tuvo que irse a los pocos días de asumir como ministro. Pero lo que iba a ser una catástrofe social y política si se bajaba el gasto público según la recomendación de Ricardo López Murphy, terminó en una crisis institucional, política y económica de una gravedad inusitada por no seguir las recomendaciones de RLM. De la Rúa tuvo que dejar el poder cuando se acabó el financiamiento externo para cubrir el bache fiscal, se declaró el default de la deuda pública, Duhalde hizo una devaluación salvaje bajando el gasto público en términos reales mediante una llamarada inflacionaria llevando la pobreza por encima del 50%, pesificó los depósitos en dólares y rompió algo tan particular como el respeto por los contratos, elemento fundamental para atraer inversiones.

Al margen de todo eso, como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales nos costó 12 años de kirchnerismo, un gobierno que llegó al poder con el voto de la gente y luego se transformó en un gobierno autoritario, hizo terrorismo de estado utilizando los resortes del poder para perseguir a quienes pensábamos diferente, destruyó la economía del país con su populismo desenfrenado y no tuvo límites en la corrupción.

Pero volviendo al tema del gasto público, un primer argumento que suelen esgrimir quienes dicen que no se puede bajar es que los empleados públicos que perderían sus ingresos y los piqueteros no podrían aguantar. En rigor hay políticas que pueden aplicarse para que puedan aguantar hasta que lleguen las inversiones y tengan un nuevo puesto de trabajo. Pero de todas formas vale formular la siguiente pregunta: ¿acaso el asfixiado contribuyente puede aguantar esta presión impositiva? ¿Por qué el empleado público no puede aguantar y el contribuyente sí puede aguantar esta brutal carga impositiva?

Segunda cuestión. Si no baja la carga impositiva las inversiones no vendrán, no se crearán nuevos puestos de trabajo y nunca podrán pasar los empleados públicos y piqueteros a trabajos en el sector privado. La conclusión sería que Argentina no tiene solución económica y su destino es continuar en la decadencia.

Tercera cuestión, en 2001 el gasto público consolidado era el 35% del PBI y no pudo financiarse. No alcanzaban los impuestos ni el endeudamiento externo, ¿por qué ahora vamos a poder financiar un gasto público consolidado del 48% del PBI? Si no se pudo antes, no veo razones para pensar que ahora sí se pueda. Sí se puede mantener durante un tiempo el bache fiscal con endeudamiento externo, pero en el mediano o largo plazo esa política es insostenible. Nadie nos va a financiar cualquier nivel de gasto público ni de déficit fiscal, además de generar serios problemas en el tipo de cambio real.

La propuesta del gobierno se limita, por ahora, a intentar mantener el gasto público en niveles constantes, es decir, que el aumento nominal de gasto público no sea mayor que la tasa de inflación y, por otro lado, apostar a que el crecimiento de la economía genere más ingresos tributarios y con eso bajar el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento.

Dos objeciones merece está estrategia fiscal. Por un lado, no sabemos por qué causa el PBI va a crecer al 3,5% anual como dice el gobierno. Aun asumiendo que bajara la carga tributaria, la legislación laboral, la burocracia y las regulaciones conspiran contra un flujo importante de inversiones, de manera que no se ve claramente por qué va a subir el PBI sin modificar la carga tributaria, ni remover las regulaciones, ni modificar la legislación laboral, etc. En otros países esta fórmula funcionó porque no tenían las regulaciones laborales y económicas que rigen en Argentina.

Por otro lado, aunque lograran congelar el gasto público en términos reales, eso no significa que se esté reformando el sector público. Que el empleado que pone un sello en un papel para aprobar un trámite inservible gane lo mismo en valores constantes no cambia la falta de competitividad que le transfiere el sector público al sector privado. El desafío es bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal y el gasto pero reformando el sector público para que esté al servicio de la población y no de la dirigencia política.

En síntesis, cuando uno propone bajar el gasto público es porque no solo el estado asfixia al sector privado con su peso, sino que, además, se ha transformado en el negocio de los políticos y en el principal enemigo de los ciudadanos, gasto que nos lleva a la decadencia y a un país corrupto.

Desde el punto de vista económico, la pregunta no es ¿cómo hará el sufrido contribuyente para seguir soportando el peso de un estado que no lo deja producir? ¿Acaso el contribuyente tiene menos derechos que los empleados públicos y que los piqueteros? Para los políticos sí, pero para una sociedad libre y con una economía próspera, la respuesta es un categórico no.

Insisto, recordemos que por no haber tenido disciplina fiscal en 2001 y echar al que quería establecerla tuvo el terrible costo político de la larga noche k que estuvo a punto de llevarnos a una dictadura chavista.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE