¿A quiénes asisten los aparatos estatales?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 31/7/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/a-quienes-asisten-aparatos-estatales-nid2408740

Fuente: LA NACION – Crédito: Javier Joaquin

Vivimos una época de mucha hipocresía que se pone de manifiesto con claridad y contundencia cuando gobernantes repiten hasta el cansancio ideas tan esotéricas como que llevan a cabo “grandes esfuerzos” para entregar recursos a tales o cuales grupos. No parecen percatarse de que los esfuerzos los hacen los vecinos a quienes se les arranca el fruto de su trabajo para colocarlo en manos de otros destinatarios, que no son los titulares de esos fondos.

De entrada exponemos la tesis de esta nota: los políticos en funciones se asisten a sí mismos al cobrar emolumentos extraídos de la comunidad por la fuerza para jugar al hada madrina, como si ellos contribuyeran con su propio peculio, algo que jamás hacen. En lugar de dedicarse a proteger derechos y ofrecer seguridad y justicia, en gran medida se dedican a expoliar a unos en la esperanza de congraciarse con otros. Es necesario insistir en que, de este modo, la sociedad se transforma en una lucha descarnada de todos contra todos. Es como si la sociedad se hubiera convertido en un círculo infernal e insoportable donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del vecino. Esto así es insostenible y, por cierto, macabro.

Así, reclama airadamente el fabricante de tornillos que pretende un subsidio, los artistas que piden financiación para sus obras, los piqueteros que marchan para obtener prebendas, el productor que quiere ayudas monetarias, el sindicalista que pide que le otorguen más controles sobre obras sociales, el comerciante que espera que le otorguen un mercado cautivo, el profesional que insiste en asociaciones obligatorias, el banquero que apunta a mayor cobertura por parte de la banca central; el almacenero sugiere que se limite el radio de los supermercados, el empresario pide mayores aranceles, barrios populares reclaman viandas, médicos apuntan a que se les entreguen mejores equipos, estudiantes se manifiestan airadamente para obtener estudios sin cargo y así sucesivamente, todo a costa del prójimo.

Parece que a pocos se les ocurre que como primer principio civilizado debe respetarse la propiedad privada. Las demandas no pueden ser para dar un manotazo a lo que otros han obtenido legítimamente. En general se trata al lugar de trabajo o el lugar donde se abastece la gente como propio sin percatarse de que se trata de la propiedad privada de otro, del mismo modo que condenaríamos que alguien ajeno pretenda dirigir lo que ocurre en nuestro domicilio.

De esta concepción proviene la maldita idea de aplicar la guillotina horizontal al efecto de “redistribuir ingresos” sin comprender que la distribución original y pacífica se lleva a cabo en supermercados y afines cuando la gente compra o se abstiene de hacerlo según sean los diferentes rubros que necesita. Pero resulta que esa distribución es reemplazada por la referida redistribución que inexorablemente se lleva a cabo con el uso de la fuerza contradiciendo las previas votaciones de la gente, y como los recursos no crecen en los árboles, esta violencia implica despilfarro que repercute negativamente en los salarios e ingresos en términos reales.

Todos los quejosos y pedigüeños que les exigen a los aparatos estatales que les arranquen recursos a otros en lugar de esto deberían ellos mismos constituirse en oferentes de lo que demandan y hacerlo con el precio y la calidad que airada e injustificadamente reclaman que lo haga otro. Si esas personas alegan que no cuentan con el dinero suficiente para embarcarse en esos negocios, pues que ofrezcan su idea a terceros para recabar los fondos necesarios para operar. Pero si nadie les compra la idea es porque no se basa en un plan de negocios serio y por ende debe abandonarse.

En esta línea argumental, se suele proceder a través del impuesto progresivo tan apreciado y aconsejado por Marx y Engels en el Manifiesto comunista, de 1848. Ese gravamen se traduce en cuatro efectos. En primer lugar, es regresivo, puesto que el contribuyente de jure al contraer sus inversiones reduce los salarios de los marginales que se convierten en contribuyentes de facto. En segundo término, significa un bloqueo para la imprescindible movilidad social, puesto que se perjudica a los que trabajosamente vienen ascendiendo en la pirámide patrimonial vía tasas que progresan a medida que progresa el objeto imponible. Tercero, altera las posiciones patrimoniales relativas, ya que son necesariamente distintas de las que había establecido la gente revelando sus preferencias, lo cual acentúa el consumo de capital. Por último, con razón se sostiene que deben incrementarse la productividad y realizarse los esfuerzos correspondientes, pero nos encontramos con que la progresividad significa que cuanto más productivo el agente, se propinan mayores palos fiscales como castigo.

La siempre ponzoñosa envidia opaca la bendición de las desigualdades de las personas, puesto que de otra manera se derrumbarían la cooperación social y la consiguiente división del trabajo. Si todos tuviéramos las mismas inclinaciones y vocaciones, las relaciones sociales serían inviables. El delta de ingresos y patrimonios en una sociedad libre es consecuencia necesaria de los gustos de la gente; lo importante es que todos mejoren, pero no que sean iguales, puesto que, como queda dicho, la desigualdad de resultados surge del plebiscito diario del mercado, que a su turno es debida a las diferencias de talentos de cada cual para servir a su prójimo.

En este sentido, para comprobar cómo ha cambiado la opinión que hoy prevalece en el Vaticano, y sin perjuicio de otros eventuales errores que puedan señalarse, es de interés reproducir un pasaje de lo consignado por el papa León XIII en 1891: “Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea, pues, el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana; que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánense en verdad los socialistas, pero vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio ni la salud ni la fuerza, y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue espontáneamente la desigualdad de la fortuna, lo cual es por cierto conveniente a la utilidad, así de particulares como de la comunidad, porque necesitan para su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios diversos, y lo que a ejercitar esos oficios diversos principalmente mueve a los hombres es la diversidad de la fortuna de cada uno”.

Por último subrayo que, como si todo lo dicho fuera poco, hay gobernantes trasnochados que sostienen que la solución a los problemas es el aumento del consumo, sin entender que la clave para todo es el incremento de la producción. Si un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada y uno de los sujetos proclama que lo que deben hacer es consumir para resolver sus problemas, seguramente los colegas no se molestarían en contestar semejante sugerencia, si es que no amenazan con ahogarlo en represalia por tamaña obscenidad.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Planes sociales e industria del juicio laboral

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 3/7/17 en: http://economiaparatodos.net/planes-sociales-e-industria-del-juicio-laboral/

 

La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal

El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral. Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal.

De acuerdo a un interesante trabajo del Ministerio de Producción, en Argentina hay 605.000 empresas privadas de las cuales el 99% son PYMES, considerando PYMES aquellas empresas que emplean hasta 200 empleados. Ese 99%, que son 602.079 empresas emplean al 64% del empleo formal en Argentina. Las grandes empresas, que representan el 0,6% del total, emplean el 36% del personal formal.

De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal. Hoy la legislación laboral es como el cepo cambiario. Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro.

Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal.

Pero hay un tercer elemento que influye para disminuir la oferta de trabajo. Hay personas que cobran varios planes sociales y, por lo tanto, no tienen estímulo para trabajar y mucho menos para trabajar en blanco. Cada vez que viajo a dar una charla al interior del país, también ocurre en Buenos Aires y en CABA, pregunto si se consigue mano de obra para trabajar en los campos. La respuesta sistemática es: sí, pero en negro. Nadie quiere trabajar en blanco porque pierde el plan social y como hay personas que cobran más de un plan social, que encima no tienen vencimiento en el tiempo, prefieren hacer algunas changas en negro a tener un trabajo formal.

Sin duda que Argentina necesita un verdadero tsunami de inversiones para poder absorber los 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral por año y además absorber los empleados públicos que sobran en el estado y los que viven de un plan social. Eso requiere de un plan económico completo (reforma tributaria, del estado, eliminar regulaciones absurdas, etc.) que incluye una reforma laboral.

De todas maneras, el primer paso para bajar el gasto público y reestablecer la cultura del trabajo consistiría en ponerle un límite a los llamados subsidios sociales. Primero hay que reempadronar a todos los beneficiarios. Segundo hay que establecer un solo plan social al desempleo y nada más, con un límite de tiempo. En el mientras tanto, para aquellas personas que no tienen habilidades laborales, el gobierno puede reestablecer las viejas escuelas de artes y oficios. Hay infinidad de oficios que tienen salida laboral: gasista, plomeros, carpinteros, electricistas, pintores, repostería, cocina y tantos oficios que se han perdido. Y atención que hay trabajo para esos oficios. Cualquier persona habrá tenido que suplicar para que vaya a su casa un plomero o un electricista para hacer un trabajo de reparación. La idea es que el contribuyente, vía el estado, financie estos cursos de oficios que pueden dictare en escuelas municipales, templos religiosos que pueden ser católicos, evangelistas, etc. El contribuyente paga el costo de los profesores y los materiales para aprender, los municipios e iglesias proporcionan el lugar físico y quien recibe un plan social está obligado a realizar alguno de estos cursos. Si quiere ser ingeniero nuclear que se consiga un trabajo y vaya a la universidad de Buenos Aires. El contribuyente ayuda a financiar solo una salida laboral. Una vez matriculado, quien recibe un plan social sale a buscar clientes como los buscamos cada uno de nosotros todos los días. No se le pide nada extraordinario. Solo que haga lo que hacemos el común de los mortales. Mientras va construyendo su clientela, el estado sigue pagando el subsidio por desempleo pero con una reducción en el monto a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, un 20% menos cada 2 meses hasta que se extingue el subsidio.

Se sabe que los llamados planes sociales se han convertido en gran medida en el financiamiento de fuerzas de choque de grupos kirchneristas y de izquierda que cortan las calles todo el tiempo perjudicando a las personas que van a trabajar y son los que, encima, pagan los subsidios que reciben los piqueteros. Por eso, otra de las medidas debería ser: piquetero que corta una calle, piquetero que pierde el subsidio. Y, finalmente, cada persona que recibe un plan social, hasta que se termine, va a recibir directamente el dinero en una cuenta personal en una caja de ahorro. No hay puntero que decida sobre el subsidio de esa persona. Lo recibe directamente del estado por el aporte del contribuyente. Quiero ver cuántos piqueteros van a conseguir para cortar calles si la policía detiene a uno y el estado le quita el plan social.

En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Luego de la marcha el gobierno tiene la palabra

Publicado el 3/4/17 en : http://economiaparatodos.net/luego-de-la-marcha-el-gobierno-tiene-la-palabra/

 

La función del gobierno es, ahora, dejar de dar tantas vueltas con la política económica y terminar con este populismo light

Confieso que nunca fui muy partidario de las marchas, ni aún en las de la era k. Si bien fui a varias o a casi todas en la era k, un gobierno corrupto y con tendencia autoritaria no se amilana ante marchas opositoras. En todo caso libera a sus fuerzas de choque para que agraden a los manifestantes dándole a la policía la orden de liberar la zona y dejar que los grupos de choque atacaran a ciudadanos pacíficos. Lo vimos en la era k. Los corruptos y autoritarios no se asustan por ver a millones de personas pacíficamente protestando en las calles. Vean a Maduro como hambrea y mata a su pueblo a pesar de las multitudinarias marchas que salen a la calle en su repudio. Maduro y los k están cortados por la misma tijera. Corruptos y autoritarios.

Personalmente no veía necesaria la marcha del sábado 1 de abril por dos razones: 1) no creo que estemos en una situación similar a la del 2001 cuando sacaron la gente a la calle y voltearon un endeble gobierno como el de De la Rúa y 2) no me quedaba claro si la marcha era para repudiar el terrorismo reivindicado el 24 de marzo por parte del kirchnerismo o en apoyo del gobierno de Cambiemos.

En lo personal no coincido con la política económica de Cambiemos ni con la política en general. Veo a un gobierno con miedo al cambio. Que en vez de poner orden disolviendo los piquetes que le hacen la vida imposible a la gente decente que trabaja y la matan con impuestos, el gobierno arruga y le da más plata, obras sociales y llama al dialogo a los piqueteros que no están justamente pasando hambre sino queriendo vivir a costa de la gente que trabaja, cuando no intentado conspirar contra el gobierno. Al simple ciudadano que se atrasa con sus impuestos lo persiguen como si fuese el peor criminal de la tierra mientras al piquetero le tienen todas las consideraciones.

En definitiva, veo a Cambiemos como un gobierno más de los tantos que hemos tenido en la historia reciente que no se anima a realizar cambios y se limita a buscar cómo financiar el populismo heredado. Es un gobierno que no tiene tendencias autoritarias pero tampoco comprende las reformas estructurales que necesita encarar para que Argentina entre en una senda de crecimiento de largo plazo.

El punto es que el gobierno de Cambiemos se lo compara con el nefasto período k. Es como comparar el purgatorio con el infierno. Obvio que uno está mejor en el purgatorio, pero no significa que uno esté en el cielo y mucha gente tiende a comparar el gobierno de Macri con el cielo. En mi opinión están exagerando.

Pero ese infierno k volvió al centro de la escena el 24 de marzo cuando lo peor de terrorismo de los 70 y del kirchnerismo salió a recordar a los terroristas asesinos. Las violentas palabras de Bonafini, una mujer llena de odio, resentimiento y violencia, hicieron recordar los 70 con las metrallas terroristas matando gente inocente. A eso se le agregó el hartazgo de la gente con los piquetes diarios, la salvaje huelga docente y el descontrolado acto de la CGT que hizo recordar los enfrentamientos entre el fascismo peronista de los 70 y la izquierda peronista.

Ese combo de atrocidades en que Bonafini es una especie de Herminio Iglesias del peronismo kirchnerista, generaron esta marcha que, en mi opinión, no fue como la del 8N o cuando lo asesinaron a Nisman en cantidad de gente, pero sí fue muy importante. Al menos eso vi en Av. Maipú, frente a la Quinta de Olivos donde fui para ver cuánta gente había.

Cada uno puede tener sus argumentos de por qué se produjo una marcha que ni el gobierno esperaba que tuviera tanta envergadura. Mi visión es que la gente salió a la calle a hacer el trabajo que el gobierno no se anima a hacer. Ponerle el pecho al kirchnerismo destituyente que con desesperación quiere que se caiga el gobierno de Macri.

Mi visión sobre esta marcha era diferente. Primero el gobierno, al que le delegamos el monopolio de la fuerza, debe asumir la responsabilidad de restablecer el orden público terminando con los piquetes. Es falso que si la policía pone orden le van a tirar un muerto para que el gobierno se caiga. Esos son argumentos de miedosos que le tienen tanto pánico al peronismo y que prefieren seguir haciendo populismo peronista para no enfrentar el peronismo.

Y si por poner orden se producía algún intento destituyente por parte del kirchnerismo, entonces sí se justificaba que la gente saliera a la calle a defender el sistema de gobierno.

De todas maneras, la marcha se hizo y me parece que si se hubiera hecho en forma más coordinada, muy probablemente esa marcha se hubiese acercado más al 8N en cantidad de gente.

Como dice mi amigo Dardo Gasparré, la gente salvó al gobierno de Macri que bastante complicado está con las huelgas, los piquetes y la economía que no termina de arrancar. Habrá que ver si el gobierno sabe aprovechar esta oportunidad.

Insisto, creo que le dijo un categórico no a Bonafini y a los grupos terroristas que asolaron la Argentina en los 70 y al kirchnerismo en particular. El miedo de volver a esos años oscuros y al corrupto kirchnerismo que acosa al gobierno con huelgas y piquetes fue el motor que, me parece, movilizó la marcha.

La función del gobierno es, ahora, dejar de dar tantas vueltas con la política económica y terminar con este populismo light, al tiempo que le corresponde utilizar el monopolio de la fuerza para terminar con los piquetes aunque tenga que pagar costos políticos. Para eso se lo votó. Para que ejerce el monopolio de la fuerza en defensa de la población, no para que lo use de acuerdo a sus conveniencias políticas de cara a las próximas elecciones.

Unas semanas atrás Alejandro Rozitchner decía que dudaba si el país estaba a la altura de sus decisiones. Según él, no las de Macri sino si la gente estaba a la altura de lo que había que hacer. La marcha del otro día mostró que la gente está a la altura de defender un sistema republicano a pesar de tener un gobierno que no termina de entender el problema económico institucional. Veremos si ahora el gobierno está a la altura de la respuesta que la gente le dio al kirchnerismo y al terrorismo con un contundente rechazo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

¿Seriamente se dice que hubo gradualismo?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/1/17 en http://www.cronista.com/columnistas/Seriamente-se-dice-que-hubo-gradualismo-20170102-0009.html

 

¿Seriamente se dice que hubo gradualismo?

 

Se entiende que el aplicar medidas graduales significa un goteo en la buena dirección, lo cual naturalmente produce resultados también graduales con el agravante de la presión que generan intereses del bando contrario. Pero lo que quiero subrayar en esta nota es que en cuanto al eje central de la política de la actual administración no hubo gradualismo sino una severa regresión puesto que se incrementó el déficit fiscal y el gasto público.
Según lo que sostenía en base a su experiencia el premio Nobel en economía Milton Friedman, lo que no se hace en los primeros meses de gestión gubernamental, no se hace nunca. Esperemos que en nuestro caso no resulte de esa manera y se tome el toro por las astas en los tiempos acordes con el momento puesto que hay que tener muy presente que son siempre los más débiles los que pagan los platos rotos vía la disminución en las tasas de capitalización consecuencia del derroche.

No es para nada conducente el intentar ingenuamente comprar a facinerosos con sumas colosales que aparecen enmascarados con palos denominados piqueteros a lo que graciosamente se les agregan obras sociales.

Ya hemos escrito antes que para no remontarnos más atrás, Perón recurrió a la inflación para financiar el astronómico aparato estatal, los militares echaron mano al endeudamiento público, Alfonsín a la inflación, Menem al endeudamiento, Kirchner a la inflación y ahora resulta que se propone otra vez el endeudamiento para no tomar medidas de fondo, lo cual agrava la situación. Esperemos que los arreglos con los acreedores que no entraron en el canje no haya sido para facilitar el referido endeudamiento (todos los candidatos proponían el arreglo después del fallo contundente del juez Griesa, de lo contrario nos quedábamos fuera del mundo).

Francamente no me quedan claras las razones del cambio ministerial, no me parece que los motivos sean de carácter económico sino más bien personales. Como queda dicho, es de esperar que de una vez por todas se comience a trabajar en los temas de fondo aun en un año electoral. El bien inspirado slogan de que juntos podemos ya se agotó. Argentinos a las cosas como decía Ortega y Gasset. Salvando las distancias y el contexto, el general MacArthur sostenía que si se está en el comando hay que comandar, de lo contrario es mejor irse a su casa.

Por supuesto que es un gran adelanto el estar rodeado en el actual gobierno por gente decente pero no es ni remotamente suficiente. Ya que se hace tanto alarde de los CEO, hay que arremangarse y gestionar. Hacer la plancha con los problemas de fondo es sumamente peligroso.

Las explicaciones son irrelevantes. Además de lo consignado, entre otras muchas cosas, debe encararse una reforma tributaria de fondo y no simplemente retocar alícuotas que siguen obligando a la gente a trabajar la mitad del año para el gobierno (súbditos al fin).

Contar con 4.500.000 de burócratas, 7.500.000 de jubilados en un sistema actuarialmente quebrado y 8.000.000 que vienen del erario público (es decir, del fruto del trabajo ajeno) se trona inviable. En definitiva, 20.000.000 que deben ser mantenidos coactivamente por 8.000.000, lo cual refleja un cuadro de situación delicada, no puede sostenerse el desequilibrio financiero en una familia, en una empresa ni en un país.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.