Falacias que se reiteran sobre la idea de pobreza

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 10/4/2en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/10/falacias-que-se-reiteran-sobre-la-idea-de-pobreza/

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados

 Alexander Solzhenitsyn

Alexander Solzhenitsyn

Es sabido que pobreza y riqueza son términos relativos: todos somos pobres o ricos depende con quien nos comparemos. Pero en esta nota centramos la atención en aquellos que no tienen para atender sus necesidades básicas, un concepto que naturalmente remite a lo absoluto y deja de lado posiciones relativas. Sin duda un problema grave.

En este contexto caben distintas observaciones. En primer lugar, refutar la machacona idea de sostener que la pobreza así definida conduce a la delincuencia. Esta afirmación constituye un agravio para nuestros ancestros puesto que todos descendemos de las cuevas y la miseria más espantosa de lo que no se sigue que provengamos de delincuentes. Más aun, es muy frecuente constatar que personas muy modestas en su condición económica cultivan valores de respeto recíproco, mientras otros con ingresos suculentos revelan conductas inmorales por donde se los mire. En otras palabras, los principios éticos que se adoptan no tienen relación causal con el bolsillo, tienen que ver con el cultivarse como seres humanos.

En segundo término, se ha dicho que el populismo cala hondo en lugares pobres, lo cual no ocurre en zonas opulentas o que cuentan con ingresos mayores. Esto tampoco es cierto: antes que nada debemos percatarnos que los países ricos fueron pobres y no abrazaron el estatismo cuando se enriquecieron, de lo contrario hubieran seguido siendo pobres. Otra vez se trata de valores y principios que además de conducir a la decencia conducen a la prosperidad.

En tercer lugar, es pertinente subrayar que también se insiste que la pobreza invita a un clima de planes sociales lo cual atenta contra la cultura del trabajo. Sin duda que los llamados planes sociales -esto es la entrega por parte de los aparatos estatales de recursos sustraídos compulsivamente del fruto del trabajo ajeno- degradan la noción del propio esfuerzo al tiempo que crean dependencia malsana con políticos demagogos e inescrupulosos y acentúan inexorablemente la pobreza. Pero esto no es exclusivo de los pobres, a muchos ricos también los estatistas les otorgan planes sociales encubiertos, solo que con otro nombre: se llama proteccionismo aduanero, mercados cautivos, créditos subsidiados, exenciones fiscales, “salvatajes” de deudas, dádivas y privilegios de todo tipo a expensas de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

Y ahora viene el tema de fondo, cuál es el procedimiento para reducir la pobreza. En otras oportunidades he escrito sobre este tema crucial pero se hace necesario insistir en vista de la reiteración de falacias en esta materia.

Los derechos individuales son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos y proceden de las características de la condición humana que requieren de facultades para usar y disponer de lo propio para poder seguir sus proyectos personales de vida. Igual que las rosas y las piedras, el ser humano cuenta con características que definen su especie. Nadie debe ser utilizado como medio para los fines de otros, puesto que el ser humano es un fin en sí mismo. Los “balances sociales” con la intención de establecer peculiares utilitarismos son del todo improcedentes y conducen a las mayores arbitrariedades como cuando se pretenden sopesar ventajas de mayorías circunstanciales frente a minorías indefensas. Los pseudoderechos son a todas luces contrarios al derecho.

Vivimos la era en la que se declama la defensa de los más necesitados pero simultáneamente se los afecta severamente con medidas altamente contraproducentes. Esto es así principal aunque no exclusivamente a través de las mal denominadas “conquistas sociales” que paradójicamente arruinan a los más vulnerables.

Según el Indec, la pobreza en la Argentina llegó al 42%Según el Indec, la pobreza en la Argentina llegó al 42%

Para comprender esta conclusión es menester aludir a la causa por la cual se elevan salarios e ingresos en términos reales. Se trata de lo que genéricamente se denomina tasas de capitalización que equivale a la inversión per capita, es decir instrumentos, maquinarias, equipos, instalaciones y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar rendimientos. A su vez, las inversiones provienen de ahorro interno y externo al país en cuestión, lo cual se maximiza en la medida en que se cuenten con marcos institucionales civilizados, en otros términos, el respeto a los derechos de propiedad de cada cual comenzando por la propia vida, la expresión del pensamiento y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente.

En este contexto se hace necesario apuntar acerca del peligro del mal uso del significado del término “inversión”. Este concepto se refiere a la estimación individual respecto a recursos propios en cuyo contexto el sujeto en cuestión valora en más rendimientos futuros respecto a los presentes y, por tanto, opta por abstenerse de consumir para ahorrar y siempre el destino del ahorro es la inversión (son dos caras de la misma moneda). Es del todo inapropiado aludir a “la inversión” cuando los aparatos estatales se apoderan del fruto del trabajo ajeno, en ese caso se trata de gasto que puede ser corriente o destinado a activos fijos pero en ningún caso tiene sentido pretender que se trata de una inversión por los motivos antes señalados. Si un fulano le arranca la billetera a otro, carece por completo de sentido decirle que se lo “invertirá” por más que ese fulano forme parte del aparato estatal o sea un privado, en el primero caso podrá justificarse o no el gasto pero en ningún caso se trata de un proceso de inversión. En el lenguaje cotidiano hay un uso y abuso del concepto de marras.

Hoy está de moda criticar acérrimamente a tal o cual dirigente sindical por sus conductas aberrantes pero se deja en pie la legislación que hace posible contar con sindicatos ilegítimos en lugar de asociaciones libres y voluntarias y se mantiene en pie la figura de los “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo de empleados para que no puedan usar sus pertenencias.

Una vez hechas estas aclaraciones queda claro que los salarios bolivianos resultan más bajos que los canadienses, no porque en el primer caso los empresarios son perversos y los segundos más generosos, se trata de tasas de capitalización distintas y eso hace toda la diferencia, lo cual no significa que las posiciones relativas sean irrevocables. Hay países que han tenido altas tasas de capitalización que luego han despilfarrado con lo que sus niveles de salarios han disminuido. Como queda dicho, todo depende de la calidad de los marcos institucionales imperantes.

En medios alemanes y estadounidenses prácticamente no existe servicio doméstico en los respectivos hogares. No es porque las amas de casa no requieran ayuda, es que las tasas de capitalización son de tal magnitud que no permiten contar con ese servicio pues deberían competir con salarios elevados en medios empresarios y equivalentes, situación que se torna imposible.

Es típico que en países de muy bajas tasas de capitalización, se lleven a cabo faenas como que a determinado sujeto lo abanican a la hora de la siesta cuatro personas, pero si esa misma persona se trasladara a una ciudad donde primen altas tasas de capitalización deberá abandonar de inmediato su costumbre pues los salarios para esa actividad resultan imposibles de afrontar.

Se ha mantenido erróneamente que los gobiernos deben regular contratos laborales puesto que “la desigualdad en el poder de contratación” pone de manifiesto que no resulta posible permitir que un millonario contrate con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, a fin de la semana o a fin del día. Este análisis adolece del grave defecto que no toma en consideración que resulta a todas luces irrelevante lo abultado o lo débil de las respectivas cuentas corrientes o de los patrimonios netos de quienes contratan. Lo relevante, lo decisivo son las tasas de capitalización que obligan a pagar los salarios de mercado. Si un millonario llega a un pueblo y averigua cuanto cuesta pintar su casa pero sostiene que como cuenta con un abultado patrimonio pagará la mitad, por definición no pintará su casa. No es atingente si la persona en cuestión es muy rica o si está quebrada, el salario para pintar su casa es el que marca la tasa de capitalización.

También debe tenerse en cuenta que si a igual trabajo un empresario decide pagar más de lo que marca las tasas de capitalización, por un lado tendrá mayor oferta de trabajo de la que necesita y por otro procederá a derrochar sus recursos con lo que de persistir en esta línea tendrá contados sus días como empresario.

Es necesario señalar que allí donde las contrataciones laborales son libres no habrá desempleo, es decir, sobrante de aquél factor esencial para prestar servicios y para producir bienes. Esta situación para el trabajador normal (no para el que, por ejemplo, se encuentra en estado vegetativo o padezca deficiencias de tal naturaleza que no le permiten hacer nada) ocurre independientemente de la pobreza más extrema o la riqueza más exuberante en que se encuentre el medio en cuestión. En el primer caso los salarios serán reducidos y elevados en el segundo por en ningún caso habrá sobrantes de ese recurso humano esencial.

En realidad se observa desempleo en diversos países porque los arreglos contractuales no son libres. Al contrario, aparecen las mal denominadas “conquistas sociales” que indefectiblemente provocan desocupación puesto esto sucede cuando por decreto se colocan los salarios monetarios o no monetarios por encima de lo que permiten las tasas de capitalización. Y esto no debe verse solo en cuanto a los trabajadores marginales, si por ley se colocan salarios superiores a los que obtienen gerentes de finanzas, de personal o gerentes generales, ellos quedarán desempleados.

Habitualmente aquellas mal llamadas conquistas sociales se decretan con la mejor buena voluntad con la idea de proteger a los más necesitados, pues es de gran importancia percatarse que los perjudican grandemente. Así, por ejemplo, el salario mínimo, por definición superior al de mercado, barre con los que más necesitan trabajar. También hay “conquistas” que constituyen insultos a la inteligencia como el caso argentino del aguinaldo, esto es, el mes trece, sin percibir que inexorablemente se están pagando menos durante los doce meses del año para poder hacer frente al treceavo mes. En realidad sería interesante poder decretar que el año tiene cuarenta meses pero eso no es posible y así con en resto de las tristemente célebres conquistas sociales.

De más está decir que el salario que establecen las tasas de capitalización no aparecen dibujadas en el cielo, hay que averiguarlo. De todos modos, pruébese contratar una secretaria por la mitad del salario de mercado y seguramente durará hasta la hora del almuerzo del primer día laborable pues se informará inmediatamente que está subvaluada.

Esto que estamos comentando va muy especialmente dirigido al fenómeno de robotización en curso que permite liberar recursos humanos y materiales para destinarlos a cubrir otras necesidades imposibles de contemplar hasta el momento debido a que esos recursos estaban esterilizados en las áreas anteriores. Como es sabido los recursos son limitados frente a necesidades ilimitadas. Si estuviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo desaparecería el problema del trabajo. El empresario para lograr nuevos arbitrajes está incentivado a capacitar personal en las nuevas actividades. Salvando las distancias, es lo mismo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo antes de los refrigeradores, o el fogonero antes de las locomotoras Diesel.

Los sindicatos como asociaciones libres y voluntarias juegan un rol apreciado por los afiliados lo cual implica la figura de la personería jurídica pero de ningún modo la figura fascista de la personería gremial que bloquea la libertad contractual. Del mismo modo, la huelga debe ser entendida como el derecho a no trabajar, lo cual se opone abiertamente a la intimidación y la violencia que dada tiene que ver con ese derecho.

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados. Tal como explica entre muchos otros Bruno Leoni, cuando comprendamos que el derecho no es fruto de la ingeniería social sino fruto de un proceso de descubrimiento, recién entonces comprenderemos el valor de marcos institucionales que garantizan el respeto recíproco. Recién entonces estaremos en condiciones de comprender el peligro del pseudoderecho.

Edmund Burke en 1756 escribió que “el disfrute seguro de los derechos naturales es el propósito último y más grande de la sociedad civil y por tanto toda forma de gobierno es solo buena si es consistente con ese propósito al que está enteramente subordinado”, lo cual, entre otros, fue tomado por Juan Bautista Alberdi en la publicación de su primer estudio de perspectiva jurídica en 1837 y luego en el contexto de su análisis económico en 1854. Esta es la manera de sacar a la gente de la pobreza y encaminarla al progreso: el respeto recíproco, en cuyo contexto es del caso recordar que en 2003 Alexander Solzhenitsyn resumió todo el problema del siguiente modo: “En diferentes lugares a través de los años he tenido que probar que el socialismo, que muchos pensadores occidentales dicen que es una especie de reino de justicia, es coerción, codicia burocrática, corrupción y avaricia”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Las dos caras de Mauricio Macri?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 27/3/2en: http://www.laprensa.com.ar/500411-Las-dos-caras-de-Mauricio-Macri.note.aspx

A mi juicio el mejor reportaje al ex Presidente fue en el domicilio de Jorge Lanata que condujo la entrevista con la participación de su equipo. Es la primera vez que lo escucho a Macri sin tensión, natural en sus formas y, sobre todo, con firmeza en el fondo de muchas de sus afirmaciones.

Se pronunció por el saneamiento monetario que carcome el poder adquisitivo de todos, por una reforma laboral que no conspire contra los que deseen trabajar y una apertura al comercio internacional a los efectos de incrementar la productividad y el nivel de vida de la población. Incluso se declaró “tan liberal” como para aceptar que quienes prefieren  no vender su libro no lo hagan a pesar de la conveniencia de abrir debates con diferentes ideas.

Manifestó enfáticamente que “el statu quo ha sido una fábrica de pobres” en el sentido de estar empantanados de hace décadas con la misma política que ha conducido a la lamentable situación en la que ahora estamos, agravada por la política del actual gobierno. Asumió toda la responsabilidad por los resultados negativos de su administración y, al contrario de lo que pudo aparecer en otras declaraciones, sin tercerizar ni endosar culpas pues subrayó que fue suya la elección de sus colaboradores inmediatos.

Se mostró reflexivo con una autocrítica de su gestión al no haber logrado mejorar las condiciones sociales tal como había prometido. Recordemos nuevamente que su administración comenzó con un baile en la Casa Rosada con la banda presidencial, propio de una alarmante frivolidad, alejado de valores y conductas republicanas. También tengamos presente su intento de designar a dos miembros de la Corte por decreto, las ofertas de obras sociales a piqueteros, su cercanía con sindicalistas impresentables y la duplicación de la inflación en el contexto de haber eliminado pero finalmente impuesto cepo cambiario y de sus posibilidades desaprovechadas de reducir el gasto público en su misma área ejecutiva, en lugar de ampliar ministerios y haber incrementado la deuda pública.  

Lo dicho no quiere decir que no existieron políticas acertadas como la energética y de seguridad, pero lo relevante es el resultado neto y este ha constituido un intento fallido más en la larga lista de tropiezos de distintos gobiernos. No incluyo en del lado del activo las visitas de buena voluntad al mundo libre pues no vale si en definitiva es para mostrar lo mismo que nos agobia, pues reiterar fracasos no es un orgullo sino una vergüenza.

Tampoco el título de esta nota pretende siquiera insinuar que el ex Presidente es un hipócrita y deliberadamente maneja dos caras. Muy por el contrario, destaco sus buenos propósitos, buenas intenciones y su honorabilidad, las dos caras son simplemente dos facetas que por el momento aparenta su personalidad: una la referida más arriba dirigida a rectificar lo que debe rectificarse de su política en el contexto de los puntos antes mencionados y la otra la que a continuación apuntamos con mucha preocupación. Esperemos que prospere y se consolide la primera faceta para bien de todos.

  Contradictorio

Esta segunda cara es realmente preocupante. ¿Cómo puede ser que se declare contrario al populismo y al mismo tiempo diga que “si Perón viviera se anotaría en Juntos por el Cambio? ¿El ex Presidente nos toma por estúpidos? Solamente para circunscribirnos a los tres puntos a los que se refirió y que dejamos consignados ¿no está informado que Perón destrozó nuestro signo monetario, copió la figura fascista de la personería gremial y en el orden del comercio internacional comenzó con la sandez de lo que luego se resumió con aquello de “vivir con lo nuestro”?

¿No sabe de la Triple A manejada por su brujo-ministro, de las cartas de Perón a Mao alabando su política, de su publicación diciendo que “Si la Unión Soviética hubiera estado en condiciones de apoyarnos en 1955, podía haberme convertido en el primer Fidel Castro del continente”, de sus dicho en cuanto a que “Al enemigo, ni justicia”, “Levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores” o sus textos aconsejando  “Los que tomen una casa de oligarcas y detengan o ejecuten a los dueños se quedarán con ella. Los que tomen una estancia en las mismas condiciones se quedarán con todo, lo mismo que los que ocupen establecimientos de los gorilas y enemigos del Pueblo. Los Suboficiales que maten a sus jefes y oficiales y se hagan cargo de las unidades tomarán el mando de ellas y serán los jefes del futuro. Esto mismo regirá para los simples soldados que realicen una acción militar”, sus sugerencias desde el balcón de la Casa Rosada para que la gente “dè leña” a los opositores o la nuevas corrupciones de Gelbard en el contexto del “tercer Perón” y de la grosera contradicción de la “inflación cero”, reincidiendo con los controles en base a la atrabiliaria figura del “agio y la especulación” que produjo todo tipo de desajustes y faltantes?

Nuevamente reiteramos que es de desear que se fortalezca la primera cara pues no podemos absorber nuevos fracasos. Si hay buena voluntad y decencia esto es posible… y también urgente.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La Argentina hoy

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 1/9/18 en https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/alberto-benegas-lynch/argentina-hoy.html

 

Es importante tener presente que los argentinos estuvimos a la vanguardia de las naciones civilizadas desde su Constitución liberal de 1853 hasta los golpes fascistas, primero del 30 y con mucho más furor en el del 43 y a partir de entonces hace más de setenta años que venimos a los tumbos.

 

Recordemos que Argentina contaba con los salarios en términos reales de peones rurales y de obreros de la insipiente industria superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. La población de duplicaba cada diez años durante el período señalado. Las corrientes migratorias competían con Estados Unidos debido a la calidad de vida que ofrecía Argentina.

 

Luego de los estatismos galopantes vino la decadencia. Se apropiaron del fruto del trabajo ajeno a través de sistemas denominados de “seguridad social” en verdad de una colosal inseguridad antisocial que con aportes obligatorios reemplazaron ahorros destinados a comprar terrenitos y departamentos, inversiones que fueron aniquiladas por leyes de control de alquileres y desalojos. Los sindicatos fueron fabricados a imagen de la Carta de Lavoro de Mussolini implantando la figura totalitaria de la personería gremial en lugar de la simple personería jurídica de toda asociación libre y voluntaria.

 

Comenzaron a expropiarse empresas para establecer esas contradicciones en los términos conocidas como empresas estatales, en lugar de comprender que la actividad empresaria implica poner en riesgo recursos propios y que la misma constitución de la “empresa estatal” significa asignar los siempre escasos recursos en áreas distintas de las preferidas por la gente (si van a hacer lo mismo que elige la gente no tiene sentido que los aparatos estatales intervengan).

 

La manipulaciones monetarias y cambiarias resultaron fatales a través de la banca central creada al efecto en prejuicio de todos pero muy especialmente de los más necesitados. Las exacciones fiscales fueron en aumento creando una maraña de impuestos sobrepuestos y una deuda pública sideral para financiar a un Leviatán cada vez más adiposo junto a regulaciones que asfixian la productividad.

 

Como es del dominio público, en estos momentos está instalado el gobierno de Cambiemos pero la ciudadanía se encuentra a la espera del cambio. Por ahora el gasto gubernamental no se ha detenido, solo ha habido amagues de podas pero igual que con la jardinería las podas hace que el crecimiento sea más vigoroso. También se insiste en que el gasto público deba ser eficiente sin percatarse que si algo es  inconveniente y se lo hace más eficiente es mucho peor. De lo que se trata es de eliminar funciones incompatibles con un sistema republicano.

 

Se habla del déficit primario sin atender que lo relevante es el déficit total que se ha incrementado exponencialmente debido al incremento de la deuda estatal durante esta gestión. Tampoco se trata de disimular el gasto a través de un crecimiento (que no solo no llega sino que estamos en plena recesión) para modificar la ratio gasto/producto.

 

En esta situación se acercan las elecciones presidenciales del año próximo, frente a una así llamada oposición que en parte arrastra el lastre fenomenal del gobierno anterior que no solo acentuó el estatismo sino que tal como demuestran las investigaciones en curso corrompió en un grado alarmante en planos decisivos del ejecutivo y también en áreas del judicial en el contexto de un legislativo adicto.

 

Por otro lado y para resumir un apunte telegráfico en una nota periodística, el gobierno actual recurrió al Fondo Monetario Internacional, como es sabido una entidad financiada coactivamente con recursos detraídos de los contribuyentes de diversos países y que presta ayuda a gobiernos en general fallidos, situaciones que se hubieran corregido de no mediar la cantidad de dólares entregados con tasas de interés menores a las de mercado y con períodos de gracia y perdones de diversa naturaleza. En lugar de pedir asistencia el FMI, el gobierno actual debería haber hecho los deberes durante los más de dos años que lleva en funciones.

 

Es cierto que la administración ahora en funciones no cuenta con mayoría de ambas Cámaras en el Congreso y que la batalla cultural es difícil pero de lo que se trata de evitar errores no forzados como el haber inaugurado su mandato con nuevos ministerios y pretender la designación de dos miembros de la Corte por decreto y similares.

 

Nunca es tarde para rectificar el rumbo. Todas las personas de bien mantienen la esperanza puesto que un fracaso más resultaría nefasto para los argentinos y para nuestros queridos vecinos.

 

Termino con un pensamiento de Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de la antedicha Constitución de 1853: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública […] ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Desocupación y explotación

Por Gabriel Boragina Publicado el 2/9/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/09/desocupacion-y-explotacion.html

 

La desocupación tecnológica es uno de los mitos económicos más populares que se mantiene vigentes a través del tiempo. En rigor, se quiere aludir a la supuesta desocupación que genera la introducción de nuevas tecnologías, y a sus efectos sobre el campo laboral. Sin embargo:

“Las innovaciones y nuevas tecnologías expanden el mercado y bajan los costos. Por ejemplo, la tonelada de acero tenía un precio de 106 dólares en 1870 y para 1989 había bajado a 17 dólares. Es fácil comprobar que lo mismo ha sucedido en otras industrias en las que la tecnología ha tenido adelantos. De hecho esas tecnologías son en mucho responsables de la elevación de los niveles de vida. Piénsese, por ejemplo, en los impactos de la electricidad, de la medicina y de muchas otras actividades. Uno de los impactos mencionados es la afectación que las innovaciones producen en el mercado laboral, pues son procesos que ahorran mano de obra.”[1]

La baja de costos en la elaboración de productos genera consecuentemente un aumento del salario real de cada trabajador, es decir, incrementa el poder de compra de los empleados, no sólo de los empleados en la industria donde se incorpora la nueva maquinaria, sino en la de todos los otros que, aunque no trabajen en el renglón, son consumidores actuales o potenciales del producto que la máquina fabrica o contribuye a elaborar. Como consecuencia de este proceso lo que antes de la incorporación de la tecnología no se podía comprar ahora si se puede. Si tenemos en cuenta que el fin del trabajo es tener poder adquisitivo para incrementar el consumo, el fenómeno descripto representa un aumento del salario real, con lo cual a menos horas de trabajo el operario o empleado podrá consumir más que antes de la innovación tecnológica.

“Las protestas de los trabajadores son parte de esta reacción, como las manifestaciones en Francia que pedían la destrucción de las máquinas de coser porque se pensaba que ellas quitarían el empleo de trabajadores. Ese temor, dice Skousen, siempre ha existido, pero la verdad es que nunca se ha materializado. Obvio que sí hubo efectos en trabajadores específicos, pero esos efectos fueron temporales. Para entender esto hay que ver el efecto real de las innovaciones: ellas reducen el costo de vida, es decir, ponen más dinero en el bolsillo del consumidor, quien puede comprar más artículos de esos mismos o de otros. Si la demanda del artículo producido con nueva tecnología es elástica, de hecho esa tecnología puede crear más empleos en la misma industria; como sucedió con el automóvil. Si la demanda es inelástica, los consumidores comprarán lo mismo o menos que antes, pero tienen más dinero disponible para comprar otras cosas. El efecto neto de la nueva tecnología es mayor empleo precisamente por el estímulo que las innovaciones de un sector dan al resto de las industrias. No son los mismos empleos, pero son empleos al fin los que se crean.”[2]

Aun en la posición de aquellos que afirman que el empleo vale por el empleo mismo (postura reñida con el hecho económico que el empleo no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir otros fines, a saber: consumir más) la innovación tecnológica lejos de destruir empleo lo crea, ya sea en el mismo renglón donde se produce la mejora tecnológica ya lo sea en otros renglones que nada tienen que ver con el articulo generado por aquella. Los ejemplos abundan por doquier. La antigua máquina de escribir fue desplazada por las modernas computadoras, y en su momento se pensó que quedarían desempleados todos los trabajadores que se encontraban abocados a la fabricación, venta, mantenimiento y reparación de tales artefactos. Pero la realidad demostró que no solamente no sucedió así, sino que la industria de la máquina de escribir experimentó una rápida reconversión, tal como había ocurrido antes cuando de la máquina de escribir manual se pasó a la eléctrica, y de ella a la computadora. En poco tiempo apareció como fruto de tal innovación una floreciente y desbordante laboralmente industria de la informática y de hardware y software que cada vez es más y más impresionante. Lejos de desempleo, la tecnología engendra más y mejores empleos. La clave consiste en comprender que el mito marxista del trabajo por el trabajo mismo sólo origina pobreza, no riqueza.

La mayoría de las legislaciones laborales están inspiradas en este mito, o lo asumen implícitamente, y tratan de establecer normas que dificulten o directamente impidan que estas innovaciones tecnológicas causen despidos de personal que ya no es necesario para desempeñar tareas que ahora realizaría el robot o máquina. Ludwig von Mises incluye a esta reacción legislativa en su definición de destruccionismo:

“Para entender a Mises, primero es necesario definir el término destruccionismo. Esa palabra es la que él usa para calificar la intervención del gobierno en la economía. Coincide con lo que conocemos como política económica. Esa intervención, según Mises, lastima la vida económica. Dentro del destruccionismo, Mises incluye a la inflación, al sindicalismo, a las expropiaciones, al seguro de desempleo y a las mismas leyes laborales. De las páginas que Mises dedica a la ley laboral, pueden destilarse las siguientes premisas de los legisladores y de los sindicatos. Esas premisas explican por qué la ley laboral es parte del destruccionismo.”[3]

Hay que aclarar que el sindicalismo que L. v. Mises ataca es el sindicalismo estructurado corporativamente al estilo fascista, como se lo concibe hoy día en casi todas las legislaciones mundiales, incorporado en las leyes fascistas del duce Benito Mussolini y su Carta del Lavoro de 1922, en la que se han imbuido -solapada o explícitamente- la mayoría de los regímenes sindicales internacionales. Este instrumento legal funda lo que hoy en día se denomina “personería gremial” que, en los hechos, no se trata más que de la plasmación de un monopolio artificial en materia sindical, que deja al arbitrio del gobernante de turno la autorización exclusiva y excluyente a un determinado sindicato o a un grupo de ellos para “representar” coactivamente a los trabajadores, y determinar -de manera también compulsiva- cuales deberían ser las condiciones de trabajo a seguir por todos. Esta figura ha ido expandiendo sus alcances en el transcurso del tiempo, siendo la verdadera causa del desempleo y de los bajos salarios reales.

[1] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007.  p. 36 comentando a Mark Skousen en su obra El capital, ¿qué es?

[2] García Gaspar, E. ibidem.

[3] García Gaspar E. ibidem. p. 76 comentando a Ludwig Von Mises en “Hay prejuicios detrás de la ley laboral”

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Educación, gasto e incentivos

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/02/educacion-gasto-e-incentivos.html

 

“Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo aparece condicionado por la amenaza de paros docentes. Si bien la situación es diversa según la provincia, es altamente probable que para la mayoría de los alumnos el comienzo de las clases no sea dentro de las fechas previstas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito que por su tamaño tiene incidencia en el resto del país, la oferta del gobierno se integra por una recomposición salarial en línea con la meta de inflación del año 2018 más un adicional por presentismo.”[1]

El problema de fondo -como tantas veces hemos insistido- es la educación estatal (mal llamada “pública”, porque, en realidad, es restrictiva y coercitiva). Los artilugios salariales no han solucionado nunca el problema educativo estatal y, recurrentemente, desde hace décadas la situación que describe el informe se viene repitiendo, al tiempo que las recetas de su posible solución siguen siendo las que el mismo informe sugiere, las que ya se han ensayado, una y otra vez, a lo largo de una extensa experiencia histórica en materia educativa.  La educación estatal presenta un problema doble: tanto de incentivos como de desfinanciamiento. Por un lado, el hecho de estar amparado el maestro estatal por el régimen de la estabilidad del empleado público le asegura que su nivel de “eficiencia” en su desempeño será del todo irrelevante a los fines de continuar percibiendo su estipendio por brindar un servicio malo y de pobrísima “calidad”. Por otro lado, al no estar sujeto a la competencia del mercado, el maestro o profesor estatal carecen de estímulos para mejorar y desarrollar sus posibles “potencialidades” en la enseñanza.

“El presentismo es una herramienta rudimentaria y polémica. Se justifica cuando hay un uso abusivo de licencias por enfermedad debido a la permisividad de las normas y de los sistemas de control. Pero si las tasas de ausentismo docente fueran similares al resto de los trabajadores el pago por cumplir con la obligación de ir a trabajar no es necesario.”[2]

El “presentismo” no tiene ninguna razón de ser, excepto en un esquema de ineficiencia económica como es el estatal en todos los órdenes que se examinen. Se supone que, cuando se contrata un empleado se le paga lo que acordaron libremente las partes, y que cada una recibe lo pretendido. Pero, en el marco de un acuerdo privado es totalmente válido convenir algún adicional, bonificaciones o premios. Lo que no es tolerable es hacerlo en el ámbito del empleo público, porque con lo que se está “negociando” es con los recursos del contribuyente, es decir, el de todos aquellos padres que envían a sus hijos tanto a escuelas del estado como a las “privadas”. Por otro lado, es un despropósito otorgar premios por presentarse a trabajar. Esto tiene sentido cuando la recompensa es por aumento de productividad, lo que nunca puede producirse en la esfera del área estatal en ningún campo.

“Resulta muy sugerente que ninguna provincia publique información sobre presentismo en educación. De todas formas, con datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede hacer una aproximación. Según esta fuente, tomando a todas las escuelas primarias del Estado del país entre el 2004 y el 2015 se observa que:

* La cantidad de alumnos matriculados bajó desde 3,66 a 3,31 millones de niños, es decir, hay 350 mil niños matriculados menos.

* La cantidad de cargos docentes frente a alumnos subió desde 244 mil a 285 mil cargos, es decir, hay 41 mil cargos docentes más.

*  Esto significa que la cantidad de alumnos por cargo docente bajó de 15,0 a 11,6.

“Estos datos muestran que las escuelas primarias del Estado tienen cada vez más docentes y menos alumnos. La reducción de la matrícula en las escuelas estatales no es fruto de la deserción escolar (que en primaria es baja), sino de la fuga de los padres hacia las escuelas privadas. Prueba de ello es que en el mismo período la matricula en escuelas privadas subió de 982 mil a 1,24 millones de niños. Estas tendencias sugieren que el ausentismo en las escuelas del Estado es alto y que esto es percibido por las familias que optan por migrar hacia las escuelas privadas. En tanto, se siguen creando cargos en el Estado hasta llegar a la irracionalidad de crearse un nuevo cargo docente por cada 8 niños que dejan las escuelas estatales.” [3]

Variaciones en la matrícula y cargos docentes en escuelas primarias del Estado

2004 – 2015

La circunstancia de que cada vez haya más “docentes” (es una forma benévola de llamarlos) estatales y menos alumnos está indicando a las claras que se están destinando mayores dosis de recursos al área estatal educativa. Esto significa (en términos lisos y llenos) que el sector privado educativo tiene -en esa misma o mayor proporción- menos fondos. Porque, lo que pocas veces se menciona en estos análisis, es que -como explicaba el profesor Ludwig von Mises- por cada centavo que el gobierno gasta significa que hay un centavo menos para gastar por parte del ciudadano de a pie. En otras palabras, se produce un proceso de desinversión en el área educativa privada, y muchos proyectos de padres orientados a financiar escuelas y centros educativos particulares se ven frustrados por la intromisión estatal en el área.

Este es el verdadero problema, que no se cita en el informe ni en muchos otros. El “presentismo” educativo es un incentivo a la vagancia, y a posteriores reclamos por los consabidos “derechos adquiridos” y las falsas “conquistas sociales” que siempre esgrimen los sindicalistas que, amparados por privilegios y prebendas como la legislación fascista de la “personería gremial”, se permiten extorsionar a los gobiernos para que succionen más recursos de los contribuyentes, vía impuestos y otras estratagemas y artilugios legales, con tal de ver sus ingresos y arcas sindicales y las de sus afiliados y seguidores cada vez más rebosantes, frente a las más lánguidas de los castigados contribuyentes.

No hay que premiar el “presentismo”, sino que hay que castigar el ausentismo de manera ejemplar, con inapelables descuentos de haberes por incumplimientos a las pautas contractuales.

[1] IDESA: “DISMINUYE LA MATRICULA, PERO AUMENTA EL PLANTEL DOCENTE” informe del 25 de febrero de 2018 – Número 745

[2] IDESA, ibidem.

[3] IDESA, ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La legislación laboral nazi argentina

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/la-legislacion-laboral-nazi-argentina.html

 

Son notables las semejanzas entre la legislación laboral del partido de Hitler y las vigentes a hoy día en la República Argentina. Dos expertos nos cuentan como eran las leyes laborales de los nazis:

“El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieran tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento fue el resultado de 10 años de legislación, comenzando en 1918, cuyo objetivo apuntaba a “ampliar el alcance, la fuerza y la autoridad de los sindicatos”. Estas leyes incluían un sistema de mediación y arbitraje mediante el cual las discusiones paritarias tenían lugar entre los sindicatos y los empleadores y organizaciones de empleadores; este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado que regulara las relaciones laborales.”[1]

Lo que implica a decir que los sindicatos se mantienen, en realidad, artificialmente. No estaban sostenidos en el respaldo de una enorme masa de afiliados, sino que su único sostén era todo un entramado de leyes que se crearon específicamente para apuntalarlos como instrumentos del poder de turno. Sorprendería la similitud de la organización sindical nazi con la de la Argentina de nuestros días si no se supiera -como ya se sabe- que fue el régimen de Juan Domingo Perón quien copió la ordenación laboral nazi y la adaptó a la Argentina. Lo que si sorprende es que esta se hubiera mantenido casi sin tocar desde los años 1940 hasta el día de la fecha. Sigue vigente en este país la ley N° 14250 de asociaciones profesionales y la ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) que, básicamente, responden a las mismas directrices que se señalan en la cita de arriba.

“El corolario de esta práctica fue que la ley no reconocía a los sindicatos de una empresa o a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder la afiliación a sus sindicatos.”[2]

Esta figura, que en Argentina la ley mencionada (N° 14250) designa con el nombre de personería gremial, esta, en realidad, tomada de la Carta dil Lavoro de Benito Mussolini de 1922. En los hechos, implica que el gobierno otorga un monopolio artificial a un sindicato por encima de cualesquiera otros, para “negociar” (en rigor, imponer) las “condiciones de trabajo” que el sindicato (con el beneplácito del gobierno, obviamente) desea al resto de los empleadores del país. El efecto económico de este tipo de organizaciones es sumamente claro: elevación de los salarios nominales por medio de leyes o acuerdos de salarios mínimos y su consecuencia ineluctable: altas tasas de desocupación.

“Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos, cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno se incrementó.”[3]

Nuevamente, aparecen las similitudes con la legislación laboral actual en Argentina. La función de las comisiones oficiales de arbitraje nazis es exactamente la misma que cumplen los ministerios de trabajo en Argentina, los que -entre otras regulaciones- tiene la facultad de homologar (o no hacerlo) esos supuestos “acuerdos colectivos” a los que llegan las partes. Y en caso de no llegar a ningún entendimiento, imponer el propio a criterio del ministro del ramo de turno. En rigor, no se “resuelven” las discrepancias (las que quedan latentes) sino que se impone la decisión última de un tercero ajeno al conflicto (el gobierno mediante el ministerio de trabajo). Sigamos con los nazis:

“El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebrado con una empresa en un determinado distrito a todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en ese distrito. Esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos que seleccionarían a la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar.”[4]

Continúan aquí las notables analogías entre la legislación nazi y la Argentina de nuestros días. La misma facultad otorga la legislación argentina al ministerio de trabajo cuando decreta la homologación de lo que la ley denomina “convenciones colectivas de trabajo” y que no son otra cosa más que esos pseudo-acuerdos que se dicen “lograr” en las también llamadas “negociaciones paritarias”. La homologación predicha no es más que una resolución del ministerio de trabajo que extiende los alcances y efectos del “acuerdo” homologado a todas las empresas de la misma rama o del sector por actividad con alcance nacional (en el caso nazi parece que era más limitado y solo abarcaba y se limitaba al distrito).

“A pesar de ello, aún existían ciertas instancias en las que el acuerdo fracasaba y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes en desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba sólo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó.”[5]

Por supuesto, y esto es lo importante, no se aceptaba o se desconocía el mecanismo de fijación de salarios del propio mercado libre que es el único que determina realmente los salarios justos. Los nazis tenían como propósito desmantelar todo vestigio de libre mercado en todas las áreas que dominaban. Y procedieron al principio en forma gradual, si bien en el corto y mediano plazo extendieron sus tentáculos hacia toda forma de manifestación (sea económica o no económica). En suma, era el gobierno que, al final del camino, termina imponiendo el salario que -a juicio del burócrata de turno- “correspondía” o era el “justo”. Nuevamente, son notables los paralelismos con lo que hoy en día sucede en la legislación laboral argentina, donde hay mediadores en instancias previas y en casos colectivos el mediador es el propio ministerio de trabajo. Igualito que los nazis.

[1] ROBERT L. SCHUETTINGER – EAMONN F. BUTLER. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pag. 97-98

[2] Ibidem, p. 97-98

[3] Ibidem, p. 97-98

[4] Ibidem, p. 97-98

[5] Ibidem, p. 97-98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿FLEXIBILIZAR O LIBERAR EL TRABAJO?

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Aparecieron algunas declaraciones en Francia y en Brasil sobre una eventual “flexibilización” del mercado laboral y en Argentina, frente a varias requisitorias periodísticas los gobernantes niegan la denominada flexibilización pero se declaran a favor de aliviar costos laborales a través de negociaciones sectoriales. En verdad no resulta claro el significado de esas políticas aunque tiende a sacarse de encima ciertas rigideces legales que no permiten arreglos contractuales libres y voluntarios pero, sin embargo, mantienen estructuras autoritarias.

 

Si se desea contar con  un mercado laboral en el que las partes respeten lo acordado libremente sin intromisiones directas o indirectas de los aparatos estatales y consecuentemente sin interferencias sindicales que en definitiva perjudican a los trabajadores, si se apunta a esto debe liberarse el mercado y no simplemente flexibilizarse.

 

Al efecto de clarificar el tema debemos comenzar por señalar en primer término que cuando se alude al trabajo se trata de todos los que trabajan, lo cual contradice una supuesta distinción entre “el capital y el trabajo”, por un lado, porque los bienes de capital no pueden contratar, son inanimados, y, por otro, es como si los administradores de esos bienes no trabajaran para su sustento y el de su familia.

 

Menos aun tiene sentido hacer referencia a una supuesta “clase trabajadora” para circunscribirla a los que están en relación de dependencia lo cual es consecuente con la visión marxista de clase de persona en el contexto de su teoría del polilogismo donde el proletariado tendría una estructura lógica diferente de la del burgués sin nunca aclarar en que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

 

Una vez despejado lo dicho debemos precisar que en un mercado libre no hay tal cosa como sobrante de aquél factor esencial para brindar servicios y para producir bienes cuyas necesidades son ilimitadas en relación con los recursos disponibles. Es decir, por el principio de no contradicción, una cosa no  puede ser escasa y al mismo tiempo sobrante. Entonces, el desempleo involuntario es un imposible en un mercado abierto para personas normales.

 

Cuando observamos que en cierto lugar hay desocupación es necesariamente debido a interferencias legislativas que, por ejemplo, establecen salarios superiores a los de mercado. Precisemos también que la única causa de los salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización, es decir, el monto de inversiones que hacen de apoyo logístico al trabajo para incrementar su productividad.

 

Si los salarios están en cierto nivel y se dispone su aumento por decreto, los primeros perjudicados son los trabajadores marginales que son los que más necesitan del empleo debido a que en ese caso las tasas de capitalización reflejan salarios menores a los decididos por el decreto en cuestión. Sin duda que resultaría muy atractivo si se pudiera elevar el nivel de vida de la gente por decreto, en cuyo caso no habría que andarse con mezquindades y convertir a todos en millonarios. Pero desafortunadamente las cosas no son así. Los salarios más altos en Estados Unidos respecto de Uganda no lo son  debido a una legislación más jugosa ni debido a que los empresarios son más generosos que en otras partes. Se debe a mayores tasas de capitalización. Del mismo  modo, los bajos salarios en Uganda no lo son porque la los gobernantes les falte imaginación para elevarlos por decreto, se debe a la escasez de inversiones.

 

Lo dicho en modo alguno va solo para obreros, éstos son los principales perjudicados porque el embate de la legislación laboral destruye su trabajo pero si esa legislación pretendiera abarcar a los gerentes imponiendo remuneraciones superiores a los de mercado, ellos, los gerentes, quedan sin encontrar empleo.

 

Tampoco hay tal cosa como “desempleo friccional” (que se produciría en la transición entre un trabajo y otro) puesto que bajando lo suficiente la remuneración pretendida se logra la ocupación ya que las necesidades son ilimitadas frente al siempre escaso factor laboral. Si se produce desempleo en la transición es desempleo voluntario no involuntario ya que se apunta a una retribución al momento superior a lo que ofrece el mercado, por lo que se prefiere esperar a una mejor oportunidad y no aceptar lo que se ofrece en esas circunstancias.

 

Respecto a los sindicatos es menester reiterar que en una sociedad libre se trata de asociaciones cuyos fines lo deben establecer los sindicados, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. Pero son absolutamente incompatibles con la libertad sindical figuras como la llamada “personería gremial” muy distinta de la simple personería jurídica con la que debe contar toda asociación lícita. La antedicha personería gremial es una figura fascista calcada de la Carta di Lavoro de Mussolini que convierte a los sindicatos en piezas autoritarias. Toda manifestación de monopolio sindical, de usufructo compulsivo de obras sociales, de afiliaciones obligatorias de modo directo o indirecto, de aportes y descuentos forzosos constituyen prepotencias que afectan gravemente a los trabajadores.

 

Por su parte, las huelgas pueden entenderse como el derecho a no  trabajar que tiene todo trabajador en cualquier momento si da cumplimiento a acuerdos anteriores, pero lo que no es aceptable es la huelga entendida como un procedimiento intimidatorio y violento en el que no se permite que los que están en desacuerdo trabajen y otras arbitrariedades semejantes.

 

Hay determinadas legislaciones que son en verdad insultos a la inteligencia, como por ejemplo el denominado “aguinaldo”, a saber, un sueldo anual que se presenta como adicional, estirando el calendario. En realidad no se puede alargar el año por una disposición gubernamental: son doce meses no trece, si se paga un sueldo adicional quiere decir que se habrá disminuido el pago mensual durante los  otros doce meses ya que, como queda dicho, los salarios dependen de las tasas de capitalización y no de un voluntarismo trasnochado.

 

Lo mismo va para las vacaciones, las normas de seguridad en el trabajo, los  descansos dominicales, los  paréntesis por  maternidad, horarios  laborales y demás beneficios. Más aun, cuanto mayor las inversiones, mayores serán los  beneficios: cuando un funcionario reclama determinada música funcional, determinada pintura para su oficina, cierto confort en la planta industrial o el dormir siesta en el lugar de trabajo, se logra debido a las tasas de capitalización vigentes. En esa situación si el empleador  no acepta lo dicho, se quedará sin personal.

 

En  otros términos, lo que se conoce como “conquistas sociales” impuestas por la autoridad pueden solo  producir uno de dos resultados: si están por debajo o son equivalentes a lo que marcan las tasas de capitalización, el resultado  es neutro, pero si son superiores a esas tasas, como se ha visto, el resultado  es el desempleo (y si se pretende disimular con emisión monetaria para convalidar esas “conquistas”, el resultado es la inflación, o sea el recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores).

 

Los marcos institucionales deben circunscribirse al respeto irrestricto a lo estipulado, en otros términos a la aplicación de todo el rigor de la ley cuando hay fraude o engaño cualquiera sea la circunstancia. En este sentido, es indignante observar que van  presos los  ladrones de gallinas pero no van presos empresarios que han estafado a sus clientes o engañado a sus empleados (generalmente son los  prebendarios que explotan  a la gente a través de su alianza con el poder político para contar con mercados cautivos).

 

También las legislaciones contemporáneas suelen imponer “participación en las ganancias”, “cogestión” o ambas disposiciones. En el primer caso se establece por ley que tales y cuales trabajadores deben  participar en las ganancias  lo cual desvía los siempre escasos recursos a otras áreas distintas a las establecidas por medio de arreglos contractuales libres, lo cual consume capital, situación que no solo perjudica el servicio en cuestión sino  que reduce salarios.

 

Por su lado,  la “cogestión” impone administradores distintos de los que los consumidores han elegido a través de sus compras y abstenciones de comprar en el mercado, lo cual también no solo desmejora la calidad del servicio sino que contre salarios debido al desperdicio de factores de producción.

 

Dadas las concepciones atrabiliarias que muchas veces rodean a las relaciones laborales, debe enfatizarse que en toda ocasión el respeto debe ser recíproco. Ilustro la idea con el siguiente ejemplo: supongamos que el autor de estas líneas trabaja para el lector de esta nota en casa de este último, esto no significa que al suscripto le asistan derechos sobre la casa y el patrimonio del lector. Se trata de un arreglo contractual que dura mientras dure la relación laboral. Cuando el lector ya no me necesita no puedo exigirle que me siga contratando. Del mismo modo, si decido dejar el trabajo tengo todo el derecho de hacerlo. Estos comportamientos no significan que no pueda incluirse en el contrato las condiciones de una desvinculación. Decimos esto porque no es infrecuente que los contratados pretendan manejar las vidas y los emprendimientos de los contratantes como si fueran propias, y en no pocas ocasiones con el apoyo logístico de los gobernantes de turno. El empleador debe ser muy cuidadoso de lo convenido con el empleado, de lo contrario debe ser severamente penado y el empleado debe también ser respetuoso del contrato laboral libre y voluntario.

 

Se suele argüir que no es válido un contrato entre quienes cuentan con muy distintos patrimonios sin percatarse que esto es absolutamente irrelevante. Si el millonario de una comunidad ofrece una remuneración menor a la que establece el mercado, sencillamente no contará con la colaboración requerida sin importar el volumen de su cuenta corriente (o, para el caso, sin importar si está quebrado: el salario de mercado es el salario de mercado que no depende de las ganas de las partes sino de las inversiones).

 

También es de interés señalar que hay cada vez más relaciones laborales que no exigen horarios ni lugares específicos de trabajo sino el cumplimiento de objetivos y, asimismo, trabajos que oscilan en cuanto a los contratantes para muy diversos propósitos.

 

En otras palabras, el caza-bobos de las “conquistas sociales” (más bien “derrotas antisociales”) son una barrera formidable para el progreso de los trabajadores, constituyen una máscara peligrosa que esconde un arma muy potente para relegar a un segundo plano a los que más necesitan con cantos de sirena utilizados en procesos electorales. Por tanto, no se trata de flexibilizar sino de liberar el trabajo al efecto de dar rienda suelta a la creatividad en el contexto del respeto al fruto del trabajo ajeno. Flexibilizar es algo ambiguo, confuso y muy timorato.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El fracaso de los acuerdos de precios y salarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1859088-el-fracaso-de-los-acuerdos-de-precios-y-salarios

 

Dado que el Presidente solicitó que se le adviertan sus errores, es bueno recordar que los controles de las variables del mercado por parte del Estado siempre han producido efectos negativos que postergan la recuperación de la economía.

 

Si realmente queremos ayudar al Gobierno que acaba de asumir, debemos seguir el consejo del Presidente en ejercicio que en su alocución inaugural afirmó que hay que alertar sobre posibles errores. De eso se trata, salimos de una degradación superlativa de las instituciones republicanas y los indicadores económicos más relevantes han quedado sumamente dañados.

Es muy saludable el espíritu de conciliación, de retomar relaciones normales con el mundo, rechazar políticas nefastas como el tristemente célebre caso iraní, sancionar debidamente la corrupción, tender al federalismo fiscal y asegurar la elemental seguridad de las vidas y las haciendas de todos. Es muy necesaria la referencia a la independencia de la Justicia y espero se confirme la idea que ahora se está considerando de rectificar el procedimiento inaceptable para cubrir dos vacantes en la Corte.

Pero para no remontarnos más atrás, desde Diocleciano hasta la fecha han fracasado rotundamente todos los intentos de establecer “precios cuidados” (un eufemismo para precios máximos). El pretendido control de precios, aunque sea circunstancial, siempre produce cuatro efectos centrales que no sólo postergan la recuperación sino que agravan la situación.

Primero, cuando el precio se establece a un nivel inferior al que hubiera estado en el mercado, naturalmente se expande la demanda. Segundo, en el instante inicial, por el hecho de que la demanda se expande no aparece una mayor oferta, por tanto se produce un faltante artificial. Tercero, los productores marginales, los menos eficientes, al reducirse su margen operativo desaparecen del mercado, con lo que se agudiza el referido faltante. Y cuarto, al alterarse los precios relativos y consecuentemente los indicadores de los diversos márgenes operativos, artificialmente surgen otros reglones como más atractivos y, por ende, se invierte en áreas que en verdad no son prioritarias, lo cual se traduce en derroche de capital que, a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

Lo mismo va para el reiterado “acuerdo de precios y salarios” que se ha aplicado sin solución de continuidad en nuestro país desde el intento corporativo de los años 30. El tema consiste en arreglar los desaguisados fiscales y monetarios -en el contexto de reducir el tamaño del aparato estatal- a los efectos de transferir recursos a los bolsillos de la gente. En el interín, no se deben adoptar políticas que, como queda dicho, comprometen aún más la situación lamentable que recibe el nuevo gobierno ni dejarse tentar por tomar más deuda para mantener la gigantesca estructura gubernamental que carcome la productividad de todos.

En El espíritu de la Revolución Fascista, donde se recopilan los discursos de Mussolini, después de hacer una apología del corporativismo concretado en acuerdos de precios y salarios, el “Duce” sostiene que esa es la manera en que “hemos sepultado al Estado democrático [.]. A ese viejo Estado que enterramos con funerales de tercera, lo hemos sustituido por el Estado corporativo”. Esos acuerdos “entre el capital y el trabajo” son reiterados en el manifiesto fascista de Verona y copiados por los populismos de toda laya con los resultados conocidos.

Es que la estructura de precios en un mercado libre y competitivo no depende de la voluntad de empresarios ni de gremialistas sino de las valorizaciones cruzadas de los consumidores que, a su turno, están vinculadas en términos nominales con el valor de la moneda, que mantiene un estrecho correlato con la expansión de la base monetaria provocada por la banca central.

Constituye una torpeza mayúscula el asignar un significado peyorativo a la especulación puesto que no hay ser humano que no especule, es decir, que pretenda pasar de una situación a su juicio desfavorable a una que le proporcione mayor satisfacción. La madre especula que su hijo estará mejor, el que estudia especula con que recibirá el título, el comerciante especula con una ganancia. No hay acción sin especulación.

Ahora bien, los precios no se incrementan a puro rigor de expectativa o especulación, se elevan debido a la antes mencionada expansión monetaria o debido a una caída en la productividad. Si un comerciante tiene la expectativa o especula que sus costos de reposición se elevarán debido a la inflación y, por ende, aumenta los precios, se producirá uno de dos resultados: o el comerciante tenía razón y la moneda convalidó esa suba o se equivocó, en cuyo caso, debe reducir sus precios si pretende mantener sus ventas, de lo contario verá que se contraen.

Es de interés aprender de la historia y no tropezar con la misma piedra, dados los repetidos antecedentes en materia de control de precios y absurdos acuerdos de precios y salarios, como si un grupo de capitostes reunidos en un cuarto, concentrando ignorancia, pudiera sustituir los millones de arreglos contractuales en un contexto de conocimiento disperso y fraccionado.

Y nada de machacar, como se ha hecho en el pasado, con que se trata de medidas transitorias mientras se sale del pozo, porque de ese modo se profundiza el pozo. Las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos fue calcada por Perón de la Carta del Lavoro de Mussolini y, desde ese momento, ningún gobierno la abrogó con el propósito de usar el movimiento obrero en provecho propio. Los sindicatos son muy útiles en una sociedad abierta, pero la figura de la “personería gremial”, a diferencia de la personería jurídica, conduce a todo tipo de abuso en perjuicio principal de los más necesitados.

La característica central del fascismo es permitir que los particulares registren la propiedad a su nombre, aunque la use y disponga de ella el gobierno, en la práctica, a través de regulaciones omnicomprensivas con que el aparato estatal maneja el flujo de fondos de las empresas “privadas” que en realidad están privadas de toda independencia.

Sabemos que el político no puede articular un discurso que la opinión pública no pueda digerir. Por eso, el problema medular es educativo. No puede pretenderse que se asuma la tradición alberdiana, pero por lo menos puede sugerirse que no se repitan errores gruesos para no darle la razón a Aldous Huxley en el sentido de que “la lección de la historia es que no se aprendió la lección de la historia”.

Milton Friedman ha consignado en el primer capítulo de su libro La tiranía del status quo que lo que un gobierno no hace en los primeros seis/nueve meses no lo hace nunca. No hay tiempo que perder si es que deseamos fervientemente el éxito de la actual gestión gubernamental.

No se trata de quejarse cuando ya es tarde, sino de razonar con calma y ponderadamente.

Es pertinente subrayar lo dicho por el nuevo Presidente en su acto de asunción respecto de que apunta al logro de la “justicia social”. Esta expresión tan manoseada puede tener sólo dos significados: o es una grotesca redundancia ya que los minerales, los vegetales o lo animales no son sujetos de derecho y, por ende, la justicia sólo es humana, léase social; o bien se traduce en sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlos a quienes no les pertenece, lo cual constituye la antítesis de la justicia en el sentido de “dar a cada uno lo suyo”.

En este último contexto es que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek ha escrito que el adjetivo “social” aplicado a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo: justicia social, derechos sociales, constitucionalismo social, etc.

Es bueno que miembros del actual elenco gobernante se hayan pronunciado por la importancia de contar con marcos institucionales civilizados y será ardua la tarea parlamentaria en busca de los necesarios consensos para revertir lo sucedido hasta el momento, pero parte fundamental de esos marcos consiste en no enredarse en acuerdos corporativos que se encuentran en las antípodas de un sistema republicano, donde deben primar los arreglos contractuales entre las partes siempre que no lesionen derechos de terceros.

Nuestro país está agotado y consumido por décadas y décadas de populismo y demagogias que operaron bajo las más diversas denominaciones pero en todos los casos bajo el paraguas del común denominador de agrandar las funciones gubernamentales que no sólo se alejan sino que contradicen sus funciones primordiales de garantizar las libertades de todos. Evitemos las iniciativas archiconocidas y fracasadas estrepitosamente y que se apartan de los objetivos comunes del bienestar general.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

PROGRAMA POLÍTICO PARA EL AÑO VERDE

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

A continuación propongo algunos puntos para cuando la faena educativa sea de tal magnitud que gran parte de la población entienda y acepte el significado de vivir en una sociedad libre donde el respeto recíproco resulte la columna vertebral, por lo que nos habremos liberado de tecnócratas y megalómanos cuya morbosa fascinación consiste en manejar compulsivamente vidas y haciendas ajenas.

 

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. El sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado”, es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles sino contraproducentes (como el tragicómico ministerio de economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas puesto que no puede controlarse la economía, el ministerio de educación que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de bienestar social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

 

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto a irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

 

En cada punto no me extenderé en los fundamentos puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

 

  1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas sino también a corruptos en el gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial donde en las relaciones contractuales las partes establecen quienes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos como sugirió Montesquieu con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades dado que cualquiera puede ejercer el cargo que, además, estará compuesto por un Triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

 

  1. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

 

  1. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el “free banking” en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo puesto que no  generan producción secundaria y exógena de dinero).

 

 

  1. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos ya que el “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

 

  1. Poner también en venta todas las llamadas “empresas estatales” puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área es más importante que funcione bien que cuando algo es “de todos” no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: el que da en la tecla en las preferencias del prójimo, gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, al efecto de preservar la tan indispensable libertad de prensa debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

 

  1. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todos las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas harán las tareas correspondientes y siempre en base a datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos, deberán concentrarse en la casa de gobierno liquidando todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

 

  1. Todos los aranceles y tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la “industria incipiente” como una mala excusa de pseudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: o el proyecto es un cuento chino o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado “gradualismo” implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho por lo que de modo gradual se siguen lesionando derechos.

 

  1. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la “personería gremial”, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización, en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

 

  1. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva y, también un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto a los gastos que requiera la administración es jurisdicción del gobierno central). Esta perspectiva hará que en los gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en dirección a contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

 

  1. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes) puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

 

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

 

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del status quo. El coraje de hombres como Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios; no siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven  obligados a retroceden nuevamente puesto que no han hecho nada por marcar la agenda sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

 

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del  respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Apunte sobre legislación sindical

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 28/6/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7343

 Contemporáneamente en casi todos lados se ha adoptado la visión fascista de la Carta del Lavoro de 1927 que, a su vez, respondiendo a la genealogía de Mussolini, se basa en la noción marxista de “las relaciones contractuales entre el capital y el trabajo”, primer error conceptual puesto que el capital no negocia ya que se trata de maquinarias y equipos, son distintas formas de trabajo que en una sociedad libre arriban a salarios monetarios y no monetarios según sea la tasa de inversión correspondiente (esa es la diferencia entre los salarios en Angola y Canadá, no los decretos y leyes que se promulgan con criterios voluntaristas).
 
Vamos por pasos en este asunto. En un ambiente civilizado, un sindicato es una asociación libre y voluntaria que se establece para todo aquello que los sindicados consideren pertinente (a menos que se trate de lesión de derechos de terceros en cuyo caso se convierte en una asociación ilícita). Generalmente en estos contextos la función primordial del sindicato consiste en informar a sus miembros de los salarios obtenidos en distintos lugares y actividades ya que si bien los ingresos en términos reales dependen de la inversión per capita que hace posible incrementos en la productividad del trabajo (no es lo mismo arar con las uñas que con un tractor), las cifras no aparecen en algún tablero universal sino que hay que averiguarlas (cosa que no es una faena difícil, de lo contrario pruébese remunerar a una secretaria en niveles bajo el mercado y se comprobará que no dura ni siquiera pasada la hora del almuerzo del primer día laborable).
 
Lo dicho no es óbice para que las referidas asociaciones establezcan otros servicios y otras condiciones para ser miembro aunque alguna puede aparecer chocante o ridícula como la de pertenecer a cierto partido político o, para el caso, condiciones para el salto de garrocha, todo es aceptable siempre que se trate de acuerdos libres y voluntarios entra las partes.
 
Observamos, sin embargo, que la situación es muy otra en nuestro mundo de hoy. Se impone que los empleadores descuenten compulsivamente contribuciones o cuotas sindicales enmascaradas o explícitas y de obras sociales a todos los empleados en relación de dependencia, lo cual constituye una inmoralidad superlativa. Se desconfía que los candidatos aporten voluntariamente a las cajas sindicales. Más aun, al universo que se le ha descontado para obras sociales se le requiere el carnet de afiliación para hacer uso de dichos servicios (generalmente muy deficientes como todo lo monopólico artificial) con lo que, de facto, significa membresía forzosa. De ninguna manera esto implica que los sindicatos no puedan contar con servicios médicos denominados “obras sociales”, de lo que se trata es que sean voluntarias y que compitan con otras. Un amigo co-fundador de dos mutuales de medicina muy prestigiosas en Argentina me decía que hicieron un estudio para extender el servicio a personas de menores ingresos pero la legislación sindical no les permitió competir. Desde luego que esta situación compulsiva se presta para todo tipo de maniobras por parte de la dirigencia sindical.
 
Otra característica de esta extendida legislación fascista es la llamada “personería gremial” que no es la simple personería jurídica que debe otorgársele a toda asociación libre, sino que es una figura que significa que la autoridad gubernamental la concede a un sindicato por rama de actividad que compulsivamente representa a todos los que trabajan en esa área y bloquea que lo hagan otros en grupo o lo hagan personas individualmente con lo que se impone la contratación colectiva por la fuerza. Nada tiene de objetable la contratación por grupos si los trabajadores lo prefieren, pero, como queda dicho, en este caso se trata de recurrir a la legislación para imponerlo y direccionado en cierto sindicato (que habitualmente se dice “el más representativo” con lo que se elimina a otros sindicatos o representaciones personales para negociar sus preferencia ya que si voluntariamente los trabajadores decidieran otorgar representatividad en ese mismo sindicato al que se le concede la personería gremial no habría necesidad de escudarse en esta figura coercitiva, que en estos contextos solo pueden eventualmente zafar de la imposición a través de contrataciones temporarias y similares).
 
Esta maraña legislativa en materia sindical y laboral en general conduce al mercado informal al efecto de evitar todos los impuestos al trabajo que expulsan de las posibilidades laborales a los que más necesitan trabajar ya que, como queda dicho, los salarios no dependen de la voluntad del legislador sino de las referidas tasas de capitalización que cuando se establecen por encima de esa marca aparece el desempleo. En cambio, en un clima de arreglos contractuales libres y voluntarios nunca sobra aquello que es indispensable para brindar servicios y producir bienes ya que, precisamente, el problema económico consiste en que los bienes y servicios son escasos en relación a las necesidades (de lo contrario estaríamos en Jauja, es decir, habría de todo para todos todo el tiempo, en cuyo contexto nadie demandaría empleo). La tragedia de la desocupación siempre se debe a la intromisión forzosa de legislaciones que no permiten contratar libremente, situación en la que se entrometen los aparatos estatales a través de lo que se ha dado en llamar “arbitraje” o “conciliación obligatoria”.
 
En esta misma línea argumental se impone una peculiar forma violenta de huelgas. En lugar de entender la huelga como el derecho a no trabajar que lo tiene cualquier persona libre, se introduce la idea del “derecho a estar y no estar al mismo tiempo en el lugar de trabajo”, es decir, quien se declara en huelga no trabaja pero tampoco permite que otros sean contratados en esa empresa (por medio de piquetes intimidatorios o por medio del decreto gubernamental), con lo que se conduce al desempleo o a través de la disminución del poder adquisitivo por medio de la inflación monetaria al efecto de cubrir la desocupación que de otro modo hubiera surgido ya que los salarios no son nunca consecuencia del voluntarismo sino de la realidad económica.
La huelga como el natural y a todas luces lícito derecho a no trabajar somete al empleador a una de dos posibilidades: o contrata a otros si es que lo que ofrece son salarios de mercado o debe incrementar la paga si es que estaba bajo el nivel que exigen las tasas de inversión.
 
Toda la nociva legislación a que nos venimos refiriendo parte de la falacia de “la teoría de la desigualdad en el poder de contratación” la cual sostiene que no es permisible que el gobierno no intervenga cuando quienes contratan tienen diferentes patrimonios lo cual pondría en desventaja al más débil. Esto así está mal planteado. La desigualdad patrimonial en el contrato es del todo irrelevante, nuevamente lo decisivo es la cuantía de inversión y los consiguientes marcos institucionales que permiten la formación de ahorro interno y externo en el lugar para ampliar esa inversión. En otros términos, si un multimillonario llega a un lugar y averigua cuanto debe remunerarse a un trabajador para pintar su casa y decide ofrecer la mitad porque es muy rico, sencillamente no podrá pintar su casa (para el caso no importa si su cuenta corriente es muy abultada o si está quebrado).
 
Las remuneraciones de las que estamos hablando incluyen todas sus formas tanto monetarias como las no monetarias. Si las cosas no fueran de esta manera no habría que ser tímido en los pedidos y lanzar un decreto por el que todos se conviertan en millonarios, pero lamentablemente las cosas no son así. Obsérvese que en el caso argentino (y en otros) los salarios del peón rural y los de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España (de allí es que en esas épocas la población se duplicaba cada diez años debido a la inmigración), situación que operaba cuando los arreglos contractuales se guiaban por el Código Civil de 1869 y los problemas para los más necesitados comenzaron en paralelo con la legislación de las mal denominadas “conquistas sociales” a partir de los años cuarenta y sin solución de continuidad hasta el presente, puesto que todos los gobiernos (civiles y militares) pretendieron y pretenden utilizar el movimiento obrero en provecho propio sin abrogar las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos y equivalentes que constituyen la raíz del problema que embretan a los genuinos trabajadores en favor de la cúpula sindical.
 
Este tema de la incomprensión respecto a las causas de los niveles de salarios no se circunscribe a sindicatos y afines sino que abarca territorios mucho más amplios. Hace un tiempo estaba yo dictando un seminario en una cámara empresarial y uno de los asistentes (muy conocido) me preguntó que si no se aceptaba la huelga intimidatoria como se incrementarían salarios, con lo que se pone de manifiesto el grado de confusión mayúsculo que también incluye al empresariado (y a muchos otros sectores) que en no pocas ocasiones avala los absurdos e improcedentes “consejos de salarios” como si éstos fueran el resultado de la “puja distributiva” desconociendo en forma absoluta el significado elemental de los procesos de mercado.
 
En momentos de escribir estas líneas el caso argentino revela que el movimiento sindical se subleva frente al actual gobierno debido a excesivas presiones fiscales al trabajo para financiar el creciente gasto público, situación que escandaliza y sorprende al aparato estatal del momento que no puede creer que pasen por izquierda a una estructura que se autoconsidera “progresista”, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo solo que hay dos competidores por la imposición de condiciones desfavorables al trabajador que se encuentra en medio de una operación pinza y que, en definitiva, siempre paga los platos rotos.
 
Resulta indispensable y muy urgente revisar las falacias, los mitos y las grotescas tergiversaciones históricas tejidas en torno a los temas aquí apuntados y abandonar la hipocresía de escudarse bajo el manto de los pobres al efecto de explotarlos miserablemente.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.