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Educación, gasto e incentivos

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/02/educacion-gasto-e-incentivos.html

 

“Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo aparece condicionado por la amenaza de paros docentes. Si bien la situación es diversa según la provincia, es altamente probable que para la mayoría de los alumnos el comienzo de las clases no sea dentro de las fechas previstas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito que por su tamaño tiene incidencia en el resto del país, la oferta del gobierno se integra por una recomposición salarial en línea con la meta de inflación del año 2018 más un adicional por presentismo.”[1]

El problema de fondo -como tantas veces hemos insistido- es la educación estatal (mal llamada “pública”, porque, en realidad, es restrictiva y coercitiva). Los artilugios salariales no han solucionado nunca el problema educativo estatal y, recurrentemente, desde hace décadas la situación que describe el informe se viene repitiendo, al tiempo que las recetas de su posible solución siguen siendo las que el mismo informe sugiere, las que ya se han ensayado, una y otra vez, a lo largo de una extensa experiencia histórica en materia educativa.  La educación estatal presenta un problema doble: tanto de incentivos como de desfinanciamiento. Por un lado, el hecho de estar amparado el maestro estatal por el régimen de la estabilidad del empleado público le asegura que su nivel de “eficiencia” en su desempeño será del todo irrelevante a los fines de continuar percibiendo su estipendio por brindar un servicio malo y de pobrísima “calidad”. Por otro lado, al no estar sujeto a la competencia del mercado, el maestro o profesor estatal carecen de estímulos para mejorar y desarrollar sus posibles “potencialidades” en la enseñanza.

“El presentismo es una herramienta rudimentaria y polémica. Se justifica cuando hay un uso abusivo de licencias por enfermedad debido a la permisividad de las normas y de los sistemas de control. Pero si las tasas de ausentismo docente fueran similares al resto de los trabajadores el pago por cumplir con la obligación de ir a trabajar no es necesario.”[2]

El “presentismo” no tiene ninguna razón de ser, excepto en un esquema de ineficiencia económica como es el estatal en todos los órdenes que se examinen. Se supone que, cuando se contrata un empleado se le paga lo que acordaron libremente las partes, y que cada una recibe lo pretendido. Pero, en el marco de un acuerdo privado es totalmente válido convenir algún adicional, bonificaciones o premios. Lo que no es tolerable es hacerlo en el ámbito del empleo público, porque con lo que se está “negociando” es con los recursos del contribuyente, es decir, el de todos aquellos padres que envían a sus hijos tanto a escuelas del estado como a las “privadas”. Por otro lado, es un despropósito otorgar premios por presentarse a trabajar. Esto tiene sentido cuando la recompensa es por aumento de productividad, lo que nunca puede producirse en la esfera del área estatal en ningún campo.

“Resulta muy sugerente que ninguna provincia publique información sobre presentismo en educación. De todas formas, con datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede hacer una aproximación. Según esta fuente, tomando a todas las escuelas primarias del Estado del país entre el 2004 y el 2015 se observa que:

* La cantidad de alumnos matriculados bajó desde 3,66 a 3,31 millones de niños, es decir, hay 350 mil niños matriculados menos.

* La cantidad de cargos docentes frente a alumnos subió desde 244 mil a 285 mil cargos, es decir, hay 41 mil cargos docentes más.

*  Esto significa que la cantidad de alumnos por cargo docente bajó de 15,0 a 11,6.

“Estos datos muestran que las escuelas primarias del Estado tienen cada vez más docentes y menos alumnos. La reducción de la matrícula en las escuelas estatales no es fruto de la deserción escolar (que en primaria es baja), sino de la fuga de los padres hacia las escuelas privadas. Prueba de ello es que en el mismo período la matricula en escuelas privadas subió de 982 mil a 1,24 millones de niños. Estas tendencias sugieren que el ausentismo en las escuelas del Estado es alto y que esto es percibido por las familias que optan por migrar hacia las escuelas privadas. En tanto, se siguen creando cargos en el Estado hasta llegar a la irracionalidad de crearse un nuevo cargo docente por cada 8 niños que dejan las escuelas estatales.” [3]

Variaciones en la matrícula y cargos docentes en escuelas primarias del Estado

2004 – 2015

La circunstancia de que cada vez haya más “docentes” (es una forma benévola de llamarlos) estatales y menos alumnos está indicando a las claras que se están destinando mayores dosis de recursos al área estatal educativa. Esto significa (en términos lisos y llenos) que el sector privado educativo tiene -en esa misma o mayor proporción- menos fondos. Porque, lo que pocas veces se menciona en estos análisis, es que -como explicaba el profesor Ludwig von Mises- por cada centavo que el gobierno gasta significa que hay un centavo menos para gastar por parte del ciudadano de a pie. En otras palabras, se produce un proceso de desinversión en el área educativa privada, y muchos proyectos de padres orientados a financiar escuelas y centros educativos particulares se ven frustrados por la intromisión estatal en el área.

Este es el verdadero problema, que no se cita en el informe ni en muchos otros. El “presentismo” educativo es un incentivo a la vagancia, y a posteriores reclamos por los consabidos “derechos adquiridos” y las falsas “conquistas sociales” que siempre esgrimen los sindicalistas que, amparados por privilegios y prebendas como la legislación fascista de la “personería gremial”, se permiten extorsionar a los gobiernos para que succionen más recursos de los contribuyentes, vía impuestos y otras estratagemas y artilugios legales, con tal de ver sus ingresos y arcas sindicales y las de sus afiliados y seguidores cada vez más rebosantes, frente a las más lánguidas de los castigados contribuyentes.

No hay que premiar el “presentismo”, sino que hay que castigar el ausentismo de manera ejemplar, con inapelables descuentos de haberes por incumplimientos a las pautas contractuales.

[1] IDESA: “DISMINUYE LA MATRICULA, PERO AUMENTA EL PLANTEL DOCENTE” informe del 25 de febrero de 2018 – Número 745

[2] IDESA, ibidem.

[3] IDESA, ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

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La legislación laboral nazi argentina

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/la-legislacion-laboral-nazi-argentina.html

 

Son notables las semejanzas entre la legislación laboral del partido de Hitler y las vigentes a hoy día en la República Argentina. Dos expertos nos cuentan como eran las leyes laborales de los nazis:

“El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieran tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento fue el resultado de 10 años de legislación, comenzando en 1918, cuyo objetivo apuntaba a “ampliar el alcance, la fuerza y la autoridad de los sindicatos”. Estas leyes incluían un sistema de mediación y arbitraje mediante el cual las discusiones paritarias tenían lugar entre los sindicatos y los empleadores y organizaciones de empleadores; este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado que regulara las relaciones laborales.”[1]

Lo que implica a decir que los sindicatos se mantienen, en realidad, artificialmente. No estaban sostenidos en el respaldo de una enorme masa de afiliados, sino que su único sostén era todo un entramado de leyes que se crearon específicamente para apuntalarlos como instrumentos del poder de turno. Sorprendería la similitud de la organización sindical nazi con la de la Argentina de nuestros días si no se supiera -como ya se sabe- que fue el régimen de Juan Domingo Perón quien copió la ordenación laboral nazi y la adaptó a la Argentina. Lo que si sorprende es que esta se hubiera mantenido casi sin tocar desde los años 1940 hasta el día de la fecha. Sigue vigente en este país la ley N° 14250 de asociaciones profesionales y la ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) que, básicamente, responden a las mismas directrices que se señalan en la cita de arriba.

“El corolario de esta práctica fue que la ley no reconocía a los sindicatos de una empresa o a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder la afiliación a sus sindicatos.”[2]

Esta figura, que en Argentina la ley mencionada (N° 14250) designa con el nombre de personería gremial, esta, en realidad, tomada de la Carta dil Lavoro de Benito Mussolini de 1922. En los hechos, implica que el gobierno otorga un monopolio artificial a un sindicato por encima de cualesquiera otros, para “negociar” (en rigor, imponer) las “condiciones de trabajo” que el sindicato (con el beneplácito del gobierno, obviamente) desea al resto de los empleadores del país. El efecto económico de este tipo de organizaciones es sumamente claro: elevación de los salarios nominales por medio de leyes o acuerdos de salarios mínimos y su consecuencia ineluctable: altas tasas de desocupación.

“Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos, cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno se incrementó.”[3]

Nuevamente, aparecen las similitudes con la legislación laboral actual en Argentina. La función de las comisiones oficiales de arbitraje nazis es exactamente la misma que cumplen los ministerios de trabajo en Argentina, los que -entre otras regulaciones- tiene la facultad de homologar (o no hacerlo) esos supuestos “acuerdos colectivos” a los que llegan las partes. Y en caso de no llegar a ningún entendimiento, imponer el propio a criterio del ministro del ramo de turno. En rigor, no se “resuelven” las discrepancias (las que quedan latentes) sino que se impone la decisión última de un tercero ajeno al conflicto (el gobierno mediante el ministerio de trabajo). Sigamos con los nazis:

“El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebrado con una empresa en un determinado distrito a todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en ese distrito. Esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos que seleccionarían a la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar.”[4]

Continúan aquí las notables analogías entre la legislación nazi y la Argentina de nuestros días. La misma facultad otorga la legislación argentina al ministerio de trabajo cuando decreta la homologación de lo que la ley denomina “convenciones colectivas de trabajo” y que no son otra cosa más que esos pseudo-acuerdos que se dicen “lograr” en las también llamadas “negociaciones paritarias”. La homologación predicha no es más que una resolución del ministerio de trabajo que extiende los alcances y efectos del “acuerdo” homologado a todas las empresas de la misma rama o del sector por actividad con alcance nacional (en el caso nazi parece que era más limitado y solo abarcaba y se limitaba al distrito).

“A pesar de ello, aún existían ciertas instancias en las que el acuerdo fracasaba y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes en desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba sólo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó.”[5]

Por supuesto, y esto es lo importante, no se aceptaba o se desconocía el mecanismo de fijación de salarios del propio mercado libre que es el único que determina realmente los salarios justos. Los nazis tenían como propósito desmantelar todo vestigio de libre mercado en todas las áreas que dominaban. Y procedieron al principio en forma gradual, si bien en el corto y mediano plazo extendieron sus tentáculos hacia toda forma de manifestación (sea económica o no económica). En suma, era el gobierno que, al final del camino, termina imponiendo el salario que -a juicio del burócrata de turno- “correspondía” o era el “justo”. Nuevamente, son notables los paralelismos con lo que hoy en día sucede en la legislación laboral argentina, donde hay mediadores en instancias previas y en casos colectivos el mediador es el propio ministerio de trabajo. Igualito que los nazis.

[1] ROBERT L. SCHUETTINGER – EAMONN F. BUTLER. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pag. 97-98

[2] Ibidem, p. 97-98

[3] Ibidem, p. 97-98

[4] Ibidem, p. 97-98

[5] Ibidem, p. 97-98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿FLEXIBILIZAR O LIBERAR EL TRABAJO?

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Aparecieron algunas declaraciones en Francia y en Brasil sobre una eventual “flexibilización” del mercado laboral y en Argentina, frente a varias requisitorias periodísticas los gobernantes niegan la denominada flexibilización pero se declaran a favor de aliviar costos laborales a través de negociaciones sectoriales. En verdad no resulta claro el significado de esas políticas aunque tiende a sacarse de encima ciertas rigideces legales que no permiten arreglos contractuales libres y voluntarios pero, sin embargo, mantienen estructuras autoritarias.

 

Si se desea contar con  un mercado laboral en el que las partes respeten lo acordado libremente sin intromisiones directas o indirectas de los aparatos estatales y consecuentemente sin interferencias sindicales que en definitiva perjudican a los trabajadores, si se apunta a esto debe liberarse el mercado y no simplemente flexibilizarse.

 

Al efecto de clarificar el tema debemos comenzar por señalar en primer término que cuando se alude al trabajo se trata de todos los que trabajan, lo cual contradice una supuesta distinción entre “el capital y el trabajo”, por un lado, porque los bienes de capital no pueden contratar, son inanimados, y, por otro, es como si los administradores de esos bienes no trabajaran para su sustento y el de su familia.

 

Menos aun tiene sentido hacer referencia a una supuesta “clase trabajadora” para circunscribirla a los que están en relación de dependencia lo cual es consecuente con la visión marxista de clase de persona en el contexto de su teoría del polilogismo donde el proletariado tendría una estructura lógica diferente de la del burgués sin nunca aclarar en que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

 

Una vez despejado lo dicho debemos precisar que en un mercado libre no hay tal cosa como sobrante de aquél factor esencial para brindar servicios y para producir bienes cuyas necesidades son ilimitadas en relación con los recursos disponibles. Es decir, por el principio de no contradicción, una cosa no  puede ser escasa y al mismo tiempo sobrante. Entonces, el desempleo involuntario es un imposible en un mercado abierto para personas normales.

 

Cuando observamos que en cierto lugar hay desocupación es necesariamente debido a interferencias legislativas que, por ejemplo, establecen salarios superiores a los de mercado. Precisemos también que la única causa de los salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización, es decir, el monto de inversiones que hacen de apoyo logístico al trabajo para incrementar su productividad.

 

Si los salarios están en cierto nivel y se dispone su aumento por decreto, los primeros perjudicados son los trabajadores marginales que son los que más necesitan del empleo debido a que en ese caso las tasas de capitalización reflejan salarios menores a los decididos por el decreto en cuestión. Sin duda que resultaría muy atractivo si se pudiera elevar el nivel de vida de la gente por decreto, en cuyo caso no habría que andarse con mezquindades y convertir a todos en millonarios. Pero desafortunadamente las cosas no son así. Los salarios más altos en Estados Unidos respecto de Uganda no lo son  debido a una legislación más jugosa ni debido a que los empresarios son más generosos que en otras partes. Se debe a mayores tasas de capitalización. Del mismo  modo, los bajos salarios en Uganda no lo son porque la los gobernantes les falte imaginación para elevarlos por decreto, se debe a la escasez de inversiones.

 

Lo dicho en modo alguno va solo para obreros, éstos son los principales perjudicados porque el embate de la legislación laboral destruye su trabajo pero si esa legislación pretendiera abarcar a los gerentes imponiendo remuneraciones superiores a los de mercado, ellos, los gerentes, quedan sin encontrar empleo.

 

Tampoco hay tal cosa como “desempleo friccional” (que se produciría en la transición entre un trabajo y otro) puesto que bajando lo suficiente la remuneración pretendida se logra la ocupación ya que las necesidades son ilimitadas frente al siempre escaso factor laboral. Si se produce desempleo en la transición es desempleo voluntario no involuntario ya que se apunta a una retribución al momento superior a lo que ofrece el mercado, por lo que se prefiere esperar a una mejor oportunidad y no aceptar lo que se ofrece en esas circunstancias.

 

Respecto a los sindicatos es menester reiterar que en una sociedad libre se trata de asociaciones cuyos fines lo deben establecer los sindicados, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. Pero son absolutamente incompatibles con la libertad sindical figuras como la llamada “personería gremial” muy distinta de la simple personería jurídica con la que debe contar toda asociación lícita. La antedicha personería gremial es una figura fascista calcada de la Carta di Lavoro de Mussolini que convierte a los sindicatos en piezas autoritarias. Toda manifestación de monopolio sindical, de usufructo compulsivo de obras sociales, de afiliaciones obligatorias de modo directo o indirecto, de aportes y descuentos forzosos constituyen prepotencias que afectan gravemente a los trabajadores.

 

Por su parte, las huelgas pueden entenderse como el derecho a no  trabajar que tiene todo trabajador en cualquier momento si da cumplimiento a acuerdos anteriores, pero lo que no es aceptable es la huelga entendida como un procedimiento intimidatorio y violento en el que no se permite que los que están en desacuerdo trabajen y otras arbitrariedades semejantes.

 

Hay determinadas legislaciones que son en verdad insultos a la inteligencia, como por ejemplo el denominado “aguinaldo”, a saber, un sueldo anual que se presenta como adicional, estirando el calendario. En realidad no se puede alargar el año por una disposición gubernamental: son doce meses no trece, si se paga un sueldo adicional quiere decir que se habrá disminuido el pago mensual durante los  otros doce meses ya que, como queda dicho, los salarios dependen de las tasas de capitalización y no de un voluntarismo trasnochado.

 

Lo mismo va para las vacaciones, las normas de seguridad en el trabajo, los  descansos dominicales, los  paréntesis por  maternidad, horarios  laborales y demás beneficios. Más aun, cuanto mayor las inversiones, mayores serán los  beneficios: cuando un funcionario reclama determinada música funcional, determinada pintura para su oficina, cierto confort en la planta industrial o el dormir siesta en el lugar de trabajo, se logra debido a las tasas de capitalización vigentes. En esa situación si el empleador  no acepta lo dicho, se quedará sin personal.

 

En  otros términos, lo que se conoce como “conquistas sociales” impuestas por la autoridad pueden solo  producir uno de dos resultados: si están por debajo o son equivalentes a lo que marcan las tasas de capitalización, el resultado  es neutro, pero si son superiores a esas tasas, como se ha visto, el resultado  es el desempleo (y si se pretende disimular con emisión monetaria para convalidar esas “conquistas”, el resultado es la inflación, o sea el recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores).

 

Los marcos institucionales deben circunscribirse al respeto irrestricto a lo estipulado, en otros términos a la aplicación de todo el rigor de la ley cuando hay fraude o engaño cualquiera sea la circunstancia. En este sentido, es indignante observar que van  presos los  ladrones de gallinas pero no van presos empresarios que han estafado a sus clientes o engañado a sus empleados (generalmente son los  prebendarios que explotan  a la gente a través de su alianza con el poder político para contar con mercados cautivos).

 

También las legislaciones contemporáneas suelen imponer “participación en las ganancias”, “cogestión” o ambas disposiciones. En el primer caso se establece por ley que tales y cuales trabajadores deben  participar en las ganancias  lo cual desvía los siempre escasos recursos a otras áreas distintas a las establecidas por medio de arreglos contractuales libres, lo cual consume capital, situación que no solo perjudica el servicio en cuestión sino  que reduce salarios.

 

Por su lado,  la “cogestión” impone administradores distintos de los que los consumidores han elegido a través de sus compras y abstenciones de comprar en el mercado, lo cual también no solo desmejora la calidad del servicio sino que contre salarios debido al desperdicio de factores de producción.

 

Dadas las concepciones atrabiliarias que muchas veces rodean a las relaciones laborales, debe enfatizarse que en toda ocasión el respeto debe ser recíproco. Ilustro la idea con el siguiente ejemplo: supongamos que el autor de estas líneas trabaja para el lector de esta nota en casa de este último, esto no significa que al suscripto le asistan derechos sobre la casa y el patrimonio del lector. Se trata de un arreglo contractual que dura mientras dure la relación laboral. Cuando el lector ya no me necesita no puedo exigirle que me siga contratando. Del mismo modo, si decido dejar el trabajo tengo todo el derecho de hacerlo. Estos comportamientos no significan que no pueda incluirse en el contrato las condiciones de una desvinculación. Decimos esto porque no es infrecuente que los contratados pretendan manejar las vidas y los emprendimientos de los contratantes como si fueran propias, y en no pocas ocasiones con el apoyo logístico de los gobernantes de turno. El empleador debe ser muy cuidadoso de lo convenido con el empleado, de lo contrario debe ser severamente penado y el empleado debe también ser respetuoso del contrato laboral libre y voluntario.

 

Se suele argüir que no es válido un contrato entre quienes cuentan con muy distintos patrimonios sin percatarse que esto es absolutamente irrelevante. Si el millonario de una comunidad ofrece una remuneración menor a la que establece el mercado, sencillamente no contará con la colaboración requerida sin importar el volumen de su cuenta corriente (o, para el caso, sin importar si está quebrado: el salario de mercado es el salario de mercado que no depende de las ganas de las partes sino de las inversiones).

 

También es de interés señalar que hay cada vez más relaciones laborales que no exigen horarios ni lugares específicos de trabajo sino el cumplimiento de objetivos y, asimismo, trabajos que oscilan en cuanto a los contratantes para muy diversos propósitos.

 

En otras palabras, el caza-bobos de las “conquistas sociales” (más bien “derrotas antisociales”) son una barrera formidable para el progreso de los trabajadores, constituyen una máscara peligrosa que esconde un arma muy potente para relegar a un segundo plano a los que más necesitan con cantos de sirena utilizados en procesos electorales. Por tanto, no se trata de flexibilizar sino de liberar el trabajo al efecto de dar rienda suelta a la creatividad en el contexto del respeto al fruto del trabajo ajeno. Flexibilizar es algo ambiguo, confuso y muy timorato.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El fracaso de los acuerdos de precios y salarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1859088-el-fracaso-de-los-acuerdos-de-precios-y-salarios

 

Dado que el Presidente solicitó que se le adviertan sus errores, es bueno recordar que los controles de las variables del mercado por parte del Estado siempre han producido efectos negativos que postergan la recuperación de la economía.

 

Si realmente queremos ayudar al Gobierno que acaba de asumir, debemos seguir el consejo del Presidente en ejercicio que en su alocución inaugural afirmó que hay que alertar sobre posibles errores. De eso se trata, salimos de una degradación superlativa de las instituciones republicanas y los indicadores económicos más relevantes han quedado sumamente dañados.

Es muy saludable el espíritu de conciliación, de retomar relaciones normales con el mundo, rechazar políticas nefastas como el tristemente célebre caso iraní, sancionar debidamente la corrupción, tender al federalismo fiscal y asegurar la elemental seguridad de las vidas y las haciendas de todos. Es muy necesaria la referencia a la independencia de la Justicia y espero se confirme la idea que ahora se está considerando de rectificar el procedimiento inaceptable para cubrir dos vacantes en la Corte.

Pero para no remontarnos más atrás, desde Diocleciano hasta la fecha han fracasado rotundamente todos los intentos de establecer “precios cuidados” (un eufemismo para precios máximos). El pretendido control de precios, aunque sea circunstancial, siempre produce cuatro efectos centrales que no sólo postergan la recuperación sino que agravan la situación.

Primero, cuando el precio se establece a un nivel inferior al que hubiera estado en el mercado, naturalmente se expande la demanda. Segundo, en el instante inicial, por el hecho de que la demanda se expande no aparece una mayor oferta, por tanto se produce un faltante artificial. Tercero, los productores marginales, los menos eficientes, al reducirse su margen operativo desaparecen del mercado, con lo que se agudiza el referido faltante. Y cuarto, al alterarse los precios relativos y consecuentemente los indicadores de los diversos márgenes operativos, artificialmente surgen otros reglones como más atractivos y, por ende, se invierte en áreas que en verdad no son prioritarias, lo cual se traduce en derroche de capital que, a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

Lo mismo va para el reiterado “acuerdo de precios y salarios” que se ha aplicado sin solución de continuidad en nuestro país desde el intento corporativo de los años 30. El tema consiste en arreglar los desaguisados fiscales y monetarios -en el contexto de reducir el tamaño del aparato estatal- a los efectos de transferir recursos a los bolsillos de la gente. En el interín, no se deben adoptar políticas que, como queda dicho, comprometen aún más la situación lamentable que recibe el nuevo gobierno ni dejarse tentar por tomar más deuda para mantener la gigantesca estructura gubernamental que carcome la productividad de todos.

En El espíritu de la Revolución Fascista, donde se recopilan los discursos de Mussolini, después de hacer una apología del corporativismo concretado en acuerdos de precios y salarios, el “Duce” sostiene que esa es la manera en que “hemos sepultado al Estado democrático [.]. A ese viejo Estado que enterramos con funerales de tercera, lo hemos sustituido por el Estado corporativo”. Esos acuerdos “entre el capital y el trabajo” son reiterados en el manifiesto fascista de Verona y copiados por los populismos de toda laya con los resultados conocidos.

Es que la estructura de precios en un mercado libre y competitivo no depende de la voluntad de empresarios ni de gremialistas sino de las valorizaciones cruzadas de los consumidores que, a su turno, están vinculadas en términos nominales con el valor de la moneda, que mantiene un estrecho correlato con la expansión de la base monetaria provocada por la banca central.

Constituye una torpeza mayúscula el asignar un significado peyorativo a la especulación puesto que no hay ser humano que no especule, es decir, que pretenda pasar de una situación a su juicio desfavorable a una que le proporcione mayor satisfacción. La madre especula que su hijo estará mejor, el que estudia especula con que recibirá el título, el comerciante especula con una ganancia. No hay acción sin especulación.

Ahora bien, los precios no se incrementan a puro rigor de expectativa o especulación, se elevan debido a la antes mencionada expansión monetaria o debido a una caída en la productividad. Si un comerciante tiene la expectativa o especula que sus costos de reposición se elevarán debido a la inflación y, por ende, aumenta los precios, se producirá uno de dos resultados: o el comerciante tenía razón y la moneda convalidó esa suba o se equivocó, en cuyo caso, debe reducir sus precios si pretende mantener sus ventas, de lo contario verá que se contraen.

Es de interés aprender de la historia y no tropezar con la misma piedra, dados los repetidos antecedentes en materia de control de precios y absurdos acuerdos de precios y salarios, como si un grupo de capitostes reunidos en un cuarto, concentrando ignorancia, pudiera sustituir los millones de arreglos contractuales en un contexto de conocimiento disperso y fraccionado.

Y nada de machacar, como se ha hecho en el pasado, con que se trata de medidas transitorias mientras se sale del pozo, porque de ese modo se profundiza el pozo. Las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos fue calcada por Perón de la Carta del Lavoro de Mussolini y, desde ese momento, ningún gobierno la abrogó con el propósito de usar el movimiento obrero en provecho propio. Los sindicatos son muy útiles en una sociedad abierta, pero la figura de la “personería gremial”, a diferencia de la personería jurídica, conduce a todo tipo de abuso en perjuicio principal de los más necesitados.

La característica central del fascismo es permitir que los particulares registren la propiedad a su nombre, aunque la use y disponga de ella el gobierno, en la práctica, a través de regulaciones omnicomprensivas con que el aparato estatal maneja el flujo de fondos de las empresas “privadas” que en realidad están privadas de toda independencia.

Sabemos que el político no puede articular un discurso que la opinión pública no pueda digerir. Por eso, el problema medular es educativo. No puede pretenderse que se asuma la tradición alberdiana, pero por lo menos puede sugerirse que no se repitan errores gruesos para no darle la razón a Aldous Huxley en el sentido de que “la lección de la historia es que no se aprendió la lección de la historia”.

Milton Friedman ha consignado en el primer capítulo de su libro La tiranía del status quo que lo que un gobierno no hace en los primeros seis/nueve meses no lo hace nunca. No hay tiempo que perder si es que deseamos fervientemente el éxito de la actual gestión gubernamental.

No se trata de quejarse cuando ya es tarde, sino de razonar con calma y ponderadamente.

Es pertinente subrayar lo dicho por el nuevo Presidente en su acto de asunción respecto de que apunta al logro de la “justicia social”. Esta expresión tan manoseada puede tener sólo dos significados: o es una grotesca redundancia ya que los minerales, los vegetales o lo animales no son sujetos de derecho y, por ende, la justicia sólo es humana, léase social; o bien se traduce en sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlos a quienes no les pertenece, lo cual constituye la antítesis de la justicia en el sentido de “dar a cada uno lo suyo”.

En este último contexto es que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek ha escrito que el adjetivo “social” aplicado a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo: justicia social, derechos sociales, constitucionalismo social, etc.

Es bueno que miembros del actual elenco gobernante se hayan pronunciado por la importancia de contar con marcos institucionales civilizados y será ardua la tarea parlamentaria en busca de los necesarios consensos para revertir lo sucedido hasta el momento, pero parte fundamental de esos marcos consiste en no enredarse en acuerdos corporativos que se encuentran en las antípodas de un sistema republicano, donde deben primar los arreglos contractuales entre las partes siempre que no lesionen derechos de terceros.

Nuestro país está agotado y consumido por décadas y décadas de populismo y demagogias que operaron bajo las más diversas denominaciones pero en todos los casos bajo el paraguas del común denominador de agrandar las funciones gubernamentales que no sólo se alejan sino que contradicen sus funciones primordiales de garantizar las libertades de todos. Evitemos las iniciativas archiconocidas y fracasadas estrepitosamente y que se apartan de los objetivos comunes del bienestar general.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

PROGRAMA POLÍTICO PARA EL AÑO VERDE

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

A continuación propongo algunos puntos para cuando la faena educativa sea de tal magnitud que gran parte de la población entienda y acepte el significado de vivir en una sociedad libre donde el respeto recíproco resulte la columna vertebral, por lo que nos habremos liberado de tecnócratas y megalómanos cuya morbosa fascinación consiste en manejar compulsivamente vidas y haciendas ajenas.

 

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. El sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado”, es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles sino contraproducentes (como el tragicómico ministerio de economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas puesto que no puede controlarse la economía, el ministerio de educación que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de bienestar social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

 

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto a irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

 

En cada punto no me extenderé en los fundamentos puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

 

  1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas sino también a corruptos en el gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial donde en las relaciones contractuales las partes establecen quienes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos como sugirió Montesquieu con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades dado que cualquiera puede ejercer el cargo que, además, estará compuesto por un Triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

 

  1. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

 

  1. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el “free banking” en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo puesto que no  generan producción secundaria y exógena de dinero).

 

 

  1. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos ya que el “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

 

  1. Poner también en venta todas las llamadas “empresas estatales” puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área es más importante que funcione bien que cuando algo es “de todos” no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: el que da en la tecla en las preferencias del prójimo, gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, al efecto de preservar la tan indispensable libertad de prensa debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

 

  1. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todos las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas harán las tareas correspondientes y siempre en base a datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos, deberán concentrarse en la casa de gobierno liquidando todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

 

  1. Todos los aranceles y tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la “industria incipiente” como una mala excusa de pseudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: o el proyecto es un cuento chino o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado “gradualismo” implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho por lo que de modo gradual se siguen lesionando derechos.

 

  1. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la “personería gremial”, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización, en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

 

  1. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva y, también un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto a los gastos que requiera la administración es jurisdicción del gobierno central). Esta perspectiva hará que en los gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en dirección a contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

 

  1. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes) puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

 

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

 

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del status quo. El coraje de hombres como Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios; no siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven  obligados a retroceden nuevamente puesto que no han hecho nada por marcar la agenda sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

 

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del  respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Apunte sobre legislación sindical

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 28/6/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7343

 Contemporáneamente en casi todos lados se ha adoptado la visión fascista de la Carta del Lavoro de 1927 que, a su vez, respondiendo a la genealogía de Mussolini, se basa en la noción marxista de “las relaciones contractuales entre el capital y el trabajo”, primer error conceptual puesto que el capital no negocia ya que se trata de maquinarias y equipos, son distintas formas de trabajo que en una sociedad libre arriban a salarios monetarios y no monetarios según sea la tasa de inversión correspondiente (esa es la diferencia entre los salarios en Angola y Canadá, no los decretos y leyes que se promulgan con criterios voluntaristas).
 
Vamos por pasos en este asunto. En un ambiente civilizado, un sindicato es una asociación libre y voluntaria que se establece para todo aquello que los sindicados consideren pertinente (a menos que se trate de lesión de derechos de terceros en cuyo caso se convierte en una asociación ilícita). Generalmente en estos contextos la función primordial del sindicato consiste en informar a sus miembros de los salarios obtenidos en distintos lugares y actividades ya que si bien los ingresos en términos reales dependen de la inversión per capita que hace posible incrementos en la productividad del trabajo (no es lo mismo arar con las uñas que con un tractor), las cifras no aparecen en algún tablero universal sino que hay que averiguarlas (cosa que no es una faena difícil, de lo contrario pruébese remunerar a una secretaria en niveles bajo el mercado y se comprobará que no dura ni siquiera pasada la hora del almuerzo del primer día laborable).
 
Lo dicho no es óbice para que las referidas asociaciones establezcan otros servicios y otras condiciones para ser miembro aunque alguna puede aparecer chocante o ridícula como la de pertenecer a cierto partido político o, para el caso, condiciones para el salto de garrocha, todo es aceptable siempre que se trate de acuerdos libres y voluntarios entra las partes.
 
Observamos, sin embargo, que la situación es muy otra en nuestro mundo de hoy. Se impone que los empleadores descuenten compulsivamente contribuciones o cuotas sindicales enmascaradas o explícitas y de obras sociales a todos los empleados en relación de dependencia, lo cual constituye una inmoralidad superlativa. Se desconfía que los candidatos aporten voluntariamente a las cajas sindicales. Más aun, al universo que se le ha descontado para obras sociales se le requiere el carnet de afiliación para hacer uso de dichos servicios (generalmente muy deficientes como todo lo monopólico artificial) con lo que, de facto, significa membresía forzosa. De ninguna manera esto implica que los sindicatos no puedan contar con servicios médicos denominados “obras sociales”, de lo que se trata es que sean voluntarias y que compitan con otras. Un amigo co-fundador de dos mutuales de medicina muy prestigiosas en Argentina me decía que hicieron un estudio para extender el servicio a personas de menores ingresos pero la legislación sindical no les permitió competir. Desde luego que esta situación compulsiva se presta para todo tipo de maniobras por parte de la dirigencia sindical.
 
Otra característica de esta extendida legislación fascista es la llamada “personería gremial” que no es la simple personería jurídica que debe otorgársele a toda asociación libre, sino que es una figura que significa que la autoridad gubernamental la concede a un sindicato por rama de actividad que compulsivamente representa a todos los que trabajan en esa área y bloquea que lo hagan otros en grupo o lo hagan personas individualmente con lo que se impone la contratación colectiva por la fuerza. Nada tiene de objetable la contratación por grupos si los trabajadores lo prefieren, pero, como queda dicho, en este caso se trata de recurrir a la legislación para imponerlo y direccionado en cierto sindicato (que habitualmente se dice “el más representativo” con lo que se elimina a otros sindicatos o representaciones personales para negociar sus preferencia ya que si voluntariamente los trabajadores decidieran otorgar representatividad en ese mismo sindicato al que se le concede la personería gremial no habría necesidad de escudarse en esta figura coercitiva, que en estos contextos solo pueden eventualmente zafar de la imposición a través de contrataciones temporarias y similares).
 
Esta maraña legislativa en materia sindical y laboral en general conduce al mercado informal al efecto de evitar todos los impuestos al trabajo que expulsan de las posibilidades laborales a los que más necesitan trabajar ya que, como queda dicho, los salarios no dependen de la voluntad del legislador sino de las referidas tasas de capitalización que cuando se establecen por encima de esa marca aparece el desempleo. En cambio, en un clima de arreglos contractuales libres y voluntarios nunca sobra aquello que es indispensable para brindar servicios y producir bienes ya que, precisamente, el problema económico consiste en que los bienes y servicios son escasos en relación a las necesidades (de lo contrario estaríamos en Jauja, es decir, habría de todo para todos todo el tiempo, en cuyo contexto nadie demandaría empleo). La tragedia de la desocupación siempre se debe a la intromisión forzosa de legislaciones que no permiten contratar libremente, situación en la que se entrometen los aparatos estatales a través de lo que se ha dado en llamar “arbitraje” o “conciliación obligatoria”.
 
En esta misma línea argumental se impone una peculiar forma violenta de huelgas. En lugar de entender la huelga como el derecho a no trabajar que lo tiene cualquier persona libre, se introduce la idea del “derecho a estar y no estar al mismo tiempo en el lugar de trabajo”, es decir, quien se declara en huelga no trabaja pero tampoco permite que otros sean contratados en esa empresa (por medio de piquetes intimidatorios o por medio del decreto gubernamental), con lo que se conduce al desempleo o a través de la disminución del poder adquisitivo por medio de la inflación monetaria al efecto de cubrir la desocupación que de otro modo hubiera surgido ya que los salarios no son nunca consecuencia del voluntarismo sino de la realidad económica.
La huelga como el natural y a todas luces lícito derecho a no trabajar somete al empleador a una de dos posibilidades: o contrata a otros si es que lo que ofrece son salarios de mercado o debe incrementar la paga si es que estaba bajo el nivel que exigen las tasas de inversión.
 
Toda la nociva legislación a que nos venimos refiriendo parte de la falacia de “la teoría de la desigualdad en el poder de contratación” la cual sostiene que no es permisible que el gobierno no intervenga cuando quienes contratan tienen diferentes patrimonios lo cual pondría en desventaja al más débil. Esto así está mal planteado. La desigualdad patrimonial en el contrato es del todo irrelevante, nuevamente lo decisivo es la cuantía de inversión y los consiguientes marcos institucionales que permiten la formación de ahorro interno y externo en el lugar para ampliar esa inversión. En otros términos, si un multimillonario llega a un lugar y averigua cuanto debe remunerarse a un trabajador para pintar su casa y decide ofrecer la mitad porque es muy rico, sencillamente no podrá pintar su casa (para el caso no importa si su cuenta corriente es muy abultada o si está quebrado).
 
Las remuneraciones de las que estamos hablando incluyen todas sus formas tanto monetarias como las no monetarias. Si las cosas no fueran de esta manera no habría que ser tímido en los pedidos y lanzar un decreto por el que todos se conviertan en millonarios, pero lamentablemente las cosas no son así. Obsérvese que en el caso argentino (y en otros) los salarios del peón rural y los de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España (de allí es que en esas épocas la población se duplicaba cada diez años debido a la inmigración), situación que operaba cuando los arreglos contractuales se guiaban por el Código Civil de 1869 y los problemas para los más necesitados comenzaron en paralelo con la legislación de las mal denominadas “conquistas sociales” a partir de los años cuarenta y sin solución de continuidad hasta el presente, puesto que todos los gobiernos (civiles y militares) pretendieron y pretenden utilizar el movimiento obrero en provecho propio sin abrogar las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos y equivalentes que constituyen la raíz del problema que embretan a los genuinos trabajadores en favor de la cúpula sindical.
 
Este tema de la incomprensión respecto a las causas de los niveles de salarios no se circunscribe a sindicatos y afines sino que abarca territorios mucho más amplios. Hace un tiempo estaba yo dictando un seminario en una cámara empresarial y uno de los asistentes (muy conocido) me preguntó que si no se aceptaba la huelga intimidatoria como se incrementarían salarios, con lo que se pone de manifiesto el grado de confusión mayúsculo que también incluye al empresariado (y a muchos otros sectores) que en no pocas ocasiones avala los absurdos e improcedentes “consejos de salarios” como si éstos fueran el resultado de la “puja distributiva” desconociendo en forma absoluta el significado elemental de los procesos de mercado.
 
En momentos de escribir estas líneas el caso argentino revela que el movimiento sindical se subleva frente al actual gobierno debido a excesivas presiones fiscales al trabajo para financiar el creciente gasto público, situación que escandaliza y sorprende al aparato estatal del momento que no puede creer que pasen por izquierda a una estructura que se autoconsidera “progresista”, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo solo que hay dos competidores por la imposición de condiciones desfavorables al trabajador que se encuentra en medio de una operación pinza y que, en definitiva, siempre paga los platos rotos.
 
Resulta indispensable y muy urgente revisar las falacias, los mitos y las grotescas tergiversaciones históricas tejidas en torno a los temas aquí apuntados y abandonar la hipocresía de escudarse bajo el manto de los pobres al efecto de explotarlos miserablemente.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.