La revancha autocrática

Por Constanza Mazzina. Publicado el 7/6/21 en: https://www.demoamlat.com/la-revancha-autocratica/

La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republicanismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de amigo-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró ​​por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

Nuevo y contundente revés electoral para el kirchnerismo

Por Enrique Aguilar: Publicado el 28/10/13 en: http://www.elimparcial.es/america/nuevo-y-contundente-reves-electoral-para-el-kirchnerismo-129980.html

Se trató de un resultado devastador. En verdad, no se me ocurre otro término para definir la aplastante derrota (la peor en diez años) infligida al kirchnerismo por una envalentonada oposición que, en las elecciones legislativas de este domingo, mejoró aún más su excelente performance de las primarias de agosto.

El gobierno quedó muy rezagado en los principales distritos electorales del país empezando por la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38 % del electorado nacional, donde la lista de diputados encabezada por Sergio Massa se impuso al oficialista Martín Insaurralde por 11 puntos de diferencia (43% contra 32 %) superando los pronósticos más auspiciosos. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) y otras varias provincias también dieron testimonio de un revés que los dos años de gobierno que le restan a la presidenta ya no podrán revertir. Y desde luego es de destacar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde el kirchnerismo sin quedó sin senador resultando tercero, con un 21% de los votos, en la elección de diputados nacionales, muy por debajo de PRO, que obtuvo el 34 %, y la lista UNEN, que se alzó con un 32%.

Comenzó a cerrarse, así, un ciclo signado por los modos autoritarios, la mentira oficial, la intolerancia hacia el adversario, el personalismo extremo, una vocación insistente por el fracaso (en materia económica y energética, por ejemplo, o en la lucha contra la desigualdad, el deterioro de la educación o el narcotráfico), la corrupción generalizada y una concepción plebiscitaria de la democracia que entiende que el Poder Legislativo y el Poder Judicial sólo existen para refrendar las decisiones y el protagonismo excluyente del Ejecutivo.

De modo a mi juicio apresurado, algunos de los triunfadores ya han anunciado sus aspiraciones presidenciales para el 2015, animados por los guarismos obtenidos. Es el caso de Mauricio Macri, Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sería de extrañar que la misma especulación empezara a instalarse en los entornos del citado Sergio Massa, Hermes Binner (Santa Fe) o Julio Cobos (Mendoza), potenciales candidatos sin duda. Mientras tanto, la presidenta sigue guardando reposo sin que los ciudadanos contemos con un parte médico confiable que asegure su regreso. ¿Qué nos deparará, pues, las transición que iniciamos? Por ahora, un panorama plagado de incógnitas y una sola certeza: la de una derrota que ha sellado la suerte de un proyecto hegemónico que pretendió acariciar la eternidad.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.

Una hipótesis sobre la vigencia del peronismo

Por Gabriel Boragina. Publicado el  7/12/12 en http://www.accionhumana.com/2012/12/una-hipotesis-sobre-la-vigencia-del.html

Mucho se ha hablado y escrito sobre las posibles razones por las cuales un movimiento como el peronista mantuvo larga vigencia hasta nuestros días. En esta oportunidad, ensayaremos una hipótesis tentativa, que podría llegar a explicar su perdurabilidad hasta nuestros días.

Corrientemente, suele considerarse que el advenimiento del peronismo trajo consigo el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y la creación de los sindicatos. Sin embargo esto es falso, habida cuenta que a la llegada de J.D.Perón al poder ya existían numerosas leyes laborales y sindicatos. Perón, simplemente, se sirve de estas fuerzas laborales como medio para construir su propio proyecto de poder absoluto y hegemónico, para lo cual, procede a dotar a los sindicatos de privilegios “legales” y políticos, por encima de los derechos de otros sectores de la sociedad que no se mostraban dispuestos a colaborar con su plan personal de absorción y perpetuación en el poder.

No obstante, creemos que no fue la llamada “política social” la auténtica razón por la cual J.D.Perón fuera derrocado por sus propios compañeros de armas al cabo de sus dos primeras presidencias. Sino que la verdadera causa por la cual fuera desplazado del gobierno -pensamos- radicaba en su propia persona y no en sus políticas. Lo que sus derrocadores no podían ni estaban dispuestos a tolerar era su proyecto personalista y su autocracia, y no tanto un desacuerdo visceral con sus políticas.

Es cierto que J.D.Perón durante sus gobiernos contribuyó muchísimo a crear una verdadera “cultura” del ocio y la holgazanería disfrazados hábilmente de “políticas sociales”, pero también lo es que ese tipo de “cultura” -o si mejor se quiere decir, hábito ciudadano- no era del todo mal visto por sus contemporáneos. Observamos la prueba de ello en que, ya una vez J.D.Perón fuera del gobierno, los militares que lo reemplazaron no abrogaron la totalidad de la legislación sancionada y promulgada durante las dos primeras presidencias peronistas, sino que -en lo sustancial- fueron mantenidas leyes y políticas del periodo, y si bien es cierto que dejaron sin efecto la constitución de 1949 aprobada a instancias de Perón, se vieron movidos a reconocer lo sustancial de su articulado en una reforma practicada en 1957, incorporando el aun hoy vigente art. 14 bis, que no es sino mas que una breve síntesis de aquella “constitución peronista” condensada.

No es difícil imaginar que a los ojos de la ciudadanía de aquella época, no debió resultar claramente explicable la razón por la cual si no se había prácticamente “tocado” la legislación y política “peronista”, en cambio se desplazó violentamente del poder a su autor. Los antiperonistas debieron sentirse satisfechos por un lado, por la deseada caída de Perón, pero al mismo tiempo, también debieron sentirse defraudados por el mantenimiento -por parte de los militares del gobierno provisional (como se le llamó)- de la estructura política, económica y legislativa que el peronismo había creado. Y naturalmente, tampoco es dificultoso suponer que a los peronistas, estos mismos hechos, posteriores al derrocamiento de su líder, los debió haber confirmado aun más en su adhesión al peronismo.

En efecto, la mayor parte de los monopolios creados por J.D.Perón no fueron desmantelados a continuación a su caída. Las estatizaciones peronistas (como la tan famosa de los ferrocarriles, muy pregonada y celebrada por el régimen) se mantuvieron en las décadas ulteriores, sobreviviendo a varios gobiernos, tanto civiles como militares. Podía parecer natural que la gente de entonces se preguntara ¿si todo lo que hizo J.D.Perón fue sustancialmente mantenido por los gobiernos posteriores, por qué lo derrocaron? No parece arduo deducir que quienes transformaron, involuntariamente claro está, a Perón en una “víctima propiciatoria” fueron aquellos que quisieron ser sus propios verdugos. Y lo que más contribuyó a la creación del célebre mito peronista, a nuestro juicio, fue el haber mantenido prácticamente casi toda la estructura legal, política y económica que Perón había creado. De allí, a la construcción del mito peronista había un pequeño paso. Y ese paso fue dado, a tal punto que, casi 20 años después de su caída, J.D.Perón retornó triunfante al país, y en pocos meses más se le convertiría -nuevamente- en presidente por tercera vez, siendo la primera que un ciudadano argentino accedía a un tercer periodo presidencial.

Es altamente posible que la creación de este mito haya sido una consecuencia no querida por parte de los antiperonistas, y es probable que asi fuera. Incluso parece que el propio J.D.Perón así lo habría reconocido, ya que se le atribuye una frase que, parafraseada vendría a decir que no es que su gobierno hubiera sido “bueno”, sino que los posteriores fueron tan malos que el suyo quedó como el “mejor”.

Se daría así la paradoja: tanto los militares que derribaron a J.D.Perón como los gobiernos que siguieron a esos militares (la mayoría de tales gobiernos también militares) querían, en realidad, eliminar la figura de J.D.Perón, su persona y su autocracia (posiblemente) pero no disentían demasiado en el fondo con sus políticas, sobre todo la económica, laboral y sindical. Evidencia de ello es que tales políticas apenas sufrieron pequeñísimas modificaciones, casi podría decirse que puramente “cosméticas”, incluso hasta nuestros días. Y, nuevamente, como una consecuencia no deseada por los antiperonistas, convirtieron al país en un peronismo sin Perón, que era lo contrario a lo que decían querer.

Cuando cayó el nazismo, sus vencedores barrieron con todo vestigio de sus instituciones, legislación y políticas. Lo mismo sucedió a la caída del fascismo. Quienes reemplazaron a nazis y fascistas, estaban bien conscientes que no bastaba con la eliminación física de Hitler y de Mussolini, sino que más importante que esto era todavía suprimir toda huella de sus “obras”. El gobierno de facto que derrocó a J.D.Perón operó en un sentido inverso al de tales ejemplos europeos: se ocuparon de perseguir tenazmente a J.D.Perón, al tiempo que dejaron casi intacta su política, sus “instituciones” y su economía. Y como efecto no querido, su alta popularidad. El resultado esta hoy a la vista: con o sin J.D.Perón el peronismo continúa dominando a pleno la vida política argentina.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Venezuela, Argentina: un solo corazón

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 10/10/12 en http://www.elimparcial.es/america/venezuela-argentina-un-solo-corazon-112470.html

 Si su salud se lo permite, al término de su próximo mandato Chávez habrá gobernado Venezuela por espacio de veinte años continuos. Sólo una democracia que se defina y se ejerza en abierta tensión con el constitucionalismo puede tolerar semejante grado de personalización del poder y de desprecio por la práctica de la alternancia.

Chávez se jacta del origen democrático de sus sucesivos mandatos. Las imágenes del domingo pasado, que mostraron a miles de personas esperando largas horas de pie para poder votar en una jornada que tuvo al mundo en vilo por las expectativas que se habían creado en torno al candidato opositor, dan testimonio de ello. Sin embargo, desde una concepción de la democracia que no desestime la calidad institucional y el reparto más equilibrado del poder (inclusive en contextos de arraigada tradición presidencialista), se podría afirmar, citando a Enrique Krauze, que Chávez “usó la democracia para acabar con la democracia”.

¿Cuál de las dos lecturas prevalece en Argentina? Las palabras que Cristina Kirchner envió desde su cuenta de Twitter no dejan lugar a dudas: “Tu victoria también es la nuestra. La de América del Sur y el Caribe. ¡Fuerza Hugo!” Esas son las compañías que preferimos, quizá por sentirnos cada día más cercanos. Los altos índices de inseguridad (aun cuando en Argentina estemos lejos todavía de los 14.000 asesinatos al año), una inflación del 25 % anual (en Venezuela ronda el 27 %), la corrupción enraizada en el gobierno, la ausencia de un poder judicial verdaderamente independiente, la estatización creciente de la economía, el llamado “cepo” cambiario, la inacción de los organismos de control, la desinversión en infraestructura, el ocultamiento de la realidad bajo la máscara del relato y la propaganda oficiales, la partición de la sociedad por odios deliberadamente exhumados … He ahí, entre otras, algunas pruebas de la semejanza creciente entre dos países con sociedades distintas, con sistemas productivos también diferentes pero que, con todo, se asemejan por un mismo estilo de gobierno y de gestión patrimonialista de lo público que ni el denodado esfuerzo de Henrique Capriles pudo frenar en Venezuela. ¿Podrá lograrlo en la Argentina una oposición incomprensiblemente atomizada?

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.