Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/6/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/06/intervencionismo-educacion-y.html
El intervencionismo (del que nos hemos ocupado extensamente en otras partes) tiene múltiples manifestaciones en la vida social. Su misma designación, denota a las claras su oposición con la idea de acuerdos libres y voluntarios entre dos o más personas. Si entre dos o más personas que tratan de convenir sobre cualquier asunto, aparece un tercero que sobre ese mismo tema posee o se arroga por si facultades para imponer su opinión sobre los contratantes, va de suyo que tal sujeto esta interviniendo en la cuestión de un modo tal que, puede definir un curso de acción al que deben sujetarse los intervenidos, que siempre será diferente al que estos habrían elegido si tal interventor no hubiera hecho prevalecer sus decisiones por la de sobre uno de los pactantes o sobre la ambos a la vez. La intervención de un tercero sólo es legitima cuando es deliberadamente acordada por las mismas partes contratantes de manera voluntaria o cuando, por existir discrepancias en la interpretación del acuerdo, se hace necesaria la injerencia de una tercera persona (el ejemplo típico es el del árbitro o juez). En cualquier otro caso la intervención será ilegitima.
«Es un principio general: si el Estado se entromete en una actividad privada cualquiera, es para imponer opiniones y reglas a sus protegidos, y a cambio conferirles ventajas frente a sus competidores. Así es en las cuatro actividades vistas hasta aquí –economía, prensa, educación y atención médica–; y la política no es una excepción. El intervencionismo estatal es un atentado contra la libertad: no debe ser.»[1]
Es típico el caso en que el gobierno otorga permisos, concesiones, privilegios a determinados sectores a costa de otros, cosa que ocurre prácticamente en todas partes, y que encuentra sustento en un vasto andamiaje legal, construido precisamente a ese mismo efecto. Necesariamente, donde hay intervencionismo siempre habrá una parte (o más de una) que pierde a costa de otra u otras que ganan. En otras palabras, es la antítesis de lo que sucede en los mercados libres.
No obstante, es forzoso reconocer que el intervencionismo -en sus más variados aspectos- es reclamado por una mayoría de personas. Algunas voces importantes lo atribuyen (y no sin buenas razones) a un problema de des-educación:
«La tercera cuestión está referida a la educación o más bien des-educación puesto que muchos de los que protestan lo hacen para reclamar más de lo mismo, a saber, mayor intervención estatal en los asuntos privados en lugar de permitir arreglos libres y voluntarios y liberar energía creadora. En este plano resulta que se reclaman mayores prebendas por parte del gobierno, es decir, pedido de una más intensa succión al fruto del trabajo ajeno. En este contexto es que suelen aparecer quejas y críticas furibundas contra un capitalismo inexistente, al tiempo que se exige que se acelere el intervencionismo de los aparatos estatales en las vidas y haciendas privadas.»[2]
La cita es reveladora en cuanto a que describe con ejemplar agudeza la errada opinión que existe entre la gente acerca de cuál es el sistema social en el cual la humanidad se encuentra inserta. No son pocos los que creen –sin mayor fundamento- que el sistema social imperante a nivel mundial es el capitalismo, cuando la realidad es bastante diferente a lo que este popular error permite demostrar. Mises decía del capitalismo que este es un sistema de producción en masa para las masas, que se caracteriza porque los medios de producción están en manos privadas, algo que, hasta inclusive Marx compartía. Pero cualquier análisis somero de la realidad económica de cualquier país, nos permite advertir que la gran suma de los medios de producción sólo nominalmente se encuentra en cabeza de particulares. La gran generalidad de ellos son detentados por los gobiernos, ya sea directa o indirectamente. Un indicador clave es la tasa de tributación. Una alta tasa fiscal denota a las claras que el patrimonio particular se encuentra afectado y -de hecho- asociado a lo que mal se llama “patrimonio estatal” (incorrecta denominación, ya que no hay tal cosa como “patrimonio nacional”, ya que toda renta nacional siempre proviene de recursos previamente extraídos vía impuestos -u otros artilugios legales- por parte del estado-nación).
Es muy importante acotar en este punto que, buena parte de la responsabilidad por tan fenomenal proceso de des-educación proviene del hecho de que la educación formal está casi íntegramente en manos del propio estado-nación, lo que implica que, desde los claustros (abarcando todos los niveles de enseñanza) los contenidos que se imparten son sustancialmente inspirados en el estatismo, la exacta contrapartida del capitalismo, lo que hace que la masa estudiantil egresada de los diferentes grados de enseñanza adquiera una visión por completo distorsionada y ajena a la realidad estatista en la que vivimos.
Desde otro ángulo, hay quienes ven en la globalización un remedio contra el intervencionismo:
«Otro resultado de la expansión de la división internacional del trabajo — llamada globalización — es que los estados participantes y sus políticas son controlados cada vez más por la competencia internacional. Debido a esta competencia, pierden parte del poder sobre sus ciudadanos, y el intervencionismo estatal debe ceder.»[3]
Sin embargo, este enfoque -a nuestro juicio- peca de cierto exceso de optimismo, ya que parece omitir un dato de relevancia, y que consiste en la titularidad de las haciendas que van a ser empleadas en tal división del trabajo, dado que si tales pertenencias se encuentran –en todo o en parte- en manos del estado-nación la competencia que se desatará no dejará de ser una competencia entre gobiernos, es decir una competencia entre estados intervencionistas, lo que –obviamente- lejos estará de hacer “ceder” ese mismo intervencionismo. Naturalmente, el autor de la cita da por sentado que la globalizaciónsólo podría ser un fenómeno privado, criterio este último que no compartimos, ya que el término es lo suficientemente vago como para alcanzar la acción e intervención de los estados comerciando entre si con dineros privados. Idea bastante diferente a lo que se suele referir cuando se habla de globalización.
[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 310
[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Zoom a las protestas masivas” en libertadyprogresonline.org
[3] Hubertus Müller-Groeling-La Dimensión Social de la Política Liberal -Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-pág. 18
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.
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