Por amor al corralito

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 18/9/19 en: https://www.ambito.com/por-amor-al-corralito-n5055107

 

Por amor al corralito

Durante agosto, las importaciones desde Brasil, según el MDIC, cayeron 48,7% i.a. El consumo minorista bajó 18,6% i.a., el Índice Construya tuvo una caída intermensual desestacionalizada de 5,5%, la producción automotriz bajó 37,5% i.a. y la recaudación del IVA se redujo en 6,7% i.a. reales.

Total, que los del REM que realiza el BCRA, como venimos señalando desde hace años, siguen corrigiendo sus pronósticos: de afirmar que el PBI en 2019 crecería -y en 2020 hasta el 3,5% anual-, el mes pasado esperaban una caída del 1,5% y ahora una contracción de 2,6%. Y, para 2020, algunos pronostican una baja de 1,2%, evidenciando lo poco creíble de sus pronósticos ya que es imposible saber qué sucederá el año que viene -por mucho “arrastre” que supongan- sin conocer el rumbo del próximo Gobierno.

Uno de los errores generalizados entre los “gurús” es el de confundir inflación con aumento del IPC. Un simple -pero didáctico- trader, Juan Martín, cordobés radicado en CABA, saltó a los medios por tuitear sentido común -lo que les falta a los “expertos” que se pierden en elucubraciones racionalistas- y decir que nadie tiene “la bola de cristal ni una capacidad predictiva mayor al resto… El trader pasa más tiempo reaccionando rápidamente que adivinando el futuro”.

En los negocios, gana quien reacciona rápido ya que el mercado no puede anticiparse y, por tanto, no puede planificarse -así fallan todas las regulaciones estatales que son de suyo a priori- y, por tanto, la eficiencia se da en la respuesta refleja rápida, nunca en la planificación o anticipación. Así, una empresa en un mercado natural será tanto más exitosa cuanto mejor organizada esté para reaccionar rápidamente.

Pues la inflación es la exagerada emisión en tiempo real, que puede o no trasladarse al IPC según la espontaneidad del mercado. Por caso, nada tiene que ver con la inflación la escalada del 9% del precio del crudo (Brent) después de los ataques en Arabia y, sin embargo, se trasladaría a los precios de las gasolinas en un 3% a 4%, en unas semanas. Porque el costo de la materia prima -que no es el crudo sino refinados- supone un tercio del precio en el surtidor, el resto son impuestos -50%-, costos de distribución y ganancias empresarias.

Este error de confundir aumento del IPC con inflación lleva a creer que un aumento del dólar -que empujaría en un 40% a los precios- es inflacionario cuando es al revés y por ello se imponen controles de cambio y de capitales que agravan la desinversión, lo mismo que la tasa de las Leliq que ronda el lunático 84%. A más controles, más quieren escapar provocando un aumento en los “dólares alternativos” que incidirán en el IPC. La brecha entre el dólar oficial y el CCL ronda el 20% mientras que el dólar “rulero” -MEP- se cotiza un 15% por encima del MULC. Hay que sumar que si el 1 de enero, entre otras cosas, no se renueva la tasa cero del IVA subirá el precio de los trece productos elegidos.

Con el fin de mantener al dólar artificialmente bajo el BCRA sigue “quemando” reservas. Según diversos analistas, descontadas de las reservas brutas el swap con China, los depósitos en moneda extranjera -encajes bancarios-, créditos con Bancos Internacionales y DEG el BCRA tiene unos u$s13.100 M y se podrían sumar u$s7.216 M del FMI. Ahora, si restamos vencimientos de Letes sin reperfilar -u$s5.750 M- y de bonos soberanos -u$s 5.613 M- el BCRA puede vender sólo 1.737 M para contener al dólar.

Por otro lado, dentro de las reservas brutas están los encajes bancarios por los depósitos en moneda extranjera que caen fuerte -aunque en desaceleración- desde los u$s32.503 M el viernes pre-PASO a u$s22.683 M, más de 30% en un mes, esto significa que de los u$s16.000 M en el BCRA -50% de los depósitos por encajes- pre PASO, hoy quedan 7.950 M, cifra que alcanzaría para devolver depósitos por pocas semanas aún suponiendo una buena entrada por parte de exportadores.

Siendo que desde las PASO se fueron del BCRA u$s16.342 M para contener al dólar, por salida de depósitos y demás, de seguir con el modelo macrista -irresponsablemente financiado por el FMI- la autorización para usar esos u$s7.216 M del Fondo que están en las reservas y el desembolso de u$s5.400 M pendiente sólo servirían para postergar mayores controles -e incluso un corralito- que el Gobierno, más temprano que tarde, se sentirá “obligado” a implementar.

Otra cosa que anticipamos es que la recategorización a emergentes por parte del MSCI lucía desacertada pues, aunque Argentina cumplía teóricamente los requisitos, todo estaba atado con pinzas. Ahora, dada la imposición de controles de cambio, el MSCI inició un proceso de consulta -hasta el 13 y cuyos resultados se conocerían el 31, de diciembre- para definir si Argentina vuelve atrás. Por un lado, las acciones argentinas que forman parte del índice no cotizan en el país, sino en Wall Street y los controles de capitales podrían no afectarlas, pero sí a los pagos de dividendos de empresas locales. Y la cosa empeorará cuando vengan más controles.

Por cierto, Argentina pierde el fuerte viento de cola. Por un lado, la Fed anunciaría hoy la rebaja de su tasa de referencia en 0,25pp hasta el rango del 1,75-2%, cosa que repetiría en diciembre para dejarla en el 1,5-1,75% por un período largo. Por otro lado, el 30% -u$s17 B- de los bonos de Gobiernos y empresas del mundo tiene rendimientos negativos. Así, los emergentes serían una buena opción para inversores, pero los desatinos de Trump, sobre todo con China, y la crisis argentina impulsaron la liquidación de activos de Mercados Emergentes. Por caso, el índice de renta variable MSCI Emerging Markets cayó 5% en agosto, quedando por ahora sólo 6% arriba en lo que va de 2019, lejos de los dos dígitos en los mercados desarrollados.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

El gobierno es un divague

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 25/2/19 en: https://alejandrotagliavini.com/2019/02/25/el-gobierno-es-un-divague/

 

Por profesionalismo evito títulos “subjetivos”, este no lo es. La situación ha tomado un cariz que lo serio es, precisamente, decir que se está perdiendo objetividad, sentido común y lógica.

Macri dijo que “los argentinos no quieren volver para atrás” pero el PBI no deja de caer, vamos para atrás. Entretanto en la Rosada aseguraban que “En diciembre de 2019, la economía estará más sana que en 2015”. ¿Tanto cuesta ser realista y aceptar los datos -oficiales- que muestran lo contrario?

Dicen que baja la inflación. Imposible. Para empezar no entienden que este fenómeno es el exceso de emisión de moneda en tiempo real. Así, “absorber” pesos del mercado no tiene sentido porque, una vez emitido el exceso, precisamente vía aumento de precios, el mercado equilibró la oferta y demanda. Si a posteriori se retira moneda del mercado ofreciendo tasas altas, se provoca una “emisión negativa” es decir, en tiempo real se baja artificialmente la demanda de dinero, no los precios.

Además, están los números. Dice el gobierno que está bajando “desde los registros de septiembre y octubre de 2018”. Entre noviembre y enero, el aumento mensual de los precios fue de entre 2,5% y 3,2%, la mitad que septiembre. ¡Qué alentador! ¿Pero, y si es verdad que en febrero superará el 3,5% y que sigue subiendo?

Según el oficialismo, el índice de precios mayoristas es un anticipo y aumentó 0,6% en enero, acumulando 2% en el último trimestre, el crecimiento más bajo desde fines de 2016. La realidad es que esta baja -circunstancial- nada tiene que ver con la inflación, sino que, por el contrario, muestra recesión en aumento, y la contrapartida es una caída mayor en la demanda de dinero.

Por esta ridiculez de creer que “absorbiendo” dinero baja la inflación, el BCRA volvió a subir las tasas -Leliq casi en 50%- aumentando la “bicicleta”, destruyendo la producción. Insólitamente, lo hacen para “frenar” al dólar como si su precio provocara inflación y no al revés.

A ver, el precio del dólar tiene que subir porque es, precisamente, otro precio y dada la inflación debe acomodarse, por oferta y demanda, para equilibrar al mercado. Con un dólar artificialmente planchado, el precio en dólares de los productos debería aumentar al ritmo de la inflación -de los costos- lo que los deja fuera de competencia. Así es como las exportaciones caen.

Insólitamente el gobierno dice que esta “construyendo una macroeconomía más sana… hacia el déficit cero… un tipo de cambio competitivo y estable, con superávit comercial… Este es el camino para reducir la inflación”. Sin palabras, de no creer. Y remata argumentando que van a reactivar “a partir de las exportaciones, la continuidad de la baja de tasas y la recuperación de salarios y jubilaciones”. Por cierto, las ventas minoristas cayeron 11,6% en enero, 13 meses consecutivos de baja.

Economía estimaba que las exportaciones crecerían arriba de 20% en 2019. Y la realidad muestra que, por el contrario, caen. Bajaron 4,7% interanual en enero y la cosa va para peor -por el desfasaje dólar/inflación- a pesar de los pronósticos -basados en deseos imaginarios- del gobierno y muchas “consultoras” al punto de prometer un superávit comercial en 2019 al nivel del 2012.

Si todavía hubo superávit -no por mucho tiempo- de US$ 372 M en enero frente a los US$ 1.000 M proyectados, se debe a la recesión, la destrucción de la producción que logró que las importaciones cayeran 26,5%.

Pero el gobierno no se escapa de la realidad con sus solas fuerzas, además de las “consultoras” hay otros “expertos”. Por caso, cuando está claro que el problema es un exceso de Estado parasitario sobre el mercado cada vez más expoliado, la “mejor escuela de negocios”, ubicada en Pilar, propone ahondar el problema. En un informe afirma que “el rol contractivo de las erogaciones del sector público sobre gastos de inversión y consumo… brinda sustento a la contracción”.

O sea, la baja del gasto estatal provoca la recesión económica. Dios nos libre de estos “expertos”, como el FMI asegura que “se están logrando avances importantes”. Claro, al ser un banco (multi) estatal es, necesariamente, estatista y estatizante y, entonces, considera que la consolidación del Estado es un “avance”.

Divagues de lado, el diario económico global más prestigioso, The Wall Street Journal, en un editorial -“Brexiteers for Argentina”- asegura que “El Brexit no funcionará con el modelo económico… inflacionario de Argentina”, sino convirtiendo a Gran Bretaña “en un Hong Kong o Singapur, con baja regulación, bajos impuestos y libre comercio…”.

Según Came, de cada “$ 100 que entran a una pyme, 46 va a impuestos”, y queda mucho por sumar. Así, según O. Ferreres, la Inversión Bruta Interna Mensual cayó 5,6% interanual en 2018, y va para peor. Los Procedimientos Preventivos de Crisis se duplicaron durante el macrismo, y ahora se conocieron los casos de Coca Cola, Avianca, Editorial Atlántida, y Fate que asegura que el problema se agudizó con las retenciones a las exportaciones industriales -una alícuota del 8%- y la disminución del reintegro a dichas ventas.

 

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Mauricio, no necesitás al G20 para integrarnos al mundo

Por Iván Carrino. Publicado el 6/12/18 en: http://www.ivancarrino.com/mauricio-no-necesitas-al-g20-para-integrarnos-al-mundo/

 

Los países no comercian. Sí las personas.

¡Qué bien que salió el G20! Por un rato al menos, pasamos de ser la barbarie tirapiedras, a una ciudad Suiza. Ni la izquierda piquetera consiguió alterar la tranquilidad con la que pasaron las jornadas de la Cumbre Internacional del grupo de los 20 países más económicamente relevantes del mundo.

Hasta le ganamos a París, donde mientras acá “La Bestia” cargaba nafta y Ángela Merkel comía en una parrilla de Palermo, los chalecos amarillos incendiaban todo a su paso.

No debe haber habido nadie que no reconociera la buena organización del evento y el profesionalismo con que todo se llevó a cabo. Obviamente,  hubo algún traspié, como el evento de Michetti con Macron, pero en líneas generales, todo salió bien.

Y mejor de lo esperado, para quienes habitamos este caótico país.

El presidente, por su parte, capitalizó el encuentro y reforzó su discurso de integración al mundo civilizado.

Nos estamos integrando al mundo. Las cosas requieren un tiempo. Hay que tener constancia, herencia y paciencia (…) Nunca tuvimos la relación que tenemos ahora con el mundo. La autoestima volvió a estar presente en estos días.

En los días en que los presidentes del mundo visitaron la ciudad, el gobierno argentino firmó todo tipo de acuerdos. Además, dijo querer avanzar con la Unión Europea y prometió abrir mercados.

Aparentemente, el G20 sería un punto de partida para incrementar nuestro comercio internacional, que hoy es apenas del 23% del PBI, cuando en el mundo la suma de exportaciones e importaciones asciende al 58%.

Lo cierto, sin embargo, es que no se necesitan ni tratados especiales ni cumbres internacionales para hacerlo.

Las personas comercian, no los países

Cuando hablamos de comercio internacional solemos mirar números agregados. La semana pasada, en un estudio de TV, mientras hablaba el Primer Ministro Shinzo Abe, de Japón, el periodista sacaba a relucir la cantidad de exportaciones que hacíamos a ese país.

¿Qué relación tenemos con Japón? “Exportamos USD 1500 millones”, respondió el analista.

Como si todos los argentinos produjéramos USD 1.500 millones de dólares de soja para vendérsela a los varios millones de japoneses que la consumen.

En realidad, la situación es diferente. Es que ni todos comerciamos con todos, ni los países comercian entre sí. En realidad, todas estas construcciones retóricas tienen como base la decisión de un individuo.

Un individuo que, ubicado en Argentina, encontró más conveniente tomarse el trabajo de exportar una tonelada de soja a Japón, en lugar de venderla en el mercado interno. Y otro individuo que, del otro lado del mundo, encontró que era más barato y de mejor calidad comprar esa tonelada fabricada en nuestro suelo, en lugar de en otro lado.

Como se observa, son las personas las que comercian entre sí, en base a sus apreciaciones sobre qué es lo más conveniente hacer con su dinero y su producción.

Y es de esta forma que se ha producido el comercio internacional. Porque algunas personas, ubicadas en un territorio, encontraron que era mejor vender y comprar fuera del territorio, que hacerlo puertas adentro.

La globalización, entonces, es un orden espontáneo, donde las decisiones individuales de millones de personas terminan generando un mundo cada vez más conectado…

A menos, claro, que el gobierno se interponga.

Proteccionismo y apertura unilateral

Los individuos, dejados en libertad para decidir, intercambiarán con quien mejor satisfaga sus necesidades. Si esta contraparte se encuentra en otro país, entonces habrá comercio internacional.

Sin embargo, producto de falacias mercantilistas, o bien para proteger algunos lobbies, los gobiernos suelen cruzarse en el camino. Así, nace el proteccionismo, que básicamente consiste en impedir que los intercambios libres ocurran entre personas ubicadas en diferentes países.

Argentina conoce mucho de esta materia. Si miramos los números, estamos de la mitad de tabla para abajo en el ránking de apertura comercial de la Fundación Heritage, tenemos uno de los aranceles a las importaciones más altos de la región y casi no hemos firmado acuerdos de Libre Comercio.

Es decir, somos un país extremadamente cerrado donde el proteccionismo es la norma.

Entonces: ¿qué hacemos?

Para Macri, hay que acudir al G20. Puede ser… Una opción para “integrarse” es firmar tratados donde ambos países otorgan “concesiones”. Ahora esto puede llevar varios años, como lo demuestra el acuerdo Mercosur-UE, que parece que nunca se firmará.

Pero otra estrategia es la apertura unilateral. ¿En qué consiste? En eliminar unilateralmente restricciones al comercio, reduciendo aranceles y barreras no arancelarias, permitiendo que los argentinos que quieran comerciar con el mundo, lo hagan libremente.

Este camino no es imposible ni peligroso. De hecho, es el que tomó el vecino Chile entre 1974 y el año 2003.

Cuadro Chile

En 1974, las barreras aduaneras en Chile llegaban a ser del 750% sobre el valor de los productos.

Entre 1975 y 1977, se decretó que el máximo arancel posible sería de 35%. Para 1977 y 1979, se unificaron los aranceles, y quedó solo uno de 10% para todas las importaciones. Esto se revirtió entre 1983 y 1984, pero el camino de la apertura unilateral se retomó en 1985.

En 1999 el arancel único volvió al 10% y para 2003 se lo redujo nuevamente al 6%.

Uno podría preguntarse por los resultados de esta estrategia. Y, si bien en el caso chileno debe decirse que la apertura se hizo en conjunto con otras reformas estructurales como el saneo de las cuentas públicas y el fin de la inflación, existe consenso de que abrirse al mundo ha sido muy positivo para el país vecino.

En dicho período, el PBI per cápita chileno se multiplicó por 3. Además, Chile redujo drásticamente la pobreza, desde al año 2000 que crece casi sin interrupciones, y todo esto con bajo desempleo y una muy baja y estable tasa de inflación.

En lugar de realizar tantas cumbres y reuniones burocráticas, podríamos aprender del caso chileno.

Estimado presidente, no necesitamos al G20 para integrarnos al mundo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.

“Curar los déficits aumentando impuestos…”

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 11/7/17 en: http://www.rionegro.com.ar/columnistas/curar-los-deficits-aumentando-impuestos-DC3141342

 

Si bien la reforma tributaria se considera prioritaria en la agenda del gobierno, se observa una distancia copiosa entre lo que declaman los enunciados y sus consecuencias, los hechos. Desde el Ministerio de Hacienda se afirma que “con el kirchnerismo la presión tributaria subió casi 11 puntos del PBI. Esto no implica que ahora se puedan bajar impuestos indiscriminadamente. Necesitamos mejores impuestos”.

El primer año de la administración del presidente Mauricio Macri arrojó un incremento del déficit de recursos por un punto del PBI, tal como lo indican los datos oficiales. Ahora, en cambio, la idea es bajar la presión 0,5 puntos por año, aunque los distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos, más allá de la diversidad de matices, coinciden en que al país le espera un largo camino para reducir la presión tributaria (al menos diez años para que se note la baja en los impuestos, es decir, la participación de la recaudación respecto al tamaño de la economía -PBI-).

Y todavía hay un tema mayor por resolver: el debate político en las cámaras. El juego de entramados y alianzas en los bloques legislativos, que ha mantenido dubitativo al Poder Ejecutivo frente a las elecciones de medio término. Escenario que, visto hacia atrás, aparece como un error de diagnóstico de los asesores del presidente, y que ha llevado a la primera magistratura a desaprovechar los aires de cambio y el mayoritario consenso con que contaba durante la asunción de diciembre del año 2015.

El diputado del PRO y presidente de la Comisión Bicameral para la reforma tributaria, Luciano Laspina, reconoció que “seguramente no tendremos la reforma ideal, vamos a tener la reforma posible”.

Hasta hoy, la ciertamente cándida política de gradualismo castiga con toda virulencia la institución del Banco Central, cuya prioridad absoluta es inducir una baja sistemática y sostenible de la tasa de inflación, llevándola, en un plazo razonable, a niveles similares a los que exhiben las economías que manejan su política monetaria bajo esquemas de metas de inflación; pero que, una y otra vez, tropieza con el desequilibrio del frente fiscal.

Entretanto, el gobierno tiene déficits presupuestarios y se endeuda para pagar el exceso de gastos sobre los ingresos impositivos que se enmarcan dentro de lo que la teoría económica denomina “efecto desplazamiento”. Dicho efecto ocurre cuando una política fiscal expansiva hace que los tipos de interés aumenten y, como consecuencia de ello, éstos últimos, provoquen una reducción del gasto privado, concretamente de inversión.

El efecto pretendidamente expansivo de la política fiscal, cualquiera sea la vía, tiende a afectar directamente a la demanda agregada, y la producción a aumentar. Pero, en la reconocida versión de John Hicks, de 1937, en la que la demanda de dinero es totalmente insensible del tipo de interés, y se reconoce como la Teoría Cuantitativa del Dinero, la demanda de dinero depende únicamente del nivel de renta, no del tipo de interés.

En este caso, el caso clásico, implica que una curva del mercado de dinero vertical se asocia a la opinión de que el dinero es lo único que importa, porque la política monetaria produce un efecto máximo en el nivel de renta y la política fiscal no produce ninguno.

Por tales razones, el equilibrio fiscal permitiría necesariamente la mutua correspondencia de tipos de interés y niveles de renta que se requiere en la interrelación de los mercados de bienes y activos; de lo contrario, las tensiones persistirán y los tipos de interés se mantendrán desmedidamente altos.

Al final, queda por discernir ¿qué son mejores impuestos? Y la respuesta del Ministerio de Hacienda también es clara: “Si sale la reforma que impulsamos, los que pagan experimentarán una rebaja. Pero otros no, porque eliminaremos exenciones al IVA y bajaremos la evasión”. “La lenta recuperación de la economía es, en parte, por la carga tributaria. Pero no podemos subir el déficit”. “El eje de la reforma será aumentar la base imponible, bajar la evasión e incentivar el crecimiento”.

En síntesis, el título del artículo refiere al fragmento inicial de una cita de Murray N. Rothbard que se completa de la siguiente manera: “Curar los déficits aumentando impuestos equivale a curar la bronquitis de alguien disparándole. La “cura” es peor que la enfermedad”.

(*) Doctor en Economía.

El gobierno tiene déficits presupuestarios y se endeuda para pagar el exceso de gastos sobre los ingresos impositivos.
Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

El mito del consumo como llave del progreso económico

Por Martín Krause, Nicolás Cachanosky y Adrián Ravier. Publicado el 12/4/07 en: http://www.lanacion.com.ar/2008872-el-mito-del-consumo-como-llave-del-progreso-economico

 

El gasto del ingreso es sólo una etapa del proceso productivo, que debe ser atendido en forma integral

Muchas visiones económicas, religiosas o políticas no saben qué hacer con el consumo, si condenarlo o aplaudirlo; y muchas terminan haciendo las dos cosas. La discusión sobre el consumo es moderna, porque moderna es la capacidad de consumir, fruto de la Revolución Industrial. Recordemos que a comienzos del siglo XIX el ochenta por ciento de la población mundial era pobre, hoy lo es el veinte por ciento.

Bernard de Mandeville publica en 1714 un libro de alto impacto: La fábula de las abejas; o vicios privados, beneficios públicos. La segunda parte del título presenta su tesis: el libertino genera un beneficio porque “su prodigalidad da trabajo a los sastres, servidores, perfumistas, cocineros y mujeres de mala vida, quienes a su vez dan trabajo a panaderos, carpinteros, etcétera”. Asociado con los autores del Iluminismo escocés de la época, es criticado por Adam Smith quien sostiene que es una falacia presentar cada pasión como viciosa. Pero Mandeville plantea su idea de “vicios privados-virtudes públicas” como una crítica a teorías morales basadas en el ascetismo, para las cuales lo virtuoso consiste en satisfacer sólo las mínimas necesidades para sobrevivir. Mandeville sostiene que aquellos “vicios” (todo deseo que vaya más allá de lo mínimo esencial) se convierten en gran virtud al motorizar el mercado.

Ninguno de estos autores considera que satisfacer estas necesidades sea un vicio, sino que muestran que aun cuando esos intereses resulten frívolos, su satisfacción tiene dos efectos: ofrecen oportunidades de trabajo a terceros y para pagar por esos “placeres” esas personas han tenido a su vez que satisfacer las necesidades de la sociedad de la que son parte. Hoy día muchos artistas reniegan del capitalismo sin reparar que es la riqueza que éste ha generado la que permite que existan un mercado y una demanda para la producción de su arte.

Muchos de los críticos que ven el consumo como un mal sostienen teorías económicas según las cuales el consumo es el gran motor de la economía. Por lo tanto, es necesario impulsarlo para que un país crezca. Sin previo aviso el consumo pasa de ser objeto de condena a la gran estrella económica.

Es cierto que el consumo es el fin de toda producción, pero nos resultaría paradójico a nivel individual o familiar pensar que la mejor manera de prosperar es vivir haciendo shopping. Todos tenemos una intuición de que nuestro progreso requiere primero producir (trabajar) para luego poder gastar. Sin embargo, en cuanto a políticas económicas se refiere, parece ser al revés, se puede gastar antes de producir. Esta paradoja se magnifica con una lectura sesgada del producto bruto interno (PBI), que mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales.

El PBI no considera todas las transacciones de la economía, sólo las de la etapa final de consumo. Cuando se analiza el destino de esa producción surge que dos tercios son asignados al consumo. Si esto es así, y es necesario reactivar una economía, habría que hacerlo en aquello que es lo más importante: el consumo.

Esta lectura es incorrecta por dos motivos. En primer lugar, la fórmula del PBI no muestra los motores de la producción, sino que muestra cómo se decide gastar el ingreso luego de haber sido producido. El PBI muestra el destino que le damos a nuestra producción, no su origen. En segundo lugar, precisamente por su definición, el PBI esconde las etapas previas del proceso de producción, es decir todo lo que ocurre desde que se inició el proceso de desarrollo de la semilla de trigo, pasando por su siembra y cosecha, su transformación en pan y su distribución hasta que llega al consumidor. Si tomamos todas las transacciones en cuenta la situación se revierte: dos tercios del proceso son las etapas previas a la producción del bien o servicio final.

Esto llevaría a conclusiones de política económica distintas: si se quiere reactivar la economía, habría que alentar la inversión y la producción, que luego generarán mayor consumo. Pero si no hay consumo, no van a invertir, dirían los críticos. No obstante, los empresarios no miran el consumo hoy, sino que miran el futuro. El empresario invierte sobre la base de la rentabilidad esperada, no del consumo. Un gobierno puede alentar todo el consumo que quiera, pero si los empresarios ven un futuro siniestro, ninguno va a invertir.

Por este motivo, recientemente el Bureau of Economic Analysis (BEA) de los Estados Unidos ha comenzado a publicar una nueva estadística, el Gross Output, donde se tienen en cuenta todas las etapas del proceso productivo y no sólo la etapa final de consumo.

Se ha repetido hasta el cansancio que se considera el valor agregado, y no el valor bruto, porque de otro modo se estaría duplicando la contabilidad y esto sesgaría el valor del PBI. Esto es cierto, pero justamente por ello el PBI puede sesgar nuestro análisis al no considerar qué sucede con las transacciones previas al consumo. El PBI es un indicador incompleto sin el valor bruto de la producción (VBP).

Los analistas que miran esta variable consideran lo siguiente. En primer lugar, que el gasto en consumo representa el 20% de la economía real, no el 60 o el 70%, como comúnmente se informa siguiendo a Keynes. La inversión, por el contrario, representa más del 60% del VBP. El Indec tiene una estadística similar que los economistas deberían empezar a atender: el valor bruto de la producción. Según el PBI, el consumo privado y público representa el 86% del PBI, que equivale al 50% del VBP.

Si bien en 2009 tanto el PBI como el VBP cayeron un 5,8% cada uno, el desagregado por sector económico muestra diferencias. A modo de ejemplo, el PBI y el VBP del sector agrícola cayeron un 17,7% y un 26,4%, respectivamente, mientras que para el sector comercial lo hicieron un 19,5% y un 12,3%. Si observásemos las transacciones finales (PBI), concluiríamos que el sector comercial se vio más afectado que el agrícola, pero al tener en cuenta todas las transacciones de cada sector vemos que el agrícola fue notablemente más afectado.

En segundo lugar, cuando atendemos el VBP en lugar del PBI, comprendemos que es la inversión la principal variable en la producción, y es entonces allí donde debemos colocar el esfuerzo de la política económica, ofreciendo los incentivos adecuados. Dicho en otros términos, el PBI oculta la estructura económica que está detrás del consumo o, en otros términos, la importancia de la inversión en la producción.

En tercer lugar, como observan Mark Skousen en Estados Unidos o César Pailacura en la Argentina, al comparar el PBI con el VBP, se ve una volatilidad mayor del segundo respecto del primero. Esto nos muestra que el impacto de las crisis económicas es más profundo de lo que en general se reconoce.

En definitiva, tenemos que reconciliarnos con el consumo. No es ni héroe ni villano. Seguramente no será el fin más elevado de nuestras vidas, tampoco es la llave del progreso. Debemos correr el foco de cómo se gasta el ingreso en lugar de cómo lo producimos.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Un modelo de reforma del Sistema de Salud en la Argentina

Por Eduardo Filgueira Lima. Publicado el 25/2/16 en: http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2016/02/por-eduardo-filgueira-lima-la-salud.html

 

La salud como bien es de interés público No en el sentido de la filosofía utilitarista sino en el sentido que es útil: útil para el conjunto social, porque una población más sana es a su vez más productiva y útil a cada uno de los ciudadanos, porque la innovación tecnológica ha incorporado costos imposibles de afrontar individualmente.

Por ello se sigue la lógica de dilución del riesgo con el concepto de seguro.

Si analizamos desde cierta perspectiva podríamos decir que enfrentamos como todo dilema económico, “recursos escasos frente a demandas infinitas”. Pero si uno analiza la composición del gasto sanitario vemos con sorpresa que casi el 45% del mismo lo pone la gente de su bolsillo[1]. (En realidad todo el dinero que se dice “social” lo ponen los ciudadanos)1

Y lo que quiero expresar es que los recursos terminan por no ser tan escasos (si nos comparamos con otros países de la región Argentina es el país de mayor gasto cápita/habitante/año) y sin embargo nuestros resultados sanitarios dejan mucho que desear.

Demás está decir que las consecuencias las pagan en mayor medida – tanto en los resultados, como en la correlación gasto directo/ingresos – los más vulnerables: los que menos tienen, que precisamente frente a quienes el discurso político se edulcora cuando dice que responde a aquellos a quienes quiere proteger y se inflama en la manifestación de “derechos”, que luego incumple.

Todos sabemos que el sistema de aseguramiento tiene dos componentes: los seguros sociales y los seguros privados (también conocidos como seguros de medicina pre-paga). Pero un 35% de la población en nuestro país carece de cobertura. Se dirá que en nuestro país “…todo el mundo finalmente termina por ser atendido,..” Pero ello no quiere decir que todo el mundo esté asegurado. De hecho los servicios público-estatales brindan asistencia a todo aquel la requiere, pero no en las condiciones de un seguro, que implica ser comprendido en un padrón, tener la cobertura explícita de la asistencia a recibir y establecer los medios de financiamiento que correspondan.

En los servicios público-estatales no sucede ni lo uno, ni lo otro: no existe un padrón de beneficiarios, no existe cobertura explícita y la prestación queda sujeta a la prescripción (ya sea conducente y correcta o no) y el financiamiento en cualquier medida y forma  queda atado a la provisión de recursos por parte del estado, lo que constituye una verdadera forma de subsidio a la oferta y sus decisiones.

A su vez de esta forma el estado en vez de cumplir con el principio de subsidiariedad, asume gastos innecesarios.

Simplificando nuestro sistema de salud sabemos tiene tres subsistemas: el público-estatal, el de los seguros sociales y el de los seguros pre-pagos.

El primero es un sistema de integración vertical en el que el que financia está vinculado, en general no por un contrato, sino por una relación de dependencia con los prestadores de servicios. No existe separación de procesos de financiamiento y provisión.

La misma circunstancia alcanza a varios de los otros subsistemas y cada uno quiere ser financiador y a su vez proveedor de servicios, para sus afiliados y para otros eventuales. Se trata de una cuestión de mercado inducida por las actuales circunstancias del sistema.

Y lo anterior se refiere precisamente a que nuestro Estado gasta mucho pero no precisamente donde debe: percibe de todos ingentes recursos (por diferentes vías impositivas, incluyendo el más perverso: la inflación)  y su gasto (hoy mayor al 45% del PBI e incluso con un déficit del 7%) no parece ser – por lo menos en salud – el que se puede pensar necesario, ya que como sabemos representa el 10% del PBI y casi la mitad es gasto directo.

Es decir si comparamos gasto/resultados: somos el país de América Latina cuyo gasto/cápita en salud es el mayor y cuyos resultados están lejos de serlo.

Ya en este punto todos sabemos que el gasto/resultados es una ecuación dependiente de dos variables centrales, que son: su organización y las acciones básicas de mayor costo/beneficio (a nivel poblacional) como podrían ser por ejemplo las de Atención Primaria de la Salud. De ambas carecemos.

Nos referimos en cuanto a reformas a la organización del sistema de salud, cuya fragmentación (existen más de 900 cajas financiadoras) incorpora grandes costos de transacción y subsidios cruzados. (Sin mencionar otras cuestiones de gravedad como son la segmentación, el desfinanciamiento –que lo es para el modelo actual–, la distorsión geográfica, tecnológica y de capacidad resolutiva, y las ineficiencias que su organización le imprime.

La asistencia de la salud se encuentra a cargo de las provincias. Sin embargo estas solo tienen incumbencia real sobre “su” sistema público-estatal. No sobre los incluidos en el padrón de beneficiarios de seguros de orden nacional (PAMI, Obras Sociales, Empresas de Medicina Pre-paga, etc.) y muy poca capacidad de intervención sobre los servicios de prestación privados. Muchas veces el estado no puede controlar y lograr eficiencia en sus propios servicios hospitalarios.

Nuestro sistema se ha organizado por un permanente subsidio a la oferta tanto en el ámbito que denominamos público, como en el privado. Y así vemos una impresionante y distorsiva superposición de recursos profesionales, tecnológicos, etc. y como siempre la oferta condiciona la demanda[2], esta queda rezagada en la resolución de sus verdaderas necesidades, (salvo el supuesto de mejor información y resolución en función de preferencias).

A lo largo de los últimos 70 años en nuestro país se han introducido (pocos) procesos que intentaron mejorar en el sistema de salud, en particular aquellas deudas que todavía tenemos pendientes, tema que he analizado en otro escrito.[3]

La primera pregunta que debiéramos hacernos es: ¿por qué fueron pocas? Y la segunda: ¿por qué fracasaron?

Y respecto de la primera podría resumir que:

  1. La demanda social es baja y la oferta está cómoda siendo subsidiada
  2. El costo político de las reformas es alto y los beneficios los verá siempre un sucesor (cuando en nuestro país la constante es la visión del corto plazo)

Y respecto de la segunda (también en un acotado resumen):

  1. La vocación centralista del Estado Nacional ha abortado todo intento que considero “independentista”, las propuestas fueron centralizadas y
  2. Existen muchos intereses que no ven con buenos ojos perder el control de la administración de sus cajas

Pero si hoy estamos aquí no es para analizar el pasado (aunque siempre es bueno aprender de él para no cometer los mismos errores), sino para pensar en alguna propuesta que aunque no pretenda ser lo mejor, permita pensar que es viable.

Sobre la situación actual: en un breviario diríamos: “alto gasto y mediocres resultados”.

Entonces a sabiendas que las instituciones no cambian, mejoran, ni se reforman, de un día para otro, ni por un decreto, ni por mero voluntarismo es que asumiendo las dificultades pensamos en una reforma gradual, pautada y basada en la creación de cajas de aseguramiento provinciales.

  1. Existen más de 15 millones de personas (el 37,5% de la población total de nuestro país), que “deben” recurrir al hospital público (la composición incluye no solo a los que son pobres porque no tienen nada, sino también a los que teniendo trabajo se encuentran precarizados por condiciones de informalidad, como también a otros que por cuestiones geográficas solo pueden recurrir al hospital público por ser el único efector con el que cuentan): y esto no debería ser un problema, pero cuando lo analizamos en profundidad vemos que se trata de establecimientos pobres, para “gente pobre”, altamente burocratizados y sin incentivos por lo que funcionan coexistiendo el esforzado y vocacional trabajo de unos, con las conductas oportunistas de otros tantos. Esta población se encuentra cautiva, como excluida de buenos servicios de asistencia y la oferta también sabe que esa cautividad es su propio argumento de subsistencia, como a su vez es un incentivo negativo para su mejora (estoy hablando en términos generales y en referencia a lo que sucede en la mayor parte del país, en donde existen otros – escasos – ejemplos valorables). Esta población no está “asegurada” en el sentido de aseguramiento explícito, aunque es común escuchar que “finalmente se termina atendiendo a todos,..” (como si ello fuera una garantía, cuando en realidad se atiende lo que se puede y como se puede,..)
  2. Cerca de 24 millones se encuentran cubiertos por los seguros sociales (incluyendo las Obras Sociales Nacionales o Sindicales, el PAMI, las Obras Sociales Provinciales y otras), que si se encuentran inscriptos en un padrón y también se encuentra explícito en la mayor parte de los casos el tipo y alcance de la cobertura. Que ello se cumpla o no es otra cuestión. El problema aquí es múltiple y variado: por un lado en la mayoría de estas instituciones financiadoras la contratación de los servicios se hace “tercerizada” a través de un gerenciador – para evitar negociar con las organizaciones corporativas profesionales – lo que de por si implica poca trasparencia y además permite al gerenciador poner innumerables barreras al acceso en la atención, por otro lado muchas han debido encarar diversas estrategias de supervivencia dada la normativa de opción de cambio (en las OSN) que permite el  cambio y limita la cautividad de la población. Muchas tienen sus propias instituciones prestadoras y con ello no solo limitan el gasto, sino a su vez venden servicios a otras menos solventes. El PAMI es casi un capítulo aparte, con un presupuesto de más de $ 40.000 millones, para una población de 4,5 millones de afiliados y 6.000 contratos de prestación de servicios – a lo largo y ancho del país – imposibles de controlar en la calidad y pertinencia de sus acciones de asistencia. El resultado final es que esta población si bien se encuentra asegurada: se sabe “a quien”, “que” (aunque esto encuentre graves limitaciones según expresé), como se “financia”, como se “gestiona” y como se otorga la “prestación” – es decir: cumple con las condiciones básicas de un seguro, también se encuentran serias limitaciones en el acceso y en muchos casos graves fallas en la calidad, de la que carecen muchos establecimientos asistenciales aún siendo privados.
  3. Finalmente encontramos una población cercana a los 4,5 millones de personas de las que la mitad (aproximadamente 2,1 millones) contratan su seguro privado en condiciones de total libertad y recurriendo a al desembolso de la prima en forma voluntaria, libre y de con sus propios recursos. Mientras la otra mitad (2,4 millones) provienen de acuerdos de la seguridad social – las Obras Sociales Nacionales – que efectúan acuerdos con estos seguros, para su grupo de población de mayores ingresos, para mantener cierto atractivo y adherencia de sus afiliados. Esta población que – en un país de medianos ingresos – y alto gasto solo representa en conjunto solo el 10% del total poblacional es en general la que recibe mejores prestaciones. Aunque la normativa actual (Ley Nº 26.682, reglamentada por Decreto Nº 1993/11) en realidad pone al descubierto las ineficiencias del sector público incentivando los traspasos (que la población busca aún afrontando los costos) aunque resulten gravosos tanto para los afiliados que optan por tener “algo antes que nada” y para los presupuestos de las empresas aseguradoras al no prever ninguna limitación e interviniendo mediante regulaciones en lo que deberían ser “contratos entre privados”. La ley debe ser modificada y permitir que las primas se establezcan por los acuerdos de preferencias de los asegurados y posibilidades de los financiadores. La ley vigente complica y dificulta el mejor funcionamiento de estos seguros. El estado quiere regularlo todo,. Pero no siempre beneficia y en este caso perjudica a este subsistema y sus beneficiarios. Estos pacientes a su vez exigen un trato diferenciado por lo que pagan con su esfuerzo.

El resultado final es la atomización del sistema con altos costos de transacción, (que supone costos de oportunidad), costos agregados por la intermediación de las gerenciadoras, limitaciones en el acceso y magros resultados sanitarios.

Todos sabemos que nos debemos una reforma.

Si a su tiempo cada provincia asume la creación de una caja de aseguramiento, puede unificar en una sola caja todo el padrón de beneficiarios con domicilio real en la provincia.

Dos grupos podremos identificar dentro de este padrón de beneficiarios-habitantes: 1) los que tienen cobertura por alguno de los sistemas de seguros sociales o medicina pre-paga y 2) los que no tienen nada.

Debería llegarse a un punto en el que la caja de aseguramiento provincial cobrara a los financiadores que se incluyen en su padrón a los del primer grupo y cobrara al estado solamente por los del segundo grupo es decir: aquellos que carecen de cobertura.

El estado vería así reducido considerablemente su gasto. (Por supuesto que deberá enfrentar además otras reformas internas de un subsistema con múltiples deudas internas)

Como las cajas de seguro son un recurso apetecible para la política deberían estar constituidas por un directorio en el que estén representados los diferentes actores, pero el estado en minoría.

Y un aspecto fundamental para evitar el subsidio a la oferta: liberar la demanda cautiva, mediante vouchers, u otros recursos –como una tarjeta magnética– que la tecnología nos facilita en la actualidad. La caja del seguro provincial pagaría a quien prestó el servicio.

Porque la pregunta obligada es: ¿Por qué la gente sin cobertura debe inevitablemente atenderse en hospitales públicos,..con todo lo que ello supone?

Por otra parte este sistema pondrá al descubierto el exceso de gasto existente por el permanente subsidio a la oferta, ya que para mantener su clientela y ser elegidos por los pacientes, los hospitales públicos y las empresas de servicios de prestación privada deberán competir. En salud se ha dado el fenómeno de pretender (y se ha logrado) ser monopólicos y en ese sentido han procedido tantos los seguros sociales, como los prestadores de servicios.

La competencia mejorará las prestaciones ya que liberará a la gente en su elección. Y la gente no es tonta, porque aunque del tema sepa poco, percibe lo que le es mejor para resolver sus necesidades.

 

[1] El gasto de bolsillo (o “directo”) estimado fue pare le año 2012 del 45% y se proyecta en alza.

[2] Ley de Say: “…el simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos,…” (1803)

[3] Filgueira Lima, C. E. “El sistema de salud en la Argentina y los fracasos en sus intentos de reforma” (2011)

 

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

“No alcanza con solo ajustar las tarifas de luz”

Por Belén Marty: Publicado el 31/1/16 en: http://cadenaba.com.ar/nota.php?Id=35168

 

¿Es normal que en un país aumente cualquier tarifa un 500 por ciento? En Argentina sí. Al menos no sorprende. Hemos aprendido a incorporar estas vicisitudes en nuestra rutina. Las tomamos como se toman a las catástrofes naturales: sabemos que llegan y no podemos hacer nada para impedirlo.

Sin demasiada precisión, como un cirujano de primer año de residencia, el ministro Juan José Aranguren, dictaminó el fin de las tarifas congeladas. Estiman que con mayores ingresos por las nuevas tarifas estarán en condiciones de mejorar el servicio.

“Esta actualización tarifaria reconoce los verdaderos costos de las empresas, lo que permitirá retomar un camino de normalidad para brindar previsibilidad e inversión al sector”, aseguró el presidente de Edesur.

Como parte de esta normalidad pretendida, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) publicó una guía para el uso racional de la energía. Es decir, para que uno no abuse de la electricidad deberá, por ejemplo, poner su aire acondicionado en 24 grados.

La discusión que está en cada mesa hoy es ¿había alguna otra solución al problema energético argentino? ¿Se podría haber solucionado sin aumentar tanto las tarifas? La respuesta es no. Como a todos nos gusta que nos paguen por lo que valemos, lo mismo sucede con los servicios. Como dijo por twitter el economista ortodoxo José Luis Espert hay que pagar las cosas por lo que valen.

Pero más allá de que está bien (es lo correcto) haber sacado los subsidios, ¿alcanza eso para desactivar la bomba que dejó 12 años de kirchnerismo? El gobierno de Macri recibió la bomba y ha decidido hacer el ajuste (necesario) de manera gradual. Están pagando los costos del desastre kirchnerista.

Pero no todo está bien. Suben las tarifas pero no tienen planes de recortar el despilfarrado gasto público. Por tanto, se espera que este año la inflación sea aún más alta que la del 2015. Con ocho puntos del PBI de déficit fiscal hacer solo un ajuste de tarifas de energía zampándole a la gente un monstruoso tarifazo no alcanza. Además, el costo recayó en la gente y no en los políticos. El costo político fue casi nulo.

El punto es que no se puede tener la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. No se puede subir de un mantazo las tarifas sin asimismo bajar la carga impositiva. Hay que tener presente que nuestro país tiene una carga impositiva nefasta.

Necesita recaudar tanto para mantener este gasto público. El gasto se va, más que en subsidios a la energía, en sueldos de trabajadores del Estado.  Recordemos que en la última década se incorporaron al menos 2 millones de nuevos trabajadores al sector público. Y como el Estado no tiene recursos que nacen de un árbol, los sueldos de esos 2 millones extras salen de los bolsillos de todos los argentinos, incluido el bolsillo de los más humildes.

Además, hoy, por ejemplo un trabajador que se sube a las 5.30 de la mañana al tren está pagando alimentos que tienen en su costo un 40 por ciento de impuestos.

El verdadero ajuste fiscal que necesita hacer el gobierno no es (solamente) sacar los subsidios a la oferta de energía sino achicar el gasto. Los subsidios energéticos no llegaban a ser el 10 por ciento del gasto. El problema, entonces, no son solo estos subsidios.

La política kirchnerista decidió subsidiar la oferta (Edenor y Edesur) con el objeto de ganar la simpatía de los sectores populares de la Capital Federal. Y sin dudas lo logró.

Pero uno no puede evitar la realidad (el ajuste) a todos todo el tiempo. Este ahorro de US$4000 millones en subsidios ayudará solo un poco a mejorar las finanzas del arca pública y le complicará la vida a muchos otros porteños que se verán forzados a pagar subas extraordinarias impensadas en otros países del mundo.

Por el contrario, se podría haber hecho subas graduales y pensar en ir achicando el gasto en otros sectores más prescindibles como eliminar los subsidios a Aerolíneas Argentinas que pierde por año entre US$750 y US$1.000 millones. No creo que los sectores más populares lamenten mucho perder una aerolínea a la que nunca pudieron siquiera acceder a tomar.

Reiterando lo mencionado arriba, está bien la quita de subsidios pero eso es claramente innecesario al mirar la pintura completa. Es decir, se atacó al árbol y no al bosque. El primer paso, como le sucede a los adictos (en este caso, adictos al gasto) es admitir el problema. Lo demás siempre es más sencillo.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.