Compromiso ambiental y crecimiento sostenido. Un problema dinámico.

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado en Revista Cultura Económica
Año XXXVI  N°96 Diciembre 2018: 77-94. http://e-revistas.uca.edu.ar/index.php/CECON/article/view/1525

 

Resumen

 

Este trabajo analiza los problemas que se generan por la interacción del hombre con el ambiente con el correr de los siglos y ante el crecimiento poblacional. La discusión que esto genera sobre los derechos individuales, la propiedad, la interferencia gubernamental y su incremento impone la necesidad de generar un marco doctrinario aceptable, consensuado y lógico, que lo regule, preservando la autonomía de la voluntad y considerando la evolución y el progreso tecnológico. Asimismo, menciona diferentes aportaciones relevantes de diversos autores. Y la evolución del pensamiento económico.
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I. La actividad del hombre y su impacto
Las ideas que hablan sobre un posible impacto negativo de la actividad
de los seres humanos en la tierra tienen una antigüedad similar a la de
la ciencia económica. Existen muchas teorías que han sostenido y
algunas que, aún hoy en día, sostienen la posibilidad de un colapso
catastrófico de la población mundial a causa de los efectos de la actividad del hombre. Malthus advertía que podían existir limitantes
de la evolución de la humanidad hacia la felicidad. Y se refería a una
gran causa, unida íntimamente a la naturaleza del hombre. En sus
palabras: “La causa a la que aludo es la tendencia constante de toda
vida a aumentar, reproduciéndose, más allá de lo que permiten los
recursos disponibles para su subsistencia” (Malthus, 1998: 7). Está
claro que esta cita, que data de 1798, no era, de ninguna manera, una
posición incontrovertible ni compartida por algunos de sus
contemporáneos. Incluso autores bastante anteriores, ya sostenían la
posición contraria.
Spiegel, (1996: 161) refiriéndose a William Petty, (1623-1687),
destaca que sus criterios económicos eran independientes de los
prejuicios de la época, dándole una gran importancia al crecimiento de
la población como fuente del aumento de los ingresos. A su juicio, el
crecimiento poblacional contribuiría a licuar los gastos del estado, que
según decía, no crecían en la misma proporción. Además, enfatizaba
que una mayor población obligaba a mayores esfuerzos y también a
una creciente especialización y enseñanza de oficios y técnicas. En sus
estudios, veía al crecimiento de la población como la solución a los
problemas nacionales.
Por su parte, Spengler (1998: 3) reconocía que la idea de que el
excesivo crecimiento poblacional podía reducir la productividad por
trabajador, deprimir el nivel de vida de las masas y generar conflictos,
era de tal antigüedad que aparecía en trabajos de Confucio y otros
filósofos de la antigua China…
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El Artículo completo, aquí:
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Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es Profesor Titular de Finanzas Públicas, Macroeconomía, y Emprendimiento de Negocios en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Ha sido profesor de Microeconomía, y Economía Política en la misma universidad. Fue Profesor Titular de Proceso Económico en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, (UFM). Fue secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, corredor de granos y miembro de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue asesor de la Comisión Nacional de Valores para el desarrollo de mercados de futuros y opciones. Fue director académico de la Fundación Bases. Es empresario y consultor.  Preside la asociación de Ex alumnos de ESEADE.

James M. Buchanan y la Escuela de la Elección Pública

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/7/18 en: https://www.juandemariana.org/comment/6729#comment-6729

 

Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…

Nacido en EE. UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.

Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas para comprender este fenómeno.

Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban dedicando mucha atención a cómo funcionaba el Gobierno porque estaban preocupados por cómo funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.

En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada A New Principle of Just Taxation (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:

“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto, pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas, avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”

Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la “política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos a la política, podremos verla como lo que realmente es.

Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes? 

En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.

De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.

Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se guían por el “bien común”.

Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma? 

Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.

De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto. Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado de decisiones colectivas.

Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.

Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más elevada sea la regla”.

La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la gobernabilidad de la organización social? 

Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de juicios de valor.

Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.

Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o lal Public Choice, abandonan —como se ha dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.

Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos”.

En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del Gobierno federal como de los Gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.

Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Eficiencia Economica versus Derechos de Propiedad

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el  26/6/2012 en http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/06/26/eficiencia-economica-versus-derechos-de-propiedad/.

 El domingo pasado fueron los partidos finales del campeonato de fútbol en Argentina. Además de coronarse al campeón, también se definía la situación de descenso de San Lorenzo. Todo esto llevó a que prenda la TV, pero no a que ponga volumen y efectivamente preste atención a lo que pasaba en los distintos partidos. Por algo se empieza…

¿A que viene todo esto? A que mi falta de atención futbolística me llevó a notar un interesante intercambio entre Lucas Llach y Eduardo Stordeur sobre eficiencia económica y derechos por Twitter.

 En Argentina existe un programa del gobierno llamado Fútbol Para Todos a través del cual se financia (por supuesto, vía impuestos) la visualización gratuita de fútbol por TV sin tener que pagar un adicional especial. ¿Debe financiarse dicho programa, dado que el costo per cápita no supera los 3 pesos mensuales y parece genera una gran utilidad a sus consumidores?

Lucas Llach argumentaba que si la valoración subjetiva de la población argentina de fútbol por TV supera los 3ARS por mes, entonces el programa de Futbol Para Todos es eficiente y debe mantenerse. (Entre paréntesis, este tipo de políticas se suele utilizar para casos de bienes públicos o externalidades, no estoy seguro de cuál sería la externalidad o bien público en el caso de fútbol, donde aquel que desea paga la suscripción al proveedor de TV y aquel que no se ahorra el costo).

Eduardo Stordeur respondía que la mayor cantidad de transacciones y fallas del estado podían hacer que este calculo sea demasiado optimista, y que el costo real puede ser superior a los 3ARS per cápita por mes. ¿Y qué hay de los que no valoran el fútbol por TV mas de 3ARS? Llach respondía que ese monto es compensable, pero el Fútbol Para Todos no es compensable.

Tres aclaraciones antes de pasar a mi breve comentario. En primer lugar esto fue un intercambio por Twitter, por lo que viene sólo a modo de ejemplo para ilustrar la cuestión que quiero comentar sobre este tipo de argumentos. Segundo, vamos a asumir que no existen otros problemas asociados con la provisión de Fútbol Para Todos, y que el calculo de 3ARS per cápita por mes es correcto y no hay otros costos escondidos. Tercero, voy a asumir que podemos tener una medición de la utilidad individual y que la utilidad social es una suma simple de las utilidades individuales.

Supongamos que hay 10 personas, cuyas valoraciones de fútbol por TV, el precio máximo que se esta dispuesto a pagar es la siguiente:

  1. 10$
  2. 9$
  3. 8$
  4. 7$
  5. 6$
  6. 5$
  7. 4$
  8. 3$
  9. 2$
  10. 1$

Para mantenerlo de manera sencilla, supongamos que la utilidad social es una suma simple de las utilidades individuales. La utilidad social o total es entonces W = 55$. El costo del programa es de 30$ (3$ por cada una de las 10 personas). Es decir, hay un excedente agregado de 25$.

¿Justifica este excedente que se obligue a pagar a las personas 9 y 10 para que las personas 1 a 8 puedan disfrutar de Futbol Para Todos? ¿Permite un resultado Pareto superior llevar a cabo esta iniciativa? Después de todo, las personas que más valoran el fútbol por TV pueden compensar a las 9 y 10. Este es un problema moral/ético que implica nociones de justicia. En su paper sobre el Problema del Costo Social (1960), Coase da un ejemplo donde los conejos de una persona comen los cultivos de su vecino. Coase argumenta que el dueño de los cultivos es igual de responsable que el dueño de los conejos, y da a entender que la responsabilidad puede (debe?) resolverse siguiendo el principio de eficiencia.

¿Es una teoría moral basada en la eficiencia económica una buena propuesta? Más en abstracto, si el pago de “c” permite la producción de “X” de modo tal que W(con X) > W(sin X), ¿se puede justificar el pago de “c” por parte de todos? (W es la utilidad social).

En este ejemplo, X = Fútbol Para Todos. Pero también puede ser que:

  • X = Que se nos financien el tiempo dedicado a Punto de Vista Económico dado la gran utilidad que a los involucrados nos genera!
  • X = Encarcelar a los pelirrojos (perdón a los lectores pelirrojos -y pelirrojas-, entiendan que tienen que sacrificarse por la eficiencia económica, después los compensamos monetariamente).
  • X = Que la minoría pague autopistas para la minoría que las usa y las valora enormemente (problema similar a Fútbol Para Todos).
  • X = Esclavizar a los pelirrojos -y pelirrojas- (disculpas nuevamente a los lectores/as pelirrojos/as) dada la gran utilidad que genera esclavos pelirrojos.
  • etc… creo que ya se entiende el punto.

Este es el problema de fondo que no suele salir a la luz en estas discusiones, es decir, cuál es el fundamento moral detrás de los argumentos. Lo he encontrado en pocos lugares, como en O’Driscoll (1980), Rizzo (1980, 1985), Kennedy (1981) y Cordato (2000). Si la filosofía moral que soporta este argumento no se basa en la eficiencia económica, entonces el mismo no puede ser justificativo de transferencias o reasignación de derechos de propiedad sin importar que tan grande sea la ganancia económica. El cálculo económico del derecho puede contribuir a calcular una compensación ex-post la asignación de responsabilidad, pero no debe utilizarse para asignar responsabilidad ni justificar transferencias.

Los derechos básicos, derechos de propiedad, filosofía moral, son anteriores al problema de maximizar la eficiencia económica. No se puede elegir el sistema moral en base a la eficiencia económica.

Nuevamente, esto no viene tanto como crítica al intercambio de Eduardo Stordeur y Lucas Llach por Twitter, para eso sería necesario un intercambio más profundo (seguramente ambos tendrían cosas para decir sobre este punto); pero si sirve para dar contexto a este problema.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.