Ganancias: autónomos, el último orejón del tarro

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 25/12/16 en: http://economiaparatodos.net/ganancias-autonomos-el-ultimo-orejon-del-tarro/

 

Los autónomos somos el último orejón del tarro por la sencilla razón que no tenemos ningún dirigente sindical que nos represente

 

La entrega en capítulos para modificar el mínimo no imponible de ganancias y las escalas, estuvo concentrada solo en los empleados en relación de dependencia. Algo se habló de los monotributistas, pero los autónomos somos algo así como una casta inferior en el sistema tributario argentino. Tampoco se debatió el ajuste por inflación de los balances de las empresas para aplicar el impuesto a las ganancias. Tanto autónomos como las empresas pagamos un impuesto a las ganancias sobre utilidades inexistentes. Son solo aumentos de precios.

El caso de autónomos muestra el disparate sobre cómo se legisla impositivamente en Argentina. Tomo mi caso como ejemplo que también vale para abogados, médicos, etc.

Yo soy responsable inscripto. Ahora bien, emito facturas por asesoramiento y cuando tengo que liquidar ganancias tengo que deducir los costos de producción. En la mentalidad retrograda que impera en argentina costo de producción es solo algo material, los costos inmateriales no son considerados costos de producción.

Por ejemplo, si yo produjera chorizos, podría deducir del precio de venta el costo de la carne, el hilo, la tripa, etc. ¿Por qué? Porque el limitado tributarista que legisla puede ver el objeto que se está deduciendo del costo de producción. Puede ver el hilo, puede ver la tripa, etc. y por lo tanto entiende que ese es parte del costo de producción que hay que deducirlo del precio para determinar la ganancia.

Ahora, tomemos el caso de un economista que tiene que explicar la situación económica. Mis colegas saben muy bien que para hacer una presentación de una hora y media hay que leer nuevos papers, leer información nueva, buscar datos, cotejar la consistencia de los mismos. Relacionar las variables, etc. O sea, no es que los economistas nos paramos frente al auditorio y nos ponemos a hablar lo primero que se nos pasa por la cabeza (algunos lo hacen). Un trabajo serio requiere de un esfuerzo de búsqueda y elaboración de información, además de estudiar nuevos ensayos. Esto último sería parte del costo de producción o también podría ser considerado como si uno comprara un nuevo stock de capital.

Pero resulta que el tributarista no entiende que para hacer una presentación sobre la situación económica hay todo un costo de producción intangible que es el mencionado: buscar datos, procesarlos, relacionarlos con otros datos, leer información, papers, etc. Puesto en otra forma, el costo de producción del economista no es solamente el costo del cartucho de la impresora y el papel. El costo de producción es ese intangible que los tributaristas, como no lo ven, para ellos no existen. Al no considerarlo, el impuesto a las ganancias termina transformándose en un impuesto a los ingresos brutos, en mi caso es un impuesto del 35% a los ingresos brutos porque no puedo deducir casi nada como costo de producción.

Es más, en los profesionales nuestro físico tiene una determinada resistencia. A lo largo de los años se va desgastando y por lo tanto, siendo que nuestro físico es parte de nuestro stock de capital como profesionales, debería tener algún tipo de amortización. Lo digo muy seriamente. El resto físico que se tiene cuando uno está en los 35 años es muy diferente al que uno tiene cuando está en los 70 años.

Todas estas locuras impositivas responden a un estado que hace del aumento del gasto público su instrumento fundamental para captar votos. Para eso necesita tener recursos de los contribuyentes a como dé lugar y ese a como dé lugar significa establecer normas tributarias que van violando los derechos individuales. Documentación a la que el ente recaudador debería poder acceder por orden judicial y con causa fundada es requerida por funcionarios de recaudación impositiva violando el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”. En castellano básico, el ente recaudador viola la Constitución cuando exige ver papeles privados. Qué le facturo a un cliente, por qué le facturo, cómo me lo paga, son cuestiones de los particulares que el estado no puede meterse sin causa fundada. Sin embargo en Argentina aceptamos como normal esta violación como si fuese normal que el estado pueda usar el monopolio de la fuerza para violar los derechos.

Asistimos, entonces, a un doble problema con el sistema fiscal. Por un lado es confiscatorio porque aplica tasas sobre utilidades inexistentes. Por otro lado es violatorio de los derechos individuales.

En todo el debate sobre ganancias, nunca no se consideraron los derechos individuales, sino que todo se limitó a ver hasta dónde se puede desplumar a la gallina (el contribuyente) sin que la gallina cacaree y a qué sector desplumar sin perder votos.

El problema de ganancias ha adquirido dimensiones que nunca se habían alcanzado en Argentina porque el gasto público no había llegado a los niveles que llegó con el kirchnerismo. Fue tal el despilfarro del gasto público que hubo que incrementar la carga fiscal hasta niveles asfixiantes. Y para poder recaudar esa asfixiante carga tributaria necesitan violar los derechos individuales.

Por otro lado, mucho se ha insistido con que el salario no es ganancia. Falso. El salario es el ingreso que tiene una persona por vender su trabajo. A ese ingreso se le deben descontar los gastos de producción y se llega a la ganancia de la persona en relación de dependencia. Desde el punto de vista económico el salario es el ingreso que recibe una persona por vender su trabajo, de la misma forma que el ingreso de un autónomo es lo que factura por vender sus servicios. Luego habrá que descontar los costos de producción y llegar a la ganancia sobre la que debería tributarse.

En síntesis, dentro de este disparatado sistema tributario, los autónomos somos el último orejón del tarro por la sencilla razón que no tenemos ningún dirigente sindical que nos represente. En Argentina no rige el principio de igualdad ante la ley, sino quién tiene mayor poder de extorsión política.

En definitiva, en nombre de la solidaridad social se castiga a los innovadores y a los que más ganan haciendo aquello que beneficia a sus semejantes, en tanto que los que tienen mayor presión de lobby y de extorsión política terminan siendo más iguales ante la ley que el resto de los ciudadanos, por eso somos un país decadente, porque se castiga al innovador, al que se esfuerza y al emprendedor y se beneficia al que quiere vivir a costa del trabajo ajeno.

En el listado, los autónomos somos los que salimos peor parados.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Estado violador en nombre de la solidaridad

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 10/4/16 en: http://economiaparatodos.net/estado-violador-en-nombre-de-la-solidaridad/

 

El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza

Con mucha habilidad, buena parte de la dirigencia política ha convencido a la población que son ellos los que tienen el monopolio de la solidaridad. El resto de los seres humanos que no pertenecemos al mundo de la política no tenemos ese don divino de ser solidarios y preocuparnos por el prójimo. Solo unos pocos elegidos, que son ellos, tienen esa sensibilidad especial de querer ayudar a la gente.

Vendido este argumento, el paso siguiente es que el estado, es decir la dirigencia política, tiene que tener a su cargo lo que se conoce como ayuda social que se traduce en los llamados planes sociales. Ellos decidirán, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, a quién corresponde “ayudar” y a quién no. Se ha montado, de esta manera, un gran aparato estatal repleto de reparticiones públicas con nombres que reflejan la solidaridad de los iluminados dirigentes políticos que administran miles de millones de dólares.

Bajo este concepto, la democracia se ha transformado en una gran competencia populista en la cual los políticos se esfuerzan por formular la mayor cantidad de promesas de repartir dinero ajeno. La idea de trabajo, esfuerzo, iniciativa individual, desarrollar la capacidad de innovación y todo lo que tenga que ver con la superación personal no existe en el vocabulario de la competencia electoral. Lo que predomina es el discurso que la gente tiene derecho a que otro le pague la vivienda, le otorgue un subsidio, lo proteja de la competencia de otros productores y cosas por el estilo. Obviamente, con esta oferta electoral y una demanda de populismo feroz por la pérdida de los valores que hicieron grande a la Argentina a fines del siglo XIX, la necesidad de un estado cada vez más grande es inevitable. Como también es inevitable que un estado cada vez más grande necesite de una creciente cantidad de recursos, me refiero a recursos impositivos. Si éstos no alcanzan se recurrirá al impuesto inflacionario.

Ahora bien, la carrera populista tiene como contrapartida una carrera por recaudar cada vez más impuestos. El primer paso para generar más ingresos tributarios consiste en incrementar las alícuotas de los mismos. Luego se procede a inventar nuevas gabelas. En general esos nuevos tributos tienen la característica de poder aplicarse solo violando los más elementales derechos individuales. Es decir, para poder recaudar los cada vez más complejos impuestos que se establecen, se violan derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, cualquiera que tenga una cuenta corriente bancaria podrá ver cómo el estado mete mano en nuestras cuentas, que es lo mismo que si metiera la mano en nuestro bolsillo para cobrar ingresos brutos, el IVA o lo que sea. Inclusive se ha creada la nefasta figura del agente de retención, con lo cual el banco, sin nuestra autorización, mete mano en nuestras cuentas para transferirle el dinero al estado. En nombre de la “solidaridad” social nos meten la mano en el bolsillo como si nada.

Veamos otro ejemplo. Hace rato que la AFIP exige que algunos contribuyentes emitamos facturas electrónicas, facturas que se emiten ingresando al sitio de la AFIP y registrando desde ese sitio la facturación correspondiente. En poco tiempo más todos tendrán que emitir facturas electrónicas, es decir hacerlo vía la AFIP.

Ahora bien, se sabe que una factura es correspondencia privada. Una persona le emite a otra una factura por la venta de algún producto o servicio. Son papeles privados. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Es decir, siendo que las facturas que emite cada uno son papeles privados, el estado no debería obligar a la gente a emitir facturas electrónicas usando el sitio de la AFIP porque el estado se estaría metiendo con los papeles privados, algo que está prohibido por la constitución. Sin embargo, aún aquellos que son más moderados en sus propuestas populistas y dicen defender el sistema republicano, aceptan este tipo de violaciones a los derechos individuales en nombre de la “santa” recaudación. Si por alguna razón una repartición del estado tuviera que ver los papeles privados de alguien, debería ser un juez, y con causa fundada, el que podría ordenar que una persona muestre sus papeles privados.

Al punto al que quiero llegar es que hemos aceptado que el estado, en nombre de la recaudación tributaria, pueda comportarse como un autócrata sin respetar la privacidad de las personas ni su propiedad. El fascismo ha calado tan hondo en los valores de la sociedad argentina que hasta se ve como natural que el estado tenga la potestad de violar la Constitución Nacional para poder recaudar y controlar más a la gente. La obsesión fascista por controlar a la gente justifica cualquier disparate. Insisto, hasta gente que uno considera bien intencionada, ven con toda normalidad que el estado no tenga que recurrir a un juez para pedir los papeles privados de una persona y se sienta con derecho a controlar a la gente online al más puro estilo nazi fascista.

No nos equivoquemos, el enemigo más peligroso de una persona no es el delincuente común, porque de ese delincuente una persona puede llegar a defenderse. El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza que se le delegó para defender los derechos individuales. No en vano Hayek tituló su famoso libro Camino de Servidumbre. El veía que el estado iba avanzando cada vez más sobre los derechos individuales hasta destruir una sociedad libre y transformar a los ciudadanos en siervos del gobierno.

En síntesis, en nombre de ese monopolio de la solidaridad que nos han vendido los políticos que solo ellos tienen, los derechos de las personas son violados por doble vía. Por un lado, se le dice a una parte de la sociedad que tiene la obligación de mantener a otra persona para que viva sin trabaja o que solo puede comprarle un producto de mala calidad y a un precio alto a determinados sectores protegidos por el estado. Y luego, para sostener ese aparato de redistribución y populismo el estado viola los derechos individuales instaurando un sistema fascista de control de la vida de las personas en nombre de la santa recaudación necesaria para “cumplir” con parte de las promesas formuladas durante la competencia populista en que se ha convertido la democracia.

A muchos los podrá parecer normal y justificable que el estado se meta así en nuestra vida. Personalmente creo que en esta violación a los más elementales derechos individuales puede encontrarse la decadencia económica argentina.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE