¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Por Martín Krause. Publicada el 26/6/17 en: http://bazar.ufm.edu/se-puede-controlar-la-bestia-indomable-del-gasto-publico-dos-ideas-otras-limites-al-deficit-fiscal-al-gasto/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Limitaciones al poder: se cumplieron 800 años de la Carta Magna. Luego hubo otras “Cartas de Derechos”

Por Martín Krause. Publicado el 21/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/limitaciones-al-poder-se-cumplieron-800-anos-de-la-carta-magna-luego-hubo-otras-cartas-de-derechos/

 

Carta MagnaCon los alumnos de Economia e Instituciones de OMMA-Madrid vemos el Capítulo 7 sobre Limitaciones al oportunismo político. Una de esas limitaciones, tal vez la más relevante, acaba de cumplir nada menos que 800 años: la Carta Magna.

Uno de los primeros instrumentos republicanos utilizados para limitar los poderes otorgados por los ciudadanos a los gobiernos fueron las “cartas de derechos” (Bill of Rights). Se relacionan con los derechos “individuales”, desarrollados básicamente en Occidente desde la Grecia ateniense, y más concretamente, en su versión más moderna y actual, desde la Carta Magna, firmada por Juan sin Tierra en Inglaterra el 15 de junio de 1215, origen de las constituciones y parlamentos posteriores. Este documento fundacional de los derechos individuales modernos es también una clara demostración de que no existe una separación lógica entre libertades “políticas” y “económicas”: todas se refieren a la libertad de acción, sin violar derechos de terceros, y al control de los poderes del gobernante. De hecho, en esta Carta, unos se encuentran a continuación de otros, sin diferencia .

La primera que recibió ese nombre fue aprobada en 1689 en Inglaterra, impuesta por el parlamento al príncipe Guillermo de Orange, incluyendo, entre otras, las siguientes limitaciones al poder del soberano:

  • No habría interferencia real con la justicia. El rey no dictaba justicia ni podía establecer cortes reales.
  • No podía establecer impuestos sin la aprobación del Parlamento (este principio ya estaba en la Carta Magna).
  • Libertad para realizar reclamos al rey, sin temor a ser castigado.
  • No podía mantener un ejército permanente en tiempo de paz sin aprobación parlamentaria.
  • No podía interferir en la elección de parlamentarios, ni en la libertad de poseer armas para su propia defensa, ni en la libertad de expresión.

Otro ejemplo proviene de los Estados Unidos. Se llama con el mismo nombre a las primeras diez enmiendas de la Constitución aprobadas en 1791, incluyendo muchas similares a las británicas, y en este caso se reserva a los estados o al pueblo todos los derechos no delegados al gobierno federal. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea francesa en 1789.

El establecimiento de derechos individuales a nivel constitucional actúa como un límite al poder de cualquier mayoría eventualmente en el gobierno ya que no pueden ser avasallados por él o violados por el gobernante. Estos principios fueron incorporados en casi todas las Constituciones americanas del siglo XIX.

Ahora bien, ¿establecen realmente una barrera infranqueable para la protección de esos derechos? Su respeto, en definitiva, estaría garantizado por la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de un acto de gobierno que pudiera violar esos principios, la división de poderes y la revisión constitucional en manos de una Corte Suprema. El peligro está en la posibilidad de que disposiciones del Ejecutivo o leyes del Legislativo interfieran o vacíen de contenido, y terminen en la práctica derogando esos derechos básicos. Esa fue una preocupación clara de los constituyentes americanos. En el caso argentino, Alberdi ([1854] 1993) se refiere a las “disposiciones y principios de la Constitución Argentina referentes a las producción de las riquezas”, señalando que en su preámbulo se expresa como objetivo “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”; y señalando luego que el artículo 64, inciso 16, otorga al Legislativo “el poder de realizar todo lo que puede ser conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración”.

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Venezuela e Instituciones

Por Martín Krause. Publicado el 19/2/14 en: http://bazar.ufm.edu

Está claro que la calidad de las instituciones en Venezuela es de lo peor. En el Índice de Calidad Institucional que elaboro aparece en el puesto 184 de 192 países. Al final de todo está Corea del Norte, un objetivo a alcanzar.

Quiero considerar aquí un argumento que he escuchado estos días en boca de todos los funcionarios y politicos chavistas, justificando su posición, uno que es común a todos los populismos latinoamericanos. Este es: hemos ganado 16 de 17 elecciones, no se puede torcer la voluntad popular, sería violar la democracia. A partir de allí, todas las protestas de estudiantes y opositores son “destituyentes”, fruto de minorías que quieren avasallar los derechos de la mayoría, que ya se expresara en las urnas.

Este es un tema de filosofía política más que de economía, pero la calidad institucional es determinante para el desempeño económico. Y “calidad institucional” podría traducirse en tres palabras: límites al poder.

Esto es algo incomprensible para esa vision populista, donde la mayoría otorga un poder ilimitaoa al líder carismático para que promueva… el bienestar de la mayoría. ¿Y cómo vamos a limitarlo en eso?

El argumento choca con toda la tradición de la filosofía política moderna. En particular, desde la perspectiva contractualista, los individuos se suman al contrato social para una mejor protección de sus derechos, que ya poseen de antes, y están dispuestos a otorgar el monopolio de la coercion al Estado, en tanto éste actuará para defender y proteger esos derechos. Y están dispuestos a que el conductor de ese Estado sea electo democráticamente por una mayoría en tanto no viole ese contrato, violando sus derechos. Si la mayoría viola esos derechos, el contrato cae.

Uno de los capítulos del libro se llama “Limitaciones al oportunismo político”, y comenta brevemente distintas propuestas para limitar el abuso de poder que incluyen algunas planteadas por los autores de Public Choice (como límites a los impuestos, al gasto, etc) y otras de tipo constitucional y de larga tradición como las cartas de derechos, la separación de poderes, etc. Una que menciona es la resistencia y la revolución.

En general, en cuanto a la defensa de los derechos individuales, han tenido más exito las resistencias pacíficas que las revoluciones violentas. Éstas han generalmente terminado en dictaduras. La caída del socialismo en Europa es el mejor ejemplo de las primeras.

Por ahora, lo de Venezuela parece ser una resistencia pacífica, y Leopoldo López, aunque no quiero realizar comparaciones, actúa en el modelo de Ghandi, se presenta ante una justicia que considera injusta, que viola el derecho básico de libertad de expresión.

¿Cuándo se justifica una conducta de este tipo? Cuando las instancias republicanas no existen y la minoría ve sus derechos avasallados sin poder defenderlos. No hay separación de poderes, no hay justicia independiente, la prensa es acosada. En este caso “la ley”, viola derechos de la minoría, en particular el derecho a expresarse. La ley es legal, pero es inmoral. La mayoría ganó, pero es totalitaria.

Tal vez debamos decir que la calidad institucional de una democracia se define por la protección a los derechos de las minorías, siendo que la gestión del Estado quedan en manos de la mayoría. Esto ultimo impide que las minorías puedan sojuzgar a las mayorías, falta ahora que las mayorías respeten a las minorías.

O que consideren una solución a la Nozick, la más absoluta descentralización. Así, los que quieren estatismo viven juntos y se expropian entre sí; y los demás se agrupan donde se respetan sus derechos. Esto permitiría no imponer una determinada visión a nadie, tampoco la nuestra a los chavistas. Y para quienes se preocupan por la nacionalidad, tampoco implica necesariamente la secesión, simplemente que en algunas localidades, o municipios, por ejemplo, haya precios libres, se puedan realizar marchas, publicar todo tipo de opiniones; mientras que en otros rija el igualitarismo absoluto. La única condición a respetar es la libertad de salida, de unos a otros.

¿Qué tal chavistas? ¿Aceptarían ese desafío? Es fácil redistribuir lo ajeno, mucho más duro es redistribuir lo propio. Quisiera ver cuántos quedan en las jurisdicciones igualitarias. Por eso no se puede salir de Corea del Norte, o de Cuba.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).