La barbarie sindical argentina

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado en: https://faroargentino.com/2022/02/la-barbarie-sindical-argentina/

La cámara de celular, indolente, recorre la escena. El hombre, calvo, lleno de ira, recoge la silla y la abanica una, dos, tres veces, como si intentase ahuyentar la barbarie a golpes de caño y lona. Sin embargo, al igual que la cámara, también las bestias son indolentes a la acción y tampoco se inmutan. Sólo se limitan a espetar un “calmate, loco”. Pero el “loco” (que no es loco, sino un hombre cansado y desesperado) no da cuenta de la indicación y sigue pidiéndole al chofer del camión que “les pase por arriba”. Finalmente abre la puerta, sube al asiento del conductor y es él el que atraviesa los portones de la empresa. Como último estertor, coronando el delirio, penetra en off el latiguillo que hace de telón: “Vas a salir vos solo, conchudo”.

El continuo, con potencial cinematográfico, se dio en Chaco este último 10 de febrero, cuando Enzo Meucci, titular de la firma Don Sendo, se enfrentó a miembros del Sindicato de Aguas y Gaseosas que bloqueaban la salida del centro de logística intentando que los empleados de la distribuidora, afiliados al Sindicato de Comercio, migraran de facto al suyo.

Escenas así se han repetido hasta el hartazgo, haciendo que lo que podría ser considerado solo una anécdota, se haya vuelto en los últimos años un Modus Operandi que algunos llaman “el método Moyano” por haber sido éste, como en tantas otras perfidias nacionales, el vanguardista impulsor de una metodología que ya ha llevado a múltiples enfrentamientos, heridos y al cierre empresas.

Mientras el presidente de la Nación se abraza al titular del Sindicato de Camioneros y lo señala, con lágrimas en los ojos y la voz tomada por la emoción, como un “sindicalista ejemplar”, la Justicia avanza en no menos de siete causas que podrían terminar con condenas en breve, porque “ninguna norma autoriza la coacción”, tal como supo afirmar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que en diciembre de 2021 confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado en 2020 al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora.

Sin embargo, nada de esto es lo importante. Es solo la punta de un iceberg enorme del que la mayoría parece haber dejado de percatarse.

Antonio Paulino Mucci, fallecido en 2004, fue un sindicalista argentino, proveniente del sector gráfico, que asumió como ministro de Trabajo en el período 1983-1984, de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín. Su apellido pasó a ser recordado por haberse transformado en el título de la última ley orientada a enfrentar el enorme poder sindical. La “Ley Mucci”, como habría de pasar a la historia, se planteaba entre sus objetivos la normalización de las elecciones sindicales, la limitación de la reelección de los sindicalistas a cargos electivos, la garantía de representación de las minorías en los consejos directivos, el quite a los sindicatos del manejo de las obras sociales y la promoción de nuevas organizaciones sindicales. O dicho en criollo: el recorte de poder de lo que en aquél entonces se denominaba en los pasillos de la Casa Rosada como “El Partido Sindical” que, junto con “El Partido Militar”, habían sido durante décadas los grandes concentradores del poder antirrepublicano y antidemocrático en Argentina.

El 10 de febrero de 1984, haciendo uso de la mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno radical obtenía la media sanción para la Ley. Sin embargo, la hábil gestión en el senado por parte del histórico dirigente justicialista Oraldo Britos, desde la Comisión de Trabajo que presidía, generó que, tras la presión a varios independientes, la iniciativa cayera por tan solo 2 votos (24 a 22) el 14 de marzo. Luego, la historia es conocida: Mucci renunció y fue reemplazado por un inexperto Juan Manuel Casella en la cartera de Trabajo, Ubaldini (líder de la CGT de aquél entonces) limó el poder del alfonsinismo con 13 paros generales y el intento de poner en caja a los sindicatos jamás volvió a practicarse.

Hoy, 38 años más tarde, de los sindicatos no parece acordarse nadie. Salvo los trabajadores y empresarios que los sufren y de vez en vez los medios tradicionales que, para llenar ocasionalmente su grilla, muestran sin explicación alguna episodios demenciales como el bloqueo a una fábrica, tiroteos a la luz del día para dirimir internas o extorsiones sin ningún pudor a trabajadores para que acaten el capricho de turno de algún señor feudal. Y digo esto de “sin explicación alguna”, porque el periodismo argentino ha elegido como estrategia desinformativa exhibir nuestras miserias diarias en tono de indignación, sin agregarles la más mínima editorial que pueda hacer que el gran público, ese que luego vota y elige dirigentes, entienda por qué pasa lo que pasa.

Y lo que pasa, justamente, es que en Argentina conviven hace décadas dos sistemas absolutamente antagónicos: uno, agonizante, basado en un ideario liberal y exhibido dentro de nuestra Constitución y otro, corporativista, cada día más aceptado y vital, impuesto de facto en la práctica cotidiana. En el primero, sin ir más lejos, todos los individuos somos iguales ante la ley. En el segundo, aquellos individuos que forman parte de ciertas corporaciones adquieren un estatus privilegiado que los habilita a ejercer coacción a empresarios, presionar a los gobiernos de turno, imponer políticas públicas, manejar enormes cajas del Estado y, todo eso, sin ser jamás legitimados por el voto.

Así las cosas, la Constitución Argentina fue reformada de facto sin que a “Doña Rosa” (utilizando la vieja expresión periodística) se le haya consultado nada o, lo que es peor, sin que esta siquiera se entere.

Quizá el lector ocasional crea que llamar “bestias”, al inicio de la nota, a los sindicalistas que bloqueaban la empresa haya sido un exceso. Pero pregunto: ¿cómo llamaríamos en un país que hace 11 años que no genera empleo genuino a quienes lo destruyen? ¿Qué etiqueta habría de ponérsele a quienes a fuerza de coacción han generado costos de logística imposibles de afrontar que sólo han favorecido la ganancia de mercados internacionales a nuestros competidores fronterizos? ¿Cómo habría de clasificarse a aquellos que impiden las reformas necesarias para que vuelva a existir la movilidad social de antaño en un país que alcanzó un 72% de niños pobres en su provincia más poblada? Los escucho.

Quizá también el lector ocasional se vea tentado a caer en dos trampas simultáneas que los sindicalistas han utilizado a lo largo del tiempo para legitimarse. La primera, aquella que como un latiguillo espetan sin vergüenza al afirmar que de no existir ellos, “la izquierda radicalizada tomaría las empresas”. Este fantasma les ha valido la protección del poder político por décadas, sin considerar que nada hace más a la propagación de las ideas de izquierda más absurdas que la destrucción sistemática del aparato productivo y la imposibilidad real de que cientos de miles de jóvenes accedan a un empleo y vivan una vida digna de progreso y ascenso social. En segundo lugar, no falta el que afirma que los sindicatos han perdido todo poder y que ahora “la manija la tienen los movimientos sociales”.

Sin lugar a duda, esta es una verdad a medias. Desde ya que la implosión del aparato productivo argentino, de la que son responsables todos los gobiernos por acción u omisión desde la vuelta de la democracia, ha generado un bastión de miseria que fue aprovechado hábilmente por esos actores que fueron romantizados por el periodismo de los años noventa y que son legitimados por gran parte de la intelectualidad argentina hoy. Y sin lugar a duda tampoco deja de ser cierto que en un escenario así los sindicatos han perdido algo de peso específico frente a organizaciones que han sabido hacerse con el control creciente de los recursos del Estado orientados a subsidios y de la logística de movilización de cientos de miles de personas que son extorsionadas diariamente para no perder las migajas que éstos les entregan. Sin embargo, no deja de ser cierto tampoco que movimientos sociales y sindicatos son simplemente dos estadios temporales diferentes, pero de la misma naturaleza, de ese corporativismo que mencionaba anteriormente. No por nada en octubre de 2021 ya se hablaba de una integración creciente de la CGT con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y mientras se escribe esta nota, se rumorea sobre la intención del actual presidente de generar un Ministerio de Trabajo paralelo para Emilio Pérsico.

Hace pocas semanas atrás, conversaba con un trabajador de planta de una reconocida automotriz de la zona de Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires. En el corto diálogo, me señalaba que la crisis económica actual había provocado la pérdida de beneficios puntuales para los trabajadores de la empresa sin que el sindicato interviniera en la cuestión. No refería a ningún privilegio ridículo, sino puntualmente al tiempo que la empresa le daba para lavarse las manos antes de acceder al intervalo de almuerzo. Algo bastante razonable considerando que su función implicaba estar expuesto a lubricantes y químicos varios. Frente a mi pregunta de cómo podía ser que esto ocurriese, me respondió: “- El sindicato ni viene a la empresa, ni conoce lo que hacemos. Pero eso sí: cuando hay un acto político te vienen a buscar en camiones porque si no todo se convierte en un infierno”. Si para muestra basta un botón, el dialogo podría pensarse como perfectamente representativo de una lógica sindical que se encuentra más integrada a los negocios y a la política que a la verdadera función representativa del trabajador que se le supone.

Sin embargo, nada de todo esto se menciona en nuestras discusiones diarias. Y sorprende, sobre todo de aquellos que se postulan hoy como alternativas a la política tradicional, no sólo la falta de propuestas concretas para avanzar contra el monstruo que hace casi cuarenta años no se pudo derrotar, sino también el coqueteo imprudente que se hace por momentos con esta bestia, también desde este sector, a pesar de vivir mencionando la figura de Alberdi como espíritu rector. Justamente lo contrario a lo que todo este corporativismo, de origen fascista, representa.

Lo cierto es que sin afrontar los pilares que han propiciado la destrucción de nuestra patria, no habrá retórica ni nuevos bríos que se conviertan en la transformación urgente que este país necesita. Y si el espectro político es llenado con alternativas que carezcan de la visión y la praxis de aquello que parecen prometer, solo se terminará alimentando esa sensación de imposibilidad creciente que vive el electorado desde hace décadas y haciendo que Ezeiza siga siendo, para muchos, la única salida real.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infobae, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

¿A quiénes asisten los aparatos estatales?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 31/7/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/a-quienes-asisten-aparatos-estatales-nid2408740

Fuente: LA NACION – Crédito: Javier Joaquin

Vivimos una época de mucha hipocresía que se pone de manifiesto con claridad y contundencia cuando gobernantes repiten hasta el cansancio ideas tan esotéricas como que llevan a cabo «grandes esfuerzos» para entregar recursos a tales o cuales grupos. No parecen percatarse de que los esfuerzos los hacen los vecinos a quienes se les arranca el fruto de su trabajo para colocarlo en manos de otros destinatarios, que no son los titulares de esos fondos.

De entrada exponemos la tesis de esta nota: los políticos en funciones se asisten a sí mismos al cobrar emolumentos extraídos de la comunidad por la fuerza para jugar al hada madrina, como si ellos contribuyeran con su propio peculio, algo que jamás hacen. En lugar de dedicarse a proteger derechos y ofrecer seguridad y justicia, en gran medida se dedican a expoliar a unos en la esperanza de congraciarse con otros. Es necesario insistir en que, de este modo, la sociedad se transforma en una lucha descarnada de todos contra todos. Es como si la sociedad se hubiera convertido en un círculo infernal e insoportable donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del vecino. Esto así es insostenible y, por cierto, macabro.

Así, reclama airadamente el fabricante de tornillos que pretende un subsidio, los artistas que piden financiación para sus obras, los piqueteros que marchan para obtener prebendas, el productor que quiere ayudas monetarias, el sindicalista que pide que le otorguen más controles sobre obras sociales, el comerciante que espera que le otorguen un mercado cautivo, el profesional que insiste en asociaciones obligatorias, el banquero que apunta a mayor cobertura por parte de la banca central; el almacenero sugiere que se limite el radio de los supermercados, el empresario pide mayores aranceles, barrios populares reclaman viandas, médicos apuntan a que se les entreguen mejores equipos, estudiantes se manifiestan airadamente para obtener estudios sin cargo y así sucesivamente, todo a costa del prójimo.

Parece que a pocos se les ocurre que como primer principio civilizado debe respetarse la propiedad privada. Las demandas no pueden ser para dar un manotazo a lo que otros han obtenido legítimamente. En general se trata al lugar de trabajo o el lugar donde se abastece la gente como propio sin percatarse de que se trata de la propiedad privada de otro, del mismo modo que condenaríamos que alguien ajeno pretenda dirigir lo que ocurre en nuestro domicilio.

De esta concepción proviene la maldita idea de aplicar la guillotina horizontal al efecto de «redistribuir ingresos» sin comprender que la distribución original y pacífica se lleva a cabo en supermercados y afines cuando la gente compra o se abstiene de hacerlo según sean los diferentes rubros que necesita. Pero resulta que esa distribución es reemplazada por la referida redistribución que inexorablemente se lleva a cabo con el uso de la fuerza contradiciendo las previas votaciones de la gente, y como los recursos no crecen en los árboles, esta violencia implica despilfarro que repercute negativamente en los salarios e ingresos en términos reales.

Todos los quejosos y pedigüeños que les exigen a los aparatos estatales que les arranquen recursos a otros en lugar de esto deberían ellos mismos constituirse en oferentes de lo que demandan y hacerlo con el precio y la calidad que airada e injustificadamente reclaman que lo haga otro. Si esas personas alegan que no cuentan con el dinero suficiente para embarcarse en esos negocios, pues que ofrezcan su idea a terceros para recabar los fondos necesarios para operar. Pero si nadie les compra la idea es porque no se basa en un plan de negocios serio y por ende debe abandonarse.

En esta línea argumental, se suele proceder a través del impuesto progresivo tan apreciado y aconsejado por Marx y Engels en el Manifiesto comunista, de 1848. Ese gravamen se traduce en cuatro efectos. En primer lugar, es regresivo, puesto que el contribuyente de jure al contraer sus inversiones reduce los salarios de los marginales que se convierten en contribuyentes de facto. En segundo término, significa un bloqueo para la imprescindible movilidad social, puesto que se perjudica a los que trabajosamente vienen ascendiendo en la pirámide patrimonial vía tasas que progresan a medida que progresa el objeto imponible. Tercero, altera las posiciones patrimoniales relativas, ya que son necesariamente distintas de las que había establecido la gente revelando sus preferencias, lo cual acentúa el consumo de capital. Por último, con razón se sostiene que deben incrementarse la productividad y realizarse los esfuerzos correspondientes, pero nos encontramos con que la progresividad significa que cuanto más productivo el agente, se propinan mayores palos fiscales como castigo.

La siempre ponzoñosa envidia opaca la bendición de las desigualdades de las personas, puesto que de otra manera se derrumbarían la cooperación social y la consiguiente división del trabajo. Si todos tuviéramos las mismas inclinaciones y vocaciones, las relaciones sociales serían inviables. El delta de ingresos y patrimonios en una sociedad libre es consecuencia necesaria de los gustos de la gente; lo importante es que todos mejoren, pero no que sean iguales, puesto que, como queda dicho, la desigualdad de resultados surge del plebiscito diario del mercado, que a su turno es debida a las diferencias de talentos de cada cual para servir a su prójimo.

En este sentido, para comprobar cómo ha cambiado la opinión que hoy prevalece en el Vaticano, y sin perjuicio de otros eventuales errores que puedan señalarse, es de interés reproducir un pasaje de lo consignado por el papa León XIII en 1891: «Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea, pues, el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana; que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánense en verdad los socialistas, pero vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio ni la salud ni la fuerza, y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue espontáneamente la desigualdad de la fortuna, lo cual es por cierto conveniente a la utilidad, así de particulares como de la comunidad, porque necesitan para su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios diversos, y lo que a ejercitar esos oficios diversos principalmente mueve a los hombres es la diversidad de la fortuna de cada uno».

Por último subrayo que, como si todo lo dicho fuera poco, hay gobernantes trasnochados que sostienen que la solución a los problemas es el aumento del consumo, sin entender que la clave para todo es el incremento de la producción. Si un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada y uno de los sujetos proclama que lo que deben hacer es consumir para resolver sus problemas, seguramente los colegas no se molestarían en contestar semejante sugerencia, si es que no amenazan con ahogarlo en represalia por tamaña obscenidad.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h