La suba de la tasa al 40% genera más desconfianza

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 8/5/18 en: https://www.infobae.com/economia/2018/05/08/la-suba-de-la-tasa-al-40-genera-mas-desconfianza/

 

Este no es este el camino a seguir para zafar de la terrible herencia que se recibió del kirchnerismo

Federico Sturzenegger, presidente del BCRA
Federico Sturzenegger, presidente del BCRA

Luego de las corridas cambiarias de las últimas semanas, la gran pregunta no es “por qué ocurrió”. La pregunta es: ¿por qué no iba a ocurrir si era absolutamente previsible?

A decir verdad, era absolutamente previsible esta corrida porque el gradualismo del gobierno exigía una jugada de tasa versus dólar que, en algún momento, iba a forzar al BCRA a subir la tasa más que a bajarla.

 Lo que estamos viendo es lo mismo que vimos en la época de Martínez de Hoz cuando trataba de mantener planchado el tipo de cambio con las Letras de Tesorería

El razonamiento para prever el problema que estamos viviendo hoy en el mercado de cambios era el siguiente. El gobierno aplica una política gradualista que le exige financiarse con deuda externa. Los dólares
que recibe el ministerio de Finanzas hay que transformarlos en pesos para pagar los sueldos, las jubilaciones, a los proveedores, etc. Las opciones para conseguir los pesos son dos:

1) Finanzas vende los dólares en el mercado y eso hace bajar el tipo de cambio nominal y real afectando el sector externo, o

2) se los vende al Central, el que coloca esos dólares en sus reservas y emite los pesos que le entrega a Hacienda para que haga los pagos. Obviamente esta expansión monetaria genera inflación, hace caer el tipo de cambio real y también afecta el sector externo.

 Era  previsible esta corrida porque el gradualismo exigía una jugada de tasa versus dólar que, en algún momento, iba a forzar al BCRA a subir la tasa más que a bajarla

Ahora bien, el gobierno optó por utilizar la alternativa 2), venderle al BCRA los dólares que toma como deuda. Como la emisión monetaria que hace el BCRA es realmente importante, el BCRA coloca LEBACs para retirar pesos del mercado y así atenuar al impacto inflacionario.

El gráfico de abajo muestra la evolución del stock de LEBACs desde que asumió Cambiemos.

Stock de Lebacs

Stock de Lebacs

Si uno aumenta el stock de LEBACs por 4, es obvio que se está armando un gran arbitraje tasa versus dólar que en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada puede saltar.

Lo que estamos viendo es lo mismo que vimos en la época de Martínez de Hoz cuando trataba de mantener planchado el tipo de cambio con las Letras de Tesorería, o en el Plan Primavera que fue establecido en septiembre de 1988 para llegar a las elecciones y murió el 6 de febrero de 1989.

Destaquemos que a pesar del fenomenal incremento del stock de LEBACs la expansión monetaria primaria siguió en el mismo ritmo que en la era k.

Circulante

Circulante

Como puede verse en el gráfico de “circulante”, a pesar de la fuga de capitales que hubo en los primeros meses de 2018, la tasa de expansión monetaria siguió estando en niveles muy altos, más allá de haberse mantenido en el orden del 35% anual durante buena parte del 2017.

Había que ser muy ciego o no haber vivido años de planes similares para no advertir que no existe el inversor que devengue indefinidamente sus utilidades. En algún momento las realiza y ahora las está realizando.

¿Cómo responde el gobierno a esta toma de ganancias? Subiendo la tasa de interés hasta el 40%, adoptando algunas medidas cambiarias y formulando unos tenues anuncios de reformas estructurales.

 Había que ser muy ciego o no haber vivido años de planes similares para no advertir que no existe el inversor que devengue indefinidamente sus utilidades

Francamente subir la tasa al 40% solo se puede tolerar si es por unos días, digamos una semana, hasta tanto se reconfigura el equipo económico, se formula un plan consistente y categórico que genere confianza y, en definitiva, se pone en marcha un plan económico de estabilización y crecimiento con fuerte apoyo político.

Piense el lector en lo siguiente, una tasa del 40% anual menos una inflación del 20% anual, implica que el BCRA paga una tasa de interés real positiva del 20%. ¿En qué actividad económica puede colocar el BCRA los fondos que capta en LEBACs para poder pagar el 20% real anual de interés?

Semejante tasa de interés, más que generar confianza, genera desconfianza porque la tasa de interés siempre tiene que ser consistente con el sector real de la economía.

 Subir la tasa al 40% solo se puede tolerar si es por unos días, digamos una semana, hasta tanto se reconfigura el equipo económico

Otro punto a tener en cuenta es que el gobierno anunció una baja mayor del déficit primario para este año, básicamente reduciendo el gasto en obras públicas. Se supone que obras que se iban a iniciar no se llevaran a cabo. El gasto de la política y de los llamados planes sociales quedan intactos.

El otro tema tiene que ver con los intereses de la deuda pública en moneda extranjera. Dado que el presupuesto se hace en pesos, no es lo mismo multiplicar el monto de intereses de la deuda externa por un tipo de cambio de $19 que por uno de $22. Si el tipo de cambio se quedara en $22, supuesto fuerte, estimo que los intereses a pagar por deuda colocada en moneda extranjera crece en $30.000 millones que es lo mismo que dijo que Dujovne que se iba a bajar el gasto en obras públicas. Si a esto le agregamos el mayor gasto cuasifiscal por llevar la tasa al 40%, no veo una reducción del déficit fiscal.

Dujovne

Dujovne

En definitiva, con toda sinceridad, no es este el camino a seguir para zafar de la terrible herencia que se recibió del kirchnerismo. Con la historia de que te incendian el país si bajás los “planes sociales”, que son clientelismo político puro, y que si reestructurás el estado estalla el país, el fin de semana pasada se pusieron todos pálidos en el gobierno cuando rugió el monstruo verde. Encima, gente que desconoce el tema económico salió con declaraciones locas como que los supermercados estafan a la gente, o que hay que hacer inteligencia financiera.

Mi sugerencia al gobierno: tomen el tema económico con la seriedad que exige la brutal herencia recibida. No hay caminos fáciles manejando la tasa de interés o forzando a los bancos a vender sus posiciones de dólares. Sólo existen las reformas estructurales.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Argentina y el dilema del gasto publico

Por Gabriel Boragina Publicado  el 22/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/argentina-y-el-dilema-del-gasto-publico.html

 

“El gobierno nacional y las provincias anunciaron el acuerdo para dictar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Con este consenso se espera facilitar el tratamiento en el Congreso y la posterior adhesión de cada jurisdicción. El objetivo declarado es inducir a que en los tres niveles de gobierno se tienda a una administración más transparente y austera del gasto público. Para ello, se fijan límites al crecimiento del gasto público, el empleo y el endeudamiento y reglas para la publicación de información sobre las finanzas públicas.“[1]

Difícilmente estos objetivos se vean realizados con una simple reforma de la ley (en caso de lograrse) si no se modifica la política económica del gobierno. Como ya expresamos en otras ocasiones anteriores, la política económica del poder ejecutivo se encamina decididamente hacia una estrategia de tipo desarrollista. Prueba de ello son los discursos y los hechos concretos del gobierno en los que ambos se orientan a ambiciosos planes de obra pública, los que incluyen tanto la de infraestructura como habitacional. Sabido es que la obra pública, sea que la lleve a cabo el propio gobierno o la concesione a particulares, necesita recursos del Estado, y esos fondos imprescindiblemente se traducirán en incrementos del gasto público. Ergo, dificultosamente se pueda comprometer a través de esta ley mayor austeridad (la que también debería definirse claramente) cuando la política económica de fondo reclama una menor austeridad.

“La Ley de Responsabilidad Fiscal originalmente fue puesta en vigencia en el año 2005, pero a partir del año 2009 las reglas fueron relajadas al punto que se diluyó su operatividad. El argumento utilizado en ese momento para justificar las excepciones fue afrontar las consecuencias de la crisis internacional. La crisis pasó rápidamente, pero el relajamiento en la administración del gasto público se mantuvo. Con las reformas acordadas ahora se procura restablecer el espíritu original que inspiró en su momento la ley.“[2]

A ello hay que sumar lo dudoso que resulta que por medio de una ley se logre evitar los desbordes que, tanto los políticos como quienes los apoyan, promueven para que esas mismas leyes terminen infringidas. La ley se sancionó en 2005 y no consumó sus cometidos, en buen romance significa que ni el propio gobierno de entonces la cumplió ni tampoco hubo una exigencia de la ciudadanía en que se la observe. Ahora se trata de impulsar una nueva ley o una reforma (no queda claro el punto). Pero la cuestión clave sigue siendo el poco respeto de la ciudadanía (políticos incluso) de las leyes, que si bien se declaman, en los hechos se incumplen o se violan, en el mejor de los casos. Artilugios legales basados en la crisis internacional determinaron la inoperatividad de la ley (que técnicamente como tal puede ser excelente).

“Para evaluar la eficacia de las reformas consensuadas resulta pertinente tener en cuenta la dinámica que muestran las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2005 y 2015 se observa que:

* El gasto público nacional pasó del 14% al 26% del PBI.

* El gasto público provincial pasó del 12% al 17% del PBI.

* El gasto público municipal pasó de 3% a 4% del PBI”

Estos datos muestran que lo que prevaleció en la última década fue una enorme irresponsabilidad fiscal. Sumando los tres niveles de gobierno arroja que el gasto público consolidado pasó del 29% al 47% del PBI. De esta forma, el histórico crecimiento de la presión impositiva no fue suficiente para financiar semejante expansión de las erogaciones del Estado. El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro.“[3]

Gasto público consolidado

Nación, provincias y municipios // En % del PBI

Si se considera que el objeto del gasto público es la educación, la sanidad, la justicia, seguridad y servicios básicos (no se aclara que significa esto último, porque lo básico para unos puede ser superfluo para otros), indicados -al mismo tiempo- que con los niveles de gasto explicitados anteriormente aun así aquellos rubros “muestran un severo deterioro”,¿qué puede esperarse si a todo esto (que a nuestro juicio es excesivo) se le agrega -además- un ambicioso plan de obras públicas que pretende abarcar a todo el país?. La única solución a este dilema es privatizar y desregular toda la economía, remedio que causa rechazo generalizado, ya que se lo asocia a la triste y malograda experiencia adoptada en los años 90 cuando se le dio ese nombre a la trasferencia de monopolios estatales a otros privados, se desreguló muy poco y mal, se financió todo con endeudamiento, y se implantó una política monetaria de tipo de cambio fijo en lugar de libre.

Pero, calculamos que difícilmente el gobierno vaya en esta dirección. El desarrollismo implícito que inspira la filosofía económica del presidente Macri y su equipo es claramente intervencionista, cree en un rol activo del estado-nación en la economía. Pero, adicionalmente, a ese desarrollismo le añade otro ingrediente -que no era propiamente desarrollista- y que es el asistencialismo, que está asociado con el populismo y el estado de bienestar.

“Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas.“[4]

Aunque los autores del informe no aclaran a qué tipo de insuficiencias se refieren, en el caso de ser las señaladas en los párrafos anteriores por nosotros podemos estar básicamente de acuerdo con ellos. Hace falta una profunda reforma del estado en el sentido apuntado por nosotros más arriba: desregular y privatizar todos los sectores económicos y reservar al gobierno el control de las leyes, la justicia y la seguridad, y… no más.

[1] IDESA. “RÉCORD DE GASTO PÚBLICO CERCENA EL PROGRESO”. Informe del 20 de agosto de 2017 – Número 718 (todas las negrillas corresponden al texto original).

[2] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[3] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[4] IDESA, Op. Cit. Ídem

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Deuda, empleo, gasto y ahorro

Por Gabriel Boragina Publicado  el 25/6/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/06/deuda-empleo-gasto-y-ahorro.html

 

Que el gobierno encare por si mismo obras públicas trae consigo numerosos problemas cuya posterior solución lo hace incurrir en círculos viciosos. La obra pública se financia invariablemente con gasto público (como ya expresamos anteriormente, es más correcto -en estos casos- hablar de obras estatales y gastos estatales, pero, por razones de arraigo en el lenguaje, continuaremos refiriéndonos al vocablo “público” aplicado a estas cuestiones como “sinónimo” de estatal. Habitualmente, los gobernantes sufragan la obra pública con impuestos. Cuando estos se vuelven insuficientes, acuden al empréstito, pero -a veces- siguen el camino inverso. En este último caso veamos que sucede:
“Cuando el Estado decide, finalmente, satisfacer la deuda contraída a causa de las obras públicas, se ve obligado necesariamente a imponer a la comunidad un gravamen fiscal superior a los gastos presupuestarios que realiza. Por consiguiente, durante este último período se ve forzado a destruir mayor número de empleos del que puede proporcionar mediante el gasto público. El inevitable incremento en la imposición fiscal no sólo detrae de la comunidad más poder adquisitivo; debilita o destruye en los empresarios el incentivo de la producción y reduce la riqueza y la renta total del país.”1
Sentado que ningún gobierno genera ingresos propios, cualquier cosa que decida hacer debe obtener recursos de terceros. Esos terceros de ordinario son sus propios gobernados, quienes, a la sazón y en dicha función, reciben el ficticio nombre de “contribuyentes” cuando -en rigor- debería llamárselos expoliados, ya que la palabra “contribución” por su propia estructura nos da a entender un acto voluntario, lo que claramente no sucede en la persona que paga impuestos, habida cuenta que lo hace porque la ley lo fuerza a ello bajo pena de severos castigos en caso contrario.
Sea que la deuda se contrató porque la recaudación resultaba insuficiente, o bien, sea que lo haya sido porque no se quisieron aumentar impuestos, de una manera o de otra, llegado el momento de cancelar la misma, el gobierno deberá obtener de algún lado los recursos necesarios para tal fin. Para esto último, tiene tres vías posibles, a saber: 1) pedir más préstamos; 2) crear nuevos impuestos o aumentar las alícuotas de los existentes; 3) generar inflación. En los tres casos indefectiblemente quien paga, siempre es el mismo sujeto: el trabajador..
“La única forma de escapar a esta conclusión es presumir (como sin duda hacen siempre los partidarios del «gasto público») que los gobernantes tan sólo realizarán aquellos desembolsos en períodos que de otra suerte habrían sido de depresión o «deflacionarios» y se apresurarán a pagar la deuda contraída en épocas que en caso contrario habrían sido «inflacionarias» o de inusitado auge en los negocios. Esto equivaldría, desde luego, a una ficción fraudulenta; pero a pesar de ello, por desgracia, quienes gobiernan nunca procedieron así. Es tan difícil en economía predecir futuros acontecimientos y son tan influyentes las fuerzas políticas en acción, que existen muy escasas probabilidades de que los gobernantes actúen de esa forma. La financiación deficitaria del gasto público, una vez emprendida, engendra poderosos intereses privados que exigirán su prosecución bajo cualesquiera circunstancias”2
Aunque no queda en claro a cuales “desembolsos” se refiere nuestro autor, todo parece indicar por el contexto de la cita, que han de tratarse de los gastos por la obra pública. De ser así, se describe aquí lo que en economía suele recibir el nombre de política contraciclica. En algún sentido, era lo que básicamente proponía Lord Keynes. En términos más sencillos, Keynes sugería aumentar el gasto público en épocas de contracción económica y reducirlo en las de expansión.
Como bien indica el párrafo transcripto, los gobiernos no se comportan de la manera en que los estatistas keynesianos y sus discípulos lo suponen. La experiencia histórica demuestra que, una vez lanzada la política de gasto público expansivo, raramente se da marcha atrás en este terreno, y la mencionada política tiende a perpetuarse en el tiempo, no sólo en los casos de gobiernos del mismo partido o signo político, sino también -y además- en aquellos que no lo son.
Correctamente se señala que, en la continuidad de tal conducta de incremento del gasto se encuentran comprometidos intereses de diferentes sectores, escalas y niveles. La obra pública, en particular, compromete no sólo a áreas del gobierno, sino también a un muy importante sector privado que, en frecuentes componendas con el gobierno, suelen obtener pingues ganancias, que no se hallan dispuestos a resignar.
“Los economistas clásicos, al refutar los errores de su tiempo, mostraron que la política del ahorro, orientada en interés del individuo, sirve al propio tiempo el de la comunidad; Indicaban que el ahorrador consciente, al preocuparse de su propio futuro, no perjudicaba, sino que ayudaba a la sociedad. Pero en nuestros días, aquella antigua virtud, así como su defensa por los economistas clásicos, vuelve a ser atacada mediante teorías que pretenden ser moderadas y, en cambio, se ensalza la doctrina actualmente en boga del «gasto público».”3
Teniendo en cuenta los años en las que fueron escritas estas palabras, bien podemos decir que la situación actual no difiere en absoluto a la que describe el autor. En nuestros días, el gasto sigue siendo una especie de tótem, algo a lo que se le rinde como una clase de culto, y que su cuestionamiento no puede ser objeto de atención seria. En rigor, lo que esta explicando el autor citado, encierra una verdad que resulta evidente por si misma, y que es que sin previo ahorro no existe gasto posible. Y que el ahorro sólo puede provenir de fuentes privadas, por lo que carece de todo sustento lo que afirman algunos respecto que el gobierno puede “ahorrar” o puede forzar a los particulares a hacerlo.
Como quiera que la economía -pese a su gran difusión- sigue siendo una ciencia ignorada o mal comprendida por una mayoría de personas, el malentendido persiste y los esfuerzos por disiparlo nunca serán suficientes.
1Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. pág 94
2Hazlitt, H.. La economía en una lección pág 94
3Hazlitt, H.. La economía en una lección…pág 96
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gasto, pobreza e inversion “pública”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 18/6/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/06/gasto-pobreza-e-inversion-publica.html

 

Veamos, brevemente, uno de los mitos económicos mas difundidos de todos los tiempos. Aquel que dice que un mayor gasto estatal permitiría un menor número de pobres o -al menos- aliviar en un grado significativo la pobreza. ¿Qué hay de cierto en esta popular creencia, sostenida, incluso, por muchos economistas que posan de “serios”?. En su excelente obra, el fenomenal Henry Hazlitt nos explica que:

“Los economistas se han visto obligados a re­petir una y otra vez que casi todos los pretendidos remedios de la po­breza se limitan a agravar el problema. Ya he analizado los verdade­ros efectos de los ingresos garantizados y el impuesto negativo sobre la renta; las leyes de salario mínimo y las que aumentan el poder de los sindicatos; la oposición a la maquinaria que ahorra brazos; los planes para “multiplicar el trabajo”; las subvenciones especiales; el au­mento del gasto público y de la tributación; los impuestos marcadamente progresivos sobre la renta y los punitivos sobre las ganancias del capital, las herencias y las sociedades; y el socialismo a ultranza»”1

En lo que nos interesa de momento, vamos a analizar -de toda la enumeración dada de los mecanismos que, en lugar de ayudar, agravan el problema de la pobreza- el relativo al gasto público.
Un mayor gasto no implica, de modo alguno, menor cantidad de pobres, sino que, en el mejor de los casos, mediante su operación se transfieren recursos de un sector a otro. Si el objetivo es “aliviar” la pobreza de cierto grupo de individuos, el gobierno no tendrá mas remedio para ello que detraer recursos de otro grupo. Si el PBI total de la nación es, por caso, de 100, y esta distribuido -hipotéticamente- entre el sector A y B en 80 y 20 respectivamente, y el gobierno decide redistribuir la riqueza -a fin de “suprimir” la pobreza- mediante el conocido artilugio de “quitarle a los ricos para darle a los pobres” procederá a extraer 30 a A y entregárselos a B, con lo cual en el sector A se empobrece a la gente en 30, y en el B se la enriqueció en la misma cantidad. Como se ve claramente, no se suprimió ni se disminuyó la pobreza como se declama habitualmente, sino que sencillamente se enriqueció a unos a costa de otros, y la acción del gobierno no puede hacer mas que eso, pero si puede hacer menos, evitando meterse en el asunto.
A la falacia “redistribucionista” se le suman otras:

“Al dejar para ulterior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas, habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de «combatir el paro» o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido”2

No esta de más, nuevamente, aclarar a nuestros lectores que, el gasto estatal no se reduce exclusivamente a las obras públicas. Este es -simplemente- un rubro de aquel, si bien puede ser un renglón muy importante del mismo. El autor estudiado ahora, parece asumir -en el párrafo citado- que las obras públicas sólo pueden ser encaradas por el gobierno, y -en esa linea- distingue entre dos tipos o clases de obras públicas (siempre estatales) a saber: aquellas que él llama “indispensables”, y otras que podrían ser denominadas “no-indispensables”, dentro de las cuales cita las destinadas a crear empleo por un lado, y, por el otro, aquellas dirigidas a generar riqueza.
Es bastante cuestionable, por no decir del todo inapropiado, equiparar los conceptos de “gasto público” con el de “inversión pública”. Técnicamente -como tantas veces dijimos- gasto e inversión no son términos sinónimos, ni siquiera equivalentes, aunque muchos economistas los empleen de esa manera. El vocablo inversión sólo puede -y debería- ser aplicado exclusivamente a la actividad privada, porque la misma noción comprendida en la palabra, connota -como mínimo- dos elementos, a saber: la propiedad privada de los recursos que se van a destinar a la inversión y, en segundo lugar, el riesgo que la acción de invertir conlleva en si misma. Toda inversión incluye el riesgo de su pérdida para el sujeto que invierte, y este sólo puede ser el propietario de los recursos en cuestión y no otro.

            En esta linea de razonamientos, las erogaciones que el gobierno realiza a diario no pueden ser catalogadas de “inversiones”.

“Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la «economía planificada», acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo III, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, según allí se expuso, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió un dólar menos por los contribuyentes en sus propias necesidades, y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada.”3

El gasto estatal no hace otra cosa que impedir el gasto privado. En rigor, es violatorio del derecho de propiedad, porque por medio de la fuerza (legal, pero fuerza al fin de cuentas) se detraen recursos del sector privado de la economía, lo que significa privar a sus propietarios de la libertad de decidir el mejor destino a dar a los mismos y -en su lugar- arrogarse el gobierno la facultad de ejercer dicha decisión.
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1[Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. 252
2Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. Pág 9-10
3Hazlitt, H.. La economía en una lección….Ob. Cit. Pág. 93-94

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El ejemplo de Costa Rica

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 14/7/14 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-tagliavini/2014/07/14/el-ejemplo-de-costa-rica/

 

Costa Rica, que no tiene ejército pero sí una selección de fútbol que sorprendió al mundo en Brasil, hoy está considerado el país con mayor “desarrollo social” de América Latina, con un PIB per cápita de US$ 11.156 anuales, entre Argentina (US$ 11.658) y Brasil (US$ 10264), y va por el buen camino: el contrario de la soberbia.

Sucede que el estatismo implica la coacción de “regulaciones” por parte de los políticos que, en su arrogancia, se creen con derecho y capaces de decidir vida y fortuna de los ciudadanos. En este sentido, es auspicioso que el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, un académico de izquierda que asumió el 8 de mayo, haya decretado la prohibición de incluir su nombre en placas de obras públicas porque éstas se erigen con “el aporte de todo el pueblo” y, además, no quiere que ver su retrato en las oficinas porque se considera un ciudadano más.

El presidente, además, ha dado muestras de sensatez, aun alejándose de ciertas tesis de su partido, como reconocer la importancia de la inversión extranjera y el libre comercio, aunque no parece dispuesto a un fuerte levantamiento de las “regulaciones” existentes. Por caso, desea reducir las tarifas eléctricas, de internet y de la gasolina, pero no termina de aceptar la eliminación de las leyes que otorgan monopolios al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Recope, de modo de dar lugar a la competencia privada que abarate los precios.

Más grande la soberbia, más destruye. En Cuba, donde los Castro quieren decidir hasta lo que deben pensar las personas, el salario medio no llega a US$ 20 mensuales y la devastación no fue mayor gracias a la ayuda de países amigos, particularmente la ex URSS (tras su caída, el PBI isleño cayó en torno al 35% entre  los años 1991 y 1994 y el régimen debió abrirse al capital exterior). Pero la reciente ley de inversión extranjera sigue siendo muy restrictiva al punto que prohíbe a las empresas extranjeras contratar trabajadores de forma directa y asociarse con los emprendedores privados locales, unos 450.000 tras las reformas de 2011.

Otro caso interesante en América Latina es el de México, que logró la aprobación de la reforma en las telecomunicaciones bien intencionada aunque algo celosa. Efectivamente, si lo que se quiere es terminar con los monopolios y grupos dominantes deberían levantar las leyes que coactivamente, directa o indirectamente, dificultan la entrada de pequeños actores pero no crear un organismo burocrático, como el Instituto Federal de la Competencia, que exige al grupo que controla el 84% de la telefonía fija y el 70% de la móvil que comparta sus infraestructuras con la competencia, y a la mayor televisora del país, con el 60% del mercado, que ofrezca gratuitamente la señal a las televisiones de pago. ¿Quién es el burócrata para imponer su criterio sobre el mercado y las personas?

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El tema de la deuda gubernamental

Por Alberto Benegas Lynch. Publicado el 26/4/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7769

A raíz de mi exposición en el congreso con motivo de los 25 años de la Fundación Libertad en Rosario (Argentina), a principios del corriente mes de abril, en la que sugerí distintas medidas para revertir la difícil situación por la que atraviesan muchos países, algunas personas allí presentes me solicitaron que me explayara sobre uno de mis puntos que aludió al endeudamiento público, lo cual hice sumariamente en esa ocasión y me propongo hacer ahora en forma algo más detenida, aunque he desarrollado el tema extensamente en dos de mis libros.

En 1798, Thomas Jefferson, en carta dirigida a John Taylor relata la impresión que en su momento tuvo al leer la flamante Constitución estadounidense cuando era embajador en París: “Desearía que fuera posible introducir un enmienda a nuestra Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella para la reducción de la administración de nuestro gobierno en base a los principios genuinos de la Constitución: quiero decir, un artículo adicional por el que se saque del gobierno federal el poder de endeudarse”.

Es de interesante detenerse a considerar esta preocupación circunscripta principalmente al gobierno central debido a la atención primordial que los Padres Fundadores le atribuían al federalismo (por ello muchos de ellos insistían en limitarse a revisar los Artículos de la Confederación y no elaborar una Constitución nueva y de donde parió el fértil y sonado debate entre federalistas y antifederalistas), pero el tema se extiende también a la deuda de los estados miembros de la unión.

El asunto es bifronte, por un lado, se apuntaba a minimizar el poder forzando a que se financiaran con el producto de los recursos presentes, es decir, los impuestos y, en el límite, cuando los gobiernos se extralimitan y abusan del poder que les fue conferido, alentar la rebelión fiscal tan consubstanciada con la Revolución Norteamericana, comenzando con los impuestos al té en Boston. Pero, por otra parte, mostrar que la deuda gubernamental es incompatible con la democracia en el sentido de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes que contrajeron la deuda.

Se podrá argüir que, como contrapartida, las futuras generaciones podrán gozar de los beneficios de las obras que se construyeron con los recursos provenientes de la deuda. Esto debe analizarse desde varios ángulos. En primer lugar, no puede concluirse que existen beneficios cuando el procedimiento fue realizado compulsivamente con los recursos detraídos del fruto del trabajo de otros. Diferente es cuando el proceso es voluntario asumiendo los riesgos con patrimonio propio, en ese caso los resultados podrán criticarse por futuras generaciones pero no puede objetarse la legitimidad de usar y disponer de lo propio que no comprometen bienes pertenecientes a terceros.

Por otra parte, hay aquí  una cuestión de finanzas públicas que debe ser considerado. Por definición, una inversión es realizada voluntariamente sopesando la preferencia temporal en el sentido de evaluar las ventajas de consumir en el presente o ahorrar e invertir al efecto de conjeturar que el beneficio será mayor en el futuro. Por ello es que “ahorro forzoso” constituye una contradicción el los términos. Del mismo modo, tal como nos enseña Rothbard en su tratado de economía, la clasificación de “inversión pública” (o estatal) carece por completo de rigor en economía, puesto que siempre se trata de un gasto. La noción de inversión no parte de una idea caprichosa y arbitraria, como si fuera simplemente lo que genera un bien durable puesto que las pirámides egipcias son por cierto durables pero difícilmente puedan catalogarse seriamente como inversiones. En otros términos, la inversión no está escindida del mercado y es del todo ajena a las imposiciones políticas.

En el caso que nos ocupa, no es procedente intrapolar lo que ocurre en una empresa privada a la administración pública en cuanto a la evaluación de proyectos referida al pago al contado frente al pago diferido al contraer una deuda, del mismo modo que en la visión convencional del gobierno no es pertinente calcular el retorno sobre la inversión de la Justicia.

Las llamadas obras públicas deben privatizarse con lo que las formas de pago se derivan de la situación de mercado en cuyo contexto cada cual asume los riesgos correspondientes. Por otra parte, la historia muestra el testimonio de obras colosales realizadas por el sector privado se traten de represas, telefonía, electricidad y autopistas (en mi libro Las oligarquías reinantes. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999 -que prologó mi querido amigo J. F. Revel- me detengo en este último punto desde los peajes en los ríos navegables hasta las modernas carreteras y calles y los diferentes sistemas aplicados en zonas residenciales, industriales y centros comerciales).

Por otra parte, son precisamente las obras públicas la fuente más potente de corrupción en todos los gobiernos. Sin duda que al referirnos a la deuda gubernamental, no estamos diferenciando entre la externa y la interna puesto que la naturaleza del problema es la misma en ambos casos (también en este contexto debe tenerse en cuenta que no habría lugar para programas tales como la mal llamada “seguridad social” que, además de constituir un estafa a los más necesitados, significa la confiscación de los ingresos de todos).

En situaciones extremas, se ha sugerido tercerizar el servicio correspondiente con pagos al contado que signifiquen beneficios al tercerizado que compensen el descuento. En este panorama general, de más está decir que resulta indispensable cerrar los grifos posibles para la inflación monetaria a través de la liquidación de la banca central al efecto de que la gente pueda elegir los activos monetarios que estime convenientes, tal como lo han propuesto autores de renombre como Hayek , Gary Becker, Buchanan y en la última versión monetaria de Friedman, siempre  en un cuadro de situación en el que queda abolida la manipulación política de los encajes bancarios (sea a través del free-banking o de la reserva total para cuentas corrientes según prospere este muy jugoso debate).

Hoy vivimos la crisis de las deudas elefantiásicas como consecuencia de astronómicos incrementos en los gastos del Leviatán, fomentados por instituciones inauditas como el Fondo Monetario Internacional que, como han expresado Anna Schwartz, Peter Bauer, Karl Brunner, Melvyn Krauss, James Bovard y tantos otros, ha servido y sirve para financiar y consolidar -con recursos detraídos a los contribuyentes de diversos países -absurdas políticas que demuelen instituciones clave como la propiedad privada, la moneda sana, la razonabilidad tributaria y la prudencia en el gasto y en la referida deuda estatal (hay gobiernos como el actual argentino que se separan del FMI al solo efecto de evitar auditorias de organismos oficiales que fabrican cifras falsas, y ha reemplazado con creces su deuda con ese organismo vía endeudamiento interno).

En línea equivalente a lo expresado, el antes mencionado premio Nobel en Economía James Buchanan arriba a varias conclusiones sobre la deuda gubernamental. Primero, subraya lo que denomina la peligrosa  “ilusión fiscal” que genera ese tipo de deuda que permite que se gaste en el presente con recursos que se demandarán en el futuro (en “Public Debt, Cost Theory and Fiscal Illusion”, Public Debt and Future Generations, J. M. Ferguson, ed., University of North Carolina Press). Segundo, sostiene que “es inmoral que una generación imponga el pago a otra para el beneficio de la primera” (en “Budgetary Bias in Post-Keynesian Politics: The Erosion and Potential Replacement of Fiscal Norms”, Deficits, J. M. Buchanan, C. K. Rowley y R. Tollison eds.,  Basil Blackwell). Tercero, enfatiza que la generación que se hace cargo “no tuvo derecho a participar en la decisión” (en “The Ethics of Debt Default”, también en Deficit, op.cit.). Y finalmente, para rematar la situación, Buchanan sostiene que, por ejemplo, “el gobierno de los Estados Unidos ha incurrido repetidamente, de hecho, en default  de la deuda a través de la inflación” (en “Bugetary…op. cit.).

La vida se traduce en trade-offs puesto que no es posible realizar todo al mismo tiempo. La vida es una constante elección de prioridades. En el caso de la deuda gubernamental, deben sopesarse las ventajas circunstanciales del endeudamiento con los peligros manifiestos del Leviatán desbocado y, para recurrir a una expresión futbolística, abstenerse de “patear la pelota para adelante” y jugar lo que se debe jugar en el momento sin endosar los problemas al futuro que, en el caso que nos ocupa, además significa hacer de cuenta que se disponen de más recursos de los que en verdad existen para ganar elecciones sin importar la carga de la herencia que se trasmite.

Por supuesto que se han sugerido otras limitaciones constitucionales para embretar a los aparatos estatales con el propósito de que se circunscriban a lo que en esta instancia del proceso de evolución cultural se estima son las misiones específicas en un gobierno republicano. Algunas de ellas son el establecimiento de topes para el gasto en relación al producto (siempre atentos a la trampa de que incrementos en ese guarismo justifican aumentos en el gasto), pero la prohibición de incurrir en déficit fiscal no tendría sentido puesto que se tornaría irrelevante y superflua la iniciativa si se presta atención a lo que aquí dejamos consignados puesto que no resultaría posible endeudarse ni falsificar moneda.

En Estados Unidos, durante parte de la administración de Reagan, se introdujo una política conocida como starve the beast aconsejada por personalidades como quien había sido hace tiempo Secretario del Tesoro, el formidable William E. Simon. La idea consistía en bloquear la posibilidad de elevar tributos y la emisión monetaria para que el gobierno se vea impelido a reducir el gasto. Pues bien, el resultado fue una acelerada elevación de la deuda pública y el gasto trepó a niveles inusitados, lo cual se complicó con compromisos parlamentarios incumplidos. Si esto ocurrió en la administración de quien insistía a los cuatro vientos hasta el final de su mandato que “el gobierno no es la solución, es el problema”, podemos imaginar la política de otros países. Aquella política estadounidense bienintencionada es lo que hizo que renunciara David Stockman, una de las cabezas del equipo económico, relato que se encuentra consignado en su libro bajo el sugestivo título de The Triunph of Politics. The Inside Story of the Reagan Revolution (episodios también revelados en la obra de Edwin Meese, ex Procurdor General de Reagan, titulada With Reagan).

La deuda estatal no solo afecta el mercado de capitales en cuanto a que sustrae parte de los siempre escasos factores productivos, sino que afecta la tasa de interés con lo que se modifica artificialmente la relación consumo presente-consumo futuro (además de la ingerencia gubernamental directa en este delicado precio). En la actualidad, como no resulta suficiente succionar ahorros locales e incluso ahorros del exterior en gran escala se permite que entre departamentos del mismo gobierno se pueda emitir y adquirir deuda, es decir, monetizarla, lo cual no solo compromete patrimonios futuros sino que grava con inflación el presente distorsionando los precios relativos con el consecuente consumo de capital y reducción de ingresos y salarios en términos reales.

Si estamos interesados en preservar espacios de libertad y proteger así las autonomías individuales, debemos atender las causas del avance de los gobiernos sobre las vidas y las haciendas de las personas y no meramente quejarnos por las consecuencias del atropello. Como bien ha puesto Cervantes en boca del Quijote: “La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

 

Juan Carlos de Pablo y el sobretodo de Hayek

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 25/3/13 en http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2013/03/25/juan-carlos-de-pablo-y-el-sobretodo-de-hayek/#more-4790

 Juan Carlos de Pablo (UCEMA) tiene una columna semanal en el diario La Nación donde, a través de diálogos ficticios, comenta problemas de coyuntura económica según distintos economistas a lo largo de la historia de la disciplina. En esta ocasión, de Pablo hace referencia a la anécdota (1931) del comentario de Hayek sobre el desempleo que provocaría un aumento en el consumo de sobretodos. Cuenta la tradición oral que durante una de las exposiciones de Hayek en Cambridge (UK), Richard Kahn le pregunta “¿Dice Ud. que si mañana me compro un sobretodo, eso va a aumentar el desempleo?”, a lo que Hayek responde “Sí, pero tengo que desarrollar mucha matemática para explicar por qué.”

De Pablo dice que a pesar que esta anécdota llegó a nuestros días de forma oral, “el sentido de la afirmación es suficientemente claro como para dar lugar a interpretaciones que destacan su inverosimilitud, grosería, y sobre todo falta de oportunidad.” El tratamiento de de Pablo sobre esta anécdota es una buena oportunidad para hacer una aclaración sobre la teoría del ciclo de Hayek.

De Pablo entabla un diálogo ficticio con Francisco García Olano (1908-1980) para explicar las afirmaciones de Hayek. En la ante última pregunta, “¿Qué le parece, como explicación del ciclo [económico]?” Olano responde “En 1931 era una ridiculez. John Maynard Keynes, pero no sólo él, y no exclusivamente en Inglaterra, recomendaba la realización de obras públicas (¡no la estatización de empresas!), para que a raíz del mayor ingreso alguien comprara algún sobretodo, en algún momento. Porque en aquel entonces la cuestión no era cuándo se efectuarían las compras, sino si se realizarían o no, a la luz de las pésimas expectativas existentes.”

La explicación de de Pablo sobre la teoría de Hayek me parece imprecisa, sino errónea. En primer lugar de Pablo apunta correctamente en su nota al mencionar que el problema, según Hayek, es la inversión en proyectos que no son rentables a tasas de interés de equilibrio cuando se sigue una política monetaria de bajas tasas de interés. Pero luego la explicación se desvía hacia los efectos de incentivar la compra de sobretodos hoy en lugar de esperar a que los consumidores los compren cuando deseen como si el problema fuese el cuándo se compra el sobretodo y no el cómo se lo produce.

El problema, según Hayek, no es cuándo se compra un sobretodo, sino producir sobretodos con una inversión y estructura de capital que no es sostenible sin una política de dinero fácil. Al dejarse llevar por la anécdota del sobretodo, de Pablo ridiculiza erróneamente la explicación de la teoría de Hayek. No se sigue, entonces, que la solución Keynesiana sea preferible por que no cae en la ridiculez de preocuparse por el cuándo se compra el sobretodo sino por generar ingresos para que eventualmente alguien compre el sobre todo.

Si para de Pablo lo importante es mantener el flujo de ingresos en una nota sobre Hayek, entonces podría haber citado el mismo “Prices and Production” (libro que surge de las charlas donde se dio la anécdota del sobretodo) en lugar de entablar un diálogo ficticio con Olano. En “Prices and Production”, Hayek explícitamente hace referencia a la necesidad de mantener el flujo nominal de ingresos estables (un caso de NGDP targeting) en el capítulo IV. No hacía falta que Olano intente adivinar equivocadamente la postura de Hayek, bastaba con preguntarle al mismo Hayek. De Pablo hubiese evitado una ridiculización sin fundamentos de haber comparado las políticas de inversión pública (Keynes) versus NGDP targeting (Hayek junto a no pocos contemporáneos) en lugar de caracterizar a Hayek en base a una anécdota de la que carecemos un contexto claro.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctor en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.