La cultura del saqueo como fuente de nuestra decadencia económica

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 26/9/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/09/26/la-cultura-del-saqueo-como-fuente-de-nuestra-decadencia-economica-2/

 

Con este esquema el país no puede crecer a largo plazo, en base a inversiones, porque nadie invierte para ser saqueado.

La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.
La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.

Si se confirman los pronósticos que dan ganador al oficialismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en los distritos electorales con mayor peso electoral, el presidente Mauricio Macri no tendrá la mayoría en ambas cámaras pero habrá acumulado un capital político nada despreciable, que le otorgará un margen de maniobra más amplio, para llevar adelante reformas estructurales que nos permitan entrar en una senda de crecimiento de largo plazo.

Que hoy varios indicadores económicos estén dando bien no quiere decir que sean sostenibles en el tiempo. A modo de ejemplo, y salvando las distancias, Cristina Fernández logró mostrar durante un tiempo un fuerte aumento del consumo, pero basado en artificios económicos que hacían que ese aumento no fuera sustentable en el tiempo. Es la famosa herencia recibida.

Esperemos, entonces, que con ese mayor capital político, Macri comience a cambiar el discurso y, sobre todo, el rumbo económico. Lo que sirve para ganar las elecciones no necesariamente sirve para crecer en el largo plazo.

Mi visión es que la economía argentina tiene por delante dos grandes problemas. Uno, el de solucionar la cuestión estrictamente económica. Déficit fiscal, inflación, distorsión de precios relativos, tipo de cambio real, etcétera. El otro es la política económica de largo plazo. Cambiar por completo la política económica apuntando a crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, incrementar la productividad de la economía, generar más demanda de trabajo y así comenzar un ciclo de crecimiento de largo plazo.

Pero claro, esas condiciones necesarias para atraer inversiones requieren de algo que vengo repitiendo hasta el hartazgo: calidad institucional. Me refiero a las reglas de juego, códigos, leyes, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y de estos con el Estado.

Lo que hoy tenemos es un sistema de saqueo generalizado. El Estado es el gran saqueador que luego decide a quien le da parte del botín. Es el que a su antojo reparte el botín del saqueo. Pero ojo, esto no es nuevo en Argentina. Nuestra larga decadencia tiene como germen esta “cultura”por la cual todos pretenden vivir a costa del trabajo ajeno y usan el  monopolio de la fuerza del Estado para que saquee a otros y luego les transfiera a ellos parte del botín. El kirchnerismo ha llevado hasta niveles insospechados esta cultura del saqueo y, a mi entender, el gran desafío de Macri consiste en empezar a desandar ese nefasto camino que se ha traducido en un gigantesco gasto público con la correspondiente presión impositiva, que ya nadie puede negar que está destruyendo la economía argentina.

¿Qué quiero decir con cultura del saqueo? No me refiero solamente a la legión de gente que recibe los llamados planes sociales y se sienten con derecho a ser mantenidos por el resto de la sociedad o a la legión de ñoquis que permanecen en el estado, sino también a que buena parte de la dirigencia empresarial local (de capitales argentinos y extranjeros) pretenden parte del botín pidiendo proteccionismo, créditos subsidiados y otros privilegios que les evite competir. Quieren un mercado cautivo para vender productos de mala calidad y a precios que no podrían cobrar en condiciones de una economía abierta para obtener utilidades extraordinarias.

Además hay sectores profesionales que actúan como corporacionesdirigentes políticos, sindicales, etcétera, que pretenden también vivir de ese saqueo generalizado.

La política económica que impera en nuestro país se basa en esta regla por la cual diferentes sectores recurren al Estado para que este, utilizando el monopolio de la fuerza, le quite a otro para darles a ellos.

Es todos contra todos. Una sociedad que vive en permanente conflicto social porque el que es saqueado por el Estado pide algo a cambio y, entonces, el Estado saquea a un tercero para conformarlo y ese tercero protesta y el Estado saquea a un cuarto sector para conformar al tercero y así sucesivamente. Obviamente que los que menos poder de lobby tienen son los perdedores de este modelo de saqueo generalizado.

Con este esquema el país no puede crecer en base a inversiones porque nadie invierte para ser saqueado. En todo caso hace un simulacro de inversión para luego saquear a otro. Pero inversiones en serio, aquellas que tratan de conseguir el favor del consumidor son mínimas con estas reglas. Es más, casi tienden a cero.

En consecuencia, no tenemos un sistema de cooperación voluntaria y pacífica por el cual un sector solo puede progresar si hace progresar a sus semejantes produciendo algún bien que la gente necesite y vendiéndolo en el mercado a precio y calidad competitivos. Por el contrario, tenemos un sistema de destrucción de riqueza. De destrozo del sistema productivo. Y eso se traduce en menos bienes para ser saqueados y repartidos. Cuanto más saquee el Estado, menos se produce, menor es el botín a repartir y mayor la conflictividad social.

Las recurrentes crisis económicas argentinas son el fruto de esta cultura del saqueo. Cuando se acaba el botín viene la crisis y empezamos de nuevo, pero no cambiamos la cultura de fondo.

El mayor problema que tenemos que enfrentar es cambiar esta cultura del saqueo por la cultura del trabajo, de la competencia, de la innovación. No es cierto que el país no esté en condiciones de cambiar esta cultura decadente. Que sea imposible llevar a cabo un cambio de estas nefastas reglas de juego sin evitar una crisis social. Eso es lo que venden los políticos que prefieren seguir teniendo el poder de saquear porque saqueando pueden retener poder político. Saqueo a unos pocos y reparto entre muchos y así gano votos, es decir, kirchnerismo en estado químicamente puro.

Podremos discutir hasta el hartazgo si gradualismo fiscal o baja del gasto público. Si hacemos una reforma impositiva que atraiga inversiones o continuamos con la cantinela de que primero hay que recaudar más para luego bajar los impuestos y delirios de ese tipo.

Ahora, lo que seriamente tenemos que plantearnos es si vamos a seguir usando al Estado para robarnos unos a otros (el robo legalizado, como lo llamaba Bastiat) o le ponemos un límite en que el monopolio de la fuerza que le delegamos es para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas y no para que lo use para saquear en nombre de la solidaridad social. Verso también inventado por los políticos para decir que tienen el monopolio de la benevolencia y así seguir saqueando a los sectores productivos para repartir el fruto del saqueo y ganar votos.

En síntesis, terminar con esta competencia populista en que se ha transformado la democracia en Argentina y volver a una democracia republicana.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

La economía se arregla cambiando los valores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 8/9/16 en: http://economiaparatodos.net/la-economia-se-arregla-cambiando-los-valores/

 

Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye

Si uno tuviera que definir cuál es el desafío mayor para solucionar el problema económico heredado del kirchnerismo, un problema monumental por cierto, inevitablemente tiene que señalar el institucional, entendiendo por institucional las normas, reglas, códigos, leyes y costumbres que rigen en un país y regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado.

Ahora bien, esas reglas, normas, códigos, leyes y costumbres surgen, en última instancia, de los valores que predominan en una sociedad. Si en una sociedad todos quieren vivir a costa del trabajo ajeno, vamos a tener un orden institucional de saqueadores. Todos robándose a todos usando al estado como el gran ladrón. Es decir, el estado usando el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a un sector para dárselo a otro. Ese saqueo generalizado desestimula la cultura del trabajo, la inversión y, en definitiva, reduce la riqueza y lleva a la pobreza.

Cuando uno lee el comunicado de prensa del Ministerio de Economía que describe Aspectos Relevantes del Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional 2017 se encuentra con frases como esta: “Las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales”. Es decir, se insiste en generar planes sociales en vez de trabajo. Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye. No pretendo que de un día para otro se elimine la totalidad de los planes sociales, pero sí pretendo que no se sigan ampliando como una forma de vida. Insisto, una política económica exitosa logra reducir los llamados planes sociales, una política que fracasa en atraer inversiones y crecer, incrementa los planes sociales. En mi opinión es función de los gobernantes, particularmente de los estadistas, ir mostrando el camino de la dignidad del trabajo y lo denigrante de los planes sociales. Podrá argumentarse que el oficialismo necesita en 2017 ampliar su fuerza en el Congreso. Que necesita tener más poder político para poder frenar los embates del kirchnerismo. Ahora bien, si la única manera de ganar elecciones y frenar al peronismo es con sus mismas políticas, entonces estamos en un problema.

Insisto por enésima vez. No estoy diciendo que mañana hay que firmar un DNU anulando todos los planes sociales, solo estoy diciendo que corresponde a un buen gobernante actuar como guía en la cultura del trabajo. En los valores que deben imperar en una sociedad.

En última instancia todas las crisis monetarias, inflacionarias, cambiarias y corridas financieras tuvieron su origen en crisis fiscales, y las crisis fiscales se generaron a partir de un gasto público imposible de ser sostenido por el sector privado. Por otro lado, la enorme carga tributaria que pesa sobre la población que trabaja en blanco se origina en la necesidad de financiar ese gasto público desaforado que, por competencia populista, va aumentando de elección en elección para ganar votos ofreciendo más planes “sociales”, empleo público y subsidios de todo tipo.

Lo que quiero transmitir es que el gasto público y la presión tributaria, con las consecuentes crisis periódicas, no crecen  y se producen por generación espontánea. Hay una demanda de populismo y una oferta de populismo. La gente demanda más gasto público con la esperanza que otro pague la cuenta. Y como nadie quiere pagar la cuenta el estado cada vez asfixia más al sector privado formal para quitarle recursos y financiar el gasto.

Lo normal es que los impuestos nunca alcancen y se termine financiando el gasto con deuda que finalmente también se defaultea por el aumento del gasto que generan los impuestos que devenga y con emisión monetaria, hasta que la inflación destruye la popularidad del gobierno de turno. Es decir, siempre terminamos en una crisis por problemas fiscales derivados del aumento del gasto público. Pero nuevamente, ese aumento del gasto público es fruto de los valores que imperan en la sociedad. “Valores” como sentirse con derecho a que otro me mantenga, me pague la vivienda, me de protección a la competencia de las importaciones, me subsidie la producción. Todos piden gasto público, que pasa por el presupuesto o que no pasa por el presupuesto pero que en definitiva es costo fiscal o peso para el resto de los sectores de la sociedad.

Si aceptamos que los desbordes de gasto público derivan en crisis fiscales y que el aumento del gasto público es consecuencia de los valores que imperan en la sociedad, esas 17 páginas que leí sobre las características del proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso, no hacen más que consolidar esos valores que destruyeron la Argentina porque insisten en el subsidio, el asistencialismo estatal y el populismo en general.

No encontré en esas 17 páginas una sola frase en la que se diga que esos planes son transitorios, que el esfuerzo no lo hace el estado sino que lo hacen los sufridos contribuyentes y que el que recibe esos planes sociales tiene que estar agradecido con el contribuyente que lo mantiene mientras encuentra trabajo.

Para colmo, luego de 12 años de keynesianismo exacerbado, nos proponen reactivar la economía con más gasto público. Ni Keynes hubiese formulado semejante propuesta con esta tasa de inflación.

En definitiva, lo preocupante del texto del Ejecutivo sobre el presupuesto es que ni siquiera contiene un discurso que remarque la transitoriedad del asistencialismo populista. Diría que hasta contradice las declaraciones del mismo Macri cuando afirma que hay que generar inversiones y crear puestos de trabajo.

En síntesis, para cambiar en serio hay que comenzar a tener otro discurso. Un discurso que muestre como transitorio y excepcional el asistencialismo estatal y que no es el estado el que lo financia, sino el contribuyente. Personas de carne y hueso que están obligados a trabajar para mantener a su familia y a familias que no conocen.

Al menos empecemos por cambiar el relato de lo bueno que son los políticos con la plata ajena y dejemos en claro que estos no son recursos que caen del cielo como el maná, sino que es dinero que se le quita al contribuyente. No es un acto bondadoso del político, es un sacrificio que hace la gente que trabaja en blando. Ahí empezaremos a cambiar los valores que vienen destruyendo la Argentina desde hace 70 años.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Planificación y libertad

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/planificacion-y-libertad.html

 

Es común que se hable del estado-nación como un ser “vivo” con personalidad propia, y que toma “decisiones” y “actúa” como cualquier persona o ser humano. Este antropomorfismo esta tan arraigado que es bastante complicado -por no decir casi imposible- encontrar personas que no se expresen de dicha manera. Pero, si solo fuera una forma de decir, no habría tanto problema como el que existe en la medida que la gran mayoría cree firmemente que con certeza el estado-nación o el gobierno son “personas reales”, entes físicos y concretos que actúan y que deciden de modo separado al resto de los individuos. Son muchas las teorías jurídico-políticas que intentan -desde la antigüedad- justificar la existencia de un estado “autónomo” “independiente” y por encima de los individuos humanos.

Desde hace tiempo, nosotros -con otros- venimos sosteniendo que, entre el estado-nación y los individuos las diferencias reales residen en quienes detentan el poder político. Este poder político se traduce -a nuestro juicio- en la facultad de dictar leyes que puedan ser impuestas a otras personas, para lo cual aquellas personas que se arrogan el poder político se valen de un monopolio, siendo indiferente si este monopolio se lo atribuyen los que legislan, o bien es otorgado por quienes serán legislados.

Los actos de quienes poseen el poder (es decir, de los que ordinariamente se denominan funcionarios públicos) obviamente tienen consecuencias, pero en la medida que tales personas (dada la calidad que se atribuyen o auto-atribuyen) pueden legislar sobre la conducta de otras personas, obviamente influirán (para bien o para mal) sobre los efectos de las decisiones de estas personas que no se hallan en una posición de poder semejante:

“Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos.”[1]

En otros términos, quienes ostentan el poder político-legal, traducido en el monopolio de la creación de leyes que -por definición- se hallan en condiciones de imponer a quienes no gozan de dicho poder (excepto de carácter formal, mediato, o a largo plazo, en virtud de alguna teoría política de representación), y si estas leyes pretenden prever puntualmente la consecuencia de cada acto estatal, ello no deja margen de acción alguno a las personas que se encuentran sometidas al imperio oficial. Si se intentara lo anterior, implicaría que el estado-nación no puede dar resquicio mínimo de libertad individual.

“Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener respuesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestiones sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos tirando al aire una moneda”.[2]

Lógicamente, si tenemos en cuenta que las leyes son creaciones humanas que están destinadas a tener efectos sobre otras acciones humanas, resulta obvio que aquellas leyes que procuran prever la mayor cantidad de consecuencias posibles de la actividad de otras personas, tienen que necesariamente limitar la libertad de elección -y, por consiguiente- de acción de un número mayoritario de individuos. De aquí a decir que la planificación estatal opera en contra de la libertad humana hay un solo y certero paso. En suma, se trata de individuos que encaramados desde una posición de poder ensayan planificar la vida de sus semejantes. Bien visto, el estado-nación (tal como hoy en día se lo acepta popularmente) se reduce sencillamente a esto último: se le otorga el poder de decidir sobre la vida o destinos de la gran masa de votantes que, paradójicamente, suelen votar proyectos políticos que los sojuzgan y -muchas veces- los humillan al mismo tiempo. Debemos tener en consideración que la gran mayoría de nuestras “leyes actuales” no son más que lo que Hayek bien denomina “órdenes específicas”, las que cada vez están más lejos del concepto de norma general.

“En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines”.[3]

De forma análoga, donde toda elección humana estuviera puntualmente legislada, sería bastante difícil que cualquier persona no cayera de inmediato en alguna infracción por apartarse un milímetro de lo que el legislador hubiera previsto como objetivo de esa norma destinada a determinar la conducta de un tercero. Recordemos que los actos del estado-nación siempre se proyectan y se plasman a través de leyes (a tales fines, es indistinto que se las llame normas, decretos, resoluciones, es decir su denominación técnico-legal). La legislación es la característica del actuar de los estados, por ello para conocer la índole o la definición política de un estado cualquiera debemos detenernos en el examen de la legislación vigente en el mismo. En este caso, quien planifica la vida de otros, es lisa y llanamente un dictador, sin importar demasiado la forma en que el mismo haya accedido al poder, esto es: si por vía de elecciones votadas o por las de hecho o de facto.

 

[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110

[2] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

[3] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Sancionar la corrupción: la base del plan económico

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 3/4/16 en: http://economiaparatodos.net/sancionar-la-corrupcion-la-base-del-plan-economico/

 

El que quiera progresar siendo corrupto tendrá como destino la cárcel

Mi impresión es que buena parte del electorado que votó por Cambiemos lo hizo, entre otras cosas, con la esperanza que por primera vez en la historia política reciente de Argentina, la corrupción sería sancionada con todo el rigor de la ley, aclarando que esa sanción no debería recaer solo sobre los perejiles, sino sobre los jerarcas del régimen k. No es un deseo de venganza lo que impera en buena parte de la sociedad, solo el deseo de aplicar la ley y que impere la justicia.

Macri ganó las elecciones sin tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso. En ese contexto parece haber dos líneas de argumentación al respecto. Por un lado están quienes dicen que como Cambiemos necesita el apoyo del peronismo en el Congreso para obtener ciertas leyes, un avance frontal de la justicia contra la corrupción de la “década ganada” generaría pérdidas de apoyo particularmente en el Senado. Tengo mis serias dudas al respecto, pero en todo caso sabemos que si algo no tiene la dirigencia política en general y el peronismo en particular es lealtad. Eso del día de la lealtad es parte del folclore argentino y si no vean como, ante la perspectiva de tener caja vía endeudamiento externo, en el senado buena parte del FPV aprobó el acuerdo con los holdouts. Digamos que billetera mata lealtad. Los mismos que en 2001 aplaudían de pie la entrada en default, la semana pasada votaban salir del default para tomar más deuda.

Por otro lado hay otra línea de argumentación sobre el tema de la corrupción que consiste en pedirle a la justicia que avance a paso redoblado para sancionar el latrocinio que el kircherismo llevó a cabo durante 12 años con toda impunidad, la persecución a quienes pensaban diferente fue moneda corriente y el abuso del poder y el uso del estado para amedrentar a los opositores rozó el terrorismo de estado, si no es que efectivamente lo fue. Quienes siguen esta línea de argumentación sostienen que sin proceder a un nunca más de la corrupción y del abuso del poder será imposible tener un verdadero sistema republicano.

¿Cuál de las dos posiciones resulta más útil? Si uno especulara con la conveniencia política de corto plazo, tal vez la primera alternativa podría llegar a ser la más beneficiosa para el gobierno, siempre y cuando solo buscara ventajas de corto plazo sabiendo que el PJ fuera del poder es una máquina de entorpecer al que gobierno para voltearlo. El peronismo nació golpista con Perón participando del golpe del 30 y parece que nunca ha perdido sus mañas al respecto.

Volviendo, ¿por qué la segunda opción es la más conveniente? En primer lugar, en lo que hace a la gobernabilidad, es tan desastrosa la herencia económica dejada por el kirchnerismo que dejarla al descubierto junto con la  escandalosa corrupción de estos años le haría comprender mejor a la gente las razones de medidas que pueden resultar antipáticas pero que inevitablemente hay que adoptarlas para superar el destrozo k. En otras palabras, denunciar la herencia recibida y la corrupción de estos 12 años hace a la política económica. Es parte de la política económica. Es parte de la comunicación que el gobierno tiene que brindarle a la población sobre la herencia recibida, tanto en las distintas áreas del gobierno como en lo que hace a la corrupción. Es parte de su deber republicano informar sobre el estado de la nación.

Ahora bien, pensando en el largo plazo, denunciar y que el Ejeccutivo colabore para que la justicia investigue los actos de corrupción es el camino adecuado para el crecimiento de largo plazo. Decía antes que denunciar y apoyar los actos de corrupción son parte de la política económica.

En efecto, los países que prosperan son aquellos que tienen instituciones con crean las condiciones de crecimiento de largo plazo.

Esas instituciones son normas, códigos, leyes, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado. Pero las normas, códigos, leyes y costumbres que le dan vida a las instituciones se basan, en última instancia, en los valores que imperan en la gran mayoría de la población. En un país donde el valor principal es vivir a costa del trabajo ajeno, no habrá inversiones, ni crecimiento,  ni mejora en la calidad de vida de la población. Si no hay costo por abusar del poder y cometer actos de corrupción la corrupción será la forma de gobierno. ¿Por qué no ser corrupto si es todo beneficio y tiene cero costos? Y en una sociedad gobernada por corruptos el sistema económico no se basa en la inversión y en desarrollar la capacidad de innovación de las personas, sino en el latrocinio. La regla es destruir riqueza robándole el fruto de su trabajo a los que producen. Pocos tienen estímulos para producir y muchos quieren consumir, con lo cual no hay crecientes bienes y servicios a disposición de la gente que es, en definitiva, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población.

Si la regla es robar con impunidad, la inversión brillará por su ausencia y la pobreza cubrirá a la mayoría de la población, en tanto que al ser el robo la regla, la violencia también dominará a esa sociedad.

Por el contrario, si la corrupción es sancionada con toda severidad al igual que el abuso del poder, los gobernantes se cuidarán de incurrir en ambas prácticas porque saben que irán presos y las inversiones llegarán al país y la capacidad de innovación de la gente se desarrollará de tal manera que el país será un país de emprendedores con abundante trabajo y bien remunerado.

En síntesis, en mi opinión, aplicar sanciones ejemplares a quienes abusaron del poder durante los últimos 12 años y practicaron la corrupción con total impunidad es la base misma del plan económico, tanto de corto plazo como de largo plazo.

Sancionar el abuso de poder y la corrupción implica sentar las bases institucionales (reglas de juego) por las cuales quien quiera progresar en Argentina tendrá que trabajar. Y el que quiera progresar siendo corrupto tendrá como destino la cárcel.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Normas privadas: Lex Mercatoria, árbitros y mediadores, contratos en el comercio internacional

Por Martín Krause. Publicado el 17/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/normas-privadas-lex-mercatoria-arbitros-y-mediadores-contratos-en-el-comercio-internacional/

 

Con los alumnos de Applied Economics vemos los Capítulos 15 y 16 donde, entre otras cosas, analizamos distintos tipos de normas que coordinan las acciones de los individuos y empresas en la actividad económica:

Cuando pensamos en las normas que afectan a nuestra vida diaria, solemos pensar que fueron emitidas por alguna agencia pública. En particular, estamos acostumbrados a considerarlas según el nivel de generalización en relación con el organismo que las emite: así, las leyes suelen ser aplicables a toda una sociedad y son emitidas por un parlamento, o son regulaciones que emanan de agencias gubernamentales. Hay leyes o resoluciones provinciales o estaduales que se aplican a una determinada unidad subnacional. Por último, tenemos resoluciones y regulaciones de gobiernos locales. A todas ellas deberíamos agregar las doctrinas jurídicas que guían las decisiones judiciales y estas últimas, que complementan los vacíos que puedan quedar de las anteriores.

Pero ese es un análisis limitado, ya que existe una gran cantidad de normas que no emanan de agencias gubernamentales, sean legislativas, ejecutivas o judiciales, sino de contratos particulares o de asociaciones voluntarias de distinto tipo. El comercio internacional es, seguramente, una de las actividades de mayor volumen económico entre las que se realizan en el mundo, tal vez solamente superada por el volumen de las transacciones financieras. Los principios legales que rigen el comercio internacional no fueron dictados por ninguna agencia gubernamental en particular.

Son lo que se llama lex mercatoria, un conjunto de principios jurídicos desarrollados por comerciantes en la Europa medieval, con base en las mejores prácticas comerciales y aplicados por jueces que los mismos comerciantes seleccionaban, a quienes hoy llamaríamos mediadores. Los comerciantes necesitaban jueces con conocimiento de los contratos y no los encontraban en la justicia civil local. Necesitaban resolver sus disputas rápidamente, incluso en el acto, ya que el intercambio se producía, por ejemplo, en una feria, y cada uno tenía que regresar a su lugar de origen. Los jueces eran elegidos de acuerdo con su experiencia y capacidad. De esa forma, se fue generando un cuerpo especializado de jueces.

La lex mercatoria fue desplazada por la legislación nacional, después de la formación de los Estados nacionales en Europa y como resultado de la misma presión ejercida por los comerciantes locales para restringir la competencia externa. Pero siguió siendo la norma en el comercio internacional.

Muchos de los principios que allí se acuñaron se aplican en el comercio internacional. Incluso el mismo criterio, respecto a la experiencia y capacidad, para seleccionar los árbitros o mediadores en nuestros días. Y la lex mercatoria ha vuelto a florecer en Internet, con la existencia de cortes virtuales para resolver casos como, por ejemplo, los nombres de los dominios. Los procedimientos en esos casos son similares a los procesos judiciales tradicionales, pero la presentación de la demanda, la elección del árbitro o mediador, la resolución de la evidencia y hasta alegatos orales se realizan por Internet.

Actualmente hay gran número de árbitros y mediadores. Los primeros son elegidos para dirimir algún asunto en alguna disputa en particular, en la que su decisión se aceptará como de obligatorio cumplimiento. En el caso de los mediadores, su función es lograr un acuerdo voluntario entre las partes, siendo sus decisiones no obligatorias, igual que en los casos de negociación o determinación por expertos.

El arbitraje puede incluirse por anticipado en los contratos o puede acordarse después que se presente la disputa en cuestión. El “sitio” del arbitraje, que las partes eligen de común acuerdo, determina las normas de procedimiento del proceso. En caso de que no lo hagan, el mismo tribunal arbitral elegirá el sitio y esas normas, aunque es posible separar uno de las otras. Las normas de procedimiento son distintas del proceso en sí —es decir, de los pasos en que consiste el arbitraje— los que pueden ser definidos por el mismo árbitro o mediante la adopción de un proceso general, como el elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL).

Las decisiones de los árbitros normalmente se refieren a la indemnización por daños, pero pueden también ordenar a una de las partes que haga algo o que se abstenga de hacerlo. Curiosamente, resulta más fácil lograr el cumplimiento de un fallo arbitral que el de un fallo judicial. Por eso el procedimiento es tan popular. Esto se logra a través de la Convención de Nueva York, de 1958, según la cual una decisión tomada en uno de los países signatarios es válida en todos los demás. La Convención fue adoptada en una conferencia diplomática de las Naciones Unidas. Actualmente forman parte de ella 142 países, entre los que se cuentan los más importantes, en términos de comercio. También hay una Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por casi todos los países latinoamericanos.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Estado y “políticas públicas”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 13/10/13 en http://www.accionhumana.com/

La suposición de que el mercado opera dentro de un marco de anarquía es lo que ha dado origen al intervencionismo y -dentro de este- a una subespecie del mismo que recibe el respetable título de “políticas públicas”. Sin embargo, como bien señala el Dr. Krause:

“Los mercados no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento, suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos e información asimétrica.”[1]

Para “superar” estas supuestas “deficiencias” es que se proponen las “política públicas”.

“Pero la solución a los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas para implementar una política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil lograr que se aplique en forma eficiente.”[2]

La mera proposición de políticas públicas no es -en rigor- suficiente y, como veremos más tarde, ni siquiera es necesaria:

“Además, el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado.”[3]

Este es un escollo importante, ya que en los hechos, observamos a diversos grupos de presión y de interés reclamar una política pública “a su medida y satisfacción”, generándose una suerte de “competencia salvaje” entre ellos, por ver qué sector social logra cazar las mejores y mayores políticas públicas. La competencia social se transforma -en este supuesto- en una lucha despiadada por la captura de mayores y mejores privilegios. Como se observa en este caso, son las ofertas de políticas públicas la que generan un ambiente social caótico.

Es importante no confundir políticas públicas con normas y -en suma- con el concepto de calidad institucional:

“la calidad institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera, como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y la libertad contractual.”[4]

Estas normas permiten que los actores sociales (no necesariamente ni deseablemente políticos) sean quienes encaren las más idóneas políticas públicas.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica la razón por la cual se destinan más recursos a las políticas públicas que a la enseñanza:

“Es de gran importancia conectar este análisis con las llamadas “políticas públicas” por una parte, y por otra, con la investigación y la enseñanza. Si se analiza la cantidad de fondos que reciben instituciones que se dedican a políticas públicas o a propuestas coyunturales se observará que son cuantiosos en relación a los magros recursos que reciben instituciones dedicadas a la investigación y la enseñanza. Esto es así porque generalmente las políticas públicas y los comentarios coyunturales se entienden mejor puesto que están más al alcance de un mayor número de personas. Además, estos temas excitan a la gente que quiere acercarse al calor del poder político. Por otra parte la investigación y la enseñanza son más difíciles de abordar por el común de la gente y están alejadas de los vericuetos del poder.”[5]

Esto sucede porque, en la mayor parte de los casos, las llamadas “políticas públicas” en realidad no son otra cosa que políticas estatales, y de “públicas” bastante poco tienen, puesto que en definitiva terminan beneficiando a ciertos sectores sociales a costa de otros postergados. En última instancia, concluyen constituyendo un sistema de repartos de prebendas y de privilegios a unos a costa de los demás. Estos últimos, generalmente, son aquellos más alejados del amparo del calor del poder político.

Los partidarios de las políticas públicas suelen desdeñar la teoría a favor de la práctica. Pero:

“no hay políticas públicas o análisis de coyuntura que no se basen en la teoría. Esta podrá ser defectuosa o idónea pero no hay comentario práctico que no esté sustentado en un esqueleto teórico. Pretender buenas políticas públicas sin andamiaje teórico-conceptual es lo mismo que pretender que existan productos farmacéuticos sin investigación médica. El menosprecio por la investigación y la transmisión de teorías inexorablemente conduce a políticas públicas de peor calidad. Revalorizar el estudio teórico es uno de los cometidos más importantes de la sociedad moderna.”[6]

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las llamadas “políticas públicas”, confluyen en el asistencialismo. Murray N. Rothbard nos da cuenta del fracaso de las “políticas públicas” en EEUU, lo que desembocó la “explosión del asistencialismo”:

“Esta “explosión” fue creada, en parte de manera intencional, y en una mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que llevaban a cabo políticas públicas en relación con una “Guerra contra la Pobreza”. Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la “explosión del asistencialismo”. No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado.”[7]

Este proceso también fracasó en Latinoamérica, donde la “explosión del asistencialismo” dio paso al clientelismo político, que explotan los populismos de todo signo y color político hasta hoy.

 


[1] Martín Krause. “Índice de Calidad Institucional” 2012, pág. 8.

[2] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[3] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[4] Krause M. Op. Cit. Pag. 41

[5] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. Pag. 166.

[6] A. Benegas Lynch (h) ob. Cit. pag. 166-167

[7] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 171-173

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.