Un sistema perverso no se arregla con un buen management

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 11/12/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/12/11/un-sistema-perverso-no-se-arregla-con-un-buen-management/?fbclid=IwAR2RvoFZjzI69D4Gd_2M-C6kBN6akOL_DGfInlLVI4dL21X6ZJlgh-0Afv8

 

El Gobierno cayó en el error de dejar que sectores de la sociedad le reclamen al Estado que le quite a otro el fruto de su trabajo para que se lo dé al que no le pertenece. Al cumplirse 3 años desde que Cambiemos llegó al Gobierno, queda claro que su política económica no obtiene el mínimo de logros para conseguir el aprobado

En general, en los primeros 3 años de Gobierno, Mauricio Macri no ha podido dominar la economía, ni aun tomando el criterio que pidió para que evalúen su gestión: “cuánto disminuyó la tasa de pobreza”, ya que dudo seriamente que en un año le vaya a dar positivo el resultado.

El grave error de Cambiemos, y del Presidente en particular, fue creer que un sistema intrínsecamente ineficiente (el populismo) puede ser transformado en eficiente con un buen management. Mauricio Macri y sus principales colaboradores despreciaron la macro y creyeron que podían gestionar la herencia recibida.

Ese fue el error más grosero que cometieron porque a los problemas heredados le agregaron otros como el arbitraje tasa versus dólar, primero con las Lebac y ahora con las Leliq, que constituyen un polvorín en el que no puede haber la más mínima chispa.

Pero más grave aún, al considerar que no hacía falta un plan económico porque pensaron que podían administrar el desastre recibido, mostraron no comprender cómo funciona el proceso económico. El hecho de que muchos de ellos provengan del mundo empresarial no los hace conocedores del funcionamiento de la economía y su estrecha relación con la calidad institucional.

Sobre el tema institucional cometieron otro error, creer que porque Macri se sentara en el sillón de Rivadavia y Cristina Fernández de Kirchner se fuera derrotada, iban a llover las inversiones. Otro grosero error de apreciación.

Sin duda Argentina tiene mucha mejor imagen hoy ante el mundo, pero no por eso alguien va a venir a hundir una inversión con esta carga tributaria, esta legislación laboral y este nivel de gasto público alto e ineficiente.

Nuevamente, sobre el nivel de gasto público parecen no haberse preocupado demasiado y creyeron que el gradualismo iba a llevar a un crecimiento sostenido de la economía que, combinado con un gasto público congelado en términos reales, iba a termina licuando su peso sobre el PBI. El problema es que nunca dijeron por qué iba a crecer la economía. Pensaron en la magia de Mauricio Macri como presidente, de otra forma no se explica lo que hicieron.

Un espejo donde mirarse

Es más, no le dieron mucha importancia al gasto público/PBI si, como creyeron, en Europa el peso del Estado sobre la economía es similar y tienen un buen nivel de vida. Basta con ver lo que está ocurriendo en Francia en estos días para advertir que Europa, o buena parte de ella, está agobiada por el Estado de bienestar que aquí quieren copiar.

Si uno observa la evolución de la tasa de crecimiento del PBI por habitante en los últimos 56 años de las naciones que integran la Unión Europea puede ver una clara tendencia decreciente. De crecer a un ritmo en la banda del 4/6 por ciento anual, terminaron en el rango del 0/2 por ciento de aumento del PBI por habitante.

Como puede observarse en los gráficos previos, la UE y Francia, actualmente con serios conflictos en las calles, tienen un dibujo similar de tendencia hacia el estancamiento y menor tasa de aumento del PBI por habitante, por lo tanto, no es el mejor ejemplo a tomar para decir que en Argentina el problema no es el nivel de gasto público sino su calidad y que hay que administrarlo bien como en Europa.

En Argentina tenemos los dos problemas y Cambiemos creyó que podía solucionarlo con una buena gestión de un gasto público gigantesco, que impide todo crecimiento económico porque espanta las inversiones y eso lleva a que nunca se dé la licuación del gasto sobre el PBI por crecimiento de éste.

Pero, si de instituciones se trata, no es solo que el Gobierno no esté copado por una banda de delincuentes y corruptos. La calidad de las instituciones tiene que ver con que el Estado puede transformarse en ladrón para robarle el fruto del trabajo a quienes todos los días se esfuerzan por producir para repartirlo entre quienes viven a costa del trabajo ajeno.

El ABC de la equidad tributaria

Como dice el genial Fréderic Bastiat en su ensayo La Ley, refiriéndose a cómo la ley fue pervertida, “el gobierno ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido la expoliación, para protegerla, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla”.

Este ensayo, que fue escrito en 1850 tiene total vigencia en la Argentina actual cuando uno ve a los piqueteros “exigir” planes sociales y al Gobierno negociar con ellos. El Estado no tiene ningún derecho a negociar con nadie el fruto del trabajo ajeno.

¿Qué es lo que ocurre en este caso? En vez de que los piqueteros vengan a robarnos directamente, lo mandan al Estado a robarnos en nombre de la solidaridad social. Y el robado, que somos los expoliados impositivamente, pasamos a ser delincuentes si queremos defendernos de la expoliación impositiva, cuando no somos tildados de insensibles sociales. En definitiva, el orden jurídico es dado vuelta y el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, utiliza ese monopolio de la fuerza para quitarle al que produce y dárselo al que no produce.

Bajo estas condiciones, se va desestimulando la inversión, la economía genera cada vez menos riqueza y la inseguridad jurídica es la regla que impera porque el Estado, en cualquier momento, puede recurrir a la expoliación impositiva o a la confiscación directa para financiar a los grupos que mayor presión hacen para quedarse con el fruto del trabajo ajeno.

Bajo este sistema, en que los diferentes sectores de la sociedad van a reclamarle que el Estado le quite a otro el fruto de su trabajo para que se lo dé al que no le pertenece, es un sistema perverso. Es un sistema que está basado en el robo de la riqueza y no en la generación de riqueza. Por eso decía desde el inicio, que Cambiemos cometió el grosero error de creer que un sistema perverso como este podía funcionar si tenía un buen management.

Ningún sistema económico basado en el robo legalizado, como lo llama Bastiat, puede funcionar con un buen management. Por definición está destinado al fracaso. Cambiemos no entendió la relación entre economía y calidad institucional.

Si Cambiemos logra ganar un segundo mandato y quiere tomar revancha de estos tres años de malos resultados económicos, va a tener que entender mejor cómo funciona la economía y su estrecha relación con la calidad institucional. Gerenciar “eficientemente” un sistema perverso no es el camino para terminar con 70 años de decadencia.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE  

Regular el reclamo colectivo, una tarea urgente

Por Demetrio A. Chamatropulos: Publicado el 31/12/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1971898-regular-el-reclamo-colectivo-una-tarea-urgente

 

Los consumidores presentan sus quejas conjuntas; cuáles son los riesgos y los desafíos

La preocupación creciente en el mundo empresarial es el evidente aumento de reclamos colectivos de consumidores. La inquietud es lógica, pues esos reclamos involucran sumas millonarias capaces de atraer la atención de quienes analizan o auditan estados contables de cualquier empresa o capaces de ser, por ejemplo, la causa del fracaso de una due diligence.

Naturalmente, hay industrias más sensibles a estos cuantiosos reclamos. Bancos, aseguradoras, retail, laboratorios, e-commerce, telecomunicaciones, automotrices, prepagas, transporte, entre otras, pueden dar fe de estos “nuevos pasivos”.

Además del estricto impacto en números de una condena, no se pueden dejar de lado aspectos que a primera vista parecen intangibles, pero que ya son objeto frecuente de valuaciones de activos cada vez más sofisticadas. En tal sentido, la reputación y el valor de una marca pueden pulverizarse en cuestión de segundos cuando el público toma conocimiento de reclamos o condenas millonarias que ocupan un lugar destacado en los medios de comunicación. En tiempos de “viralizaciones” de noticias (positivas y negativas), las compañías no pueden permanecer indiferentes.

No obstante lo dicho, se advierte algo llamativo: más allá de su crecimiento exponencial (sobre todo en los últimos diez años, con una curva interanual muy ascendente), hay consenso entre los distintos sectores sobre la cuasi inexistente regulación legal del tema, sin perjuicio de disposiciones puntuales en leyes que resultan notoriamente insuficientes.

A partir de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso “Halabi”, complementado por muchos otros siguientes) puso el tema en el centro de la escena, al recomendar el dictado de una ley general que regulara estos procesos colectivos. En el último tiempo tomó incluso un rol más protagónico al dictar acordadas en donde intenta dar algunas soluciones.

En línea con lo apuntado y en el marco del proyecto Justicia 2020, el Ministerio de Justicia de la Nación viene trabajando en un anteproyecto específico sobre la temática referida. Otras autoridades promueven iniciativas de tónica similar.

Dentro del marco normativo a proponerse deberían analizarse cuestiones tales como quiénes pueden iniciar estas acciones, su régimen de responsabilidad, cómo regular su representatividad, la intervención personal de representados en los casos, la registración y la publicidad de los procesos, los alcances jurisdiccionales y la ejecución de las sentencias, los aspectos probatorios, las medidas cautelares, los costos y gastos de justicia de estos reclamos (y quién los debe pagar), las demandas colectivas sin contenido patrimonial, los problemas de competencia entre los magistrados, la multiplicidad de procesos en simultáneo, los acuerdos transaccionales y su ejecución, los honorarios de los profesionales intervinientes, entre otros.

Todo lo dicho deja evidenciada la necesidad de regular el fenómeno de los reclamos y procesos colectivos, lo cual constituye un desafío impostergable.

 

Demetrio Chamatropulos es abogado. Profesor de ESEADE y subdirector de la Maestría en Derecho Empresario de ESEADE.