Contra la tiranía del statu quo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 9/10/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2179770-contra-tirania-del-statu-quo

 

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años.

 

 

La cobertura por parte del FMI respecto a problemas que surgieron como consecuencia de la demora en adoptar medidas necesarias y urgentes por parte de la actual administración, brinda una oportunidad para meditar sobre el futuro de la economía de nuestro país aunque por el momento se pretenda paliar parte de lo que viene ocurriendo con tasas de interés explosivas.

 

En primer lugar subrayamos que tal como han señalado numerosos autores de la tradición de pensamiento liberal, el Fondo Monetario Internacional es una entidad financiada coactivamente con los recursos detraídos de los contribuyentes al efecto de brindar apoyo a gobiernos fallidos debido a políticas estatistas. Y cuando los gobernantes del caso están en plena crisis y a punto de verse obligados a rectificar sus conductas inapropiadas, irrumpe el FMI con carradas de dólares con préstamos a tasas de interés inferiores a las que corresponden al mercado y con períodos de gracias y eventualmente waivers lo cual en definitiva permite continuar con políticas desacertadas.

 

Estos han  sido los casos de Tanzania, Zaire, Sri Lanka, Nigeria, Mozambique, Indonesia, Rusia, Turquía, Haití, Bolivia, México, Rumania, Egipto y en repetidas ocasiones de Argentina. Es por ello que, por ejemplo, el premio Nobel  en economía James M. Buchanan junto a Anna Schwartz han sugerido la inmediata liquidación del FMI, una entidad que estiman sumamente contraproducente.

 

Es por eso que economistas de la talla de Doug Bandow y Ronald Vauvel destacan que esa organización internacional es responsable de fomentar la pobreza, en muy documentados ensayos que llevan respectivamente los sugestivos títulos “The IMF: A Record of Addiction and Failure” y “The Moral Hazard of IMF Lending”.

 

De todos modos en nuestro caso se trata de un hecho consumado por lo que,  como queda dicho,  dada la situación intentemos sacar partida del tiempo disponible para apuntar en una dirección que nos vuelva a colocar en las posiciones relevantes antes de que hicieran estragos los populismo vernáculos. Para este ejercicio sugiero no nos concentremos en los obstáculos para adoptar medidas de fondo -en muchos casos pretextos para la inacción- sino en su conveniencia puesto que elaborar sobre las vallas es un modo de obviar el debate. Por el contrario, es indispensable dar la discusión en primer término para luego esforzarnos en difundir la idea en dirección a su aplicación cuando le llegue el turno, pero nunca le llegará el turno si no enfrentamos el debate.

 

La banca central puede operar solo en una de tres direcciones: expandir, contraer o dejar inalterada la base monetaria. En cualquiera de estos caminos inexorablemente deteriorará los precios relativos, es decir, los únicos indicadores que tiene la economía para asignar los siempre escasos recursos, con lo que el consecuente derroche reduce salarios e ingresos en términos reales. No hay forma de salir del mencionado atolladero y si suponemos que los banqueros centrales tuvieran la bola de cristal y supieran que es lo que la gente prefiere en cuanto a oferta monetaria, no tendría tampoco sentido su existencia puesto que harían lo mismo que la gente reclama en cuanto a activos monetarios y no tendría sentido superponer decisiones con el consiguiente engrosamiento de gastos. Para saber que es lo que la gente demanda hay que dejarla que opere.

 

Resulta vital que la gente pueda elegir los instrumentos financieros con los que lleva a cabo todos sus contratos para lo cual, un primer paso consiste en abrogar el curso forzoso de la moneda local y si, además, se elimina el sistema bancario de reserva fraccional, la situación mejoraría grandemente al dejar sin efecto la producción secundaria de dinero.

 

No es pertinente ser arrastrados por declamaciones nacionalistas en cuanto a machacar con la idea de la denominada soberanía monetaria que no solo contiene una trampa letal para mantener presos a los ciudadanos a través de la apropiación del fruto del trabajo ajeno, sino que deja de lado que, en última instancia, la soberanía radica en las autonomías individuales y no en un trozo de papel con o sin respaldo.

 

Por su parte el tipo de cambio es un precio como cualquier otro y debe responder a las valorizaciones cruzadas de las partes contratantes y no decretar la flotación como si fuera una gracia que otorgan los aparatos estatales (dicho se de paso, generalmente flotación sucia).

 

Y resulta tragicómico cuando burócratas la emprenden contra la especulación sin percatarse que no hay acción humana que no sea especulativa,  esto es, que tenga como horizonte atender el interés personal del sujeto actuante cualquiera sea la naturaleza de los actos que se lleven a cabo. En el fondo se trata de una tautología puesto que no es concebible un acto que no esté en interés de quien lo ejecuta, con lo que se abre paso la especulación en el sentido de apuntar siempre a una situación más favorable que la anterior al acto desde el punto de vista de quien lo realiza.

 

En este contexto me parece de una importancia decisiva mostrar que estrictamente no hay tal cosa políticas monetarias y cambiarias adecuadas. Conviene reiterar lo que han escrito los premios Nobel en economía Friedrich Hayek y Milton Friedman.

 

El primero ha consignado que “Hemos tardado doscientos años en darnos cuenta del bochorno de unir a la religión con el poder político, es de desear que no demoremos otro tanto en darnos cuenta que la unión del dinero con el poder político es solo para succionar el fruto del trabajo ajeno” y  el segundo escribió que “El dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”.

 

El  paréntesis en el que entramos en esta etapa por las razones apuntadas, además de que es hora de comenzar la campaña para desmitificar aquello de “la autoridad monetaria” (ninguna banca central de la historia ha preservado el poder adquisitivo de la unidad monetaria), también nos permite sopesar la necesidad de liberar recursos esterilizados en actividades gubernamentales incompatibles con un sistema republicano, lo cual es otra manera de aludir a la necesidad de cortar el elefantiásico gasto público.

 

Sin duda que esta medida conlleva costos pero el engrosamiento de los bolsillos de los recipiendarios permite reasignar factores productivos con lo que los salarios se elevan puesto que las tasas de capitalización constituyen la única causa de enriquecimiento. Los beneficios sociales netos de eliminar el despilfarro son infinitamente mayores que los costos, por lo que no es cuestión de pontificar acerca de la enfermedad y negarse a aceptar los medicamentos.

 

La eliminación de funciones (y no simplemente podas y enroques circunstanciales de funcionarios) permitirán encarar reformas sustanciales en la insoportable presión tributaria y el colosal endeudamiento público.

 

Necesitamos subir la vara de la excelencia y dejar de lado el espíritu conservador en el peor sentido de la expresión, dejar de lado lo que el antes citado Friedman ha condenado una y otra vez: la tiranía del statu quo y usar la imaginación para salir del letargo en el que nos encontramos sumidos desde hace siete largas décadas. Todos tenemos que contribuir en esta batalla cultural al efecto de correr la agenda hacia temarios de una sociedad abierta, lo cual resulta trascendental para nuestro futuro.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid).

EL ESTATISMO DE LA FAO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Desde su creación, la Food and Agriculture Organization (FAO) en 1945 ha mostrado su marcada inclinación a la adopción de medidas socialistas y una aversión al sistema de libre empresa y la propiedad privada. Hay infinidad de documentaciones que ponen de manifiesto lo dicho en el contexto de las Naciones Unidas como son las obras de Edward Griffin, Orval Watts y la experiencia personal de William Buckley, Jr. como delegado en aquella organización internacional, pero uno de los trabajos críticos de la FAO de mayor calado aun es el preparado por la Heritage Foundation de Washington D.C a través de la pluma de Juliana Geran quien se doctoró en la Universidad de Chicago y enseñó en las Universidades de Stanford y Johns Hopkins y dirigió el Institute of World Politics de la Universidad de Boston, trabajo aquél publicado con el sugestivo título de “The UN´s Food and Agriculture Organization: Becoming Part of the Problem”.

 

Con estos antecedentes de la FAO puede entenderse hoy, por ejemplo,  el chiste de pésimo gusto que esa entidad haya premiado en este 2015 a los gobiernos de Venezuela y Argentina por la eficaz tarea para aliviar el hambre en esos países (sic).

 

En el muy extenso documento mencionado se destacan muchos puntos que no pueden cubrirse en una nota periodística, de modo que solo mencionaremos algunos que dividimos en doce    secciones al correr de la pluma. Primero, se ha politizado la FAO en grado creciente al tiempo que se ha incrementado en grado exponencial su presupuesto y la cantidad de funcionarios contratados y “cada vez más hostil a la libre empresa. Suscribe la ideología colectivista patrocinada por las naciones más radicalizadas”.

 

Segundo, en la misma línea argumental la “FAO fracasa con sus consejos a los gobiernos cuyos políticas impiden el progreso agrícola […] y establece Programas de Cooperación Técnica que básicamente consiste en un centro político que es usado discrecionalmente por la dirección que provee estadísticas erróneas y engañosas, junto a medidas que desalientan a que trabajen allí profesionales calificados”.

 

Tercero, el caso más resonante del fracaso de la FAO fue el de la hambruna en Etiopía “en el que la FAO participó sin declarar nunca que las causas del problema eran las políticas económicas socialistas que condujeron a la catástrofe […], en aquel momento, además [de los malos consejos], quien dirigía la FAO apuntaba a sacarse de encima al representante de Etiopía al efecto de posibilitar su reelección en el cargo, lo cual logró por tres períodos de seis años cada uno”.

 

Cuatro, el presupuesto de la FAO constituye “una fuente de controversias permanentes porque no permite la información que permitiría una idea clara de donde se asignan los recursos proporcionados por los gobiernos con los recursos de los contribuyentes, lo cual hace que la correspondiente evaluación resulte imposible”.

 

Quinto, los casos de distintas naciones africanas respecto al apoyo a políticas estatistas respecto al agro, así como el caso de Tailandia en la misma dirección también en el área rural y lo mismo en China, políticas fallidas que se extienden a otras naciones como Guatemala, India y Costa Rica “todo contrario a los abordajes de la empresa privada en lo que respecta al freno al progreso agrícola”.

 

Sexto, en muchos sectores la FAO ha suspendido incluso la cooperación con el sector privado puesto que sus autoridades declaran que “los gobiernos pueden mejorar la planificación del área agrícola […] lo cual ha sido hoy abandonado incluso en algunos sectores de la economía china”.

 

Séptimo, la FAO “estimula el establecimiento del control estatal de precios como en los casos de Egipto, Tanzania, Ghana y Malí […] a lo que frecuentemente se añade el consejo de acumular granos operado por los gobiernos que naturalmente afecta al sector privado”.

 

Octavo, reiteradamente la administración de la FAO “reclama una redistribución de ingresos a nivel mundial […] situación que sugiere se haga a través de gobiernos o sus organismos internacionales desde los países desarrollados a los subdesarrollados que como es sabido ha producido graves problemas”.

 

Noveno, la FAO apunta al crecimiento poblacional, “la mentalidad maltusiana” como una de las causas de los problemas económicos en lugar de “concentrarse en el deterioro de los marcos institucionales”.

 

Décimo, también los consejos de la FAO respecto a plagicidas, fertilizantes y enfoques errados sobre la ecología en general han conducido a desajustes y crisis “en casos como los de Mozambique, Somalia, Nigeria y Libia en el contexto, como ha dicho una fuente de un funcionario que quiso quedar en el anonimato, que se han desdibujado cifras respecto al retorno sobre la inversión para hacer aparecer como atractiva la política aconsejada”.

 

Décimo primera, no solo se consignan  las políticas contraproducentes de la FAO en su campo de acción sino que “interviene en otros sectores como son sus consejos en cuanto a la estatización del transporte”.

 

Y, por último, décimo segundo en este resumen, como conclusión la autora de este largo y documentado trabajo sostiene que “la FAO debe dejarse morir, que sería una justificada y buena muerte”.

 

La FAO ha insistido a poco de su instalación en la conveniencia del impuesto a la renta potencial y la reforma agraria (1955)  sobre lo cual hemos escrito en otra oportunidad, conceptos que ahora parcialmente reiteramos en el contexto de la organización internacional de marras.

 

En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo más común es la idea de lo que se ha dado en llamar “el impuesto a la renta potencial”. El concepto básico en esta materia es que el gobierno debería establecer mínimos de explotación de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravámen en cuestión apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendría efecto si las producciones superan la antedicha marca.

 

En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiéramos contar con una fotografía en detalle de todo el planeta, observaríamos que hay muchos bienes inexplorados: recursos marítimos, forestales, mineros, agrícola-ganaderos y de muchos otros órdenes conocidos y desconocidos. La razón por la que no se explota todo simultáneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisión clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos distintos. El primero es a través de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso económico, mientras que el segundo se realiza vía los precios de mercado. En este último caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos éxitos y fracasos en la producción. Quien explota aquello que al momento resulta antieconómico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotación. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las áreas que se demandan con mayor urgencia.

 

Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de producción (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razón para su intervención ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la única manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reducción de ingresos y salarios en términos reales puesto que las tasas de capitalización constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes  alimenticios de la población.

 

Esta conclusión es del todo aplicable a la tan cacareada “reforma agraria” en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado también perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.

 

Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.

 

En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradición de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de producción se torna más escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la población y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueño de la tierra tenga el mérito de tal situación. Por ende, se continúa diciendo, hay una “renta no ganada” que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.

 

Este razonamiento no toma en cuenta que todos los ingresos de todas las personas se deben a la capitalización que generan  otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematísticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canadá, precisamente debido a que las tasas de capitalización de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y así sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilización.

 

En alguna oportunidad se ha legislado “para defenderse de la extranjerización de la tierra” lo cual ha hecho también la FAO, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignación de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes según el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareños que declaman sobre nacionalismos no descendieran de extranjeros en un proceso de continúo movimiento desde la aparición del hombre en África. Esta visión de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentración de poder en manos de un gobierno universal, y no porque “los buenos” son los locales y “los malos” los extranjeros (atrabiliaria clasificación que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).

 

Es de esperar que en debates abiertos se perciba que los procesos de mercado son los más efectivos para reducir el hambre y no la politización de un tema tan delicado que barre con las señales para asignar recursos del modo más adecuado a las necesidades, especialmente de los más débiles. Respecto a las peligrosas falacias que rodean al tema específico de la ecología, las he tratado en mi trabajo titulado “Debate sobre ecología” que puede localizarse en Internet.

 

https://eseade.wordpress.com/2014/03/02/debate-sobre-ecologia/

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.