El inmenso peligro de la guillotina horizontal

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 18/5/2en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-inmenso-peligro-de-la-guillotina-horizontal-nid18052021/

En nuestro medio se ha agudizado la manía del igualitarismo, pero no es una tendencia original, puesto que lamentablemente se observa en muy distintos países, incluso en algunos de los que han tenido una tradición de respeto recíproco y que la han abandonado en pos de la guillotina horizontal. Resulta de gran importancia subrayar la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad de derechos; en cambio, la pretendida igualdad de resultados indefectiblemente empobrece a todos, muy especialmente a los más vulnerables.

Las diferencias de rentas y patrimonios son la consecuencia directa de lo que la gente hace en el supermercado y afines. Por eso resulta tan contraproducente cuando los gobiernos proceden a redistribuir ingresos, puesto que inexorablemente significa contradecir los deseos y preferencias de la gente que distribuyó pacífica y voluntariamente sus recursos, para imponer por la fuerza otras direcciones de los siempre escasos factores de producción. Incluso Thomas Sowell –senior research fellow de Hoover Institution– aconseja no recurrir a la expresión “distribución de ingresos, puesto que los ingresos no se distribuyen, se ganan”.

Aun al apartarse del consejo de Sowell, producción y distribución son dos caras del mismo proceso: quien produce recibe como contrapartida su ingreso. Por eso resulta tan disparatada la aseveración, seguramente bienintencionada, de que “primero hay que producir y luego veremos cómo se distribuye”, sin comprender que nunca habrá producción si se está en manos arbitrarias para distribuir en un sentido distinto de quienes producen.

En esta misma línea argumental se insiste en el atrabiliario concepto de “justicia social”. Esta entelequia solo puede tener dos significados: por un lado, una grosera redundancia, puesto que la justicia no puede ser mineral, vegetal o animal, es solo social, y por otro lado la acepción más generalizada de sacarles a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece, situación que contradice la definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”, y “lo suyo” remite al derecho de propiedad, que es en este caso contradicho. Por eso es que el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek ha escrito que todo sustantivo seguido del adjetivo “social” lo convierte en su antónimo: constitucionalismo social, derechos sociales, democracia social y naturalmente justicia social.

Tal como nos enseña el profesor de Harvard Robert T. Barro, “el determinante de mayor importancia en la reducción de la pobreza es la elevación del promedio ponderado del ingreso de un país y no disminuir el grado de desigualdad”, y otro premio Nobel de Economía, James M. Buchanan, consigna: “Mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras la fuerza y el fraude queden excluidos, aquello sobre lo cual se acuerda es, por definición, lo que puede ser clasificado como eficiente”.

Anthony de Jasay –célebre profesor de Oxford– muestra cómo la metáfora deportiva es autodestructiva cuando se dice que lo razonable es que cada uno largue en igualdad de condiciones en la carrera por la vida y que es injusto que unos tengan ventajas sobre otros debido a diferencias patrimoniales. Pero a poco de andar se percibe que en ese esquema el primero en llegar a la meta se percatará de que ha realizado un esfuerzo inútil, puesto que en la largada de la carrera siguiente lo nivelarán nuevamente y, por lo tanto, en este correlato deportivo con las diferencias de ingresos, no podrá transmitir el resultado de su energía a sus descendientes.

El punto medular en este análisis consiste en que, en una sociedad abierta, los que mejor atienden las necesidades de su prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Y no es que en el proceso de cooperación social se proceda de este modo por razones filantrópicas, es que se está obligado a actuar de esa manera si se quiere el propio mejoramiento. Y lo trascendental del asunto es que esas ganancias significan tasas de capitalización más elevadas, lo cual constituye la única causa de aumentos de salarios en términos reales. Esa es la diferencia entre países ricos y pobres, y, a su vez, esas inversiones mayores son el resultado de marcos institucionales que establecen el respeto recíproco.

Como hemos señalado en otra oportunidad, hoy en día, en gran medida, ocurre con los gobiernos lo que describía Ray Bradbury en su novela Fahrenheit 451: bomberos que incendian, es decir, gobernantes que en lugar de garantizar derechos, los conculcan.

Uno de los canales más frecuentes que apuntan a la aplicación de la guillotina horizontal es el impuesto progresivo. Como es sabido, ese tributo se traduce en que la alícuota progresa a medida que progresa el objeto imponible, a diferencia del gravamen proporcional, que, como su nombre lo indica, implica uniformidad en la tasa. La progresividad produce tres efectos dañinos centrales. En primer lugar, altera las posiciones patrimoniales relativas, a saber, la gente con sus compras y abstenciones de comprar va distribuyendo ingresos, con lo que consecuentemente surgen distintas posiciones relativas de ingresos entre los destinatarios. Pues bien, la progresividad cambia esas directivas, con lo que se modifica la asignación de recursos, contradiciendo las citadas indicaciones, lo cual se traduce en derroche, que a su turno afecta salarios.

En segundo término, bloquea la tan necesaria movilidad social, ya que dificulta el ascenso y descenso en la pirámide patrimonial. Y por último, la progresividad es en verdad regresividad, ya que por las razones apuntadas, al mermar la inversión debido a los mayores pagos progresivos de los contribuyentes de jure disminuyen los ingresos de los marginales, que se convierten en contribuyentes de facto.

Para recurrir a la terminología de la teoría de los juegos, es pertinente destacar que en toda transacción libre y voluntaria ambas partes ganan, que es otro modo de decir que son de suma positiva, a diferencia de lo que se conoce como el “Dogma Montaigne”, donde se supone que quien gana es el que recibe la suma monetaria y pierde el que la entrega en la transacción. Esto es el resultado de obsesionarse con el lado dinerario del intercambio sin atender que la entrega de dinero es para recibir un bien o un servicio que el interesado valora en más. Aquella perspectiva se extiende al comercio internacional, en el que equivocadamente se atribuye valor a las exportaciones y se subestima el peso de las importaciones, cuando precisamente se exporta para poder importar, del mismo modo que nosotros vendemos nuestros servicios para poder adquirir lo que necesitamos.

Por último mencionamos una idea que, prima facie, aparece atractiva y razonable, pero esconde un problema medular. Se trata de la “igualdad de oportunidades”. La sociedad libre brinda mejores oportunidades, pero no iguales; la mencionada igualdad es ante la ley, no es mediante ella; las oportunidades no son a costa de arrancar el fruto del trabajo ajeno. Si a un amateur en el tenis se le diera igualdad de oportunidades de jugar con un profesional, habría que, por ejemplo, obligar a que este utilizara el otro brazo al que está acostumbrado a emplear en ese deporte, con lo que se habrá lesionado su derecho. El igualitarismo anula los efectos beneficiosos de liberar las energías creativas, en especial para los más necesitados.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Se equivoca el presidente, Argentina progresó cuando se acercó al capitalismo liberal

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 3/2/2021 en: http://economiaparatodos.net/se-equivoca-el-presidente-argentina-progreso-cuando-se-acerco-al-capitalismo-liberal/

Alberto Fernández hizo referencias poco atinadas en el foro de Davos, cuando gestiona un país cuyos desequilibrios tienen diversas causas y un único origen: el déficit fiscal y la forma de financiarlo

Durante su exposición de la semana pasada en el foro de Davos, el presidente Alberto Fernández afirmó que «El capitalismo financiero donde se hacen fortunas en minutos por apostar a un bono o acción hace ricos a muchos pero posterga a millones de seres humanos en el mundo». En realidad habría que ver de dónde saca esa relación entre apuesta financiera como el motor del capitalismo, en todo caso ese tipo de “timaba” financiera son estimuladas por los gobiernos con el endeudamiento público. En el caso argentino, hay que repetir una vez más el fenomenal incremento del endeudamiento del BCRA para restringir la liquidez del mercado y frenar el tipo de cambio, generando inmensas utilidades para el sistema financiero el tipico caso que cita el presidente y hace el BCRA bajo su gobierno.

El presidente también citó el libro «Capitalismo Infeliz», de Luigino Bruni, afirmando: «tenemos que superar la infelicidad opulenta que descarta a los más débiles e idolatra la ganancia desenfrenada y deshumanizada de un modelo amoral”.

Más allá de la vaguedad que es hablar de ganancia desenfrenada. ¿A partir de qué monto es desenfrenada? ¿Cómo se determina una ganancia desenfrenada?, en rigor no es el capitalismo el que descarta a los más débiles, sino que los incorpora con la creación de puestos de trabajo. El que los fabrica y usa a los pobres es el populismo, que no ha hecho otra cosa que sumergir a la Argentina en una larga decadencia llevando la pobreza, la indigencia y la desocupación a niveles insospechados.

Cuando Argentina se acercó al modelo capitalista, su economía atraía inversiones e inmigrantes que venían a estas tierras a buscar una oportunidad para salir de la pobreza de sus países de origen. El sistema económico argentino no ofrecía planes sociales, sino oportunidades para progresar mediante la cultura del trabajo basadas en el capitalismo liberal.

Gráfico 1

A principios del siglo XX y hasta la década del 30, el PBI de Argentina llegó a representar el 27,5% del PBI de toda América Latina. Cuando Argentina se aparta del capitalismo y del mundo y comienzan las intervenciones del estado en la década del 30 y se aceleran en la década del 40, el país entró en una larga decadencia y actualmente el PBI de Argentina representa solo el 10% del PBI de LATAM. Y no es que los otros países hicieron las cosas mucho mejor que Argentina, sino que Argentina fue el peor y sigue siendo uno de los peores alumnos de la clase junto con la Venezuela chavista.

Cuando se compara la evolución del PBI per capita de Argentina con los de Canadá y Australia, países de inmigrantes y dotados de recursos naturales similares, se observa cómo a principios del Siglo XX el PBI per Capita de Argentina era muy parecido al de ambos países.

Gráfico 2

Tomando los datos de Angus Maddison, en 1905 el PBI de Argentina era equivalente al 98% del PBI/habitante de Canadá y al 81% de la misma relación con Australia. Es decir, los PBI per capita de Argentina, Canadá y Australia eran similares. En 2018, el PBI per capita de Argentina era el 41% del de Canadá y el 37% del de Australia.

En 1900 el PBI per capita de Argentina superaba en un 70% al PBI/hab de España. En 2018 el PBI/hab de España era un 70% mayor al de Argentina. Si la comparación se hace con Italia, en 1900 Argentina tenía un PBI/hab que era un 40% superior al de Italia y en 2018 el PBI/hab de Italia fue un 85% superior al de Argentina, siempre siguiendo los datos de Angus Maddison. Por eso, cuando Argentina era capitalista, nuestros abuelos venían de Italia y España a la Argentina a trabajar, porque las condiciones del capitalismo liberal daban oportunidades de progreso. Hoy nuestros hijos se van a España, Italia, Australia, Nueva Zelanda y otros países en busca de un futuro que el populismo no ofrece. Solo ofrece someterse al puntero político para cobrar un plan social o tener un empleo público.

En 1911 el PBI/hab de Argentina era 4,4 veces superior al de Corea del Sur. En 2018, Corea duplicaba nuestro ingreso per capita. En 1901 la misma relación con Taiwán, el país al que se miraba con soberbia hablando de los paragüitas de Taiwan, Argentina la superaba en ingreso per capita en 4,3 veces. En 2018, Taiwan con sus paragüitas, tuvo un ingreso per capita 141% más alto que el de Argentina.

Se puede seguir con las comparaciones con Irlanda, Hong Kong, Irlanda o el mismo Japón y los resultados son igual de catastróficos para Argentina.

Cuando Argentina abandonó las ideas liberales que inspiraban la Constitución de 1853/60 y se sumergió en el populismo redistribucionista, castigando la cultura del trabajo y premiando la cultura de la dádiva, entró en una decadencia imparable.

Siempre van a saltar los que rechazarán el modelo de crecimiento de fines del siglo XIX y principios del XX argumentando que la riqueza se concentraba en pocas manos. En primer lugar no tienen datos del coeficiente de Gini de ese período, así que afirman sin demostrar, pero, ¿acaso hoy, con el populismo, la riqueza no concentra en unas pocas manos, en general de la casta política y sus socios de empresarios prebendarios y el resto vive en una pobreza que no se conocía en Argentina? ¿Alguien puede afirmar seriamente que este populismo que hace una cultura de la pobreza, mejoró la distribución del ingreso en Argentina?

Por otro lado, lo relevante no es que si el que menos gana tiene un ingreso 1.000 y el que más gana de 10.000, con una diferencia de 10 veces. Bajo un sistema capitalista el que menos gana pasa a ganar 11.000 y el que más gana 160.000, con lo cual aumenta la brecha entre el más rico y el más pobre a 14,5 veces, pero el que menos gana, gana más que el que más ganaba bajo el populismo. En otras palabras, el problema no está en el coeficiente de Gini, que es un pésimo indicador de distribución del ingreso. La clave está en que los que menos ganan, ganen cada vez más. No importa que el que más gana, gane mucho, como dicen los populistas. Eso es comparación de resentidos. De envidiosos. Lo que importa es que los pobres dejen de ser pobres y tengan movilidad social ascendente. Y eso no se consigue redistribuyendo ingresos. Se consigue generando más inversiones que creen puestos de trabajo y mejoren la productividad de la economía.

Es mentira que los que dicen preocuparse por los pobres realmente estén preocupados. En todo caso están preocupados por aumentar la cantidad de pobres para tener más electorado cautivo. Es el sistema capitalista liberal el que en realidad se ocupa de los pobres, pero no repartiendo lo que ganan otros, sino creando las oportunidades para que haya inversiones, la gente pueda desarrollar la capacidad de innovación y cada uno mejore gracias a su trabajo.

Además, el populismo denigra a las personas porque las hace depender del puntero político para que su familia pueda comer. El capitalismo liberal dignifica a las personas porque alimentan a su familia con el fruto de su trabajo.

En síntesis, no es el capitalismo al que hay que revisar. Ya ha demostrado ser el sistema más eficiente para mejorar el nivel de vida de la gente. Es el populismo que pretende vender que los políticos tienen el monopolio de la solidaridad y lo único que buscan es maximizar su beneficio político fabricando pobres e ignorantes para someterlos a sus caprichos.

Argentina progresó cuando se acercó al capitalismo liberal y entró en un subdesarrollo sustentable cuando adoptó el populismo redistributivo. Lo que hay que hacer para volver a crecer es tan sencillo como volver a la cultura del trabajo y abandonar la cultura de la dádiva que empobrece y denigra a la población.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

La gestión política del resentimiento

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado el 1/11/20 en: https://www.dataclave.com.ar/opinion/la-gestion-politica-del-resentimiento_a5f9e0994daaeb8185c91140a

La propaganda no se asienta en la razón, sino en la emoción. “El rico se abusa del pobre, porque es rico y nada más”, suelen afirmar ciertos sectores. El resentimiento como conformación de una determinada cadena de valores. ¿Es viable una Nación con estas características?


La propaganda política no se asienta en la razón sino en la emoción.
 El entendimiento acabado de esta simple frase de trece palabras, divide las aguas entre quienes son efectivos a la hora de ganarse el caudal de legitimidad que emana del pueblo, y los que perecen en intentos fútiles.

Desde la reciente “son cosas que pasan entre ricos”, de Alberto Fernández, al referirse al intento de usurpación de la propiedad de la familia Etchevehere, pasando por otros latiguillos discursivos similares que se han lanzado al gran público, ocultos tras la mascarada de la espontaneidad, ha existido desde el comienzo de la gestión iniciada a nivel nacional en Diciembre de 2019, un claro intento de gestionar las pasiones más oscuras de nuestro pueblo, a su favor.

Así, el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2019, se instaló desde la perspectiva de un grupo de rugbiers ricos y asesinos, cuando el fenómeno podía ser también ilustrado desde otras perspectivas. Por ejemplo, los excesos que se producen por la falta de control policial, el abuso del alcohol y/o las drogas, una sociedad cada vez más violenta, o tantos otros enfoques que eran igualmente válidos pero que quedaron relegados frente al recurso discursivo que despierta una indignación emocional mayor: “el rico se abusa del pobre, porque es rico y nada más”.

Lo mismo se hizo cuando fue evidente que el Covid-19 sí llegaría al país, contrario a lo que el Ministro de Salud, Ginés Gonzales García, afirmó desde un primer momento. En esta ocasión se instaló rápidamente la idea de que el arribo del virus era producto de “los ricos que viajaban a Europa”. Del mismo modo se expresó a nivel subnacional en su momento, Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe, al afirmar que la pandemia era responsabilidad de “los chetos”.

Valgan estos ejemplos para representar, entre muchos otros, la estrategia comunicativa preferida de quienes se asientan en el espectro ideológico del centro a la izquierda, no solo en nuestro país, sino en todo Latinoamérica. La oligarquía, los chetos, los ricos, la insensible y egoísta clase media, “los del campo”, los antipatria, entre otras imágenes discursivas similares, son los sujetos que constituyen ese “otro” tan necesario, en los ejercicios de propaganda.

El fenómeno en sí funciona, en base a dos hechos fácticos. En primer lugar, Latinoamérica es una de las regiones del globo con mayor pobreza y, por tanto, desde una regla meramente lógica, los pobres son muchos y los ricos pocos. Por ende, ¿a quiénes debería emocionar un candidato que quiere ganar elecciones sin esforzarse demasiado en gestionar un discurso superador? ¿En quienes debería buscar una legitimidad a prueba de razones, sobre todo, cuando no hay mucho éxito real para mostrar? En segundo lugar, existen varias emociones que los comunicadores conocemos como prevalentes y fácilmente manejables en los discursos políticos. El miedo es uno, desde ya. El otro es el resentimiento.

Valga esta breve digresión para señalar que el resentimiento es algo profundamente diferente a la envidia. Si esta última es una señal emocional de aquello que anhelamos y, en tal sentido, algo hasta útil cuando es percibido por aquellos con algún tipo de entrenamiento en la gestión de sus propias emociones, el resentimiento es diametralmente distinto.

El resentimiento está formado por una cadena de valoraciones que pueden dispararse por la emoción de envidia, pero que luego transcurre a la siguiente idea: “Yo no tengo X, y no lo tengo porque sí lo tiene Y, e Y lo tiene porque en algún momento me/nos quitó H”. Esta cadena causal, se puede encontrar en un sinnúmero de piezas retóricas que inundan nuestra región. Desde “Las venas abiertas de América Latina”, libro del cual el propio Galeano renegó antes de morir, a la gran mayoría de los discursos de los que, como decía anteriormente, se sitúan del centro a la izquierda del espectro.

Lo que muchas veces no se percibe, son los concomitantes de estas estrategias tan efectivas. Por un lado, la profundización del recelo social y la destrucción sistemática de las posibilidades de armonizar intereses entre quienes más necesitan cooperar en sociedades como las nuestras. Del mismo modo, luego, la creciente violencia social que de esta situación se deriva.

Y, por último, y solo para no hacer más extenso este artículo porque podríamos encontrar infinitos subproductos negativos de esta estrategia de propaganda, el desempoderamiento sistemático de quienes a partir de estos relatos perciben que no pueden hacer nada para salir de la situación en la que se encuentran, y que solo dependen del favor de aquellos que se auto postulan como sus salvadores políticos.

En resumen, la gestión política del resentimiento, es una estrategia propagandística que trae frutos de corto plazo, como los trajo en Chile en el referéndum del pasado 25 de octubre, por ejemplo, pero que, en el mediano y largo plazo, solo destruye los lazos que hacen a la posibilidad de generar sociedades en donde predomine la cooperación y la verdadera movilidad social.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

¿A quiénes asisten los aparatos estatales?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 31/7/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/a-quienes-asisten-aparatos-estatales-nid2408740

Fuente: LA NACION – Crédito: Javier Joaquin

Vivimos una época de mucha hipocresía que se pone de manifiesto con claridad y contundencia cuando gobernantes repiten hasta el cansancio ideas tan esotéricas como que llevan a cabo “grandes esfuerzos” para entregar recursos a tales o cuales grupos. No parecen percatarse de que los esfuerzos los hacen los vecinos a quienes se les arranca el fruto de su trabajo para colocarlo en manos de otros destinatarios, que no son los titulares de esos fondos.

De entrada exponemos la tesis de esta nota: los políticos en funciones se asisten a sí mismos al cobrar emolumentos extraídos de la comunidad por la fuerza para jugar al hada madrina, como si ellos contribuyeran con su propio peculio, algo que jamás hacen. En lugar de dedicarse a proteger derechos y ofrecer seguridad y justicia, en gran medida se dedican a expoliar a unos en la esperanza de congraciarse con otros. Es necesario insistir en que, de este modo, la sociedad se transforma en una lucha descarnada de todos contra todos. Es como si la sociedad se hubiera convertido en un círculo infernal e insoportable donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del vecino. Esto así es insostenible y, por cierto, macabro.

Así, reclama airadamente el fabricante de tornillos que pretende un subsidio, los artistas que piden financiación para sus obras, los piqueteros que marchan para obtener prebendas, el productor que quiere ayudas monetarias, el sindicalista que pide que le otorguen más controles sobre obras sociales, el comerciante que espera que le otorguen un mercado cautivo, el profesional que insiste en asociaciones obligatorias, el banquero que apunta a mayor cobertura por parte de la banca central; el almacenero sugiere que se limite el radio de los supermercados, el empresario pide mayores aranceles, barrios populares reclaman viandas, médicos apuntan a que se les entreguen mejores equipos, estudiantes se manifiestan airadamente para obtener estudios sin cargo y así sucesivamente, todo a costa del prójimo.

Parece que a pocos se les ocurre que como primer principio civilizado debe respetarse la propiedad privada. Las demandas no pueden ser para dar un manotazo a lo que otros han obtenido legítimamente. En general se trata al lugar de trabajo o el lugar donde se abastece la gente como propio sin percatarse de que se trata de la propiedad privada de otro, del mismo modo que condenaríamos que alguien ajeno pretenda dirigir lo que ocurre en nuestro domicilio.

De esta concepción proviene la maldita idea de aplicar la guillotina horizontal al efecto de “redistribuir ingresos” sin comprender que la distribución original y pacífica se lleva a cabo en supermercados y afines cuando la gente compra o se abstiene de hacerlo según sean los diferentes rubros que necesita. Pero resulta que esa distribución es reemplazada por la referida redistribución que inexorablemente se lleva a cabo con el uso de la fuerza contradiciendo las previas votaciones de la gente, y como los recursos no crecen en los árboles, esta violencia implica despilfarro que repercute negativamente en los salarios e ingresos en términos reales.

Todos los quejosos y pedigüeños que les exigen a los aparatos estatales que les arranquen recursos a otros en lugar de esto deberían ellos mismos constituirse en oferentes de lo que demandan y hacerlo con el precio y la calidad que airada e injustificadamente reclaman que lo haga otro. Si esas personas alegan que no cuentan con el dinero suficiente para embarcarse en esos negocios, pues que ofrezcan su idea a terceros para recabar los fondos necesarios para operar. Pero si nadie les compra la idea es porque no se basa en un plan de negocios serio y por ende debe abandonarse.

En esta línea argumental, se suele proceder a través del impuesto progresivo tan apreciado y aconsejado por Marx y Engels en el Manifiesto comunista, de 1848. Ese gravamen se traduce en cuatro efectos. En primer lugar, es regresivo, puesto que el contribuyente de jure al contraer sus inversiones reduce los salarios de los marginales que se convierten en contribuyentes de facto. En segundo término, significa un bloqueo para la imprescindible movilidad social, puesto que se perjudica a los que trabajosamente vienen ascendiendo en la pirámide patrimonial vía tasas que progresan a medida que progresa el objeto imponible. Tercero, altera las posiciones patrimoniales relativas, ya que son necesariamente distintas de las que había establecido la gente revelando sus preferencias, lo cual acentúa el consumo de capital. Por último, con razón se sostiene que deben incrementarse la productividad y realizarse los esfuerzos correspondientes, pero nos encontramos con que la progresividad significa que cuanto más productivo el agente, se propinan mayores palos fiscales como castigo.

La siempre ponzoñosa envidia opaca la bendición de las desigualdades de las personas, puesto que de otra manera se derrumbarían la cooperación social y la consiguiente división del trabajo. Si todos tuviéramos las mismas inclinaciones y vocaciones, las relaciones sociales serían inviables. El delta de ingresos y patrimonios en una sociedad libre es consecuencia necesaria de los gustos de la gente; lo importante es que todos mejoren, pero no que sean iguales, puesto que, como queda dicho, la desigualdad de resultados surge del plebiscito diario del mercado, que a su turno es debida a las diferencias de talentos de cada cual para servir a su prójimo.

En este sentido, para comprobar cómo ha cambiado la opinión que hoy prevalece en el Vaticano, y sin perjuicio de otros eventuales errores que puedan señalarse, es de interés reproducir un pasaje de lo consignado por el papa León XIII en 1891: “Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea, pues, el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana; que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánense en verdad los socialistas, pero vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio ni la salud ni la fuerza, y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue espontáneamente la desigualdad de la fortuna, lo cual es por cierto conveniente a la utilidad, así de particulares como de la comunidad, porque necesitan para su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios diversos, y lo que a ejercitar esos oficios diversos principalmente mueve a los hombres es la diversidad de la fortuna de cada uno”.

Por último subrayo que, como si todo lo dicho fuera poco, hay gobernantes trasnochados que sostienen que la solución a los problemas es el aumento del consumo, sin entender que la clave para todo es el incremento de la producción. Si un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada y uno de los sujetos proclama que lo que deben hacer es consumir para resolver sus problemas, seguramente los colegas no se molestarían en contestar semejante sugerencia, si es que no amenazan con ahogarlo en represalia por tamaña obscenidad.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 25/1/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/25/decalogo-fiscal-para-cualquier-pais-civilizado/

 

 

Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el ascenso y descenso en la pirámide patrimonial.

Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

ATROPELLOS DE UNA CASTA POLÍTICA DE INTOCABLES

Por Alberto Benegas Lynch (h)

En otras ocasiones me he detenido a subrayar lo que a juicio de muchos intelectuales es el uso desaprensivo de la expresión “clase social” puesto deriva de la idea que hay personas de una clase o naturaleza distinta. Esta noción deriva del marxismo en cuyo contexto se sostiene que el burgués y el proletario son de una clase o naturaleza distinta ya que poseen una estructura lógica diferente. En este sentido son consistentes con su premisa, aunque ésta esté errada ya que ningún marxista explicó en que estriba concretamente la diferencia, en que reside el manejo distinto de los silogismos y, por otra parte, que le ocurre al hijo de un proletario y una burguesa o que le sucede específicamente a la estructura lógica del proletario que se gana la lotería y así sucesivamente.

Como también hemos apuntado en su oportunidad, los sicarios nazis luego de galimatías varios en sus absurdas clasificaciones de lo que denominan arios y semitas llegaron a la conclusión que el tema era mental adoptando la concepción marxista al comprobar que solo diferenciaban a las víctimas de los victimarios rapando y tatuando a los primeros pues no había posibilidad alguna de clasificar en base a rasgos físicos.

Como queda dicho, si bien los marxistas son consistentes con sus premisas erradas, los que recurren inocentemente a la expresión “clase social” son del todo incoherentes con sus premisas porque no quieren decir que las personas de distinta clase sean de naturaleza distinta, lo que quieren decir es que obtienen ingresos distintos. En ese caso es mejor decir eso mismo: ingresos medios, ingresos altos e ingresos bajos. Por otro lado, el concluir que los de ingresos altos en general pueden acceder a una educación formal de mejor calidad que los de ingresos bajos es una grosera perogrullada pero en una sociedad abierta en donde la movilidad social es máxima no significa que la gente muta su naturaleza o cambia de clase de persona al elevar o reducir sus ingresos.

Más aún, aludir a la clase baja constituye una torpeza repugnante, referirse a la clase alta es de una frivolidad digna de la mayor tilinguería y hacerlo respecto a la clase media es llamativamente anodino.

Una vez aclarado lo anterior, vamos a lo que Milovan Djilas bautizó como “la nueva clase” en un best-seller que lleva ese título y que se tradujo a once idiomas. Un ex cómplice y partícipe directo del totalitarismo que conoció desde adentro todas las artimañas del poder como fueron los también resonantes casos de Eudocio Ravines y Whittaker Chambers sobre los que he escrito en otras ocasiones. Los tres consideraron en una primera instancia que los desbarranques se debían a malas gestiones del sistema, tardaron en percatarse que el asunto no radica en las personas que administran un sistema autoritario sino en el sistema mismo: en el manejo arbitrario de las vidas ajenas, en el abuso del poder político, en la soberbia de los mandamases, en otros términos, en la falta de libertad y el consiguiente atropello a los derechos de las personas y la aniquilación de las autonomías individuales.

Se trata en este caso efectivamente de una casta por el momento de intocables, una clase que agrupa a personas que apuntan a la extender el poder a todos los vericuetos de lo que hasta el momento era vida privada y a mantener y ampliar los privilegios de ese conglomerado de políticos irresponsables. Es una agrupación de sujetos que tienen como denominador común un deseo irrefrenable de dominación y una marcada inclinación a la acumulación de privilegios y dádivas de procederes turbios. Una clase por cierto aborrecible cuyo eje central apunta al daño sistemático e institucionalizado a seres inocentes. Una mezcla diabólica entre lo estipulado por Orwell y Huxley respectivamente.

La elaboración de Djilas es extrapolable no solo a todos los regímenes dictatoriales sino a estructuras políticas a veces consideradas democráticas pero que en verdad son cleptocracias en las que los sueños de vida, las libertades y las propiedades están en manos de desvaríos monumentales de los gobernantes de turno.

En este contexto la nueva clase paradójicamente se instala argumentando que deben eliminarse las clase mientras filtran el abuso de poder envuelto en un dogmatismo y una intolerancia inaceptables para todo lo que se le opone, lo cual indefectiblemente gangrena al cuerpo social. Esta casta de políticos y funcionarios no son todos los burócratas ni todos los políticos, son los que tienen una sed ilimitada de chupar la sangre del prójimo. Son los arrogantes que consideran que son los iluminados del momento y que deben contar con un cheque en blanco para imponer sus veleidades sobre las vidas y haciendas ajenas. En esta instancia del proceso de evolución cultural hay y ha habido políticos -los menos- que estrictamente limitan sus funciones a la preservación de derechos que son anteriores y superiores a la existencia de todo gobierno.

En cambio, la nueva clase está formada por ideólogos en el sentido más difundido del término, a saber, los que pretenden imponer sistemas cerrados, terminados e inexpugnables, es decir, a contracorriente del espíritu liberal por naturaleza abierto a procesos evolutivos que toman el conocimiento con la característica de la provisionalidad abierta a posibles refutaciones en el contexto del respeto recíproco a proyectos de vida distintos a los que caprichosamente se esmeran por encajar los megalómanos

Todo comienza con los primeros pasos. En nuestro caso, se trata de avances del aparato estatal en faenas que los principios republicanos no permiten pero que un poco de estatismo posibilita ganar elecciones. La célebre demagogia. En el caso de progreso material hay quienes sienten envidia por los que obtienen ingresos más suculentos que los suyos y pretenden el manotazo. Como no queda bien robar a mano armada, les piden a los gobernantes que hagan la tarea por ellos a través de muy distintos procedimientos fiscales vociferando que la riqueza es el resultado de la suma cero en lugar de atender la realidad en cuanto a que es un proceso dinámico y cambiante en una sociedad abierta según la capacidad de cada cual para atender las necesidades de los demás.

Pero al instalar una venda sobre los ojos para que no pueda espiarse la realidad, se consolidan en el poder los políticos inescrupulosos y quedan atrás los que no se atreven a adoptar medidas groseramente intervencionistas y estatistas. De este modo entonces se convierte el asunto en una carrera por promesas cada cual más “progresista”, este aditamento absurdo que en verdad alude a su antónimo puesto que permite enganchar a los incautos para arrastrarlos con la furia del fanático al retroceso moral y crematístico.

Más abajo veremos algunas sugerencias para revertir esta tendencia que promete acabar con la democracia tal como fue concebida para vivir en libertad en oposición al autoritarismo, pero ahora mencionamos algunas de las recetas iniciales que causan el problema de marras.

Veamos muy telegráficamente siete pilares sobre los que se basa la nueva clase de donde derivan otras medidas autoritarias que en escalada tarde o temprano terminan en una fatídica tendencia a amordazar la prensa independiente y a enclaustrar mentes a través de sistemas educativos vigilados y reglamentados por estructuras políticas a contracorriente de sistemas abiertos en competencia.

En primer lugar, la manía del igualitarismo de resultados que en contraposición a la igualdad ante la ley la pretenden prostituir sustituyendo de contrabando el ante por el mediante la ley y así en mayor o menor medida se aplica la guillotina horizontal que inexorablemente difiere de lo estipulado por la gente con sus compras y abstenciones de comprar en los supermercados y afines. Esta mal asignación de los siempre escasos recursos necesariamente se traduce en derroche, lo cual, a su vez, hace que bajen los salarios e ingresos en términos reales.

En segundo término, la idea desformada del derecho confundiéndola con pseudoderechos. Derecho es la facultad de usar y disponer de lo adquirido legítimamente pero de ningún modo el echar mano por la fuerza al fruto del trabajo ajeno. En un medio oral acaba de declarar un conocido político argentino que “frente a cada necesidad nace un derecho”, en realidad una barrabasada superlativa que pone al descubierto el desconocimiento más palmario no solo del “dar a cada uno lo suyo” según la definición clásica de la Justicia sino que  bajo tierra apunta  a arrancar recursos de los bolsillos de otros recurriendo a la violencia.

Tercero, la nueva clase usa un lenguaje hipócrita al alardear de una defensa de los pobres cuando los expolia a través de medidas antieconómicas, al tiempo que suele acumular riquezas malhabidas y siempre engrosa sus propias filas con privilegios de muy diverso calibre.

Cuarto, se basa como apoyo logístico en legislaciones sindicales que operan con recursos descontados coactivamente de los trabajadores y con representaciones compulsivas.

Quinto, la nueva clase descansa en alianzas con empresarios prebendarios que como un intercambio de favores les entregan mercados cautivos en el contexto de una economía cerrada a la competencia nacional e internacional.

Sexto, estatizan actividades comerciales al efecto de incrementar su poder aunque arrojen déficits crónicos y los servicios disminuyan de calidad a ojos vista.

Y séptimo, recurren a subterfugios monetarios y bancarios alegando un tragicómico fine tuning para que la nueva clase pueda hacerse indebidamente del fruto del trabajo de los gobernados a quienes esquilman sin piedad aparentando luchas contra la inflación.

Si nos damos cuenta de estas exacciones por las que aumenta el gasto público, los impuestos y la deuda estatal, es menester producir cambios para deshacernos de la nueva clase. No tiene sentido limitarse a la queja y pretender cambios aceptando un sistema que incentiva y entroniza la nueva clase.

Antes me he referido a posibles modificaciones al efecto de introducir vallas a la extralimitación del poder, pero es del caso repasarlos brevemente, no necesariamente para que se adopten tal cual sino como una invitación a usar las neuronas para pensar en otros procedimientos que dejen sin efecto los atropellos de la nueva clase o casta consubstanciada con un Leviatán desbocado.

Para estos propósitos antes hemos propuesto meditar acerca de posibles cambios de carácter sustancial en los tres poderes para reafirmar la democracia al estilo de los Giovanni Sartori de nuestra época alejándola de los peligros de los Hugo Chávez de nuestro tiempo.

En esta línea argumental, sugerimos que los integrantes del Poder Legislativo sean ad honorem como algunos de los cargos en las repúblicas de Venecia y Florencia de antaño, dejando de lado legislaciones incompatibles con el Estado de Derecho que abren las puertas a conflictos de intereses inaceptables e incompatibles con el sentido jurídico de la Ley.

Proponemos también aplicar al Ejecutivo la recomendación de Montesquieu que se encuentra “en la índole de la democracia” en el sentido de proceder a elecciones por sorteo al efecto se subrayar lo dicho por Karl Popper en cuanto a la imperiosa necesidad de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones y no sobre los hombres para que “el gobierno haga en menor daño posible”, a lo cual puede agregarse la idea del Triunvirato tal como fue argumentado originalmente en la Asamblea Constituyente estadounidense según relata en sus memorias James Madison.

Por último, introducir y generalizar el sistema de arbitrajes privados en el Poder Judicial sin ninguna limitación, incluso sin la necesidad que quienes actúen sean abogados, en el contexto de una carrera judicial rigurosa y estricta bien alejada del positivismo legal que ha hecho estragos al derecho.

La inercia y las telarañas mentales no permiten salir del pantano del statu quo y del espíritu conservador en el peor sentido de la expresión. No puede resolverse un problema insistiendo en adoptar las causas que lo provocan. La nueva clase se está riendo a carcajadas homéricas de todos nosotros. Observan con deleite obsceno los preparativos de los procesos electorales y el acto comicial mismo con las fauces abiertas de par en par para engullirse el próximo botín.

Si las propuestas que recogemos para liberarnos de la nueva clase no satisfacen por algún motivo, piénsese en otras salidas pero no podemos quedar con los brazos cruzados frente a este espectáculo dantesco y al mismo tiempo bochornoso por el que quedan francos los tenebrosos pasillos hacia nuevos socialismos, al tiempo que se derrumba la democracia y el constitucionalismo que desde la Carta Magna de 1215 fueron ideados para limitar el poder y no para introducir una canilla libre de dislates que perjudican a todos pero muy especialmente a los más necesitados.

Se encienden las alarmas cuando representantes de la nueva clase declaran que quieren resolver los problemas de la gente, en lugar de dejarla en paz. Hay que combatir los residuos atávicos de la tribu, de ese modo los intocables de hoy no lo serán en el futuro.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La desigualdad no daña a las sociedades

Por Iván Carrino. Publicado el 2/7/17 en: http://contraeconomia.com/2017/07/01/la-desigualdad-no-dana-a-las-sociedades/?platform=hootsuite

 

Respuesta a Mr. Wilkinson.

Las redes sociales son un mundo realmente fascinante. Lo mismo que antes hacíamos en un grupo pequeño, en familia o solos en el living de nuestra casa, hoy podemos compartirlo con miles. Miramos un programa de TV, comentamos algo en Twitter, y otros pueden sumarse a nuestra idea o bien dar un punto de vista diferente.

A los que vivimos de analizar la coyuntura y las ideas que dan forma a nuestras sociedades, nos sirve tanto para difundir una mirada, como para nutrirnos de otras distintas.

Precisamente eso es lo que me pasó hace unas semanas.

En un lapso de dos o tres días, dos usuarios de la famosa red del pajarito me compartieron el link a una charla TED protagonizada por el “epidemiólogo social” británico Richard Wilinkinson. El intrigante título de la misma era: “Cómo la desigualdad daña a las sociedades”.

En realidad, la presentación de 15 minutos realizada por Wilkinson es un resumen de la obra “The Spirit Level”, que escribió en conjunto con Kate Pickett en el año 2010. Dicho trabajo plantea que la desigualdad de ingresos entre las personas de un país es la responsable por una serie de diferentes “males sociales”.

Los autores miden la desigualdad como la diferencia entre lo que ingresa el 20% más rico y el 20% más pobre de un país. Luego crean un índice de “males sociales” que está compuesto por diversos indicadores, tales como: el nivel de confianza, las enfermedades mentales (incluyendo el alcoholismo y la drogadicción), la mortalidad infantil, la obesidad, el desempeño escolar de los niños, la cantidad de hijos de los adolescentes, la tasa de homicidios y de encarcelamientos y, por último, la movilidad social.

Al cruzar estos datos llegan a una alarmante conclusión: en cada una de estas variables, a los países más desiguales les va peor. Esto sería una muestra indiscutible de que la desigualdad es la responsable y de que es necesario combatirla.

¿Es esto así? Si bien la conclusión y el relevamiento de datos resultan asombrosos, lo cierto es que el argumento padece de una serie de falencias importantes.

A continuación, veremos por qué las conclusiones de Wilkinson son incorrectas.

Falla metodológica

El primer obstáculo insoslayable con el que se cruza el argumento de Wilkinson y Pickett es de índole metodológico. Es que lo que los autores intentan hacer es relacionar dos variables “macroagregadas” como si una determinara a la otra, algo que es incorrecto desde el punto de vista teórico.

En sendos lugares de su charla, Wilikinson sostiene que nos va a mostrar lo que “la desigualdad le hace” a “nuestras sociedades”. ¿Ahora qué es la desigualdad? ¿Cómo es que actúa? ¿Acaso se trata de una persona, con inteligencia y voluntad? No, de ninguna manera.

Decir que la desigualdad “hace” algo es como decir que la patria quiere tal o cual cosa. Sin embargo, eso es incorrecto. La patria, a lo sumo, es una suma de individuos, que a veces pueden ser varios millones, y que en ningún caso deberían tomarse como un todo homogéneo.

Aquí ocurre lo mismo. No podemos aceptar sin más la relación entre dos variables agregadas si no existe un mecanismo que nos explique cómo ellas afectan la conducta particular de los individuos.

Tomando un ejemplo de los propios autores de la obra: ¿cómo es que la desigualdad hace que una persona sea alcohólica? ¿Es que una persona decide tomar en exceso, o cae presa de esta adicción porque su vecino es 3, 4 o 50 veces más rico que él? ¿Cuál es el vínculo necesario entre una cosa y la otra?

La realidad es que no existe tal vínculo, y cualquiera que quiera establecerlo, o está forzando el argumento, o directamente nunca tuvo contacto con una persona alcohólica.

Esta falla metodológica es muy grave y por tanto debería hacernos dudar de la aparente solidez de las conclusiones de Wilkinson.

La movilidad social es clave

Cuando se habla de desigualdad, suele criticarse que “los de arriba” ganan mucho más que “los de abajo”. Sin embargo, este es un análisis estático. Después de todo, los que un día están “abajo”, en otro momento pueden terminar estando “arriba”. Es decir, una vez que consideramos la movilidad social, el fantasma de la desigualdad pierde un poco de sentido.

Si los pobres pueden mañana dejar de serlo, y si producto del crecimiento económico y la mejora de la tecnología, cada vez están mejor: ¿qué problema hay si entre las personas hay más o menos diferencia de ingresos?

Para Wilkinson, sin embargo, el caso es distinto. En uno de los cuadros que muestra en su presentación sostiene que a mayor desigualdad, menor es la movilidad social.

En dicho cuadro, Estados Unidos figura tanto como el extremo de la elevada desigualdad, como el de la baja movilidad social. Así, en el país del norte no solo las diferencias entre ricos y pobres serían las más elevadas, sino que la posibilidad de los pobres de convertirse en ricos serían las más bajas.

Esto choca con otros datos.

De acuerdo con estudios citados por Steven Horwitz, Estados Unidos tiene una elevada movilidad social. Por ejemplo, entre 1975 y 1991, los datos disponibles muestran que el 94,9% de los hogares que se encontraban en el quintil más bajo de ingresos, se movieron hacia arriba en la escalera social, con un 29% yendo a parar al quintil más rico del país.

Años posteriores otros analistas corrigieron estos datos. Si bien no tan asombrosos, entre 1996 y 2005, el 57,6% de los hogares de menores ingresos ascendieron en la escalera, con 9,9% llegando al segundo quintil de ingresos y 5,3% llegando a la cima de la pirámide.

A partir de estos números, suena extraño que se concluya que Estados Unidos tiene la menor movilidad social de todos los países analizados. El tema al menos amerita un poco más de investigación.

La violencia es consecuencia de los igualitaristas

Otra de las cuestiones que argumenta Wilkinson es que la mayor desigualdad se correlaciona con una mayor violencia o inseguridad.

Ahora de nuevo: ¿bajo qué mecanismo? ¿Qué explica que una persona salga de su casa para delinquir?

Una explicación que darían los autores es que a mayor brecha salarial, más frustración personal y más tendencia a hacer cosas ilegales.

Podría ser.

Pero también podría perfectamente encajar otra teoría. Cuanto más se sostiene que la desigualdad es injusta y que los ricos de alguna manera deberían darle a los pobres para reducir la brecha (cosa que Wilkinson hace sin tapujos), más se legitima la idea de que los pobres tienen derecho a asaltar el patrimonio de los ricos.

Una vez que esta idea está legitimada: ¿qué frenos morales tendrán las personas a la hora de convertirse en ladrones,  secuestradores o incluso asesinos?

Wilkinson establece una relación de causalidad desde desigualdad a violencia. Otra distinta es posible: cuanto más se insiste sobre los problemas que genera la desigualdad, menos tapujos a la hora de atacar a “los que más tienen”.

Conclusión

El argumento de Wilkinson puede sonar convincente en una primera lectura. Sin embargo, como hemos visto aquí, sufre de insoslayables problemas metodológicos, presenta datos que merecen mayor debate y, por último, dan por ciertas relaciones de causalidad que podrían ser completamente diferentes.

Los “males sociales” no son producto de la desigualdad, sino de lo que individuos de carne y hueso le hacen a los demás y a ellos mismos. Análisis de este tipo no contribuyen a resolver estos problemas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Las razones por las que Sarmiento entró en la Historia

Por Alejandro O. Gomez. Publicado el 11/9/2015 en: http://www.infobae.com/2015/09/11/1754417-las-razones-las-que-sarmiento-entro-la-historia

 

Escritor, estadista, político, polemista, viajero, militante… Intelectual y hombre de acción a la vez, así fue el prócer de cuya muerte hoy se cumplen 127 años. Qué destacar de uno de los hombres que pensó y diseñó nuestro país

En la iconografía patria, y especialmente escolar, su imagen está casi excluyentemente identificada con la del maestro y fundador de la instrucción pública argentina. Queda así en un segundo plano otro Sarmiento, tanto o más apasionante que el primero: ese que, percibiendo los desafíos de su tiempo –construir “una Nación en el desierto argentino”, como tituló Tulio Halperín Donghi su ensayo sobre el periodo previo al 80- se puso a pensar pero también a hacer; recorrió el mundo buscando alternativas importables a nuestra realidad, se trenzó en apasionados debates sobre modelos y soluciones y, cuando el destino le dio la oportunidad, aceptó el desafío de intentar llevarlos él mismo a la práctica.

En consecuencia, si bien se lo recuerda como educador, su figura impregnó casi todos los ámbitos de la vida pública argentina en los últimos dos tercios del siglo XIX. Su personalidad inquieta y emprendedora lo llevó a incursionar en múltiples áreas: la diplomacia y el ejército, el ensayo y la divulgación, los viajes y el periodismo, la política; en todas ellas, se volcó de manera apasionada. No era hombre de medias tintas. Decía lo que pensaba y sentía sin la impostura de lo que hoy llamamos corrección política. Es por ello que también se pueden encontrar muchas contradicciones en su extensa obra. Sarmiento vivió tiempos de cambio y asumió los riesgos de las posiciones que tomaba. Fue una persona comprometida con su país, y casi toda su vida la dedicó a contribuir con el progreso de su patria.

En plena época rosista, comenzó a reflexionar sobre las causas del atraso argentino y cuáles serían las soluciones a implementar para convertirnos en un país desarrollado. Fue en su exilio chileno donde desarrolló una intensa actividad como escritor, con el objetivo de ayudar a aquellos políticos e intelectuales que liderarían el país, una vez lograda la Organización Nacional. El desafío era superar la antinomia federales-unitarios y encauzar al país hacia un futuro de progreso y civilización, tema que obsesionaba a Sarmiento desde que comenzó a involucrarse en la vida pública.

Sus trabajos más destacados de ese período son Civilización y Barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (1845), Viajes por Europa, África y América, 1845-1847 (1849-51),Recuerdos de Provincia (1850) y Argirópolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata (1850). En Facundo, Sarmiento busca develar el “enigma argentino”, explorando las raíces de la dualidad que dio en llamar “civilización y barbarie”. En su análisis la civilización representa el valor a promover. En contraposición, la región pampeana representaba el pasado colonial asociado a una sociedad feudal atrasada. Así las cosas, la civilización sarmientina se traduce en el establecimiento de un orden republicano reflejado en ideas liberales, y en el imperio de la ley y la movilidad social en sentido ascendente. Su propuesta se vio reflejada en el programa de gobierno que Sarmiento sugiere a lo largo del Facundo; el fomento de la inmigración, la libre navegación de los ríos, la nacionalización de las rentas de aduana (que hasta ese momento estaban en manos de Buenos Aires), la libertad de prensa, la educación pública, el gobierno representativo, la religión como agente moralizador, la protección a la seguridad individual y la institucionalización de la propiedad privada.

En Viajes, Sarmiento dejaría de mirar hacia Europa como había hecho en el Facundo para volverse hacia Estados Unidos. En su primera visita al país del Norte, tomó nota del progreso y el potencial de crecimiento que tenía aquel país gracias al impulso del ferrocarril, la educación y el orden institucional. Las semejanzas geográficas que observó con respecto a Argentina, le hicieron pensar que nos podríamos convertir en una nación de granjeros propietarios como lo era la sociedad norteamericana de aquel tiempo. Sarmiento enfatizaba especialmente el valor del trabajo en la agricultura como agente civilizador, en contraposición a la ganadería extensiva que se venía practicando en Argentina desde la época colonial (el mismo enfoque ya había sido explicitado por Manuel Belgrano cuando era secretario del Consulado). En este sentido, el desarrollo de la agricultura quedaba asociado directamente con el sistema republicano ya que, según Sarmiento, la agricultura promueve la cultura del trabajo. Por eso fue un firme impulsor de una “civilización agrícola” basada en el acceso masivo a la propiedad de la tierra, a través del sistema de colonias agrícolas, que tendría su apogeo entre 1870 y 1890. Este sistema debía ser complementado con el desarrollo del ferrocarril, los barcos a vapor, el telégrafo y el correo, que servirían para potenciar la comercialización y bajar los costos del transporte.

Pero sin lugar a dudas, su principal interés residía en el establecimiento de un sistema de educación pública y de calidad para todos los habitantes. Este era el mejor medio para alcanzar el progreso a largo plazo. De acuerdo a su visión, el desarrollo económico no bastaba para que el país se convirtiera en una república de ciudadanos civilizados. Por eso, en su proyecto de Nación, la educación era un pilar fundamental. Esto también lo había visto de primera mano en Estados Unidos cuando fue embajador argentino durante un par de años en la presidencia de Bartolomé Mitre. Allí mantuvo un fluido contacto con un destacado educador de Boston, Horace Mann y su esposa Mary. De hecho, con el paso del tiempo esa área de Massachusetts se convirtió en una de las regiones con mayor coeficiente intelectual por metro cuadrado.

Sarmiento dejó huella de su paso por allí y del impacto de su obra posterior, puesto que, cerca del English Garden, en la Commonwealth Avenue de esa ciudad de la Costa Este norteamericana, está emplazada una estatua de unos tres metros de altura que recuerda la figura del sanjuanino.

Monumento a Domingo Faustino Sarmiento emplazado en la Commonwealth Avenue de Boston, Estados Unidos

En su proyecto educativo, la instrucción no sólo debía ser cívica sino también práctica, ya que su idea era promover el surgimiento de ciudadanos y trabajadores. Sarmiento consideraba que la educación serviría para desarrollar en los jóvenes hábitos de orden y disciplina. A su vez, consideraba que la educación cumpliría un rol armonizador en las diferentes regiones de un país que había estado fragmentado desde la época de la independencia.

Como se dijo más arriba, sus ideas no quedaron en el papel. A diferencia de otros intelectuales cuyo aporte se limita a lo teórico, Sarmiento era un hombre de acción, y desde cada uno de los puestos que ocupó impulsó muchos de sus proyectos. Solo en los seis años de su mandato presidencial, de 1868 a 1874, se crearon 800 escuelas, que pasaron de recibir 30.000 alumnos a tener casi 100.000. La ley de Educación 1420, que establecería finalmente la Educación pública, obligatoria, gratuita y laica en el país –votada en 1884, bajo la presidencia de Julio A. Roca- tuvo en Sarmiento a su ideólogo e impulsor.

Además, durante su gestión, Sarmiento también propició la fundación de Escuelas Normales formadoras de docentes –para lo cual se empeñó y logró importar cierta cantidad de maestras de los Estados Unidos-, complementadas con la creación de observatorios, bibliotecas e institutos educativos. También durante su mandato se realizó el primer censo nacional en 1869 y se impulsó la llegada de 280.000 inmigrantes, en un país que en ese momento apenas superaba el millón y medio de habitantes.

Bajo su presidencia, se completó la redacción del Código Civil; obra de Dalmacio Vélez Sarsfield –para la anécdota, el padre de quien fue el gran amor de Sarmiento, su amante, Aurelia Vélez-.

Fue también la época del crecimiento exponencial del telégrafo, del ferrocarril y de los servicios postales; en síntesis, empezaba la modernización del país.

En su vida también hubo pérdidas –un hijo muerto en batalla-, momentos geopolíticos extremadamente graves –Guerra del Paraguay-, decepciones y fracasos –su gestión en la gobernación de San Juan-, pero nunca depuso sus armas favoritas que eran la pluma y la palabra.

El futuro lo construimos nosotros, y por más que las cosas no parezcan muy prometedoras, siempre hay una luz para mirar el futuro con optimismo: esa es tal vez la enseñanza que deja su trayectoria, en momentos en que los argentinos nuevamente debemos reflexionar sobre las opciones que tenemos por delante.

Qué hubiera sido de la Argentina si los sarmientos de mediados del siglo XIX se hubieran dejado abrumar por el atraso en el que se encontraba el país… Seguramente aquella época parecía mucho más complicada que la actual, sin Constitución, con un gobierno que ejercía la suma del poder público desde Buenos Aires e ignorando la voluntad del resto de las provincias, sin inversiones, sin ferrocarriles, y con una población todavía escuálida para el inmenso territorio del país. Sin embargo, los hombres públicos de aquellas generaciones desarrollaron un proyecto de país y lo pusieron en marcha. Miraron a las naciones más desarrolladas y trataron de adaptar sus instituciones a nuestra idiosincrasia, llevando al país a ser una de las naciones que más progresaron en la segunda mitad del siglo XIX.

Después de haber sido Presidente, Sarmiento aceptó ejercer la posición de Superintendente de Escuelas durante los primeros años de la presidencia de Julio A. Roca (1880-1886). Además de ser un signo de humildad y vocación de servir, quizás este ejemplo, que vale más que mil palabras, es uno de los mensajes más fuertes que nos legó sobre la importancia que le atribuía a la educación.

 

 

Alejandro O. Gomez se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Belgrano, en el Programa de Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Master of Arts in Latin American Studies por la University of Chicago y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA.

Un mundo de “iguales oportunidades”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 9/6/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/06/un-mundo-de-iguales-oportunidades.html

 

La aspiración, no sólo de muchos economistas sino, podemos decir a ciencia cierta, de la mayoría de las personas que conocemos, es la de arribar a una mayor “igualdad social”. En particular, se hace hincapié en la denominada “igualdad de oportunidades”. Y se apela de continuo al estado-nación como responsable de obtener dicha meta. Desde diversos ángulos, sin embargo, importantes economistas han puesto de relieve que las economías intervenidas, o con fuerte grado de intromisión estatal, logran el objetivo opuesto por diversos motivos. Uno de ellos son los deficientes marcos institucionales en los que se mueven:

“Esos son los que llamamos “marcos institucionales” y diremos que uno es mejor que otro cuando permite una mayor coordinación de las acciones de los individuos y esto les permite acceder a mayor número de oportunidades. Es lo que intentamos evaluar en este “Índice de Calidad Institucional”[1]

Por supuesto, la elección entre un mundo de mayores oportunidades y otro de iguales oportunidades es una elección entre blanco y negro. Es decir, no se puede optar por ambos fines simultáneamente. O apuntamos a una sociedad de mayores oportunidades (la llamada sociedad liberal, o -como la denominan también otros autores- la sociedad abierta, o de libre mercado, o -simplemente- el liberalismo) o su contrapartida: la sociedad igualitaria o de igualdad de oportunidades, en la cual por definición (y por teoría y su praxis histórica y actual) las oportunidades jamás serán mayores para absolutamente nadie, ya que en ella todos serán igualmente pobres.

Resulta importante también poner de relieve en este tema el papel del consumidor:

“Suele criticarse el que en la competencia cataláctica no sean iguales las oportunidades de todos los que en la misma inter­vienen. Los comienzos, posiblemente, sean más difíciles para el muchacho pobre que para el hijo del rico. Lo que pasa es que a los consumidores no les importa un bledo las respectivas bases de partidas de sus suministradores. Preocúpales tan sólo el conseguir la más perfecta posible satisfacción de las propias necesidades. Si la transmisión hereditaria funciona eficazmente, la prefieren a otros sistemas menos eficientes. Contémplanlo todo desde el punto de vista de la utilidad y el bienestar social; desentendiéndose de unos supuestos, imaginarios e impracticables derechos «naturales” que facultarían a los hombres para competir entre sí con las mismas oportunidades respectivas. La plasmación práctica de tales ideas implicaría, precisamente, dificultar la actuación de quienes nacieron dotados de superior inteligencia y voluntad, lo cual sería a todas luces absurdo.”[2]

Por supuesto, esto no implica que la inteligencia y voluntad, no puedan desarrollarse, e incluso reducirse en quienes “nacieron dotados” por ellas, y hasta hemos visto casos en que pueden desaparecer por completo. Y todo esto, por la propia dinámica humana, y por el indeterminismo en el que creemos firmemente. Cualidades supuestamente “heredadas” pueden aumentar, mantenerse estáticas, disminuir o esfumarse, dependiendo de lo que cada uno de nosotros quiera y se proponga hacer en la vida. Pero para ello, también es imprescindible que gocemos de la más amplia y plena libertad de acción, de movimientos y de propósitos. Marcas comerciales de familias otrora exitosas en el mercado han desaparecido, y a veces casi por completo tras unas pocas generaciones, y otras nuevas han surgido. La diferencia radica en cuanto a si estos movimientos, ascendentes y descendentes, han sido consecuencia de acciones dirigidas por otros desde posiciones de poder (es decir, desde el estado-nación) o han sido fruto de actuaciones originadas en los propios implicados en tales éxitos y fracasos.

Lo determinante -nos parece- es que tengamos en claro la existencia de diversidades naturales entre las personas, y que estas disimilitudes no quedan estáticas, firmes ni petrificadas en el tiempo, ni entre las personas que componen el grupo social, ni en aquellos individuos (considerados en sí mismos) que gozan en determinado momento de especificas cualidades y defectos. La regla natural es la variedad, y es a partir del hecho biológico de dicha multiplicidad (que, recordemos, no implica fatalismo ni determinación irreversible) que el progreso social conjunto es posible, lo que necesariamente desembocará en mayores y mejores (no iguales) oportunidades para todos, incluyendo a los -en primera instancia- más desfavorecidos.

Para lograr todo esto, es imprescindible adoptar el principio de igualdad ante la ley, el que consideramos que está implícito o subsumido en el sistema que mejor lo logra: el capitalismo:

“Capitalismo” es un término peyorativo o despectivo. Los socialistas lo acuñaron para el sistema de Gobierno limitado (“gendarme nocturno”), que en el pasado hizo ricos a países muy pobres hace 300 o 200 años: Suiza, Holanda, Escocia, Inglaterra y EEUU.

Gobiernos limitados, en fines y funciones, en poderes y derechos, y en gastos y recursos; mercados abiertos y libres; propiedad privada.

Es el sistema de los “milagros” económicos de posguerra en Europa y Japón, y luego en los “tigres” de Asia: Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur. E igual hoy en las regiones autónomas (capitalistas) de China. Su virtud: permite crear riqueza para todos. Se basa en la libre y abierta competencia, con igualdad de oportunidades jurídicas, aunque no de hecho, cosa imposible.”[3]

En un mundo “igualitario en oportunidades”, estaría legalmente prohibido que la gente progrese, sin importar para nada cual sea la condición económica de la persona de que se trate. Porque nadie podría aspirar a oportunidades mayores que para los demás. En ese mundo, una autoridad suprema debería decidir -por sí, y a la vez por todos- dónde se debería fijar el límite del progreso. Y con el tiempo, dicho límite siempre quedaría definido en el punto más bajo posible, porque las oportunidades no son transferibles de una persona a la otra, ni son las mismas inclusive para las mismas personas, consideradas ya sea en forma individual o colectiva.

[1] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 6 y 7

[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 424-425

[3] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009, pág. 66-67

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

El tema impositivo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 20/9/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7497

Hoy en día se han violado normas elementales y el monopolio de la violencia que denominamos gobierno se ha vuelto en general tan adiposo que atropella a quienes teóricamente lo contrataron para su protección y, en lugar de ello, el mandatario ha mutado en mandante.

Lo primero para entender el significado de los impuestos es comprender que el aparato estatal está al servicio de la gente y que, por ende, los burócratas son meros empleados de los habitantes del país de que se trate. Esta subordinación de los agentes estatales a quienes residen en una nación se concreta en la obligación de los primeros a proteger y garantizar los derechos de los segundos, derechos que son anteriores y superiores a la misma existencia de los gobiernos.
 
Mientras progresa el debate sobre externalidades, bienes públicos y el dilema del prisionero, aparece necesario el impuesto que como su nombre lo indica es consecuencia del uso de la fuerza al efecto de cumplir con la misión específica anteriormente señalada. Subrayamos esto último, no se trata de que el Leviatán se arrogue facultades y avance sobre las libertades individuales. Este es el mayor de los peligros, por ello en la larga tradición constitucional se han puesto vallas y límites diversos al poder.
 
Hoy en día se han violado normas elementales y el monopolio de la violencia que denominamos gobierno se ha vuelto en general tan adiposo que atropella a quienes teóricamente lo contrataron para su protección y, en lugar de ello, el mandatario ha mutado en mandante. Como se ha dicho en el contexto de la tradición estadounidense, tal vez haya sido un error denominar “gobierno” a la entidad encargada de velar por el derecho del mismo modo que al guardián de la propiedad de una empresa no se lo denomina “gerente general”. Cada uno debe gobernarse -es decir, mandarse a si mismo- y, en esta etapa del proceso de evolución cultural (nunca se llega a una instancia final), las personas delegan esa protección en el agente fiscal.
 
De todos modos, es de especial interés destacar que cuando los aparatos estatales se arrogan facultades y atribuciones impropias para estrangular libertades (incluso con el apoyo de mayorías circunstanciales), forma parte de la mejor tradición liberal ejercer el derecho a la resistencia, en este caso, recurrir a la rebelión fiscal, cuyo origen se remonta a la independencia norteamericana que dio pie al experimento más extraordinario en lo que va de la historia de la humanidad. Más aun, se justifica dicha rebelión fiscal cuando no solo los gobiernos invaden áreas que no les corresponde sino cuando no prestan los mínimos servicios para los que fueron contratados, léase una pésima atención a la seguridad y la justicia, campos que habitualmente incumplen los políticos en funciones. En esta línea argumental, en todos lados se observan campañas electorales en las que nuevos candidatos prometen cambios en cuanto a la eliminación de la recurrente corrupción y poner manos a la obra respecto a la prestación de los servicios de seguridad y justicia siempre deteriorados en mayor o menor grado.
 
No solo hay dobles y triples imposiciones, sino que nadie entiende cuanto debe pagar debido a que las legislaciones tributarias son incomprensibles y fabricadas para que surja esa curiosa especialización de los “expertos fiscales”. Si los impuestos resultaran claros y fueran pocos, aquellos especialistas podrían liberarse para dedicarse a actividades útiles.
 
Hemos sugerido antes sustituir todos los impuestos por dos tributos: uno del valor agregado que no solo cubre la base más amplia posible sino que el sistema implícito de impuestos a cargo e impuestos a favor reduce la necesidad de controles. Por otra parte, es conveniente complementar el anterior con un gravamen territorial al efecto de que paguen quienes no viven en el país en el que tienen propiedades, las que también requieren la debida protección. Hoy en día, en lugar de aplicar el principio de territorialidad, es decir, cobrar impuestos a quienes requieren los servicios de protección en la jurisdicción del gobierno en cuestión, se aplica el principio de nacionalidad al efecto de perseguir al contribuyente donde quiera se encuentre aunque el perseguidor no le proporcione servicio alguno en el exterior. En verdad, este último principio es el de voracidad fiscal.
 
Ambos impuestos, el del valor agregado y el territorial no deben ser progresivos. Como es sabido, la progresividad significa que la alícuota progresa a media que progresa el objeto imponible. A diferencia de los gravámenes proporcionales, el progresivo obstruye la necesaria movilidad social, altera las posiciones patrimoniales relativas ya que contraría las indicaciones del consumidor en el mercado con sus compras y abstenciones de hacerlo y se traduce en manifiesta regresividad puesto que los contribuyentes de jure al disminuir sus inversiones reducen salarios e ingresos en términos reales de los más necesitados.
 
Es en verdad llamativo que muchos de los gobiernos que asumen, en el mejor de los casos centran su atención en la caja para lo que suelen incrementar más aun los impuestos, al tiempo que continúan comprometiendo patrimonios de futuras generaciones a través de la deuda pública, sea interna o externa y mantienen o aumentan el deterioro del signo monetario vía procesos inflacionarios que es otra forma de tributación. Y todo ello para financiar un gasto siempre creciente.
 
Antes de la Primera Guerra Mundial el gasto estatal sobre el producto oscilaba entre el dos y el ocho por ciento. En la actualidad el Leviatán consume desde el cuarenta hasta el setenta por ciento de la renta disponible. En cuanto a la presión tributaria, Agustín Monteverde ha producido un notable trabajo referido al caso argentino que resulta muy ilustrativo respecto a lo que venimos comentando. A continuación lo que transcribo proviene de ideas y procedimientos consignados en el mencionado ensayo.
 
Entre otras muchas cosas, dice Monteverde que para calcular el peso de los impuestos naturalmente deben incluirse todos, sean nacionales, provinciales y municipales y también los que llevan otros nombres como “tasas”, “contribuciones”, “retenciones”, “aportes previsionales”, “seguridad social”, “obras sociales” y demás subterfugios que suelen enmascarar tributos. También subraya el autor que, a estos efectos, no debe inflarse el producto agregando cálculos de lo que se produce en el mercado informal o “en negro” ajeno a buena parte de los barquinazos del “blanco” y, en este contexto, tampoco debe incluirse en el producto bruto interno los impuestos (como cálculo de los “servicios” prestados) ya que no tiene sentido relacionar impuestos con los mismos impuestos en el numerador y en el denominador de la ratio correspondiente.
 
Monteverde concluye que, en el momento de su estudio, la presión fiscal argentina era nada menos que el 58, 9 %, pero de viva voz manifestó que estaba actualizando el trabajo y que el nuevo resultado arrojaba el escalofriante guarismo de 63 % sin incluir el impuesto inflacionario, todo en el marco de los degradados “servicios” que son del dominio público que constituyen una afrenta al sentido común y un despiadado ataque al fruto del trabajo ajeno.
 
Aunque no lo tengo a mano, recuerdo un sesudo y muy bien documentado artículo de hace tiempo de Roberto Cachanosky en el que llegaba a la conclusión que la presión impositiva argentina era del 60%, y ahora Agustín Etchebarne, centrando su atención en un trabajador que en suelo argentino percibe 5.000 pesos mensuales, resulta que el gobierno le arranca el 53% de su propiedad. En todo caso, cualquiera de los ensayos serios en la materia revelan un abuso superlativo al contribuyente que muy lejos de servirlo lo exprime cual limonero y no se extermina el árbol solo porque el fisco se queda sin renta…¡vaya consideración a quienes teóricamente contratan empleados para que los protejan en sus derechos!

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.