EMILIO J. HARDOY, UN GRAN PERIODISTA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Para tener presente puntos de referencia ejemplares, conviene tener presente a hombres cuyas conductas han sido muestras de integridad y coraje moral. Este es el caso del magistral periodista argentino Emilio Hardoy (1911-1996) de la antigua La Prensa de Alberto Gainza Paz en Buenos Aires. Hardoy, una personalidad jovial provista de un gran sentido del humor y de una coherencia inclaudicable con sus ideas que siempre sostuvieron las bases de una sociedad abierta.

De entrada es pertinente citarlo en sus memorias No he vivido en vano las cuales ilustran el fondo de su filosofía: “Ante todo declaro que el poder es, en si mismo, maldito. ¿Por qué un hombre revestido de un inmenso poder puede imponer a otro su voluntad? […] ¿Por qué un hombre puede mandarme a mí que soy también un hombre libre por la voluntad de Dios? ¿Por qué un hombre provisto de autoridad, boato, riqueza, privilegios y honores puede obligarnos? Únicamente los vicios y debilidades de la naturaleza humana permiten esbozar una justificación moralmente insuficiente, pues su fundamento sería en todo caso la conveniencia y no la virtud”.

Hardoy se desempeñó como editorialista en aquél gran diario de entonces y que sucedió a otro extraordinario periodista: Alfonso Laferrere. En 2008 Gastón Pérez Izquierdo y Alberto Allende Iriarte me convocaron para escribir en homenaje a Hardoy en un libro en el que también escribieron Gregorio Badeni, Carlos Ortiz de Rozas, Natalio Botana y Rosendo Fraga, obra titulada Hardoy: la lucha por la libertad patrocinada por la Fundación Hardoy, aparecida gracias a la generosidad de Carlos Pedro Blaquier.

 

En esta ocasión reitero lo que escribí en esa oportuidad al comentar algunos de los editoriales de Hardoy que aludían a la economía. Por razones de espacio, no puedo reproducir todo ese texto pero incorporo apenas una parte reducida al efecto de rendir nuevo homenaje al insigne periodista y hombre público que difundió sus valores y principios en su incursión en la política y como ensayista.

 

Procedo entonces en consecuencia, a continuación transcribo lo dicho al comentar editoriales de  La Prensa  de antaño, a los que encabezo con el título del mismo. En el libro de referencia comenté extensamente diez editoriales, en este caso, dado que ahora se trata de una nota periodística, reproduzco solo uno y una parte reducida del segundo, ambos con una vigencia preocupante.

 

“El presupuesto para 1978”. En este editorial se destaca la relevancia de la ley de presupuesto como “ley de las leyes” en el sistema republicano de gobierno y formula certeras críticas a declaraciones de funcionarios del momento. La asignación de partidas y el modo de obtener los recursos correspondientes definen la política. A través del presupuesto se  constata la participación del Estado en la renta nacional, la presión tributaria, la evolución monetaria, el endeudamiento, el equilibrio (o desequilibrio) de las cuentas fiscales y las prioridades de la gestión gubernamental. En el contexto de la división horizontal de poderes, estas delicadas e importantes funciones están asignadas  al Poder Legislativo. En modo alguno resulta aceptable que el Ejecutivo se arrogue aquellas facultades o que el Congreso abdique de tales responsabilidades y las delegue al Presidente y sus colaboradores, puesto que éste comportamiento significaría la suma del poder público que se da de bruces con los principios mas elementales del sistema republicano. Lamentablemente esto es lo que en mayor o menor medida viene sucediendo en nuestro país en regímenes militares y bajo la fachada de la democracia que, procediendo de esta manera, se convierte en la antítesis de esta forma de gobierno ya que presupone también la división de poderes al efecto de contribuir a que se asegure y garantice el derecho de los gobernados.

 

En este mismo editorial se alude a la necesidad “de privatizar las empresas estatales, factor fundamental del desequilibrio que soportamos”. Resulta de interés detenernos en este punto. La razón central de la imperiosa necesidad de deshacerse de los activos en manos estatales para propósitos comerciales, estriba en el despilfarro de capital que significan las llamadas empresas estatales. Dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, resulta de gran trascendencia aprovechar los factores productivos disponibles. Si la gente con sus compras y abstenciones de comprar asigna recursos en ciertas proporciones es porque eso es lo que estima es acorde con sus preferencias. Cuando el aparato estatal constituye una empresa, lo hace necesariamente con recursos provenientes del contribuyente con lo que inexorablemente disminuye en forma coactiva la previamente mencionada asignación de factores productivos. En otros términos, si la gente decidió establecer los sectores a,b,c,d y e, ahora que se establece la empresa estatal f, habrá que detraer recursos de los antedichas áreas para reasignarlos a este último sector. A los efectos didácticos, supongamos que se eliminó e  para contar con f. Por tanto, en nuestro ejemplo, el cambio de e por f significa una reducción en el nivel de vida de la población que prefería e en lugar de f. En resumen, el problema de la empresa estatal comienza en el momento mismo de su parición, independientemente de que ocurra después. Si la empresa en cuestión es además deficitaria, monopólica y presta malos servicios, estos fenómenos serán agravantes pero el problema central radica en el desvío de recursos.

 

En otro orden de cosas, no cabe argüir que se salvan los antes aludidos agravantes si la empresa estatal  arrojara superávit, si se desenvuelve en “competencia” o si ofrece “buenos” servicios. En primer lugar, el superávit se politiza ya que al no operar en el mercado no se sabe si las tarifas están demasiado altas o demasiado bajas. En segundo término, no resulta posible jugar a la competencia. No se trata de un simulacro. O se opera con todos los rigores que implica la competencia o se opera en el sector político recurriendo a los resortes que brinda esa estructura. Para competir, hay que hacer eso, léase: competir. Por último, carece de sentido hacer referencia a los “buenos” servicios de una empresa estatal puesto que deben compararse con lo que se hubiera realizado con los recursos de no haber mediado la imposición fiscal que no permitió que se asignen del modo que la gente hubiera preferido de no haber mediado la intromisión estatal.

 

Tampoco tiene sentido reiterar el lugar común de que, a diferencia de las empresas privadas, la empresa estatal puede instalarse allí donde las operaciones no resultan rentables. Las consecuentes pérdidas son absorbidas por la comunidad, muy especialmente por los que menos tienen ya que verán disminuidos sus salarios en términos reales debido a que las inversiones productivas no se realizan, precisamente como consecuencia de los gravámenes adicionales para financiar un proyecto antieconómico, con lo cual se expanden las zonas de pobreza.

 

En verdad, hoy día no es pertinente poner especial énfasis en las empresas estatales propiamente dichas, puesto que la técnica moderna de manipulación hace que los gobiernos simplemente expropien el flujo de fondos directamente o indirectamente a través de un enjambre de regulaciones, convirtiendo de facto a la empresa privada en estatal con los mismos resultados y las mismas consecuencias señaladas. Tristes han sido en verdad los casos en que se han “privatizado” empresas estatales transfiriendo monopolios del sector público al sector privado rodeados de todo tipo de corrupciones y corruptelas de naturaleza diversa, con lo que los servicios han resultado naturalmente deficientes al no estar expuestos a la competencia.

 

“La situación económica mundial”. En esta columna Hardoy afirma que “El rápido crecimiento de las deudas internacionales, que afecta a algunas de las naciones mas ricas y también de las mas pobres de la Tierra, se está convirtiendo en un insoslayable problema político además de financiero”. Sabia advertencia. En los días que corren, las deudas estatales se han convertido en una dolorosa espina que tiene en jaque a mas de un gobierno, lo cual siempre significa que tiene en jaque a los integrantes de la comunidad que indefectiblemente deben hacerse cargo del endeudamiento con el fruto del trabajo de cada uno de sus integrantes. Y no solo eso, sino que se compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Por esto es que ese ha dicho acertadamente que la deuda pública no resulta compatible con la democracia. En esta misma línea argumental, se ha propuesto que constitucionalmente se excluya el endeudamiento estatal como método de obtener fondos, limitando los canales a la tributación, es decir, a los bienes presentes sin contar con la posibilidad de endosar coactivamente el problema sobre las espaldas de futuras generaciones.

 

Pero el asunto no se limita a este aspecto sino que se extiende a organismos internacionales que se financian con recursos coactivamente detraídos a través de impuestos. Muchos de estos organismos prestan a gobiernos a todas luces insolventes o hacen de paraguas protector para que la banca privada efectúe préstamos a países a los que nunca hubieran otorgado préstamos si no fuera por la mencionada garantía. Este es el caso de los llamados “países del tercer mundo” o “subdesarrollados”. Esta categoría de países aparece debido a las políticas desacertadas de sus gobernantes. Controles de cambios, manipulaciones del sector externo, precios máximos y mínimos, empresas estatales, reformas agrarias, constituciones que mas se parecen a una lista de aspiración de deseos que a las debidas limitaciones del poder, re-distribución de ingresos por métodos políticos que contradicen lo expresado por la gente en los mercados, corrupciones galopantes, inexistencia de organismos de contralor y división de poderes, aumentos astronómicos del gasto público, déficit fiscal y, por supuesto, elevados índices de endeudamiento. Todo esto hace que se fuguen los mejores cerebros y cantidades colosales de recursos que buscan horizontes mas seguros. En medio de este desorden y estas estampidas aparecen burócratas ofreciendo carradas de dólares con lo que se estimula a continuar con las políticas desatinadas, que a su vez prolongan e intensifican el problema. Como han señalado, entre otros, Anna Schwartz – coautora de una de las más completas historias monetarias de los Estados Unidos – y Peter Bauer – profesor en la London School of Economics hasta que murió- la receta para estos casos debería consistir en cortarles completamente el crédito de gobierno a gobierno. Supongamos que ello ocurra, los gobiernos receptores y responsables de tanta catástrofe estarían frente a dos posibilidades. O bien reforman sus marcos institucionales, convirtiéndose en un país civilizado con lo que repatriarán su gente y los capitales y recibirían préstamos privados sobre bases serias, o de lo contrario, si deciden continuar con las medidas desatinadas, deberán buscar préstamos en lugares como La Habana (si es que allí encuentran fondos), pero no en Washington.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

UNA VEZ MÁS, LAS EMPRESAS ESTATALES

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Días pasado comentábamos con colegas que resulta por cierto cansador repetir conceptos fuera del aula. En el dictado de clases es natural que en cada semestre haya que reiterar los puntos que están en el programa de la asignatura correspondiente, pero si se supone que la humanidad progresa, por lo que sucede en la arena política no habría necesidad de repetir lo mismo en los medios de comunicación puesto que lo deseable es que se avance y se dejen atrás errores del pasado.

 

Sin embargo, los errores se vuelven a repetir machaconamente con los mismos resultados negativos. Decíamos con los colegas que sería más estimulante que se cometieran errores nuevos, al efecto de agudizar la mente y pulir argumentos, pero debatir lo mismo es en verdad penoso y sumamente aburrido.

 

Tomemos el caso de las mal llamadas “empresas estatales”, mal llamadas porque al empresario no se puede jugar, no es un simulacro ni un pasatiempo. O se asumen riesgos con recursos propios o se establece una entidad política que opera por fuera de los rigores del mercado y la competencia. No se trate entonces de una empresa.

 

Además de operar con recursos propios y no con los succionados por la fuerza a los contribuyentes,   el empresario está sujeto a su cuadro de resultados. Si acierta en los deseos de los demás obtiene ganancias y si yerra incurre en quebrantos. Sin embargo, la llamada empresa estatal no se maneja con el cuadro de resultados como guía para sus operaciones, es solo un dato más pero la decisión de continuar es política y extramercantil.

 

Veamos por parte el asunto. La sola constitución de la así denominada empresa estatal, inexorablemente significa derroche de los siempre escasos recursos. Esto es así debido a que invierte en áreas distintas de las que hubiera invertido la gente de haber podido utilizar libremente el fruto de su trabajo. Y si alguien sostuviera que la habilidad política consiste en invertir precisamente donde la gente prefiere, no habría razón alguna para que el aparato estatal intervenga puesto que de todos modos se hubiera invertido del mismo modo. Pero para saber que es lo que la gente hubiera preferido hay que dejarla que se manifieste, lo cual es bloqueado por la intromisión gubernamental.

 

Entonces, la misma instalación de la empresa estatal significa empobrecimiento por las razones apuntadas. Si, además, la entidad estatal de marras es deficitaria, presta pésimos servicios y es monopólica, la situación se agrava en grado sumo pero la instalación original, como queda dicho, presenta un problema económico grave.

 

Respecto a la situación monopólica a que nos referimos, aunque pretenda operar “en competencia” esto nunca es así puesto que la empresa estatal siempre se desenvuelve rodeada de privilegios. Y si no fuera así hay que preguntarse para qué se mantiene en la órbita estatal puesto que para competir hay que hacer eso, léase competir con todos los riesgos que presenta el mercado. Tampoco aquí se trata de un simulacro.

 

Incluso, si la empresa estatal arrojara ganancias en el contexto de un análisis contable serio, hay que interrogarse si las tarifas no estarán demasiado altas. Para saber a ciencia cierta la situación contable de una empresa, reiteramos que debe operar en el mercado.

 

Se suele mantener que en realidad la existencia de las empresas estatales se debe a que cubren operaciones que el sector privado no encararía porque son deficitarias. Pero hagamos focus sobre este planteamiento. Si la actividad en cuestión es perdidosa, quiere decir que consume capital y el consumo de capital atenta contra la economía de todos, muy especialmente sobre los que menos tienen ya que la merma en las tasas de capitalización los afecta de modo más contundente debido precisamente que al estar en el margen las unidades monetarias perdidas naturalmente recaen con mayor peso.

 

En este contexto se ejemplifica con un pueblo cuyos accesos resultan antieconómicos y, por ende, se torna inviable. En la medida en que se recurra por la fuerza al fruto del trabajo ajeno para acceder a esos pueblos, se contraen los ingresos de la gente y, por ende,  se extenderá la irrupción de otros pueblos inviables hasta que, en el extremo, en la media en que se persevere en el derroche, todo será inviable. En todo caso, en lugar de parlotear recurriendo a la tercera persona del plural para echar mano a los bolsillos ajenos, debiera recurrirse a la primera del singular y ayudar a quienes necesitan ayuda con recursos propios o los recabados voluntariamente.

 

No pueden alterarse las prioridades, lo primero viene primero. Originalmente, en la época de nuestros remotos ancestros de las cavernas casi todo era inviable, pero el lento y trabajoso progreso no se construyó sobre la destrucción de quienes progresan. Más aun, la mejora de los que progresan es condición indispensable para el progreso de los más rezagados debido a que la consecuente inversión per capita empuja salarios hacia la suba. No se trata de la sandez del “efecto derrame” que caricaturiza y ridiculiza el proceso al suponer que los menesterosos recibirán los mendrugos que derraman del vaso lleno de los potentados. Se trata de un proceso que va en paralelo: a medida que se incrementan las inversiones los salarios aumentan. Esa es la diferencia entre un país próspero y uno que no lo es, son marcos institucionales civilizados que respetan los contratos y, por ende, la propiedad que estimulan el ahorro interno y externo.

 

No hay milagros en economía, el progreso material se basa en el progreso moral, es decir, en el respeto recíproco como condición para mejorar, lo cual permite incrementar ingresos que, a su turno, hace posible ahorrar e invertir.

 

Si la empresa fuera mixta, es decir, si opera con la participación de capitales privados y capitales también mal llamados “estatales” (son en verdad privados solo que detraídos por la fuerza), en este caso debe aplicarse todo lo dicho a la proporción de la participación estatal con dos agregados. En primer lugar que las colocaciones privadas no se hagan en base a dádivas puesto que en ese caso deben computarse los efectos negativos de los privilegios. En segundo lugar, si prestamos atención a los códigos comerciales vigentes comprobaremos que lo habitual es que el poder de decisión en las empresas mixtas radique en la representación gubernamental, lo cual agrava lo dicho para este tipo de empresas.

 

Una vez comprendido el sinsentido de la empresa estatal y las mixtas  y sus verdaderas naturalezas de entidades políticas ajenas al mundo de los negocios, el paso siguiente consiste en buscar las maneras de traspasar al sector privado esas “empresas” administradas políticamente.

 

Dichos traspasos pueden hacerse de muy diversas maneras, pero una metodología expeditiva y apropiada es la venta al mejor postor local o internacional sin base ni condición de ninguna naturaleza, incluida la posibilidad de descontinuar el servicio.

 

Llama la atención en algunos casos la ingenuidad con que se anuncia que un destacado ex CEO de una empresa privada de prestigio se hará cargo de la empresa estatal, como si ese antecedente modificara la naturaleza de la entidad política en cuestión. Pero no es así, la naturaleza de esas entidades políticas denominadas “empresas estatales” no modifican su naturaleza por el hecho de que las gerencien personas que provienen del sector privado.

 

Por supuesto que si se trata de una persona decente la corrupción característica de la empresa estatal disminuirá (no se eliminará puesto que de por sí constituye una corruptela la misma empresa estatal ya que contribuye a ensanchar el campo de la discrecionalidad del poder) y, eventualmente, se ahorrará en fotocopias y equivalentes pero esto muestra una vara francamente muy baja que puede derivar en lo que, por ejemplo, hoy ocurre en Rusia con “empresarios” ex nomenklatura que se repartieron las empresas en un clima de férrea dirección estatal. De todos modos, tratar de hacer eficiente algo inconveniente no parece digno de aplauso. Generalmente los patrocinadores de esta política son los mismos que sostienen que no hay que reducir el astronómico gasto público sino hacerlo eficiente, es decir, apuntan a un socialismo supuestamente “eficiente”.

 

En realidad todo esto demuestra una vez más la escasa comprensión del mercado que en general tienen no solo los gobernantes sino los empresarios. El empresario exitoso se caracteriza por el buen sentido de la oportunidad para detectar negocios. Su característica es que conjetura que los costos de tal o cual bien o servicio están subvaluados en términos de los precios finales y, en ese contexto, saca partida del arbitraje.

 

Para ponerlo de modo sobresimplificado, son especialistas en comprar barato y vender caro. Pero nada más, no hay que pretender otro talento, lo cual para nada significa retacearles esa habilidad que, en un mercado libre, se traduce en enormes beneficios para la sociedad. Aunque el empresario en su calidad de tal no es un filántropo, hace un bien inmenso y es el responsable del progreso en los transportes, las comunicaciones, la medicina, la alimentación, la recreación y tantísimas otras cosas.

 

Pero no se le pida que comprenda el funcionamiento del proceso de mercado, del mismo modo que no se puede pretender que el banquero comprenda el teorema de la regresión monetaria. Más aun, hay que estar atentos porque al primer privilegio y alianza con el poder de turno que se le ofrezca al empresario, salvo honrosas excepciones, allí estará en primera fila con lo cual se desmorona el mercado y la competencia. Por ello es que ya en 1776 Adam Smith desconfiaba incluso de las cámaras empresarias ya que a su juicio servirían “para conspirar contra el público”.

 

En resumen, por lo expuesto la mal llamada empresa estatal es siempre un fiasco. La experiencia vivida en todas partes del mundo atestigua el aserto, es por cierto muy desafortunado que se siga insistiendo en el tema.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.