Efectos del gradualismo

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 25/10/16 en: http://www.rionegro.com.ar/columnistas/efectos-del-gradualismo-DI1468225

 

El jueves pasado, en el almuerzo anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el presidente Mauricio Macri pidió públicamente un esfuerzo a los empresarios, pues según su entender –y el mío– de ellos depende el crecimiento del país.

El presidente arengó a su auditorio: “Son ustedes los que tienen que dar el ejemplo, los primeros en plantear una agenda superadora, de productividad, de competitividad; o romperse el traste, como lo quieran decir. Pero si quieren que este país crezca depende de cada uno”. Y continuó diciendo: “No hay tiempos para miedos, para mezquindad, porque uno de cada tres argentinos la está pasando mal. No tenemos que quedarnos en una actitud especuladora, a ver qué va a pasar, hay que ser solidarios con aquellos que necesitan un país creciendo”.

Como se sabe, Mauricio Macri, un conocido empresario devenido hace algunos años en político, parece no haber tenido en cuenta su antiguo rol porque, para obtener resultados, es preciso que antes se creen las condiciones favorables a climas de negocios en el país. Al parecer, el presidente fue mal asesorado, no pudo, no quiso o no se animó a hacer las reformas necesarias para que el sector privado pudiera generar riqueza. Y ahora, desde el Ejecutivo, perspicaz, sutil y desregulado, se busca echar sobre el sector empresarial el peso de las propias limitaciones de su función de gobierno.

Los hechos dan cuenta de que hay 20 millones de personas que viven de la mambla del Estado y que deben ser sostenidos por el esfuerzo de un sector privado formal –con una población de ocho millones de trabajadores, actualmente en franco retroceso− cada vez más sojuzgado por la asfixiante presión tributaria que le impone el Estado, en sus tres niveles de gobierno.

Las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del 16 de octubre, exponen los datos de empleo que: “Finalmente, en términos desestacionalizados, en julio del 2016 hay casi 20.000 trabajadores registrados más que en diciembre del 2015. Las dos categorías de mayor crecimiento fueron: el empleo asalariado del sector público y los trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo (alrededor de 27.000 trabajadores más en ambas categorías). También se incrementó la cantidad de trabajadores de casas particulares (alrededor de 7.000 trabajadores). En cambio, durante el mismo período se verificó la desvinculación neta de 48.000 asalariados del sector privado”.

A esta altura en Argentina, a excepción del ministro Prat Gay, un keynesiano confeso quien se muestra indolente ante la racionalización del gasto, muchos economistas conocidos entienden que la obra de Keynes tiene fallas tan profundas –está incluso tan colmada de errores– que no es necesario estudiarla. Por cierto, en muchos casos, prevalece la opinión de que la revolución keynesiana en lo que atiene a la política macroeconómica fue un intervalo infortunado que hoy ya ha sido superado.

No obstante, la obstinación por refrendar el acoso fiscal por parte del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, fiel a su ideario, ha desplazado la mayor cuantía de inversión privada hacia ineficaces estímulos expansivos a través del gasto, ¡y los resultados están a la vista! Este ha sido el gran error del gradualismo, los magros resultados de la producción conjunta.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

UNA “LEY ANTIDESPIDOS” CONTRA EL PAÍS Y LOS TRABAJADORES

Por Enrique G. Cárrega

El proyecto de “ley antidespidos” votado en el Senado declara la emergencia ocupacional en el país, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días, y dispone que si hay despidos las empresas abonarán el doble de la indemnización actual. También establece que si hay despidos, los trabajadores pueden pedir judicialmente el reingreso a los puestos de trabajo, cobrando los salarios caídos. Se prevé para los juicios, adicionalmente, un trámite sumarísimo, lo que permite visualizar una nueva ola de juicios laborales.

La propuesta se agrava dado que prevé que el empleador no puede despedir directamente al trabajador con justa causa; previamente debe someterse a un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo, con intervención del sindicato.

Se consideran PYMES las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Construcción 270 M, Comercio 650 M, Actividad Agropecuria 160 M, Industrias 540 M y Servicios 180 M.

El proyecto contempla que la la ley no será aplicable a los trabajadores que se incorporen a partir de su vigencia. Pero la masa actual de trabajadores queda contemplada.

En la Cámara de Diputados se busca un acuerdo para excluir a las Pymes de los alcances de la ley. Se incluye un proyecto para abaratar los costos para el primer empleo, lo que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales e indemnizaciones reducidas.

El Gobierno podría vetar la ley, si se sanciona, en un contexto en el que promete crear 200.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses.

El proyecto, si se transforma en ley y se aplica, generará efectos contrarios a los buscados.

Es que las empresas que planearon reducir su plantilla de trabajadores, ya lo han empezado a hacer. Pero no hay despidos masivos, al punto de que cuando se requirió a los sindicatos que identifiquen a las empresas que producirían los invocados despidos generalizados, hubo silencio. Como también hay silencio sobre la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de la cúpula sindical que se ha enriquecido groseramente en los últimos años usando los aportes de los trabajadores.

Además, y lo más importante, debe señalarse que se genera un desincentivo enorme para la contratación de nuevos empleados y para la formalización del empleo en negro.

La propia Cristina Kirchner, cuando era senadora, se opuso fuertemente a la ley de emergencia económica  que suspendía los despidos por seis meses y disponía la doble indemnización. Ella intervino en la sesión del 6 de enero de 2002 para decir: “Señor presidente: voy a solicitar  autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley”.

Este proyecto de ley parece obedecer solo a un intento de parte de la oposición de entorpecer la gestión gubernamental, intentando aprovechar políticamente los costos de las medidas que conducen al ordenamiento del país, luego de su descalabro. Es evidente, desde cualquier óptica, que el proyecto perjudica al país, al generar inseguridad jurídica, al ahuyentar inversiones, al precarizar el empleo, al desincentivar la generación de empleo genuino y de calidad.

Enrique G. Cárrega es Procurador y Abogado (UBA). Profesor de Relaciones Laborales de la Maestría en derecho empresario en ESEADE.