Repartir lo ajeno no se llama solidaridad, se llama populismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 14/1/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/14/repartir-lo-ajeno-no-se-llama-solidaridad-se-llama-populismo/

 

El político argentino, en general, piensa más en aumentar la presión tributaria que en preocuparse por la eficiencia del gasto público

El Gobierno ha decidido aplicar mayor carga tributaria sobre los sectores que trabajan en blanco y tienen propiedades con el argumento de que ahora se aplicará la solidaridad en vez de la meritocracia. Más específicamente, el Presidente afirmó: “A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo». En otras palabras, se intenta imponer un discurso en el cual el que protesta por la mayor carga tributaria pasaría a ser alguien que no tiene solidaridad.

Por empezar, la solidaridad es un acto voluntario. Alguien hace solidaridad con el fruto de su trabajo, con su tiempo, es decir con algo que le pertenece para ayudar a otro. Ahora, hacer solidaridad con el dinero de otros, lejos está de ser un acto de desprendimiento voluntario.

La dirigencia política trata de hacernos creer que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y el resto de los habitantes somos personas con malos sentimientos que solo podemos ser solidarios por la fuerza. Es decir, el Estado cobrándonos más impuestos para repartir entre quienes los políticos consideran que deben recibir el fruto de nuestro trabajo, son solidarios y el resto somos un montón de malas personas.

El primer dato a tener en cuenta es que, en todo caso, la misma dirigencia política podría haber mostrado solidaridad bajando el gasto de la política para distribuir entre los que menos tienen. Se dice que el gasto destinado a la política, es decir el que se asigna a la administración del país, es muy poco y no se solucionaría nada si se los bajara.

El gráfico muestra la evolución del gasto público consolidado destinado a administración general, justicia, defensa y seguridad por parte de la Nación, las provincias y los municipios, y que en 1984, el primer año completo de la vuelta a la democracia, representaba 3,9% del PBI.

En 2017, último dato oficial disponible, ya había escalado al equivalente a 7,3% del PBI. Es decir, 3,4 puntos porcentuales más, que es lo que quieren recaudar ahora con el impuestazo anunciado a través de una ley ómnibus.

Mientras que los gastos de la administración general aumentaron 1,52 puntos del PBI, Justicia incrementó sus gastos en 0,92 puntos del producto y seguridad y defensa se elevó 1,05 puntos del PBI.

Solo con hacer un esfuerzo de austeridad en los tres niveles de gobierno, se podrían haber bajado, mínimo, 2 puntos del PBI y aliviar el impuestazo que se le está aplicando a la gente que produce. Pero además, todo indica que cuánto más gasta el Estado en lo que se denomina gasto social, hay más pobreza, desocupación y problemas de educación.

Nuevamente, en 1984, el gobierno nacional gastaba 7,4% del PBI en lo que se llama Gasto Público Social. En 2018 llegó al 17% del PBI. Es decir, el Estado nacional gasta 10 puntos más del PBI en el rubro social, pero en educación las pruebas PISA dan cada vez peor; los jubilados están en las diez de última y crece la pobreza. Y atención que el llamado gasto social no se dio solo en el período de Cambiemos, también crece en los 90 y a partir del 2008 fundamentalmente.

Si tomamos el gasto público social consolidado, pasó de 13% del PBI en 1984 a 30,6% del PBI en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, es decir, 17,7 puntos más, con lo cual el gasto público social consolidado más que se duplicó.

Los rubros que más aumentaron fueron: jubilaciones, salud y educación básica. Luego el gasto público social se reparte en otros rubros como vivienda, promoción y asistencia social, trabajo, etc. En definitiva, los datos muestran que a más gasto público social, más problemas sociales, con lo cual es obvio que no es por este camino.

Dos formas de obtener ganancias

Pero, ¿qué tiene de malo el mérito? Hay dos formas de obtener utilidades: 1) ganándose el favor del burócrata de turno y 2) ganándose el favor del consumidor. Obtener ganancias ganándose el favor del burócrata de turno no tiene ningún mérito, es un simple negociado entre el que usa el poder en forma arbitraria y “empresarios” que logran obtener ganancias gracias al proteccionismo, subsidios y demás tipo de privilegios. O sea, obtienen utilidades castigando al consumidor con productos de menor calidad y a precios más altos de los que podría obtener en un mercado competitivo.

Siguiendo a la Real Academia Española, la palabra meritocracia está mal utilizada por el Presidente, porque la RAE la define como: “sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”. Pero suponiendo que Alberto Fernández quiso usar la palabra mérito, en mi opinión, aquél que obtiene utilidades gracias a su mérito como emprendedor, es una persona que debería tener todo nuestro respeto por lo que le aporta a la sociedad.

El empresario emprendedor que obtiene sus beneficios por mérito, es aquél que gana dinero gracias a que produce lo que la gente necesita logrando la combinación de precios y calidad que la gente demanda. En otras palabras, obtiene sus utilidades porque satisface las necesidades de la gente y le es útil a ella. Además, al obtener utilidades y crecer, crea puestos de trabajo, remunera a sus empleados compitiendo con otros empresarios para captar a los mejores y pagarles más, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, etc.

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

El empresario emprendedor ayuda más a la sociedad que el burócrata que reparte el fruto del trabajo ajeno estimulando la cultura de la dádiva, cultura que denigra al ser humano. El empresario que da trabajo por el mérito de ser un buen emprendedor es alguien que respeta a la gente. El burócrata repartidor de dinero ajeno, castiga al que crea trabajo y denigra a las personas acostumbrándolas a vivir de lo ajeno y no tener espíritu de progreso. De mejorar. De tener la dignidad de mantener a su familia con el fruto de su trabajo.

Algunos pueden pensar que ese tipo de empresarios no existe en Argentina. En realidad los hay, pero abunda más los que son cortesanos del poder que buscan obtener utilidades de privilegios, que tampoco merecen ser llamados empresarios. Por eso somos un país decadente.

La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios entre “empresarios” que no podrían sobrevivir en un mercado competitivo.

"La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios" (Adrian Escandar)

El que obtiene utilidades gracias al mérito, ya sea por ser trabajador, empresario, profesional o cualquier otra actividad, no debería ser despreciado y menos castigado impositivamente. Al contrario debería ser respetado, porque seguramente hace más por la gente humilde ofreciéndoles la posibilidad de trabajar y progresar que el burócrata que reparte dinero ajeno. En definitiva, ganar dinero gracias al mérito es bueno para la sociedad.

Ser solidario con la plata propia es bueno dependiendo de los valores de cada uno y de cómo se haga solidaridad. Ahora, cuando los políticos reparten el dinero ajeno castigando a los que crean trabajo en nombre de la solidaridad, ni la hacen ni permiten que la economía pueda crecer para que la gente pueda vivir del su propio trabajo y progresar. Se castiga de tal manera a la gente productiva, se espantan las inversiones, se reducen los puestos de trabajo, baja la productividad de la economía y se genera más pobreza y desocupación.

Tal vez el Gobierno debería rever las reglas de juego que deberían imperar para salir de nuestra larga decadencia e invertir la ecuación premiando al empresario emprendedor en vez de castigarlo con mayor carga tributaria en nombre de algo que nunca va a ser solidaridad en manos del estado por más que se fuercen el sentido de las palabras. Repartir lo ajeno no se llama solidaridad. Se llama populismo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

Decadencia y destino político

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/04/decadencia-y-destino-politico.html

 

Cuando se observa el decadente nivel de los competidores por cargos políticos que habiendo pasado por la función pública se presentan nuevamente como «alternativa» para «solucionar» los mismos males que ellos generaron o contribuyeron a formar, uno no puede evitar reflexionar pesimistamente sobre el futuro político del país. No es que la situación sea irreversible. nunca hemos creído en irreversibilidades de ningún tipo. Pero debemos recordar -junto al decimonónico Lord Acton- que «El poder tiende a corromper» y que «el poder absoluto corrompe absolutamente». Y toda posición política equivale a una de poder, en una cuota que puede ser mayor o menor, pero que -en suma- será apreciada como cuota de poder, a la cual siempre habrá candidatos que la deseen.

La difícil pero importantísima cuestión de la idoneidad de quienes aspiran a cargos legislativos, ejecutivos o judiciales es un tema que debe ser objeto de profundo debate y meticulosa reglamentación. No se trata de abrir camino a la institución de una aristocracia, sino que se trata de elevar el paupérrimo nivel intelectual y cultural (menos que básico de nuestros políticos o pretendientes a tales) a estándares elementales, que los políticos argentinos lejos están de alcanzar, y -para peor de males- ningún esfuerzo hacen para ello ni van en esa dirección.

Y si bien el sistema político no debe tender a una aristocracia, si -por contraste- debe orientarse hacia una meritocracia, o lo más parecido a esta última. No es posible que individuos que han fracasado estrepitosamente en gestiones públicas anteriores pretendan volver a ellas -o similares- sin acreditar condiciones comprobables de capacidad y honestidad, a ocupar los mismos lugares o -peor aún- otros superiores no habiendo cosechado en el ínterin ningún mérito comprobable que lo justifique.

De la misma manera que existen exigencias de admisión y evaluaciones diversas en empleos privados, cursos y exámenes en escuelas y universidades, la carrera política debe -con mayor razón que en aquellos ámbitos- contar con un método de examen público y trasparente que acredite las virtudes suficientes como para continuar en carrera. El modo de implementar un procedimiento semejante será objeto de debate, pero la idea debe comenzar a considerarse públicamente antes que la debacle acaezca. Es una suerte de voto calificado invertido donde, en lugar de calificar al votante, se debe calificar al candidato al cargo para que pueda obtener la categoría de candidato o postulante y -a partir de allí- estar en circunstancias de competir con sus pares de otros partidos.

Pero, como nunca se puede ni se debe «poner el carro delante del caballo» tampoco es posible soslayar que la clase política es consecuencia y producto de la sociedad en cuyo seno nace. Si los estándares de la dirigencia política son bajos, es porque los de la sociedad civil de donde surge esa cúpula política también lo son y en proporción mayor aun, toda vez que los políticos no «aparecen por generación espontánea», ni son el resultado de una repentina o gradual invasión extraterrestre. Son la secuela necesaria de la sociedad de la cual emergen y buscan representar. Si el nivel educativo y cultural de esta sociedad es pobre, la representación política que brote de ella será del mismo tenor.

Planteada de este modo la cuestión, pareciera que entraríamos en un círculo vicioso, en donde -como expresa el célebre dicho- no se sabe que es lo primero «si el huevo o la gallina». Sin embargo, esto es solo aparente. La salida a este supuesto dilema creemos encontrarla en la estructuración de una conducción educativa con ideas claras y firmes, que siente las bases de un cambio cultural en materia de conductas y acciones morales y políticas elevando el nivel. Cuando hablamos de recuperar los valores que hicieron grandes a los países nos referimos enteramente a este aspecto.

En lo político-social es la transformación cultural la que determina la ulterior variación de todos los demás factores que dependen de aquella. Y esta -a su turno- estriba en los contenidos educativos que se impartan en las casas de estudios y sus derivados. Para ello, se necesita una dirigencia educativa bien capacitada, dispuesta y lista para la tarea.

Estas metamorfosis siempre comienzan con una minoría de personas que, ubicada en lugares claves y contando con la preparación necesaria para la labor, disemina las ideas entre una minoría más amplia, y de esta a otras, más y más numerosas, hasta que -con el proceso continuo- se convierten en las ideas dominantes de una mayoría. Todos los giros sociales duraderos -a grandes rasgos- han sucedido de la forma indicada y siguiendo el mismo patrón, aunque sus resultados suelen no ser visibles hasta que, finalmente, el vulgo termina atribuyéndoselos a los «actores» políticos, que no son más que los meros ejecutores de las ideas preponderantes previamente instaladas dentro de la sociedad por los intelectuales y sus seguidores, y a las cuales aquellos no han contribuido a formar -pese a que en el discurso electoral se autoasignan frecuentemente su autoría- sino que simplemente se constituyen en usufructuarios de las mismas, para su propio provecho y el de sus partidarios.

Los acontecimientos políticos de un país no son más que el reflejo de las ideas antes reinantes que campean entre la sociedad civil y política que conforma ese país en ese momento, y que no han sido aceptadas masivamente de un día para otro, sino a través de un mecanismo de mayor o menor duración, pero que nunca es breve.

Es posible que los personajes políticos cambien, que las elecciones las gane otro partido que afirme pertenecer a un signo ideológico diferente, pero a pesar de todo esto, las políticas que se ejecuten, ganen quien gane las elecciones, no podrán apartarse (sino hasta un cierto punto) del eje del debate de las ideas del instante de que se trate.

Este esquema, aplica incluso respecto de los llamados regímenes «revolucionarios» que se instalan por métodos violentos (no electorales). Para ello -no obstante- es necesario que el gobierno que los revolucionarios quieran derrocar haya ido perdiendo paulatinamente apoyo o -lo que es lo mismo- ganado indiferencia popular, de lo contrario la incipiente «revolución» en el corto, mediano o largo plazo fracasará. Al menos, la historia de las «revoluciones» políticas del mundo han demostrado estos componentes necesarios para que triunfen.

Es habitual que el ciudadano común tienda a culpar a los políticos de su suerte cuando es mala y a alabarlos cuando es buena, pero -en rigor- ese ciudadano que vota es el artífice de su propio destino político, y lo bien o lo mal que le vaya resultará -en última instancia- de como vote y a quien lo haga.

No menor, por cierto, es la responsabilidad del ciudadano que vive bajo una tiranía, ya que por muy reducida que sea su libertad y por muy grande que sea su opresión puede, no obstante, decidir si coopera con el régimen o si lo resiste con los medios que tiene a su alcance. En ningún caso puede eludir su responsabilidad final al respecto, viva en democracia o en dictadura. La calidad de sus instituciones estará en manos de sus propias decisiones y acciones públicas, las que sumadas al del resto de sus compatriotas fijará el destino de su patria y el suyo personal dentro de ella.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Demandas que degradan

Por Eduardo Filgueira Lima. Publicado el 13/10/16 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2016/10/13/demandas-que-degradan/#.V_9sZdlKJOE.facebook

 

De acuerdo al criterio de Malena Galmarini (hay otros proyectos en danza) referido a que debería haber un cupo del 50% para cubrir en cargos electivos por mujeres -no siendo de ninguna manera misógino, sino por el contrario muy respetuoso de la mujer y sus derechos-, pienso que:

1) la propuesta degrada a la mujer porque la impone por obligación legal y no por sus méritos,

2) con el mismo criterio cualquier minoría grupo, o secta (o llámeselo como se quiera), podría pretender tener un cupo: ¿porque no un cupo para los ambientalistas, o para los gay o para los musulmanes, o para los judíos, o para las comunidades originarias.. ?????, y la lista sigue…… todos merecedores de mi respeto y consideración,.. pero no por ello de un cargo público.

Estos proyectos “imponen” derechos de sectores, grupos o facciones que se sienten que “deben” de acceder a lo que desean por imposición.

Estas imposiciones desatienden a muchos que tienen mejores condiciones y desalientan el camino del mejoramiento personal, como el de la sociedad.

Los derechos de ellos parecen estar así por encima de los derechos de los demás. Y sabemos que en países de medianos a bajos ingresos y con bajas oportunidades, la perspectiva de imponerse a través de la carrera política luce como una oportunidad muy atractiva.

Con proyectos de este tipo se desmerece la meritocracia y que ocupen los cargos de gobierno aquellos que más méritos tienen para ello (aunque reconozco que ya bastantes ineptos hay que ocupan bancas, cargo, funciones, etc. sin mérito propio y por solo ser militantes, avivados, amigos o parientes de funcionarios o políticos de turno).

El proyecto del cupo femenino 50% impone sin tener en cuenta los valores, ni la capacidad de quienes deberían ocupar esos cargos. Ello da como resultado una menor perspectiva de mejorar el gigantesco e ineficiente estado que tenemos y mayores para caminar hacia una democracia plagada de estupidez.

Por otro lado -y esto queda oculto en la discusión- existe un tema que atañe a la filosofía política: ¿Que es más importante (o debe priorizarse) en una democracia para que un país logre los objetivos que la misma supone: respetar los derechos individuales o superponer a ellos los derechos sociales?,.. digo esto porque se habrá notado que existe una notoria contradicción entre ambos.

Los derechos individuales son el resultado de miles de años de evolución de la humanidad, y se consagran institucionalmente porque son útiles a la convivencia y cooperación entre los hombres para alcanzar sus objetivos. Por ello son derechos universales, que luego son legitimados por la legislación y ninguno de ellos (salvo el derecho a la vida) son derechos absolutos.

Por otra parte existen otros bienes cuya protección y cuidado son importantes para el desarrollo de una sociedad (como la educación o la salud), por lo que se los considera de “interés público” y hacen al interés de toda la comunidad por sus consecuencias inmediatas o alejadas.

Pero determinados grupos de presión han incorporado “derechos” que solo son de interés de esos grupos específicos y que no hacen al conjunto, sino a su propia protección, lo que resultaría innecesario si se observan y cumplen los primeros.

Pero de igual forma son impuestos e incluso difundidos como prevalentes y no solo que sirvan de ejemplo para que la sociedad no solo los respete, sino también los imite y difunda, como la forma más adecuada de vida. Y aunque cada uno pueda elegir lo que desee como camino para definir sus propios objetivos de vida, la coerción que a través de estos “derechos de grupos” se ejerce resulta atentatoria de la convivencia social. Y se los trata de imponer como modelos de vida, aunque sea de interés de solo algunos, o derechos de algunos que debieran adoptar y proteger todos. Se trata de una forma de imposición de un pensamiento que supone iguales en importancia los “derechos de grupos” y los derechos individuales o los de interés público.

Si los derechos individuales (y/o los de interés público) quedan subsumidos a los grupos de interés,.. poco podemos esperar de la democracia, ya que los grupos a los que representa cada uno de los derechos sociales (inacabables e infinitos) podrá imponer su voluntad a todos!

De hecho ya sucede que facciones, o grupos para reclamar por lo que consideran sus derechos (sin ponerlos en tela de juicio) vulneran los derechos individuales que son la base de la convivencia social.

En el caso que nos ocupa: si una mujer accede a un cargo “por cupo”!,.. impide probablemente el acceso de otro que puede estar más capacitado. El resultado es que pasando por encima de uno perjudica a todos.

Este es un tema importante que incluso es motivo de grandes controversias -por posicionamientos ideológicos diferentes- cuyo debate incluye el pensamiento de muchas universidades.

Los que defendemos como base los derechos individuales -sin dejar de considerar que existen otros que son de interés público de gran importancia, pero que en todos los casos tienen límites (salvo el derecho a la vida) y no son todos los que se reclaman- somos criticados por un pensamiento dominante que pretende que cada uno pueda reclamar a su gusto por lo que considera su derecho,.. (lo que resulta inconmensurable e imposible) y que además se reclama al estado que pagamos todos!!

El colectivismo –perdida la batalla política- encontró la forma de colarse ideológicamente en la sociedad.

 

 

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.