La Argentina debe regresar a las bases de Juan Bautista Alberdi

Por Adrián Ravier.  Publicado el 27/3/14 en: http://www.elojodigital.com/contenido/13153-la-argentina-debe-regresar-las-bases-de-juan-bautista-alberdi

 

Juan Bautista Alberdi fue un actor fundamental en la conformación del estado argentino. No sólo fue fundamental en influenciar nuestra Constitución Nacional, sino que también dejó las Bases para que Argentina emprendiera un camino de desarrollo sostenido por varias décadas. Me propongo, en este artículo, resumir su posición sobre distintos temas al sólo efecto de reintroducir sus ‘bases‘ en el debate moderno.

 

El gobierno debe limitarse a funciones esenciales

Bajo la estatolatría que nos rodea, el estado moderno ha asumido funciones que han distraído a los gobiernos de sus funciones esenciales. Se podrá decir que este es un fenómeno novedoso, que comienza en el siglo XX y se expande hacia comienzos del siglo XXI, pero Alberdi anticipó esta amenaza, como queda claro en las siguientes citas.

Juan Bautista Alberdi“Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por sí mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, etc., el Gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir. Luego el Estado y las leyes políticas que lo constituyen, no tienen más objeto final y definitivo que la observancia y ejecución de las leyes civiles, que son el código de la sociedad y de la civilización misma (…) La democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada” (Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo VII, p. 90/91).

En otras palabras,

“El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor” (Juan Bautista Alberdi, “La omnipotencia del Estado de la negación de la libertad individual”).

Influenciado por Adam Smith, y anticipando la literatura moderna desarrollada por Friedrich Hayek o James M. Buchanan, Alberdi creía en un gobierno limitado, pues conocía las limitaciones cognitivas de los funcionarios, así como los perversos incentivos bajo los cuales actúan.
 

La riqueza no debe re-distribuirse

En el viejo debate entre la economía de mercado y el socialismo, entre la propiedad privada o pública de los medios de producción, tanto teórica como empíricamente ha surgido victoriosa la primera posición. El nuevo socialismo ya no pide privatizar los medios de producción ante su evidente fracaso global, sino re-distribuir la riqueza producida por el sector privado.

Al respecto, Alberdi también ofreció sus reflexiones:

“Para proteger mejor el fin social de la riqueza, ha preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equivalentemente cuanto menos se ingiere el Estado en imponerle reglas” (Juan Bautista Alberdi T. IV P. 253).

Y es que la intervención del estado no es gratuita. Como ejemplificó Joseph Stiglitz en su libro sobre la economía del sector público, si una persona tiene 10 manzanas, y otras cuatro ninguna, el estado puede dividir las 10 manzanas en partes iguales, pero no llegarán a manos de los cinco destinatarios las dos manzanas, sino que el estado se consumirá en el proceso burocrático la mitad de ellas, quedando al final una manzana para cada uno de los cinco miembros de la sociedad.

No sólo ello. Qué incentivos tendrá el contribuyente para seguir produciendo manzanas, si luego de sufrir los riesgos y costos asociados a la tarea, termina compartiendo forzosamente su esfuerzo con la sociedad. La consecuencia lógica de este proceso de re-distribución de riqueza, es reducir la propia riqueza e incrementar la pobreza.

El estado no produce riqueza, la extrae de los particulares

Se exige al estado que asuma cada vez más funciones, que reparta cada vez más riqueza, pero se olvida muchas veces que el estado no crea su propia riqueza sino que debe costear cada proyecto con recursos privados que extrae a otros particulares.

“¿Qué es la renta pública? Una parte de la renta privada de los habitantes del país, y mejor para la doctrina que vamos a exponer, si es una parte del capital o haber cualquiera de los particulares. Es la unión de las porciones de rentas que los particulares satisfacen al cuerpo social en que viven, para asegurar el orden, que les protege el resto de su renta, el capital, la vida, la persona y su bienestar. Luego hay renta pública donde quiera que hay rentas y capitales particulares” (Juan Bautista Alberdi, T. IV. P. 339).

Esto no implica que el estado no pueda en la Argentina, por mandato constitucional, cobrar impuestos para cumplir sus funciones esenciales, pero debería haber un límite que Alberdi se preocupó por establecer en la Constitución Nacional:

“Es verdad que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande y copiosa; pero en la doctrina económica de la Constitución argentina, la abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre, en el empleo de sus facultades destinadas a producir los medios de satisfacer las necesidades de su ser. Esos derechos, en que reposa el sistema rentístico, el plan de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, son la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad en sus relaciones prácticas con la producción, distribución y consumo de las riquezas.

La Constitución quiere que la ley fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 382).

Y entonces qué podemos decir respecto de los fines de la recaudación:

“Según el art. 4 de la Constitución argentina, la contribución es para formar el Tesoro nacional; el Tesoro, como medio de ejecución, es para gobernar; el gobierno es para hacer cumplir la Constitución; la Constitución, como dice el preámbulo, es para afirmar la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, servir a la defensa común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad. La contribución es, según esto, el precio con que se obtiene el goce de estas cosas; luego su erogación forma el gasto más precioso del hombre en sociedad. Pero la experiencia prueba que esos fines pueden ser atacados por la misma contribución establecida para servirlos” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 411).

Y luego, agrega:
“Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado, y malversado” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 460/461).

El Estado no debería administrar el dinero, ni la política monetaria

Al contrario de sus países vecinos, la Argentina hoy sufre niveles de inflación elevados. Se cree, sin embargo, que el propio estado puede corregir la situación. Se han sincerado en los últimos días las estadísticas oficiales, pero el problema de la inflación está lejos de corregirse. Alberdi tenía muy en claro el problema de la banca pública.

“La reforma de un Banco del Estado es imposible. No hay más que un remedio de reformarlo: es suprimirlo” (Juan Bautista Alberdi, Estudios Económicos, Buenos Aires, Talleres Gráficos L. J. Rosso, 1934, p. 236).

Ahora, como todos sabemos, estos bancos públicos operan a través de los redescuentos obtenidos del Banco Central (BCRA). Dichos redescuentos no son otra cosa que emisión monetaria. Nuevamente Alberdi nos enseña:

“Respecto a la manera de emplear el crédito público por la emisión de papel moneda al estilo de Buenos Aires, la Confederación tiene la ventaja inapreciable de no poder ejercer, aunque quiera, ese terrible medio de arruinar la libertad política, la moralidad de la industria y la hacienda del Estado. Es una ventaja positiva para las rentas de la Confederación la impotencia en que se halla de hacer admitir como valor efectivo un papel, sin más valor ni garantía que el producto de contribuciones tan inciertas como la estabilidad del orden, y que jamás alcanzaría para amortizar una deuda que se agranda por su misma facilidad de dilatación para la que no bastarán después todas las rentas del mundo” (Juan Bautista Alberdi, T. IV. P. 377).

Y, para ser más claro:

“Mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen, ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como gusano roedor en el corazón de la Constitución misma…” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 197).

 

El gobierno debe responder a sus obligaciones con los acreedores

Acceder al endeudamiento externo es algo que sólo debiera ocurrir en situaciones de emergencia. Así lo mantienen los tratados clásicos de finanzas públicas, y el propio espíritu de nuestra constitución. Pero si se accediera a tomar crédito, entonces es imperioso que se cumpla con las obligaciones asociadas. El bienestar de la población está asociado a la imagen que el mundo tiene del país. El riesgo aleja al capital, y sin él, no hay inversión, ni desarrollo.

“Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. El gobierno argentino acaba de dar una prueba de que comprende esta verdad en toda su latitud, cambiando la organización que había ensayado por error para su crédito público, por otra que la restablece a sus bases más normales y más firmes” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 374).

El gobierno no debe regular el mercado laboral, ni intentar alcanzar el pleno empleo

Uno de los objetivos que el estado moderno se ha propuesto en la actualidad es alcanzar el pleno empleo por medio de la política económica. Para ello regular el mercado laboral, fija salarios mínimos, desarrolla una compleja y restrictiva legislación laboral, y crea puestos de trabajo. Sin embargo, la situación laboral continúa siendo precaria, cíclica y desafortunada para los trabajadores. Alberdi comprendía muy bien las consecuencias lógica de estas políticas.

“La ley no podrá tener a ese respecto más poder que le que le ha trazado la Constitución. Su intervención en la organización del trabajo no puede ir más allá del deber de garantizar los beneficios de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y seguridad, a favor de los provechos del trabajo. He aquí la organización legítima y posible de parte del Estado; cualquiera otra es quimérica o tiránica” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 261″).

Para ser más preciso:

“Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros; y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra a favor de todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad, como bases esenciales de la legislación” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 255).

Respecto del salario:

“El salario es libre por la Constitución como precio del trabajo, su tasa depende de las leyes normales del mercado, y se regla por la voluntad libre de los contratantes. No hay salario legal u obligatorio a los ojos de la Constitución, fuera de aquel que tiene por ley la estipulación expresa de las partes, o la decisión del juez fundada en el precio del corriente del trabajo, cuando ocurre controversia” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 255).

El gobierno no debiera restringir el libre comercio internacional

Las prácticas mercantilistas y proteccionistas fueron aniquiladas por la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Sin embargo, es recurrente en el estado moderno imponer fines colectivos arbitrarios por encima de la libertad individual de los consumidores de adquirir productos del exterior.

“¿De dónde saca el pueblo argentino los objetos de su consumo? Una parte la produce él dentro de su suelo; otra adquiere del extranjero en cambio de sus productos nacionales: productos que por necesidad tiene que crear, porque son el precio único con que puede pagar los artefactos extranjeros de que necesita para hacer vida civilizada. Si no siembra trigos ni cría ganados, ni trabaja las minas, no viste seda, ni paños, ni usa muebles de la Europa. Este cambio de productos del país por productos extranjeros, comprensivo de una escala de cambios intermedios y accesorios, deja… utilidades y rentas privadas…” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 349).

Respecto del control a los capitales, Argentina no siempre fue un país cerrado al mundo. Al contrario, se trata de un país que se formó con capitales externos y flujos inmigratorios. La única obligación que esos capitales debían seguir era cumplir con las mismas leyes que las empresas locales. La igualdad ante la ley predominaba:

“No debiendo las leyes orgánicas emplear otros medios de proteger la venida de los capitales que los medios indicados por la Constitución misma, importa tener presente cuáles son esos medios designados por la Constitución, como base fundamental de toda ley que tenga relación con los capitales considerados en su principio de conservación y de aumento, y en sus medios de acción y de aplicación a la producción de sus beneficios.

Esos medios de protección, esos principios de estímulo, no son otros que la libertad, la seguridad, la igualdad, asegurados a todos los que, habitantes o ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 266).

Respecto de la libertad para entrar y salir del territorio, recordemos que Alberdi fue uno de los responsables más directos de la fuerte inmigración recibida por nuestro país:

“¿Podéis concebir una ley que proteja la inmigración por restricciones y prohibiciones? Semejante ley atacaría los medios que señala la Constitución misma para proteger ese fin. En efecto, la Constitución dice por su artículo 25: -El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industria, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Este artículo pone en manos del Estado cuanto medio se quiera fomentar la inmigración, excepto el de las restricciones y limitaciones” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.180).

¿Qué diría Alberdi entonces de la protección que hoy recibe la industria local?

“En efecto, ¿podría convenir una ley protectora de la industria por medio de restricciones y prohibiciones, cuando el art. 14 de la Constitución concede a todos los habitantes de la Confederación la libertad de trabajar y de ejercer toda industria? Tales restricciones y prohibiciones serían un medio de atacar ese principio de la Constitución por las leyes proteccionistas que las contuviesen; y esto es precisamente lo que ha querido evitar la Constitución cuando ha dicho en su artículo 28: “Los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esta disposición cierra la puerta a la sanción de toda ley proteccionista, en el sentido que ordinariamente se da a esta palabra de prohibitiva o restrictiva” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.180).

Y respecto de los privilegios que significa proteger sectores determinados:

“…(L)os medios ordinarios de estímulo que emplea el sistema llamado protector o proteccionista, y que consisten en la prohibición de importar ciertos productos, en los monopolios indefinidos concedidos a determinadas fabricaciones y en la imposición de fuertes derechos de aduanas, como atentatorios de la libertad de los consumos privados, y, sobre todo, como ruinosas de las mismas fabricaciones nacionales que se trata de hacer nacer y progresar. Semejantes medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.182).

El gobierno debe proteger el Estado de Derecho

Por último, debemos analizar un área de enorme importancia para los puntos que hemos venido desarrollando. Nada puede lograrse en una sociedad libre si no se protege elEstado de Derecho. Como señalamos, es ésta la función esencial del Estado.

Si el Estado logra respetar el Estado de Derecho, proteger las libertades individuales, clarificar las reglas de juego, priorizar la ley o en otras palabras, hacer cumplir las disposiciones enumeradas en la Constitución Nacional, entonces ya nada más se le exigirá:

“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra” (Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo IV, P. 150).

Y respecto de la propiedad:

“La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio” (Juan Bautista Alberdi, Tomo IV, P. 159).

Y no olvida la seguridad:

“La seguridad es el complemento de la libertad, o más bien es la libertad misma considerada en sus efectos prácticos y en sus resultados positivos. Donde quiera que la seguridad de la persona y de la propiedad existe como un hecho inviolable, la población se desarrolla por sí misma sin más aliciente que ése” (Juan Bautista Alberdi, Tomo IV, P. 306).

Reflexión final

Las reformas constitucionales fueron cambiando el espíritu de la constitución —y con ello se fue olvidando el pensamiento de Alberdi—, pero intento mediante estas citas recordar al lector cuáles fueron las Bases sobre las cuales Argentina se convirtió en un país próspero y rico, que atraía inmigrantes europeos y hace sólo un siglo encabezaba los indicadores de desarrollo.

Si las Bases deben ser olvidadas necesariamente en el siglo XXI para amoldarse a las necesidades de la población argentina o no, es algo que cada lector debe repensar.

Mi impresión es que la Argentina necesita volver a las Bases, y con ello, a la libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado.

 

 

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

¿Por qué estalló todo?

Por Iván Carrino. Publicado el 20/6/18 en: http://www.ivancarrino.com/por-que-estallo-todo/

 

La salida de Sturzenegger y el salto del dólar reflejan la enorme desilusión con el proyecto de Cambiemos.

El martes por la tarde estuve en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora participando de un debate con otros profesores de economía.

La invitación, que acepto hace más de 2 años, tiene por objeto dar un análisis de la era kirchnerista y luego sumarle el tiempo transcurrido del nuevo gobierno, siempre desde una perspectiva económica.

El debate siempre es interesante porque me lleva a conversar con dos economistas de corrientes de pensamientos diametralmente opuestas a la mía. Pero, además, porque me fuerza a revisar qué pensaba de la economía tiempo atrás.

La última vez que fui a la Universidad fue en noviembre de 2017.

En ese entonces, explicaba que el nuevo gobierno efectivamente se estaba enfrentando a una “pesada herencia”, pero que los datos mostraban, por un lado, una baja de la inflación y, por el otro, una recuperación económica post-colapso de populismo K.

Al mismo tiempo, también advertía que faltaban todavía reformas muy importantes, que tenían que ver con:

– La reducción del gasto público

– El fin del déficit fiscal

– La desregulación de mercados como el laboral y el de productos importados.

Si bien en su momento ya existían las inconsistencias macroeconómicas, los datos no mostraban la inminencia de una crisis.

De hecho, los indicadores financieros como el Riesgo País, la bolsa, e incluso el dólar, destellaban optimismo.

¿Qué pasó entonces?

Un boom basado en expectativas

Pocos días después de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones de 2015, el extraordinario analista chileno, Axel Kaiser, escribía lo siguiente:

El nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri puso fin no solo a más de una década de degeneración institucional kirchnerista sino a casi cien años de dominio político peronista. Así las cosas, la tarea que enfrenta Macri es nada menos que derrotar la historia. Ya logró un primera victoria en las urnas el pasado domingo. Esa fue la parte “fácil”. Ahora le toca dar inicio a una transformación sostenible en el tiempo que logre terminar, a nivel cultural e ideológico, con el peronismo que ha destruido la libertad y condenado a la decadencia y vergüenza internacional a un pueblo que ha probado tener lo necesario para pertenecer a la élite mundial.

Si Macri logra la titánica hazaña de dejar iniciado ese cambio permanente pasará a ser el más grande líder político que haya conocido la Argentina en más de un siglo y sin duda uno de los más grandes que haya conocido América Latina en toda su vida independiente.

La mirada de Kaiser reflejaba, en mayor o menor medida, la de quienes estaban “mirando el partido desde afuera”. Mauricio Macri podía ser el líder que llevara a Argentina de nuevo a las “grandes ligas” del desarrollo económico.

Ahora bien, para esto el gobierno tenía que encarar reformas drásticas.

Tenía que bajar el déficit fiscal desde 7% del PBI al 0%. Tenía que reducir el gasto público y los impuestos. Tenía que desregular los mercados laborales, liberar los precios de la energía, los combustibles y los supermercados. Tenía que abrir la economía al comercio del mundo, y tenía que terminar con una década y media de inflación, algo que dijo que iba a ser “lo más fácil” de todo.

Los mercados internacionales, al ritmo del “sí se puede”, parecieron comprar la idea de que esto efectivamente iba a pasar. O, al menos, compraron la idea de que incluso sin hacer todas las reformas, con algunas bastaría para que el país volviera a crecer por un período medianamente largo.

Hoy los inversores piensan todo lo contrario.

¿Se puede o no se puede?

El gobierno de Macri asumió en una situación por demás delicada. La situación ameritaba llamar al Fondo Monetario en ese momento y comenzar un programa de ajuste con apoyo del organismo.

Sin embargo, primó la política.

El gobierno no llamó al Fondo, no lanzó un programa de ajuste fiscal contundente, y no explicitó la pesada herencia recibida.

El marketing de Durán Barba le ganó al análisis técnico de algunos de los funcionarios del propio equipo económico.

En un principio, la apuesta parecía salir bien, y el gobierno hizo algunas modificaciones interesantes como salir del cepo, sincerar tarifas y cerrar el juicio con los holdouts.

Además, terminó ganando las elecciones de medio término.

Pero no mucho se había avanzado en términos de déficit fiscal, gasto público, impuestos y mercado laboral.

Una vez pasado el triunfo en las legislativas, era el momento indicado para avanzar con reformas más ambiciosas. El discurso de Macri, de hecho, fue en ese sentido.

Sin embargo, todo quedó en palabras. La reforma tributaria tuvo gusto a poco, y reforma laboral directamente no hubo, gracias a la dura presión de los sindicatos.

El gasto público sigue hoy en alrededor del 40% del PBI.

Golpe de gracia

Con la alta presión tributaria, la nula modificación del mercado laboral, y un déficit fiscal que se convirtió en una aspiradora de dólares del mundo, la gran apuesta del gobierno para ganar las elecciones del 2019 corría peligro.

La economía podía llegar a enfriarse y, como no había voluntad para hacer reformas estructurales, entonces se recurrió al atajo mil veces probado (y mil veces fracasado) de bajar la tasa de interés para estimular la actividad.

Así, llegamos a la conferencia del 28 de diciembre, donde se cambiaron las metas de inflación y se forzó al Banco Central a bajar las tasas. La medida fue festejada por algunos, pero el mercado rápidamente la expuso como un gran error.

A partir del 28D, las expectativas de inflación saltaron, y lo mismo pasó con el dólar y el riesgo país.

Por si esto fuera poco, el contexto internacional empeoró, y ese mercado que compraba cualquier cosa, comenzó a mirar los números con más detalle.

Lo demás es historia conocida.

El dólar avanza 60% en lo que va del año, y la bolsa, medida en moneda dura, cae cerca de 40%. Además, renunció Sturzenegger y echaron a Aranguren, el único ministro del gobierno que redujo con fuerza el gasto público.

La crisis financiera que atraviesa el país no es culpa del Banco Central ni exclusivamente del contexto internacional. Se trata, en realidad, del fracaso de Cambiemos, que generó unas expectativas formidables sobre su capacidad de cambiar la historia del país pero que, en los hechos, no concretó grandes cosas.

Hoy el mercado le está pasando factura, o bien está adaptándose a una nueva realidad: Cambiemos no era en realidad tan Cambiemos, y torcer el rumbo de decadencia Argentina no iba a ser tan fácil como se imaginaba al principio.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE

¿FLEXIBILIZAR O LIBERAR EL TRABAJO?

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Aparecieron algunas declaraciones en Francia y en Brasil sobre una eventual “flexibilización” del mercado laboral y en Argentina, frente a varias requisitorias periodísticas los gobernantes niegan la denominada flexibilización pero se declaran a favor de aliviar costos laborales a través de negociaciones sectoriales. En verdad no resulta claro el significado de esas políticas aunque tiende a sacarse de encima ciertas rigideces legales que no permiten arreglos contractuales libres y voluntarios pero, sin embargo, mantienen estructuras autoritarias.

 

Si se desea contar con  un mercado laboral en el que las partes respeten lo acordado libremente sin intromisiones directas o indirectas de los aparatos estatales y consecuentemente sin interferencias sindicales que en definitiva perjudican a los trabajadores, si se apunta a esto debe liberarse el mercado y no simplemente flexibilizarse.

 

Al efecto de clarificar el tema debemos comenzar por señalar en primer término que cuando se alude al trabajo se trata de todos los que trabajan, lo cual contradice una supuesta distinción entre “el capital y el trabajo”, por un lado, porque los bienes de capital no pueden contratar, son inanimados, y, por otro, es como si los administradores de esos bienes no trabajaran para su sustento y el de su familia.

 

Menos aun tiene sentido hacer referencia a una supuesta “clase trabajadora” para circunscribirla a los que están en relación de dependencia lo cual es consecuente con la visión marxista de clase de persona en el contexto de su teoría del polilogismo donde el proletariado tendría una estructura lógica diferente de la del burgués sin nunca aclarar en que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

 

Una vez despejado lo dicho debemos precisar que en un mercado libre no hay tal cosa como sobrante de aquél factor esencial para brindar servicios y para producir bienes cuyas necesidades son ilimitadas en relación con los recursos disponibles. Es decir, por el principio de no contradicción, una cosa no  puede ser escasa y al mismo tiempo sobrante. Entonces, el desempleo involuntario es un imposible en un mercado abierto para personas normales.

 

Cuando observamos que en cierto lugar hay desocupación es necesariamente debido a interferencias legislativas que, por ejemplo, establecen salarios superiores a los de mercado. Precisemos también que la única causa de los salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización, es decir, el monto de inversiones que hacen de apoyo logístico al trabajo para incrementar su productividad.

 

Si los salarios están en cierto nivel y se dispone su aumento por decreto, los primeros perjudicados son los trabajadores marginales que son los que más necesitan del empleo debido a que en ese caso las tasas de capitalización reflejan salarios menores a los decididos por el decreto en cuestión. Sin duda que resultaría muy atractivo si se pudiera elevar el nivel de vida de la gente por decreto, en cuyo caso no habría que andarse con mezquindades y convertir a todos en millonarios. Pero desafortunadamente las cosas no son así. Los salarios más altos en Estados Unidos respecto de Uganda no lo son  debido a una legislación más jugosa ni debido a que los empresarios son más generosos que en otras partes. Se debe a mayores tasas de capitalización. Del mismo  modo, los bajos salarios en Uganda no lo son porque la los gobernantes les falte imaginación para elevarlos por decreto, se debe a la escasez de inversiones.

 

Lo dicho en modo alguno va solo para obreros, éstos son los principales perjudicados porque el embate de la legislación laboral destruye su trabajo pero si esa legislación pretendiera abarcar a los gerentes imponiendo remuneraciones superiores a los de mercado, ellos, los gerentes, quedan sin encontrar empleo.

 

Tampoco hay tal cosa como “desempleo friccional” (que se produciría en la transición entre un trabajo y otro) puesto que bajando lo suficiente la remuneración pretendida se logra la ocupación ya que las necesidades son ilimitadas frente al siempre escaso factor laboral. Si se produce desempleo en la transición es desempleo voluntario no involuntario ya que se apunta a una retribución al momento superior a lo que ofrece el mercado, por lo que se prefiere esperar a una mejor oportunidad y no aceptar lo que se ofrece en esas circunstancias.

 

Respecto a los sindicatos es menester reiterar que en una sociedad libre se trata de asociaciones cuyos fines lo deben establecer los sindicados, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. Pero son absolutamente incompatibles con la libertad sindical figuras como la llamada “personería gremial” muy distinta de la simple personería jurídica con la que debe contar toda asociación lícita. La antedicha personería gremial es una figura fascista calcada de la Carta di Lavoro de Mussolini que convierte a los sindicatos en piezas autoritarias. Toda manifestación de monopolio sindical, de usufructo compulsivo de obras sociales, de afiliaciones obligatorias de modo directo o indirecto, de aportes y descuentos forzosos constituyen prepotencias que afectan gravemente a los trabajadores.

 

Por su parte, las huelgas pueden entenderse como el derecho a no  trabajar que tiene todo trabajador en cualquier momento si da cumplimiento a acuerdos anteriores, pero lo que no es aceptable es la huelga entendida como un procedimiento intimidatorio y violento en el que no se permite que los que están en desacuerdo trabajen y otras arbitrariedades semejantes.

 

Hay determinadas legislaciones que son en verdad insultos a la inteligencia, como por ejemplo el denominado “aguinaldo”, a saber, un sueldo anual que se presenta como adicional, estirando el calendario. En realidad no se puede alargar el año por una disposición gubernamental: son doce meses no trece, si se paga un sueldo adicional quiere decir que se habrá disminuido el pago mensual durante los  otros doce meses ya que, como queda dicho, los salarios dependen de las tasas de capitalización y no de un voluntarismo trasnochado.

 

Lo mismo va para las vacaciones, las normas de seguridad en el trabajo, los  descansos dominicales, los  paréntesis por  maternidad, horarios  laborales y demás beneficios. Más aun, cuanto mayor las inversiones, mayores serán los  beneficios: cuando un funcionario reclama determinada música funcional, determinada pintura para su oficina, cierto confort en la planta industrial o el dormir siesta en el lugar de trabajo, se logra debido a las tasas de capitalización vigentes. En esa situación si el empleador  no acepta lo dicho, se quedará sin personal.

 

En  otros términos, lo que se conoce como “conquistas sociales” impuestas por la autoridad pueden solo  producir uno de dos resultados: si están por debajo o son equivalentes a lo que marcan las tasas de capitalización, el resultado  es neutro, pero si son superiores a esas tasas, como se ha visto, el resultado  es el desempleo (y si se pretende disimular con emisión monetaria para convalidar esas “conquistas”, el resultado es la inflación, o sea el recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores).

 

Los marcos institucionales deben circunscribirse al respeto irrestricto a lo estipulado, en otros términos a la aplicación de todo el rigor de la ley cuando hay fraude o engaño cualquiera sea la circunstancia. En este sentido, es indignante observar que van  presos los  ladrones de gallinas pero no van presos empresarios que han estafado a sus clientes o engañado a sus empleados (generalmente son los  prebendarios que explotan  a la gente a través de su alianza con el poder político para contar con mercados cautivos).

 

También las legislaciones contemporáneas suelen imponer “participación en las ganancias”, “cogestión” o ambas disposiciones. En el primer caso se establece por ley que tales y cuales trabajadores deben  participar en las ganancias  lo cual desvía los siempre escasos recursos a otras áreas distintas a las establecidas por medio de arreglos contractuales libres, lo cual consume capital, situación que no solo perjudica el servicio en cuestión sino  que reduce salarios.

 

Por su lado,  la “cogestión” impone administradores distintos de los que los consumidores han elegido a través de sus compras y abstenciones de comprar en el mercado, lo cual también no solo desmejora la calidad del servicio sino que contre salarios debido al desperdicio de factores de producción.

 

Dadas las concepciones atrabiliarias que muchas veces rodean a las relaciones laborales, debe enfatizarse que en toda ocasión el respeto debe ser recíproco. Ilustro la idea con el siguiente ejemplo: supongamos que el autor de estas líneas trabaja para el lector de esta nota en casa de este último, esto no significa que al suscripto le asistan derechos sobre la casa y el patrimonio del lector. Se trata de un arreglo contractual que dura mientras dure la relación laboral. Cuando el lector ya no me necesita no puedo exigirle que me siga contratando. Del mismo modo, si decido dejar el trabajo tengo todo el derecho de hacerlo. Estos comportamientos no significan que no pueda incluirse en el contrato las condiciones de una desvinculación. Decimos esto porque no es infrecuente que los contratados pretendan manejar las vidas y los emprendimientos de los contratantes como si fueran propias, y en no pocas ocasiones con el apoyo logístico de los gobernantes de turno. El empleador debe ser muy cuidadoso de lo convenido con el empleado, de lo contrario debe ser severamente penado y el empleado debe también ser respetuoso del contrato laboral libre y voluntario.

 

Se suele argüir que no es válido un contrato entre quienes cuentan con muy distintos patrimonios sin percatarse que esto es absolutamente irrelevante. Si el millonario de una comunidad ofrece una remuneración menor a la que establece el mercado, sencillamente no contará con la colaboración requerida sin importar el volumen de su cuenta corriente (o, para el caso, sin importar si está quebrado: el salario de mercado es el salario de mercado que no depende de las ganas de las partes sino de las inversiones).

 

También es de interés señalar que hay cada vez más relaciones laborales que no exigen horarios ni lugares específicos de trabajo sino el cumplimiento de objetivos y, asimismo, trabajos que oscilan en cuanto a los contratantes para muy diversos propósitos.

 

En otras palabras, el caza-bobos de las “conquistas sociales” (más bien “derrotas antisociales”) son una barrera formidable para el progreso de los trabajadores, constituyen una máscara peligrosa que esconde un arma muy potente para relegar a un segundo plano a los que más necesitan con cantos de sirena utilizados en procesos electorales. Por tanto, no se trata de flexibilizar sino de liberar el trabajo al efecto de dar rienda suelta a la creatividad en el contexto del respeto al fruto del trabajo ajeno. Flexibilizar es algo ambiguo, confuso y muy timorato.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/7/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/07/gobierno-gasto-pobreza-y-educacion.html

 

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de “exitoso” o de “efectivo”?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:

“En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público.”1

Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del “consenso” resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr “consensos” entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de “efectivos”. Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido “efectivo”. Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como “En segundo lugar”, es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de “estados” un gobierno será “exitoso” únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.

“El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos.”2

Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática “multidimensional”, y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta “multidimensión”. La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de “perdedores”, los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.

“En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores “los maestros y las escuelas exitosas” los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas.”3

Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada “pública”). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia “los maestros y las escuelas exitosas”, los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán “educar” los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 23

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La herencia K no se arregla con parches

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 25/9/16 en: http://economiaparatodos.net/la-herencia-k-no-se-arregla-con-parches/

 

La pregunta es: ¿qué quieren los políticos, cobrar más impuestos o crear puestos de trabajo vía inversiones?

El 24 de marzo de 2001 se sancionaba la ley 25.413, conocida como ley de competitividad, que incluía el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

En su artículo 7 decía textualmente: “Los artículos 1º a 6º de la presente ley entrarán en vigor desde el día siguiente al de su publicación y tendrán efecto para los créditos y débitos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2002”. Es decir, el impuesto al cheque iba a durar hasta el 31 de diciembre de 2002. Las sucesivas prórrogas han hecho que la ley ya esté por cumplir 15 años de emergencia. Como sabemos, no hay nada más permanente en Argentina que las leyes impositivas transitorias.

La semana pasada, los legisladores peronistas unieron fuerzas para pedir que, entre otras cosas, el impuesto al cheque sea coparticipable, con lo cual este impuesto es candidato a ser eterno. No lo saca nadie más, porque en Argentina ningún político tiene la más mínima intención de bajar el gasto público. Solo saben aumentar impuestos y por eso están ahogando al sector privado que es el que mantiene al sector público.

El empleo público se disparó en la era k, partiendo ya de un punto muy alto, en los tres niveles de gobierno, pero sin duda las provincias y los municipios son los que llevan la delantera en mantener empleados en los que sobran más de la mitad de lo que se necesita para administrar la provincia o el municipio. El argumento para no reducir la planta de personal en municipios y administraciones provinciales es que al no crearse nuevos puestos de trabajo la gente quedaría desocupada y habría conflictos sociales. Pero, al mismo tiempo, como para mantener esa legión de empleados públicos hay que lograr inversiones y las inversiones no vienen con esta carga impositiva, estamos en un círculo vicioso que no puede resolverse. En todo caso, la situación irá empeorando cada vez más hasta que el peso del estado sea tan grande sobre el sector privado y lo haya reducido a su mínima expresión, que todo termine igual en una crisis social, la misma crisis social que hoy se quiere evitar no reduciendo la planta de empleados públicos. Es que va a llegar un punto en que el sector privado no generará la riqueza suficiente como para bancar al sector público.

Me parece que el gobierno está enredado en este lío, con el agravante que a medida que va pasando el tiempo siguen cayendo los puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, el que ajusta es, como siempre, el sector privado porque el sector público es la vaca sagrada que nadie puede tocar, lo que no quiere decir que, finalmente, no terminemos en una crisis social por desocupación en el sector privado. Así nunca van a poder resolver el problema. Si el sector privado se achica y no pueden reducir los impuestos porque hay que bancar a los empleados estatales, entonces estamos en el horno.

Tampoco es solución la obra pública financiada con deuda pública, porque si bien puede ser que en el corto plazo la actividad económica aumente transitoriamente, absorberá gente que quedó desocupada del sector privado, seguirá el mismo plantel insostenible de empleados públicos y cuando se acabe el financiamiento volveremos al punto de partida con el agravante que quedó la deuda más los interés a pagar. Es decir, vamos de cabeza a otro default.

Si no quieren asumir el costo político de llevar a cabo una verdadera reforma del sector público que lo transforme en algo útil para la gente y eliminar su sobredimensionamiento, la opción es la que propuse un par de lunes atrás. Que el BCRA se retire del mercado de LEBACs, baje la tasa de interés, deje flotar libremente el tipo de cambio y buscar la salida por el lado de las exportaciones. Puede ser que, transitoriamente, se escondan las ineficiencias de la economía detrás de un tipo de cambio más alto, pero si aprovechan ese tiempo para realizar reformas del estado y del sistema tributario, pueden lograr algún flujo de inversiones que cambie la situación y permita una mejora en el sector privado.

De todas maneras, me parece que acá va a haber que hacer algo heroico en materia de reformas estructurales. Por un lado hay que bajar la desocupación en el sector privado. Por otro lado hay que absorber a todos los jóvenes que se incorporan al mercado laboral anualmente. En tercer lugar, los que viven de planes sociales tienen que encontrar trabajo y, finalmente, pasar a gran parte de los empleados públicos del sector público al sector privado. Eso requiere de un fenomenal flujo de inversiones para crear miles y miles de puestos de trabajo a lo largo de los años para solucionar la herencia recibida. El sistema no da para más parches.

Por ahora lo único que saben hacer los políticos es cobrar más impuestos. La pregunta es: ¿qué quieren, cobrar más impuestos o crear puestos de trabajo vía inversiones?

Si lo que se quiere es lo segundo, hay que cambiar el eje de lo que se está haciendo, implementar un plan económico consistente y saber comunicarlo para hacerle entender a la población el enorme problema laboral que hoy tenemos y que, de continuar por este camino, seguirá agravándose.

La herencia k es lo suficientemente letal como para no tomarla en serio y querer arreglarla con parches.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

La ley antidespidos aumentará el desempleo

Por Iván Carrino. Publicado el 30/4/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-ley-antidespidos-aumentara-el-desempleo/

 

Como siempre sucede con estas iniciativas, el resultado será totalmente contrario al esperado.

En Argentina no existen estadísticas oficiales. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que dejó de gobernar el 10 de diciembre del año pasado, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con el objetivo de disfrazar la cruda realidad que se vivía en el país en materia de inflación, crecimiento económico y pobreza.

En términos de empleo, los datos siempre mostraron buenos resultados. El último informe publicado mostró un 5,9% de desocupación, el guarismo más bajo en 28 años. Dudosa credibilidad.

En la actualidad, el INDEC está en proceso de reconstrucción, por lo que no hay datos oficiales de desempleo. Lo que sí hay, sin embargo, son datos de la evolución del empleo en el sector privado, provistos por el Ministerio de Trabajo, que revelan que la situación tiene un estancamiento desde hace al menos cinco años.

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Otro dato relevante lo ofrece el Fondo Monetario Internacional, que prevé que el desempleo en Argentina trepará a 7,8% en 2016 y luego se reducirá a 7,4% en 2017. No es un dato para alegrarse, pero nada parecido a una crisis o emergencia ocupacional.

Sin embargo, algunos políticos y comunicadores se empeñan en repetir que el país está atravesando una profunda crisis del mercado laboral, con una ola de despidos que parece crecer día a día y hora tras hora.

En respuesta a ello, el Senado le dio media sanción a una ley “antidespidos” que prohibirá los despidos sin causa por seis meses, también las suspensiones, e impondrá dobles indemnizaciones para cada empleado que deba ser desafectado de la plantilla.

Ahora bien, como siempre sucede con estas iniciativas, el resultado será totalmente contrario al esperado. Finalmente, de aprobarse esta legislación, el desempleo, lejos de caer, subirá.

A ningún empresario le gusta despedir empleados. Después de todo, despedir a una persona (si no es por cuestiones de desempeño personal estrictamente) refleja que la situación económica de la empresa es delicada y que necesita hacer un ajuste para intentar sobrevivir.

Lo más deseable para el empresario, entonces, es contratar, no despedir personal.

En este marco, si una empresa se ve en la necesidad de despedir a un trabajador, lo mejor que puede pasar es que esa decisión sea tomada con el mínimo de restricciones posibles. Es que si lo contrario sucede, y el costo de despedir se eleva o directamente se transforma en una violación a la ley, la decisión que tendrá que tomar el empresario será la de cerrar su fábrica.

El resultado, finalmente, será no sólo que la ley no pudo evitar el despido de esa persona en particular, sino que terminó generando el desempleo de todos los trabajadores de la empresa. Un verdadero “tiro por la culata”, como suele decirse.

Los mercados libres se caracterizan por lo que Joseph Schumpeter definió como “destrucción creativa”. En ese proceso, abren las puertas nuevas empresas y cierran otras todo el tiempo. Sin embargo, el resultado no es el masivo desempleo, sino la continua mejora de los procesos productivos y el aumento de la producción de los bienes y servicios que consumimos.

A la vez, se terminan generando nuevos puestos de trabajo y mayores salarios reales.

Prohibir despidos, encarecerlos y dificultar los procesos de mercado no sólo es malo para las empresas, sino que también es directamente perjudicial para todos los trabajadores a quienes supuestamente se quiso beneficiar en primer lugar.

En conclusión, prohibir los despidos generará desempleo. Por tanto, la medida no protege, sino que destruye las fuentes de trabajo. Lo mejor que podemos hacer en esta coyuntura es cuidarnos de las “buenas” propuestas de ciertos legisladores y recordar que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Discutimos sobre la “deslocalización de la producción”. ¿Cómo evita eso un país desarrollado? (III)

Por Martín Krause. Publicado el 21/2/15 en: http://bazar.ufm.edu/discutimos-sobre-la-deslocalizacion-de-la-produccion-como-evita-eso-un-pais-desarrollado-iii/

 

Los alumnos de OMMA en Madrid, discuten sobre la deslocalización en base a este comentario (van sin los nombres):

El proceso de “deslocalización de la producción” (por ejemplo, producir en China), reduce los costos. ¿Cómo impacta en los precios? ¿No es que son los precios los que determinan los costos?

Otra cosa, ¿cómo hace un país desarrollado para evitar la sangría de la deslocalización?

Sus opiniones:

  • “Cuando una empresa descubre que alguien puede fabricar su producto más barato se aprovecha de ello NO REDUCIENDO SUS PRECIOS sino ganando un margen mayor por la venta de los mismos. Cuando el mercado se ajusta otras empresas recurren a lo mismo y a través del proceso de competencia los precios se reducen.

O sea, costes más baratos en los nuevos países productores no bajan los precios al consumidor de forma automática. Hay un proceso intermedio de competencia. Al competir con margen alto las empresas pueden disminuir sus precios hasta que se alcanza una situación de equilibrio.

Los precios determinan los costos a largo plazo. Es por eso que los precios altos pagados en los países occidentales van a producir un incremento de los costes laborales en China. Es decir, los precios de los productos al consumidor (altos) hacen subir los costes, en este caso laborales.

Yo creo que la confusión parte de que en el corto plazo puede haber situaciones transitorias donde da la sensación de que son los costes los que se transmiten al precio. Estas situaciones transitorias pueden durar años. En el caso de China hasta que la reserva de trabajadores no ocupados se agota y empieza a haber presión en el mercado laboral. Pero alcanzar plena ocupación en un mercado de cientos de millones de trabajadores toma su tiempo.

La última pregunta está mal formulada. Al utilizar el término “sangría” se presupone que la deslocalización es negativa. La deslocalización nos libera de trabajos tediosos y de poco valor añadido con lo cual nos podemos liberar de ellos y dedicarnos a cosas más productivas. Por ejemplo, diseñar los robots y las líneas de producción que usan en China. Por otra parte la deslocalización ha permitido un enorme progreso económico en los países receptores del trabajo. O sea, es un proceso que beneficia a ambas partes. Los países desarrollados deben facilitar la transición de sus ciudadanos de las actividades deslocalizadas a nuevos campos de más alto valor.”

  • Estoy de acuerdo con XX con respecto a la connotación negativa que la palabra “sangría” pueda dar a la deslocalización de la producción.

Para añadir a lo que comenta XX:

Todas las decisiones empresariales (y medidas económicas) tienen ventajas y desventajas (trade offs, en inglés). Unos ganan y otros pierden con la deslocalización. En este caso, el beneficio directo, es que son muchos los consumidores que se ven beneficiados con la reducción de costes de producción. Hay cierta cantidad de gente que queda desempleada, pero es parte del “trade off”.

Es país desarrollado, en el que la deslocalización de la producción es grande, la mano de obra con poco entrenamiento va a tender, es más, ser verá forzada a desarrollar nuevas habilidades y a tener que desempeñarse en trabajos mucho más productivos. Esto irá aumentado la ventaja competitiva de estos países y seguirán siendo líderes en desarrollo de tecnologías que les harán aún más productivos con respecto a los países hacia los cuales se deslocaliza la producción de bienes que requieren mano de obra con poco entrenamiento.

Al balancear las ventajas con las desventajas de la deslocalización de la producción, esta se inclinará hacia el lado de las mayores ventajas / beneficios.

  • “En primer lugar matizar que la deslocalización, en términos generales, es interpretada de una forma negativa, ya que no se tiene un entendimiento ni de su funcionalidad ni de su meta.

Dicho esto, y a tenor argumental de lo dicho por mis compañeros, la deslocalización favorece la incorporación de nuevos competidores en el mercado. Este fenómeno se produce para buscar un margen lo suficientemente amplio entre el proceso de fabricación al proceso de venta, y en muchos países por políticas fiscales (abrasadoras) te obligarían a cerrar antes de poder mantener o arrancar un negocio. El impacto en los precios es por ende positivo para el productor y el consumidor.

Con mucho acierto, muchos compañeros ya lo han comentado, evitar esa “sangría”, bien entendida, con una utilidad y un sentido empresarial, sería posible si los Estados dejaran de machacar con asuntos fiscales y burocráticos. A priori la fórmula parecería sencilla, pero en la práctica….eso amigos es otra cosa.”

  • “La deslocalización es una oportunidad que ve el empresario para reducir sus costes y que al final favorece los precios que pagamos los consumidores.

Se estigmatiza a las empresas por parte de algunos sectores de la sociedad por realizar este proceso ya que los factores de producción se ubican en los lugares donde son más eficientes para el proceso productivo. Las nueva tecnologías y la globalización han acelerado este proceso y nos hemos encontrado con muchos casos recientes en los últimos años (empresas que cierran en países desarrollados y que abren en otros países con menores costes, china, india, tailandia, etc).

Nuevamente mucho se ha aportado al foro y estoy absolutamente de acuerdo en que la única manera de combatir este fenómeno es con una clara desregularización del mercado laboral y (los políticos en términos generales no lo permitirán) que favorezca paulatinamente una sociedad que se centre en el autoempleo y la especialización en contraposición con el trabajo “estable y fijo ” para toda la vida.

Por último, no quisiera dejar pasar la deslocalización fiscal que también se da muchísimo, consecuencia nuevamente de la tendencia confiscatoria de los estados.

En resumen, buen proceso que favorece los precios que pagamos por los productos y menos regulación en todos los aspectos.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).