¿El Iphone o Google son el resultado de políticas estatales? Informe del Instituto Juan de Mariana (I)

Por Martín Krause. Publicada el 4/8/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-iphone-o-google-son-el-resultado-de-politicas-estatales-informe-del-instituto-juan-de-mariana-i/

 

El Instituto Juan de Mariana de Madrid ha publicado un informe sobre el mito de que es el Estado la fuente de la innovación y el progreso tecnológico en el mundo. Muy interesante. El informe completo aquí: https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-el-estado-emprendedor

Aquí va la primera parte de un resumen:

EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN ES EL LIBRE MERCADO

Las políticas estatales de I+D+i restringen las oportunidades de los emprendedores y fomentan la creación de fuertes grupos de presión

  • El motor fundamental del progreso tecnológico es el libre mercado y no los programas estatales
  • Las políticas públicas de I+D+i conducen normalmente a resultados desastrosos
  • Invenciones como el iPhone o Google son fruto del mercado, no de la inversión pública

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El Instituto Juan de Mariana publica el informe Mitos y Realidades del Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?, en el que se pone en tela de juicio las tesis de la economista italiana Mariana Mazzucato, quien otorga al Estado un papel capital en la innovación y el emprendimiento y aboga, en consecuencia, por una planificación estatal en este capítulo.

El sistema económico capitalista históricamente se ha asociado con la destrucción creativa y con la innovación disruptiva. Si alguna cualidad suele reconocérsele al capitalismo, incluso por sus más feroces críticos, es la de promover el desarrollo tecnológico: ejemplos recientes como el iPhone de Apple, el motor de búsqueda de Google o el agregador de contenido audiovisual de Netflix parecen ilustrar en el día a día cómo el capitalismo revoluciona nuestra calidad de vida.

Existen paralelismos entre Mariana Mazzucato y el “economista de la desigualdad”, el francés Thomas Piketty, quienes han alcanzado prestigio y popularidad tras acompañar sendas investigaciones críticas con el capitalismo de exitosas campañas divulgativas.

Desde 2013, Mazzucato ha pretendido refutar la idea de que el capitalismo es el motor esencial de las innovaciones más importantes que hemos disfrutado en las últimas décadas. Así, en su conocido libro El Estado emprendedor, la economista trata de argumentar que todos esos avances tecnológicos son, en realidad, producto de los programas estatales de investigación: es al Estado y a su política de I+D+i a quienes les debemos el progreso presente. El iPhone o el buscador de Google son, de acuerdo con la italiana, subproductos de la planificación estatal.

La obra de la economista transalpina ha tenido una amplísima repercusión a nivel mundial y ha contribuido a que muchos políticos, economistas y periodistas modifiquen su perspectiva sobre el proceso innovador: Mazzucato, por ejemplo, defiende la creación de una banca pública que financie el proceso de investigación, así como la participación estatal en el control de empresas beneficiadas por las ayudas públicas a la I+D+i. Sobre todo, con su abierta retórica estatista, sienta las bases para legitimar subidas de impuestos y el aumento del intervencionismo siempre con la excusa de que la sociedad acaba recibiendo un retorno.

Tras décadas en las que el Estado ha venido apropiándose de la mitad de la riqueza que las economías capitalistas generan y regulando la otra mitad, es imposible no encontrar algún vestigio de emprendimiento tecnológico originado por la acción estatal. Faltaría más que el Estado, después de invertir ingentes cantidades de dinero en sus faraónicos programas de investigación, no hubiera contribuido a sacar adelante nada valioso. Con todo, cabe plantearse qué habría sucedido si el Estado no hubiese detraído esos recursos a la sociedad. Resultan innumerables las posibilidades que habrían surgido en un ambiente en el que el genio empresarial de millones de seres humanos se hubiera podido explayar sin las trabas y dificultades que ha padecido desde el surgimiento del Estado emprendedor tras la II Guerra Mundial.

Conviene, en fin, tener muy presente que el Estado emprendedor no sale gratis a la población:

• Coste de oportunidad: Los contribuyentes se ven obligados a sufragar proyectos de resultado muy incierto, sobre los que no se dispone de la información que aportan los precios de mercado de cara a determinar si los medios utilizados están generando o destruyendo valor. Se produce asimismo un efecto expulsión (crowding-out) al detraer recursos de la economía por vía impositiva, de forma que el sector privado ve mermadas sus rentas para llevar a cabo sus propios proyectos de emprendimiento.

  • Apuestas de alto riesgo: se anula la experimentación descentralizada e incremental (prueba y error) propia del mercado cuando se concentran recursos de I+D+i en una vía de investigación única y concreta. El riesgo es muy elevado. Si esta línea de trabajo no es la correcta, la sociedad no sólo ha destinado recursos a algo vacío (ineficiente), sino que queda desprovista de soluciones competitivamente más idóneas, por lo que sufre un importante menoscabo.
  • Incentivos perversos en los agentes: inevitablemente, surgen buscadores de rentas estatales. Es el caso de los nuevos cuerpos de burócratas que buscan proteger su statu quo a toda costa, tratando de desprestigiar o boicotear a quienes, desde fuera del sistema, se lanzan a competir con ellos en la provisión de ideas e investigaciones novedosas. O espurios empresarios que, en lugar de dedicarse a ofrecer cada vez más y mejores bienes y servicios a la sociedad por mor de la innovación a la que les empuja el entorno competitivo, invierten sus fuerzas en hacer lobbying para aprovecharse de las regulaciones y las subvenciones públicas en un marco que les asegure la ausencia de competencia y una posición de monopolio. Con todo ello se pone freno a la innovación disruptiva, que no busca otra cosa que romper con viejos moldes productivos (energía, medios de transporte, medicina personalizada, nuevos materiales, autonomía personal y de trabajo, etc.). Al contrario, se favorece a unos pocos privilegiados mientras se limitan las oportunidades de emprendimiento a los innovadores y se cercenan al público los resultados que estas disrupciones habrían podido arrojar para su creciente bienestar.

En un contexto en el que España debe redefinir cuál será su modelo productivo para las próximas décadas y en el que muchos apuestan por que el Estado dirija esa transformación a través de la inversión y regulación pública de la I+D+i, desde el Instituto Juan de Mariana pretendemos mostrar los profusos errores de la tesis de Mariana Mazzucato para evitar que desoriente a nuestros políticos, periodistas e intelectuales.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El dólar se esconde como la moneda de facto de Venezuela y Argentina:

Por Belén Marty: Publicado el 9/10/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/10/09/el-dolar-se-esconde-como-la-moneda-de-facto-de-venezuela-y-argentina/

 

El uso del dólar estadounidense en Argentina y Venezuela parece extenderse en la medida en la que las monedas de ambos países se deprecian a pasos agigantados, y lucen cada vez más como una fachada para el cambio de los verdes. Sobre todo, los habitantes de estos países confían en una moneda más estable para cuidar su dinero, a pesar de que sus Gobiernos señalen como ilegal el valor y cambio libre del dólar.

En Caracas, Venezuela, Andrés* vendió en junio de este año una moto pequeña. Un vehículo escogido por muchos para poder sortear el intenso tráfico caraqueño, que además es posible adquirir a precios asequibles frente a los automóviles —que sufren de escasez.

Andrés compró dicha moto en bolívares, en una agencia, a finales de 2013 y a un precio equivalente a US$500. Pero al momento de la venta consiguió por ella $ 1.400 transferidos a su cuenta del exterior. El negocio fue un éxito. La diferencia de precio se debe a que en Venezuela los medios de transporte tienen precios de venta controlados por el Gobierno, correspondientes con el precio del dólar oficial, pero no del dólar que circula libremente.

Ante la ilegalidad, Andrés considera que no hizo ningún tipo de trampa, porque el precio de la misma moto nueva en otros países de la región era de $1.800. “La vendí al precio del mercado, inclusive con su depreciación, solo que la transacción se hizo en moneda libre, es decir en dólar negro”, explica.

Por el cepo cambiario ya casi no se consiguen carros en Venezuela. (Twitter)

Pero el documento de la notaría donde se registró la venta decía que la transacción se efectuó en bolívares por un monto equivalentes a $280. Andrés acordó con el comprador introducir un cheque con el precio que la notaría aprobaría, es decir, el valor que el Gobierno de Venezuela le da a los automóviles usados —cuestión que también se encuentra calculada y regulada—, sin embargo, dicho cheque nunca fue utilizado, y el comprador simplemente realizó una transferencia internacional a una cuenta de Andrés en el extranjero por el precio que ambos consideraron válido.

Los consumidores venezolanos realizan este tipo de transacciones al cambio de monedas estables porque los productos con precios regulados por el Estado, dentro de Venezuela, simplemente son difíciles de conseguir. Para adquirir un automóvil nuevo en una agencia se pueden esperar hasta dos años, sin tener ninguna garantía de que el vehículo llegará. En muchos casos, los funcionarios de las agencias piden cuantiosas sumas de dinero que casi duplican el precio regulado del automóvil, para vender la prioridad.

Carolina vivió una historia similar a la de Andrés. Vendió su auto, del año 2007, en $8.500 sin recibir un solo bolívar. La compradora le dio $1.500 en efectivo y mediante una transferencia internacional entregó el monto restante. A la notaría le dijeron que la venta se hizo por un monto en bolívares cercano al equivalente de $3.500. Al igual que Andrés, ese era el monto que el Gobierno imponía sobre su auto usado. “La compradora estaba encantada con mi carro. Inclusive accedió a realizar todo el pago en dólares. Además, yo necesitaba los dólares porque me iba de Venezuela, y quería íntegro el dinero, porque en bolívares se me puede esfumar de un día a otro”, relata.

Luis, un revendedor de motocicletas, asegura que es prácticamente normal que las transacciones de compraventa se cancelen en dólares. Explica que por el poco valor del bolívar su sueldo como profesional no le alcanza para mucho, a pesar de tener más de cinco años en el ejercicio. Por eso, opta por revender objetos escasos, como las motos, autopartes, o aceite de motor, entre otros. “Siempre buscando un ingreso extra, porque de mi sueldo no podría vivir”, dice a PanAm Post.

Los sueldos de recién graduados universitarios, que en la década de 1980 se acercaban a los $1.000, ahora son cercanos a los $80 por mes (al cambio libre). Por ello, en Venezuela, muchas personas como Luis mantienen un trabajo formal, pero también participan de la economía informal para anticiparse a la inflación y a la devaluación de la moneda.

La escasez juega aquí un rol fundamental, puesto que vender objetos escasos es sumamente rentable. En los barrios pobres, la reventa de productos de primera necesidad, casi desaparecidos de los anaqueles, se ha convertido en regla. Los vendedores pueden obtener hasta seis veces del precio original de un consumible como la harina de maíz blanco.

Claves para entender la huida del bolívar

Ramón Rey, economista e investigador del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE, una asociación civil comprometida con la defensa de los derechos de propiedad en Venezuela, le señaló a PanAm Post que el sector privado del país ha cesado de producir en actividades manufactureras de forma parcial o total a causa de una centralización de la economía y el ajustado control cambiario.

“Tal cambio de paradigma se debe principalmente al establecimiento del control cambiario supervisado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en el año 2003, organismo que introduce una burocracia cada vez más rígida para obtener dólares necesarios para la importación de materia prima, maquinaria e insumos necesarios para la producción de bienes [Actualmente la asignación de divisas se hace a través de los organismos CENCOEX (antiguo CADIVI), SICAD I y SICAD II]”.

Además, explicó que la desconfianza que tienen los venezolanos sobre el bolívar se debe a los elevados niveles de inflación que se registran en el país —61,19% es la inflación anualizada hasta agosto—, la inseguridad jurídica y los controles de precios que desincentivan la inversión en emprendimientos que requieren mucho capital.

“Efectivamente no circula la moneda estadounidense en el mercado interno, pero la dependencia a insumos y bienes extranjeros para producir o comercializar termina por hacer considerar todo gasto, costo o ingreso en términos de la divisa norteamericana”, precisó el analista.

El caso argentino: Think in dollars

Carlos, residente de la ciudad de Buenos Aires y empleado de una inmobiliaria, explica aPanAm Post que cuando se habla de comprar o de vender inmuebles se hace “en precio dólar”. “A la hora de comprar o de vender una casa o un departamento los interesados se reúnen por lo general en un banco, en una escribanía o en una cueva (casa cambiaria ilegal). Es normal que el vendedor se lleve el dinero dentro de un camión blindado, o que lo deposite en una caja de seguridad”, informó Carlos.

Las restricciones sobre la moneda extranjera implican, además, mayores riesgos al obligar a la gente trasladarse con billetes físicos, pese a ello la gente prefiere asumir el riesgo de ser asaltada que asumir la pérdida de valor de la moneda de curso forzoso en Argentina.

La cotización del dólar y del euro se publican diariamente en la mayoria de los medios. (Foto de Pantalla del Cronista)

De esta manera, si el contrato se pactara en pesos argentinos sucedería que mientras el comprador verifica que no haya un embargo sobre el inmueble, ni deuda por impuestos —un proceso que puede llevar hasta un mes—, ya no le alcanzaría la suma original para realizar la transacción, dado que el peso se habrá depreciado con respecto al dólar durante ese tiempo de negociación.

Guillermo Covernton, profesor de la Universidad Católica Argentina de la ciudad de Rosario, explicó que los argentinos se manejan en otra divisa porque, al igual que el bolívar, el peso fluctúa su valor en poco tiempo.

Las empresas también se ven afectadas por la depreciación del peso. Los planes empresariales —señala el académico— llevan tiempo desde la etapa de producción hasta la venta, y el costo de la pérdida de valor del peso los asume el productor. “Te obligan a comprar o vender como un delincuente, para recibir dólares a cambio de un bien”, indica Covernton sobre los inquisidores controles a las transacciones que no sean en moneda local.

Por supuesto, todo depende del tipo de actividad. Aquellos que se dedican a los rubros de importación tienen tres alternativas para escapar al peso argentino: La primera es dejar de importar; la segunda es postularse para un cupo del Banco Central para comprar dólares oficiales a AR$8,50; la tercera opción consiste hacer una operación a través del mercado de valores para conseguir dólares.

Dadas las trabas y demoras del Banco Central para vender divisas, la mayoría de los importadores terminan comprando lo que en la jerga argentina se denomina el “dólar contado con liqui”. Para adquirir esos dólares, el importador compra bonos argentinos que coticen en el exterior (o acciones), luego los transfiere a su cuenta broker del exterior y desde allí vende esos bonos por dólares que termina transfiriendo a su cuenta bancaria del exterior. De esta manera puede llevar a cabo la transferencia para que su proveedor libere la mercadería.

Al 9 de octubre el “dólar liqui” cotizaba en Argentina a AR$13,85, lo que significa que es más barato que el dólar blue o ilegal que se cotizaba ese día en AR$14,65. La cotización del “liqui” se se calcula mediante el costo en el que incurre el empresario al comprar el bono en Argentina y el monto por el cual lo vende en el exterior.

Para Covernton la única salida para que los argentinos empiecen a aceptar pesos en las transacciones es la estabilidad monetaria, porque de lo contrario, las empresas dejan de producir y terminan perdiendo todos en el largo plazo.

*Los nombres propios señalados en los testimonios de esta historia son seudónimos.

Con la contribución de Elisa Vásquez

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.