Estado y “políticas públicas”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 13/10/13 en http://www.accionhumana.com/

La suposición de que el mercado opera dentro de un marco de anarquía es lo que ha dado origen al intervencionismo y -dentro de este- a una subespecie del mismo que recibe el respetable título de “políticas públicas”. Sin embargo, como bien señala el Dr. Krause:

“Los mercados no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento, suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos e información asimétrica.”[1]

Para “superar” estas supuestas “deficiencias” es que se proponen las “política públicas”.

“Pero la solución a los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas para implementar una política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil lograr que se aplique en forma eficiente.”[2]

La mera proposición de políticas públicas no es -en rigor- suficiente y, como veremos más tarde, ni siquiera es necesaria:

“Además, el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado.”[3]

Este es un escollo importante, ya que en los hechos, observamos a diversos grupos de presión y de interés reclamar una política pública “a su medida y satisfacción”, generándose una suerte de “competencia salvaje” entre ellos, por ver qué sector social logra cazar las mejores y mayores políticas públicas. La competencia social se transforma -en este supuesto- en una lucha despiadada por la captura de mayores y mejores privilegios. Como se observa en este caso, son las ofertas de políticas públicas la que generan un ambiente social caótico.

Es importante no confundir políticas públicas con normas y -en suma- con el concepto de calidad institucional:

“la calidad institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera, como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y la libertad contractual.”[4]

Estas normas permiten que los actores sociales (no necesariamente ni deseablemente políticos) sean quienes encaren las más idóneas políticas públicas.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica la razón por la cual se destinan más recursos a las políticas públicas que a la enseñanza:

“Es de gran importancia conectar este análisis con las llamadas “políticas públicas” por una parte, y por otra, con la investigación y la enseñanza. Si se analiza la cantidad de fondos que reciben instituciones que se dedican a políticas públicas o a propuestas coyunturales se observará que son cuantiosos en relación a los magros recursos que reciben instituciones dedicadas a la investigación y la enseñanza. Esto es así porque generalmente las políticas públicas y los comentarios coyunturales se entienden mejor puesto que están más al alcance de un mayor número de personas. Además, estos temas excitan a la gente que quiere acercarse al calor del poder político. Por otra parte la investigación y la enseñanza son más difíciles de abordar por el común de la gente y están alejadas de los vericuetos del poder.”[5]

Esto sucede porque, en la mayor parte de los casos, las llamadas “políticas públicas” en realidad no son otra cosa que políticas estatales, y de “públicas” bastante poco tienen, puesto que en definitiva terminan beneficiando a ciertos sectores sociales a costa de otros postergados. En última instancia, concluyen constituyendo un sistema de repartos de prebendas y de privilegios a unos a costa de los demás. Estos últimos, generalmente, son aquellos más alejados del amparo del calor del poder político.

Los partidarios de las políticas públicas suelen desdeñar la teoría a favor de la práctica. Pero:

“no hay políticas públicas o análisis de coyuntura que no se basen en la teoría. Esta podrá ser defectuosa o idónea pero no hay comentario práctico que no esté sustentado en un esqueleto teórico. Pretender buenas políticas públicas sin andamiaje teórico-conceptual es lo mismo que pretender que existan productos farmacéuticos sin investigación médica. El menosprecio por la investigación y la transmisión de teorías inexorablemente conduce a políticas públicas de peor calidad. Revalorizar el estudio teórico es uno de los cometidos más importantes de la sociedad moderna.”[6]

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las llamadas “políticas públicas”, confluyen en el asistencialismo. Murray N. Rothbard nos da cuenta del fracaso de las “políticas públicas” en EEUU, lo que desembocó la “explosión del asistencialismo”:

“Esta “explosión” fue creada, en parte de manera intencional, y en una mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que llevaban a cabo políticas públicas en relación con una “Guerra contra la Pobreza”. Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la “explosión del asistencialismo”. No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado.”[7]

Este proceso también fracasó en Latinoamérica, donde la “explosión del asistencialismo” dio paso al clientelismo político, que explotan los populismos de todo signo y color político hasta hoy.

 


[1] Martín Krause. “Índice de Calidad Institucional” 2012, pág. 8.

[2] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[3] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[4] Krause M. Op. Cit. Pag. 41

[5] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. Pag. 166.

[6] A. Benegas Lynch (h) ob. Cit. pag. 166-167

[7] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 171-173

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

Una solución de mercado para la Villa 31

Por Adrián Ravier. Publicado el 13/6/13 en http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2013/06/13/una-solucion-de-mercado-para-la-villa-31/

 El análisis económico nos permite comprender que cuando algo es de todos, en realidad no es de nadie. Y cuando ciertas tierras no son de nadie, aparece lo que la literatura denomina “la tragedia de la propiedad común”, en el sentido de que todos quieren aprovecharse del recurso y comienzan los conflictos.

Ronald Coase, premio Nobel de Economía, ha demostrado directa o indirectamente que la problemática medioambiental, o incluso el problema de ciertas especies en extinción, podría resolverse asignando derechos de propiedad. Una extensión de aquellas ideas también nos permite observar que asignar los derechos de propiedad es la solución de mercado que necesita la Villa 31.

La Villa 31 es un asentamiento que surge en 1932 y desde entonces no ha parado de crecer. Ciertas familias ocuparon los terrenos públicos y construyeron sus casas precarias. Al tiempo tuvieron hijos y cuando éstos se casaron, se les construyó un nuevo hogar en el piso de arriba.

Tal es así que en 2001 el censo mostraba más de 12.000 habitantes y ahora ese número se duplicó. Hay inseguridad y hay tierras que se ganaron a los tiros. La Policía Metropolitana no puede evitar que se ingresen materiales y se sigan construyendo nuevas casas, las que al no tener ningún tipo de regulación ni control (ni privado, ni público) significan un riesgo enorme. Un incendio, por ejemplo, podría crear una catástrofe.

El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional no hacen nada al respecto. Como sus antecesores, sólo son observadores de una realidad que los supera. La Villa 31 ha tenido censos y hay buena información respecto de las familias que viven en cada hogar. En los últimos meses incluso se comenzaron a comercializar estas propiedades, sin escritura, pero con boletos de compraventa.

La pregunta que queda es: ¿cómo solucionaría el mercado este problema? Y la respuesta es simple, cuando uno conoce la obra de Ronald Coase. Lo que la Villa 31 necesita es que se asignen los derechos de propiedadLa tierra ya no es pública, es de quienes allí viven. Lo que se necesita es que se les reconozca la propiedad, que el Gobierno nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, el que tenga la competencia, les otorgue la escritura, y a partir de ahí surgirán incentivos para mejorar las construcciones edilicias, construir cloacas, agua corriente, servicios públicos, seguridad privada, asfalto de calles, pago de impuestos y todo lo que en las afueras de la Villa 31 resulta normal.

Las ventajas son muy claras, pero ¿cuáles son los riesgos? Quizás se incentive a inmigrantes y a personas sin techo que habitan en la ciudad a tomar otros asentamientos y esperar una solución similar. Pero esto no ocurrirá en tierras privadas, sino en otras tierras públicas.

Mi impresión es que cuanto antes se asignen los derechos de propiedad de las tierras públicas, los problemas asociados a esas tierras se resolverán. El Estado no necesita administrar tierras públicas y la experiencia muestra que cuando lo hace, lo hace mal.

El problema de las viviendas es un problema mundial. Argentina tiene tierras públicas a montones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Cuánto se ganaría si a las personas que hoy carecen de propiedad se les asignara un terreno donde construir su hogar.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.