La revancha autocrática

Por Constanza Mazzina. Publicado el 7/6/21 en: https://www.demoamlat.com/la-revancha-autocratica/

La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republicanismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de amigo-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró ​​por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

Los Vicepresidentes importan y mucho en contextos de crisis

Por Javier A. Cubillas: Publicado el 22/4/19 en: https://medium.com/@javiercubillas/los-vicepresidentes-importan-y-mucho-en-contextos-de-crisis-25e596a9f89a?fbclid=IwAR0v-T7wFi4ZOk5nDusAZsk0GPYOampQTsqZTBqvue_Nz__URonYxxiTeYk

 

Uno de los más famosos vicepresidentes norteamericanos, John Adams, expresó con meridiana claridad: “No soy nada, pero puedo llegar a ser todo”. Frase que resume la potencialidad del tapado que tiene nuestro sistema hiperpresidencialista en países como Argentina con alta inestabilidad política.

Ergo, para puntualizar y para pensar en positivo, primero hay que decir que los vicepresidentes importan cuando reaseguran proyectos de coalición, alianza o semejantes. Pueden ser quienes les aporten gran parte del chasis y motor al conductor –Hoy Macri- como es en buena medida la actual conformación de Cambiemos.

En este sentido, sostengo hace bastante tiempo que hay que leer el fenómeno electoral en clave de coaliciones personales más que de frentes, partidos o sistemas. El binomio presidencial depende mucho más de sus psicologías e impulsos que de otros condimentos para su sostenimiento, por ende, la comunicación interpersonal y la pública es clave en el mantenimiento de la confianza para la gestión del gobierno nacional.

Entonces, la pregunta clave para analizar las futuras fórmulas presidenciales que lleguen a la competencia electoral es: ¿qué reaseguran?, ¿qué valores ofertan y comunican? Será una oferta de más república, o más redistribución, o volver al pasado, o reformas profundas hasta aquí no realizadas. Hay que evaluarlos.

Pero en la tesis que aquí seguimos también nos toca ver el Lado B del binomio. En este sentido y como segundo punto hay que decir que en un contexto 2020-2024 azotado por los déficits financieros, pero de darse un potencial delicado equilibrio capaz de comenzar a liberar al sector productivo para que vuelva a ocupar su capacidad instalada y ampliar sus volúmenes de exportaciones la tentación del vicepresidente de ser sucesor puede ser irrefrenable.

Aquí, la formula binómica se vuelve intrínsecamente competitiva y eso es un problema en sí mismo. Que el vicepresidente, por derecho propio, entienda que al ser parte de un gobierno de tormenta exitoso debe ser naturalmente también el próximo candidato presidencial resulta para el presidente tener que dormir con el enemigo y además despertarse para gestionar cara a cara todos los días.

Como tercer punto, si se diera un escenario de crisis en el que el vicepresidente asuma funciones, hay que recordar lo que bien nos ha explicado en sus excelentes trabajos académicos el recientemente fallecido Dr. Mario Serrafero: “la Vicepresidencia es una institución o un dispositivo de crisis. b) La Vicepresidencia no garantiza una sucesión legal – automática. c) Hace falta construir una legitimidad de reemplazo en cabeza del Vicepresidente que asume para que puede superarse la crisis institucional. Y en la construcción de la legitimidad de reemplazo intervienen factores políticos de distintos tipos vinculados al origen institucional de la crisis, la situación político – social previa, el momento del mandato en que se produce la crisis, el estado de legitimidad del Presidente y del Vice, el grado de identificación con el Presidente, la experiencia y el estilo político del Vicepresidente” (Revista de Sociología e Política, 25 de febrero de 2017). En la elección previa del vicepresidente para la formula ya se comienzan a jugar todos estos factores.

Por si quedaba alguna duda, Serrafero agregaba oportunamente ya en el año 2003, en la salida de la mayor crisis institucional contemporánea: “Su función principal no es la presidencia del Senado (más allá de su innegable importancia), sino la de ser figura de reserva para el principal puesto del sistema político: la presidencia.” (La Nación, 25 de abril de 2003)

Finalmente, toda esta profunda reflexión sobre las dinámicas entre los gestores de poder que habilitan las reglas de juego actuales se pone en evidencia en las psicologías de los actores que pacten la coalición. De ser nadie a ser todo hay un salto de magnitudes que puede ser pergeñado con habilidad maquiavélica o puede ser un accidente de la historia. En ambos casos pidamos al menos que el binomio se encuentre a la altura de las circunstancias para los tiempos que corren y los próximos que se avecinan.

Nos queda por dar un sólo dato esperanzador en términos de proceso electoral y de análisis de candidatos. Tendremos la oportunidad de volver a evaluar a los candidatos a presidentes gracias a la Ley 27.337 que obliga la realización de dos debates: uno en Capital Federal y otro en una provincia del interior elegida por la Cámara Nacional Electoral. No perdamos la oportunidad de exigir y demandar también el poder conocer cómo piensan los futuros Vice- presidentes de la Nación.

 

Javier Cubillas es Licenciado en Ciencias Sociales con orientación en Periodismo en ESEADE. Fue coordinador del programa de Jóvenes Investigadores de Fundación Atlas 1853. Es Analista de Asuntos Públicos en Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

Oficialismo uruguayo planta la semilla de la reforma constitucional

Por Belén Marty: Publicado el 26/11/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/11/26/oficialismo-uruguayo-planta-la-semilla-de-la-reforma-constitucional/

A cuatro días de la segunda vuelta electoral en la que se decidirá el próximo presidente uruguayo, el partido del candidato favorito Tabaré Vázquez ya está instalando en la agenda de 2015 una reforma de la Constitución.

Entre las propuestas de la coalición oficialista Frente Amplio (FA) se encuentran eliminar la figura del balotaje, modificar el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, la descentralización de los municipios y medidas medioambientales.

Felipe Mochelini, senador por el FA y coordinador de la comisión parlamentaria para tratar estos temas dentro de la agrupación progresista, indicó a El País que planean entregar en julio de 2015 una propuesta sobre las reformas de la Constitución, vigente desde 1967.

“Terminado el ciclo electoral, la comisión que estudia el tema debe hacer un informe, más profundo que el inicial, donde señalaba una serie de temas a los efectos de acordar una propuesta dentro del Frente”, indicó el legislador.

Por su parte, Daoiz Uriarte, integrante de la misma comisión argumentó que la reforma es necesaria en muchos aspectos.

“Nos comprometimos a retomar el trabajo tras las elecciones. La Constitución vigente es del año 67 y fue redactada en circunstancias de crisis social, política y económica del país. Hoy estamos en una situación similar a la que existía cuando se redactó la Constitución de 1918″, comentó.

Claves de la reforma constitucional

José Mujica, presidente de Uruguay criticó la actual Constitución y dijo: “Yo tengo hondas preocupaciones por reformar la Constitución, pero no me preocupan los temas electorales, me preocupa que parece una Constitución hecha por estancieros”.

Además manifestó su intención de reformar la Constitución para crear más impuestos. El mandatario recordó que su propuesta para cobrar tributos a las grandes extensiones de tierra fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2013.

La iniciativa que más ha tomado repercusión es aquella propuesta por el candidato presidencial Vázquez, quien se prepara para enfrentar al candidato opositor Lacalle Pou en segunda vuelta este domingo. Esta ofrece eliminar el balotaje si el candidato supera los 10 puntos porcentuales al segundo mejor colocado.

“Si se tiene menos del 50% pero un candidato saca 10 puntos más que el que está segundo, ¿para qué se va a ir a un balotaje?”, cuestionó.

El 29 de mayo, el candidato progresista había manifestado su deseo de incluir en el texto de la Constitución un artículo que trate el tema de la descentralización de los municipios uruguayos.

En apoyo, la senadora del FA y esposa del actual presidente, Lucía Topolansky, dijo que es necesario reformar la Constitución para tratar temas relacionados al medio ambiente, ya que la actual tiene un solo artículo (el 47.°) que toca estas cuestiones.

Pasos a seguir

Para poder plantear una reformar constitucional, Uruguay debe crear una Asamblea Nacional Constituyente —como la que se plantea en Venezuela— que será la encargada de redactar las reformas que luego serán sometidas a plebiscito.

Otra de las propuestas de reforma de la Carta Magna es armar un mecanismo que permita llamar a elecciones anticipadas e incluir en esos comicios la revocatoria del presidente de la Nación. “Hoy no tenemos ningún mecanismo que haga caer al presidente”, dijo Uriarte.

Se buscará también modificar la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia y que los tratados internacionales de derechos humanos que firme Uruguay tengan rango constitucional.

Por último, intentarán incluir el voto desde el exterior y que se les permita a los procesados con prisión tener derechos políticos durante el tiempo de su condena.

“Es un disparate”

Luis Alberto Heber, opositor y miembro del Partido Nacional, criticó los dichos del presidente y dijo que Mujica “no es muy afecto a la Constitución, la violó varias veces” en relación a la época en la que era guerrillero tupamaro y enfrentó gobierno democráticamente elegidos.

Además, el senador Ope Pasquet del tradicional partido Colorado señaló que es “un disparate” asegurar que la Constitución esta elaborada por estancieros y que “cuando algo no les sale cómo quieren [al oficialismo] le echan la culpa a las limitaciones constitucionales”.

Advierten sobre peligros

El investigador y profesor de Análisis Institucional del instituto argentino ESEADE, Mario Serrafero, señaló que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la ratificación por plebiscito es un procedimiento adecuado para este tipo de reformas.

Sobre la Constitución actual indicó que “siempre es bueno querer mejorar un texto constitucional, pero hasta ahora no fue un impedimento para el desarrollo de la democracia uruguaya”.

El académico agregó que es positivo que el número de los integrantes de la Corte esté fijado en la Constitución “para que no se cambie de acuerdo a las mayorías circunstanciales”.

En relación con la propuesta de que el llamado a elecciones anticipadas incluya la elección de un nuevo presidente, añadió que esta “es una propuesta novedosa para la política latinoamericana que acercaría a Uruguay a un modelo parlamentario. Sería una manera de ‘hacer caer al presidente’. Pero habría que ver si, más allá de la norma, funcionaría en la práctica”.

Finalmente, advirtió sobre los peligros de que ingresen temas como la reelección presidencial durante el debate que ofrecerá la reforma. “En algún sentido, siempre que se reforma una Constitución existe el riesgo de abrir una Caja de Pandora”, concluyó.

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

Ecuador debatirá en el Congreso la reelección indefinida.

Por Belén Marty: Publicado el 3/11/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/11/03/ecuador-debatira-en-el-congreso-la-reeleccion-indefinida/

 

La Corte Constitucional dictaminó que la enmienda no será votada en consulta popular, sino en la Asamblea Nacional, donde el partido de Gobierno tiene mayoría.

El Gobierno de Ecuador está un paso más cerca de lograr la reelección indefinida y consecutiva de cargos elegidos por voto popular, después de que el viernes 31 de octubre la Corte Constitucional dictaminara por unanimidad que esta decisión sea tomada en el Congreso, de mayoría oficialista.

La decisión se torna en un revés para la oposición, que pedía que la enmienda fuera decidida por una consulta popular. De sancionarse la enmienda en el Congreso ecuatoriano, el presidente desde 2007 Rafael Correa podría eventualmente gobernar más allá de 2017, cuando finaliza su actual período presidencial.

La reelección indefinida es una de las 17 reformas enviadas por asambleístas a la Corte Constitucional. Entre ellas se encuentran además la conversión de la comunicación social en un servicio público, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía en la seguridad interna, y una modificación a la edad para ser candidato presidencial.

“La Corte Constitucional acaba de dictaminar que las enmiendas pueden ser tratadas por la Asamblea Legislativa, enmiendas [que] las pueden aprobar dos terceras partes [del Congreso]“, expresó Correa en su programa Enlace Ciudadano, emitido todos los sábados por radio y televisión.

La corte informó su resolución tras dos días de debates y análisis jurídicos en la ciudad costera de Guayaquil. El único artículo de los 17 revisados que no fue aprobado para que se tratase en el plenario parlamentario fue el de la “acción de protección”. Este derecho que busca permitir el freno de una acción de la Justicia cuando esta afecte otros derechos deberá tratarse en una Asamblea Constituyente solamente.

“Entregamos al país esta decisión dentro de los plazos y términos, absolutamente convencidos de que nuestra decisión ha sido objeto del análisis, razonamiento y fundamentación que estimamos los más pertinentes y que son correspondientes a la normatividad vigente, a los estudios y análisis de convencionalidad, y que en definitiva busca garantizar y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del país”, precisó la Corte en un boletín de prensa.

Con respecto a la posibilidad de que Correa se presente en los comicios presidenciales de 2017, ha expresado que solo lo hará en el caso de que peligre la continuidad de la “revolución ciudadana”, su modelo de país. Para el actual mandatario, el poder de decisión lo tendrán los votantes.

“Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir entre el pasado neoliberal de hambre y miseria, y el futuro de bienestar, desarrollo e inclusión instaurado por la revolución ciudadana. Entre el pasado y el futuro”, expresó en un comunicado Doris Soliz Carrión, secretaria ejecutiva nacional del partido Alianza País.

La oposición pide consulta popular

Días antes de la resolución de la Corte Constitucional, políticos opositores a Alianza País buscaban realizar acciones como la recogida de firmas entre la población para pedir que esta enmienda a la Constitución pase por un plebiscito nacional.

La oposición está sostenida por Guillermo Lasso, banquero, excandidato a la presidencia y miembro de Creando Oportunidades (CREO), un movimiento de tendencia liberal y segunda fuerza política en el país. Lasso manifestó que estará reclamando los formularios al Consejo Nacional Electoral para empezar con la campaña de recolección de firmas.

“La Corte Constitucional se convirtió una vez más en el brazo jurídico y político del régimen. Con esta decisión, consolida la posición del régimen para que la reelección indefinida se haga dentro de las cuatro paredes [del Congreso]”, indicó el legislador Luis Fernando Torres (CREO).

La influencia de Venezuela en la región

Actualmente, la Constitución ecuatoriana permite —desde la aprobación por referéndum en 2008— una reelección presidencial inmediata por un solo período. En caso de aprobarse la enmienda, Ecuador se sumaría a Venezuela y Bolivia en la lista de países que permiten la reelección ilimitada de sus funcionarios.

Venezuela cuenta con la posibilidad de reelección continua de cualquier cargo elegido por votación desde aquel recordado referéndum constitucional promovido por el expresidente Hugo Chávez en 2009 y aprobado por el 54% de los votos.

En Bolivia, las enmiendas realizadas a la carta magna en 2009 por la Convención Constituyente permitieron la reelección indefinida.

El doctor Mario Serrafero, profesor de Análisis Institucional en el instituto universitario ESEADE, destacó en un ensayo sobre el tema que la influencia de Hugo Chávez fue significativa en las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Evo Morales en Bolivia (2005) y a Rafael Correa (2006) en Ecuador.

“El período de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, cita el artículo 168 de la reformada Constitución de Bolivia que permitió la reelección de Evo Morales en 2009 y recientemente en octubre de 2014.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.