marcos institucionales civilizados

En defensa de los robots

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/2/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2023/01/28/en-defensa-de-los-robots/

Cuando se introduce un adelanto tecnológico que produce mayor cantidad y mejor calidad, se libera trabajo para dedicarse a otras cosas

No puede concebirse la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo (foto: XLSemanal)

En demasiadas circunstancias se vienen reiterado alarmas debido al notable avance tecnológico referido a los robots que se dice que, como cada vez abarcan más áreas, se acentuará el desempleo. Resulta sumamente curioso este razonamiento pues, si fuera cierto, no habría problema puesto que dado que todas las necesidades estarían cubiertas y no habría necesidad de trabajar. Es decir, se supone el paraíso ya que al no requerir trabajo las condiciones de vida se tornan idílicas.

Pero lamentablemente las cosas no son así, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos y el recurso por excelencia es precisamente el trabajo. No solo por tratarse de humanos sino porque no puede concebirse la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo.

Es menester aclarar que en un mercado libre en materia laboral nunca bajo ningún concepto y circunstancia sobra aquel factor clave que, como queda dicho, es siempre escaso en relación a las permanentes y estiradas necesidades a medida que se progresa. No importa el grado de miseria o de riqueza, nunca sobre ese factor esencial. Incluso en el caso de náufragos que llegan a una isla desierta no dirán que como no hay “fuentes de trabajo” pueden descansar. Al contrario, no le alcanzarán las horas del día y de la noche para sobrevivir. Las remuneraciones en ese caso consistirán en los intercambios: cocos recogidos por animal apresado y así sucesivamente. En la medida en que se ahorre de lo habitualmente consumido se podrá destinar tiempo para fabricar un equipo de capital lo cual permitirá elevar el nivel de vida. Por ejemplo invertir tiempo en fabricar una red de pescar lo cual habilitará recoger mayor cantidad de peces en lugar de hacerlo a los cascotazos. Esa mayor cantidad de peces por unidad de tiempo se traduce en un mejor nivel de vida y así con el resto de las cosas.

Sin duda que si la situación es miserable, serán miserables también los ingresos de cada cual en el caso de la isla retribuciones en especies en el contexto del trueque. En cambio, en lugares de altas tasas de capitalización, es decir, instalaciones, equipos, herramientas, maquinaria y conocimiento relevante, en esa media se incrementa el nivel de vida. La diferencia entre un país rico y uno pobre estriba en las tasas de capitalización y, a su vez, el ritmo de esas tasas depende de marcos institucionales civilizados, o sea respeto a los derechos individuales: la vida, la libertad y la propiedad de cada cual.

Los salarios e ingresos en términos reales no son nunca consecuencia de voluntarismos ni de decretos, son como queda dicho el resultado del volumen de inversión. Los recursos naturales, los climas y las etnias no definen el asunto, solo se trata del monto invertido. Cuando en un país rico se retribuye con seguros de salud, con automotor, con pagos a colegios, con jubilaciones, son vacaciones y con música funcional en las oficinas no es por bondad de los empleadores, por el contrario están obligados a retribuir de ese modo, de lo contrario no encuentran colaboración.

Si los aparatos estatales o grupos apoyados por los gobiernos imponen salarios superiores a los de mercado, es decir, superiores a lo que permiten las aludidas tasas de capitalización, el efecto inexorable es el desempleo involuntario. A saber, ocurre que gente se ofrece para trabajar, pero no hay demanda a ese salario artificial. Por otra parte, el desempleo voluntario no constituye un problema pues se trata de personas que no quieren trabajar dadas las circunstancias imperantes o porque viven de rentas o porque estiman que lo que se ofrece no es suficiente. La tragedia, el drama, el problema grave irrumpe cuando las mal llamadas “conquistas sociales” se imponen pues en esa situación se barren personas del mercado o, de lo contrario, se trabaja en el mercado informal al efecto de salvarse del desempleo.

En este contexto es pertinente subrayar que los sindicatos son de gran utilidad en una sociedad libre siempre que se trate de asociaciones voluntarias que, por ejemplo, informan cuanto se abona en las distintas faenas, se ofrece obras sociales y equivalentes siempre que sean competitivas y abiertas. Los aportes obligatorios, las afiliaciones compulsivas, las representaciones coercitivas y las acciones intimidatorias y violentas son incompatibles con la libertad y el respeto recíproco. Esto desde luego incluye la imperiosa necesidad de abrogar las denominadas retenciones que habitualmente llevan a cabo los empleadores forzados por legislaciones inmorales.

Ahora bien, cuando se introduce un adelanto tecnológico que produce mayor cantidad y mejor calidad, se libera trabajo para dedicarse a otras cosas ya que como apuntamos las necesidades son infinitas y cambiantes, de lo contrario otra vez debemos aludir a Jauja o al paraíso donde no habría necesidad de incurrir en el costo de trabajar puesto que todos estarían satisfechos. Entonces esa liberación se emplea en otros sectores y los empresarios y comerciantes siempre deseosos de incrementar ganancias fruto de arbitrajes son los principales interesados en capacitar al efecto de sacar partida de la situación. Es el caso del hombre de la barra de hielo antes que apareciera la heladera o los fogoneros de las locomotoras antes del los motores Diesel, el cartero antes de los mails, los mecanógrafos antes de las computadoras o los cableados antes del celular inalámbrico.

Por eso es que las referencias a los acuerdos entre el capital y el trabajo son impropias: se trata de formas distintas de trabajo, el capital está formado por aparatos que no negocian. De allí que sea una sandez mayúscula aludir a “la clase trabajadora” como si hubiera una clase que trabaja y otra que la explota. Cuando un pintor de brocha gorda se muda de La Paz Bolivia a Huston en Estados Unidos se observa que el candidato en cuestión eleva exponencialmente su salario. No es porque el estadounidense sea más generoso que el boliviano, es porque en el primer caso está obligado a pagar más para lograr el trabajo.

A veces se ha dicho que no es justo permitir que contrate un millonario con una persona que no le alcanza el sustento para llegar a fin de mes, a fin de semana o a fin del día puesto que se continúa diciendo hay una “evidente desigualdad en el poder de contratación”. Pues no hay tal cosa, el asunto está a todos luces mal analizado. Es irrelevante cuanto tenga cada uno en cuenta corriente, el nivel del salario va por otro andarivel. Como hemos visto, depende exclusivamente de las tasas de capitalización. Ilustremos esto con el ejemplo de una billonario que en cierto pueblo pregunta cuanto cuesta pintar su mansión. Supongamos que le dicen mil, entonces ese rico concluye que como su cuenta corriente está rebosante y su patrimonio es colosal pagará quinientos, el resultado indefectible es que no pintará su casa. Es del todo inatingente a cuanto asciende su riqueza, si en el mercado laboral la cifra es mil no hay salida, el que ofrece menos se queda sin el servicio y si se pretende pagar más esa persona tendrá sus días contados como comerciante y consumirá su patrimonio.

Entonces nada hay que preocuparse por la generalización de robots y similares, solo hay que celebrar puesto que el nivel de vida necesariamente se eleva a medida que se libera nuevo trabajo para llevar a cabo nuevas tareas que dan lugar a nuevos bienes y servicios. Para no decir las muy fascinantes tareas que han desempeñado robots durante el pico de la pandemia para distribuir medicamentos sin peligro de contagios.

El principio del robot es exactamente el mismo que el de la máquina en general, antiguamente también muchos distraídos y mal informados objetaron la aparición de maquinaria como enemigo del trabajo, en realidad el verdadero enemigo del trabajo reside en las ideas atrabiliarias de regulaciones y controles ejecutadas por politicastros ignorantes del sentido elemental de la economía. El decimonónico Frédéric Bastiat en el capítulo 20 de su célebre Sofismas económicos ya había ridiculizado la absurda sugerencia de destruir maquinarias y herramientas “para defender el trabajo” y establecía un correlato con las restricciones al comercio exterior que obligan a comprar más caro y de peor calidad “al efecto de proteger fuentes de trabajo” lo cual empobrece al forzar a desembolsar más por unidad de producto que necesariamente conduce a que hayan menos productos.

Y respecto a la maquinaria no hay necesidad de circunscribirla a sofisticadas para uso industrial, la idea, como decimos asimilable al robot, va del uso cotidiano desde la máquina de coser, la licuadora, la cortadora de pasto y el taladro. Si destruimos la maquinaria y consecuentemente el robot cae precipitadamente el nivel de vida y nos retrotraemos a la cueva y al taparrabos, ni siquiera al garrote pues se trata de una herramienta. Además de todo lo expuesto debe agregarse el trabajo que demanda la fabricación de robots, maquinaria y herramientas.

Por supuesto que con robots o sin robots si se pacta una remuneración y llegado el momento se paga otra menor esto es un fraude, un engaño, una trampa que debe ser castigada con todo el peso de la ley puesto que se trata de la lesión al derecho y nada tiene que ver con mercados abiertos y competitivos donde el que sirve a sus semejantes obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. En esta línea argumental también debe insistirse que los llamados empresarios prebendarios son la antítesis del comportamiento decente ya que esos sujetos explotan a sus semejantes vía privilegios atados a inaceptables alianzas con el poder político de turno.

Lo dicho no autoriza a recurrir a expresiones equivocadas como “inteligencia artificial” puesto que inteligencia inter-legum es decir leer adentro, captar esencias es propio de lo humano y del consiguiente libre albedrío y no de un aparato sujeto a programación y por ende determinado. Como hemos consignado antes, esto es similar a cuando se pondera alegremente la “memoria” de la “computadora”. Pues ni lo uno ni lo otro, cuando algunos de nuestros ancestros hacía un nudo en el pañuelo para recordar algo no alabábamos “la memoria del pañuelo”. Del mismo modo son los humanos los que en verdad computan, el aparato es fruto de impulsos eléctricos. Una cosa es mostrar las inmensas ventajas del progreso tecnológico y otra bien diferente es distorsionar significados y conceptos cruciales.

Por último, en el plano de la desocupación señalo que en los casos de severos defectos físicos las consiguientes tareas filantrópicas se llevan a cabo en la medida de la libertad que tenga lugar, por eso, para ilustrar el punto si se quieren localizar obras de caridad debe mirarse a países como Estados Unidos y no a la isla-cárcel cubana.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Los peligros de la figura de la extinción de dominio

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 22/1/ 19 en https://www.cronista.com/columnistas/Los-peligros-de-la-figura-de-extincion-de-dominio-20190121-0069.html

Hay una muy justificada preocupación por el alto grado de corrupción, especialmente en el contexto del gobierno anterior al actual, aunque los desmanes inauditos de los aparatos estatales vienen de largo. Con razón la gente de bien quiere que se recuperen los activos robados a la brevedad a los efectos de aliviar las arcas fiscales y poder así disminuir la carga tributaria descomunal que viene soportando la población.

Pero el asunto no es proceder en cualquier dirección. Es indispensable actuar con el cuidado necesario para ser congruentes con el debido proceso y el consiguiente resguardo a las autonomías individuales. Sobre todo es menester como una elemental gimnasia higiénica ponerse en los zapatos de la persona a quien se le confiscan sus bienes antes de una sentencia firme, lo cual, tengamos muy en cuenta, constituye un arma potente para los tiranuelos en potencia.

Hoy la figura del decomiso está presente en el Código Penal argentino como una privación transitoria de activos, aunque originalmente estuvo pensada para la incautación de mercaderías al momento consideradas ilícitas por lo que se especificaba la prohibición de venderlas y con al mandato expreso de destruirlas. En cualquier caso, la llamada extinción de dominio pretende que la propiedad puede extinguirse lo cual es un absurdo, puede eso si transferirse a otro u otros, voluntaria o coercitivamente. En el caso que nos ocupa quiere decir que por fuera del Poder Judicial resulta posible al aparato estatal intervenir en un proceso judicial y si el confiscado resultara inocente deberá iniciar una causa con lo que eventualmente será resarcido ex post facto.

Como queda dicho, en verdad la figura de la extinción de dominio es un subterfugio para ocultar la confiscación, enfáticamente excluida de las facultades del poder político por la Constitución Nacional.

Lo dicho no significa que no puedan adoptarse medidas precautorias, especialmente cuando hay riesgo de que se interfiera el proceso judicial para tergiversar sus resultados o cuando hay posibilidades de fuga del sospechoso, pero en última instancia debe prevalecer el principio de inocencia hasta que la sentencia definitiva demuestre lo contrario.

Desde luego que hay justificadas quejas respecto a las insólitas demoras en las tramitaciones judiciales y hay también elementos políticos que desafortunadamente interfieren, pero esto se resuelve con la debida aceleración a través de límites para pronunciarse tal como en algunos casos ocurre actualmente pero en ningún caso resulta aceptable que los otros poderes del aparato estatal se adelanten a lo que prescribe el Poder Judicial.

Los marcos institucionales civilizados son custodios indispensables para los derechos y, por tanto, para que puedan llevarse a cabo las transacciones libres y voluntarias entre las partes. No resulta posible el apresuramiento por más bien inspirado que sea ya que la contracara amenaza a todos, incluso a los mismos patrocinadores de la medida en cuestión.

AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Alberto Benegas Lynch (h).

Ya hemos consignado que el gobierno de Donald Trump ha comenzado su gestión insultando a periodistas y echando algunos de conferencias de prensa de la Casa Blanca como si fuera dueño del lugar. En vez de señalar sus desacuerdos ha optado por sostener que son deshonestos y otros improperios . Ahora el gobierno anuncia que se está estudiando la posibilidad de citar a periodistas que hagan públicas informaciones que los gobernantes consideran reservadas, lo cual contradice principios elementales de la libertad de prensa.

Dada la trascendencia del tema, nunca es suficiente insistir una y otra vez sobre la importancia de resguardar lo que consigna el cuarto poder al efecto de hacer posible el debate abierto de ideas para avanzar en el conocimiento y limitar los abusos del poder. Jefferson sostenía que “frente a la alternativa de contar con un gobierno sin libertad de prensa y libertad de prensa sin gobierno, me inclino por los segundo”.

Hay autores que se pronuncian sobre diversos temas de interés general pero sus manifestaciones se reducen a un ámbito más o menos parroquial, sin embargo hay otros que emiten declaraciones, pronuncian conferencias o publican ensayos y sus palabras recorren casi instantáneamente el planeta. Este es el caso, por ejemplo, de Umberto Eco.

Son muchos los aspectos de gran interés que ha abordado Eco a través de su vida, pero destaco una conferencia en el Senado romano ante los miembros de ese cuerpo legislativo y directores de los periódicos más importantes de Italia sobre la función crítica del periodista. Este filósofo de la lengua apuntó que “La función del cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes” y también que “es garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda cuestionarse a sí misma”.

A partir de esta premisa apuntada por Umberto Eco elaboraré en otras ocasiones sobre aspectos que estimo relevantes y que ahora vuelvo a resumir. Antes que nada es del caso subrayar que asistimos con alarma y gran preocupación al espectáculo lamentable en el que los dictadores electos y los de facto indefectiblemente la emprenden contra los medios y periodistas independientes, en verdad un pleonasmo ya que el “periodismo oficialista” deja de ser periodismo pero, dada la situación imperante, se hace necesario el adjetivo…a veces el antiperiodismo se autodenomina “periodismo militante”, una figura bochornosa pero que pone al descubierto la naturaleza vertical y militar del fenómeno.

La libertad de expresión es la manifestación de la libertad de pensamiento lo cual se torna indispensable para la vida del ser humano cuya característica sobresaliente es precisamente la de pensar y, consecuentemente, para el progreso puesto que éste se basa en un proceso evolutivo que demanda debates abiertos, todo lo cual solo tiene lugar en libertad. Esa es la razón por la que las Constituciones de las sociedades abiertas le atribuyen primordial importancia a la libertad de prensa y por la que los megalómanos tanto le temen a las voces que difieren con el discurso oficial.

Habiendo dicho esto, conviene precisar que hay reparticiones gubernamentales que muchas veces se dan por sentadas en regímenes democráticos pero que llevan la semilla de la destrucción del sistema, léase las agencias de noticias oficiales que sientan las bases para la manipulación de las pautas publicitarias, propaganda gubernamental y otras tropelías. En una sociedad abierta la publicidad oficial se terceriza sin necesidad de contar con una repartición estatal y les está vedado a los gobernantes participar en nada que esté relacionado con la prensa, tal como empresas de papel, el establecimiento de medios estatales, el mantenimiento de figuras inquisitoriales como la del “desacato” o la asignación de frecuencias radiales y televisivas puesto que el espectro electromagnético es susceptible de asignarse en propiedad y así liberarse de la fatídica figura de la concesión que siempre significan una peligrosa espada de Damocles.

Sin duda que la libertad de expresión para nada deshecha la posibilidad de que la Justicia proceda con las penas que estime necesario si se han vulnerado derechos, pero esto en ningún caso admite la censura previa. Solo los totalitarios y los brutos morales (que son sinónimos) pueden patrocinar la clausura de debates abiertos sobre todos los temas concebibles.

La función primordial del periodismo es la crítica al poder para así contribuir a mantener en brete a lo que siempre está en potencia de convertirse el un Leviatán que todo lo aplasta y engulle a su paso. Como nada al alcance de los mortales es perfecto, es deber del periodismo hurgar, escudriñar y poner al descubierto lo que se estima son desvíos de los gobiernos de su misión específica de garantizar y proteger los derechos de todos, así como también cualquier noticia referida a otros ámbitos que se estime pertinente comentar .

Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

También viene muy al caso mencionar el muy difundido caso de quien grita “¡fuego!” en un teatro colmado de gente cuando en verdad no hay tal incendio. Habitualmente se esgrime este ejemplo para concluir que hay límites a la libertad de expresión. Esto así está mal concebido si no se precisa el tema contractual vinculado a los derechos de propiedad que subyacen. En otros términos, el dueño del teatro y los espectadores se han comprometido, uno a ofrecer la función respectiva y los otros a presenciarlas lo cual no autoriza a ninguna de las dos partes a gritar nada ni a ninguna otra cosa como no sea el cumplir con lo contratado. En cambio, si en realidad hubiera un incendio cualquiera de las partes puede expresar la alarma que protege las vidas de los contratantes. No se trata entonces de una limitación al derecho la falsa alarma sino una obligación a ceñirse a lo estipulado.

De más está decir que la libertad de investigación periodística no puede lesionar derechos (nadie lo puede hacer en una sociedad civilizada) lo cual implica respetar el derecho a la intimidad. Este derecho consagrado en todas las Constituciones liberales, fue explicitado de modo detallado en 1890 por Samuel Warren y Louis Brandeis en un ensayo titulado “The Right to Privacy” (Harvard Law Review) y más adelante el célebre libro de Vance Pakard que bajo el título de La sociedad desnuda alude a todos los mecanismos y tecnologías gubernamentales y privadas que pueden utilizarse como invasivas (rayos láser, potentes máquinas fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas insolentes, formularios improcedentes y regulaciones invasivas por parte del Leviatán. Por razones de seguridad, la instalación de cámaras televisivas deben ser anunciadas por el instalador para dar la posibilidad de no transitar o visitar los lugares así vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la mayor parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de un delito al ser recabadas por medio de otro delito.

Tal como escribe Milán Kundera en La insoportable levedad del ser “la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”. El derecho a la privacidad significa el resguardo a lo más caro del individuo, como consigna Santos Cifuentes en El derecho a la vida privada, constituye una extensión del derecho de propiedad. En la sociedad abierta, el sentido básico de resguardar ese sagrado derecho está dirigido principalmente aunque no exclusivamente contra los gobiernos.

Las personas tienen el derecho a resguardar sus personas, sus papeles, sus archivos en sus computadoras, sus correos electrónicos, sus casas y en general sus efectos contra requisitorias y revisaciones y que ninguna orden de Juez puede librarse sin causa probable de delito sustentada en el debido juramento y con la expresa descripción del lugar específico, los objetos y las personas a ser requisadas.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel, interrumpen programas televisivos o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra el periodismo.

Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en imparables verborragias.

Dados los temas aquí brevemente expuestos —y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa— considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Resulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

En otra oportunidad nos hemos referido al significado del derecho y ahora parcialmente lo reiteramos. Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano. El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil, la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no los gane y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado etc.

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo” lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado como veremos más abajo.

Hay cinco canales que son los más frecuentes para demoler el derecho. Telegráficamente considerados, se trata de las teorías del “abuso del derecho”, “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben en las acciones cotidianas del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

En el caso argentino, aquellas figuras fueron incorporadas al Código Civil en el gobierno de facto del general Onganía y sus defectos pueden subsumirse en la primera de ellas. La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

Por su parte, la confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo (el peligro del “gobierno de los jueces”) constituye un abuso que vulnera la división de poderes. En definitiva, ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si no hay el respeto a la palabra empeñada” que constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho, el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas.

Por último, el centro de la actividad económica radica en el mercado que como bien se ha dicho no es un lugar sino un proceso del cual participan todos. Los economistas hemos incurrido en el error de sobresimplificar el concepto al hacerlo aparecer como un antroporfismo: “el mercado dice”, “el mercado prefiere” etc. como si se tratara de un fulano en lugar de puntualizar que se trata de un proceso en el que millones y millones de personas que interactúan entre si todos los días y en todos los lugares (y donde las autoridades no las dejan operar buscan refugio en el mercado negro). En este sentido, el mercado somos todos.

La institución clave del mercado es la propiedad privada por la que se asignan los siempre escasos recursos de acuerdo a las votaciones diarias de la gente al poner de manifiesto sus preferencias y rechazos. No son posiciones irrevocables, se acrecienta o se disminuye la propiedad de cada cual en la medida en que se sepa satisfacer las necesidades del prójimo. El único modo de enriquecerse en una sociedad abierta es sirviendo al prójimo y el peor enemigo del mercado es el llamado empresario que se alía con el poder político para usufructuar de privilegios que siempre perjudican gravemente a la gente.

La redistribución de ingresos que realizan gobiernos a través de legislaciones que destruyen los antes mencionados pilares del derecho, inexorablemente consumen capital que, a su vez, disminuyen salarios e ingresos en términos reales puesto que el único factor que permite su elevación son las tasas de capitalización. La redistribución a través de los aparatos estatales necesariamente opera a contramano de la distribución original y voluntaria que llevó a cabo la gente en los supermercados y afines.

Al efecto de ilustrar lo puntualizado en esta nota periodística y hablando de antropomorfismos, menciono al pasar que un abogado y destacado representante de uno de los partidos que integran la alianza gobernante hoy en Argentina ha dicho textualmente en público y sin ruborizarse que “el Estado es la inteligencia de la sociedad” (será por eso que estamos como estamos los argentinos).

El fracaso de los acuerdos de precios y salarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1859088-el-fracaso-de-los-acuerdos-de-precios-y-salarios

Dado que el Presidente solicitó que se le adviertan sus errores, es bueno recordar que los controles de las variables del mercado por parte del Estado siempre han producido efectos negativos que postergan la recuperación de la economía.

Si realmente queremos ayudar al Gobierno que acaba de asumir, debemos seguir el consejo del Presidente en ejercicio que en su alocución inaugural afirmó que hay que alertar sobre posibles errores. De eso se trata, salimos de una degradación superlativa de las instituciones republicanas y los indicadores económicos más relevantes han quedado sumamente dañados.

Es muy saludable el espíritu de conciliación, de retomar relaciones normales con el mundo, rechazar políticas nefastas como el tristemente célebre caso iraní, sancionar debidamente la corrupción, tender al federalismo fiscal y asegurar la elemental seguridad de las vidas y las haciendas de todos. Es muy necesaria la referencia a la independencia de la Justicia y espero se confirme la idea que ahora se está considerando de rectificar el procedimiento inaceptable para cubrir dos vacantes en la Corte.

Pero para no remontarnos más atrás, desde Diocleciano hasta la fecha han fracasado rotundamente todos los intentos de establecer «precios cuidados» (un eufemismo para precios máximos). El pretendido control de precios, aunque sea circunstancial, siempre produce cuatro efectos centrales que no sólo postergan la recuperación sino que agravan la situación.

Primero, cuando el precio se establece a un nivel inferior al que hubiera estado en el mercado, naturalmente se expande la demanda. Segundo, en el instante inicial, por el hecho de que la demanda se expande no aparece una mayor oferta, por tanto se produce un faltante artificial. Tercero, los productores marginales, los menos eficientes, al reducirse su margen operativo desaparecen del mercado, con lo que se agudiza el referido faltante. Y cuarto, al alterarse los precios relativos y consecuentemente los indicadores de los diversos márgenes operativos, artificialmente surgen otros reglones como más atractivos y, por ende, se invierte en áreas que en verdad no son prioritarias, lo cual se traduce en derroche de capital que, a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

Lo mismo va para el reiterado «acuerdo de precios y salarios» que se ha aplicado sin solución de continuidad en nuestro país desde el intento corporativo de los años 30. El tema consiste en arreglar los desaguisados fiscales y monetarios -en el contexto de reducir el tamaño del aparato estatal- a los efectos de transferir recursos a los bolsillos de la gente. En el interín, no se deben adoptar políticas que, como queda dicho, comprometen aún más la situación lamentable que recibe el nuevo gobierno ni dejarse tentar por tomar más deuda para mantener la gigantesca estructura gubernamental que carcome la productividad de todos.

En El espíritu de la Revolución Fascista, donde se recopilan los discursos de Mussolini, después de hacer una apología del corporativismo concretado en acuerdos de precios y salarios, el «Duce» sostiene que esa es la manera en que «hemos sepultado al Estado democrático [.]. A ese viejo Estado que enterramos con funerales de tercera, lo hemos sustituido por el Estado corporativo». Esos acuerdos «entre el capital y el trabajo» son reiterados en el manifiesto fascista de Verona y copiados por los populismos de toda laya con los resultados conocidos.

Es que la estructura de precios en un mercado libre y competitivo no depende de la voluntad de empresarios ni de gremialistas sino de las valorizaciones cruzadas de los consumidores que, a su turno, están vinculadas en términos nominales con el valor de la moneda, que mantiene un estrecho correlato con la expansión de la base monetaria provocada por la banca central.

Constituye una torpeza mayúscula el asignar un significado peyorativo a la especulación puesto que no hay ser humano que no especule, es decir, que pretenda pasar de una situación a su juicio desfavorable a una que le proporcione mayor satisfacción. La madre especula que su hijo estará mejor, el que estudia especula con que recibirá el título, el comerciante especula con una ganancia. No hay acción sin especulación.

Ahora bien, los precios no se incrementan a puro rigor de expectativa o especulación, se elevan debido a la antes mencionada expansión monetaria o debido a una caída en la productividad. Si un comerciante tiene la expectativa o especula que sus costos de reposición se elevarán debido a la inflación y, por ende, aumenta los precios, se producirá uno de dos resultados: o el comerciante tenía razón y la moneda convalidó esa suba o se equivocó, en cuyo caso, debe reducir sus precios si pretende mantener sus ventas, de lo contario verá que se contraen.

Es de interés aprender de la historia y no tropezar con la misma piedra, dados los repetidos antecedentes en materia de control de precios y absurdos acuerdos de precios y salarios, como si un grupo de capitostes reunidos en un cuarto, concentrando ignorancia, pudiera sustituir los millones de arreglos contractuales en un contexto de conocimiento disperso y fraccionado.

Y nada de machacar, como se ha hecho en el pasado, con que se trata de medidas transitorias mientras se sale del pozo, porque de ese modo se profundiza el pozo. Las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos fue calcada por Perón de la Carta del Lavoro de Mussolini y, desde ese momento, ningún gobierno la abrogó con el propósito de usar el movimiento obrero en provecho propio. Los sindicatos son muy útiles en una sociedad abierta, pero la figura de la «personería gremial», a diferencia de la personería jurídica, conduce a todo tipo de abuso en perjuicio principal de los más necesitados.

La característica central del fascismo es permitir que los particulares registren la propiedad a su nombre, aunque la use y disponga de ella el gobierno, en la práctica, a través de regulaciones omnicomprensivas con que el aparato estatal maneja el flujo de fondos de las empresas «privadas» que en realidad están privadas de toda independencia.

Sabemos que el político no puede articular un discurso que la opinión pública no pueda digerir. Por eso, el problema medular es educativo. No puede pretenderse que se asuma la tradición alberdiana, pero por lo menos puede sugerirse que no se repitan errores gruesos para no darle la razón a Aldous Huxley en el sentido de que «la lección de la historia es que no se aprendió la lección de la historia».

Milton Friedman ha consignado en el primer capítulo de su libro La tiranía del status quo que lo que un gobierno no hace en los primeros seis/nueve meses no lo hace nunca. No hay tiempo que perder si es que deseamos fervientemente el éxito de la actual gestión gubernamental.

No se trata de quejarse cuando ya es tarde, sino de razonar con calma y ponderadamente.

Es pertinente subrayar lo dicho por el nuevo Presidente en su acto de asunción respecto de que apunta al logro de la «justicia social». Esta expresión tan manoseada puede tener sólo dos significados: o es una grotesca redundancia ya que los minerales, los vegetales o lo animales no son sujetos de derecho y, por ende, la justicia sólo es humana, léase social; o bien se traduce en sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlos a quienes no les pertenece, lo cual constituye la antítesis de la justicia en el sentido de «dar a cada uno lo suyo».

En este último contexto es que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek ha escrito que el adjetivo «social» aplicado a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo: justicia social, derechos sociales, constitucionalismo social, etc.

Es bueno que miembros del actual elenco gobernante se hayan pronunciado por la importancia de contar con marcos institucionales civilizados y será ardua la tarea parlamentaria en busca de los necesarios consensos para revertir lo sucedido hasta el momento, pero parte fundamental de esos marcos consiste en no enredarse en acuerdos corporativos que se encuentran en las antípodas de un sistema republicano, donde deben primar los arreglos contractuales entre las partes siempre que no lesionen derechos de terceros.

Nuestro país está agotado y consumido por décadas y décadas de populismo y demagogias que operaron bajo las más diversas denominaciones pero en todos los casos bajo el paraguas del común denominador de agrandar las funciones gubernamentales que no sólo se alejan sino que contradicen sus funciones primordiales de garantizar las libertades de todos. Evitemos las iniciativas archiconocidas y fracasadas estrepitosamente y que se apartan de los objetivos comunes del bienestar general.