Reglas o discreción y la independencia del Banco Central

Por Martín Krause. Publicado el 16/1/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/Reglas-o-discrecion-y-la-independencia-del-Banco-Central-20180116-0042.html

 

Reglas o discreción y la independencia del Banco Central

El anuncio reciente sobre las modificaciones a los objetivos de inflación que busca alcanzar el Banco Central dio pie a un intenso debate sobre la política monetaria que lleva adelante el Gobierno. La conferencia en la cual esas medidas fueron anunciadas mostró también claramente el funcionamiento del marco institucional de esta política.

Desde hace décadas que en este último campo predominan dos temas, usualmente relacionados: reglas versus discrecionalidad, y la independencia del Banco Central. ¿Qué es lo que mostraron estos últimos anuncios? Que supuestamente existe una regla (objetivos de inflación), pero que esta se modifica a discreción; y que la independencia del BCRA es limitada a los instrumentos para alcanzar metas que le fija el Ejecutivo.

Los temas están interrelacionados porque una regla tiene que ser creíble, y buena parte de esa credibilidad se basa en la independencia de quien la va a intentar cumplir sin recibir presiones políticas. Por supuesto que esas presiones son ahora mejores de lo que eran hace un par de años, ya que todos parecen entender el origen del problema (el déficit fiscal y su financiamiento); mientras que antes no solamente no había independencia ni reglas sino que las autoridades económicas y monetarias creían que la inflación no era un fenómeno monetario, y demostraban lo opuesto con los resultados de sus políticas.

En un trabajo muy reciente, uno de los más reconocidos autores en esta materia, John B. Taylor, autor de la ahora famosa “Taylor rule”, analiza las ventajas de ambas cosas, reglas e independencia (“Rules versus discretion: Assessing the debate over the conduct of monetary policy”; NBER Working Paper 24149, Diciembre 2017): “Al otorgar independencia a una agencia gubernamental en una democracia, se necesita asegurar que la agencia tenga un propósito bien definido y clara rendición de cuentas. Cuando los bancos centrales se alejan de ser instituciones con fines limitados y se convierten en instituciones independientes de múltiple propósito, escapan los controles necesarios de un sistema democrático. Esto puede llevar a intervenciones inapropiadas que no hayan sido aprobadas por el proceso legislativo o el voto de la gente. También puede llevar a un pobre desempeño económico. La investigación muestra que la independencia del banco central es necesaria para una buena política monetaria y, por ende, un buen desempeño económico, pero no es suficiente”.

En nuestro caso, no tenemos independencia y hacemos de las reglas discreción. La institucionalidad es débil, incluso pese a que estas reglas discrecionales sean mejores que las anteriores.

Tal vez la salida de este atolladero sea, no ya discutir que regla no vamos a cumplir, o que independencia no vamos a tener, sino una regla que imponga la gente, los usuarios, no la política. Me refiero a la libre competencia de monedas. Es lo que existía antes de que los bancos centrales reclamaran su monopolio y resurgió como propuesta luego de los trabajos del premio Nobel F. A. Hayek y otros economistas; y avanza en la práctica con las criptomonedas y la globalización financiera.

Sería ampliar lo que ya somos, un país bimonetario, con pesos y dólares, y bien podría adaptarse al gradualismo actual. La creciente competencia (para lo cual habría que ampliar la elección de moneda en todo tipo de pagos, aun de y al Estado) significaría una regla de la cual el Central no podría escapar y lo forzaría a hacer buena letra.

Somos una sociedad que no cumple muchas reglas. Cada cual quiere tener la propia. Curiosamente, en este campo eso podría hacerse. El peso cumple (o no) una regla, el dólar cumple otra, el Bitcoin también.

Comenta Hayek en la obra donde presenta el tema (Desnacionalización del dinero, 1978): “No hace tanto tiempo, en 1960, yo mismo argumentaba que privar a los gobiernos de su control sobre la política monetaria no sólo sería impracticable, sino que, aun en el caso de que fuera posible, sería indeseable. Esta opinión se basaba en la tácita presunción común de que debe existir en cada país un solo y uniforme tipo de dinero. Ni siquiera consideraba la posibilidad de una verdadera competencia entre monedas dentro de un determinado país o territorio. Si sólo se permite una clase de dinero, es probable que el monopolio de su emisión deba estar bajo el control del gobierno. La circulación concurrente de diversas monedas puede resultar a veces inconveniente, pero un detenido análisis de sus efectos indica que las ventajas superan de tal forma a los inconvenientes, que, comparativamente, éstos apenas cuentan, aunque la falta de familiaridad con la nueva situación los haga parecer mayores de lo que serían en realidad”.

Con repasar los resultados históricos del BCRA (Milei los describe en “El dinero y esa atroz locura llamada Banco Central”) quedan claros los beneficios de una mayor competencia.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Teoría del Derrame y Pobreza

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 4/3/17 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2017/04/04/teoria-del-derrame-y-pobreza/

 

Para reducir la pobreza en Argentina (que ronda un 30-35%) es necesario, sostiene Ivan Petrella en una columna en el diario La Nación, adoptar posturas más complejas y completas que la “teoría del derrame” y el asistencialismo. Entiendo que por “teoría del derrame” Petrella se refiere al supuesto “neoliberalismo” de los 90 y por asistencialismo a las políticas de transferencia de ingresos del kirchnerismo.

Hacia el final de la nota Petrella comparte algunas ideas de qué sería esta tercera vía. No me queda del todo claro qué es lo que se propone en concreto para eliminar la pobreza. Salvo principios muy generales como transparencia, se habla de expandir planes sociales de diverso tipo. Esto no es una política de pobreza cero, es un conjunto de parches. Una política de pobreza cero lleva a que estos planes sean eventualmente innecesarios, no a que deban incrementar su alcance. Si la pobreza fuese cero, no habría necesidad de planes sociales.

Sin embargo, el punto que me llamó al atención fue la referencia a la “teoría del derrame” por la sencilla razón de que dicha teoría no existe. La “teoría del derrame” es un término, diría peyorativo, de sectores de izquierda y críticos de políticas ortodoxas o de economía de mercado [si tienen dudas de lo peyorativo y político del término, hagan una búsqueda de imágenes de “trickle down economics” en Google o Bing.] Lo que se hace es transmitir la idea de que el mercado libre (la mano invisible de Adam Smith) es un sistema amoral o salvaje que no tiene preocupación por los sectores más necesitados de una sociedad. A los pobres les llegarán las migajas o lo que se derrame de los ricos en la cima de la pirámide económico-social. Que los liberales clásicos defiendan una economía libre por ser, a su juicio, un eficiente sistema económico para reducir la pobreza parece ser un detalle sin importancia para el léxico de la “teoría del derrame.” Ciertamente es más sencillo criticar a un Milton Friedman o un Friedrich Hayek diciendo que defienden el “derrame económico” en lugar de lidiar con sus teorías. Hablar de la “teoría del derrame” no cuestiona la teoría económica, cuestiona la moralidad de quienes defienden una economía libre.

El problema es que no existe una teoría sobre la dinámica del “derrame.” Ciertamente existen menciones a este efecto, pero no teorías. Quizás salvo alguna excepción que desconozco, no hay economistas que se autodenominen defensores de al teoría del derrame. ¿A quien se critica entonces? Es decir, hay críticos que dicen que otros defienden la teoría del derrame, pero resulta ser que esos otros no dicen sostener dicha teoría. El motivo es que los economistas no ven el flujo y distribución de la riqueza como “derrames”, sino como el resultado de transacciones que se dan en un marco institucional y con ciertas políticas económicas presentes (o ausentes.) Hablar de la teoría del derrame es, justamente, pasar por alto el punto central y transformarlo en una postura inexistente.

El “efecto derrame” suele asociarse a la economía neoliberal. Sin embargo, tampoco existe tal cosa como una teoría neoliberal. Estos son, en definitiva, términos políticos que simplifican y desvirtúan posiciones más complejas que las que los críticos suelen estar dispuestos a admitir.

Supongamos, no obstante, que por “teoría del derrame” nos referimos a una economía libre al estilo clásico: laissez-faire. Si ese es el caso, los datos son claros. Las economías más libres poseen niveles de pobreza significativamente menores y la distribución del ingreso (medido como porcentaje del ingreso del bottom-10) no depende de la libertad económica. Si nos guiásemos por teorías reales y datos, en lugar de teorías inexistentes y sesgos muestrales, veríamos que el camino para reducir la pobreza no es difícil de descubrir, la dificultad se encuentra más en la voluntad de ir hacia una economía libre. Lo que me llamó la atención de esta nota es el meta-mensaje en oposición a una economía de mercado vía asociación implícita de la “teoría del derrame” con la idea de un mercado libre. Este post me hizo acordar a la hipotética pregunta que hace unos días hacía al Pro/Cambiemos.

Desconozco qué es la “teoría del derrame”, pero debajo hay datos que surgen de observar la totalidad de los países, en lugar de una pequeña muestra que puede sesgar los resultados y confirmar nuestros sesgos teóricos/ideológicos.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Inseguridad jurídica

Por Gabriel Boragina: Publicado el 1/10/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/10/inseguridad-juridica.html

 

El concepto de seguridad jurídica como el de su antagónico (la inseguridad jurídica) es, como hemos dicho en otras oportunidades, una noción de carácter relativo atendiendo (y dependiendo) el marco institucional vigente en un país determinado. Como hubiéramos referido, variará según sea el enfoque socio-jurídico-filosófico de lo que se tenga por “orden jurídico”, ya que cabria la posibilidad -y lamentablemente ha sucedido históricamente con demasiada frecuencia- que una determinada sociedad tuviera la visión de “orden jurídico” como aquel “orden” impuesto por una autoridad que, encaramada en el estado-nación entendido como institución, impartiera el mismo de manera completamente discrecional. Así, en otras épocas, el “orden jurídico” era el que dictaba el rey, monarca, emperador, cónsul, Duce, Führer o jefe carismático, voluntario o involuntario, de un determinado lugar, nación, país o continente. Desde este punto de vista, cuando se habla de un “estado de derecho” en realidad se está aludiendo a un “estado” representado por la voluntad de una persona, o de un grupo dominante (aunque relativamente pequeño) de personas que constituyen una élite gobernante y que definen lo “que es” el “derecho” desde sus respectivas posiciones de poder.

Frente a este enfoque -que fue mayoritario durante buena parte de nuestra historia antigua y reciente- se alza otra opuesta, que identifica el orden jurídico y –correlativamente- la seguridad jurídica con el reconocimiento de ciertas instituciones tales como la propiedad privada y los derechos individuales. Por lo que, conforme uno se posicione en una u otra perspectiva, lo que se entienda por “inseguridad jurídica” será sustancialmente diferente. En la primera descripta, la seguridad jurídica será aquella que emana del edicto real, o imperial, o del estado totalitario. En una palabra, lo que el jefe o director defina como tal. Desde la segunda, la seguridad jurídica será aquella otra donde un orden legal personal o impersonal garantice los derechos individuales en lugar de definirlos. Desde esta segunda posición, se ha dicho (en el marco del tema referido al denominado “estado de necesidad”) por ejemplo que:

“Si se comprende que los derechos de las personas son consubstanciales a la dignidad del ser humano, no tiene sentido sostener que pueden violarse siempre y cuando otro necesite mucho lo que pertenece a un tercero. De este modo se desmorona el respeto a la propiedad, lo cual constituye el aspecto medular del marco institucional que sirve, precisamente, para maximizar tasas de capitalización que, a su vez, permiten aumentar salarios e ingresos en términos reales. La inseguridad jurídica que se crea con la introducción de figuras como la comentada, constituyen el medio más potente para extender los estados de extrema necesidad y de extrema desesperación.”[1]

Compartimos plenamente este juicio y su enfoque, sin dejar de señalar que se basa en el concepto que propugna como “seguridad jurídica” aquella que, emana de un conjunto de normas que en su síntesis definen un “estado de derecho” concebido como un orden jurídico basado en una serie de premisas fundamentales, cuyas bases constituyen la afirmación de los derechos individuales de las personas como inalienables y -dentro de esta categoría- los de libertad y propiedad privada. En otros términos, que el derecho siempre se precisa como anterior el estado-nación, lo que implica que en ningún caso es creado por este último ni es resultado de este, sino que es anterior a la constitución de cualquier tipo de estado-nación. Que resulte mucho más sensato otorgarle este último sentido a la noción de inseguridad jurídica se encuentra excelentemente explicado en el siguiente párrafo:

“Contemporáneamente se entiende la ley como un conjunto de disposiciones, mandatos y códigos. Frente a cualquier problema se propone la promulgación de una nueva ley por la asamblea legislativa. De este modo, además de adulterarse el concepto del derecho, se crea una gran inseguridad jurídica ya que si el legislador puede rápidamente promulgar una ley también la puede abrogar o modificar con la misma celeridad. Los resultados eran distintos en los comienzos de los mencionados casos del common law y del derecho romano en que los jueces eran espectadores más que actores de un proceso competitivo en el que se iban tamizando y contrastando resultados y en el que se conjugaban elementos dinámicos en un contexto de permanencia de principios generales del derecho (Epstein, 1980: 255-6 y 266). El criterio y la perspectiva con que se analiza el derecho es distinta si se piensa que los contratos tienen lugar porque hay una ley que, desde arriba, concibe, diseña e inventa los correspondientes mecanismos (Fullner, 1981: 174-5) sin percibir, por ejemplo, que el derecho comercial durante la Edad Media, en Inglaterra, se elaboró y ejecutó de modo totalmente privado (Wooldrige, 1970: cap. 5; Buckland, 1952; Berman, 1983: 333-356).”[2]

En rigor -y rastreando históricamente- el derecho (al menos en su aspecto civil y comercial) fue creación ciudadana espontánea, nacida de los arreglos o acuerdos privados entre las personas, si bien los príncipes o jefes locales y nacionales -más temprano que tarde- no demoraron en monopolizar su formación y consiguiente regulación. En los primeros tiempos -y en líneas generales- hubo un derecho real o estatal y un derecho civil o privado como esferas separadas al comienzo, hasta que -como decimos- en poco tiempo el primero se extendió sobre el segundo y terminó fagocitándolo también. Fue la época cuando se crearon portentosas codificaciones que intentaran plasmar el orden jurídico vigente en todos sus niveles. Hoy en día, hablaríamos de un derecho público y otro privado que es como tradicionalmente se lo enseña en nuestras facultades de derecho. En aquellos primeros tempos, el derecho real regulaba con preferencia -y casi con exclusividad- la materia tributaria, que constituía el mecanismo principal por el cual los monarcas interferían en la actividad privada. Con el tiempo, el ámbito de este derecho originariamente real, se extendió más amplia y acusadamente, a cada vez más y mayores regulaciones e intervenciones, incrementando consiguientemente el grado de inseguridad jurídica de sus súbditos.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 237

[2] Benegas Lynch, A. (h). El juicio crítico …ob. cit. Pág. 697-698

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Por decreto, pero en favor de la libertad

Por Martín Krause. Publicada el 12/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1861384-por-decreto-pero-en-favor-de-la-libertad

 

A veces resulta costoso respetar el estricto funcionamiento formal de instituciones en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles

Imagine el lector una situación en la cual, siendo la libertad su valor fundamental, tuviera la oportunidad de imponerla mediante un decreto que derogara todas las restricciones existentes. ¿Lo haría? ¿O, conociendo que la libertad solamente florece dentro de un cierto marco institucional, buscaría fortalecerlo para que la libertad pudiera resurgir y avanzar en el futuro?

En el primer caso puede alcanzar su objetivo, pero con un instrumento que el día de mañana cualquier otro puede utilizar para volver a imponer las restricciones existentes e, incluso más, profundizar un modelo autoritario. No hay garantía de que eso no vaya a suceder, ya que, al utilizar ese instrumento, aquellos que defienden la libertad (quienes la denigran ya lo habían hecho) le dan legitimidad y poco podrán hacer para oponerse. La libertad conseguida puede resultar un beneficio temporal.

Sin embargo, tal vez eso sea mejor que respetar el estricto funcionamiento formal de las instituciones existentes, en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles, no se puede avanzar mucho y la libertad continúa languideciendo.

Una cosa es la forma y otra el contenido. Tuvimos un gobierno que durante doce años avasalló la libertad en su contenido y muchas veces en su forma. Es decir, obtuvo poder y control a través de medios formalmente legales y otras veces no. El contenido fue, casi siempre, contrario a la libertad, aunque puedan rescatarse algunos avances en términos de derechos civiles.

Ahora, el nuevo gobierno ha tomado algunas medidas que tienen como objetivo fortalecer la libertad, pero utilizando un instrumento que debilita la calidad institucional. El nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la intervención a la Afsca son dos ejemplos, aunque en uno se haya dado luego marcha atrás, al menos por el momento. El contenido no era objetable en sí: el Gobierno no buscaba nombrar a sus militantes en la Corte, sino a prestigiosos abogados con los que parece no tener vínculo; la política de medios de comunicación busca eliminar el impulso sectario que tiñó a la gestión anterior, que buscó controlar a los medios para apuntalar el relato.

La libertad y la calidad institucional parecen contraponerse en esta instancia: es una o es la otra. Una difícil elección para todo el que valore la libertad y las instituciones que la garantizan.

El Gobierno parece haber elegido la primera opción. No quiso verse en una situación en la cual cumplía con todos los requisitos formales pero no lograba resultados y sólo le quedaba el honor de haber respetado los procedimientos, como debería suceder en todo país serio. Éste es un dilema político que se presenta a todos los gobiernos que quieren llevar cambios adelante: he recibido un enorme poder; ¿debo utilizarlo como un “dictador benevolente” (según lo llamamos en economía) para conseguir la libertad y luego tratar de reducirlo para que quienes me sucedan no tengan ese instrumento poderoso o debo reducirlo primero para dar el ejemplo?

Esta segunda opción tiene pocas chances en la política; para los políticos, sería como hacerse el harakiri. Persiguiendo los políticos sus propios intereses, como cualquier otro, va a ser muy difícil que acepten recortar su propio poder.

Por otro lado, las medidas liberalizadoras ya de por sí reducen el poder del gobernante y mejoran la calidad institucional, que no se refiere sólo a la calidad de las instituciones políticas y judiciales, sino también a las que permiten las acciones a realizar en los mercados: el respeto al derecho de propiedad, la mayor libertad para realizar contratos, para establecer precios, para importar o exportar, para elegir la moneda en que se realizarán los intercambios.

En el análisis institucional que realizan los juristas o los politólogos suelen reflejarse nada más que las instituciones políticas o jurídicas tales como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de los mandatos, el respeto a los derechos civiles. Es muy correcto, pero deja afuera toda un área de suma importancia para los individuos. Todos tenemos, en verdad, dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades: uno de ellos es el gobierno, por supuesto, del cual buscamos obtener seguridad, resolución de disputas, protección de ciertos derechos; pero tal vez la mayoría de nuestras necesidades se resuelven a través de los mercados: trabajamos o producimos y luego, con el ingreso obtenido, aprovechamos la división del trabajo para conseguir todo lo demás. Al negar este aspecto de nuestro proceder, el análisis institucional jurídico/político lo menosprecia.

El levantamiento del cepo cambiario deja en mayor proporción que antes la decisión acerca del uso de la moneda en manos de las personas, no de los funcionarios. Por supuesto, los exportadores están todavía obligados a entregar sus dólares al Banco Central, aunque éste ahora no los castiga además después. Pero al menos la gente ya no tiene que esconderse para tomar decisiones respecto de su propiedad, en este caso, de dinero. La reducción y eliminación de las retenciones a ciertas exportaciones devuelven nuevamente a los productores parte de la propiedad que les había sido expropiada a través de ese impuesto. Estaría por cesar la discrecionalidad existente en las importaciones a través del otorgamiento de licencias DJAI, pero se mantienen otras no discrecionales en muchos rubros; cesaron también las licencias para exportar (ROE) que se utilizaban para autorizar o negar las operaciones, pero se mantienen como “registro”.

Esas medidas amplían algo la libertad de acción de los argentinos, aunque se podría también plantear el mismo problema que generan los otros cambios a través de decretos: el control se modera, pero el instrumento persiste. Hoy la licencia de importación puede ser utilizada nada más que estadísticamente, pero lo cierto es que está ahí para que cualquiera pueda después utilizarla como control. Lo mismo puede decirse sobre las leyes de lealtad comercial o de terrorismo económico. Es como guardar el revólver en el sótano, pero todos sabemos que sigue existiendo.

En definitiva, la elección es difícil, las alternativas son imperfectas. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse si no es posible algún camino que busque conciliar la libertad y la calidad institucional. Uno de ellos parece que sería explorado: es obtener consenso sobre esas medidas a posteriori.

Sin embargo, si se va a instalar todo un debate institucional respecto de cierto tipo de medidas, tal vez sería mejor apelar a la población para alguna reforma “institucional” más profunda, que respete las formas para alcanzar un cambio más profundo en los contenidos.

Tomemos el caso de la Afsca. Se interviene, se desplaza a alguien que tenía mandato por un par de años más (aunque no para hacer lo que hacía). Se creará una nueva agencia. Pero quienquiera que sea nombrado en esa agencia estará sujeto al mismo antecedente por más que se lo nombre de por vida. Otro futuro gobierno podrá “intervenirlo”. La cuestión que tenemos que plantearnos es si no resulta peligroso tener agencias de ese tipo. Tal vez mejorar la calidad institucional es desistir de que exista ninguna ley y ninguna agencia para controlar los medios (o los recursos de los que el Estado se ha apropiado, como las frecuencias). La experiencia de estos controles no ha sido buena. Además, hemos vivido décadas sin leyes de medios o agencias de control. Y en el mundo de hoy accedemos a los medios de todo el mundo: la competencia nos protege más que nadie.

Es cierto, esto no quiere decir que el día de mañana no venga otro gobierno y vuelva a crear la agencia de cero. Y eso dependerá, en definitiva, de los valores que quieran promover los argentinos: si valoran la libertad o están dispuestos a entregarla. Si ahora dieron una señal de que quieren el cambio, tal vez quieran también dar una señal de que quieren ser más libres.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).