Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, pide protección

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 10/8/17 en: 

 

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es una de las personas cuya seguridad personal corre ciertamente mayor peligro en Venezuela. No es la única, pero está claramente en la mira y en los odios de Nicolás Maduro.

En abril pasado, ella sostuvo que la asunción de los poderes de la Asamblea Nacional por parte del Poder Judicial había conformado una “ruptura” del orden constitucional y obligó al gobierno a dar una precipitada (y debilitante) marcha atrás. Nicolás Maduro, desde entonces, la tiene entre ceja y ceja.

Originariamente chavista, su alta designación viene desde los tiempos de Hugo Chávez. Pero las constantes violaciones constitucionales y la permanente arbitrariedad de Nicolás Maduro la impulsaron a denunciarlo corajudamente, así como a varios de los jerarcas de su gobierno ante los estrados judiciales por sus violaciones de los derechos humanos de los venezolanos. Los denunciados, a su vez, procuran activamente su destitución.

Por eso la Fiscal General de Venezuela ha presentado ya dos pedidos expresos de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque teme, con razón, que su persona y su despacho y todas las oficinas del Ministerio Público puedan, de pronto, ser objeto de ataques violentos por parte de los matones a sueldo de Nicolás Maduro. Como lo fuera también la propia Asamblea Nacional que hoy está en manos de la oposición, cuando fuera tomada por la fuerza por un par de centenares de “simpatizantes” de Nicolás Maduro que propinaron, con toda alevosía y obvia cobardía, golpes realmente brutales con objetos contundentes a distintos legisladores de la oposición que, por ello, terminaron -lastimados- en el hospital.

Hace pocos días, la Fiscal General actualizó su denuncia del pasado mes de junio con un nuevo documento, de 24 páginas. Allí reiteró el pedido de protección ya presentado, argumentando que el propio vice presidente de Venezuela, el hombre de confianza de Cuba, Tareck el-Aissami, y otros altos funcionarios públicos la intimidaron y amenazaron públicamente. Lo que ha sido así y la prensa internacional en su momento denunciara abiertamente.

La Comisión, que tiene a Venezuela entre los países a los que hay que hacer un “seguimiento especial” desde 2002, debería ahora solicitar al gobierno de Venezuela que tome las medidas concretas necesarias para evitar daños irreparables.

El gobierno de Venezuela, en clara actitud persecutoria, ha prohibido a la Fiscal General salir de su propio país y ha congelado sus bienes y activos, incluyendo todas sus cuentas bancarias personales. Así actúan los arbitrarios cuando se creen dueños del país al que gobiernan. Sin razón, sin límites, y sin decoro. Pero lo cierto es que todos, sin excepciones, deberán asumir en su momento las gravísimas responsabilidades que, en Venezuela, a cada uno le correspondan.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

 

Nicolás Maduro desangra a Venezuela

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 22/6/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2035925-nicolas-maduro-desangra-a-venezuela

 

Desde el 6 de abril, hace más de dos meses, los enfrentamientos callejeros venezolanos entre quienes protestan contra el gobierno y las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro se han sucedido ininterrumpidamente y generado nada menos que 75 muertos. La enorme mayoría de esas muertes han sido atribuidas a efectivos de la llamada Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las distintas policías regionales o de los “colectivos” (esto es, de los “grupos de choque” -armados e irregulares- de Nicolás Maduro). Todos ellos actúan en un marco de gran impunidad. Hay, además, unas 15.000 personas heridas, en lo que luce como una larga batalla campal.

Ocurre que las fuerzas de seguridad que responden a Nicolás Maduro han desatado una ola de dura represión con la que Maduro procura sobrevivir a las constantes repulsas de su sufrido pueblo. Como consecuencia de ella, a los aludidos muertos cabe asimismo sumar más de 1300 heridos.

A lo que también se agrega que 3106 venezolanos han sido detenidos por disentir o protestar públicamente y que centenares de personas están siendo ahora juzgados en los tribunales militares. Y todos recordamos aquello de que la justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música. Más del 80% de los detenidos son jóvenes; el 60% son estudiantes; el 23% mujeres; y el 14,5% menores de edad.

Todo ello conforma un cuadro realmente patético, que refleja la desoladora realidad venezolana. Que aparentemente no tiene visos de cambiar en el corto plazo, sino más bien de profundizarse.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sintetiza -dolorosamente- lo que ocurre en Venezuela como “una guerra civil de fuerzas represivas del Estado, ejecutada contra personas desarmadas”.

¿Cuál es la respuesta política de Nicolás Maduro a las permanentes protestas populares? La de convocar a una Asamblea Constituyente, que será dominada por sus correligionarios, para estructurar así una nueva Constitución para Venezuela. A su medida. Con una estructura no democrática, edificada sobre las llamadas “comunas”, como forma de evitar que las urnas decidan el camino a seguir.

Con lo que pretende legalizar, a su entero gusto y paladar, su reconocido autoritarismo. Para siempre, cree. Así como poder eternizarse en el poder. Como sucede en Cuba. La mañosa elección de los “constituyentes” será, a estar a los anuncios, el próximo 30 de julio.

El texto de la nueva Carta Magna ya se está elaborando, con asesoramiento cubano. De esa manera, según Maduro, se “restablecerá la paz” en Venezuela.

Lo cierto es que ese texto es, en todo caso, el perverso diseño de la prisión en la que Nicolás Maduro pretende encerrar a sus conciudadanos, despojándolos de la libertad. De allí la continuidad e intensificación de las protestas populares, como respuesta.

Por esto aparentemente la oposición podría llamar a sus integrantes a no participar en la referida elección de constituyentes, lo que sería un error que permitiría a Nicolás Maduro salirse con la suya, formalmente al menos. Parecido al cometido en el 2005, cuando una abstención similar en las elecciones parlamentarias venezolanas, de pronto permitió a Hugo Chávez hacerse del control absoluto del Poder Legislativo.

Si el presidente venezolano logra hacer aprobar una nueva Constitución, podrá desligarse de algunos de sus propios funcionarios que, como sucede con la Fiscal de Estado, Luisa Ortega Díaz, ya han tomado distancia de su gobierno y están impugnando judicialmente (de nulidad) a la reforma constitucional que se procura consumar. Lo que obviamente es una suerte de loca utopía, desde que la justicia venezolana, y muy particularmente sus más altos tribunales, no son independientes, sino meros agentes lamentablemente adictos a Maduro.

Ex jueces y ex fiscales, acompañados por líderes políticos de la oposición, intentaron sumarse a la mencionada acción de nulidad. Pero no pudieron hacerlo, porque el Tribunal Supremo de Justicia cerró físicamente sus puertas y solicitó un cinturón militar de protección para de ese modo impedir el acceso de quienes tenían esa pretensión. Para luego, rápidamente, denegarla.

Una encuesta reciente muestra que un 85% de los venezolanos se oponen abiertamente a la reforma constitucional que busca Nicolás Maduro. Cabe además recordar que, en la última elección libre (en el 2015) el oficialismo sufrió una apabullante derrota, razón por la cual la oposición hoy domina ampliamente la Asamblea Nacional, lo que de alguna manera restringe el autoritarismo con el que Nicolás Maduro procura contar. En la reforma constitucional anunciada por Nicolás Maduro uno de los objetivos es -precisamente- el de vaciar de poder a la Asamblea Nacional o eliminarla.

Las próximas elecciones presidenciales venezolanas tendrán lugar el año que viene y la intención de voto a favor del oficialismo hoy no llega al 20%. Poco y nada, entonces. Por ello el gobierno de Maduro apuesta a poder cambiar drásticamente las reglas de juego. Porque sabe que con las normas actuales, se arriesga a perder el poder y tendría que alejarse del gobierno. Para Venezuela ello sería una bendición que le permitiría comenzar a salir de la postración a la que lo ha llevado la receta bolivariana, la del colectivismo.

Mientras tanto, para las protestas de su pueblo Nicolás Maduro tiene una sola respuesta, la de los palos. Esta es la dura y afligente realidad. Por eso monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos conmueve al decir que el chavismo tiene un proyecto: “Se llama el Plan de la Patria, que está en marcha con la constituyente y el peligro es que Venezuela sea comunista y perder lo poco de democracia que nos queda”.

Para los venezolanos, la realidad material cotidiana es cada vez más dura. En lo que va del año el dólar subió un 130% en el mercado negro. En la última semana trepó un 14%.

Colombia informa que cada día unos 5000 visitantes venezolanos se quedan en el país. Y Brasil ya ha conferido el carácter de refugiados a unos 6000 venezolanos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.