Mitos y falacias laborales.

Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/10/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/10/mitos-y-falacias-laborales.html

 

Las horas de trabajo obrero no reportan ninguna ganancia al capitalista. Ni aun en el caso que el empresario decidiera obligar a sus empleados trabajar las 24 horas del día los 365 días el año, obtendría ninguna “ganancia” o “lucro” de ese trabajo. Si el producto de dicha jornada laboral de 8.760 horas fueran -por ejemplo- discos de pasta o de vinilo, el valor de esas 8760 horas de trabajo dedicadas a estas “mercancías” sería exactamente igual a cero para el capitalista, sencillamente porque -hoy en día- no tendría a nadie a quien venderle un artículo semejante. En consecuencia, ningún capitalista obtiene ningún “lucro desmedido” del trabajo obrero. Es más, ni siquiera obtiene “lucro” alguno. El lucro del capitalista (y también el del obrero) no surge del trabajo, de ningún trabajo, sino que emana del consumidor, nunca del trabajador.

Que las leyes laborales reduzcan las horas laborales no le hace “ganar más” al empleado/obrero, porque las horas laborales -como vimos arriba- no cuentan para nada en el valor final del producto o servicio. Lo que da “valor” al trabajo no es su duración ni su extensión, sino su productividad, pero esta productividad dependerá -a su turno- de la demanda del respectivo objeto producido (producto). Si el artículo producido carece de demanda (como en el ejemplo de los discos de pasta o de vinilo) la productividad laboral será nuevamente igual a cero. Caso este en el que no gana nadie: ni el empresario, ni el obrero/empleado, ni el consumidor. Por el contrario: pierden todos ellos.

En definitiva -como vemos- no existe nexo alguno entre la ganancia del capitalista y el trabajo obrero/empleado. Sin embargo, si es cierto a la inversa: el obrero/empleado obtiene una ganancia del capitalista, que de no existir este jamás conseguiría. Si no existiera ningún capitalista sobre la faz de la tierra, no habría ni obreros ni empleados. Estos quedarían obligados a ser sus propios “empleadores”. Es decir, se retrotraería la situación social a la época feudal y pre-feudal, en la que sólo había una economía de autarquía, o sea, miserable y paupérrima al extremo, en la que cada uno deberíamos hacer nuestros propios alimentos, zapatos, pantalones, camisas, casas, muebles, etc. dado que esta era la situación previa de la gente a la Revolución Industrial. Obreros y empleados deben su misma existencia como tales al capitalista. El capitalismo rescató, de una vez y para siempre, a aquellas gentes de la vida miserable. Lástima que luego el mundo dejó de lado el capitalismo.

Volviendo a la falacias laborales populares: si el trabajador trabaja “mas” horas el empleador no gana “mas” dinero por este hecho.

Por estos mismos razonamientos, las leyes que fijan “salarios mínimos” tampoco consiguen que los trabajadores ganen “mas” dinero, sino que pierdan sus puestos de trabajo. Obtienen el efecto contrario al deseado por el legislador. A medida que el “salario mínimo” sube el desempleo crece de modo más que proporcional. Es una ley inexorable de la economía contra la que el legislador nada puede hacer para cambiarla.

Nuevamente: porque si las ventas finales son inferiores a la cuantía del total de salarios pagados por el producto invendido el capitalista incurrirá en pérdidas.

Numéricamente: si por una silla el capitalista debe pagar (forzado por legislación laboral) un salario mínimo (por ejemplo) de 100.- al obrero carpintero, pero la silla se termina vendiendo en el mercado al precio de 50.- (precio supuesto de mercado) al no poder ajustar el salario a una cifra menor a 50.- la única salida que la ley laboral le deja al capitalista esdespedir al obrero carpintero. Lo que es exactamente igual a decir que las leyes de “salario mínimo” generan desocupación. En realidad, son las mismas leyes del trabajo las que originan la llamada precariedad laboral. Si el empleador quiere subsistir como tal (en el ejemplo de la silla, o cualquier otro) deberá contratar “en negro” a quien esté dispuesto a trabajar por el salario de mercado (menor de 50.-). El empleador puede subir el salario y tomar más empleados “en blanco” sólo en dos casos:

  1. Que las ventas de sillas superaran los 100.- por unidad vendida, más un margen de ganancia razonable para el empresario.
  2. Que se derogue el “salario minino” para la actividad.

De no darse los supuestos 1 y 2, la única alternativa que la ley le da al empleador para subsistir como tal es despedir mano de obra “en blanco” y contratarla “en negro”. Resultado al que las mismas leyes laborales empujan a los empresarios y empleadores en general, posiblemente como efecto “no querido” por el legislador laboral, pero las leyes económicas operan de todos modos, con independencia de los deseos y la voluntad del legislador humano. A diferencia de las leyes jurídicas, las leyes económicas son de cumplimento inexorable e irreversible. Jamás pueden ser violadas impunemente por nadie, ocupe la posición de poder que ocupe.

Otro ejemplo demostrativo de la manera en que las leyes laborales precarizan la situación del obrero/empleado es el siguiente: generalmente, estas leyes establecen indemnizaciones por despido que crecen en cuantía conforme aumenta la antigüedad del empleado en el puesto de trabajo. Esta legislación tiene dos efectos inmediatos:

  1. Por el primero, constituye un poderoso incentivo a que el obrero/empleado se interese más en acumular años en el puesto, que a trabajar en sí. “Calentar un asiento” por X cantidad de años en una oficina o una fábrica, le generará una indemnización suculenta.
  2. Del lado del empleador, la misma norma opera como incentivo para despedir personal con poca antigüedad, lo que crea una elevada rotación de empleados.

En suma, el resultado de disposiciones de este tipo origina una altísima inestabilidad en el empleo, hoy llamadaprecariedad laboral.

En materia laboral es donde más se verifica el famoso refrán que dice que “El camino al infierno está sembrado de las mejores intenciones”. Estas “buenas intenciones” de los legisladores laborales conducen al obrero/empleado a un verdadero infierno laboral, del cual el único retorno es volver al pleno empleo del capitalismo.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El estado colgado del mercado

Por José Benegas. Pubicado el 2/8/13 en http://josebenegas.com/

En su novela más conocida, “La Rebelión de Atlas”, Ayn Rand pone en boca del personaje Francisco D´Anconia un memorable discurso sobre el dinero. Ahí explica cuál es la naturaleza moral de ese instrumento creado por el mercado llamado dinero del que los gobiernos después se apropiarían para extender su dominación. Se trata de una visión de valores opuesta a la de ese puritanismo del lucro llamado izquierda que tiene raíces religiosas:

El dinero es un instrumento de cambio, que no puede existir a menos que existan bienes producidos y hombres capaces de producirlos. El dinero es la forma material del principio que los hombres que desean tratar entre sí deben hacerlo por intercambio y dando valor por valor. El dinero no es el instrumento de mendigos que claman tu producto con lágrimas, ni el de saqueadores que te lo quitan por la fuerza. El dinero lo hacen posible sólo los hombres que producen”. En Internet puede encontrarse con facilidad la versión completa.

D´Anconia es un argentino que padece la decadencia de su país sometido al colectivismo, la omnipotencia estatal y la persecución al que produce en nombre del bienestar popular. Un país que paga con fracaso y pobreza el saqueo de sus gobernantes. Es decir a esta altura realismo puro.

Lo más hipócrita del estatismo que alimenta la culpa sobre el dinero para poder despojarnos de él y limpiarnos de pecado, es que sin dinero no iría a ningún lado. Y esto es en el fondo una dependencia total de la acción individual egoísta.

Con el apoyo de la intelectualidad parasitaria de América Latina el pensamiento anti mercado pretende convencer de que las relaciones económicas voluntarias no alcanzan, que son necesarios azotadores como secretarios de comercio o ministros de economía, para que las ovejas no nos descarriemos. Nos dicen que sin el estado el mercado colapsa y que menos mal que los políticos existen porque si no, ahogados por nuestro egoísmo (que contrasta con la generosidad de ellos) llegaríamos rápido al apocalipsis. Pero la realidad es la opuesta, sin la acción voluntaria el estado como lo conocemos no duraría 24 horas. Por eso es que el gobierno recauda dinero, en vez de obligarnos a trabajar para él de manera directa.

Si fuera verdad que para producir se necesitara la disciplina impuesta por la política, cuando no los estímulos, entonces el estado no necesitaría pagar, es decir, dar valor por valor para obtener lo que consume (desperdicia).

Sin embargo el estado no recurre a sus doctrinas para absorber los bienes y el trabajo que requiere. Ni mucho menos se fija a si mismo precios máximos a pagar para que la gente y las empresas estén dispuestas a hacer o darle algo. Recaudar le resulta fácil, se trata de un despojo, pero para conseguir ayuda o bienes debe lograr que la gente quiera hacerlo, por lo tanto paga. El estatismo que nos enseña lo peligrosa que es la voluntariedad y lo nefastas que son las ambiciones privadas, compra lo que necesita en el mercado. Su botín llamado recaudación vale gracias al mercado.

Los precios coordinan expectativas, ambiciones, recursos disponibles de gente que actúa de manera libre, sin látigos. Los precios nos aseguran que las cosas se hacen o se obtienen porque no dependen ni de la buena voluntad ni del castigo. Controlar los precios es ahuyentar a las personas y al capital (trabajo que se acumuló) que intervienen en la producción y distribución. El estado hace en cambio esto con nuestros precios porque que nosotros nos quedemos sin lo que necesitamos no le interesa mucho y encima de cualquier manera la casta que lo regentea obtiene votos de las víctimas que están más asustadas y culpabilizadas que atentas a que se las está perjudicando. Ahora, a si mismo no se aplica precios máximos, sale y compra porque además ni siquiera produce para obtener su dinero.

Incluso lo falsifica y lo hace para que la gente esté dispuesta a trabajar y darle cosas de manera voluntaria. Al final del día, hasta el estado tira por la borda sus doctrinas anti-mercado para subsistir.

Imaginemos que en vez de comprar el estado tuviera cada cosa que tiene con leyes, reglamentos y resoluciones que nos obliguen a darle en especie y hacer cosas por el, con el mismo espíritu con el que los legisladores sacan todas esas leyes estúpidas que nos dan instrucciones económicas.

El mercado,  que no es otra cosa que una abstracción que grafica la acción pacífica de la gente del modo en que Ayn Rand lo describe, es más grande que el estado. Sin el mercado el estado no dura una jornada. El problema es que nos tiene metidos en una jaula quitándonos recursos, esa vejación es sencilla y barata, es hasta ahí donde puede llegar. Pero como el ladrón que saca la pistola para quitarnos la billetera, a la hora del almuerzo es un cliente más pagando las cuentas.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

 

 

 

Opinión: El gobierno, la pobreza y la riqueza

Por Gabriel J. Boragina. Publicado el 16/6/13 en http://www.hacer.org/latam/?p=28314

Es muy frecuente que mucha gente piense que un “buen” gobierno es aquel que “mejora” la situación patrimonial de todo el mundo que vive bajo su égida o -al menos- de la mayoría de la población. Esta popular corriente de pensamiento es, precisamente, la que sirve de sustento a creaciones político-económicas como las llamadas “estado de bienestar” o “estado benefactor”, cuya esencia radica en no otra cosa que en lo que Ludwig von Mises -y otros autores de la Escuela Austriaca de Economía- han denominado intervencionismo, una de cuyas características principales es necesariamente la redistribución de ingresos, particularidad y doctrina fundamental de aquellas “escuelas” del “bienestar”.

Sin embargo, y justamente por la popularidad de estos sistemas tan erróneos, es dificultoso que mucha gente entienda que los gobiernos no pueden hacer eso. Un gobierno absolutamente neutral en materia económica, es decir, no intervencionista, no mejorará ni empeorará las particulares economías de sus gobernados, dejando enteramente en manos de estos los destinos del manejo y administración de sus patrimonios. Si, en cambio, ese gobierno decidiera intervenir para redistribuir ingresos, indefectiblemente las consecuencias serán diferentes, a saber: en el mejor de los casos, lo que unos ganen pasará a manos de otros que no hayan ganado lo mismo; en el peor de los casos, los que antes ganaban mas, luego ganarán menos, y en el mediano o largo plazo todos pasarán a ganar menos que en situaciones previas al acto intervencionista.

Esto sucede por muchas razones, siendo una de las más importantes como las políticas redistributivas invierten la dirección en la que actúan los incentivos y desincentivos. Si “A” obtiene ganancias a través de su trabajo honesto, este último operará como incentivo para “A” y como desincentivo para el ocio. Si “B” recibe como “ganancia” lo que “A” produce, esto incentiva a “B” al ocio. Si en una segunda situación, “B” vuelve a recibir lo que es de “A” como en la anterior oportunidad, esto incentivará al ocio de ambos (A y B) y desincentivará la inclinación a trabajar también en los dos. Este efecto típico de toda política redistributiva o de “bienestar” se traduce en un malestar real y efectivo para todos, incluyendo a los que se pretenderían “beneficiar” en el “estado benefactor”.

Los mal llamados “estados benefactores” sólo pueden existir porque antes que ellos no existían tales “estados benefactores”, lo que es otra manera de decir que, sólo puede repartirse “generosamente” lo que hoy (o antes) alguien produjo a través de su trabajo. La producción y apropiación del fruto de su trabajo por parte de los individuos es rasgo típico de las sociedades capitalistas, y no de los estados “benefactores”, ni de las izquierdas, ni de los progresismos y menos aun de los populismos, todos los cuales estos últimos, lo único que terminan redistribuyendo es miseria. Estos colectivismos, levantan como “bandera” la “lucha contra el lucro”. Pero, como dijimos en otra parte:

“El sentido común le dirá al lector que todo el mundo actúa movido por el lucro (en su verdadero significado que dejamos aquí consignado); pero posiblemente se le escape al lector que un colectivista jamás se guía por el sentido común, sino por sus abstrusas teorías; “teorías” que en rigor, no tienen nada de tales, ya que como hemos tenido oportunidad de examinar, no se tratan más que un compendio de manejos emocionales, de fuerte carga negativa, orientados con alguna “habilidad” hacia un fin establecido, que en pocas palabras, podría sintetizarse como el robo legal. El robo legal vendría a ser algo así como aquella historia de Robin Hood, un bandido legendario que merodeaba los bosques de Sherwood, pero que poseía la particularidad de que el botín de sus atracos no tenía como destinatarios, ni al propio Robin ni a ninguno de los miembros de su banda. La leyenda de Robin Hood y el personaje, en sí mismo, pasó a la historia como el paladín del bandido “héroe” que “robaba a los ricos para darle a los pobres”. Su leyenda, antes y después de que se conociera, era curiosamente, el sistema económico que imperaba en la mayoría de los países del mundo; sistema en el que los gobiernos hacían –y aun hacen- las veces de Robin Hood según sus discursos, proclamas y hasta plataformas partidarias; pero que en los hechos, no se ajustan al texto estricto de la leyenda, ya que en la práctica, roban a todo el mundo para darse el botín a sí mismos y, además, generan confusión, porque siguen llamando a este accionar “justicia social”.”[1]

“En primer lugar, es falso que la pobreza tenga que ver con la riqueza: los pobres no son pobres porque los ricos sean ricos. Un rico no es necesariamente un ladrón. Sólo si hay apropiación forzada la riqueza equivale a la pobreza. Por cierto, eso sucede en un caso importante que no es analizado por el progresismo: cuando el Estado nos quita el dinero, ahí sí que se enriquece él a expensas de sus súbditos. En condiciones de libertad el rico no empobrece a los demás ni es éticamente reprochable, al revés de lo que asegura Oxfam.

En segundo lugar, la pobreza no se supera mediante transferencias de recursos existentes, sino mediante creaciones de riqueza a cargo de los propios pobres, que jamás son considerados como protagonistas por el discurso hegemónico, que los ve como petrificados explotados, incapaces de salir adelante si no viene un poderoso a redistribuir a la fuerza la propiedad ajena.

Y en tercer lugar, el camelo de Oxfam transmite la sensación de que la política es buena si “lucha contra la desigualdad” hostigando exclusivamente a los millonarios. Pero la política no hace eso nunca, sino que se dedica a arrebatar los bienes a las grandes mayorías, a las que cobra impuestos y ahoga con toda suerte de controles, regulaciones, prohibiciones y multas; grandes mayorías, por cierto, que no reciben la atención de Oxfam ni de ninguna voz del buenísimo predominante”.[2]

Notas:

[1] Nuestro libro, La credulidad, Ediciones Libertad, pág. 59.

[2] Carlos Rodríguez Braun .OXFAM EUREKA. Fuente: Centro Diego de Covarrubias

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

 

 

 

Quien emprende aprende

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 10/5/13 en http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/2238800/opinion+columnistas/quien-emprende-aprende#.UY9PrbXOuSo

Quien emprende aprende que el emprendedor, como se llama ahora púdicamente al empresario de toda la vida, no es un siniestro explotador que empobrece al prójimo sino que es el creador de riqueza y empleo por excelencia. Y es un paradigma de la sociedad abierta. Por eso no resulta casual que los mayores enemigos de la libertad siempre sean los mayores enemigos de los empresarios, y de las dos instituciones económicas fundamentales de la sociedad libre: la propiedad privada y los contratos voluntarios.

Quien emprende aprende que la generación de bienestar social, característica de la labor empresarial, no es nada de lo que el empresario tenga que avergonzarse, porque lo ha conseguido arriesgando sus recursos, y jamás imponiendo a los ciudadanos los bienes y servicios que ofrece a la venta. Ésta es la diferencia radical entre el mercado y la política. En el mercado el empresario sólo gana si sus clientes también lo hacen, es decir, sólo gana si sus clientes compran libremente lo que él vende, algo que sólo harán si piensan que lo que compran vale más para ellos que el dinero que entregan a cambio. Así es como el mercado crea riqueza para todas las partes contratantes. En cambio, lo que debería suscitar vergüenza es lo contrario del emprendimiento, a saber, la coacción política y legislativa. Allí sucede que los ciudadanos nunca pueden elegir no comprar y no pagar. Se habla con desprecio de los mercaderes, pero a los mercaderes podemos no pagarles: basta con que no les compremos su género. No es así con los políticos y los burócratas de las administraciones públicas, a quienes debemos pagar a la fuerza, mediante impuestos, y padecer toda suerte de regulaciones y limitaciones al libre uso de nuestras propiedades y a nuestra capacidad de contratar con las demás personas físicas y jurídicas.

Quien emprende aprende que el beneficio empresarial nunca está garantizado. Desde púlpitos, cátedras y tribunas sin fin, ese beneficio es denostado como un ingreso ilegítimo, excesivo o cruel. De hecho, hasta la propia palabra «lucro» tiene un eco casi obsceno, como si fuera una suerte de apropiación indebida, o en todo caso, indigna. Nada está más lejos de la verdad. El beneficio empresarial es un ingreso digno, producto de la relación libre entre los ciudadanos, como acabamos de comentar. Asimismo, deriva de un riesgo que casi nunca es ponderado: el riesgo de perder todo el capital. El que haya tantos trabajadores y tan pocos empresarios se explica por esa asimetría en el riesgo. En efecto, un trabajador puede perder su empleo, un riesgo real, y de hecho multiplicado por las intervenciones de las autoridades, supuestamente diseñadas y aplicadas para proteger los «derechos laborales», pero que en la práctica se traducen en más paro para más personas durante más tiempo. Ahora bien, al perder su empleo, el trabajador prácticamente nunca pierde su capital. Un camarero puede ser despedido, pero no por eso deja de conocer su oficio. Una ingeniera de caminos puede ser despedida, pero no por eso le arrebatan el título de ingeniera ni los conocimientos teóricos y prácticos de su formación y especialidad. Es decir, los trabajadores conservan casi siempre su capital humano, que pueden poner en funcionamiento en otro empleo. En cambio, el empresario, si la empresa quiebra, no sólo pierde su trabajo si está allí ocupado, sino que puede perder absolutamente todo el capital que invirtió en ella. Es interesante que pocos recuerden ese riesgo cuando despotrican contra las ganancias de los capitalistas.

Quien emprende aprende que el empresario no tiene que «devolver» nada a la sociedad. Sólo deben devolver los que han robado, y los empresarios no roban, es decir, no arrebatan los bienes de los demás mediante la coerción. Sin embargo, se extiende la idea de que los empresarios deben tener «responsabilidad social», un concepto vaporoso pero que destila la noción de obediencia al poder, un poder, claro está, al que nadie le pide «responsabilidad social», y mucho menos que «devuelva» los bienes ajenos de los que se apropia.

Quien emprende aprende a desconfiar de los políticos que aseguran que la mejor manera de ayudar al emprendedor es poblar el Estado, las comunidades autónomas y los municipios de burocracias más o menos simpáticas y comités de expertos más o menos independientes dedicados a promover el emprendimiento. En este campo, como en tantos otros, la labor de la política es tan importante como mal ponderada. No se trata de montar nuevos departamentos oficiales, con más funcionarios y más presupuesto. Y no, tampoco se trata de subvencionar, peligrosa actividad que distorsiona incentivos y anima toda suerte de conductas ineficientes, en el mejor de los casos. Se trata de algo más simple, porque no requiere hacer sino dejar hacer, y a la vez más complicado, porque la política contemporánea no concibe hacer el bien sin intervenir activamente.

Quien emprende, en suma, aprende que los políticos pueden hacer, pero casi nunca hacen lo que deben para ayudar a los empresarios. A saber, dejarlos en paz.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.