Reservas del Central, ¿están o no están?

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 19/5/13 en http://economiaparatodos.net/reservas-del-central-estan-o-no-estan/

 ¿Cuánto tienen de reservas no tomadas contra deuda, cómo están colocadas y dónde? Cualquier respuesta que no responda con precisión a estos interrogantes es discurso barato de barricada

En 2008, con Agustín Monteverde comenzamos a seguir más de cerca las reservas del BCRA y luego de varios estudios, cada uno por su lado, llegó a la conclusión que el BCRA no tenía las reservas propias que declaraban tener. En ese momento, y ahora, creo que ningún economista coincide con nuestro análisis.

Recuerdo que por alguna declaración que hice en el programa de Mariano Grondona al respecto, el BCRA me mandó una carta documento exigiéndome que me ratificara o rectificara de mis declaraciones, carta documento que, obviamente, ignoré por completo.

La mayoría de los economistas hoy toma como pocos confiables los datos de inflación, desocupación, pobreza, PBI y demás estadísticas económicas, pero consideran como palabra santa el nivel de reservas propias que declara tener el BCRA. A diferencia de ellos, personalmente sigo mirando los números, los comparo con las medidas que toman y, por lo menos, sospecho del real nivel de reservas.

El primer dato a considerar es que tomando el nivel de reservas con el que parte el gobierno kirchnerista y siguiendo año a año el aumento de reservas que declara en su movimientos cambiarios base caja, no cuadran los datos de evolución y stock de reservas al fin del período.

El máximo nivel de reservas a fin de cada año que, dando por válidos los datos del BCRA, llega a tener dicha entidad es a fines de 2010 con U$S 50.200 millones. Obviamente sin hacerle las correcciones correspondientes. Tomando las reservas brutas sin restarles nada.

El tema de los pasivos es importante porque declarar un determinado nivel de reservas no indica nada. Lo relevante es cómo las obtuve y mi solvencia para enfrentar corridas cambiarias. Si compro una propiedad contra deuda, puedo decir que tengo un activo, el problema es si no declaro el pasivo que tengo contra ese activo. Por ejemplo, puedo comprar una propiedad en U$S 200.000 de los cuales U$S 180.000 es deuda contraída. Decir que si tengo U$S 200.000 en una propiedad sin mencionar la deuda de U$S 180.000 millones, es no conocer algo tan elemental como la partida doble en contabilidad.

El primer gran interrogante es cuánto de las reservas que declara como propias el BCRA son limpias de toda deuda en moneda extranjera.

Segundo dato curioso, el gobierno impuso el cepo cambiario a los pocos días de haber ganado las elecciones Cristina Fernández de Kirchner. Se cuidó de no decirlo en la campaña electoral. Pero ni bien cerraron las urnas, se largó con el cepo cambiario. En ese momento el BCRA declaraba tener como propias unos U$S 47.000 millones. Un número suficientemente grande como para imponer un cepo. Recordemos que todo empezó con la autorización previa de la AFIP para comprar dólares, luego fueron cerrando más la canilla hasta que hoy querer ahorrar en dólares es casi ser un traidor a la patria en el relato oficial. Pero sigamos, luego de la autorización de la AFIP para comprar dólares obligaron a las compañías de seguro a traer las divisas que tenían depositadas en el exterior. Después cerraron las importaciones. Luego prohibieron el giro de utilidades y dividendos. Y ahora, con el argumento de movilizar la economía, hacen un blanqueo con características insólitas, supuestamente para atraer al sistema los dólares que la gente tiene en el colchón o en el exterior. Es decir, el Central está pidiendo que ingresen dólares contra dos bonos emitidos en dólares. Curiosa contradicción del relato de desendeudamiento.

Este tsunami de medidas para evitar que la gente pueda acceder a dólares lleva a sospechar sobre el real nivel de reservas que tiene el BCRA, algo que sería muy fácil de mostrar. Solamente tendrían que informar cuántas reservas tienen sin haberlas tomado contra deuda en moneda extranjera, en qué activos están colocadas y dónde. Especificando claramente en qué activos están colocadas (plazos fijos en el exterior, bonos de otros gobiernos o bóveda del BCRA). Pero no con discursos, con papeles que demuestren las palabras.

De acuerdo al último balance del BCRA al momento de redactar esta nota, las reservas que declara tener el BCRA representan solo el 35% del activo. Si le descontamos los encajes en dólares, que son divisas que el Central le debe a los bancos y estos a sus depositantes, las reservas representan solo el 27,6% del activo. Como dato de referencia, siguiendo el mismo criterio a principios de 2011 ese 27,6% era 45%, lo cual refleja el deterior patrimonial del Central.

El balance del BCRA se presenta en pesos, por lo tanto las reservas figuran en pesos al tipo de cambio de valuación. Si uno toma las reservas del BCRA así como las presenta sin restarle nada, declara tener $ 205 mil millones de pesos en reservas. Pero tiene en el activo $ 174 mil millones en letras intransferibles del tesoro que vencen entre 2016 y 2022. ¿Cuál es el valor de mercado de esos bonos? Cero porque no se pueden vender. Y si se pudieran vender, tendrían un valor de mercado cercano a cero.

Pero además el tesoro le debe al Central otros $ 130 mil millones por adelantos transitorios. Esto es emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Siendo que ni las letras intransferibles ni los adelantos transitorios tienen valor de mercado, podemos restarlas del activo. Con lo cual, el activo baja de $ 592 mil millones a $ 287 mil millones.

Tenemos entonces que el BCRA tiene un activo de $ 287 mil millones. ¿Cuánto tiene en el pasivo? $ 514 mil millones. El pasivo supera al activo en $ 226 mil millones, que es lo mismo que decir que debe más de lo que tiene. Al tipo de cambio de valuación del Central, el patrimonio neto negativo asciende a U$S 43.454 millones. Más que las reservas que declaran tener.

Y aquí voy a las declaraciones poco felices de Lorenzino que ahora se hace el hombrecito denunciando como terroristas a los economistas que no coinciden con el relato oficial, pero cuando le preguntan por la inflación dice: me quiero ir. Bien, antes de denunciar a nadie de terrorismo, sería bueno que Lorenzino diga cómo piensa solucionar el gobierno al que pertenece este problema patrimonial del BCRA sin devaluar. Si las reservas siguen cayendo y los pesos que emite el BCRA continúan creciendo, que explique él, la presidente del BCRA o Kicillof, cómo arreglarán este lío que armaron sin aplicar una brusca devaluación.

Seguramente si uno  les hiciera esta pregunta en público responderían en masa: me quiero ir!!!!

Mientras tanto esperamos la respuesta sobre las reservas formulada anteriormente. ¿Cuánto tienen de reservas no tomadas contra deuda, cómo están colocadas y dónde? Cualquier respuesta que no responda con precisión a estos interrogantes es discurso barato de barricada.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

 

Derechos individuales: transformados en delito por el Gobierno

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 22/7/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3727

Los argentinos hemos aceptado que nos prohíban comprar, producir y vender lo que queremos, que nos digan cómo debemos ahorrar, que nos cobren cada vez más impuestos sin que el Estado rinda cuenta de sus gastos y hasta que nos digan qué tenemos que pensar y qué podemos decir y qué no públicamente. ¿Somos libres o estamos presos?

Cada día que pasa, el discurso del Gobierno tiende a tratar de convencernos de que los derechos de los habitantes empiezan a transformarse en delitos y que lo que son delitos y abuso del uso del poder, son derechos de los gobernantes que buscan el bienestar de la población.

Si hoy alguien quiere ejercer su derecho a enviar sus ahorros al exterior porque desconfía de la seguridad jurídica, según el discurso del Gobierno es un delincuente, cuando en rigor el acto delictivo lo comete el Estado violando el derecho de propiedad y generando inseguridad jurídica.

Si alguien quiere comprar dólares para defenderse de la inflación, o porque se le da la gana, es un delincuente. Justamente el viernes pasado, el ministro de Economía Hernán Lorenzino afirmó que el mercado marginal o blue hay que verlo como un acto delictivo. Siendo que el dólar es una mercadería como cualquier otra, no se entiende por qué comprar una simple mercadería llamada dólar se transforma en un acto delictivo y no es un delito prostituir el valor del peso. ¿Por qué es delito defenderse de la inflación que genera el Estado y no lo es destruir el peso como moneda?

Si alguien quiere, con el fruto de su trabajo, comprar una mercadería importada es un delincuente si el Estado no lo autoriza, pero no es un acto delictivo que un funcionario público utilice el monopolio de la fuerza para violar el derecho a que cada uno utilice sus ingresos como mejor le parezca y compre lo que considera más conveniente para él.

Alguien que emite una opinión sobre la evolución del mercado inmobiliario inmediatamente es denunciado públicamente por su situación fiscal, desviando el tema de lo que ocurre realmente en dicho mercado, y el derecho a la libre expresión pasa a ser reprimido.

[ Nota relacionada: Cristina y los mitos de la distribución del ingreso ]

Por ejemplo, el soberbio Axel Kicillof acaba de afirmar que el discurso de los economistas opositores hace daño porque algunas personas todavía los escuchan. Resulta que ahora él es el dueño de la verdad y estableció el delito de opinión, porque todo el que opina diferente le hace daño al país. Pareciera ser que los destrozos que está haciendo el Gobierno al que pertenece son una bendición para el país. Generar desocupación, inflación, recesión, pobreza e indigencia tal vez no sea un delito, pero sí falta de idoneidad para gobernar un país y mala praxis profesional.

Insistir con la estupidez de que el sistema jubilatorio de reparto es solidario y el privado es mezquino indica que este joven no estudió matemáticas y no sabe que el sistema de reparto es infinanciable aquí y en cualquier parte del mundo, porque la esperanza de vida aumentó y cada vez se necesitan más activos para mantener a un pasivo. En el caso particular de Argentina, como las jubilaciones dependen de la tasa del impuesto que se aplique sobre los salarios, del nivel de salario y de la tasa de ocupación, todavía es más inviable, porque la desocupación crece, los salarios reales están cayendo y la tasa del impuesto es tan alta que estimula el trabajo en negro.

[ Nota relacionada: Jubilaciones: por qué el sistema estatal es inviable ]

Además, Kicillof no debería presentarse como el dueño del monopolio de la solidaridad ya que no es muy solidario no cumplir con el mandato de la Corte Suprema de pagar el 82% móvil y estirar los juicios para que los jubilados se vayan muriendo y sus reclamos queden en la nada. Especular con la muerte de la gente para no pagar es de una bajeza sin límites.

Por otro lado, ¿quién le otorgó el derecho a decidir cómo me voy a jubilar? Yo no defiendo el sistema de AFJP, defiendo el derecho a que cada uno arme su jubilación como mejor le parezca y no sea papá Estado el que me diga cómo tengo que prevenir mi futuro. En todo caso, el Estado, argumentando solidaridad, ha sumergido a los jubilados en la miseria más absoluta. Mi jubilación la puedo hacer armando una cartera con activos como propiedades, bonos o acciones, entre otras opciones, y no depender de que el Estado le cobre un impuesto al que trabaja para pagar mi jubilación.

Es más, tal es el grado de la burrada de Kicillof cuando afirma que el sistema de reparto es solidario y que el otro no funcionó, que ni siquiera se tomó el trabajo de ver cómo se financia el pago de las jubilaciones actuales: el 100% de los ingresos de la ANSES no proviene de los impuestos al trabajo, sino que este organismo también recibe parte de los impuestos a la ganancia, internos, IVA, combustibles, cigarrillos, entre varios otros. Si fuera por los ingresos de aportes y jubilaciones, los jubilados estarían peor que ahora. Pero, nuevamente, el derecho a que cada uno busque la forma de prevenir su futuro es, para el Gobierno, un delito.

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Y más burrada es decir que es “privatista, noventista y reaccionario” que no se destinen los fondos de la ANSES al sistema productivo. Lo de noventista lo habrá dicho por sus jefes los Kirchner que fueron menemistas. Lo de privatista lo dirá por los funcionarios K que hacen fortunas con los negocios que le brinda en bandeja el Gobierno. Pero lo que refleja la ignorancia de este charlatán de tribuna es que si alguien arma en forma libre su jubilación comprado bonos, acciones, propiedades u otros activos, canaliza sus ahorros hacia el sistema productivo. La diferencia es que él quiere manejar nuestra plata y no que nosotros la manejemos. Si la manejamos nosotros sin entrar al sistema de reparto, somos delincuentes evasores. Si ellos las despilfarran y condenan a los futuros jubilados a la miseria son solidarios.

[ Nota relacionada: Para el Gobierno es más importante el Fútbol para Todos que los jubilados ]

Pero dejando de lado los dichos de un funcionario que pretende dar cátedra sobre cómo funcionan la economía la economía en general y la argentina en particular cuando le faltan muchas horas de vuelo, lo concreto es que aquí se están cambiando los valores fundamentales. Los derechos de los ciudadanos son transformados en delitos mediante el discurso K, mientras que las violaciones al orden jurídico y el abuso del poder por parte de los funcionarios públicos son presentadas como un derecho del Gobierno, que si alguien llega a discutir es el enemigo o el destituyente.

Es decir, la violación al estado de derecho se transforma en algo legítimo y los derechos de los habitantes en delitos. Con este cambio de roles, es obvio que el “vamos por todo” no es otra cosa que intentar establecer una autocracia.

Hemos aceptado que nos prohíban comprar lo que queremos, producir y vender lo que deseamos, ahorrar como se nos da la gana, viajar al exterior sin restricciones, que nos obliguen a soportar una enorme carga tributaria sin poder saber en qué se gasta, que la AFIP nos persiga sin derecho a la defensa por opinar diferente, a que nos metan miedo si hablamos y a soportar una cadena atrás de otra para que nos reten. En fin, la lista es tan grande que prácticamente cualquier cosa que hacemos pasamos a ser delincuentes para el Gobierno o merecemos una reprimenda de su “majestad”.

En síntesis, si seguimos este rumbo, cada uno de nosotros va a estar en libertad condicional y siendo atropellado por un gobierno que ha perdido legitimidad al usar el monopolio de la fuerza para violar nuestros derechos.

[ Nota relacionada: ¿Qué pasa cuando en nombre de la patria se violan derechos individuales? ]

Para finalizar, cabe recordar el artículo 29 de la Constitución, que si algún día se recupera la República, debería ser aplicado con todo rigor:

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

Hoy, Cristina Fernández de Kirchner dispone de facultades extraordinarias para manejar el presupuesto. Y Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, dispone de la suma del poder público por lo que la vida, el honor y las fortunas de los argentinos quedan a merced del Gobierno o algún funcionario como él.

El artículo 29 de la Constitución ha sido violado de punta a punta. Algún día debería haber un Nuremberg para que nadie más, en el futuro, se anime a violar los derechos de los ciudadanos con total impunidad.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.