¿PORQUÉ OBEDECER A LA AUTORIDAD?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De entrada me parece que resulta conveniente precisar que hay básicamente dos tipos de autoridad. En primer lugar, la  en un sentido amplio es decir la que es reconocida por la rectitud de conducta o por los conocimientos o por ambas cosas a la vez. Este tipo de autoridad no necesita de aparatos compulsivos de la fuerza para acatarse, se adopta por la virtud implícita en el  ejemplo. En este sentido no hay obligación propiamente dicha de seguir los lineamientos estipulados, si se siguen es  por el reconocimiento de la razón de lo que se pone de manifiesto.

 

Pero hay otro tipo de autoridad que se sustenta para su cumplimiento en la fuerza, sea esta de un gobierno respaldado siempre en las botas policiales, una autoridad escolar respaldada en reprimendas varias o equivalentes. En estas líneas vamos a centrar nuestra atención en el primer tipo, esto es, la de los aparatos estatales.

 

Como enseñan algunos de los pensadores en la larga tradición del iusnaturalismo: Grotius, Pufendorf, R. Hooker, Francisco de Vitoria, Sidney, Locke,  Leo Strauss, Francis Lieber, Eric Mack, H. B. Veatch, Lon Fuller, Roscoe Pound, John Finnis -a contracorriente de los Kelsen, Hart y Raz contemporáneos- las disposiciones legales deben basarse en puntos de referencia extramuros de la norma positiva para ser justas. Y esos mojones a su turno derivan de lo que hace posible el desenvolvimiento de los seres humanos que del mismo modo que las piedras y las rosas tienen propiedades inherentes a su naturaleza.

 

De allí el derecho natural, que aunque en ciertos ámbitos se ha utilizado de modo caprichoso y degradado, sigue manteniendo su sentido original. Por esto es que juristas de la talla de Bruno Leoni insisten en que la conformación del derecho positivo está inmerso en un proceso de descubrimiento y no uno de ingeniería social o de diseño.

 

La autoridad del tipo ahora estudiado se basa en la ley, a saber, las disposiciones que son afines a la naturaleza del hombre para poder desarrollarse en la vida. Incluso David Hume escribe que “No es impropio recurrir a la expresión ley natural si por natural entendemos lo que es común a la especie” (en A Treatise on Human Nature) . Esto es lo que confiere autoridad a los gobiernos en una sociedad abierta, a diferencia de megalómanos que pretenden controlar vidas y haciendas ajenas.

 

Ahora bien, ¿que hacer cuando los aparatos estatales se salen de cauce y en lugar de proteger derechos los conculcan? Es una cuestión prudencial, cuando los atropellos son tolerables es mejor absorberlos y tratar de revertir la situación por medio de la persuasión. Pero cuando la situación se hace insoportable, tal como reza la Declaración de la Independencia estadounidense (en la que se han inspirado las naciones libres), es deber de los ciudadanos el deponer al gobierno e instaurar otro. Este es el derecho a la resistencia a gobiernos opresivos. Es un contragolpe de Estado cuando el gobierno ha dado un golpe contra las instituciones libres…son los casos hoy, por ejemplo, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. No hay que confundir al ciudadano con el súbdito ni un país con un Gulag.

 

Como queda dicho, de más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor) solo que con otros gobernantes como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los Padres Fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Como he subrayado antes, incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo.

Lo mismo va para el caso argentino de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también lo ocurrido con otros dictadores latinoamericanos de la misma época. Y mucho antes que eso los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). También los casos de Stroessner en Paraguay, de Somoza en Nicaragua, de Trujillo en la República Dominicana y similares. Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

El antes mencionado Sidney había escrito como burla a la monarquía absoluta que alegaba que su poder derivaba de Dios y otras sandeces que irónicamente “Dios ha causado que algunos nacieran con coronas en sus cabezas y todos los demás con monturas sobre sus espaldas”.

Especialmente en América latina ha sido costumbre el dirigirse a la autoridad gubernamental como su exceletísimo, su eminencia reverendísima y otros servilismos impropios de un sistema republicano y del recato, del pudor y la decencia más elemental. Incluso se hace alarde del título de “honorable” sin percatarse que el vocablo en gran medida proviene de la condición de ad honorem cosa que por el contrario es rechazada para en cambio percibir suculentas dietas (para no decir nada de los dineros mal habidos).

Benjamin Constant ha popularizado los conceptos de “libertad de los antiguos” y “libertad de los modernos” (noción rechazada por Fustel de Coulanges), entendiéndose lo primero como la mera participación de algunos gobernados en el gobierno, mientras que lo segundo alude a la preservación de las autonomías individuales. Del mismo modo, la tolerancia era concebida antes como una gracia del monarca o del sacerdote y, en cambio, modernamente es entendida no con tufillo inquisitorial de perdonar a los que se estimaba estaban equivocados sino que se ha transformado en la consideración por los derechos de todos.

No debe confundirse autoridad con autoritarismo, lo primero en el contexto de lo que estamos tratando alude al uso de la fuerza con carácter defensivo, nunca ofensivo en cuyo caso invariablemente irrumpe el autoritarismo.

Es por esto que en la actualidad resulta de gran  provecho recordar el célebre dictum del historiador decimonónico Acton en cuanto a que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” al efecto de alertar frente a desvíos de la órbita política del momento.

Frente a todos los problemas siempre hay quienes proponen que intervengan los aparatos estatales, lo cual significa que se arrancará el fruto del trabajo ajeno para recurrir a la violencia. Muy paradójicamente esta maniobra se lleva a cabo en nombre del derecho cuando en verdad se trata de pseudoderechos ya que se echa mano al bolsillo del prójimo para imponer obligaciones injustas a terceros. Injustas porque violan la definición clásica de Justicia de “dar a cada uno lo suyo” puesto que “lo suyo” implica el respeto a la propiedad de cada cual, lo cual se ha violado al proceder en consecuencia.

Muy paradójicamente hoy en el denominado mundo libre la política más generalizada consiste en el fascismo, es decir, permitir el registro de la propiedad a nombre de particulares pero usa y dispone el gobierno. Es un modo más efectivo y encapuchado de debilitar la institución de la propiedad privada que los marxistas -más sinceros ellos- proponen abrogar de un plumazo. Pensemos en ejemplos cotidianos: los taxis en muchas de las grandes ciudades son manejados por los alcaldes en cuanto a la regulación de la tarifa, el color en que están pintados y el horario de trabajo. También los sistemas educativos, en general manipulados por ministerios de educación que establecen pautas curriculares y otras disposiciones para la mal llamada educación privada (en verdad privada de independencia). Todo esto sin contar las asfixiantes regulaciones en el comercio, la industria, el agro y la banca.

Según Etienne de la Boétie “Son pues, los propios pueblos los que se dejan, o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir romperían las cadenas” (en Discurso sobre la servidumbre voluntaria), que era la preocupación y ocupación de Henry David Thoreau respecto a la necesaria desobediencia civil para mantener en brete al Leviatán y para bloquear a los mandatarios con sed de transformarse en mandantes.

En lugar de estar permanentemente apuntando a lo menos malo en actitud timorata y rastrera, tengamos el coraje de subir la vara para encaminarnos al respeto recíproco. En el extremo miremos lo que se sugiere desde la vereda de enfrente al espíritu liberal, una postura que explica porqué las izquierdas marcan las agendas y habitualmente corren el eje del debate, lo cual está muy bien ilustrado en el título de una conferencia de Herbert Marcuse dirigida a estudiantes, en 1969, en Canadá: “Exijamos lo imposible”.

De todos modos y por último decimos que la secuencia siendo firme debe ser ordenada en una secuencia racional, por lo que la noción de autoridad centrada en el monopolio de la fuerza puede sin duda mutar en el futuro si es que quedaran resueltos los problemas esgrimidos básicamente en las teorías de los bienes públicos, la asimetría de la información, el dilema del prisionero, los free riders y la refutación del denominado equilibrio de Nash y el teorema de Kaldor-Hicks en el contexto de las inconsistencias de balances sociales explicados por Robert Nozick y la interpretación correcta de “la tragedia de los comunes” y el óptimo de Pareto. Estos temas no se han debatido aun con el suficiente detenimiento, aunque hay trabajos muy meritorios al respecto que no han  salido a la luz debido a que no se han resuelto temas mucho más básicos y, naturalmente, no puede construirse el techo de un edificio antes de que se encuentren listos los cimientos (lo que se traduce en otra metáfora más: no se puede colocar la carreta delante de los bueyes frente a la mediocridad de la mayor parte de los debates actuales que repiten las mismas falacias de antaño).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

MEDITACIONES SOBRE LA LEY

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De un largo tiempo a esta parte la noción original de la ley se ha deteriorado significativamente. En la tradición del common law y en buena parte del derecho romano, especialmente durante la República y la primera parte del Imperio, el equivalente al Poder Legislativo era para administrar las finanzas de los gobernantes mientras que el derecho era el resultado de un proceso de descubrimiento que surgía de otro campo: los fallos de árbitros según los convenios entre partes que el poder de policía se encargaba de hacer cumplir.

 

El jurisconsulto italiano Bruno Leoni en su célebre obra La libertad y la ley, traducida a muchos idiomas,explica que “Estamos tan acostumbrados a pensar en el sistema del derecho romano en términos del Corpus Juris de Justiniano, esto es, en términos de una ley escrita en un libro, que hemos perdido de vista como operaba el derecho romano […] El derecho romano privado, que los romanos llamaban jus civile, en la práctica, no estuvo al alcance del legislador […] por tanto, los romanos disponían de una certidumbre respecto de la ley que permitía a los ciudadanos hacer planes para el futuro de modo libre y confiado y esto sin que exista para nada derecho escrito en el sentido de legislaciones y códigos” a diferencia de lo que hoy ocurre en cuanto a que cualquier legislación puede modificarse abruptamente en cualquier dirección, en cualquier área o abarcando extensos territorios.

 

El filósofo del derecho Lon Fuller en The Principles of Social Order concluye que “el juez que tiene claramente en su mente que el principio del contrato puede, sin su ayuda, servir como ordenamiento social abordará su materia con un espíritu diferente de aquel juez que supone que la influencia del contrato en los asuntos humanos deriva enteramente de la legislación fabricada por el Estado”, lo cual expande en su libro titulado The Morality of Law en la que crítica muy documentadamente al positivismo legal (corriente que desafortunadamente hoy predomina en la mayor parte de las Facultades de Derecho en la que los egresados citan legislaciones, incisos y párrafos pero desconocen los fundamentos de la norma extramuros de la ley positiva).

 

Por su parte, Harold Berman muestra detalladamente el proceso evolutivo y abierto de las distintas ramas del derecho con independencia del poder político en el voluminoso estudio Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition y Richard Epstein explica los graves daños al derecho que surgen a raíz de la acumulación de las así llamadas leyes surgidas en avalancha de los Parlamentos, en su trabajo titulado Simple Rules for a Complex World. Y esta es precisamente la preocupación de Friedrich Hayek en sus tres volúmenes de Derecho, Legislación y Libertad al efecto de distinguir lo que es el derecho de lo que es mera legislación. En este último sentido, era la preocupación también de Marco Aurelio Risolía en su tesis doctoral titulada Soberanía y crisis del contrato en la que marca los peligros legislativos de las llamadas teorías del abuso del derecho, la lesión, la imprevisión y la penetración que lamentablemente fueron luego incorporadas al Código Civil argentino, y es la preocupación de Bruno Leoni quien en la obra antes referida escribe que “la importancia creciente de la legislación en la mayor parte de los sistemas legales en el mundo contemporáneo es, posiblemente, el acontecimiento más chocante de nuestra era”.

 

En sus múltiples publicaciones, Bruce Benson pone de manifiesto el carácter espontáneo del derecho y su evolución equivalente al lenguaje que es tan esencial para el hombre que no puede pensar ni trasmitir pensamientos sin esa herramienta vital. El lenguaje es un proceso que no surge de disposiciones legales sino que se va construyendo a través del tiempo (Borges decía que el inglés contaba con más palabras que el castellano porque en este último caso existía la Academia de la Lengua que, además, es un ex post facto). Hay mucho más en las elucubraciones sofisticadas de Benson y otros autores, especialmente en cuanto al tema de los bienes públicos, las externalidades y el dilema del prisionero vinculados al derecho, pero, en esta instancia, bastan los comentarios sintetizados en esta nota periodística para plantear el problema general.

 

Tras la avalancha del Leviatán se encuentra la idea completamente desfigurada del derecho. Como hemos dicho y repetido, las políticas nocivas de “la redistribución de ingresos”, los gastos públicos siderales, las astronómicas deudas estatales, los impuestos insoportables, las regulaciones asfixiantes, déficit presupuestarios descomunales y demás parafernalia, no se suceden por casualidad. Son consecuencia inexorable de una visión estatista que demuele las bases del derecho para entronizar aparatos gubernamentales que manejan a su arbitrio las vidas y las haciendas de la gente, en el contexto de marcos institucionales desvirtuados de su misión específica de garantizar autonomías individuales.

 

Veamos más de cerca la idea del derecho. Se sustenta en la propiedad comenzando por la facultad de usar y disponer del propio cuerpo y la manifestación del pensamiento de cada cual, todo en el contexto de no lesionar iguales derechos de terceros. Esto como la contratara de la condición humana, seres libres y, por ende, moralmente responsables. Si estuviéramos en Jauja, el derecho se limitaría a lo mencionado, pero como el caso no es evidentemente éste, el derecho se extiende al uso y disposición de lo adquirido lícitamente, sea del fruto del propio trabajo, de lo recibido en carácter de donación o de haberse ganado la lotería.

 

Independientemente del monto de la propiedad, el mantenerla, acrecentarla o consumirla, depende en la sociedad abierta del grado de apoyo del prójimo respecto a la calidad del bien o servicio que se ofrezca. Si el sujeto en cuestión se equivoca en los deseos o preferencias de los demás, incurrirá en quebrantos y si acierta obtendrá beneficios. Las desigualdades de ingresos y patrimonios son en este contexto resultado de las opiniones de terceros. De este modo, se aprovechan los siempre escasos recursos para que estén en las mejores manos. Como queda dicho, no son posiciones irrevocables, sino cambiantes según las necesidades de otros.

 

Como los bienes y servicios no crecen en los árboles, la asignación de factores productivos opera del modo señalado y, al aprovechar de la mejor manera los escasos recursos disponibles, se permite la maximización de los salarios e ingresos en términos reales y, asimismo, estirar el valor de las cosas en un proceso dinámico de riqueza (al contrario de la versión cavernaria de los que la ven con lentes de la suma cero).

 

Por el contrario, toda medida que atente contra esta asignación de derechos de propiedad inexorablemente disminuye salarios e ingresos en términos reales. Desde luego, que esto ocurre también cuando se pervierte el rol empresarial estableciendo vínculos privilegiados con el poder de turno. Eso no solo significa explotación de la gente por parte de esa casta de pseudoempresarios, sino que las desigualdades de ingresos y patrimonio resultan a todas luces injustas y el consiguiente derroche de capital reduce salarios.

 

Es por todo esto que Marx escribía que “todo nuestro programa se puede resumir en esto: la abolición de la propiedad privada” y es por eso que el fascismo y el nacionalsocialismo, como una mejor estrategia para una más eficaz penetración del colectivismo, propone dejar la propiedad registrada en manos particulares pero usar y disponer de ella desde el aparato estatal.

 

También como hemos recordado antes, Ludwig von Mises demostró que sin propiedad privada no hay precios (los precios surgen de contratos de intercambios de propiedad) y, por ende, no hay posibilidad de evaluación de proyectos, contabilidad ni cálculo económico en general con lo que, en rigor, no existe tal cosa como la “economía socialista”.

 

Vivimos la era de los pseudoderechos ya que significan atropellos sobre los derechos de otros con lo que se demuelen los marcos institucionales civilizados y, consecuentemente, se perjudica a todos pero muy especialmente a los más necesitados. Sin que se elimine de cuajo la propiedad, en la medida en que se la afecta tiende a debilitarse el significado del cálculo con las consecuencias apuntadas. El pretendido voluntarismo de otorgar facultades por decreto contra el fruto del trabajo ajeno, demuele la noción de derecho junto al andamiaje de una sociedad libre. En la media en que tenga vigencia “la tragedia de los comunes”, es decir, que finalmente se apunta a que la propiedad sea “de todos” en verdad no es de nadie con incentivos perversos del mal uso.

 

Hoy frente a cualquier problema se lo pretende resolver en el Congreso con “una ley”, situación que desconoce los fundamentos del derecho y de las mismas facultades legislativas en la tradición constitucional desde 1215.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.