Un golpe mortal a la economía

Por Iván Carrino. Publicado el 31/8/14 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2014/08/31/un-golpe-mortal-a-la-economia/

 

Para la mayoría de los economistas del mundo, Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, si uno mira los números del PBI norteamericano, 1940 es el año en que se regresa al mismo nivel que 1929. Sin embargo, esos números están fuertemente afectados por el esfuerzo prebélico del Gobierno, lo que hace que el PBI no sea la medida más adecuada para medir el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los consumidores no están mejor cuando se fabrican tanques y ametralladoras, sino cuando se innova y se multiplican los bienes de consumo que mejoran directamente su calidad de vida.

Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales licencias de importación, las sucesivas prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y profesor asistente de Economía en la Universidad de Belgrano.