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“Hay que cambiar las leyes que permiten la corrupción sindical”

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/2/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/4882-hay-que-cambiar-las-leyes-que-permiten-la-corrupcion-sindical/

El problema son las leyes que sustentan el sistema fascista de los sindicatos

Una sociedad libre, aquella en donde se respetan las libertades y los derechos, donde la responsabilidad individual prima; promueve el derecho a asociarse o no, el derecho reunirse en torno a clubes, asociaciones y sindicatos es uno de sus postulados básicos. Los individuos podrán formar diversas asociaciones para cualquier fin que estimen conveniente, siempre y cuando no se vulneren los derechos de terceros.

Sin embargo, esta premisa no se cumple siempre y, lejos parece haber quedado esta expresión social, dando lugar a sistemas de coerción y corrupción, que con procedimientos violentos e intimidatorios pretenden marcar el rumbo del gobierno, sacando el mayor provecho a unos beneficios no ganados, perjudicando severamente a sus asociados.

Argentina dista mucho de tener un modelo sindical liberal. En un país donde los sindicatos parecen tomar más fuerza con el cambio de gobierno, existe un perverso proteccionismo hacia dichos grupos violentistas, quizá por miedo a enfrentarse a ellos o quizá porque los gobiernos necesitan de los sindicatos para continuar realizando reformas cómodamente.

Visión Liberal conversó con Benegas Lynch, para quien “todos los gobiernos civiles de distintos partidos y militares apuntaron a usar el movimiento obrero en provecho propio. Por eso es por lo que no abrogan la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos y la figura de la “personería gremial” que otorga el monopolio de la representación que introdujo Perón, junto al curro de las obras sociales que implantó Onganía y los ya tradicionales agentes de retención para manipular el fruto del trabajo ajeno. En otros términos, se necesitan sindicatos libres y voluntarios que por ahora no tenemos”.

Por otro lado, gracias a la manipulación de los sindicatos, a sus huelgas y piquetes constantes reclamando derechos que no les corresponden, que según una encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados el sindicalismo argentino tiene un 81,6% de imagen negativa (marzo 2017). Pero, además, un 14,1% tiene una percepción “regular” de dicho sector. Tan solo un 3,4% ve con buenos ojos la gestión sindical en el país. La investigación revela que “corruptos” es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asocia a los dirigentes gremiales.

Para Benegas Lynch (h) “las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios. En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios”.

En el caso argentino, el sindicalismo argentino se sustenta en un sistema coactivo a través de la figura de la personería legal. Los dos pilares del sindicalismo recaen en: la personería gremial que reconoce un solo gremio por actividad y las obras sociales que da a los sindicatos el manejo de la salud de los afiliados. Esto, para Alberto Benegas Lynch es un régimen “de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a este sistema fascista de representación coactiva. Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

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Carta Magna, a ochocientos años de su firma

Por Alejandra Salinas:

 

La Carta Magna es un documento de 62 artículos que el rey Juan I de Inglaterra se vio forzado a firmar por la presión de los nobles ingleses el 15 de junio de 1215, en la localidad de Runnymede  (hoy condado de Surrey, G.B.). Después de años de luchas políticas que consumían cuantiosos recursos y vidas, el rey tuvo que aceptar los reclamos y se comprometió a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes, sin un juicio previo a cargo de sus pares.

Según nos lo recuerdan los especialistas, las disposiciones de la Carta Magna que apuntaban a limitar al poder político siguen siendo hoy fundamentales: “Las cláusulas 39 y 40, por ejemplo, prohíben la venta de la justicia e insisten en el debido proceso legal. De ello se deriva no sólo el principio de hábeas corpus (que los acusados no deben ser detenidos indefinidamente sin juicio), pero la idea del derecho a un juicio por jurado (por los “pares” del acusados). Incluso la presunción de inocencia a la espera de la condena se remonta a las disposiciones de la cláusula 40 (…). A partir de la cláusula 14 (…) surge la idea de ningún impuesto sin representación, y con ello la creación de un consejo común, debidamente incorporado al Parlamento, como un medio de obtener el consentimiento popular ” (Nicholas Vincent, http://www.bl.uk/magna-carta/articles/the-clauses-of-magna carta#sthash.dGfJA3p5.dpuf)

En conmoración de los ochocientos años de la firma de tan importante texto, la afamada British Library de Londres presenta en estos meses la exposición Carta Magna: Derecho, Libertad, Legado, donde se recuerda la trayectoria del documento, mencionando que pasó de ser “un tratado de paz política” a un ícono internacional de libertad individual. Es sobre este último aspecto que me interesa reflexionar hoy. Las líneas finales del documento leen:

 

“… que todos los hombres en nuestro Reino tengan y guarden todas estas libertades, derechos y concesiones legítima y pacíficamente en su totalidad e integridad para sí mismos y para sus herederos, en cualesquiera asuntos y lugares y para siempre.”

“…hemos jurado que todo esto se observará de buena fe y sin engaño alguno….” (en: José M. Vidal, “Texto de la Carta Magna de Juan sin tierra de 5 de junio de 1215“, 2010,

http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/07/cmt.html).

 

Al limitar la discrecionalidad del poder del rey mediante un compromiso escrito, los barones sin duda actuaron guiados por el interés propio en preservar sus tierras y riquezas de la voracidad real alimentada por las guerras. Sin embargo, la retórica de las frases citadas muestran que los efectos beneficiosos de la firma del acuerdo se pensaban para “todos los hombres” (no así las mujeres, habría que esperar muchos siglos para ello), cuyas “libertades y derechos” quedaban garantidos “para siempre”, mediando la “buena fe y sin engaño”.

Encuentro en estas cortas líneas el núcleo del pensamiento político liberal tal como lo entiendo hoy: independientemente del origen y justificación de las libertades, independientemente de las diferentes posiciones y logros sociales, e independientemente del tiempo histórico particular, las garantías y protección de los derechos individuales son tarea básica e impostergable de todo Estado.

Es esa la tarea -hasta entonces incumplida- que impulsó a los barones ingleses a protestar con éxito frente al rey; la misma tarea que condujo a la formación de las repúblicas americanas como experimento para limitar al gobierno; y la misma tarea que, a ochocientos años de la Carta Magna, sigue convocando a los pueblos del mundo con la misma intensidad y premura a exigir de toda autoridad política la protección de nuestros derechos, sin “engaños” y de “buena fe”.

 

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.