La economía atacada por leyes antieconómicas

Por Gabriel Boragina. Publicado en:

 

Generalmente, se culpa al gobierno de turno por los fracasos económicos que acaecen durante su gestión. No cabe duda que un gobierno puede cometer torpezas económicas y -de hecho- la mayoría de ellos (sino todos) lo hacen cada vez que tienen la oportunidad.
Nuestra mirada cortoplacista nos hace pensar que la culpa completa de los desastres económicos (grandes o pequeños) son del gobierno al mando del momento. Sin embargo, suele pasarse por alto que cuando un partido llega al poder, pesarán sobre sus espaldas y maniatarán su campo de maniobra de acción todo el peso de las leyes que le precedieron, y que en el país rigen desde décadas atrás.
En el caso argentino -al menos- la gran mayoría de estas leyes no sólo son inconstitucionales, sino que también son antieconómicas, y el partido gobernante (a menos que desee y pueda convertirse en una tiranía al estilo de la Venezuela chavista) está obligado a respetar todas y cada una de esas leyes, siendo el poder ejecutivo, meramente, el encargado de su aplicación.
Además de esto, también se soslaya que, no sólo gobierna el poder ejecutivo, y que este debe limitarse a rol de aplicar las leyes que ya existían y existen antes de la llegada del partido gobernante, sino que también gobierna el poder legislativo, que no para de sancionar leyes que, por lo general, también son cada vez más inconstitucionales y -por consiguiente- más antieconómicas. A pesar del tiempo transcurrido, creo que quien mejor expuso esto, que aquí simplemente delineamos, fue el prócer argentino Juan Bautista Alberdi en su maravillosa obra Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.
Alberdi fue el inspirador más importante de la Constitución de la Nación Argentina, la que pese a las graves mutilaciones sufridas con la reforma del 1994 todavía conserva parte del espíritu de aquella Constitución Fundadora. En la obra señalada antes, el insigne Alberdi detalla cual es el verdadero espíritu de esa Constitución, y que puede resumirse en una sola palabra: libertad.
Podemos decir que, un país es lo que sus leyes expresan y no lo que sus accidentales gobiernos -en suma, pasajeros- dicen que es o quieren demostrar que es.
Es cierto que en el caso argentino la gran mayoría de los gobiernos han querido (y seguramente seguirán queriendo) estar por encima de las leyes (Constitución Nacional incluida) y a veces consiguen ejecutar actos que circunstancialmente les permiten estarlo. Pero hay todo un entramado o tejido social subterráneo al gobierno y que este -por muy grande y poderoso que sea- no puede controlar, y que está construido por la burocracia, las leyes administrativas y un gran armazón de enmarañada y compleja red de reglamentaciones, resoluciones y disposiciones que no hacen más que entorpecer la vida de los usuarios y ciudadanos comunes que son, en definitiva, quienes configuran el motor económico de una nación.
Porque la economía no la hacen los gobiernos ni las leyes, sino los seres humanos que son los únicos que pueden producir o impedírseles de hacerlo, y para esto último están precisamente las leyes, dado que para producir el hombre no necesita de ninguna ley, sino sólo de su esfuerzo y voluntad de trabajar y ofrecer un servicio o bien con el cual será retribuido por alguien que esté dispuesto a pagar por él.
Las leyes -sobre todo cuando son excesivas como en el caso argentino- sólo pueden obstruir e impedir el desenvolvimiento económico y productivo de la nación, jamás al revés. Porque aún sin leyes, el hombre tuvo que descubrir -después de salido de las cavernas- que la única manera de prosperar pacíficamente era intercambiando con sus semejantes bienes o servicios que otros necesitaban para obtener lo que él quería.
Y fue Adam Smith el que reveló que, gracias al egoísmo de los hombres las sociedades salen a flote, aun cuando esos seres egoístas no lo desearan. Simplemente, están naturalmente compelidos a colaborar con la sociedad -aun involuntariamente- proveyéndola de bienes y de servicios como condición sine qua non para poder llevar a su casa lo que él y su familia necesitan para subsistir y progresar. El egoísmo es el motor humano -como dirían los economistas clásicos- que no necesita de ninguna ley del parlamento para que la sociedad adelante por sí misma.
La hiperinflación legislativa es un fenómeno típico del intervencionismo más extremo, creando el síndrome que dimos en llamar de legalitis o legismanía, que podría definirse como pasión por las leyes o por legislar todo lo legislable y también lo no legislable.
Esto no quiere decir que no deberían existir las leyes -lo que sería un contrasentido, más proviniendo de una persona que ejerce la profesión de abogado- sino que, como todas las cosas de la vida, lo que debe evitarse es su exceso, ya que todos los extremos son peligrosos, y no debe haber ni déficit ni superávit de leyes, porque la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, que es que allí donde se quiebre la convivencia -por cualquier motivo que sea- debe existir una ley que permita restablecerla y punto. La ley no debe cumplir otro rol que el indicado: ser un correctivo para normalizar una situación anormal, si es que esta no puede solucionarse por sí misma o -mejor dicho- por los interesados e involucrados en la controversia. Y, por supuesto, deben existir las leyes penales, sólo para evitar la justicia por mano propia y no por otras razones más sofisticadas.
Ahora bien, todo lo que exceda lo anterior, sobra, y termina siendo nocivo para la sociedad, porque lejos de aventar los conflictos, los atrae, genera y retroalimenta. Máxime como sucede hoy en día, donde hay -prácticamente- leyes para todos los gustos, grupos y personas, y donde la velocidad con la que el congreso las expide hace que todos quieran tener “su” ley, hecha a su medida e intereses, o para su colectivo preferido, sindical, empresarial, laboral, religioso, docente, LGTB, feminista, abortista, etc. Lo que crea no pocos enfrentamientos entre estos diversos conjuntos y otros no nombrados aquí, que como queda visto demuestran que la proliferación de leyes lejos de traer paz social trae inquietud y tensión social.
En rigor, basta una sola ley. Aquella que simplemente dice: “la propiedad es inviolable”.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina ‏ 

Globalización y democracia: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la libertad individual?

Por Martín Krause. Publicado el 5/12/18 en: http://bazar.ufm.edu/globalizacion-democracia-puede-la-competencia-intergubernamental-fortalecer-la-libertad-individual/

 

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos un artículo de Viktor Vanberg titulado “Globalización, democracia y la soberanía del ciudadano: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la democracia?” donde analiza el impacto que la globalización, vista como un aumento de la competencia entre jurisdicciones, pueda tener como una forma de limitar al poder. Pero creo que el tema no debería plantearse como un fortalecimiento de la “democracia”, sino como un fortalecimiento de la libertad, o de la república, como democracia limitada. Así comienza:

“La expansión de los mercados conocida como globalización crea nuevas opciones nuevas avenidas para el comercio de bienes y servicios, como así también nuevas oportunidades para las inversiones de capital y la asignación de los recursos productivos que se pueden desplazar. Es una afirmación común, y no respondida, que la globalización y la competencia que de ella resulta entre las distintas jurisdicciones impone restricciones a las acciones libres de los gobiernos nacionales. La competencia es siempre un problema de accesibilidad a opciones alternativas, y, en la misma medida que la globalización de los mercados crea opciones adicionales para los ciudadanos y para aquellos a los que podemos llamar usuarios jurisdiccionales, la competencia entre jurisdicciones restringen el poder que los gobiernos pueden ejercer sobre ellos. Los gobiernos no pueden impunemente ignorar el mayor rango de opciones que ofrece la globalización a sus ciudadanos y usuarios jurisdiccionales.

El punto en discusión es cómo deben evaluarse estas restricciones del poder del gobierno. El argumento de que la competencia entre jurisdicciones puede servir los intereses comunes de los ciudadanos y que es, por lo tanto, una buena consecuencia, es defendido por autores como Geoffrey Brennan y James M. Buchanan (1988:212 sig.) que ven la vulnerabilidad a la búsqueda de privilegios y rentas cómo una debilidad fundamental en el proceso político de toma de decisiones. De acuerdo al punto de vista de estos pensadores la competencia entre gobiernos puede brindar un remedio potencial al limitar el entorno delos gobiernos a otorgar privilegios, y, por lo tanto, se reducen los incentivos para la búsqueda de renta. El contra argumento, de que la competencia entre jurisdicciones obstruye e inclusive puede impedir la realización de los intereses colectivos de los ciudadanos es defendido por autores como Fritz W. Scharpf (1998) o Hans-Werner Sinn (1994, 1996). Ellos enfatizan los efectos potenciales de incentivos negativos de la competencia entre jurisdicciones, y el peligro de que puede llevar a una “competencia ruinosa entre Estados” (Sinn, 1995:241), con consecuencias indeseables para todas las partes involucradas.

El punto de este artículo es sobre un argumento que se escucha frecuentemente dentro de este contexto, fundamentalmente que los desarrollos que se refieren a la globalización representan una amenaza para la democracia, y que existe un conflicto sistemático entre las fuerzas de la competencia del mercado entre jurisdicciones y los principios de la política democrática. Para examinar este argumento, primero es necesario aclarar que se entiende por principios de política democrática, y qué criterios de performance deberían, en consecuencia, usarse para acceder a una política democrática. Esta cuestión debe aclararse antes de que uno pueda proceder a una discusión con sentido acerca de cómo los efectos de la competencia entre jurisdicciones en política deben evaluarse en términos de los criterios que se postulan.”

Y así concluye:

“… la competencia entre jurisdicciones pueden realizar una contribución valiosa a la “mejora de la democracia” haciendo más difícil que los gobiernos implementen esquemas políticos que benefician a ciertos ciudadanos a costa de otros. En la medida que la movilidad de los propios ciudadanos y de los recursos trasladables favorezca a ciertos grupos privilegiados o a los que tienen las riendas del poder para tomar decisiones políticas, la competencia entre jurisdicciones le ofrece a los ciudadanos y a los usuarios de jurisdicciones una protección contra la explotación.

Con respecto a la capacidad de los gobiernos para actuar en defensa de los intereses comunes de los ciudadanos, la competencia entre jurisdicciones pueden ayudar, en su rol como proceso de descubrimiento, a los gobiernos y a los ciudadanos a resolver el difícil problema de determinar qué características y servicios de la jurisdicción puede ser más eficiente. En este sentido, la competencia entre jurisdicciones puede ayudar a mejorar la democracia. Por otro lado, mi discusión acerca del resentimiento contra la competencia entre jurisdicciones intentó demostrar que no existen indicios obvios de que esta competencia impida o limite a los gobiernos de implementar esquemas que realmente beneficien a todos los ciudadanos. Si, en este sentido, los efectos negativos de la competencia existen, uno debería primero analizar si tales efectos pueden atribuirse a la competencia misma, o, en cambio, son el resultado de las ineficiencias constitucionales a nivel nacional o internacional. Las deficiencias constitucionales a nivel nacional pueden surgir del fracaso en impedir problemas de free-riding debido a los incentivos que tienen los recursos trasladables para conseguir beneficios de los servicios de jurisdicción sin pagar por ellos. Los problemas de este tipo de free-riding deben distinguirse estrictamente del punto que está en el corazón de la competencia entre jurisdicciones, principalmente la posibilidad de salida, un punto que tiene que ver con la disposición de los recursos trasladables de pagar el precio solicitado por los servicios de la jurisdicción, o si prefieren renunciar a estos servicios a favor de opciones alternativas. Las deficiencias constitucionales a nivel internacional pueden deberse al fracaso de encuadrar a la competencia entre jurisdicciones dentro de reglas de juego apropiadas. Hasta que no se exploren las posibilidades de eliminar las deficiencias constitucionales en este nivel es inapropiado recomendar soluciones centralistas.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

“Bien común” y mercado

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/10/bien-comun-y-mercado.html

 

Nos hemos explayado antes entre dos nociones diferentes del término “bien común”, ambas antagónicas.
El dilema se plantea, pues, entre la versión colectivista de bien común y la individualista. La colectivista implica, en realidad, que por esa expresión se entiende un supuesto “derecho” de las mayorías por sobre las minorías, es decir, donde los más se benefician en perjuicio de los menos, lo que se opone al concepto liberal o individualista de la locución, en la que el favor o ventaja de unos no puede -de ningún modo- implicar el perjuicio de otros. Propiciaremos este segundo sentido como el correcto a nuestro criterio.
En este último, el bien común (y en nuestra personal opinión) alude al bien de todos sin excepción, caso contrario habría que utilizar otras fórmulas (por ejemplo, bien general, mayoritario, etc.). No obstante, está implícito en el uso habitual la frase “bien común” como el de un grupo mayoritario, difuso e indefinible o, más bien, definible a gusto del definidor. Esto ha dado pie a que políticos inescrupulosos -y aun hasta tiránicos- hayan pretendido enarbolar para sus acciones antisociales la bandera del bien común, con los consiguientes abusos y angustias que acarrearon contra sus contrarios, y paralelamente, alegrías y provechos para sus partidarios.
Personajes como Hitler, Mao Tse Tung, Mussolini, Stalin, Fidel Castro, Juan D. Perón, Chávez y otros nombres siniestros de la historia (por sólo citar algunos y los más conocidos por todos) han pretendido ser los adalides y genuinos defensores del bien común. Los resultados han sido los que son de público conocimiento: guerras sangrientas, pobreza, hambre, miseria, devastación, etc.).
Resulta intrínsecamente discordante con la frase bien común que -en su aplicación- unos se privilegien a costa de los demás. El bien común ni se contrapone ni está en contradicción con el bien particular, porque si este último supusiera, eventualmente, el mal de un semejante automáticamente desaparece el bien común. Por otra parte, en el caso de que un individuo dañe a otro, tampoco podría decirse que el bien particular del agente dañoso se logró a costa del mal provocado al sujeto dañado. Porque frente a un daño cualquiera habrá una reacción, ya sea social o individual, tendiente a una reparación, con lo que el supuesto “bien particular” obtenido a costa del mal particular de otra persona dejará de ser un “bien particular”. En otras palabras, ante tales circunstancias el bien común se disipará.
Ahora bien, la pregunta clave es ¿puede la política o los políticos conseguir el bien común? Creemos que la política es solamente un factor, entre otros, en dicho cometido. Y la experiencia ha demostrado que, lejos de ser un gestor causal del bien común, con frecuencia ha sido su primordial obstáculo. Sucede que los operadores de la política, es decir, los políticos, aun en los casos en los que abrigan las mejores intenciones, no están en condiciones de conquistar el bien común por muchas razones. La primera de todas, a nuestro entender, es la ya señalada antes: que confunden el bien común con el bien mayoritario, en consecuencia, sus acciones se encaminan en tratar de consumar, en la medida de sus posibilidades, ese bien mayoritario. La dificultad consiste en que, aun ciñéndonos a una mayoría circunstancial, cada uno de los integrantes de esa mayoría entiende el “bien” de disimiles maneras. Y ningún político se halla en condiciones de conocerlas todas y, menos todavía, al detalle, satisfacerlas todas y cada una.
Eso, como hemos señalado, suponiendo los mejores propósitos de los políticos. Pero, a menudo y, sobre todo en el caso latinoamericano, las miras de los políticos no se orientan en dicho sentido, sino que se limitan a alcanzar las mayores ganancias para sus partidarios, y sólo secundariamente para el resto de los ciudadanos, en tanto y en cuanto tales procederes les reporten algún rédito político, lo que se traduce, en buen romance, en votos que les permitan conservar el poder, o volver a acceder al mismo en el caso que -de momento- no se hallen al mando. Pero hay una situación peor aún, que se presenta cuando los políticos tratan de lucrar todo lo posible exclusivamente para el propio circulo gobernante, descartando tanto a partidarios como al resto de la ciudadanía.
Nuestra personal perspectiva es que, la meta del bien común es y debe ser algo que comprometa al total de la sociedad, esto es, tanto a la sociedad política como la civil. Y dado que, existe una interacción permanente entre ambas son ellas en conjunto las que pueden alcanzar o frustrar el objetivo tendiente de arribar al bien común. Hay que recordar que hemos caracterizado a la sociedad política como dependiente de la civil y subordinada a esta, al menos en el plano del deber ser. Si existe un enfrentamiento o alguna clase de conflicto entre ambas sociedades demos por cierto que ningún objetivo de bien común podrá ser captado. Si hemos considerado por seguro que la colisión entre dos individuos atenta contra el bien común, no menos será cierto ello cuando el problema aparezca entre dos grupos sociales.
Centrando ahora el análisis de cómo opera la sociedad civil con miras a arribar al bien común diremos que el principal instrumento es el mercado, ámbito en el cual se coordinan, combinan y complementan los deseos de compradores y vendedores. Habida cuenta que los humanos no somos autosuficientes, resulta necesario intercambiar en libertad nuestras producciones con las de nuestros semejantes. La satisfacción derivada entre las partes cuando tales procesos se verifican en la más total libertad coadyuva al fin del bien común. Pero, más allá de lo crematístico, la llave de entrada que abre la puerta del bien común es la libertad. Sin libertad no hay bien común posible. Y el bien común reside -en el fondo- en el pleno agrado de todas las aspiraciones humanas, sean dentro o fuera del mercado, ya que no olvidemos que el mercado es una simple y mera herramienta para la consecución de tales designios. No obstante, todos los fines -sean estos mercantiles o no mercantiles- necesitan inexorablemente de un requisito ineludible que -como queda dicho- se resume en una sola palabra: libertad.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El posmodernismo feminista contra la mujer.

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 4/4/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/04/04/el-posmodernismo-feminista-contra-la-mujer/

 

En nuestro contexto, han tomado fuerza varios temas cuyas derivaciones y enfoques periodísticos, en la mayoría de los casos, causa preocupación. Los cimientos más elementales de una sociedad civilizada deben ser, el principio de igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a los derechos que toda persona tiene sobre su vida, su propiedad y su libertad. Sin embargo, es alarmante notar cómo el concepto de “derecho” se tergiversa y se corrompe sistemáticamente de forma creciente. A diario somos testigos de innumerables reclamos quiméricos vestidos de justos que, en realidad, no son más que pseudo derechos promovidos por quienes apuntan al poder para así disponer de la vida, la propiedad y la libertad de otros.

Aquella conocida expresión de Eva Perón que dice “donde existe una necesidad, nace un derecho”, fue -y lamentablemente sigue siendo- un efectivo discurso para la caza de votos y la arenga populista. Sin embargo, es la piedra angular de la debacle de la civilización y el respeto por el prójimo. A cada derecho corresponde una obligación. Si tengo derecho a una casa, el resto de mis semejantes tienen la obligación de respetármela. Pero, si se sostiene que tengo derecho a una casa que no poseo, implicaría que el resto de los ciudadanos tiene la obligación de trabajar para proveérmela. Esto, ni más ni menos es el espíritu del artículo 14 bis incorporado a la Constitución por el llamado constitucionalismo social; un buen ejemplo de la diferencia entre lo legal y lo legítimo, la diferencia entre la ley y la corrupción de ley. Dicho sea de paso y a propósito de la expresión “constitucionalismo social”, vale recordar al Premio Nobel y economista de la escuela austríaca, Friedrich Hayek, que sostenía con razón que, todo sustantivo seguido del adjetivo “social”, se convierte en su antónimo.

Esta corriente del feminismo posmoderno que presenciamos estos días, solo propone el odio y la destrucción del derecho y todos los buenos valores del feminismo original, aquel que ha luchado en una adversidad insultante para afirmar los derechos compatibles con todo ser humano.

Muy desafortunados son los conceptos de la igualdad remuneratoria por igual tarea (otro punto del injerto socialista que conforma el artículo 14 bis) y la reciente arremetida para igualar remuneraciones entre hombres y mujeres. Además de afectar libertades civiles por medio de lamentables intromisiones estatales en los contratos privados, se está dejando con ello, los incentivos más elementales al esfuerzo y los resultados. ¿Qué pasaría si pretendiéramos que el tenista alemán profesional, Cedrik Marcel-Stebe, tuviera la misma bolsa de premios a fin de año y los mismos términos contractuales por publicidades que Roger Federer? Al fin y al cabo, se dedican a lo mismo.

La consigna de igualar remuneraciones para la misma tarea, sea entre mujeres, entre hombres o, entre hombres y mujeres, resulta una forma de salario mínimo aplicado al trabajo brindado por los menos eficientes. Si se cumple a rajatabla la imposición oficial, aquella persona cuya productividad se corresponda a un salario de mercado inferior al mínimo impuesto, quedará desempleada, sea hombre o mujer. Solo gracias a la creatividad de las áreas de compensaciones en Recursos Humanos para establecer categorías o conceptos que justifiquen ante el estado un trabajo distinto entre dos empleados, posibilitará que el menos productivo, mantenga su trabajo con un salario acorde a sus capacidades y competencias.

También se ha instalado el término “violencia de género”, expresión para referirse a actos de violencia de un hombre hacia una mujer. La existencia de estos hechos aberrantes y cobardes, deben ser castigados de forma ejemplar, pero resulta absurdo tener categorías de violencia conforme a quien sea el perpetrador del hecho o quien resulte su víctima. ¿Acaso no condenamos la violencia en todas sus formas?

En el plano laboral, en algunos países, se impone por ley el cupo femenino de las mujeres en las empresas. Estas políticas, además de restringir la libertad de los dueños de empresas para seleccionar los recursos humanos de la forma que crean conveniente, a mi modo de ver, resultan sumamente ofensivas para la mujer. Su invalorable talento, agudeza, ingenio, creatividad e inteligencia, no necesita de cupos.

Los propietarios de una empresa deberían tener el legítimo derecho de contratar solo a hombres para sus puestos de trabajo si eso es lo que ellos deciden, aun cuando esos puestos pudieran ser también ocupados por mujeres. Valen, claro está, las mismas reflexiones para el caso de una empresa cuyos accionistas acepten solo mujeres como empleadas. Cabe destacar que, si en las contrataciones laborales ha privado la consideración del sexo por sobre el talento, la capacidad y otras ponderaciones productivas, se verá reflejado es el cuadro de resultados de las empresas del ejemplo.

El reclamo en favor del aborto, que también se esgrime en esta embestida feminista, es el más aberrante y vergonzante de todos sus postulados. Todos somos dueños de nuestro cuerpo. Es cierto. También es dueño del suyo un ser indefenso que vive en el seno materno esperando el afecto natural de la madre y no a su propio asesino. Causa estupor cuando se pide legalizar el crimen del aborto para evitar las muertes de madres que practican abortos clandestinos y “poco higiénicos.” Es lo mismo que un criminal reclame protección para contar con una menor resistencia de su víctima y tener una escena del crimen prolija y saludable.

No caen fuera de éste análisis aquellos hombres timoratos, de serios problemas de inseguridad y complejos de inferioridad cuyo patético recurso se reduce a denostar a las mujeres porque se ven amenazados en distintos aspectos de la vida cotidiana por mujeres seguras, inteligentes y de personalidad avasallante. Lo que aquí se quiere poner de relieve es lo nocivo que resulta para la vida y los intercambios pacíficos, que otros financien nuestras necesidades o imponerles nuestros gustos y preferencias.

 

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Un sacerdote ejemplar: James Sadowsky

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 3/11/17 en https://www.infobae.com/opinion/2017/11/03/un-sacerdote-ejemplar-james-sadowsky/

 

De modales sumamente cordiales, de un gran sentido del humor, de una bondad infinita y de una cultura y una versación en muy diversas ramas del conocimiento, así se lo puede definir al padre James Sadowsky (1923-2012). Enseñó filosofía, lógica matemática y ética de los negocios en la Universidad de Fordham, en Nueva York, durante 30 años, y durante 15 en la Universidad de Aix-en-Provence, hasta que se retiró de la enseñanza y vivió en Loyola Hall, que es el edificio que tienen los jesuitas para los sacerdotes retirados en el campus de esa misma universidad estadounidense. Un sacerdote jesuita que había estudiado parte de su colegio y en la universidad de esa orden, precisamente la de Fordham, estudios que luego completó en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Su padre era ruso y su madre, de ascendencia inglesa, aunque él nació en Estados Unidos.

Sostenía que el apostolado es mucho más trascendente, perdurable y productivo que entregar bienes materiales a los necesitados por aquello de que “es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado”. Insistía en que ayudar con bienes materiales puede hacer de apoyo logístico circunstancial pero trasmitir valores y principios consistentes con el cristianismo en cuanto a la importancia de la libertad y la responsabilidad individual contribuye a modificar de base las instituciones en dirección al progreso de todos. Incluso agregaba que muchas veces la entrega material no ayuda a la dignidad del receptor y crea una malsana dependencia.

Sadowsky pensaba que en el sacerdocio es urgente complementar las funciones puramente espirituales respecto a lo intraindividual con reflexiones que compatibilizaran aquellos valores con los comportamientos diarios en las relaciones interpersonales y mostraba preocupación por ciertas consideraciones de sacerdotes inclinados por aconsejar conductas en materia social que son incompatibles con las prédicas espirituales y puramente religiosas.

En un largo reportaje que le efectuó Martin Masse, investigador senior del Institut Économique Molinari de Paris, el padre Sadowsky explica que, una vez ordenado sacerdote, en 1947, y hasta comienzos de los sesenta puede considerárselo un semisocialista, hasta que dio accidentalmente con un libro de Murray Rothbard titulado The Great Depression, que dice que le fascinó y modificó por completo sus ideas sobre economía y derecho, “integradas a una olvidada filosofía que naturalmente están estrechamente vinculadas a las cuestiones sociales y morales”. En aquel reportaje destaca que, a raíz de esa lectura, más adelante, cuando se enteró de que Rothbard vivía en Manhattan, decidió llamarlo y visitarlo, lo cual con el tiempo se convirtió en reuniones periódicas junto a otros participantes (en The Ethics of Liberty de 1982, Rothbard cita al padre Sadowsky). A partir de aquel contacto abordó otras obras como la refutación de Henry Hazlitt a Keynes, El socialismo de Ludwig von Mises y Camino de servidumbre de Fredrich Hayek, y conoció personalmente a otros distinguidos miembros de la Escuela Austríaca de Economía como Ralph Raico, Leonard Liggio, Karen Vaughn, Joe Peden, Walter Block, Louis Spadaro, Leonard Read y, por supuesto, a su alumno en Fordham, Mario Rizzo.

Apunta el padre Sadowsky que esas lecturas y conversaciones hicieron que se percatara de una extraordinaria consistencia que vinculaba distintos campos del conocimiento y otorgaban a la filosofía política una fuerza moral notable en pos de la mejora de las sociedades, muy especialmente de las personas más débiles y desprotegidas. Señala también la importancia de criticar con la mayor claridad posible las tendencias socialistas y estatistas dentro y fuera de la Iglesia, posición que enfatiza en su artículo titulado “Christianism and Poverty”, publicado por el Institute for Social Affairs de Londres.

En 1984, patrocinado por Arthur Shenfield y Howard Demsetz, el padre Sadowsky ingresó como miembro de la Mont Pelerin Society. Al año siguiente tuve el privilegio de conocerlo personalmente, aunque habíamos mantenido una nutrida correspondencia. Lo conocí en la reunión de la MPS en Sydney, donde ambos presentamos trabajos en ese congreso. Su presentación se tituló “La Iglesia y el Estado”, trabajo que se tradujo y reproducimos en la revista académica Libertas; siendo rector de ESEADE lo invité a pronunciar conferencias en esa casa de estudios. En aquel congreso, luego de nuestras respectivas presentaciones, mantuvimos una larga conversación que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, lo cual hizo que ambos nos quedáramos dormidos para los paneles de la mañana siguiente. Al margen digo que mi trabajo se tituló “¿Autoridad monetaria, regla monetaria o moneda de mercado?”, el cual se tradujo y reprodujo en los Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, entidad en la que también expuse el mencionado ensayo ese mismo año en su reunión anual en Mendoza.

Abrió su exposición en Sydney recordando: “No es un secreto para nadie que entre los miembros del mundo eclesiástico que se ocupan abiertamente del tema, el mercado libre (o lo que ellos imaginan que es el mercado libre) no cuenta con muchos partidarios entusiastas”. A continuación, el padre Sadowsky se detuvo a considerar cómo el proceso de mercado asigna recursos del modo que la gente prefiere y que las ganancias son la recompensa por haber acertado en las demandas y las quiebras son el resultado de no haber logrado ese cometido. Asimismo, consigna que el tamaño de las empresas depende íntegramente de las directivas de las personas en los mercados y que en este sentido no puede concluirse a priori si las empresas de tal o cual ramo deben ser pequeñas, medianas o grandes. En el mismo trabajo, muestra gran conocimiento al criticar los llamados “modelos de competencia perfecta” al describirlos como incoherentes al suponer el conocimiento perfecto de los factores relevantes por parte de los operadores económicos, ya que con ello no habría arbitrajes, ni empresarios, ni competencia. Por último, critica los aranceles aduaneros como responsables de la pobreza apoyados por empresarios que deben su existencia a privilegios otorgados por gobiernos y se opone severamente a la denominada “redistribución de ingresos patrocinada por muchos obispos norteamericanos”.

En un reportaje en El Mercurio de Chile realizado por Lucía Santa Cruz, el padre Sadowsky explica: “Laissez-faire es simplemente la situación en la cual las personas son libres para decidir qué producir, cuánto, cómo intercambiar su producción y con quién, sin la intervención del gobierno. El gobierno sólo actúa para preservar la ley contra fraudes y robos, garantiza los contratos, etcétera. Como diría Friedman, es un árbitro y no un jugador del partido”.

En ese mismo reportaje el sacerdote subraya los tan poco comprendidos y tergiversados beneficios de la revolución industrial del siglo XVIII, la importancia de las ideas del filósofo moral y economista Adam Smith, el desempleo que provocan los salarios mínimos y los errores en materia social que comete parte del clero por “no haber tomado suficiente nota acerca de lo que la ciencia económica enseña”. También se explaya: “La ventaja del sistema de mercado, que elimina la intervención de los gobiernos y somete a las personas a los rigores de la competencia […y hace] que los hombres de negocios deben comportarse de una manera tal que satisfacen los deseos del público en general al mismo tiempo que a los propios”.

Finaliza este muy suculento y jugoso reportaje afirmando: “El Estado benefactor ha devaluado los valores de la familia. Reduce la responsabilidad individual. Las familias no se inventaron porque un grupo decidió que así fuera, sino que fueron el resultado de una necesidad natural”.

Tal vez el ensayo más difundido del padre Sadowsky sea el titulado “Private Property and Collective Ownership”, que fue reproducido de la revista académica Left and Right, otoño de 1966, en el libro compilado por Tibor Machan titulado The Libertarian Alternative (1979, Chicago, Nelson-Hall). En ese trabajo el sacerdote de marras, al seguir la tradición lockeana, mantiene que la propiedad privada de bienes deriva de la propiedad de la propia vida, lo cual significa el derecho a usar y disponer lo adquirido legítimamente (en el sentido de genuino, verdadero, no falso ni fraudulento, igual que una piedra preciosa). Explica que esto no puede ser arrebatado por un rey o un parlamento, por una persona o por un grupo de personas. Debe tenerse muy en cuenta que el asunto es centralmente moral como que en cada transacción libre y voluntaria se presupone el respeto recíproco con base en las normas de Justicia.

Pero seguramente lo que despierta mayor interés del ensayo que ahora comentamos es la referencia del padre Sadowky al antropomorfismo de la sociedad. Así, se dice que la sociedad prefiere, que la sociedad decide, que la sociedad habla en nombre de tal o cual causa y que a la sociedad pertenece tal o cual propiedad colectivamente. En realidad, dice este sacerdote que se recurre a una trampa lingüística, puesto que siempre se trata de específicos individuos que actúan independientemente o son copropietarios, pero el bien en cuestión no pertenece a la sociedad. Por ejemplo, sigue diciendo, cuando se hace referencia a un equipo deportivo, es sólo una forma de abreviación en lugar de aludir a cada uno de los integrantes, pero esa forma abreviada no nos debe hacer que se pierda de vista la noción de fondo.

Los dos trabajos que más circulan en ámbitos académicos del padre Sadowsky son, en primer lugar, “Can There Be an Endless Regress of Causes?”, publicado originalmente en el International Philosophical Quarterely (4, 1980), reproducido en el libro Philosophy of Religon (Oxford University Press, 2000, compilado por Brian Davies) y “Does Darwin Destroy the Design Argument?”, aparecido también en el International Philosophical Quarterely (28, 1988).

En el primer ensayo el autor discute extensamente los argumentos que sostienen la posibilidad de la regresión ad infinitum y demuestra la validez de la posición que sostiene que eso no resulta posible, puesto que si fuera así, nada existiría, ya que nunca hubieran comenzado las respectivas causas. En el segundo trabajo, el padre Sadowsky explica la compatibilidad de la tesis evolucionista de Darwin con la Primera Causa tal como la desarrollaron, entre muchos otros, Juan Pablo II y el RP doctor Mariano Artigas.

En resumen, en momentos en que no pocos representantes de la Iglesia, comenzando por el actual Papa, rechazan principios elementales de la convivencia civilizada, la voz del padre James Sadowsky resulta un faro reparador y reconfortante en línea con los valores y los principios morales que derivan del cristianismo y de toda postura compatible con la libertad. En otros términos, no es frecuente que se subrayen aspectos morales de la sociedad libre en cuanto a las relaciones interpersonales que hacen a la esencia del respeto recíproco y cuando se comentan esos aspectos, se suele caer en sistemas que arruinan moral y materialmente a las personas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Ideales contrapuestos

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Es de interés reflexionar sobre el contraste que en general se observa entre la perseverancia y el entusiasmo que suscita el ideal autoritario y totalitario correspondiente a las variantes comunistas-socialistas-nacionalistas que aunque no se reconocen  como autoritarios y totalitarios producen llamaradas interiores que empujan a trabajar cotidianamente en pos de esos objetivos (al pasar recordemos la definición de George Bernard Shaw en cuanto a que “los comunistas son socialistas con el coraje de sus convicciones”).

Friedrich Hayek y tantos otros intelectuales liberales enfatizan el ejemplo de constancia y eficacia en las faenas permanentes de los antedichos socialismos, mientras que los liberales habitualmente toman  sus tareas, no digamos con desgano, pero ni remotamente con el empuje, la preocupación y ocupación de su contraparte.

Es del caso preguntarnos porqué sucede esto y se nos ocurre que la respuesta debe verse en que no es lo mismo apuntar a cambiar la naturaleza humana (fabricar “el hombre nuevo”) y modificar el mundo, que simplemente dirigirse al apuntalamiento de un sistema en el que a través del respeto a los derechos de propiedad, es decir, al propio cuerpo, a la libre expresión del pensamiento y al uso y disposición de lo adquirido de manera lícita. Esto último puede aparecer como algo frívolo si se lo compara con el emprendimiento que creen majestuoso de cambiar y reinventar todo. Se ha dicho que  la quimera de ajustarse a los cuadros de resultado en la contabilidad para dar rienda suelta a los ascensos y descensos en la pirámide patrimonial según se sepa atender o no las necesidades del prójimo, se traduce un una cosa muy menor frente a la batalla gigantesca que emprenden los socialismos.

Este esquema no solo atrae a la gente joven en ámbitos universitarios, sino a políticos a quienes se les permite desplegar su imaginación para una ingeniería social mayúscula, sino también a no pocos predicadores y sacerdotes que se suman a los esfuerzos de modificar la naturaleza de los asuntos terrenos.

Ahora bien, esta presentación adolece de aspectos que son cruciales en defensa de la sociedad abierta. Se trata ante todo de un asunto moral: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros que permite desplegar el máximo de la energía creadora al implementar marcos institucionales que protejan los derechos de todos que son anteriores y superiores a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno. El que cada uno siga su camino sin lesionar iguales derechos de terceros, abre incentivos colosales para usar y disponer del mejor modo posible lo propio para lo cual inexorablemente debe atenderse las necesidades del prójimo. En otros términos, el sistema de la libertad no solo incentiva a hacer el bien sino que permite que cada uno siga su camino en un contexto de responsabilidad individual y, en el campo crematístico, la asignación de los siempre escasos recursos maximiza las tasas de capitalización que es el único factor que permite elevar salarios e ingresos en términos reales.

Hay quienes desprecian lo crematístico (“el dinero es el estiércol del diablo” y similares) y alaban la pobreza material al tiempo que la condenan con lo que resulta difícil adentrarse en lo que verdaderamente se quiere lograr. Si en realidad se alaba la pobreza material como un virtud, habría que condenar con vehemencia la caridad puesto que mejora la condición  material de receptor.

Algunos dicen aceptar el  sistema de la libertad pero sostienen que los aparatos estatales deben “redistribuir ingresos” con lo que están de hecho contradiciendo su premisa de la libertad y la dignidad del ser humano puesto que operan en una dirección opuesta de lo que las personas decidieron sus preferencias con sus compras y abstenciones de comprar para reasignar recursos en direcciones que la burocracia política considera mejor. En la visión redistribucionista se trata a la riqueza como si estuviera ubicada en el contexto de la suma cero (lo que tiene uno es porque otro no lo tiene), es decir, una visión estática como si el valor de la riqueza no fuera cambiante y dinámica. Según Lavoisier todo se transforma, nada se consume pero de lo que se trata no es de la expansión de la materia sino de su valor (el teléfono antiguo tenía mayor cantidad de materia que el moderno pero el valor de éste resulta mucho mayor).

Lo primero para evaluar la moralidad de un sistema es resaltar que no puede existir siquiera idea de moral si no hay libertad de acción puesto que, por un lado, a punta de pistola no hay posibilidad de considerar un acto moral y, por otro, la compulsión para hacer o no hacer lo que no lesiona derechos de terceros es siempre inmoral. En la sociedad abierta  o liberal solo cabe el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo. Sin embargo en los estatismos, por definición, se torna imperioso el uso de la violencia a los efectos de torcer aquello que la gente deseaba hacer, de lo contrario  no sería estatismo.

En el contexto de la sociedad abierta, como consecuencia de resguardar los derechos de propiedad se estimula la cooperación social, esto es, los intercambios libres y voluntarios entre sus participantes lo cual necesariamente mejora la situación de las partes en un contexto de división del trabajo ya que en libertad se maximiza la posibilidad de detectar talentos y las vocaciones diversas (todo lo contrario de la guillotina horizontal que sugieren los socialismos igualitaristas). Y en este estado de cosas se incentiva también la competencia, esto es, la innovación y la emulación para brindar el mejor servicio y la mejor calidad y precio a los consumidores.

Como hemos apuntado en otras ocasiones, la libertad es indivisible, no es susceptible de cortarse en tajos, es un todo para ser efectiva en cuanto a los derechos de la gente. Los marcos institucionales que aseguran el antedicho respeto resultan indispensables para proteger el uso y la disposición diaria de lo que pertenece a cada cual. Los marcos institucionales constituyen el continente y las acciones cotidianas son el contenido, carece de sentido proclamarse liberal en el continente y no en el contenido puesto que lo uno es para lo otro. Entonces, ser “liberal de izquierda” constituye una flagrante contradicción en los términos, lo cual para nada significa que la posición contraria sea “de derechas” ya que esta posición remite al fascismo y al conservadurismo, la posición contraria es el liberalismo (y no el “neoliberalismo” que es una etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica puesto que es un invento inexistente).

Incluso para ser riguroso la expresión “ideal” que hemos colocado de modo un tanto benévolo en el título de esta nota, estrictamente no le cabe a los estatismos puesto que esa palabra alude a la excelencia, a lo mejor, a lo más elevado en la escala de valores, por lo que la compulsión y la agresión a los derechos no puede considerarse “un ideal” sino más bien un contraideal. Es un insulto torpe a la inteligencia cuando se califica a terroristas que achuran a sus semejantes a mansalva como “jóvenes idealistas”.

Lo dicho sobre la empresa arrogante, soberbia y contraproducente de intentar la modificación de la naturaleza  humana, frente a los esfuerzos por el respeto recíproco no justifican en modo alguno la desidia de muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre pero se abstienen de contribuir día a día en la faena para que se comprenda la necesidad de estudiar y difundir los valores de la sociedad abierta e incluso las muestras de complejos inaceptables que conducen al abandono de esa defensa renunciando a principios básicos del mencionado respeto que permite que cada uno al proteger sus intereses legítimos mejora la condición del prójimo.

La sociedad abierta hace posible que las personas dejen de preocuparse solamente por cubrir sus necesidades puramente animales y puedan satisfacer sus deseos de recreación, artísticos y en general culturales. De más está decir que esto no  excluye posibles votos de pobreza, lo que enfatizamos es que la libertad otorga la oportunidad de contar con medicinas, comunicaciones, transportes, educación e innumerables bienes y servicios que no pueden lograrse en el contexto de la miseria a que conducen los sistemas envueltos en aparatos estatales opresivos.

Lo dicho en absoluto significa que deban acallarse las posiciones estatistas por más extremas que parezcan. Todas las ideas desde todos los rincones deben ser sometidas al debate abierto sin ninguna restricción al efecto de despejar dudas en un proceso de prueba y error que no tiene término. En eso estamos. Lo peor son las ideologías, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable que es lo contrario al conocimiento que es siempre provisional y abierto a posibles refutaciones. De lo que se trata es de pisar firme en los islotes de lo que al momento estimamos son verdades, en medio del mar de ignorancia que nos envuelve. Y esto no suscribe en nada la contradictoria postura del relativismo epistemológico que además de ser relativa esa misma posición, abriría la posibilidad de que una cosa al tiempo pueda ser y no ser lo que es y derribaría toda posibilidad de investigación científica puesto que no habría nada objetivo que investigar.

El concepto mismo de Justicia es inseparable de la libertad y de la propiedad. Según la definición clásica se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad. El aludir a la denominada “justicia social” se traduce en una grosera redundancia puesto que la justicia no es mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, apunta a sacarles por la fuerza sus pertenencias para entregarlas a quienes no les pertenece, lo cual constituye una flagrante injusticia.

Los socialismos proclaman que sus defendidos son los trabajadores (y los limitan a los manuales) pero precisamente son los más perjudicados con sus sistemas ya que el desperdicio de capital por políticas desacertadas recae principalmente sobre sus bolsillos. El liberalismo en cambio, cuida especialmente a los más débiles económicamente al atribuir prioritaria importancia que a cada trabajador debe respetársele el fruto de su trabajo sin descuentos o retenciones de ninguna naturaleza y en un ámbito donde se maximizan las tasas de capitalización y, consecuentemente, los salarios. El nivel de vida no se incrementa por medio del decreto sino a través del ahorro y la inversión, lo cual solo puede florecer en un clima de respeto recíproco y no someterse a megalómanos que imponen sus caprichos sobre las vidas y haciendas ajenas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Gobierno y gente

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 14/4/17 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/gobierno-y-gente/

 

Llevo unas tres décadas con la consigna de “a pesar del Gobierno”, que se me ocurrió cuando colaboraba con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy en la Cadena Ser. Como es natural, no gusta a todo el mundo. En una entrevista reciente, dije: “El empleo, la riqueza y la prosperidad los crea la gente, no un gobierno” (http://goo.gl/wPn5gy). Obtuve varias respuestas interesantes en twitter (@rodriguezbraun), que intentaré responder.

Un amable seguidor subrayó un aparente problema de reciprocidad. Apuntó: “Entonces: el desempleo y la pobreza, ¿también los crea la gente, o se los atribuimos al gobierno?”.

Este comentario yerra porque identifica a la política con la sociedad civil. Si todos somos iguales en acciones, recursos y poder, si el Estado equivale a la sociedad, entonces, cuando creamos riqueza, lo hacemos todos, y cuando la destruimos, también. Pero el Estado no es la sociedad, porque esta se basa en la libertad y los contratos voluntarios, y por eso crea riqueza. En cambio, el Estado se basa en la coacción y la imposición a la comunidad de normas arbitradas y generadas desde el poder.

Dirá usted: entonces, si las normas protegen y amparan la libertad y los contratos voluntarios, entonces la política coopera con y contribuye a la prosperidad social. Eso es verdad, si fuera así. Pero como casi nunca lo es, como casi siempre la política conspira contra la libertad y los contratos libres de los ciudadanos, cabe concluir que la riqueza y el empleo son mérito de la gente, mientras que la pobreza y el paro son impulsados o fomentados por los gobiernos.

Otra persona apuntó: “el gobierno, diputados, senadores… ¿los cambiamos por maniquies?”. Pero puede haber gobiernos de Estados pequeños: el Estado actual tiene apenas unas pocas décadas de vida, con lo cual no hay por qué suponer que es una necesidad.

Un tercer seguidor observó: “el gobierno ha de colaborar con las leyes”. El problema de esta observación, que es de puro sentido común, es que el Gobierno hace las leyes, y las hace a un ritmo frenético al mismo tiempo que crece sin cesar gracias a esas mismas leyes que hace. Esto se debe a que la noción de “derecho” ha cambiado radicalmente, y ya no surge de manera evolutiva a partir de los tratos y contratos de los ciudadanos, sino que es algo propio del poder y que este confiere graciosamente, al tiempo que, de manera poco graciosa, viola los derechos del pueblo para satisfacer los derechos que el poder crea.

Y un cuarto: “sin Gobierno el trabajador sería un esclavo y habría más desigualdad”. Empecemos por el final: la desigualdad no sería el resultado de la ausencia de la política, puesto que la tenemos ahora con su presencia. Y la idea de que el mercado o el capitalismo darían lugar a la esclavitud es un error, puesto que fue el propio capitalismo el que promovió la abolición de la esclavitud. Es verdad, asimismo, que fue reintroducida en el siglo XX por el comunismo, mientras que en el mundo no comunista el enorme peso de los Estados hace que haya sido identificados con regímenes feudales, con los contribuyentes como siervos.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE