China amenaza nuevamente a Taiwán

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 7/2/19 en: https://www.lanacion.com.ar/2218011-china-amenaza-nuevamente-taiwan

 

A comienzos de año, el presidente chino, Xi Jingping , se refirió por primera vez a la situación de Taiwán, señalando que cree necesario dar pasos concretos de unificación respecto de la isla, cuya soberanía China reclama constantemente, como aspiración absolutamente prioritaria. Del mismo modo en que ya ocurriera con Hong Kong, cuando la pujante ex colonia británica fuera devuelta a China, en 1997. Para Beijing, la unificación con Taiwán es algo que define como absolutamente inevitable. Apenas una cuestión de tiempo, entonces.

En su alocución, Xi Jingping, que está ya en su séptimo año de ejercicio de la presidencia de su inmenso y poderoso país, señaló -amenazadoramente- que “su paciencia tiene límites” y que el tema no puede simplemente ir “pasando de generación en generación, sin resolverse”. Agregando, además -a modo de advertencia- que su país no aceptará una eventual declaración de independencia por parte de los isleños. Su idea es la de repicar el sistema ya utilizado en Hong Kong, denominado “una nación, dos sistemas”.

Pero lo cierto es que, aparentemente al menos, su discurso -de claro corte nacionalista- no encontró el instantáneo respaldo popular que buscaba entre los 23 millones de personas que hoy viven en la isla, cuya población es bien consciente de que, en Hong Kong, la vigencia de las libertades individuales está muy lejos de ser la ideal. Particularmente cuando se trata de la libertad de opinión, de la libertad de prensa, y de la libertad política.

El tema, muy sensible ciertamente, enfrenta a China y Taiwán desde 1949, cuando las fuerzas de los sublevados comunistas que respondían a Mao Zedong derrotaran a las del Kuomintang, que curiosamente hoy es el partido político de la isla que propugna integrarse con regresar a China. Aunque con las garantías del caso, por lo que ellas valgan.

La presidenta de Taiwán, la Sra. Tsai Ing-wen, rechazó de plano la propuesta, señalando, de paso, que la democracia es un conjunto de valores y un estilo de vida, por cierto distintos de los hoy vigentes en China. Pero expresó que se podría comenzar a pensar en una conversación de largo aliento, lo que no tuvo eco, pero luce como una “casi concesión”, bien peligrosa. En las encuestas más recientes, apenas un 3% de la población de Taiwán es hoy partidario de la unificación con China. También es cierto que nada menos que la tercera parte del dinámico comercio exterior de Taiwán se realiza ya con China y que la integración económica entre sus respectivos sectores privados es cada vez más amplia y profunda, lo que de alguna mera está ya generando para los taiwaneses vínculos de peso, con alguna cuota de dependencia que se están incrementando paulatinamente.

La repentina intensificación de la presión de China sobre Taiwán no se transformó en una innecesaria pulseada. Pero le agregó una cuota de volatilidad a una relación políticamente muy compleja. Razón por la cual, los portaviones norteamericanos siguen patrullando incansablemente el estrecho de Taiwán, pese a que el gobierno chino reitera retóricamente que no acepta interferencias externas de ningún tipo en este tema. Lo cierto es que ya hace cuarenta años que los proyectiles chinos no caen sobre blancos emplazados en la zona de Taiwán.

La presión de las autoridades chinas parece dirigida a desgastar y amedrentar a las autoridades locales de Taiwán, a sus líderes políticos entonces. Especialmente a aquellos que aún creen en una posible independencia de Taiwán, alternativa que Beijing caracteriza como “sueño imposible”. Habiendo China ascendido al sitial de una de las dos más poderosas naciones del mundo, esto quizás sea efectivamente así.

Cabe señalar que, en su reciente alocución, el presidente de China reiteró su promesa en el sentido de que su país “nunca usará la fuerza” respecto de aquellos que tienen, en su opinión, su “misma nacionalidad”, como -sostiene- es precisamente el caso particular de los taiwaneses.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y fue Vice Presidente de ESEADE.

No hay justicia sin derecho a la propiedad:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/3/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1772576-no-hay-justicia-sin-derecho-a-la-propiedad

 

Durante la marcha de los paraguas la gente se manifestó por el fin de la impunidad; sin embargo, para la recuperación del país hace falta dotar al anhelo de volver a la ley de todo su alcance y sentido.

A un mes de la muerte de quien denunció lo que estimaba fue el encubrimiento del actual gobierno en la masacre de la AMIA, se realizó la multitudinaria marcha de los paraguas en Buenos Aires, manifestación que se replicó en otros puntos del interior del país y en distintas ciudades del extranjero, en una superlativa muestra de reflejos frente a lo ocurrido. Fueron expresiones de congoja y respeto por el fiscal muerto en condiciones extrañas y aun no esclarecidas por hacer su trabajo, de condolencia hacia su familia y de simpatía hacia sus colegas.

Ésta fue la cara visible de la manifestación. Había otra cara, menos visible, que trasuntaba el hartazgo por la inseguridad y la impunidad que reinan en el país. Con mi mujer agregamos dos paraguas a esta conmovedora y emocionante marcha del silencio, que esperamos sirva como una referencia moral para que las cosas salgan del fárrago en que estamos sumergidos desde hace años. Sin embargo, para evitar caer de nuevo en el desánimo, resulta indispensable hurgar en el fondo del problema que nos aqueja.

En estos días han consignado diversos puntos de vista sobre algunos de los aspectos de esa manifestación, pero quisiera subrayar un ángulo no expresado aún que estimo relevante para nuestro futuro inmediato.

El reclamo unánime de esa gigantesca marcha bajo una lluvia torrencial se resume en una palabra: justicia. Ahora bien, considero que en general muy pocos -de lo contrario no hubiera sido necesario llegar a la instancia de la marcha- se han puesto a pensar en todas las implicancias que tiene el término justicia, que según la definición clásica quiere decir, ni más ni menos, “dar a cada uno lo suyo”. “Lo suyo” remite a la propiedad, primero del propio cuerpo y de pensamiento, y luego del fruto del trabajo de cada cual.

Si ponemos esto en el contexto argentino, no puede obviarse el pensamiento del artífice de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, quien en Sistema económico y rentístico de la confederación argentina según su Constitución de 1853 escribió algunas reflexiones de gran calado que deberían tenerse presente en toda su extensión respecto a la relevancia de la propiedad: “Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza [?] Pero no basta reconocer la propiedad como derecho [?] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”.

Muy sesudas reflexiones por cierto, ya que la propiedad constituye el eje central de la sociedad abierta. Esa institución permite que los siempre escasos recursos estén administrados por las manos más eficientes vía el cuadro de resultados: sin privilegios de ninguna naturaleza, el que ofrece lo que la gente demanda gana, y el que se equivoca incurre en quebrantos. No sólo eso, sino que la propiedad da lugar a la coordinación de la producción a través del sistema de precios. No hay precios sin propiedad y viceversa. El llamado “control de precios” impuesto por el capricho burocrático no es tal; se trata de simples números que no expresan las valorizaciones cruzadas de los participantes en las transacciones. En este sentido, los precios hacen posible la evaluación de proyectos y la contabilidad; la ausencia de precios desfigura e imposibilita esos cálculos.

Sin propiedad privada la asignación de los siempre escasos recursos se encuentra a la deriva. Estrictamente, no se sabe si conviene construir carreteras con oro o con asfalto. El asalto a los derechos de la gente, que incluye el atropello a la propiedad, es lo que también explica el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín.

Los enemigos de la propiedad son los comunistas, los nacionalsocialistas y los fascistas. Los primeros proponen con Marx la abolición de esa institución; los segundos permiten que se registre a nombre de particulares, pero usan y disponen de los gobiernos para la destrucción de la propiedad de un modo más enmascarado pero más efectivo. Esto es lo que lamentablemente ocurre con frecuencia en el llamado mundo libre en muchos sectores clave, donde no se permite que queden librados a arreglos voluntarios aquellos que no lesionan derechos de terceros.

La propiedad remite al derecho a la vida y a la expresión del pensamiento, dos elementos fundamentales que son desconocidos en regímenes autoritarios. No se trata necesariamente de la exterminación de la vida física, pero sí de la liquidación de los sueños de vida que hacen a los proyectos de cada uno en cuanto al manejo de los asuntos personales. Y respecto de la expresión del pensamiento, los autoritarios le temen a la libertad de prensa y sus equivalentes, por eso la cercenan y asfixian; en el caso argentino, a través de medios estatales que no caben en una sociedad libre, amenazas y aprietes al periodismo independiente (una redundancia, aunque, dada la situación, vale el adjetivo). Por esto, no puede haber justicia sin propiedad, ya que en ese caso no hay “lo suyo” (y consecuentemente, en la medida en que se ataque la propiedad, se debilita la justicia).

Para que no hayan nuevas frustraciones como las que se reflejaron en la marcha de los paraguas es indispensable tener en cuenta las implicancias de la tan reclamada justicia. Éste no es un problema exclusivo de la gente en general, sino que, de modo muy especial, debe tenerse en cuenta en los debates intelectuales y en ámbitos dirigenciales de los más variados espacios. En el caso argentino, se ha llegado al extremo de que una integrante de la Corte Suprema escribió que la propiedad en nuestro medio “está intacta”, como si no vinculara sus temerarias conclusiones con el cepo cambiario, la imposición de precios, la fenomenal carga tributaria y la estafa inflacionaria, entre otros muchos desquicios. Por su parte, intelectuales oficialistas se dirigieron al Tribunal Supremo para solicitarles prohibieran la marcha a la que nos hemos referido, al mejor estilo del totalitarismo más extremo.

Esta manifestación multitudinaria se llevó a cabo en el contexto de un default mayúsculo, un desbarajuste descomunal en la energía, subsidios a planes Trabajar que más bien deberían denominarse “descansar”, fondos jubilatorios saqueados, gastos públicos siderales, deuda pública creciente, empresas estatales deficitarias en grado inaudito, incremento alarmante en la cantidad empleados públicos incorporados, funcionarios procesados que se burlan de todo y un fenomenal deterioro en los marcos institucionales, con una procuradora general de la Nación que se declara militante del partido gobernante, tal como un bombero que se declara partidario de los incendios.

Reencauzar el proceso populista argentino no es faena para timoratos ni para quienes marchan sin identificar las consecuencias de pedir justicia. Debemos meditar el asunto con cuidado para no pedir, en futuras elecciones, más de lo mismo con otro nombre, como ha venido sucediendo sistemáticamente en el país desde hace siete décadas. Tanto con un partido u otro o con militares, todos han contribuido a montar y fortalecer al Leviatán. Es tiempo de cambiar de paradigma y adoptar la tradición alberdiana, que nos colocó a la vanguardia de las naciones civilizadas antes de trocarla por un estatismo rampante.

Constituye una operación pinza de nefastas consecuencias el hecho de contar con un sistema educativo muy deficiente en el que, en lugar de transmitir los valores y principios de la sociedad abierta, avanza la visión gramsciana-autoritaria. Por otra parte, la degradación de los marcos institucionales no permite a las personas defender sus derechos.

Se ha dicho que esta marcha se diferencia de los sucesos de 1810, cuando el pueblo quería saber de qué se trataba, porque el 18 de febrero el pueblo sabía de qué se trataba. Pero para que esto sea cierto es imperioso detenerse a considerar qué significa la justicia y no quedarse en la superficie de un slogan vacío de contenido que no conduce a ninguna parte.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

El ejemplo uruguayo

Por Mario Vargas Llosa. Publicado el 30/12/13 en:  http://www.lanacion.com.ar/1651644-el-ejemplo-uruguayo

Ha hecho bien The Economist en declarar a Uruguay el país del año y en calificar de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas en 2013 por el gobierno del presidente José Mujica: el matrimonio gay y la legalización y regulación de la producción, la venta y el consumo de la marihuana.

Es extraordinario que ambas medidas, inspiradas en la cultura de la libertad, hayan sido adoptadas por el gobierno de un movimiento que en su origen no creía en la democracia sino en la revolución marxista leninista y el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único. Desde que subió al poder, el presidente José Mujica, que en su juventud fue guerrillero tupamaro, asaltó bancos y pasó muchos años en la cárcel, donde fue torturado durante la dictadura militar, ha respetado escrupulosamente las instituciones democráticas -la libertad de prensa, la independencia de poderes, la coexistencia de partidos políticos y las elecciones libres- así como la economía de mercado, la propiedad privada y alentado la inversión extranjera.

Esta política del anciano y simpático estadista que habla con una sinceridad insólita en un gobernante aunque ello le signifique meter la pata de cuando en cuando, vive muy modestamente en su pequeña chacra de las afueras de Montevideo y viaja siempre en segunda clase en sus viajes oficiales, ha dado a Uruguay una imagen de país estable, moderno, libre y seguro, lo que le ha permitido crecer económicamente y avanzar en la justicia social al mismo tiempo que extendía los beneficios de la libertad en todos los campos, venciendo las presiones de una minoría recalcitrante de la alianza.

Hay que recordar que Uruguay, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, tiene una antigua y sólida tradición democrática, al extremo de que, cuando yo era niño, se llamaba al país oriental “la Suiza de América” por la fuerza de su sociedad civil, el arraigo de la legalidad y unas fuerzas armadas respetuosas de los gobiernos constitucionales. Además, sobre todo después de las reformas del “batllismo”, que reforzaron el laicismo y desarrollaron una poderosa clase media, la sociedad uruguaya tenía una educación de primer nivel, una muy rica vida cultural y un civismo equilibrado y armonioso que era la envidia de todo el continente.

Yo recuerdo la impresión que significó para mí conocer Uruguay hacia mediados de los años 60. No parecía uno de los nuestros ese país donde las diferencias económicas y sociales eran mucho menos descarnadas y extremas que en el resto de América latina y en el que la calidad de la prensa escrita y radial, sus teatros, sus librerías, el alto nivel del debate político, su vida universitaria, sus artistas y escritores -sobre todo, el puñado de críticos y la influencia que ejercían en los gustos del gran público- y la irrestricta libertad que se respiraba por doquier lo acercaban mucho más a los más avanzados países europeos que a sus vecinos. Allí descubrí el semanario Marcha , una de las mejores revistas que he conocido, y que se convirtió para mí desde entonces en una lectura obligatoria para estar al tanto de lo que ocurría en toda América latina.

Sin embargo, ya en aquel tiempo había comenzado a deteriorarse esa sociedad que daba al forastero la impresión de estar alejándose cada vez más del Tercer Mundo y acercándose cada vez más al Primero. Porque, pese a todo lo bueno que allí ocurría, muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, sucumbían a la fascinación de la utopía revolucionaria e iniciaban, según el modelo cubano, las acciones violentas que destruirían aquella “democracia burguesa” para reemplazarla no por el paraíso socialista sino por una dictadura militar de derecha que llenó las cárceles de presos políticos, practicó la tortura y obligó a exiliarse a muchos miles de uruguayos. El drenaje de talento y de sus mejores profesionales, artistas e intelectuales que padeció el Uruguay en aquellos años fue proporcionalmente uno de los más críticos que haya vivido en la historia un país latinoamericano. Sin embargo, la tradición democrática y la cultura de la legalidad y la libertad no se eclipsó del todo en aquellos años de terror y, al caer la dictadura y restablecerse la vida democrática, florecería de nuevo, con más vigor y, se diría, con una experiencia acumulada que sin duda ha educado tanto a la derecha como a la izquierda, vacunándolas contra las ilusiones violentistas del pasado.

De otro modo no hubiera sido posible que la izquierda radical que con el Frente Amplio y los tupamaros llegara al poder, diera muestras, desde el primer momento, de un pragmatismo y espíritu realista que ha permitido la convivencia en la diversidad y profundizado la democracia uruguaya en lugar de pervertirla. Ese perfil democrático y liberal explica la valentía con que el gobierno del presidente José Mujica ha autorizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y convertido a Uruguay en el primer país del mundo en cambiar radicalmente su política frente al problema de la droga, crucial en todas partes, pero de una agudeza especial en América latina. Ambas son reformas muy profundas y de largo alcance que, en palabras de The Economist, “pueden beneficiar al mundo entero”.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, ya autorizado en varios países del mundo, tiende a combatir un prejuicio estúpido y a reparar una injusticia por la que millones de personas han padecido (y siguen padeciendo en la actualidad), injusticias y discriminación sistemática, desde la hoguera inquisitorial hasta la cárcel, el acoso, marginación social y atropellos de todo orden. Inspirada en la absurda creencia de que hay solo una identidad sexual “normal” -la heterosexual- y que quien se aparta de ella es un enfermo o un delincuente, homosexuales y lesbianas se enfrentan todavía a prohibiciones, abusos e intolerancias que les impiden tener una vida libre y abierta, aunque, felizmente, en este campo, por lo menos en Occidente, se han ido desmoronando los prejuicios y tabúes homofóbicos y reemplazándolos la convicción racional de que la opción sexual debe ser tan libre y diversa como la religiosa o la política, y que las parejas homosexuales son tan “normales” como las heterosexuales. (En un acto de pura barbarie, el Parlamento de Uganda acaba de aprobar una ley estableciendo la cadena perpetua para todos los homosexuales.)

Respecto de las drogas, prevalece todavía en el mundo la idea de que la represión es la mejor manera de enfrentar el problema, pese a que la experiencia ha demostrado hasta el cansancio que no obstante la enormidad de recursos y esfuerzos que se han invertido en reprimirlas, su fabricación y consumo siguen aumentando por doquier, engordando a las mafias y la criminalidad asociada al narcotráfico. Este es en nuestros días el principal factor de la corrupción que amenaza a las nuevas y a las antiguas democracias y va cubriendo las ciudades de América latina de pistoleros y cadáveres.

¿Será exitoso el audaz experimento uruguayo de legalizar la producción y el consumo de la marihuana? Lo sería mucho más sin ninguna duda si la medida no quedara confinada en un solo país (y no fuera tan estatista) sino comprendiera un acuerdo internacional del que participaran tanto los países productores como consumidores. Pero, aun así, la medida va a golpear a los traficantes y por lo tanto a la delincuencia derivada del consumo ilegal y demostrará a la larga que la legalización no aumenta notoriamente el consumo sino en un primer momento, aunque luego, desaparecido el tabú que suele prestigiar a la droga ante los jóvenes, tienda a reducirlo. Lo importante es que la legalización vaya acompañada de campañas educativas -como las que combaten el tabaco o explican los efectos dañinos del alcohol- y de rehabilitación, de modo que quienes fuman marihuana lo hagan con perfecta conciencia de lo que hacen, al igual que ocurre hoy día con quienes fuman tabaco o beben alcohol.

La libertad tiene sus riesgos y quienes creen en ella deben estar dispuestos a correrlos en todos los dominios, no sólo en el cultural, el religioso y el político. Así lo ha entendido el gobierno uruguayo y hay que aplaudirlo por eso. Ojalá otros aprendan la lección y sigan su ejemplo.

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

EL ECO DE ECO: OTRA VEZ LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Alberto Benegas Lynch (h).

Hay autores que se pronuncian sobre diversos temas de interés general pero sus manifestaciones se reducen a un ámbito más o menos parroquial, sin embargo hay otros que emiten declaraciones, pronuncian conferencias o publican ensayos y sus palabras recorren casi instantáneamente el planeta. Este es el caso, por ejemplo, de Umberto Eco.

 Las últimas manifestaciones de este profesor de Bolonia han sido en la Universidad de Burgos hace unos pocos días con respecto a las casas de estudios de la más alta instancia. Sostiene Eco que las universidades son para la élite en el sentido de los mejor dotados mentalmente para el estudio de las correspondientes disciplinas, es decir, los que revelan mayor potencial y a su vez más interesados en la investigación. En otros términos, para una aristocracia intelectual y que constituye un error el que todos se sientan obligados a recibir un grado universitario cuando sus talentos y habilidades reflejan otra dirección y otros intereses. Dice el profesor italiano que, entre otras cosas, el permitir ingresos masivos a este tipo de casas de estudio no solo perjudica la reputación de la universidad en cuestión sino que obstaculiza en grado sumo la faena docente y el desempeño de los estudiantes destacados.

 En no pocos lugares, en universidades estatales se ha implantado el “ingreso irrestricto” (a las autoridades de ninguna universidad privada se le ocurriría semejante desatino, aunque más no sea en consideración a la limitación de sus instalaciones) lo cual es siempre contraproducente ya que cualquiera sabe que resulta indispensable para el buen funcionamiento de las llamadas altas casas de estudio que sus puertas se abran a quienes tienen una base de aprendizaje al efecto de hacer que las clases no comiencen de cero atrasando el dictado de los cursos.

 Como es sabido este tema no ha sido el único eco de Eco puesto que el autor en cuestión ha explorado muy distintos y complejos andamiajes. Por ejemplo, y muy destacadamente la interpretación de textos en donde recomienda la aplicación del método popperiano de corroboraciones provisorias y refutaciones para acercarse a la verdad de lo que trasmite un escritor en su obra, pero en esta nota periodística me detengo en otro aspecto de su prolífica producción. Me refiero a interesantes consideraciones que dan pie para elaboraciones ulteriores respecto a la libertad de expresión.

 Son muchos los aspectos que aborda Eco sobre este tema en su conferencia en el Senado romano ante los miembros de ese cuerpo legislativo y directores de los periódicos más importantes de Italia, pero en esta nota tomo uno de los temas que menciona: la función crítica del periodista. Este filósofo de la lengua sostiene que “La función del cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes” y también que “es garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda cuestionarse  a sí misma”.

 A partir de esta premisa apuntadas por Umberto Eco elaboraré muy telegráficamente sobre puntos que ya he mencionado más detenidamente en otras ocasiones, por ejemplo en “La Nación” de Buenos Aires (“Asalto a la libertad de prensa”, abril 10 de 2012), aunque en esta ocasión agrego otras observaciones debido a nuevos aportes al debate que han aparecido durante este último año. A partir de ahora lo que sigue es de mi cosecha, lo cual no necesariamente compartirá Eco ya que en la antedicha conferencia no toca los temas que siguen sino que se interna por otros vericuetos.

 Asistimos con alarma y gran preocupación al espectáculo lamentable en el que los dictadores electos y los de facto indefectiblemente la emprenden contra los medios y periodistas independientes, en verdad un pleonasmo ya que el “periodismo oficialista” deja de ser periodismo pero, dada la situación imperante, se hace necesario el adjetivo…a veces el antiperiodismo se autodenomina “periodismo militante”, una figura bochornosa pero que pone al descubierto la naturaleza vertical y militar del fenómeno.

 La libertad de expresión es la manifestación de la libertad de pensamiento lo cual se torna indispensable para la vida del ser humano cuya característica sobresaliente es precisamente la de pensar y, consecuentemente, para el progreso puesto que éste se basa en un proceso evolutivo que demanda debates abiertos, todo lo cual solo tiene lugar en libertad. Esa es la razón por la  que las Constituciones de las sociedades abiertas le atribuyen primordial importancia a la libertad de prensa y por la que los megalómanos tanto le temen a las voces que difieren con el discurso oficial.

 Habiendo dicho esto, conviene precisar que hay reparticiones gubernamentales que muchas veces se dan por sentadas en regímenes democráticos pero que llevan la semilla de la destrucción del sistema, léase las agencias de noticias oficiales que sientan las bases para la manipulación de las pautas publicitarias, propaganda gubernamental y otras tropelías. En una sociedad abierta la publicidad oficial se terceriza sin necesidad de contar con una repartición estatal y les está vedado a los gobernantes participar en nada que esté relacionado con la prensa, tal como empresas de papel, el establecimiento de medios estatales, el mantenimiento de figuras inquisitoriales como la del “desacato” o la asignación de frecuencias radiales y televisivas puesto que el espectro electromagnético es susceptible de asignarse en propiedad y así liberarse de la fatídica figura de la concesión que siempre significan una peligrosa espada de Damocles.

 Ni siquiera tiene sentido el tan controvertido “espacio de protección al menor” lo cual para ser efectivo habría que bloquear señales satelitales provenientes de otros países que operan en horarios bien distintos. La responsabilidad de lo que ven o escuchan los menores es tarea indelegable de los padres con la ayuda de los modernos sistemas de bloqueo de programas, sin perjuicio de las eventuales advertencias de los propios anunciadores.

 Sin duda que la libertad de expresión para nada deshecha la posibilidad de que la Justicia proceda con las penas que estime necesario si se han vulnerado derechos, pero esto en ningún caso admite la censura previa. Solo los totalitarios y los brutos morales (que son sinónimos) pueden patrocinar la clausura de debates abiertos sobre todos los temas concebibles.

 Nada más importante que la libertad de expresión para respirar aire puro, someter al veredicto de la gente lo que ocurre en los pasillos de las burocracias y juzgar las diversas opiniones que se presentan, y probablemente nada haya más repugnante que un alcahuete enmascarado de periodista. Mario Vagas Llosa en un artículo que lleva el sugestivo y muy ilustrativo título de “El periodismo como contrabando” al referirse a un caso específico condena sin atenuantes a “un propagandista disfrazado de periodista, de un escriba que hace pasar sus opiniones como informaciones”.

 La función primordial del periodismo es la crítica al poder para así contribuir a mantener en brete a lo que siempre está en potencia de convertirse el un Leviatán que todo lo aplasta y engulle a su paso. Como nada al alcance de los mortales es perfecto, es deber del periodismo hurgar, escudriñar y poner al descubierto lo que se estima son desvíos de los gobiernos de su misión específica de garantizar y proteger los derechos de todos, así como también cualquier noticia referida a otros ámbitos que se estime pertinente comentar .

 Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.

 De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

 Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos. 

 También es viene muy al caso mencionar el muy difundido caso de quien grita “fuego!” en un teatro colmado de gente cuando en verdad no hay tal incendio. Habitualmente se esgrime este ejemplo para concluir que hay límites a la libertad de expresión. Esto así está mal concebido si no se precisa el tema contractual vinculado a los derechos de propiedad que subyacen. En otros términos, el dueño del teatro y los espectadores se han comprometido, uno a ofrecer la función respectiva y los otros a presenciarlas lo cual no autoriza a ninguna de las dos partes a gritar nada ni a ninguna otra cosa como no sea el cumplir con lo contratado. En cambio, si en realidad hubiera un incendio cualquiera de las partes puede expresar la alarma que protege las vidas de los contratantes. No se trata entonces de una limitación al derecho la falsa alarma sino una obligación a ceñirse a lo estipulado.

 De más está decir que la libertad de investigación periodística no puede lesionar derechos (nadie lo puede hacer en una sociedad civilizada) lo cual implica respetar el derecho a la intimidad. Este derecho consagrado en todas las Constituciones liberales, fue explicitado de modo detallado en 1890 por Samuel Warren y Luis Brandis en un ensayo titulado “The Right to Privacy” (Harvard Law Review) y más adelante el célebre libro de Vance Pakard que bajo el título de La sociedad desnuda alude a todos los mecanismos y tecnologías gubernamentales y privadas que pueden utilizarse como invasivas (rayos láser, potentes máquinas fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas insolentes, formularios improcedentes y regulaciones invasivas por parte del Leviatán. Por razones de seguridad, la instalación de cámaras televisivas deben ser anunciadas por el instalador para dar la posibilidad de no transitar o visitar los lugares así vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la mayor parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de un delito al ser recabadas por medio de otro delito.

 Tal como escribe Milán Kundera en La insoportable levedad del ser “la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”. El derecho a la privacidad significa el resguardo a lo más caro del individuo, como consigna Santos Cifuentes en El derecho a la vida privada, constituye una extensión del derecho de propiedad. En la sociedad abierta, el sentido básico de resguardar ese sagrado derecho está dirigido principalmente  aunque no exclusivamente contra los gobiernos.

 Las personas tienen el derecho a resguardar sus personas, sus papeles, sus archivos en sus computadoras, sus correos electrónicos, sus casas y en general sus efectos contra requisitorias y revisaciones y que ninguna orden de Juez puede librarse sin causa probable de delito sustentada en el debido juramento y con la expresa descripción del lugar específico, los objetos y las personas a ser requisadas.

 Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel, interrumpen programas televisivos o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra el periodismo.

 Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en imparables verborragias.

 Dados los temas controvertidos aquí brevemente expuestos -y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa- considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

 No se si Eco coincidirá o no con estas apreciaciones, pero en todo caso su discurso invita a pensar y abre avenidas para la reflexión que es precisamente la misión de todo intelectual que merezca ese nombre.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

 

El cepo a la palabra

Por Agustín Etchebarne. Publicado el 13/3/13 en http://opinion.infobae.com/agustin-etchebarne/2013/03/13/el-cepo-a-la-palabra/

La República es la forma de gobierno que divide el poder de manera que nadie sea demasiado poderoso. Es un sistema de pesos y contrapesos, primero se divide entre el Ejecutivo, la Justicia y el Legislativo; segundo se divide territorialmente (Nación, Provincias y Municipios), lo que se llama federalismo. Y finalmente aparece la prensa libre como un contrapeso indispensable de los demás poderes. Es decir, la prensa debe ser independiente. Esto no significa que sea independiente del dueño del diario o del canal de televisión, sino que los dueños de esos medios deben ser independientes del Gobierno. La prensa, entonces, sirve para escudriñar y sacar a luz ideas o hechos que un gobierno desea esconder, para iluminar y transparentar donde está oscuro, y combatir la corrupción. Eso les da cierto poder, y por eso se denomina “el cuarto poder”.

Nuestra Constitución garantiza magistralmente estos derechos: en el artículo 32 expresa literalmente: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y en el artículo 14 garantiza el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

Pero estas garantías y derechos se convierten en una fantasía cuando un funcionario de tercera categoría logra forzar a empresarios privados para que no publiquen avisos en determinados diarios. Basta con constatar que algunos medios han perdido un tercio de la facturación las últimas semanas. Cualquier empresa con altos costos fijos, como lo es un periódico, si pierde un tercio de la facturación está destinada a quebrar o vender.

Es el momento en que la Justicia debe restablecer el equilibro constitucional, de otro modo, sólo quedará el recurso de que la sociedad civil vuelva a enarbolar el viejo grito sagrado de nuestro himno nacional: “Libertad, Libertad, Libertad“.

Agustín Etchebarne es Lic en Economía (UBA); Máster en Desarrollo Económico (ISVE), posgrado en Comercialización Estratégica de la (UB). Ex profesor de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor de ESEADE.

 

La República necesita de una oposición

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 23/1/13 en http://www.elimparcial.es/america/la-republica-necesita-de-una-oposicion-117506.html

 Días pasados, el politólogo argentino Eugenio Kvaternik publicó en La Nación un notable artículo titulado “La crisis del sistema presidencial” donde se mencionan, en perspectiva comparada, cuatro experiencias latinoamericanas: la de Chávez (Venezuela), Correa (Ecuador), Morales (Bolivia) y Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), caracterizadas por la existencia de “un Estado politizado”, que controla medios de comunicación y rentas extraordinarias, y un “sistema presidencial populista”, más o menos plebiscitario según los casos, que habría puesto fin a un período de Ejecutivos “volátiles” transitado previamente, y casi en forma contemporánea, por los cuatro países.

Con respecto al caso argentino, el artículo siembra alguna esperanza al señalar que esta etapa populista y de “mediocre gobernabilidad” que vivimos posiblemente sea un interregno que termine cediendo paso al establecimiento de una mejor democracia. Ahora bien, para que ello efectivamente ocurra, sería ante todo necesario que la oposición, para decirlo con Kvaternik, se pusiera “en marcha”, siendo menos condescendiente con el gobierno de lo que ha sido hasta ahora y cerrando filas en defensa de la República.

La cuestión apremia porque de lo que se trata, precisamente, es de salvar la República. Una exigencia que, dado el rumbo que ha elegido el gobierno, resulta irrenunciable para todos aquellos que en verdad deseamos vivir en un país libre y con buenas instituciones. Es decir, un país que poco tenga que ver con las experiencias de Venezuela, Ecuador u otros socios que viene haciendo la Argentina como Angola o, a estas horas, Vietnam (que ha despertado la fascinación de nuestra presidenta en su reciente visita oficial), y en donde se respeten la independencia de la justicia, la libertad de prensa, las reglas de la alternancia pacífica y otros valores de la democracia republicana que entre nosotros requieren ser restablecidos.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.