Inseguridad jurídica (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/02/inseguridad-juridica-2-parte.html

 

Revisemos el concepto actual de ley:

“Contemporáneamente se entiende la ley como un conjunto de disposiciones, mandatos y códigos. Frente a cualquier problema se propone la promulgación de una nueva ley por la asamblea legislativa. De este modo, además de adulterarse el concepto del derecho, se crea una gran inseguridad jurídica ya que si el legislador puede rápidamente promulgar una ley también la puede abrogar o modificar con la misma celeridad. Los resultados eran distintos en los comienzos de los mencionados casos del common law y del derecho romano en que los jueces eran espectadores más que actores de un proceso competitivo en el que se iban tamizando y contrastando resultados y en el que se conjugaban elementos dinámicos en un contexto de permanencia de principios generales del derecho (Epstein, 1980: 255-6 y 266). El criterio y la perspectiva con que se analiza el derecho es distinta si se piensa que los contratos tienen lugar porque hay una ley que, desde arriba, concibe, diseña e inventa los correspondientes mecanismos (Fullner, 1981: 174-5) sin percibir, por ejemplo, que el derecho comercial durante la Edad Media, en Inglaterra, se elaboró y ejecutó de modo totalmente privado (Wooldrige, 1970: cap. 5; Buckland, 1952; Berman, 1983: 333-356).” [1]

El contenido de esta cita es lo que nosotros hemos denominado estabilidad jurídica(fórmula que preferimos a la más usual de inseguridad jurídica por las razones ya dadas más arriba). La circunstancia cierta que los legisladores sancionen leyes con la misma velocidad con la que pueden derogar otras alude -más bien- a la estabilidad jurídica antes que a la inseguridad. Porque es de alguna manera la situación que vivimos actualmente, donde bien podemos tener la seguridad jurídica que así sucede en la práctica. Basta para comprobar esto último echarle una somera ojeada al Boletín Oficial, que es el diario donde se publican las leyes, los decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones, etc. para tener la seguridad jurídica de la enorme cantidad y parafernalia de normas que se promulgan diariamente.

No cabe la menor duda que la inflación legislativa destruye esta estabilidad jurídica de la misma manera que -en el campo de la economía- la inflación atenta contra la estabilidad monetaria y, de esta última manera, sea habitual al designar el fenómeno, aunque también (pero menos) se dice “inseguridad monetaria”. Es más apropiado denominar como inestabilidad, tanto monetaria como legislativa o legal. Por estas razones adoptamos la fórmula inestabilidad jurídica para el hecho que la mayoría rotula como de “inseguridad jurídica”

Con todo, somos conscientes que se encuentra más arraigada en el uso común la última expresión que la que proponemos nosotros.

En el caso argentino (que es el que mejor conocemos) estamos en condiciones de hablar -más que de inestabilidad jurídica- de caos jurídico. Y más propiamente, podemos decir que sea consecuencia de un verdadero caos legislativo. Suelen recaer criticas justificadas sobre el accionar de la justicia. Las principales deficiencias del sistema (que no son nuevas, por cierto) reinciden sobre dos aspectos centrales: la lentitud de los procedimientos y sus finalizaciones y -lo que quizás sea más grave- la injusticia de las sentencias que se dictan sobre las distintas causas.

A esto se suma -como agravante- el de la retroactividad de las leyes, que afectan derechos adquiridos, algo desgraciadamente frecuente en materia fiscal:

“Piénsese por ejemplo en lo siguiente: en materia de efectos temporales de la norma, el Derecho Tributario distingue los hechos imponibles instantáneos de los hechos imponibles de ejercicio. Los primeros se configuran en un instante: una venta, para el impuesto al valor agregado. Los “de ejercicio”, en cambio, se perfeccionan al final de un período de tiempo determinado, y gravan el producto de una suma de situaciones acaecidas durante dicho lapso: piénsese en el impuesto a las ganancias. El Derecho Tributario argentino admite que una reforma impositiva sancionada durante el curso del ejercicio grave el resultado de operaciones anteriores a ella, violando la garantía de los derechos adquiridos. Consecuentemente, se tornó una constante de nuestra historia tributaria la costumbre de aprobar reformas impositivas en los últimos meses, cuando no en los últimos días, del ejercicio fiscal, […] que afectan el resultado del total de operaciones del año. Parece evidente el perjudicial efecto que sobre la planificación empresaria pueden ejercer, vía incertidumbre e inseguridad jurídica, principios normativos como la aceptación de la validez de ciertas retroactividades.”[2]

Múltiples son los factores que inciden en estos magros y negativos resultados.

La hiperinflación legislativa (que tampoco es un fenómeno novedoso) obliga a crear superestructuras burocráticas que se superponen unas a las otras y entorpecen tareas y procedimientos, todo lo cual conlleva a una mayor dilación de los plazos y términos procesales, que se extienden a veces mucho más allá de la voluntad de los jueces que, a su turno, dependen de esas superestructuras burocráticas.

La proliferación de normas y la frecuente contradicción entre las mismas genera un clima general de confusión y desconcierto entre la comunidad jurídica, que forman sustancialmente abogados litigantes y jueces.

Cuando se habla de desregular la economía -por ejemplo- suele no tenerse conciencia del aspecto señalado anteriormente, ya que para obtener tal objetivo habría que primero desandar todo el camino emprendido, es decir, desmontar legislativamente todo ese conjunto de normas (leyes, decretos, reglamentaciones, circulares, resoluciones, etc.) que no sólo alimenta la burocracia, sino que impide que esta brinde un servicio decente al ciudadano.

El parlamento se ha convertido en una suerte de campo de competencia donde los distintos partidos de diferentes extracciones ideológicas rivalizan en una carrera desenfrenada por ver quién es el legislador que propone y logra aprobar mayores cantidades de leyes de cualquier tipo, sin importar demasiado cual sea su contenido. Pero, como decía el genial Juan Bautista Alberdi, el Congreso debería dedicarse más a derogar las leyes que son barrera de la libertad que aprobar nuevas.

No obstante, tampoco pueden soslayarse casos de corrupción dentro del poder judicial, algunos muy sonados por la presa y que son de público conocimiento, que empeoran todavía más el panorama jurídico y legal.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 697-698

[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 330

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La cultura del saqueo como fuente de nuestra decadencia económica

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 26/9/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/09/26/la-cultura-del-saqueo-como-fuente-de-nuestra-decadencia-economica-2/

 

Con este esquema el país no puede crecer a largo plazo, en base a inversiones, porque nadie invierte para ser saqueado.

La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.
La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.

Si se confirman los pronósticos que dan ganador al oficialismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en los distritos electorales con mayor peso electoral, el presidente Mauricio Macri no tendrá la mayoría en ambas cámaras pero habrá acumulado un capital político nada despreciable, que le otorgará un margen de maniobra más amplio, para llevar adelante reformas estructurales que nos permitan entrar en una senda de crecimiento de largo plazo.

Que hoy varios indicadores económicos estén dando bien no quiere decir que sean sostenibles en el tiempo. A modo de ejemplo, y salvando las distancias, Cristina Fernández logró mostrar durante un tiempo un fuerte aumento del consumo, pero basado en artificios económicos que hacían que ese aumento no fuera sustentable en el tiempo. Es la famosa herencia recibida.

Esperemos, entonces, que con ese mayor capital político, Macri comience a cambiar el discurso y, sobre todo, el rumbo económico. Lo que sirve para ganar las elecciones no necesariamente sirve para crecer en el largo plazo.

Mi visión es que la economía argentina tiene por delante dos grandes problemas. Uno, el de solucionar la cuestión estrictamente económica. Déficit fiscal, inflación, distorsión de precios relativos, tipo de cambio real, etcétera. El otro es la política económica de largo plazo. Cambiar por completo la política económica apuntando a crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, incrementar la productividad de la economía, generar más demanda de trabajo y así comenzar un ciclo de crecimiento de largo plazo.

Pero claro, esas condiciones necesarias para atraer inversiones requieren de algo que vengo repitiendo hasta el hartazgo: calidad institucional. Me refiero a las reglas de juego, códigos, leyes, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y de estos con el Estado.

Lo que hoy tenemos es un sistema de saqueo generalizado. El Estado es el gran saqueador que luego decide a quien le da parte del botín. Es el que a su antojo reparte el botín del saqueo. Pero ojo, esto no es nuevo en Argentina. Nuestra larga decadencia tiene como germen esta “cultura”por la cual todos pretenden vivir a costa del trabajo ajeno y usan el  monopolio de la fuerza del Estado para que saquee a otros y luego les transfiera a ellos parte del botín. El kirchnerismo ha llevado hasta niveles insospechados esta cultura del saqueo y, a mi entender, el gran desafío de Macri consiste en empezar a desandar ese nefasto camino que se ha traducido en un gigantesco gasto público con la correspondiente presión impositiva, que ya nadie puede negar que está destruyendo la economía argentina.

¿Qué quiero decir con cultura del saqueo? No me refiero solamente a la legión de gente que recibe los llamados planes sociales y se sienten con derecho a ser mantenidos por el resto de la sociedad o a la legión de ñoquis que permanecen en el estado, sino también a que buena parte de la dirigencia empresarial local (de capitales argentinos y extranjeros) pretenden parte del botín pidiendo proteccionismo, créditos subsidiados y otros privilegios que les evite competir. Quieren un mercado cautivo para vender productos de mala calidad y a precios que no podrían cobrar en condiciones de una economía abierta para obtener utilidades extraordinarias.

Además hay sectores profesionales que actúan como corporacionesdirigentes políticos, sindicales, etcétera, que pretenden también vivir de ese saqueo generalizado.

La política económica que impera en nuestro país se basa en esta regla por la cual diferentes sectores recurren al Estado para que este, utilizando el monopolio de la fuerza, le quite a otro para darles a ellos.

Es todos contra todos. Una sociedad que vive en permanente conflicto social porque el que es saqueado por el Estado pide algo a cambio y, entonces, el Estado saquea a un tercero para conformarlo y ese tercero protesta y el Estado saquea a un cuarto sector para conformar al tercero y así sucesivamente. Obviamente que los que menos poder de lobby tienen son los perdedores de este modelo de saqueo generalizado.

Con este esquema el país no puede crecer en base a inversiones porque nadie invierte para ser saqueado. En todo caso hace un simulacro de inversión para luego saquear a otro. Pero inversiones en serio, aquellas que tratan de conseguir el favor del consumidor son mínimas con estas reglas. Es más, casi tienden a cero.

En consecuencia, no tenemos un sistema de cooperación voluntaria y pacífica por el cual un sector solo puede progresar si hace progresar a sus semejantes produciendo algún bien que la gente necesite y vendiéndolo en el mercado a precio y calidad competitivos. Por el contrario, tenemos un sistema de destrucción de riqueza. De destrozo del sistema productivo. Y eso se traduce en menos bienes para ser saqueados y repartidos. Cuanto más saquee el Estado, menos se produce, menor es el botín a repartir y mayor la conflictividad social.

Las recurrentes crisis económicas argentinas son el fruto de esta cultura del saqueo. Cuando se acaba el botín viene la crisis y empezamos de nuevo, pero no cambiamos la cultura de fondo.

El mayor problema que tenemos que enfrentar es cambiar esta cultura del saqueo por la cultura del trabajo, de la competencia, de la innovación. No es cierto que el país no esté en condiciones de cambiar esta cultura decadente. Que sea imposible llevar a cabo un cambio de estas nefastas reglas de juego sin evitar una crisis social. Eso es lo que venden los políticos que prefieren seguir teniendo el poder de saquear porque saqueando pueden retener poder político. Saqueo a unos pocos y reparto entre muchos y así gano votos, es decir, kirchnerismo en estado químicamente puro.

Podremos discutir hasta el hartazgo si gradualismo fiscal o baja del gasto público. Si hacemos una reforma impositiva que atraiga inversiones o continuamos con la cantinela de que primero hay que recaudar más para luego bajar los impuestos y delirios de ese tipo.

Ahora, lo que seriamente tenemos que plantearnos es si vamos a seguir usando al Estado para robarnos unos a otros (el robo legalizado, como lo llamaba Bastiat) o le ponemos un límite en que el monopolio de la fuerza que le delegamos es para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas y no para que lo use para saquear en nombre de la solidaridad social. Verso también inventado por los políticos para decir que tienen el monopolio de la benevolencia y así seguir saqueando a los sectores productivos para repartir el fruto del saqueo y ganar votos.

En síntesis, terminar con esta competencia populista en que se ha transformado la democracia en Argentina y volver a una democracia republicana.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

La economía se arregla cambiando los valores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 8/9/16 en: http://economiaparatodos.net/la-economia-se-arregla-cambiando-los-valores/

 

Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye

Si uno tuviera que definir cuál es el desafío mayor para solucionar el problema económico heredado del kirchnerismo, un problema monumental por cierto, inevitablemente tiene que señalar el institucional, entendiendo por institucional las normas, reglas, códigos, leyes y costumbres que rigen en un país y regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado.

Ahora bien, esas reglas, normas, códigos, leyes y costumbres surgen, en última instancia, de los valores que predominan en una sociedad. Si en una sociedad todos quieren vivir a costa del trabajo ajeno, vamos a tener un orden institucional de saqueadores. Todos robándose a todos usando al estado como el gran ladrón. Es decir, el estado usando el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a un sector para dárselo a otro. Ese saqueo generalizado desestimula la cultura del trabajo, la inversión y, en definitiva, reduce la riqueza y lleva a la pobreza.

Cuando uno lee el comunicado de prensa del Ministerio de Economía que describe Aspectos Relevantes del Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional 2017 se encuentra con frases como esta: “Las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales”. Es decir, se insiste en generar planes sociales en vez de trabajo. Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye. No pretendo que de un día para otro se elimine la totalidad de los planes sociales, pero sí pretendo que no se sigan ampliando como una forma de vida. Insisto, una política económica exitosa logra reducir los llamados planes sociales, una política que fracasa en atraer inversiones y crecer, incrementa los planes sociales. En mi opinión es función de los gobernantes, particularmente de los estadistas, ir mostrando el camino de la dignidad del trabajo y lo denigrante de los planes sociales. Podrá argumentarse que el oficialismo necesita en 2017 ampliar su fuerza en el Congreso. Que necesita tener más poder político para poder frenar los embates del kirchnerismo. Ahora bien, si la única manera de ganar elecciones y frenar al peronismo es con sus mismas políticas, entonces estamos en un problema.

Insisto por enésima vez. No estoy diciendo que mañana hay que firmar un DNU anulando todos los planes sociales, solo estoy diciendo que corresponde a un buen gobernante actuar como guía en la cultura del trabajo. En los valores que deben imperar en una sociedad.

En última instancia todas las crisis monetarias, inflacionarias, cambiarias y corridas financieras tuvieron su origen en crisis fiscales, y las crisis fiscales se generaron a partir de un gasto público imposible de ser sostenido por el sector privado. Por otro lado, la enorme carga tributaria que pesa sobre la población que trabaja en blanco se origina en la necesidad de financiar ese gasto público desaforado que, por competencia populista, va aumentando de elección en elección para ganar votos ofreciendo más planes “sociales”, empleo público y subsidios de todo tipo.

Lo que quiero transmitir es que el gasto público y la presión tributaria, con las consecuentes crisis periódicas, no crecen  y se producen por generación espontánea. Hay una demanda de populismo y una oferta de populismo. La gente demanda más gasto público con la esperanza que otro pague la cuenta. Y como nadie quiere pagar la cuenta el estado cada vez asfixia más al sector privado formal para quitarle recursos y financiar el gasto.

Lo normal es que los impuestos nunca alcancen y se termine financiando el gasto con deuda que finalmente también se defaultea por el aumento del gasto que generan los impuestos que devenga y con emisión monetaria, hasta que la inflación destruye la popularidad del gobierno de turno. Es decir, siempre terminamos en una crisis por problemas fiscales derivados del aumento del gasto público. Pero nuevamente, ese aumento del gasto público es fruto de los valores que imperan en la sociedad. “Valores” como sentirse con derecho a que otro me mantenga, me pague la vivienda, me de protección a la competencia de las importaciones, me subsidie la producción. Todos piden gasto público, que pasa por el presupuesto o que no pasa por el presupuesto pero que en definitiva es costo fiscal o peso para el resto de los sectores de la sociedad.

Si aceptamos que los desbordes de gasto público derivan en crisis fiscales y que el aumento del gasto público es consecuencia de los valores que imperan en la sociedad, esas 17 páginas que leí sobre las características del proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso, no hacen más que consolidar esos valores que destruyeron la Argentina porque insisten en el subsidio, el asistencialismo estatal y el populismo en general.

No encontré en esas 17 páginas una sola frase en la que se diga que esos planes son transitorios, que el esfuerzo no lo hace el estado sino que lo hacen los sufridos contribuyentes y que el que recibe esos planes sociales tiene que estar agradecido con el contribuyente que lo mantiene mientras encuentra trabajo.

Para colmo, luego de 12 años de keynesianismo exacerbado, nos proponen reactivar la economía con más gasto público. Ni Keynes hubiese formulado semejante propuesta con esta tasa de inflación.

En definitiva, lo preocupante del texto del Ejecutivo sobre el presupuesto es que ni siquiera contiene un discurso que remarque la transitoriedad del asistencialismo populista. Diría que hasta contradice las declaraciones del mismo Macri cuando afirma que hay que generar inversiones y crear puestos de trabajo.

En síntesis, para cambiar en serio hay que comenzar a tener otro discurso. Un discurso que muestre como transitorio y excepcional el asistencialismo estatal y que no es el estado el que lo financia, sino el contribuyente. Personas de carne y hueso que están obligados a trabajar para mantener a su familia y a familias que no conocen.

Al menos empecemos por cambiar el relato de lo bueno que son los políticos con la plata ajena y dejemos en claro que estos no son recursos que caen del cielo como el maná, sino que es dinero que se le quita al contribuyente. No es un acto bondadoso del político, es un sacrificio que hace la gente que trabaja en blando. Ahí empezaremos a cambiar los valores que vienen destruyendo la Argentina desde hace 70 años.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Sancionar la corrupción: la base del plan económico

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 3/4/16 en: http://economiaparatodos.net/sancionar-la-corrupcion-la-base-del-plan-economico/

 

El que quiera progresar siendo corrupto tendrá como destino la cárcel

Mi impresión es que buena parte del electorado que votó por Cambiemos lo hizo, entre otras cosas, con la esperanza que por primera vez en la historia política reciente de Argentina, la corrupción sería sancionada con todo el rigor de la ley, aclarando que esa sanción no debería recaer solo sobre los perejiles, sino sobre los jerarcas del régimen k. No es un deseo de venganza lo que impera en buena parte de la sociedad, solo el deseo de aplicar la ley y que impere la justicia.

Macri ganó las elecciones sin tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso. En ese contexto parece haber dos líneas de argumentación al respecto. Por un lado están quienes dicen que como Cambiemos necesita el apoyo del peronismo en el Congreso para obtener ciertas leyes, un avance frontal de la justicia contra la corrupción de la “década ganada” generaría pérdidas de apoyo particularmente en el Senado. Tengo mis serias dudas al respecto, pero en todo caso sabemos que si algo no tiene la dirigencia política en general y el peronismo en particular es lealtad. Eso del día de la lealtad es parte del folclore argentino y si no vean como, ante la perspectiva de tener caja vía endeudamiento externo, en el senado buena parte del FPV aprobó el acuerdo con los holdouts. Digamos que billetera mata lealtad. Los mismos que en 2001 aplaudían de pie la entrada en default, la semana pasada votaban salir del default para tomar más deuda.

Por otro lado hay otra línea de argumentación sobre el tema de la corrupción que consiste en pedirle a la justicia que avance a paso redoblado para sancionar el latrocinio que el kircherismo llevó a cabo durante 12 años con toda impunidad, la persecución a quienes pensaban diferente fue moneda corriente y el abuso del poder y el uso del estado para amedrentar a los opositores rozó el terrorismo de estado, si no es que efectivamente lo fue. Quienes siguen esta línea de argumentación sostienen que sin proceder a un nunca más de la corrupción y del abuso del poder será imposible tener un verdadero sistema republicano.

¿Cuál de las dos posiciones resulta más útil? Si uno especulara con la conveniencia política de corto plazo, tal vez la primera alternativa podría llegar a ser la más beneficiosa para el gobierno, siempre y cuando solo buscara ventajas de corto plazo sabiendo que el PJ fuera del poder es una máquina de entorpecer al que gobierno para voltearlo. El peronismo nació golpista con Perón participando del golpe del 30 y parece que nunca ha perdido sus mañas al respecto.

Volviendo, ¿por qué la segunda opción es la más conveniente? En primer lugar, en lo que hace a la gobernabilidad, es tan desastrosa la herencia económica dejada por el kirchnerismo que dejarla al descubierto junto con la  escandalosa corrupción de estos años le haría comprender mejor a la gente las razones de medidas que pueden resultar antipáticas pero que inevitablemente hay que adoptarlas para superar el destrozo k. En otras palabras, denunciar la herencia recibida y la corrupción de estos 12 años hace a la política económica. Es parte de la política económica. Es parte de la comunicación que el gobierno tiene que brindarle a la población sobre la herencia recibida, tanto en las distintas áreas del gobierno como en lo que hace a la corrupción. Es parte de su deber republicano informar sobre el estado de la nación.

Ahora bien, pensando en el largo plazo, denunciar y que el Ejeccutivo colabore para que la justicia investigue los actos de corrupción es el camino adecuado para el crecimiento de largo plazo. Decía antes que denunciar y apoyar los actos de corrupción son parte de la política económica.

En efecto, los países que prosperan son aquellos que tienen instituciones con crean las condiciones de crecimiento de largo plazo.

Esas instituciones son normas, códigos, leyes, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado. Pero las normas, códigos, leyes y costumbres que le dan vida a las instituciones se basan, en última instancia, en los valores que imperan en la gran mayoría de la población. En un país donde el valor principal es vivir a costa del trabajo ajeno, no habrá inversiones, ni crecimiento,  ni mejora en la calidad de vida de la población. Si no hay costo por abusar del poder y cometer actos de corrupción la corrupción será la forma de gobierno. ¿Por qué no ser corrupto si es todo beneficio y tiene cero costos? Y en una sociedad gobernada por corruptos el sistema económico no se basa en la inversión y en desarrollar la capacidad de innovación de las personas, sino en el latrocinio. La regla es destruir riqueza robándole el fruto de su trabajo a los que producen. Pocos tienen estímulos para producir y muchos quieren consumir, con lo cual no hay crecientes bienes y servicios a disposición de la gente que es, en definitiva, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población.

Si la regla es robar con impunidad, la inversión brillará por su ausencia y la pobreza cubrirá a la mayoría de la población, en tanto que al ser el robo la regla, la violencia también dominará a esa sociedad.

Por el contrario, si la corrupción es sancionada con toda severidad al igual que el abuso del poder, los gobernantes se cuidarán de incurrir en ambas prácticas porque saben que irán presos y las inversiones llegarán al país y la capacidad de innovación de la gente se desarrollará de tal manera que el país será un país de emprendedores con abundante trabajo y bien remunerado.

En síntesis, en mi opinión, aplicar sanciones ejemplares a quienes abusaron del poder durante los últimos 12 años y practicaron la corrupción con total impunidad es la base misma del plan económico, tanto de corto plazo como de largo plazo.

Sancionar el abuso de poder y la corrupción implica sentar las bases institucionales (reglas de juego) por las cuales quien quiera progresar en Argentina tendrá que trabajar. Y el que quiera progresar siendo corrupto tendrá como destino la cárcel.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Demsetz propone una teoría económica sobre el origen del derecho de propiedad

Por Martín Krause. Publicado el 6/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/demsetz-propone-una-teoria-economica-sobre-el-origen-del-derecho-de-propiedad/

 

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I de la UBA Económicas vemos un artículo que ya es un clásico: Harold Demsetz en “Hacia una teoría de los derechos de propiedad’ donde se propone desarrollar una explicación económica sobre el origen de este derecho.

Algunos de sus puntos centrales:

“En el mundo de Robinson Crusoe los derechos de propiedad no desempeñan ningún rol. Son un instrumento de la sociedad y su significación deriva del hecho de que ayudan a formarse las expectativas que se pueden sustentar razonablemente en las relaciones con otros. Estas expectativas encuentran su expresión en leyes, hábitos y costumbres de una sociedad. El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el consentimiento de sus pares para permitirle actuar de determinadas maneras. Un propietario espera que la comunidad impida que otros interfieran en sus propias acciones a partir de que tales acciones no están prohibidas en la especificación de sus derechos.

Es importante notar que los derechos de propiedad conllevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo así como a beneficiar o perjudicar a otros. Perjudicar a un competidor por el hecho de fabricar mejores productos puede estar permitido, mientras que pegarle un tiro no lo está. Por lo contrario, si puede estar permitido beneficiarse uno a sí mismo disparando un arma contra un intruso, puede no estarlo vender productos por debajo de cierto precio establecido. Está claro entonces que los derechos de propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y, por tal razón, quién debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas. El reconocimiento de esto permite entender fácilmente la estrecha relación que existe entre derechos de propiedad y factores externos o externalidad.

La externalidad es un concepto ambiguo. Para los objetivos de este trabajo, el concepto incluye costos externos, beneficios externos y externalidades tanto pecuniarias como no pecuniarias. Ningún efecto benéfico o perjudicial es externo al conjunto. Alguna persona siempre resulta perjudicada o beneficiada por tales efectos. Lo que convierte a un efecto benéfico o perjudicial en una externalidad es que el costo de hacer que gravite en la decisión de una o más de las personas interactuantes sea demasiado alto como para justificarse, y esto es lo que el término quiere decir aquí.

La “internalización” de tales efectos está ligada a un proceso -usualmente un cambio en los derechos de propiedad- que permite a dichos efectos gravitar sobre todas las personas interactuantes. Una función primaria de los derechos de propiedad es la de promover incentivos para alcanzar una mayor internalización de las externalidades. Cada costo y beneficio asociado con interdependencias sociales es una externalidad potencial.

Una condición es necesaria para hacer que costos y beneficios sean externalidades: el costo de una transacción de derechos entre partes (internalización) debe exceder la ganancia de la internalización. En general, el costo de la transacción puede ser grande en relación con las ganancias por las “naturales” dificultades del intercambio comercial, o bien puede ser grande por razones legales. En una sociedad jurídicamente organizada, la prohibición de negociaciones voluntarias puede hacer infinito el costo de las transacciones.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Argentina ¿república o monarquía?

Por Gabriel Boragina. Publicado el 18/3/13 en http://economiaparatodos.net/argentina-republica-o-monarquia/  

En Argentina el “modo de formación de la voluntad del Estado’” se constituye mediante un proceso psicológico personal, y aparece al mismo tiempo como voluntad física de un individuo determinado, [ergo] estamos en presencia de una monarquía”.

Conforme enseña el Dr. Greco, “El concepto de república es sustancialmente negativo, un concepto, pues, que sólo cabe definir por
exclusión. República es, en efecto, toda forma de gobierno que no sea la monárquica. Sólo en polémico enfrentamiento con la monarquía adquiere plena significación y sentido. La distinción entre monarquía y república no es una mera dicotomía conceptual, sino una contraposición dialéctica, polar, de dos términos inseparables. Lo que en ella cuenta por encima de todo son las connotaciones emocionales, la carga afectiva de uno y otro vocablo.”[1]

“El sentimiento que la palabra república suscitaba en el romano era, en efecto, algo más que una vaga adhesión a las instituciones surgidas de la revolución de 509 a. de C.: era un tenaz e inveterado odio hacia la monarquía, hacia el gobierno personal. Tito Livio lo expone en impecable prosa al dar comienzo a su relato de la época republicana.

“Voy a ocuparme —escribe— de los ilustres hechos realizados, tanto en la paz como en la guerra, por el pueblo de Roma una vez dueño de su destino; de sus magistrados, electos sólo por un año, y de las leyes, que están por encima de los hombres”. Empieza, según él, una época de libertad para Roma. Y el origen de ésta no hay que buscarlo en la desaparición del poder real, ya que ha pasado íntegro a los cónsules, sino en la anualidad de la magistratura y particularmente en la sumisión de todos a la ley, sorda e inexorable, que no tiene clemencia ni perdón para quienes la conculcan. Gobierno impersonal, gobierno de la ley: he aquí lo que la palabra república significaba en última instancia para el romano”[2]

De este párrafo se desprenden conceptos de suma importancia, ya que por un lado define a la monarquía como un gobierno personal. Y por el otro, denota las características de la república: “la anualidad de la magistratura y particularmente en la sumisión de todos a la ley, sorda e inexorable, que no tiene clemencia ni perdón para quienes la conculcan. Gobierno impersonal, gobierno de la ley”… “leyes, que están por encima de los hombres”. Tales pues serían las características básicas y fundamentalmente diferenciadoras, tanto de la monarquía como de la república.

Dado que en la Argentina rige un gobierno nítidamente personal (el del FpV de C.F. Kirchner) ; que no existe anualidad alguna en los cargos públicos y que ninguno de los funcionarios de dicho régimen se encuentra ni remotamente sumido a la ley ; sumado a que no existe ningún gobierno impersonal, ni menos aun ningún “gobierno de la ley”, y que las leyes no sólo no están por encima de los funcionarios de dicho gobierno sino que son permanentemente violadas, pisoteadas o ignoradas por los mismos, no cabe pues ninguna otra conclusión que en la Argentina no existe ninguna “república”. Y toda vez que la república es lo opuesto a la monarquía y se define por exclusión de esta, tampoco se presenta ninguna vacilación respecto de que el régimen político argentino es una monarquía. Maquiavelo sintetiza los conceptos precedentes de este modo: “las dos formas en que todo Estado se constituye [son]: la Monarquía y la República…la Monarquía figura de lo uno, la República figura de lo vario”[3]. En Argentina rige lo uno, y se excluye por completo lo vario. Ergo, la conclusión vuelve a ser la misma: en la Argentina del FpV gobierna una monarquía.

Según Harrington “La monarquía absoluta es, en efecto, el gobierno de un hombre y está por consiguiente expuesta a los caprichos y la arbitrariedad de éste”[4]. Desde luego, es lo mismo si es una mujer, y su definición vuelve a reflejar lo ocurrido en Argentina bajo el imperio del FpV. Y agrega: “Mas la república no es el gobierno de uno o varios hombres, sino el gobierno de la ley” que es lo que no sucede en Argentina, donde la “ley” es sólo instrumento de opresión del gobierno contra el pueblo y a favor de la masa adicta. Esta masa -es importante aclarar- no es por si mayoritaria. Por lo que será interesante ver –aunque sea someramente- la diferencia entre masa y pueblo.

“En su República, el orador de Arpiño pone en boca de Escipión el Africano estas palabras, que expresan maravillosamente la idea que los romanos se hacían de ella. “República —dice— es la cosa del pueblo; y por pueblo ha de entenderse, no cualquier tipo informe de agregado humano, sino una colectividad unida por las leyes y el interés común”[5]. Resulta pues, clara la diferencia entre masa y pueblo. Masa es “cualquier tipo informe de agregado humano”, en tanto que pueblo es “una colectividad unida por las leyes y el interés común”. El FpV gobierna para sí mismo, y para su turba informe. Jamás lo hizo para el pueblo.

“Jellinek —desde un ángulo que pretende ser estrictamente jurídico— entiende que el único criterio válido para diferenciar la república de la monarquía hay que buscarlo en el “modo de formación de la voluntad del Estado’”. Si ésta se constituye mediante un proceso psicológico personal, y aparece al mismo tiempo como voluntad física de un individuo determinado, estamos en presencia de una monarquía; si, por el contrario, se constituye mediante un procedimiento jurídico, con intervención de una pluralidad de individuos, estamos en presencia de una república. República es, por consiguiente, la no monarquía, la negación del gobierno del Estado por una persona física”.[6]

Va de suyo que en Argentina el “modo de formación de la voluntad del Estado’” se constituye mediante un proceso psicológico personal, y aparece al mismo tiempo como voluntad física de un individuo determinado, [ergo] estamos en presencia de una monarquía”.
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[1] Dr. IGNACIO GRECO. Voz “República”. Enciclopedia Jurídica OMEBA –
Tomo 24 Letra R Grupo 09, pág. 42

[2] Greco. Op. Cit. Pag. 42.

[3] Greco. Op. Cit. Pag. 43

[4] Greco. Op. Cit. Pag. 43

[5] Greco. Óp. Cit. Pág. 44

[6] Greco. Óp. Cit. Pág. 45

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.